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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00822-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00822-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: Ejecutoriado este proveído devuélvase al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2015-00660-00, remitido en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00822-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

9 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ – Término razonable / SOLICITUD DE REAJUSTE Y PAGO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO

[L]a Sala encuentra que la providencia censurada (…) fue proferida el 14 de marzo de 2018, se notificó personalmente mediante correo electrónico el 21 de marzo de ese mismo año, y quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2018 (…). Por tanto, desde el momento de la notificación del fallo hasta la presentación de la solicitud de amparo constitucional efectuada el 25 de febrero de 2019, transcurrió un lapso superior a once meses, es decir, ya había transcurrido el término razonable de seis meses, lo cual, en principio, constituye un incumplimiento del requisito general de inmediatez (…) Cabe resaltar que el solo hecho consistente en que la acción de tutela hubiese sido interpuesta en contra de una providencia judicial, respecto de la cual se cuestiona el reajuste de una asignación de retiro, no significa que automáticamente se omita el examen del requisito de la inmediatez, simplemente se atenúa su rigurosidad, siempre y cuando el accionante demuestre en el trámite constitucional que la afectación o vulneración ha sido continuada en el tiempo y que padece de una situación de especial vulnerabilidad, debido a un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, etc., situación que, como ya se dejó expuesto, no fue acreditada. (…) y, como consecuencia de ello, la Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, efectuada por la corporación judicial de primera instancia, pero de conformidad con las razones expuestas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00822-01(AC)

Actor: PEDRO ANTONIO PUENTES MOJICA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Pedro Antonio Puentes Mojica, en contra de la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por inobservancia del requisito de inmediatez.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El señor Pedro Antonio Puentes Mojica presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con ocasión de la sentencia de 14 de marzo de 2018, proferida por esa corporación judicial, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-026-2015-00660-01 adelantado en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante la cual confirmó parcialmente el fallo de 24 de mayo de 2017, proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, en cuanto ordenó reliquidar su asignación de retiro incluyendo el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, adicionándole con el 38.5% de la prima de antigüedad, dando estricta aplicación al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, pero modificó el numeral segundo, para indicar que la liquidación de la asignación de retiro del actor debe efectuarse con el 38% de la prima de antigüedad que realmente devengaba en actividad y para precisar que los descuentos respecto de la seguridad social ordenados por el a quo deben efectuarse de manera indexada, a partir del 1º de noviembre de 2003 y hasta el 5 de diciembre de 2009.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1. Manifestó que el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 923 de 2004 expidió el Decreto Reglamentario 4433 de 31 de diciembre de 2004 “[…] Por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública […]”, que estableció en los artículos 13.2 y 16 las partidas y la forma de liquidar las asignaciones de retiro de los soldados profesionales.

2. Sostuvo que desde que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció su asignación de retiro, viene liquidando dicha prestación “[…] en un 70% de la asignación básica fijada en el artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, adicionada con el 38.5% de la asignación básica como prima de antigüedad […]”.

3. Acotó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004, “[…] la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en la liquidación de retiro de los soldados profesionales establece el 38,5% de la prima de antigüedad de que trata el citado decreto del 100% de la asignación básica mensual […]”.

4. Precisó que el 14 de marzo de 2016, le solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la reliquidación de la asignación de retiro teniendo en cuenta: a) la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, es decir un salario mínimo incrementado en un 60%, y b) la correcta aplicación del artículo 16 del decreto 4433 de 2004, esto es que al 70% de la asignación básica se le adicionara el 38.5% como prima de antigüedad. Sin embargo aseveró que la entidad, mediante oficios 2014-39544 de 12 de junio de 2014 y 2014-42452 de 25 de junio de 2014, negó lo pedido.

5. Expresó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por intermedio de apoderado judicial, demandó la nulidad de los referidos actos administrativos y que el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, en audiencia de 24 de mayo de 2017, profirió sentencia y accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reliquidar la asignación de retiro de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 y el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es “[…] que al 70% de la asignación básica se le adicione un 38,5% de prima de antigüedad […]”.

6. Afirmó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares apeló la sentencia y solicitó su revocatoria argumentando la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 en la asignación de retiro.

7. Aseveró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 14 de marzo de 2018, confirmó parcialmente el fallo apelado y adicionó el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. Al efecto, el accionante explicó que la corporación judicial en una decisión “[…] ultra petita dispuso en el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la providencia que el 38.5% de la prima de antigüedad se debe establecer del 58.5% de la asignación básica, porcentaje que recibía el accionante como prima de antigüedad, y no del 100% de la asignación básica como acertadamente lo viene haciendo la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en la liquidación de las asignaciones de retiro de todos los soldados profesionales […]”.

