Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00866-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Tutela contra providencia judicial: que condenó a título de dolo al ex Fiscal General de la Nación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00866-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-00866-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
30 de mayo de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Que condenó a título de dolo al ex Fiscal General de la Nación / INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTO / DEFECTO PROCEDIMENTAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Aplicación indebida de precedente dictado con posterioridad a la época de los hechos / DEFECTO SUSTANTIVO - Por indebida aplicación del artículo 84 CCA / DEFECTO SUSTANTIVO - Por interpretación errónea de la presunción de dolo / DESVIACIÓN DE PODER - Su configuración debe ser dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / DESVIACIÓN DE PODER - El juez no tiene competencia para declararla en el medio de control de repetición
[E]l problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto procedimental, en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo, al declarar responsable a título de dolo al [tutelante], entonces Fiscal General de la Nación, por expedir con desvío de poder el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor [J.E.A.S.] (…) [L]a providencia del 13 de noviembre de 2018, objeto de tutela, incurrió en defecto procedimental, en defecto sustantivo y en aplicación indebida del precedente fijado por esa misma Sala en la sentencia del 1º de marzo de 2018, y por la Sección Segunda, Subsección B, de la corporación, en la providencia del 21 de mayo de 2009. Como consecuencia de la configuración de esos defectos, la autoridad judicial demandada concluyó, sin estar facultada para hacerlo, que las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002, que declararon insubsistente el nombramiento del señor [J.E.A.S.], habían sido dictadas con desviación de poder. Con fundamento en lo anterior, aplicó al asunto el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, que establece que se presume el dolo del agente público cuando ha obrado con desviación de poder. Entonces, la sentencia presumió que el [accionante] había actuado con dolo al dictar el acto de insubsistencia de [J.E.A.S.] e invirtió la carga de la prueba, al señalar que el demandado en repetición debía haber desvirtuado la existencia de la conducta dolosa. Así las cosas, para la Sala es claro que la aplicación del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 fue consecuencia de los defectos en los que incurrió la providencia objeto de tutela, que la llevaron a concluir que [la parte accionante] había actuado con desviación de poder, al dictar el acto de insubsistencia. En tal sentido, la aplicación de ese precepto constituyó un defecto sustantivo, por aplicación de una norma que no regía el asunto, y vulneró el derecho fundamental a la defensa del actor, al invertir la carga de la prueba en el proceso de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del Consejero Milton Chaves García, sin medio magnético a la fecha.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00866-00(AC)
Actor: LUIS CAMILO OSORIO ISAZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Camilo Osorio Isaza contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de la sentencia del 13 de noviembre de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda de repetición instaurada en su contra por la Nación, Fiscalía General de la Nación, y lo declaró responsable, a título de dolo, por la expedición con desvío de poder de un acto administrativo de insubsistencia.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1.1. El señor Luis Camilo Osorio Isaza, por intermedio de apoderado, solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la Administración de justicia, que estimó vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en los hechos narrados solicito, al H. Juez de tutela, garantizar el amparo constitucional de los derechos fundamentales vulnerados de los que es titular mi procurado – los derechos al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia.
Así mismo que, como amparo efectivo de los derechos conculcados, deje sin efectos la sentencia del 13 de noviembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A, sentencia proceso de repetición, número interno 11001-03-26-000-2014-00010-00(49809).
1. Consecuentemente, solicito al juez de tutela ordenar que, en la providencia, en sede de instancia:
1.1. Se garantice el derecho al acceso al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad y a la administración de justicia, aplicando las normas del derecho vigente al caso concreto de la responsabilidad del entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, el inciso segundo, artículo 90 de la C.P.
1.2. Se preste atención a que: 1) la calificación de su conducta en la demanda es de culpa grave, y 2) el demandante no allegó pruebas del elemento volitivo, es decir de culpa grave ni dolo, título bajo el cual la sentencia impugnada lo condena, 3) y no se señaló ni demostró cuál habría sido la finalidad distinta a la de mejorar el servicio, ni cómo esta habría beneficiado al nominador.
2.- Ha de ordenarse por el juez de tutela al Consejo de Estado, que la decisión:
2.1. Se fundamente en el análisis probatorio que corresponde al desvío de poder.
2.2. Se garantice el derecho al debido proceso, ciñendo su competencia a las pretensiones presentadas por las partes.
2.3. Se garantice el derecho del Dr. Luis Camilo Osorio Isaza al buen nombre, el cual resultó afectado al imputársele desviación de poder en la expedición de los actos administrativos mediante los cuales desvinculó al Sr. Arias de la Fiscalía General de la Nación, pues el único motivo que guio su actuación fue la defensa de los intereses prevalentes de la administración de justicia.
Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El señor José Elmer Arias Santa, que desempeñaba el cargo de técnico judicial II, adscrito a la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, fue investigado penalmente por el delito de tráfico de influencias y, el 17 de mayo de 2000 se le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a gozar de libertad provisional, y suspensión en el ejercicio de sus funciones.
2.2. El 17 de agosto de 2001, se le concedió al señor Arias Santa la libertad provisional, y este solicitó a la Fiscalía General de la Nación el reintegro al empleo.
2.3. Mediante Resolución 0-0607 del 8 de abril de 2002, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, declaró insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa, con fundamento en los artículos 251 de la Constitución Nacional, 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996 y 79 de la Ley 261 de 2000, que indican que se debe retirar del servicio al funcionario que se encuentre bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad, sin derecho a la libertad provisional.
2.4. El señor José Elmer Arias Santa interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo y, mediante Resolución 0-0890 del 16 de mayo de 2002, el Fiscal General de La Nación la confirmó.
2.5. Contra el señor Arias Santa se adelantó investigación disciplinaria, que fue archivada por la Coordinación de Control Disciplinario Interno Sede Ibagué, mediante auto del 16 de junio de 2005. Asimismo, mediante providencia del 2 de marzo de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró la prescripción de la acción penal que se adelantaba en su contra, por el delito de tráfico de influencias.
2.6. El señor José Elmer Arias Santa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, para obtener la nulidad de las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002, que declararon la insubsistencia, y solicitó el reintegro al cargo y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir.
2.7. Mediante sentencia del 7 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó el reintegro del demandante al cargo que ocupaba en la Fiscalía General de la Nación, y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro. En concreto, sostuvo que el nominador no tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, ni el derecho al debido proceso, que deben regir la facultad discrecional al dictar un acto de insubsistencia. Que, además, aplicó indebidamente el artículo 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996, pues no tuvo en cuenta que al demandante se le había concedido la libertad provisional.
