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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00859-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00859-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 28 de marzo de 2019 por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO: EXHORTAR a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, para que en lo sucesivo realice las gestiones necesarias que le permitan suministrar el medicamento formulado a la menor, dentro del término indicado por el médico tratante, atendiendo la gravedad de la enfermedad que padece. TERCERO: Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del presente asunto, a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro de sus competencias adelante las acciones que estime pertinentes. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00859-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

24 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO

[E]n el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que durante el trámite de la presente acción de tutela, cesó la conducta que trajo como consecuencia el origen del incidente de desacato. (...) para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1983 DE 2017

NOTA DE RELATORÍA: La providencia exhorta a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, para que en lo sucesivo realice las gestiones necesarias que le permitan suministrar el medicamento formulado a la menor, dentro del término indicado por el médico tratante, atendiendo la gravedad de la enfermedad que padece.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00859-01(AC)

Actor: LORAYNE DE JESÚS CAMERO LUBO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Vida digna ii) integridad personal y iii) salud

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Lorayne de Jesús Camero Lubo, obrando en representación legal de la menor de 18 años de edad “ICC”, contra la sentencia de tutela de 28 de marzo de 2019 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Lorayne de Jesús Camero Lubo, obrando en representación legal de la menor de 18 años de edad “ICC”, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, el tribunal al proferir el auto de 10 de septiembre de 2018, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Sostuvo que obrando en representación legal de su hija menor de 18 años de edad “ICC”, se encuentra afiliada como beneficiaria del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, a cargo de la Dirección de Sanidad Naval, gracias a que su padre biológico se desempeña en el cargo de Suboficial Segundo de la Armada Nacional.
4. Indicó que su hija menor de 18 años de edad “ICC”, fue diagnosticada con la enfermedad de “lipodistrofia generalizada adquirida”, la cual hace parte de las enfermedades huérfanas, raras o poco frecuentes, por lo que, de conformidad con lo establecido en las leyes 1392 de 2 de julio de 2010 y 1751 de 16 de febrero de 2015, representa un “problema” de especial interés en salud, dada su baja prevalencia en la población y su elevado costo de atención.
5. Adujo que la mencionada enfermedad es de origen genético, crónico, grave y potencialmente mortal, que se caracteriza por un «desorden raro, complejo y clínicamente heterogéneo», además por la falta o pérdida extendida de tejido adiposo subcutáneo en la mayoría de o en todas las partes del cuerpo, y la pérdida asociada de la función endocrina, cuyo resultado es la deficiencia de leptina relativa.
6. Resaltó que, gracias a las investigaciones tanto a nivel internacional como nacional, se ha logrado establecer que el principal tratamiento, además de ser el único existente, para mitigar en cierta medida las afecciones de salud de quienes padecen la aludida patología, corresponde al medicamento inyectable Metreleptin Polvo Liofilizado (MYALEPT ®).
7. Aseveró que la endocrinóloga pediátrica Leticia Martínez Ariza, que atendió a su hija menor de 18 años de edad “ICC”, a través de fórmula médica del 28 de septiembre de 2016, consideró apto dar inicio al tratamiento con el referido medicamento. Asimismo, manifestó que se trata de un tratamiento que debe ser continuo y permanente.
8. Señaló que la médica tratante, el 28 de septiembre de 2016, apoyó el referido tratamiento con el diligenciamiento del formato «SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE MEDICAMENTOS, NO POS REGIONAL», documento en el cual se aclaró la situación grave de dicho padecimiento, ante la inexistencia de otra alternativa convencional o que se encuentren incluidas en el POS.
9. Indicó que radicó una petición en la respectiva dependencia de Sanidad de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla con la finalidad de que se le suministrara el mencionado medicamento, el 13 de octubre de 2016; sin embargo, recibió respuesta negativa, el 26 de octubre de la misma anualidad.

10. Manifestó que se dirigió a la sede de Sanidad de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, para que le dieran una respuesta, el 25 de noviembre de 2016, no obstante, solo se le informó que: “[…]…el departamento correspondiente no ha allegado ningún documento o no le ha dado trámite a la solicitud […]”.
11. Adujo que instauró acción de tutela contra la Dirección General de Sanidad Militar de la Armada Nacional y la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional.
Sentencia proferida el 12 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 08001 23 31 014 2016 00125 00

12. La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente:

“[…]

PRIMERO. - DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la accionada Nación - Ministerio de Defensa Dirección de Sanidad Naval, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. - TUTELAR los derechos fundamentales la “salud, seguridad social, vida, integridad personal, dignidad humana” en favor de la menor ISABEL CRISTINA CAMERO CAMERO, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO. - ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, para que, si aún no lo ha hecho, proceda entregar a la menor ISABEL CRISTINA CAMERO CAMERO o a quien ella designe para tal efecto, el medicamento denominado “Metreleptin Polvo Liofilizado (MYALEPT)".

[…]”.

13. En el caso concreto expresó que:

“[…]

4.5. De la normatividad convencional, constitucional, legal, (sic) y jurisprudencial relativa al sistema de seguridad social:

En lo relacionado con los derechos a la Seguridad Social, cabe anotar que, el mismo ha sido reconocido como un derecho humano en dos instrumentos fundamentales, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), siendo consagrado también en otros instrumentos jurídicos de derecho convencional.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

“Artículo 25: 1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales

“Artículo 9: Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social,”

Por su Parte señalan los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia

“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”

“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad

[…]”.