8. Resaltó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, consistente en disponer el cambio de la base de liquidación del 38.5% de la prima de antigüedad, es una decisión extra petita, toda vez que no hacía parte de las pretensiones de la demanda ni fue materia de controversia entre las partes, como tampoco tema de la fijación del litigio. Además puso de presente que tal decisión le genera efectos patrimoniales graves por cuanto su asignación de retiro se verá disminuida para el año 2019 en $211.700 mensuales, lo que desmejora sus ingresos mínimos.

9. Destacó que el Consejo de Estado, en providencias relacionadas con el tema, ha indicado que el 38,5% de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 se debe establecer del 100% de la asignación básica tal como lo viene haciendo la Caja de Retiro.

10. Alegó que en la sentencia de 10 de mayo de 2018, expediente 19001-23-33-000-2014-00128-01, medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, demandante: José Henry Casso, demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, C.P. William Hernández Gómez, el Consejo de Estado resaltó lo siguiente:

“[…] el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para efectos de liquidar la asignación de retiro de la cual resultan ser beneficiarios los soldados profesionales retirados del servicio, no supone confusión alguna, en la medida en que se señala que debe tenerse en cuenta el setenta por ciento (70%) del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un sesenta (60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad, porcentaje este último que, en todo caso, se obtiene a partir del valor del ciento por ciento del salario mensual .

Empero, debe aclararse que, la prima de antigüedad a la que se refiere el precepto normativo en comento, se calcula teniendo en consideración la asignación salarial mensual básica que devengara el soldado profesional en el momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro, de allí que, el 38.5% que debe incluirse en ella, se obtiene aplicando la regla descrita y no partiendo del valor de la prima que certifique la entidad como devengada por el beneficiario de la prestación, en el año de causación del derecho, pues de hacerlo así, se estaría otorgando un menor valor por este concepto […]”.

11. De conformidad con lo expuesto concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrió en la sentencia de 14 de marzo de 2018 en los siguientes defectos: i) violación directa de la Constitución, por la equivocada interpretación normativa que genera un trato desigual respecto de situaciones fácticas similares; ii) sustantivo, por error en la aplicación e interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 por establecer un alcance que la norma no determina, esto es establecer que la base de liquidación de la prima de antigüedad parte del 58.5% de la devengada en actividad; iii) desconocimiento del precedente, por apartar su decisión de lo previsto por el Consejo de Estado en fallos de marzo de 2017 y mayo de 2018; y iv) decisión sin motivación.

III. PRETENSIONES

El accionante formuló las siguientes pretensiones:

« […] 1- Se deje sin efectos jurídicos el numeral PRIMERO (1) de la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 14 de marzo de 2018, radicado 2015-00660, que modificó el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 26º Administrativo de Bogotá de fecha 24 de mayo de 2017.
2- Se ORDENE a la autoridad accionada a que profiera una nueva sentencia en concordancia con los principios constitucionales en lo relacionado con las pretensiones de la demanda.
3- Que la orden impartida por el Señor Magistrado sea de inmediato cumplimiento. […]»

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

La Magistrada sustanciadora del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de febrero de 2019, admitió la acción de tutela promovida por el señor Pedro Antonio Puentes Mojica en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y vinculó al Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como terceros con interés en los resultados del proceso.

V. INTERVENCIONES

V.1. El Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, por intermedio del actual titular del despacho, manifestó que la sentencia de 24 de mayo de 2017 fue proferida por el funcionario que le antecedió en el cargo. Sin perjuicio de lo anterior precisó que las decisiones de primera y segunda instancia fueron debidamente fundamentadas en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables para el caso que se debatía, en razón a lo cual no encuentra que adolecieran de fundamento normativo y jurisprudencial.

V.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela, expresó que cumplió con lo establecido en la ley para tramitar el expediente radicado bajo el número 11001-33-35-026-2015-00660-01, y que luego de analizar el material probatorio obrante y la norma aplicable al caso, concluyó en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2018, que la prima de antigüedad debía liquidarse con el 38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada.

Expresó que acató la interpretación de la Sala Mayoritaria del Consejo de Estado, en el sentido de que al 70% de la asignación básica devengada por el actor debe sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad percibida.

Resaltó que en el fallo se puso de presente que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, al calcular la asignación de retiro, equivocadamente tomó como prima de antigüedad el 38.50% del total de la asignación básica, cuando lo que se debe tomar es el 38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada.