2.8. En la audiencia de conciliación adelantada el 6 de diciembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación se comprometió a pagar el 80% del monto de la condena, pero sin efectuar el reintegro del demandante, quien aceptó la propuesta. Mediante auto del 25 de marzo de 2011, el tribunal aprobó el acuerdo conciliatorio.
2.9. Mediante la Resolución 721 del 20 de diciembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación dio cumplimiento a lo pactado en la audiencia de conciliación, y ordenó pagar al señor José Elmer Arias Santa la suma de $318’839.821.
2.10. El 19 de diciembre de 2013, la Nación, Fiscalía General de la Nación, interpuso demanda de repetición contra el señor Luis Camilo Osorio Isaza, con el fin de obtener el reintegro de los $318’839.821 que pagó al señor José Elmer Arias Santa, con ocasión del acuerdo conciliatorio celebrado el 6 de diciembre de 2010. En concreto, alegó que la sentencia de nulidad y restablecimiento se fundamentó en la causal de desviación de poder, lo que daba lugar a inferir que el funcionario había actuado con culpa grave.
2.11. Mediante sentencia de única instancia del 13 de noviembre de 2018 (objeto de la tutela), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, condenó al señor Luis Camilo Osorio Isaza a reintegrar a la Nación, Fiscalía General de la Nación la suma de $156’641.784, equivalente al 50% de la suma pagada en virtud del acuerdo conciliatorio del 6 de diciembre de 2010, al encontrarlo responsable, a título de dolo, por expedir, con desviación de poder, las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo del mismo año, que declararon insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa.
2.11.1. La magistrada María Adriana Marín aclaró el voto, para señalar que: (i) la decisión, para sostener que el acto de insubsistencia había incurrido en desviación de poder, se basó en una sentencia de la Sección Segunda de la Corporación, expedida el 21 de mayo de 2009, es decir, en un pronunciamiento que estableció una subregla jurisprudencial que no estaba vigente al momento en que se expidió el acto de insubsistencia (año 2002), (ii) no se encuentran configurados los elementos para que se aplique la presunción de dolo, establecida en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pues la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no declaró configurada la causal de desviación de poder, sino, simplemente, que se había desconocido el ordenamiento superior y el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, y (iii) el porcentaje de responsabilidad (reducción en un 50%) no debió determinarse en la liquidación de perjuicios, sino en el análisis de la imputación, pues ese análisis corresponde la participación o intervención del agente en la causación del daño, y no a la tasación del monto de la condena.
Argumentos de la acción de tutela
El señor Luis Camilo Osorio Isaza (i) defendió la legalidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del señor José Elmer Arias Santa; (ii) controvirtió la sentencia del 7 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia; (iii) cuestionó las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, y (iv) atacó la sentencia del 13 de noviembre de 2018, que resolvió la demanda de repetición. Lo anterior, con base en los argumentos que la Sala sintetiza así:
3.1. Defensa de la legalidad del acto de insubsistencia
3.1.1. Alegó que la declaratoria de insubsistencia del señor José Elmer Arias Santa obedeció a la necesidad de preservar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, teniendo en cuenta que ese empleado había confesado actos de corrupción, como solicitar contraprestaciones monetarias para proporcionar información relacionada con asuntos sobre los que tenía conocimiento, por el cargo que ocupaba en la Fiscalía, y que en el proceso penal que se adelantaba su contra se había decretado la medida de aseguramiento de detención preventiva.
3.1.2. En concreto, sostuvo que el señor Arias Santa desempeñaba el cargo de técnico judicial II, adscrito a la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, y que sus funciones consistían en «apoyar el desarrollo de las actividades requeridas en el ejercicio de la acción penal en los despachos de la Fiscalía para la adecuada ejecución de investigaciones y procesos, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente». Es decir, que participaba de actividades administrativas y funcionales relacionadas con las investigaciones penales a cargo de la Fiscalía, y, por eso, conocía información privilegiada que debía ser protegida, para evitar filtraciones y beneficios a los posibles inculpados.
Que la Fiscalía, en el curso de una investigación, interceptó llamadas telefónicas al señor Arias Santa y constató que este había incurrido en actos de corrupción, al dar información al secretario de la Lotería del Quindío, relacionada con un posible fraude ocurrido en el sorteo del 30 de septiembre de 1999, y al prometerse agasajos, en caso de que el proceso penal terminara de manera favorable a los intereses de dicha empresa.
Que la Fiscalía Seccional de Armenia suspendió al señor Arias Santa, mediante Resolución 0441 del 19 de mayo de 2000, en acatamiento de la orden del Fiscal 54 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Itagüí, que informó que el 17 de mayo de 2000 se había decretado medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva, sin derecho a gozar de libertad provisional, como posible autor de los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
Que, como lo mencionó la Fiscalía en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Arias Santa confesó en la indagatoria y en otras etapas de la investigación penal que había faltado a la lealtad y la probidad que debe acompañar la conducta del servidor judicial. Que, en específico, en declaración rendida ante el Fiscal 54 Seccional de Itagüí, admitió haber incurrido, a conciencia, en el delito que se le imputaba, y manifestó que con su conducta simplemente buscaba obtener un beneficio patrimonial.
3.1.3. Que, luego de transcurridos 23 meses y 13 días después de la suspensión originada en la medida de aseguramiento, el Fiscal General de la Nación advirtió que mantener de manera indefinida la suspensión del señor Arias Santa generaría una grave lesión al interés de la comunidad, de contar con un empleado que efectivamente operara y cumpliera con la función constitucional. Que, en tal sentido, se hizo evidente la inconveniencia de que el empleado continuara vinculado al servicio, pues estaba implicado en actos de corrupción, consumados con abuso del cargo público y del acceso a información privilegiada, con la finalidad de beneficiarse patrimonialmente.
3.1.4. Que, teniendo en cuenta que al señor Arias Santa se le concedió la libertad provisional el 16 de agosto de 2001, y solicitó el reintegro al cargo, pero no presentó a la Fiscalía la prueba del levantamiento de la medida de aseguramiento —lo que tampoco hizo durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho—, la Oficina Jurídica, mediante oficio OJ-00386 del 15 de marzo de 2002, emitió concepto favorable de desvinculación, en el que señaló que el empleado se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996.
Es decir, que, en conjunto con la Oficina Jurídica, el señor Luis Camilo Osorio Isaza, evidenció que era inaplazable la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor Arias Santa, en ejercicio de la potestad discrecional, para garantizar la operatividad de la entidad y del servicio público de Administración de justicia, con el nivel necesario de credibilidad.