14. Adujo que de acuerdo con los postulados descritos, la seguridad social es un derecho constitucional, así como un servicio público esencial, cuya prestación se encuentra a cargo del Estado, y debe orientarse por lo principios de solidaridad, universalidad y eficacia, correspondiéndole al Estado garantizar la prestación de este de forma directa, a través de entidades oficiales, por intermedio de entidades privadas o semioficiales.

15. Expresó que el servicio de salud debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, igualdad, moralidad, celeridad, e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de salud, tienen la obligación de garantizar y materializar dicho servicio sin que existan barreras o pretextos para ello. Anotó que con respecto a ello, la Corte Constitucional en sentencia T-576 de 2008 dijo:

“[…] En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la paciente. (subrayado fuera del texto)

17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico.  Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento. (subrayado fuera del texto original)

[…]”

16. Indicó que la jurisprudencia constitucional garantiza para los asociados, el derecho a acceder a los servicios de salud, sin que medie ninguna clase de obstáculos, pero además se debe procurar porque la atención sea oportuna, eficiente y de calidad, solo así puede verse materializado el derecho a la salud, de lo contrario, se permitiría que se vulnere el aludido derecho.

17. Asintió que, por un lado, el medicamento de nombre “Metreleptin Polvo Liofozado", no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud - (POS), por cuanto no se encuentra en el anexo de la Resolución 5592 de 24 de diciembre de 2015, y por el otro, indicó que si bien el medicamento aludido no posee una libre comercialización en Colombia por no poseer registro sanitario, también es cierto que en el expediente militar Autorización Núm. 2016001781 de Invima, de 5 de octubre de 2016, se autorizó el empleo de este en su hija menor de 18 años de edad “ICC”, de tal manera que puede ser aplicado en la paciente en caso de necesitarlo.

18. Finalmente, adujo que en los eventos en que los usuarios del servicio de salud necesiten medicamentos no contemplados en el P.O.S, la Corte Constitucional ha sostenido que es posible ordenarlas con el propósito de hacer verdaderamente eficaz la garantía del derecho a la salud en conexidad con la vida.

Sentencia proferida el 2 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 08001 23 31 000 2016 00125 01

19. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de marzo de 2017, dispuso:

“[…]
PRIMERO: Modifícanse los numerales primero, segundo y tercero del fallo del 12 de enero de 2017 proferido por la Sección Escritural del Tribunal Administrativo del Atlántico, los cuales quedarán así:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad Naval. Asimismo, se niega la solicitud de desvinculación de la Dirección General de Sanidad Militar, por las razones expuestas.
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vida, integridad personal, dignidad humana y de petición, en favor de la menor Isabel Cristina Camero Camero, por los motivos indicados con esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, para que, si aún no lo ha hecho, proceda a entregar a la menor ISABEL CRISTINA CAMERO CAMERO o a quien ella designe para tal efecto, el medicamento denominado ‘Metreleptin – Polvo Liofilizado (MYALEPT)’, prescrito por el médico tratante.

Las autoridades demandadas deberán garantizar el tratamiento integral, permanente y hasta que las circunstancias así lo ameriten, para la intervención médica, eficaz, pronta y oportuna de la patología que aqueja a la menor Isabel Cristina Camero Camero, sin imponer trabas de índole administrativo que dilaten su atención ni fragmentar o trasladar injustificadamente la responsabilidad de las autoridades encargadas.
Para efectos de lo anterior, se le otorga a las direcciones de Sanidad demandadas un plazo de diez (10) días para que lleven a cabo los procedimientos que resulten necesarios para el efectivo suministro del medicamento prescrito, en las dosis ordenadas y por el tiempo requerido para tratar la condición médica de la paciente, para lo cual deberán remitir a la sociedad contratista DROSERVICIO LTDA., la respectiva aprobación del aludido tratamiento por parte del Comité Técnico Científico y, adelantar las gestiones requeridas para su adquisición e importación al país y su efectiva entrega a la parte actora.
Finalmente, se ordena a la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, que responda de fondo y de forma clara, oportuna y congruente la petición presentada por la parte actora el 13 de octubre de 2016, y la notifique personalmente, toda vez que la emitida mediante Oficio 1535 del 26 de octubre de 2016 no reúne los presupuestos para garantizar dicha prerrogativa constitucional.
Adicionalmente, se le ordena a las aludidas direcciones de Sanidad que le brinden a la parte actora, luego de la recepción del resultado de la prueba genética, la información médica de las contraindicaciones y efectos adversos que pueda representar el medicamento para el bienestar de la menor.»
SEGUNDO: Confírmase en lo demás la sentencia impugnada.
[…]”.

20. En el caso concreto expresó que:

“[…]

De conformidad con los hechos planteados y la documental allegada al plenario, la Sala precisa, de conformidad con la Ley 352 de 1997, que dentro del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se encuentra la Armada Nacional y existen direcciones de Sanidad para cada una de las fuerzas, las cuales ejercerán bajo la orientación y control de la Dirección General de Sanidad Militar «…las funciones asignadas a ésta en relación con cada una de sus respectivas Fuerzas».

Asimismo, se observa que corresponde a la Dirección General de Sanidad Militar administrar los recursos del aludido Subsistema de Salud para realizar las funciones que legalmente se le atribuyen en el artículo 10 ibidem, las cuales abarcan el manejo de las políticas de salud y las respectivas contrataciones para garantizar la efectiva prestación del servicio.

Así las cosas, encuentra la Sala que la dirección y control de las direcciones de Sanidad de cada fuerza corresponden a la Dirección General de Sanidad Militar, la cual, en virtud de sus atribuciones legales contrató con la empresa DROSERVICIO LTDA. la «ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÓSTIC PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE».