Precisó que en la providencia se señaló que al demandante se le liquidó una suma superior a la que le corresponde, y por ende, si bien es cierto que el Consejo de Estado ha establecido que el 38.5% de la prima de antigüedad debe tomarse en su totalidad –aspecto que fue acatado en el fallo tutelado- y no en un 70%, la realidad es que al realizar la liquidación correspondiente, resultó que la forma como Cremil calculó la asignación de retiro del actor le resulta más favorable pero contraria a la norma al tomar no la prima realmente devengada sino un valor inexistente.

Aseveró que no son las cotizaciones las que determinan cual es el monto de la prima de antigüedad que se toma para efectos de la asignación de retiro, como pretende el tutelante, pues la disposición es muy clara cuando señala que es un porcentaje de la prima de antigüedad, lo que implica remitirse al valor que realmente percibía. Asimismo agregó que “[...] si el entendimiento fuese que se aplican los valores de cotización del artículo 18 del Decreto 4433, no se hubiera indicado de manera indubitable y precisa, que lo que se toma es el porcentaje de un emolumento percibido, como lo que ocurre en todos los regímenes pensionales, donde el valor por pensión es lo materialmente devengado, no valores imaginarios; y cuando el tenor literal de la norma es muy claro, es inaceptable cambiarlo [...]“.

Destacó que en el fallo la Sala aclaró que la anterior liquidación se hace sin tener en cuenta el incremento del 20% al cual se accedió por cuanto la finalidad era demostrar la forma errónea como la entidad viene interpretando la norma, por lo que es necesario conservar los valores anteriores, pero no implica que para dar cumplimiento a la orden judicial no sea tenido en cuenta dicho reajuste.

Frente a este aspecto puntualizó que “[...] lo que se hizo es hacerle caer en cuenta a la entidad del error que ha venido cometiendo, e indicarle la forma correcta de cómo se liquida la prima de antigüedad [...] “, por lo que considera que no se han vulnerado, ni puesto en peligro los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Concluyó que en la sentencia objeto de tutela no se configuran las causales o defectos alegados para afirmar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

V.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por intermedio de apoderado, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por cuanto la sentencia objeto de la misma no ha sido fallada en forma caprichosa ni arbitraria sino con sujeción al ordenamiento jurídico previsto para el caso. Sin embargo expuso que no puede entrar a apoyar a alguno de los extremos de la litis, toda vez que con ello se violarían derechos fundamentales de las partes en conflicto, siendo el objeto de la entidad, el de reconocer y pagar la asignación de retiro al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que acrediten tal derecho, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2016.

EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia de 28 de marzo de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Pedro Antonio Puentes Mojica en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por no superar el requisito de la inmediatez.

Expuso que la sentencia motivo de inconformidad se profirió el 14 de marzo de 2018, quedó ejecutoriada el 2 de abril de ese mismo año, y la acción de tutela se presentó el 25 de febrero de 2019, luego del transcurso de más de diez meses de haber quedado en firme la decisión de la corporación judicial.

Frente al argumento del accionante consistente en que se estaba debatiendo una prestación periódica respecto de lo cual el requisito de la inmediatez no resultaba aplicable, explicó que tal sustento no era de recibo por cuanto no es la prestación periódica la que presuntamente afecta sus derechos fundamentales sino la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho dictada en segunda instancia.

Además agregó que tal planteamiento no encuadra dentro de las situaciones expuestas por la Corte Constitucional frente a las cuales se permite interpretar con flexibilidad el requisito de la inmediatez tales como: i) la existencia de un motivo válido para la inactividad, ii) la existencia de un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos del interesado, iii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de los terceros afectados con la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia y iv) si el fundamento de la acción de tutela surge después de acaecida la actuación lesiva de los derechos fundamentales, de cualquier forma, su ejercicio debe realizarse en un plazo no muy lejano alejado de dicha situación.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia al considerar que, contrario a lo afirmado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sí cumplió con el requisito de inmediatez.

Expuso que el término para considerar satisfecho tal requisito se debe tener en cuenta desde el momento en que se conoció el perjuicio.

Alegó que los efectos que se derivaron de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, no fueron de carácter inmediato, sino que se produjeron con ocasión del cumplimiento de dicha providencia, lo cual ocurrió mediante Resolución 22042 de 26 de diciembre de 2018, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que disminuyó su asignación de retiro en $211.700 y le informó de la existencia de un requerimiento de cobro por un valor de $4.537.942, poniendo de presente los verdaderos alcances patrimoniales del contenido de la sentencia que se expidió, fecha a partir de la cual debe contarse el término de inmediatez.

Argumentó que debido a su condición social y a sus limitados estudios no le fue posible llegar a entender la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho dictada en segunda instancia, menos aun cuando entre sus expectativas se encontraban que las pretensiones le fueran aceptadas o negadas, pero en ningún momento que fuera modificada la base de liquidación de la prima de antiguedad y se le concediera algo diferente a lo pedido.