Que el señor Osorio Isaza sopesó la gravedad de los hechos imputados al empleado, y concluyó que era incontrovertible su incompatibilidad con el ejercicio del cargo. Que el Fiscal General de la Nación efectuó un análisis cuidadoso de las particularidades del caso y adoptó las medidas necesarias para favorecer el interés público sobre el interés del empleado suspendido, que había sido protegido por casi dos años, durante los que el empleo se mantuvo vacante.
3.1.5. Que, con todo, el acto de insubsistencia se expidió en ejercicio de la facultad discrecional, y que para dictarlo el nominador contó con la asesoría de la Oficina Jurídica, y se basó en el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionado con el régimen aplicable a los empleados provisionales, que estaba vigente para la época. Y que, en todo caso, si bien al procesado se le confirió la libertad, eso obedeció al vencimiento de términos, por no haberse celebrado la audiencia inicial dentro del plazo de ley, conforme con lo establecido en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, y no a que él contara con el beneficio de libertad provisional.
Que, además, la insubsistencia fue concordante con la sentencia T-1315 de 2001, de la Corte Constitucional, que señaló que el otorgamiento de la libertad provisional no suspende ni revoca la medida de aseguramiento.
3.1.6. Por otro lado, alegó que, en el año 2002, cuando se declaró la insubsistencia del señor Arias Santa, no existía una postura pacífica en la jurisprudencia constitucional ni contencioso administrativa, en cuanto a la obligación de motivar los actos que desvinculaban del servicio a personas que ocupaban en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que, respecto de ese tema, solo se consolidó una línea interpretativa a partir de la sentencia SU-917 de 2010, de la Corte Constitucional.
Es decir, que, para la época en que dictó el acto de insubsistencia del señor Arias Santa, no existía un precedente jurisprudencial reiterado y pacífico sobre la materia, por lo que los funcionarios que tenían la potestad nominadora podían seguir cualquiera de las interpretaciones que sostenían la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Que, por tanto, acoger alguna de las posturas vigentes no podía ser entendido como un desvío de poder ni como una conducta dolosa o gravemente culposa.
3.1.7. Que para la época tampoco existía una postura jurisprudencial consolidada respecto de la interpretación del numeral 3º y el parágrafo del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, en cuanto a la posibilidad de desvincular empleados judiciales que estuvieren sujetos a la medida de aseguramiento privativa de la libertad, ni sobre la obligación de reincorporarlos al cargo, una vez dicha medida quedara sin efectos o se ordenara la libertad provisional.
Que, al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, señaló que la Administración de justicia y la sociedad se verían perjudicadas si se permitiera que una persona que se encontrare en cualquiera de las situaciones establecidas en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996 hiciera parte de la Rama Judicial.
Que si bien esa corporación, en la sentencia T-982 de 2004, sostuvo que no era indispensable retirar a todos los empleados que estuvieran sometidos a un juicio criminal, pues bastaría con separarlos temporalmente del servicio, mientras se decide de manera definitiva sobre su responsabilidad penal, lo cierto es que no fijó esa regla de manera categórica, sino que reconoció que, en algunos casos, en atención a la gravedad de los hechos, la insubsistencia era el mecanismo procedente para proteger el servicio público.
Que, por su parte, el Consejo de Estado, a finales de la década de los años 1990 e inicios de los años 2000, sostenía que el retiro por inhabilidad sobreviniente operaba por mandato de la ley, pues el interés protegido es colectivo, relacionado con necesidad de certeza de los antecedentes intachables del funcionario. Que dicha postura fue acogida por la Corte Suprema de Justicia, que estimó que no era administrativamente aceptable que un servidor judicial estuviere habilitado para ejercer la función pública, solo por haber sido favorecido con la libertad provisional.
Que solo hasta el año 2011, nueve años después de la declaratoria de insubsistencia del señor José Elmer Arias Santa, se consolidó una línea interpretativa que daba prelación a la suspensión sobre la declaratoria de insubsistencia, en atención a que la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente desaparecía cuando se levantaba la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Que, en tal sentido, la interpretación que indica que el empleado judicial gozaba de presunción de inocencia y que solo podía ser separado del cargo cuando estuviere privado de la libertad, sin el beneficio de libertad condicional, no estaba consolidada cuando inició la investigación contra el señor Arias Santa y, en consecuencia, el Fiscal General de la Nación no estaba obligado a aplicarla, pues contaba con un margen interpretativo para determinar cuál era la medida que mejor preservaba los intereses de la Administración de justicia.
3.2. Controversia contra el fallo del 7 de octubre de 2010, que resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho
3.2.1. El demandante cuestionó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia del 7 de octubre de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor José Elmer Arias Santa contra la Fiscalía General de la Nación, y dijo que la autoridad judicial aplicó al asunto las consideraciones que expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, en relación con los numerales 5º y 6º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, que no son aplicables al caso, pues el acto de insubsistencia se dictó con fundamento en el numeral 3º de esa disposición.
Que lo anterior condujo al tribunal a efectuar un planteamiento equivocado, cuando sostuvo que la insubsistencia de quien había sido afectado con la medida de aseguramiento de detención preventiva debía estar condicionada por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de la facultad discrecional.
3.2.2. Que el tribunal aplicó de manera indebida el criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-982 de 2004, que indica que no es perentorio retirar a los funcionarios que por diversas razones pueden estar sometidos a un juicio criminal, pues esa providencia fue expedida con posterioridad a la época de los hechos. Que, además, el tribunal no tuvo en cuenta que esa misma decisión precisó que no debía entenderse derogada la posibilidad de declarar la insubsistencia de funcionarios de la Rama Judicial, cuando contra estos pese medida de aseguramiento de detención preventiva, pues lo cierto es que hay casos en los que, en atención a la gravedad de los hechos, lo conveniente para la Administración de justicia es la insubsistencia.
3.3. Cuestionamientos contra las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación
3.3.1. Alegó que el Comité de Conciliación de la Fiscalía decidió iniciar el proceso de repetición contra el señor Luis Camilo Osorio Isaza, con fundamento en la supuesta configuración de la desviación de poder al expedir el acto de insubsistencia del señor José Elmer Arias Santa, a pesar de que la sentencia que resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nunca estudió esa causal de nulidad.
Que el Comité adoptó esa decisión en contravía de la recomendación de la apoderada de la entidad, que sostuvo rotundamente que no debía interponerse la acción de repetición, porque la insubsistencia del señor Arias Santa no era una decisión arbitraria, sino que estaba acorde con el criterio de la Oficina Jurídica de la Fiscalía, que, a su vez, se basó en las disposiciones de la Ley 270 de 1996, Estatuaria de la Administración de Justicia; en la Ley 938 de 2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, y en la jurisprudencia de las altas cortes, que permitieron descartar que se hubiese presentado culpa grave o dolo en la conducta del señor Osorio Isaza.