De manera que, en virtud del referido contrato la obligación de suministrar medicamentos a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares recae principalmente en la Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de contratante y en DROSERVICIO LTDA., como contratista, sin embargo, ello no obsta para que la Dirección de Sanidad Naval ejerza bajo la orientación y control de esta sus funciones legalmente asignadas.

[…]

21. Manifestó que, si bien para el suministro del referido medicamento actuaba de por medio una sociedad en calidad de contratista, lo cierto es que la obligación corresponde a las aludidas direcciones de Sanidad como garantes del servicio, por virtud de las funciones legalmente conferidas a dichas autoridades.
22. Expreso que en la sentencia impugnada solo se dispuso el suministro de los medicamentos e insumos médicos dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia y, que mediante auto del 24 de enero de 2017, el a quo negó la solicitud de “aclaración y/o adición” planteada por la parte actora con su impugnación, respecto del tratamiento integral deprecado con su escrito de tutela inicial.
23. En ese orden de ideas, el ad quem adujo que las autoridades demandadas han sido enfáticas en indicar que a la hija de la actora se le ha garantizado su tratamiento integral, pues se le ha hecho seguimiento a su patología en los establecimientos de Sanidad Militar y, además, se han autorizado todas las remisiones que ha requerido la paciente, según el nivel de complejidad. Asimismo, expresó que:
“[…] Para la Sala, la prestación de servicio de salud integral no solo se circunscribe al seguimiento de la enfermedad o a la autorización de las remisiones médicas a que hubiere lugar, pues de las probanzas se observa que ni le ha sido entregado el medicamento, debido a cuestiones administrativas internas, ni mucho menos se le ha dado inicio al tratamiento en cuestión, con lo cual se pone en riesgo tanto la salud como las condiciones de vida digna de la menor, que, por demás, redunda indicar, es sujeto de especial protección del Estado.
Al respecto, se recuerda que la integralidad que prescribe el sistema de salud en Colombia comprende no solo el suministro de medicamentos, sino también las intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento, personal de salud calificado, así como de apoyo o acompañamiento administrativo, costos de transporte y estadías que se requiera para lograr su mejoría y, en general, cualquier «… otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del paciente».
Por lo que, la Sala reitera que el acceso oportuno y de calidad a los servicios que se requieran para alcanzar el mejor nivel de salud posible hacen parte de la materialización del principio de integralidad sobre el cual se sustenta también el derecho fundamental a la salud, en tanto que con ello se deben evitar los trámites que dificulten o retrasen el acceso a los servicios de salud, así como, que no le impongan al usuario una carga que administrativamente no le corresponde asumir.
[…]”.

24. Finalmente, en torno a lo mencionado, afirmó que se modificaría la sentencia de tutela de primera instancia en el sentido de: i) negar la solicitud de desvinculación de la Dirección General de Sanidad Militar y ii) ordenarle a las autoridades demandadas que garanticen el tratamiento integral, permanente y hasta que las circunstancias así lo ameriten, con el fin de una intervención médica eficaz, pronta y oportuna de la patología que aqueja a la menor de 18 años de edad “ICC”, sin imponer trabas de índole administrativo que dilaten su atención, ni fragmentar o trasladar injustificadamente la responsabilidad de las autoridades encargadas en terceros contratistas.
25. La parte actora indicó que las entidades accionadas supra, incurrieron en omisión al evadir el cumplimiento de la sentencia de tutela relacionado a suministrar el medicamento requerido y subsiguiente a ello, el tratamiento integral para la mejora de la menor hija de la actora.
26. Anotó que formuló incidente de desacato contra las entidades sobre las cuales recaían el cumplimiento de la sentencia y, a su vez, solicitó la imposición de las respectivas sanciones establecidas por ley al desacatar una orden judicial dentro de la acción de tutela.
27. Señaló que por medio de providencia proferida en junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico archivó el incidente de desacato instaurado contra la Dirección General de Sanidad Militar de la Armada Nacional y la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, por cuanto consideró que las entidades en mención, dieron cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de tutela del 12 de enero de 2017.
28. Aunado a lo anterior, expresó que el a quo incurrió en un error al ordenar el archivo del incidente de desacato, a razón de que la Dirección de Sanidad Militar de la Armada Nacional, solo hizo entrega del medicamento “Metreleptin – Polvo Liofilizado (MYALEPT)”, desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 30 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que el aludido medicamento era requerido para todo el tratamiento, hasta optimizar la salud de la menor de 18 años de edad “ICC”.
29. Afirmó que remitió vía correo electrónico al Capitán de la Escuela Naval de Suboficiales ARC de Barranquilla, el 15 de abril de 2018, la historia clínica y las fórmulas médicas expedidas por la Dra. Leticia Martínez en su calidad de Endocrinóloga, Pediatra y Diabetóloga, quien es la encargada de llevar a cabo el tratamiento de la menor afectada, lo anterior, con el fin de que se iniciaran los trámites para la importación del medicamento debido a que su comercialización no es permitida en Colombia por carecer del registro Invima. En ese orden de ideas, expresó que la Armada Nacional inició los trámites para la importación del medicamento únicamente por el mes de junio de 2018.
30. Adicional a lo anterior, manifestó que de acuerdo a la actuación negligente de la armada nacional, su menor hija se quedó sin el suministro del medicamento aludido a partir del 1 de junio de 2018, de modo que, explicó que interpuso un segundo incidente de desacato ante las entidades mencionadas por incumplir lo ordenado en la sentencia de tutela de 12 de enero de 2017.
Auto proferido el 10 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del incidente de desacato de la acción de tutela identificada con número único de radicación 08001 23 31 000 2016 00125 00.

31. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo siguiente:

“[…]

PRIMERO: ARCHIVAR tramite incidental de desacato en contra de la señora GIOVANNA BRESCIANI OTERO en su condición de Directora de Sanidad de |a Armada Nacional y el señor ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ en su calidad de Director de la Armada Nacional, en virtud de las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR que Ia entidad de la Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval, debe cumplir puntualmente con la entrega del medicamento, en pro de no reiterar situaciones de retardo y causar un perjuicio irremediable a la hija de la señora LORAYNE CAMERO LUBO, so pena de ser sancionados conforme a la Ley.

[…]”.

32. En el caso concreto expresó que:

“[…]

La señora Lorayne de Jesús Camero Lubo, en representación de “[…] su hija menor de 18 años de edad “ICC” […]”, presentó incidente de desacato en contra de Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval - Armada Nacional, con la finalidad de obtener el cumplimiento efecto (sic) de la orden judicial impuesta en el fallo de tutela del doce (12) de enero de 2017, donde se tutelan los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vida, integridad personal, dignidad humana, (sic) de “[…] la menor de 18 años de edad “ICC” […]”, y se ordena a la parte accionada a entregar los medicamentos dispuestos para el tratamiento de la menor.

Sin embargo, el día veintiséis (26) de Junio del 2018 la señora Lorayne de Jesús Camero Lubo presentó un memorial ante este despacho informando que la Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval incumplió el fallo del doce (12) de enero de 2017, toda vez que la entidad accionada no adelantó los trámites para la importación oportuna del medicamento, por consecuencia dejó de suministrarle el fármaco a día primero (01) de junio del 2018, que necesita la hija de la accionante para continuar con su tratamiento.

Conforme a lo anterior, este despacho ordenó rendir informe al Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional donde esta entidad manifestó a día 16 de julio de 2018 que ha adelantado las gestiones que se encuentran a su disposición para darle cumplimiento al fallo de tutela y que el laboratorio importador procedió a realizar la solicitud de licencia de importación y compra internacional, para su posterior (sic)

Posterior, al informe de la entidad, la accionante manifestó a día veinticinco (25) de julio del 2018, que la entidad no realizó las gestiones administrativas pertinentes para el cumplimiento de los fallos judiciales, así mismo ha retardado negligentemente la entrega del medicamento tanto así que desde el primero ( 01) de junio de 2018 la menor ISABEL CRISTINA CAMERO CAMERO no ha recibido el medicamento, lo cual ha provocado un deterioro progresivo en la salud de Ia hija de la accionante que la ha llevado a ser internada a la clínica La Asunción bajo monitoreo permanente.

[…]”.

33. En su sentir, el a quo adujo que las entidades accionadas han cumplido de forma intermitente la sentencia de tutela del 12 de enero de 2017, lo que ha generado una situación gravosa para la hija de la accionante, toda vez que la entrega tardía del medicamento bien sea por negligencia o retardos en la importación del fármaco, puede ocasionar un daño irremediable a la salud de la menor, en concordancia con ello, indicó que es un situación gravosa el hecho de que se desconozcan los efectos jurídicos de una sentencia judicial, por cuanto se debe procurar hacer las gestiones oportunas para el suministro del producto, y de esta forma evitar que se acredite un perjuicio irremediable.

34. Aunado a lo anterior, manifestó que se dio apertura al respectivo incidente de desacato contra las entidades accionadas mediante auto proferido el 1.° de agosto de 2018, con el fin de verificar si se ha dado cumplimiento a las órdenes emitidas en la sentencia de tutela aludida. En este orden de ideas, manifestó que la Directora de Sanidad de la Armada Nacional, Giovanna Bresciani Otero, mediante Acto radicado con Núm. 20180423570321161 de 6 de agosto de 2018, expresó que el 2 de agosto de 2018, se le fue entregada la notificación en el domicilio de la actora, respecto de la información sobre la llegada del medicamento solicitado, el cual obraría bajo la debida custodia del servicio farmacéutico de la Escuela Naval.
.
35. Finalmente expresó, que si bien la actora presentó memorial el 24 de agosto del 2018, mediante la cual manifestó su inconformidad con respecto al retraso de la entidad en la entrega de las ampollas; y que, como consecuencia de ello, la menor de 18 años de edad “ICC” […]”, permaneció 61 días sin suministrarle el medicamento, también es cierto que la entidad referida cumplió lo pregonado en la sentencia de tutela del 12 de enero de 2017, comoquiera que, aún si el fármaco se entregó de forma tardía, se debe tener en cuenta que la importación del referido producto requiere un proceso de tramites rigurosos que se deben llevar cabo para traerlo al país desde el exterior.

La solicitud de tutela

Pretensiones

36. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…]
PRIMERA: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la VIDA a la SALUD y a su INTEGRIDAD PERSONAL, de la “[…] menor de 18 años de edad “ICC” […]”, los cuales se encuentran amenazados por parte del Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Dr. Cesar Torres Ormaza, quien decidió ordenar el archivo de un incidente de desacato contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL y la DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL DE LA ARMADA NACIONAL, por auto de fecha 10 de septiembre de 2018, dentro del Radicado No 00125-2016. No obstante estar probado el desacato al fallo de fecha 12 de enero de 2017.
SEGUNDO: DEJAR sin efecto jurídico la providencia de fecha 10 de septiembre de 2018, proferida por el Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Dr. Cesar Torres Ormaza, y en su defecto ordenarle que en el término que disponga la H. Corte Suprema de Justicia (sic), se profiera nueva providencia que declare probado el incidente de Desacato conforme el acervo probatorio que obra en el expediente.
[…]”.