Expuso que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho se pronunció sobre prestaciones periódicas, como lo es la asignación de retiro, por lo que sus efectos se prolongan en el tiempo indefinidamente.

Solicitó que se tuviera una concepción más flexible respecto del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que se encuentran afectados derechos fundamentales.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Pedro Antonio Puentes Mojica en contra de la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

A la Sala le corresponde establecer:

i) Si la acción de tutela presentada por el señor Pedro Antonio Puentes Mojica cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad. Y, en caso afirmativo

2) Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, mediante sentencia de 14 de marzo de 2018, proferida por dicha corporación judicial, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-026-2015-00660-01 adelantado en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante la cual confirmó parcialmente el fallo de 24 de mayo de 2017, proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, en cuanto ordenó reliquidar su asignación de retiro incluyendo el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, adicionándole con el 38.5% de la prima de antigüedad, dando estricta aplicación al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, pero modificó el numeral segundo, para indicar que la liquidación de la asignación de retiro del actor debe efectuarse con el 38% de la prima de antigüedad que realmente devengaba en actividad y para precisar que los descuentos para seguridad social ordenados por el a quo deben ordenarse de manera indexada, a partir del 1º de noviembre de 2003 y hasta el 5 de diciembre de 2009.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.4. El requisito de la inmediatez en la interposición de la acción de tutela en contra de una providencia judicial cuando se trata de prestaciones periódicas. Reiteración jurisprudencial

Si bien la presentación de la acción de tutela no tiene un plazo estandarizado, lo cierto es que la Corte Constitucional, en su jurisprudencia , ha expresado que el requisito de inmediatez exige que «[…] la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos […]».

Aun así, el máximo Tribunal Constitucional ha considerado que excepcionalmente el juez puede obviar el presupuesto de inmediatez, cuando advierta que: “[…] i) existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”.

En tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, acogió el criterio sostenido por la Corte Constitucional, conforme al cual los ciudadanos que pretendan acceder al mecanismo de amparo en contra de una providencia judicial, cuentan con el término razonable de 6 meses.

Sin embargo, en materia de prestaciones periódicas y en aras de proteger los derechos al “[…] mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial protección constitucional […]”, la Corte Constitucional ha considerado que dicho termino puede variar ante circunstancias especiales. Precisamente, en la sentencia T- 374 de 18 de mayo de 2012, se consideró lo siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance específico al requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la violación o amenaza de derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela medie un término razonable, el contenido mismo del requisito de inmediatez varía cuando se trata de una prestación periódica que, como las mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio de los derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de  sujetos de especial protección constitucional. En suma, dado el carácter periódico y la particular importancia de las mesadas pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos de los pensionados, la Corte ha considerado que la actualización continua de los perjuicios presentes y sustantivos derivados de la falta de indexación de la mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la presentación de la tutela. En otras palabras, como la afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día, en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]” (Negrilla fuera de texto).

Con fundamento en la mencionada sentencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección, relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones periódicas, la Sala concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia, esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015, la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme en relación a qué debe entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus apartes:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por prestación periódica fuera el significado lingüístico de las palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones periódicas, referencia que debe observase para los efectos del inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que da a entender es que tratándose de derechos que existen durante la vida del titular y después respecto de los beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge, compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones, para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad establecida para ellos, vale decir, a meses. […]

Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo, se consideran como tales, aquellos valores devengados de manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera, que si éste se termina, desaparece la calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”.

En lo ateniente al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de 28 de mayo de 2015, a través de la cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…]Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo.
[…]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección […]”.

VIII.5. El caso concreto

El señor Pedro Antonio Puentes Mojica promueve la acción de tutela porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, le vulnera sus derechos fundamentales porque la sentencia de 14 de marzo de 2018, que concede las pretensiones solicitadas en la demanda, dispuso el cambio de la base de liquidación de la prima de antigüedad, tema que no hacía parte del litigio, generando efectos negativos sobre la mesada pensional a percibir para el año 2019, en atención a que la afectación será de $211.700 mensuales, situación que se prolongará en el tiempo hasta que la prestación se extinga, aparte de que le impone reintegrar una suma de dinero a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. También sostiene que tratándose de prestaciones periódicas no opera el requisito general de inmediatez, tal como ocurre en el presente asunto.

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallo de 28 de marzo de 2019, declara la improcedencia de la acción de tutela por cuanto considera que no satisface el requisito de inmediatez al haberla presentado diez meses después de la ejecutoria de la sentencia objeto de inconformidad, en razón a lo cual precisa que el motivo de la afectación de los derechos fundamentales lo constituye la sentencia mas no la prestación periódica.