3.3.2. Explicó que el principio de los actos propios se refiere al deber de mantener coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, y está orientado a la protección de la seguridad jurídica y la buena fe, pues evita que las personas actúen de manera incongruente en sus relaciones jurídicas, esto es, protege a quien actúa de buena fe, por encima de quien se comporta de manera errática o deshonesta.
De acuerdo con lo anterior, señaló que la Fiscalía General de la Nación, en la demanda de repetición que instauró contra el señor Luis Camilo Osorio Isaza, varió la postura que había sostenido como defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en su contra por el señor José Elmer Arias Santa, pues es evidente la contradicción entre los argumentos principales expuestos en uno y otro proceso, lo que evidencia que la entidad actuó contra la buena fe.
Que, en el acta del comité de conciliación, en la que se tomó la decisión de instaurar la demanda de repetición, y en las actuaciones de ese proceso, la Fiscalía no expuso ninguna justificación para el cambio de postura, lo que demuestra que la decisión de instaurar el medio de control contra el señor Osorio Isaza no obedeció a una apreciación jurídica razonada sobre la responsabilidad del agente ni al cuidado del erario público, sino a un simple capricho de la entidad.
3.4. Controversia contra la sentencia del 13 de noviembre de 2018, que resolvió la demanda de repetición
3.4.1. Alegó que la sentencia del 13 de noviembre de 2018, que resolvió la demanda de repetición, lo condenó a título de dolo, aplicando la presunción consagrada en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pero sin que hubiera estado probada la desviación de poder en la expedición del acto que declaró la insubsistencia del señor José Elmer Arias Santa. Es decir, que la Corporación no explicó cuál era el motivo, diferente a la defensa de los intereses de la Administración de justicia, que buscó el Fiscal General de la Nación al declarar la insubsistencia del empleado.
3.4.2. Que la sentencia de repetición efectuó un escueto análisis de los antecedentes fácticos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y dio por cierto que la providencia del 7 de octubre de 2010, que agotó ese trámite, había declarado la nulidad del acto de desvinculación del señor Arias Santa bajo la causal de desviación de poder, cuando, en realidad, ese fallo no hizo ninguna referencia expresa ni tácita a esa clase de vicio y, de hecho, el demandante no presentó ninguna prueba orientada a demostrar que, al declarar la insubsistencia, el nominador hubiere utilizado los poderes o atribuciones propios del cargo para buscar una finalidad contraria al interés público o a la ley, ni que se hubiera beneficiado a sí mismo o que hubiere actuado ilegítimamente.
Que, como consecuencia de ese error, la autoridad judicial demandada no efectuó ningún razonamiento para establecer si se había configurado o no la desviación de poder y, en consecuencia, aplicó equivocadamente la presunción de dolo, establecida en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.
Que, en tal sentido, la magistrada María Adriana Marín aclaró el voto, al considerar que no había lugar a aplicar la presunción de dolo, porque la desviación de poder no había sido probada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, no podía ser la premisa del fallo condenatorio de repetición. Que, a su juicio, el criterio de la magistrada Marín no era realmente una aclaración, sino un salvamento de voto.
Que, también como consecuencia de ese error, la providencia invirtió la carga de la prueba al sostener que el señor Luis Camilo Osorio Isaza no había desvirtuado la ocurrencia de la desviación de poder, exigencia equivocada de la autoridad judicial, pues la entidad demandante era quien debía demostrar que el funcionario había incurrido en esa irregularidad.
3.4.2.1. Al respecto, agregó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, fijado por esa Sala en la sentencia del 11 de octubre de 2018, en la que sí efectuó un análisis detallado de las pruebas allegadas a la actuación, para determinar si el agente público demandado había actuado o no con desviación de poder y, en tal sentido, dilucidar si estaban dadas las condiciones para aplicar la presunción de dolo del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.
Que, en esa oportunidad, la autoridad judicial reiteró que la causal de desviación de poder tiene lugar cuando el acto persigue fines diferentes a los que ha fijado el ordenamiento jurídico, como cuando no se expiden en pro del interés general, del bien común o del mejoramiento del servicio público. Que, de acuerdo con eso, concluyó que, en el caso allí analizado, la potestad discrecional se había ejercido para favorecer intereses personales, y que, en consecuencia, había lugar a aplicar la presunción de dolo.
Que a diferencia del asunto analizado en esa oportunidad, en este caso la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no endilgó al agente público la desviación de poder, por lo que la autoridad judicial demandada debía analizar si en el expediente estaba probado que la facultad discrecional se había ejercido para alguna finalidad distinta al mejoramiento del servicio, lo cual no hizo.
3.4.3. Que la única prueba allegada al proceso de repetición, en la que se basó la autoridad judicial demandada para condenar al señor Luis Camilo Osorio Isaza, fue el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que no quedó demostrado que el acto se hubiere dictado con desviación de poder, situación que contradice la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que ha sostenido que la razón de la condena contra el agente estatal debe ser la intención viciada que subyace al acto administrativo.
Que, en todo caso, contra las conclusiones de la providencia objeto de tutela, al señor Osorio Isaza no le eran oponibles las pruebas recaudadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni las conclusiones que de estas extrajo el Tribunal Administrativo del Quindío, porque él no fue vinculado a ese trámite y no pudo exponer allí sus argumentos ni ejercer el derecho a la defensa.
3.4.4. Que la sentencia objeto de tutela aplicó el régimen de responsabilidad establecido en el inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, cuando el aplicable era en realidad el consagrado en el inciso segundo de esa disposición, que se refiere a la responsabilidad de los agentes del Estado, frente a las condenas impuestas a la Administración.
Al respecto, sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-619 de 2002, distinguió el juicio de responsabilidad del Estado y el del agente público, y dijo que el primero versa sobre la ocurrencia del daño antijurídico, independientemente de si la conducta fue o no ilegal, y que el segundo, por su parte, gira en torno a la actuación u omisión con culpa grave o con dolo. Es decir, que solo las conductas inadmisibles de los agentes estatales, viciadas de dolo o culpa grave, dan lugar a repetición, situación que no se presentó en el caso concreto, pues, al dictar el acto de insubsistencia, el señor Luis Camilo Osorio Isaza buscó la realización legítima de los principios de eficacia, eficiencia y moralidad.