37. Resaltó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 10 de septiembre de 2018, por medio de la cual decidió “no sancionar a dos entidades del Estado involucradas en la presente solicitud de amparo” fue desacertada, comoquiera que dentro de los términos probatorios las entidades accionadas no desvirtuaron los hechos expuestos por la actora en la solicitud de apertura del incidente de desacato, lo anterior, con ocasión a la ausencia del suministro del medicamento requerido por la menor en cuestión, dentro del período comprendido entre el 1.° de junio de 2018 al 1.° de agosto de 2018 y, que como resultado de ello, se interrumpió el tratamiento disminuyendo la efectividad del mismo.
Actuación

38. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela mediante auto de 1 de marzo de 2019 y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

39. De igual manera, dispuso vincular a la Dirección General de Sanidad Militar de la Armada Nacional y a la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional en calidad de terceros legítimos, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.

Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

40. El Doctor César Torres Ormaza en su condición de magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, dio respuesta a la solicitud de tutela mediante Oficio de 7 de marzo de 2019. Asimismo, indicó que al momento de resolver la solicitud de incidente de desacato, el Despacho consideró que habiéndose hecho la entrega efectiva del medicamento, se conjuraba con ello la violación de los derechos fundamentales, y no había lugar a declarar responsabilidad subjetiva de la funcionaria responsable; y que además no se trataba de una omisión injustificada, comoquiera que el retardo obedecía a los trámites de importación necesarios para obtener el medicamento.

41. Consideró que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, ya que las decisiones adoptadas dentro del incidente de desacato, lejos de afectar los derechos de la menor, representan la materialización de la tutela judicial efectiva que le asiste.

42. El señor Javier Alfonso Díaz Gómez en su condición de Director General de Sanidad Militar, mediante escrito aportado el 21 de marzo de 2019, solicitó la desvinculación de la entidad, toda vez que ella solo cumple labores administrativas y no asistenciales. Aunado a ello, indicó que el nombre correcto de una de las accionadas es Dirección de Sanidad de la Armada Nacional.

43. En el presente trámite, la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, guardó silencio.

La sentencia impugnada

44. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de marzo de 2019, resolvió lo siguiente:

“[…]
Primero: DECLÁRESE la carencia actual de objeto por hecho superado, a partir de las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
Tercero: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
. […]”.

45. Sostuvo que la acción de tutela contra providencias judiciales que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento, esta es procedente únicamente de manera excepcional según lo dispuesto por la Corte Constitucional. En el caso concreto añadió:

“[…]
La Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015 analizó la posibilidad de que mediante una acción de tutela se cuestionen decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato. Sobre este evento señaló:

“si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.

Para explicar el asunto la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedencia.

De manera genérica deben cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pero en todo caso, al juez “no le es permitido reabrir el debate constitucional discutido en la tutela cuyo desacato o cumplimiento se solicita, por cuanto su análisis se encuentra limitado a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante como consecuencia de las decisiones proferidas durante el trámite de cumplimiento o de desacato en comento”.

Así las cosas, es claro que durante el trámite del incidente de desacato no se deben ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi con base en la que se adoptó el fallo de tutela. Durante el estudio de una tutela que cuestiona concretamente dicho proceso, el operador judicial que la revisa se debe limitar a analizar la conducta desplegada por el juez durante el mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo, esto con el fin dar cumplimiento al principio de cosa juzgada.

[…]”

46. Asimismo, aclaró que el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, consagró la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual toda persona tiene la posibilidad de acudir ante los jueces para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o privada.

47. Corolario de lo anterior, señaló que la protección “consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”. De la misma forma citó que:

“[…]

Para el efecto, el Decreto 2591 de 1991, reglamentó lo relativo a la solicitud de cumplimiento y el incidente de desacato, en los siguientes términos:

Artículo 23. Protección del derecho tutelado. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible. //Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48 horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto”.

Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.// Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Por otra parte, el artículo 52 ibidem dispone:

Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”

[…]”.

48. En ese orden de ideas, argumentó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado. De mismo modo, expresó que la Corporación se ha pronunciado al respecto en relación al caso examinado:

“[…] Específicamente sobre el hecho superado, la alta Corporación ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto: “1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado…”.

Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que la carencia actual de objeto se presenta por dos circunstancias: i) hecho superado; y ii) daño consumado. La primera figura ocurre cuando la pretensión de la acción se satisface durante el trámite de la acción de tutela, es decir cuando desaparecen los hechos que fundamentaron la acción de tutela. En estos eventos no es obligatorio para el juez de instancia realizar un análisis de fondo sobre la vulneración del derecho fundamental, pues este ya se resarció. Lo imperativo es que el fallador demuestre que el derecho se reparó o que ya no existe amenaza a los derechos fundamentales del accionante. El daño consumado, por su parte, ocurre cuando el perjuicio que se buscaba evitar con la orden de tutela se materializó, sin que sea posible hacer cesar la vulneración.
[…]”.

49. Adujo que, aunque lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 2 de marzo de 2017, que modificó la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 12 de enero de 2017, ha sido cumplido tardíamente, se debe mencionar que la entrega retrasada de los fármacos, se ocasiona como consecuencia de realizar las operaciones administrativas tendientes a la importación y nacionalización del producto. No obstante a ello, expresó que dentro del proceso se tiene probada la entrega del medicamento Metreleptin – Polvo Liofilizado (Myalept) necesario para el tratamiento de la enfermedad huérfana denominada Lipodistrofia Generalizada Adquirida, que padece la menor en cuestión, y que la entrega del referido producto ha sido efectuado por la entidad accionada, según se puede constatar en los escritos de desacato y en las decisiones del Tribunal de fechas 8 de junio de 2017 y la confutada del 10 de septiembre de 2018.