El accionante impugna el fallo de tutela y plantea que la inmediatez debe tenerse en cuenta a partir del momento en que ocurrió el hecho vulnerador o del que se conoció el perjuicio sufrido. Además se refiere a la configuración de una causal para flexibilizar el requisito de la inmediatez debido a que los hechos se refieren a prestaciones periódicas.

Ahora bien, la Sala encuentra que la providencia censurada mediante la acción de tutela fue proferida el 14 de marzo de 2018, se notificó personalmente mediante correo electrónico el 21 de marzo de ese mismo año, y quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2018 según constancia secretarial visible a folio 209 del expediente ordinario. Por tanto, desde el momento de la notificación del fallo hasta la presentación de la solicitud de amparo constitucional efectuada el 25 de febrero de 2019, transcurrió un lapso superior a once meses, es decir, ya había transcurrido el término razonable de seis meses, lo cual, en principio, constituye un incumplimiento del requisito general de inmediatez que rige esta acción constitucional.
En relación con este aspecto, la Corte Constitucional ha precisado que en casos como el presente el juez debe verificar si la acción se instauró dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, presupuesto que va ligado con la finalidad del amparo que se pretende, el cual, en caso de transcurrir el tiempo y consumarse el daño, será ineficaz.

Frente a lo anterior, es importante resaltar que el actor pretende, a través del ejercicio del presente mecanismo constitucional que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia y se ordene proferir un nuevo fallo en el que se reajuste su asignación de retiro, lo que incide en el monto de la misma que constituye una prestación periódica y evidencia la existencia de una presunta vulneración continua y actual, frente a lo cual se encuentra satisfecho el primer requisito para la procedencia de la acción de tutela en estos casos.

Sin embargo, en cuanto al segundo requisito, esto es, la condición de debilidad manifiesta del actor, se advierte que no se cumplió, en tanto no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontrara en estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad para ejercer la acción de tutela en contra de la providencia que presuntamente conculcó los derechos fundamentales invocados. Solo se limitó a manifestar que tratándose de una prestación periódica la inmediatez no opera y que su asignación de retiro se vería disminuida en $211.700, afectándolo a él y a su familia.

Cabe resaltar que el solo hecho consistente en que la acción de tutela hubiese sido interpuesta en contra de una providencia judicial, respecto de la cual se cuestiona el reajuste de una asignación de retiro, no significa que automáticamente se omita el examen del requisito de la inmediatez, simplemente se atenúa su rigurosidad, siempre y cuando el accionante demuestre en el trámite constitucional que la afectación o vulneración ha sido continuada en el tiempo y que padece de una situación de especial vulnerabilidad, debido a un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, etc., situación que, como ya se dejó expuesto, no fue acreditada.

Finalmente, se destaca que, en reciente pronunciamiento contenido en la sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela presentada en contra de una providencia judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo. Pero tal situación, como quedó visto, no se observa en el presente caso y, como consecuencia de ello, la Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, efectuada por la corporación judicial de primera instancia, pero de conformidad con las razones expuestas.

Por último, resulta pertinente señalar que la Sala en sentencia de 4 de mayo de 2018, se pronunció en este mismo sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído devuélvase al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2015-00660-00, remitido en calidad de préstamo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Magistrado Ponente Samuel José Ramírez Poveda
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. William Hernández Gómez, radicación 66001233300020130007901. Actor: Luis Aníbal Clavijo Velásquez. Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de mayo de 2018, radicación 19001233300020140012801. Actor: José Henry Casso. Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Andrés José Quintero Gnecco. Samuel José Ramírez Poveda.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Al respecto ver, entre otras, las sentencias proferidas por la Sección Primera de esta corporación judicial, de 26 de julio de 2918, radicación AC-11001-03-15-000-2018-02050-00, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, y de 8 de junio de 2018, radicación AC-11001-03-15-000-2018-00841-01, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

En la sentencia T-739 de 2010la Corte Constitucional dispuso que “[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos
Ver entre otras, Sentencia T-315/05. Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012. Sentencia T-584 de 2011. Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional. Magistrada ponente María Victoria Calle Correa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03-15-000-2013-02423-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de julio de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2015-01613-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, proveído de 1o. de octubre de 2014, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número: 05001-23-33-000-2013-00262-01. Véase la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, calendada 5 de septiembre de 2002, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, radicación interna Nro. 5018-2001. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2015-00001-01. Folios 191 a 198 del expediente ordinario. Sentencia T-315 de 1º de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, radicación número 11001-03-15-000-2018-00293-00.

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