3.4.5. Que, por otra parte, la providencia incurrió en defecto procedimental absoluto, por desconocimiento de los principios de consonancia, imparcialidad y justicia rogada, porque, a pesar de que la Fiscalía sostuvo en la demanda de repetición que el señor Osorio Isaza había incurrido en una conducta gravemente culposa, la autoridad judicial efectuó la imputación a título de dolo, por lo que suplantó a la entidad demandante y obró como juez y parte.
3.4.6. Por otro lado, sostuvo que la sentencia objeto de tutela vulneró la confianza legítima al actor, al aplicar jurisprudencia dictada con posterioridad a la época en la que se emitió el acto administrativo que declaró insubsistente al señor José Elmer Arias Santa.
Que, en concreto, para sustentar que el acto de insubsistencia había incurrido en desviación de poder, porque se dictó con base en la causal consagrada en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, que estimó no aplicable al caso, la providencia judicial controvertida invocó el fallo del 21 de mayo de 2009, que fue proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado con posterioridad a la época de los hechos. Es decir, que la decisión se basó en una regla jurisprudencial que no existía cuando se dictó el acto de insubsistencia.
Que, asimismo, se basó en un precedente que solo se hizo pacífico ocho años después de la expedición de los actos administrativos demandados, esto es, a partir de la sentencia SU-917 de 2010, proferida por la Corte Constitucional, que se refirió al deber de motivar los actos que desvinculan discrecionalmente del servicio a personas que ocupaban en provisionalidad empleos de carrera administrativa.
Que, además, en cuanto a la supuesta prohibición de desvincular al funcionario investigado penalmente, que ha sido beneficiado con la libertad provisional, el fallo se basó jurisprudencia emitida en el año 2011, es decir, nueve años después de la expedición del acto de insubsistencia.
3.4.7. Sostuvo que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto orgánico, porque el Consejo de Estado, Sección Tercera, no tiene competencia para juzgar la conducta del Fiscal General de la Nación, por tratarse de un funcionario cobijado por fuero constitucional, que solo puede ser sometido a juicios sancionatorios por parte del Congreso de la República, de conformidad con los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución.
Que, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-431 de 2015, el fuero constitucional incluye asuntos «penales y, adicionalmente, conductas y omisiones que, sin configurarse como delitos, queden cobijadas bajo la expresión indignidad por mala conducta, la cual apuntaría, de manera preliminar, a la órbita del llamado derecho sancionador, del cual hacen parte la esfera disciplinaria, contravencional y correctiva». Que, por tanto, al decir «hacen parte», es claro que no es una enumeración taxativa ni restrictiva, y se entiende que incluye todo acto que involucra una sanción impuesta por conductas u omisiones derivadas del ejercicio del cargo público.
Que la Corte Constitucional ha sostenido que el fuero constitucional incluye los asuntos de responsabilidad fiscal, porque (i) esta surge de la Constitución, (ii) en la base del reproche hay una conducta dolosa o gravemente culposa, y (iii) existe un cruce de competencias entre el investigado y el investigador, que puede poner en riesgo la independencia de un órgano del Estado. Que, a su juicio, esos mismos parámetros deben aplicarse a la acción de repetición, para concluir que el competente para conocerla es el Congreso de la República, y no por el Consejo de Estado. Que, además, si las acciones de repetición fueran conocidas por el Congreso, se resguardaría la independencia y autonomía de los órganos del Estado.
Que el Fiscal Luis Camilo Osorio Isaza tuvo a su cargo más de 20.000 servidores judiciales y lideró la reforma del sistema penal con oralidad, que actualmente se aplica también en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que, por tanto, no se encuentra justificado que algunos funcionarios sobre los que él tuvo la facultad discrecional nominadora, luego tuvieran la potestad de adelantar en su contra un juicio de responsabilidad, en el que pudieran interferir intereses y móviles de índole personal.
Que la consagración del fuero constitucional pretendió que el ejercicio de cualquier manifestación del ius puniendi del Estado estuviera reservada a la Comisión de Acusaciones. Que la interposición de una acción de repetición involucra el ejercicio del derecho sancionador, pues, además del pago de una eventual condena, conlleva a la imposición de la inhabilidad establecida en el último inciso del artículo 122 de la Constitución.
3.4.8. Luego, alegó que la providencia judicial objeto de tutela incurrió en un error inducido por la Fiscalía General de la Nación, que en la acción de repetición varió injustificadamente el criterio que había expuesto como defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Que, adicionalmente, la actuación contradictoria de la Fiscalía, de no vincular al señor Luis Camilo Osorio Isaza al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por José Elmer Arias Santa, generó una flagrante vulneración del derecho a la defensa, pues el actor no había tenido la posibilidad de intervenir en ese trámite, para exponer sus argumentos y ejercer la defensa.
Que, además, la Fiscalía decidió no agotar los recursos que tenía a su disposición contra la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, y optó por conciliar con el señor Arias Santa, para luego iniciar el proceso de repetición, lo que demuestra el estado de indefensión en el que se encontraba el actor, que no pudo defender la legalidad del acto administrativo de insubsistencia que él dictó, pero luego sí fue condenado a responder con su patrimonio, por la declaratoria de nulidad del mismo.
3.4.9. Por último, sostuvo que la providencia controvertida incurrió en desconocimiento de precedente de la Corte Constitucional, relacionado con la protección del derecho fundamental al debido proceso.
Trámite procesal
4.1. Mediante auto del 1º de marzo de 2019, el despacho sustanciador admitió la tutela y denegó la medida provisional solicitada en la demanda. En calidad de demandados, ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que dictaron la providencia objeto de tutela. Como tercero con interés, ordenó vincular a la Fiscalía General de la Nación, entidad demandante en el proceso de repetición.
4.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la corporación practicó las notificaciones a la autoridad judicial demandada y al tercero con interés.
Intervención de la autoridad judicial demandada
5.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la sentencia del 13 de noviembre de 2018, sostuvo que si bien la Fiscalía alegó en la demanda de repetición que el señor Luis Camilo Osorio Isaza había incurrido en desviación de poder, al dictar el acto de insubsistencia de José Elmer Arias Santa, y que eso configuraba la culpa grave, la providencia objeto de tutela precisó que, de conformidad con el artículo 5, numeral 1º, de la Ley 678 de 2001, dicha causal de nulidad permitía presumir el dolo del agente.
5.2. Que, con fundamento en el criterio fijado en la sentencia del 1º de marzo de 2018, la Sala precisó que la Fiscalía había efectuado válidamente la imputación de responsabilidad del agente, porque expuso los argumentos necesarios para fundamentar el desvío de poder, tanto es así, que el demandado se defendió de esa acusación. Que, cuestión diferente es que la entidad se haya equivocado al indicar que esa causal de nulidad del acto hacía presumir la culpa grave, pues en realidad la norma se refiere al dolo.