50. Expresó que en el trámite del segundo incidente de desacato que dio lugar al auto cuestionado del 10 de septiembre de 2018, la Sala de la Sección Tercera de esta Corporación, encontró probado que la Directora de Sanidad de la Armada Nacional, en respuesta a la apertura del incidente respondió en el oficio con radicado Núm. 20180423570289521 de 16 de julio de 2018, detalladamente las gestiones administrativas que había adelantado la entidad para la importación del medicamento. En torno a ello dijo:

“[…] Posteriormente, por oficio 20180423570321161 del 6 de agosto de 2018, informó que el día 2 de agosto de 2018, en el domicilio de la accionante, fueron entregadas cinco (5) ampollas de un total de 20, quedando el resto bajo la debida custodia en el servicio farmacéutico de la Escuela Naval y se definió que la entrega sería quincenal. Este hecho se encuentra comprobado, además, en los escritos del 14 y 24 de agosto de 2018 de la accionante, en los que refiere que la menor estuvo sin tratamiento por un lapso de sesenta y un (61) días, desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto de 2018, información que corrobora lo dicho por Sanidad de la Armada Nacional, sobre la entrega del medicamento el 2 de agosto de 2018.

Consecuente con las respuestas de las partes, el Tribunal sustentó el archivo del incidente al considerar que la Dirección de Sanidad Naval había adelantado desde el 16 de julio de 2018, los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento al fallo de tutela y que el laboratorio procedió a realizar la solicitud de licencia de importación y compra internacional, para entregar finalmente el medicamento el 2 de agosto de 2018; a pesar de ello, el Tribunal requirió a la accionada para que cumpliera con la obligación en término, para evitar que la salud de la menor se viera afectada, so pena de ser sancionados conforme a la ley. […]”.

51. Finalmente, adujo que según las pruebas obrantes en el proceso, si bien la entrega de la medicación a la hija de la actora, ha sido demorada en algunos momentos debido al trámite de la importación, la entidad accionada ha cumplido con la entrega del medicamento ordenado en la sentencia de tutela de 2 de enero de 2017, y que fue modificada el 2 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, teniendo en cuenta que los fundamentos que motivaron la interposición de la presente acción, valga decir, “declarar sin efecto el auto del 10 de septiembre que ordenó el archivo del incidente de desacato”, en criterio de la Sala de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, implica que sobre esta acción ha operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que antes de interponer la aludida acción de tutela, ya se habían saneado los motivos que dieron origen al incidente, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden de protección.

La impugnación

52. La actora mediante escrito allegado el 6 de abril de 2019 vía correo electrónico, impugnó la sentencia supra proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que resolvió declarar la carencia actual de objeto de la solicitud de amparo. En ese orden, manifestó que los argumentos esgrimidos por la Sección Tercera de esta Corporación carecen de lógica jurídica. De modo que difiere que la carencia actual del objeto es presumir que se entregue el fármaco sin darle principal importancia al tiempo que demore en ser entregado, aunado a ello que se trata de una menor de 8 años de edad, y que por ende hay que darle prioridad a sus necesidades. En ese orden de ideas sostuvo que:

“[…] Discrepo totalmente de los argumentos facticos (sic) esgrimidos por el H. Magistrado al manifestar que existe carencia de objeto en cuanto a tutelar a un funcionario público que avala la mora de otra entidad del Estado en entregar un medicamento a una menor de 8 años de edad que padece una enfermedad húerfana.

De la lectura de providencia impugnada, me sorprende y preocupa la carencia de congruencia y raciocinio al examinar el acerbo (sic) probatorio allegado: en el expediente no existe una sola prueba documental que demuestre que la ARMADA NACIONAL le entregó a mi menor hija el medicamento ordenado en sentencia, y a ello se concretó el trámite incidental deprecado por la suscrita, sin embargo los argumentos que esgrimen el Magistrados (sic) accionado y ahora el Magistrado Ponente de la presente tutela, son carentes totalmente de una lógica jurídica que asusta y me horroriza, pues afirman lacónicamente que se ha cumplido con el fallo de tutela por parte de las entidades accionadas pues lo importante es la mera entrega del medicamento, no la fecha en que se entrega: NEFASTO Y PERVERSO PRECEDENTE se ha sentado con esta providencia adiada 28 de marzo de 2019, cuando ha quedado probado que durante 61 días mi menor hija, de 8 años, quedo (sic) sin el suministro de un medicamento, de vital importancia, para su salud, su bienestar y su vida; No concibo que el Magistrado Ponente se limite a concluir lacónicamente “ que se ha cumplido con el objeto de la tutela, es decir que se ha entregado el medicamento”, quiere decir que para el Magistrado Ponente no importa que la Armada Nacional, demore el tiempo que sea en hacer los trámites de importación, compra y registro del medicamento, lo único que importa es que le entreguen el medicamento, si durante el tiempo que la menor ISABEL CRISTINA CAMERO CAMERO, dura sin tomar medicamento eso no importa, la vida de mi menor hija no importa si se afecta con la carencia del medicamento ordenado en tutela, los derechos constitucionales fundamentales de mi menor a la vida, a la salud, a una calidad de vida digna, queda sometidos y subordinado a placer ante la Armada Nacional, quien solamente debe entregar el medicamento, sin importar los tiempos que la menor de 8 años deba esperar si (sic) la medicación […]”.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala

53. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela
54. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

55. Los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, si la respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) establecer si es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales dentro del marco de un incidente de desacato, y de ser así, iii) determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico al proferir el auto de 10 de septiembre de 2018 dentro del incidente de desacato de la acción de tutela identificada con número único de radicación 08001 23 31 000 2016 00125 00, incurrió en i) defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que no se sancionara a las accionadas, por el incumplimiento de la sentencia de tutela.

56. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto dentro del marco de la acción de tutela y, finalmente, la ii) solución del caso concreto.

Carencia actual de objeto dentro del marco de la acción de tutela

57. En relación con la carencia actual de objeto, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-817 de 2005, se pronunció en el siguiente sentido:

"[…]
Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado

[…].”. (Se resalta)

58. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado:

[…]
Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío

[…]”.

59. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de protección.

60. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Análisis del caso en concreto
61. La señora Lorayne de Jesús Camero Lubo, obrando en representación legal de la menor de 18 años de edad “ICC”, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, el tribunal al proferir el auto de 10 de septiembre de 2018, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

62. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

63. Dentro del expediente se encuentran las siguientes pruebas:

Copia del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 8 de junio de 2017.

Copia del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 10 de septiembre de 2017.

Copia de la respuesta presentada por la Dirección Naval ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del marco del requerimiento previo Incidente de Desacato, el 30 de marzo de 2017.

Copia de la respuesta presentada por la Dirección Naval ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del marco del requerimiento previo Incidente de Desacato, el 16 de julio de 2018.

Copia de la respuesta presentada por la Dirección Naval ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del marco del requerimiento previo Incidente de Desacato, el 6 de agosto de 2018.

64. La Sala al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente, encuentra acreditado lo siguiente:

64.1 Respecto a la entrega del medicamento Metreleptin – Polvo Liofilizado (Myalept), que se constituye en un eficaz tratamiento de la enfermedad huérfana, cuya denominación es “Lipodistrofia Generalizada Adquirida”, que padece la menor de 18 años de edad “ICC”, ha sido entregada por la entidad demandada, de manera tardía. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el auto de 10 de septiembre de 2018, consideró que:

“[…] Así las cosas, este despacho examinó que la entidad ha venido cumpliendo de forma intermitente el fallo de tutela del día doce (12) de enero de 2017, lo que ha generado una situación gravosa para la accionante, toda vez que producto de la entrega a destiempo del medicamento, bien sea por negligencia o retardos en la importación del medicamento, han agravado la salud de la hija de la accionante, lo cual para esta corporación es inadmisible cuando se está desconociendo un fallo judicial y se (sic) venido realizando las diversas gestiones en procura del pronto suministro del medicamento, por consiguiente, si la omisión de la tramitología o el retardo sigue presentándose podría acreditarse un perjuicio irremediable […]”.

64.2 Ahora bien, en la respuesta presentada por la Dirección Naval ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del marco del requerimiento previo Incidente de Desacato, el 30 de marzo de 2017, señaló que:
“[…] El pasado 22 de diciembre la Dirección General de Sanidad Militar remitió la acción de tutela presentada por la accionante al señor DIEGO LONDOÑO MEJÍA, HUGO MARINO LEÓN y GERARDO JUAN PAYÁN, Gerente y Representantes Legales de DROSERVICIO LTDA, a fin de que hagan entrega inmediata del medicamento ordenado por el Tribunal.
Así las cosas, el 26 de enero de 2017 la Dra. Leticia Martínez Ariza – Endocrinóloga Pediatría y del Adolescente profirió formula médica para el suministro de diez ampollas por mes durante seis meses del medicamento Metreleptina Vial 11.3 Mg x 2.2ml (Polvo Liofilizado más solución Bacteriostática), por un valor la ampolla de $8.580.000, para un total de $514.80000.000.
De otra parte, mediante oficio de fecha 24 de enero de 2017 la Ejecutiva Comercial de Audifama S.A –Angélica María Zapata informó que la entrega del medicamento se haría a más tardar 10 días después de finalizado el proceso de importación.
Continuando con el trámite, el pasado 08 de febrero de 2017, el Subdirector de Salud de la Dirección General de Sanidad Militar autorizó la importación y entrega del medicamento METRELEPTINA VIAL 11.3 MGRS/2.2 ML, lo anterior teniendo en cuenta que se surtieron los trámites pertinentes para la autorización del medicamento.
Por último, el pasado 30 de marzo, la Dirección General de Sanidad Militar informó que entabló comunicación telefónica con el Operador DROSERVICIOS, quienes informaron que el medicamento amparado ya se encontraba en el país, faltando por realizar los trámites de nacionalización del mismo y su entrega.
En ese sentido es claro que se han adelantado todos los procedimientos necesarios para el efectivo suministro del medicamento prescrito, habiendo remitido la respectiva aprobación y autorización a la sociedad contratista DROSERVICIO LTDA., para que esta adelante las gestiones requeridas para su adquisición e importación al país y su efectiva entrega a la parte actora […]”.

65. De igual manera, encontramos la respuesta presentada por la Dirección Naval ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del marco del requerimiento previo Incidente de Desacato, el 6 de agosto de 2018, al indicar que:
“[…] Realizado el proceso de importación del medicamento, este fue remitido el día 02 de agosto de 2018 al Establecimiento de Sanidad Militar Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, a lo cual mediante oficio No. 1001 del 03 de agosto de 2018 el Jefe de Sanidad Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, comunicó que el día 02 de agosto de 2018, en el domicilio de la paciente, bajo estricta monitorización de la cadena de frío, fueron entregados cinco (5) ampollas de 20, quedando el resto bajo la debida custodia en el servicio farmacéutico de la Escuela Naval y se definió que su entrega será quincenal […]”.