5.3. Que, en tal sentido, la Fiscalía demostró el hecho en el que se sustentó la presunción de dolo, esto es, la desviación de poder, pues la declaratoria de insubsistencia que originó la condena se fundamentó en el artículo 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996, que establece que no puede ejercer cargos en la Rama Judicial quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional, es decir, en una norma no aplicable al caso, toda vez que al señor José Elmer Arias Santa se le concedió la libertad provisional.
5.4. Que, luego de haber dilucidado lo anterior, analizó si el señor Luis Camilo Osorio Isaza había desvirtuado la presunción de dolo, pero evidenció que los argumentos de la defensa se habían centrado en (i) cuestionar el traslado del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la condena, pues, a su juicio, dicha prueba no le era oponible, y (ii) alegar que no había incurrido en una actuación contraria a derecho, condenable por vía de repetición.
Que, frente al primero de esos argumentos, la sentencia expuso que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sí vinculaba al señor Osorio Isaza, pues su participación en la condena fue determinante, si se tiene en cuenta que fue quien dictó el acto anulado. Que, frente al segundo argumento, la Sala concluyó que el actor no había solicitado la práctica de ninguna prueba encaminada a demostrar la inexistencia de la desviación de poder ni a defender la legalidad de la actuación.
Intervención de terceros
6.1. La directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía General de la Nación sostuvo que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, porque el demandante pudo controvertir la sentencia del 13 de noviembre de 2018 a través del recurso extraordinario de revisión, y que el actor no expuso ninguna justificación para la falta de interposición de ese medio de defensa.
Al respecto, agregó que, en sentencia del 18 de febrero de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado denegó una acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al estimar que la nulidad procesal que allí se alegó encuadraba en la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por lo que debió interponerse dicho recurso extraordinario.
Que, asimismo, la tutela es improcedente, pues que el demandante no ejerció debidamente la defensa en el proceso de repetición, si se tiene en cuenta no aportó ni solicitó la práctica de pruebas y presentó alegatos de conclusión de manera extemporánea, situación que hace evidente que lo que pretende es valerse de la solicitud de amparo para revivir discusiones jurídicas ya agotadas. Que, en todo caso, el demandante no demostró encontrarse frente a un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela de manera excepcional.
CONSIDERACIONES
De la acción de tutela contra providencias judiciales
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es: (i) la relevancia constitucional; (ii) el agotamiento de los medios ordinarios de defensa; (iii) la inmediatez; (iv) que si se trata de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo o determinante; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, y que esa vulneración se hubiere alegado en el proceso judicial, y (vi) que no se cuestione una sentencia de tutela.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
Planteamiento del problema jurídico
2.1. La Fiscalía General de la Nación alegó que la tutela era improcedente, por falta del requisito de subsidiariedad, porque el señor Luis Camilo Osorio Isaza podía controvertir la sentencia del 13 de noviembre de 2018 a través del recurso extraordinario de revisión.
2.1.1. Al respecto, es pertinente precisar que esta corporación, en sentencia del 3 de febrero de 2015, precisó que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional del proceso contencioso administrativo, sino que se trata de una nueva demanda, que se promueve contra la sentencia que resolvió la controversia en segunda instancia. Este recurso no está previsto para controvertir los fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa del juez, sino para discutir ciertos hechos externos a su labor funcional que afectan el principio de justicia. El objeto del recurso extraordinario de revisión no es otro que decidir si un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada debe ser infirmado por haber incurrido en alguna de las causales taxativamente señaladas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.2. En este caso, ninguno de los argumentos expuestos por el señor Osorio Isaza contra la sentencia del 13 de noviembre de 2018 encuadra en alguna de las causales de revisión establecidas en esa normativa y, en consecuencia, no podría exigírsele agotar ese recurso extraordinario, previo a la interposición de la acción de tutela.
2.2. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala pasa a estudiar los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales.
2.2.1. La Sala advierte que, en la acción de tutela, el señor Luis Camilo Osorio Isaza expuso argumentos para (i) defender la legalidad del acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa; (ii) controvertir la sentencia del 7 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la nulidad de dicho acto; (iii) cuestionar las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, y (iv) atacar la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2.2. No obstante, la Sala abordará el análisis del asunto únicamente respecto de la controversia planteada contra la sentencia del 13 de noviembre de 2018, pues lo cierto es que todos los argumentos de la tutela giran en torno a la declaratoria de responsabilidad del señor Luis Camilo Osorio Isaza, a título de dolo, por expedir con desvío de poder el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de José Elmer Arias Santa, y a la consecuente imposición de la condena a pagar una proporción de la suma reconocida por la Fiscalía General de la Nación, en virtud del acuerdo conciliatorio, decisiones que se concretaron en esa providencia.
2.3. En consecuencia, en los términos de la demanda, el problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto procedimental, en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo, al declarar responsable a título de dolo al señor Luis Camilo Osorio Isaza, entonces Fiscal General de la Nación, por expedir con desvío de poder el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa.
2.3.1. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá a la sentencia del 7 de octubre de 2010, que agotó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; analizará los precedentes jurisprudenciales en los que se basó la decisión materia de controversia; estudiará las razones expuestas en el fallo del 13 de noviembre de 2018, objeto de tutela; explicará brevemente las causales de nulidad de los actos administrativos de desviación de poder e infracción a las normas en que deben fundarse; establecerá si el juez del proceso de repetición está facultado para estudiar la legalidad del acto administrativo que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad del agente, y, finalmente, adoptará la decisión que corresponda en el caso concreto.
Solución del Caso
La Sala anticipa que la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto procedimental, en aplicación indebida del precedente y en defecto sustantivo, y vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Luis Camilo Osorio Isaza, por las razones que pasan explicarse.
3.1. Configuración del defecto procedimental y de la aplicación indebida del precedente fijado por la misma Sala en la sentencia del 1º de marzo de 2018
3.1.1. La Sala estima pertinente citar los argumentos con base en los cuales la sentencia del 7 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, declaró la nulidad de las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002, por medio de las cuales el señor Luis Camilo Osorio Isaza, entonces Fiscal General de la Nación, declaró insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa, que ocupaba el cargo de técnico judicial II, adscrito a la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. En concreto, la providencia sostuvo:
(…) De las anteriores manifestaciones hechas por la Fiscalía en la Resolución que resuelve el recurso de Reposición, se pueden concluir dos cosas, la primera que la Fiscalía acepta que el señor José Elmer Arias Santa, sí le fue concedido el beneficio de libertad provisional, y segunda que el sentir de la Fiscalía Respecto de la aplicación de la inhabilidad antes mencionada, debe ser de forzoso, ineludible y obligatorio cumplimiento.
Como quedó antes expuesto, la declaratoria de insubsistencia por inhabilidad señalada en el numeral 3° del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, no puede ser aplicada de plano, tal y como se observa lo hizo la Fiscalía en el presente caso. A contrario sensu, dicha decisión debe realizarse de forma razonada y razonable, y con garantía de los derechos fundamentales en comento.
Posteriormente, en la investigación penal que se le estaba adelantando al señor José Elmer Arias Santa, por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Medellín, por medio de auto 2 de marzo de 2007, se resolvió declarar la prescripción de la acción penal (…).
Igualmente la investigación disciplinaria adelantada en su contra, por la Coordinación del Grupo de Control Disciplinario Interno Sede Ibagué, se archivó mediante auto de 16 de junio de 2005.
Aunado a lo anterior y al no existir en la actualidad investigaciones pendientes en contra del señor José Elmer Arias Santa, y teniendo en cuenta que la libertad provisional le fue otorgada el 16 de agosto de 2001, y que la Resolución que declaró su insubsistencia fue proferida el 8 de abril de 2002, es decir, cuando ya se encontraba gozando de este beneficio, se puede concluir que no existen razones para el retiro del cargo del señor José Elmer Arias Santa.
Teniendo en cuenta las condiciones del caso concreto, si al momento de proferirse la medida de aseguramiento se ordenó la suspensión del cargo, para evitar el mal funcionamiento de la administración, al momento de evaluar la declaratoria de insubsistencia se debió haber tenido en cuenta que el señor José Elmer Arias Santa se encontraba en libertad provisional, y en lugar de levantarle la medida de suspensión, al menos dejársela vigente hasta tanto se haya decidido su situación judicial, en este caso, hasta que se profiriera el auto que declaró la prescripción de la acción, en lugar de declararlo insubsistente, debido a que, como se puede observar, con la actuación de la Fiscalía se causó un daño mayor al que se estaba buscando evitar.
Por lo tanto, se procederá a declarar la nulidad de la Resolución (…) al encontrarse que no se tuvieron en cuenta los principios de debido proceso, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que deben regir la facultad discrecional del nominador al dictar un acto de insubsistencia, y se obvió la circunstancia fáctica de que para el momento de la expedición del acto administrativo, el demandante se encontraba en libertad provisional. (Subrayado fuera de texto).
3.1.2. De acuerdo con lo anterior, la sentencia del 7 de octubre de 2010 anuló el acto administrativo que declaró insubsistente al señor José Elmer Arias Santa, al estimar que el Fiscal General de la Nación había ejercido indebidamente la facultad discrecional, al aplicar de plano la inhabilidad establecida en el numeral 3° del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, sin atender a los principios proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, y sin tener en cuenta que, al momento de la expedición del acto administrativo, al empleado se le había otorgado el beneficio de libertad provisional, por lo que el correcto proceder del nominador habría sido mantener la suspensión hasta que se emitiera la decisión definitiva en el proceso penal.
3.1.3. Siendo así, para la Sala, la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia se produjo por la infracción a las normas en que debía basarse, en concreto, por desconocimiento del artículo 36 Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo – CCA, y por aplicación indebida del numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, que, a juicio de la autoridad judicial, no era aplicable al caso, porque exige que la medida de aseguramiento a la que esté sometido el empleado implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional, y a José Elmer Arias Santa se le había concedido ese beneficio.
3.1.4. Por su parte, en la sentencia del 13 de noviembre de 2018, objeto de tutela, la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación efectuó el siguiente análisis:
En vista de lo expuesto, cabe advertir que en sentencia del 1° de marzo de 2018, la Subsección explicó los tres escenarios bajo los cuales la parte demandante en una acción de repetición puede imputarle a su servidor, ex servidor o particular que desempeñe funciones públicas una conducta dolosa o gravemente culposa. Así (se transcribe de forma literal):
“[L]a parte demandante, para la prosperidad de la repetición, debe aportar pruebas que demuestren la culpa grave o el dolo del funcionario vinculado al proceso, y que, precisamente, por dicha conducta cumplida en ejercicio de sus funciones, se causó un daño por el cual la entidad pública debió reconocer una indemnización impuesta en una sentencia judicial condenatoria o en una conciliación, entre otras.
“Desde esta perspectiva, la Sala advierte tres posibles escenarios en los cuales la entidad estatal demandante puede imputarle una conducta dolosa o gravemente culposa al agente estatal, con la finalidad de comprometer su responsabilidad patrimonial:
“i) El primer evento, y el más común, se presenta cuando, en el libelo, el Estado estructura la responsabilidad del demandado en uno de los supuestos consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en los cuales se presume el dolo o la culpa grave que le es imputable al agente público en nexo con el servicio, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
(…)
“ii) Pueden existir situaciones en las cuales, aunque en la demanda no se identifica expresamente uno de los supuestos que hacen presumir el dolo o la culpa grave del demandado, los argumentos esbozados por el extremo activo de la litis son suficientes para que el juez pueda enmarcar su motivación en uno de los mencionados supuestos. Así pues, el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá razonar con suficiencia los móviles y fundamentos en los que se basa la presunción que alega, para que el juez pueda encuadrarla en uno de los supuestos de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001.
“En otras palabras, puede ocurrir que se demande en repetición sin que se invoque de manera particular uno o varios de los eventos en los que se presume la culpa grave o el dolo, pero con la carga de que la parte actora le suministre al juez una argumentación tal que le permita enmarcar la conducta del agente en uno de los supuestos indicados en precedencia.
“Lo anterior encuentra respaldo en que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto.
(…).
En ese orden de ideas, la Sala precisa que la Fiscalía General de la Nación realizó la imputación de responsabilidad válidamente, porque expuso los argumentos necesarios a través de los cuales dio a entender que el demandado incurrió en una desviación de poder, tan es así, que este se defendió de esa acusación, cuestión diferente es que se haya equivocado al indicar que esa causal hacía presumir una conducta culposa y no dolosa, según lo prescribe el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001.
Así las cosas, se continuará con el estudio del presente asunto, pero desde la óptica de una conducta dolosa derivada de la desviación de poder constitutiva de la nulidad del acto. (Subrayado fuera de texto).