66. Además, con fundamento en los escritos de 14 y 24 de agosto 2018, presentados por la parte actora, se acredita que efectivamente su hija menor, recibió el medicamento, el 2 de agosto de 2018, señalando que estuvo sin tratamiento por un periodo de sesenta días, desde el 1.° de junio, hasta el 1.° de agosto de 2018.

67. La Sala considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que durante el trámite de la presente acción de tutela, cesó la conducta que trajo como consecuencia el origen del incidente de desacato. En ese orden de ideas, la Sala acoge plenamente los argumentos expuestos por el a quo, al sostener que “[…] En efecto, como se infiere de la respuesta enviada a esta Corporación por parte del Tribunal y de las pruebas obrantes al expediente de tutela; aunque vale decir que la entrega de la medicación a la menor ha sido demorada en algunos momentos, debido al trámite de la importación, la entidad accionada ha cumplido con la entrega del medicamento ordenado en el fallo de tutela del 2 de enero de 2017 y modificado el 2 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, que los fundamentos que motivaron la interposición de la presente acción, valga decir, declarar sin efecto el auto del 10 de septiembre que ordenó el archivo del incidente de desacato, en criterio de esta Sala, implica que sobre esta acción ha operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, pues antes de la acción de tutela ya habían desaparecido los motivos que dieron origen al incidente, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden de protección […]”.
68. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.

69. Ahora bien, la Sala en aras de garantizar de manera integral la protección del derecho fundamental a la salud de la menor de 18 años de edad “ICC”, exhortará a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, para que en lo sucesivo realice las gestiones necesarias que le permitan suministrar el medicamento formulado a la menor, dentro del término indicado por el médico tratante, atendiendo la gravedad de la enfermedad que padece.

70. De igual manera, se compulsarán copias del expediente de la referencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se dé cumplimento a la directriz de amparo al derecho a la salud y la vigilancia de los pagos que protegen el derecho integral al mismo.

Conclusión de la Sala

71. En suma, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la solicitud de tutela presentada por la señora Lorayne de Jesús Camero Lubo, obrando en representación legal de la menor de 18 años de edad “ICC”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 28 de marzo de 2019 por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

SEGUNDO: EXHORTAR a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, para que en lo sucesivo realice las gestiones necesarias que le permitan suministrar el medicamento formulado a la menor, dentro del término indicado por el médico tratante, atendiendo la gravedad de la enfermedad que padece.

TERCERO: Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del presente asunto, a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro de sus competencias adelante las acciones que estime pertinentes.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

En calidad de representante legal de la menor “ICC”. Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de la menor de 18 años de edad relacionada en este proceso la supresión de los datos que permitan su identificación, razón por la cual, para estos efectos, su nombre será reemplazado por la mencionada sigla inicial: “ICC”.
“Por medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores”
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se dictan otras disposiciones”.

Artículos 1°, 9, 10 y 11.
Contrato de suministro 060 DGMS -2014-.
Al respecto, esta Sección con providencia del 23 de octubre de 2013, proferida dentro del expediente 54001-23-33-000-2013-00226-01, accionante María Fernanda Luna Jaimes como agente oficiosa de Rodrigo Luna Africano y demandado Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y EPS-S Solsalud en Liquidación, consideró lo siguiente: «Se advierte que si bien el transporte y la estadía no son servicios médicos propiamente dichos, sí son medios necesarios para acceder a los procedimientos, medicamentos y demás prestaciones del servicio de salud, razón por la que cuando un usuario no tiene recursos económicos, es la EPS-S la entidad responsable de asumirlos» (Pie de página: «Esta Corporación integró al desarrollo constitucional del derecho a la salud el elemento de accesibilidad y sus cuatro dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información, tomadas de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso del transporte (en algunos casos no tan reiterados, también la estadía), se está frente a la dimensión de accesibilidad física, pues el servicio que requiere un usuario no puede ser suministrado en su lugar de residencia, y por lo tanto, debe desplazarse. Pero además, se está frente a la dimensión de accesibilidad económica, la cual supone que bajo ninguna circunstancia la falta de capacidad económica se puede convertir en un obstáculo de acceso a los servicios de salud que se requiere. Ver al respecto las sentencias T-884 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-739 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-223 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) T-905 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-1228 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentaría), T-1087 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-542 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-550 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-736 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo)».

Corte Constitucional. Sentencia SU – 627 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015 y T-233 de 2018
Consejo de Estado. Sala Plena de lo contencioso administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ); Corte Constitucional. Sentencia SU-970 de 2010 y Sentencia SU-573 de 2017.
Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.
Por otra parte, la procedencia material de la misma está supeditada a que se haya incurrido en alguna de las siguientes irregularidades: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia judicial carece de competencia para ello; (ii) defecto fáctico, que se da cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación legal en el que sustenta la decisión; (iii) defecto material o sustantivo, que surge cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (iv) error inducido, como es el caso cuando la autoridad judicial fue víctima de un engaño por parte de terceros que condujo a la toma de un la decisión que afecta derechos fundamentales; (v) decisión sin motivación, que implica no dar cuenta de sus fundamentos fácticos y jurídicos; (vi) desconocimiento del precedente judicial; (vii) violación directa de la Constitución.
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2013.
Consejo de Estado, sentencia 11001-03-15-000-2017-01581-01 del 1 de febrero de 2018.
Fls. 240 a 241, c.3.
Fls. 147 a 148, c.3.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Folio 128 del cuaderno principal.
Folio 144 del cuaderno principal.

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