3.1.5. Entonces, la Subsección A de la Sección Tercera de la corporación invocó el precedente fijado por esa misma Sala en la sentencia del 1º marzo de 2018, que sostuvo que, para que el juez del proceso de repetición proceda a estudiar si la conducta del agente encuadra en alguna de las causales establecidas en los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 (que permiten presumir el dolo o la culpa grave), basta con que la Administración identifique las razones por las que se configuró la responsabilidad. Es decir, que no interesa que la entidad demandante no haya efectuado una imputación concreta en cuanto a la causal configurada o a si la misma constituía culpa grave o dolo.
Con base en ese precedente, la autoridad judicial demandada señaló que la Fiscalía había expuesto los argumentos necesarios para sostener que el acto de insubsistencia dictado por el señor Luis Camilo Osorio Isaza estaba viciado de desviación de poder, aunque la entidad se hubiere equivocado al decir que ese supuesto permitía presumir la culpa grave, pues, en realidad, daba lugar a la presunción de dolo.
3.1.6. No obstante, para la sala, el precedente fijado en la sentencia del 1º marzo de 2018, invocado por la providencia objeto de tutela, no era aplicable al sub lite, pues en esa oportunidad se estudió la responsabilidad de un soldado profesional que disparó accidentalmente el arma de dotación y causó lesiones a un compañero. Por tanto, en ese caso el que el juez de repetición tenía libertad para, al efectuar el análisis de la imputación, determinar en cuál de las situaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 encuadraba el asunto y, por contera, para establecer a qué título (dolo o culpa grave) se configuraba la responsabilidad del agente.
En el caso bajo estudio, por el contrario, la declaratoria de responsabilidad del funcionario se desprendió de la nulidad de un acto administrativo dictado por él. Por lo tanto, las razones por las que la expedición del acto podría dar lugar a la responsabilidad de agente deberían estar dadas por la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que efectúa el análisis de legalidad de la decisión administrativa.
Al respecto, vale traer a colación el pronunciamiento del 17 de septiembre de 2018, en el que la Sección Tercera, Subsección C, de la corporación sostuvo que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho determinaba, para el juez de repetición, si el acto administrativo había incurrido en desvío de poder:
15. La presunción de dolo del numeral 1° del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por obrar con desviación de poder, se configura cuando se concluye en el fallo que en el acto administrativo el funcionario público utilizó su competencia para fines distintos de aquellos que le sirven de fundamento.
Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, porque si el juez administrativo concluye que la decisión fue producto de desviación de poder del funcionario, este criterio ata al juez de repetición, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la “presunción” (Subrayado fuera de texto).
3.1.7. Por lo tanto, la causal bajo la que podía configurarse la responsabilidad del señor Luis Camilo Osorio Isaza estaba delimitada por las consideraciones de la sentencia del 7 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia, pues es el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el que tiene la potestad de determinar en cuál causal de nulidad incurrió el acto administrativo. Esa competencia, entonces, que involucra efectuar el examen de legalidad del acto, no podía ser asumida por la autoridad judicial demandada, al actuar como juez de repetición.
3.1.8. En todo caso, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada extrajo del pronunciamiento del 1º de marzo de 2018, que invocó como precedente aplicable al caso, una conclusión que no se desprendía del mismo. En efecto, el hecho de que la simple manifestación de la entidad demandante, acerca de los hechos que configuraron la responsabilidad del agente, habilite al juez de repetición para analizar cuál de las causales de los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 se configuró (conclusión de la providencia del 1º de marzo de 2018), no implica, como sostuvo la autoridad judicial demandada, que dicho juez esté autorizado para establecer en cuál causal de nulidad incurrió el acto administrativo, pues esa competencia, se insiste, la tiene el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.1.9. Así las cosas, la Sala estima que la sentencia del 13 de noviembre de 2018 incurrió en defecto procedimental y en aplicación indebida del precedente fijado en la sentencia del 1º de marzo de 2018, al asumir la competencia para estudiar si las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002, dictadas por el señor Luis Camilo Osorio Isaza, entonces Fiscal General de la Nación, habían incurrido en desviación de poder, pues la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que declaró la nulidad de esos actos, no se refirió a esa causal.
3.2. Aplicación indebida del precedente fijado en la sentencia del 21 de mayo de 2009, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que es posterior a la época de los hechos
3.2.1. Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, la Sala estima conveniente referirse a las razones por las que la autoridad judicial demandada concluyó que el acto administrativo de insubsistencia estaba viciado por desvío de poder. En concreto, la providencia atacada efectuó el siguiente análisis:
En este punto, cabe anotar que la declaratoria de insubsistencia que originó la condena objeto del sub lite se sustentó en el artículo 150.3 de la Ley 270 de 1996, según el cual no podría ejercer cargos en la Rama Judicial “quien se [encontrara] bajo medida de aseguramiento que [implicara] la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional” (se destaca).
(…)
Se recuerda que la Fiscalía General de la Nación alegó en el libelo introductorio que el hoy demandado incurrió en una desviación de poder, causal de nulidad de los actos administrativos que ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así (se transcribe de forma literal):
(…)
De conformidad con las precisiones expuestas, para la Sala es evidente que la Fiscalía General de la Nación demostró el hecho en el cual se apoya la presunción de dolo, esto es, la desviación de poder, porque el señor Osorio Isaza, al proferir el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa, justificó esa actuación administrativa en el contenido del artículo 150.3 de la Ley 270 de 1996, que, por las particularidades del caso, no le resultaba aplicable, por una importante razón, al mencionado ciudadano se le había concedido la libertad provisional y esa normativa exigía, para que surgiera la causal de inhabilidad, que en contra del servidor judicial se hubiere dictado una medida de aseguramiento pero sin derecho a ese beneficio.
Cabe mencionar que la Sección Segunda de la Corporación, en sentencia del 21 de mayo de 2009, reiterada en lo sucesivo, indicó que la causal de inhabilidad en comento debía aplicarse atendiendo al contenido del artículo 36 del CCA, según el cual la facultad discrecional resultaba válida, siempre y cuando fuera adecuada a los fines de la norma que la autorizaba y proporcional a los hechos que le servían de causa; de tal manera que, dependiendo de cada caso particular, el nominador podía optar por medidas menos gravosas, hasta tanto se decidiera definitivamente la situación jurídica del implicado, tal como la suspensión del empleo. Si no lo hacía incurría en la causal de nulidad conocida como desviación de poder (se transcribe de forma literal):
“(…) Para la Sala, ciertamente el acto administrativo de insubsistencia fue expedido al concurrir una causal de inhabilidad sobreviniente para el ejercicio de cargos en la rama judicial conforme lo previsto en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 3º del artículo 79 del Decreto 261 de 1996; sin embargo, como quiera que se trata del ejercicio de una facultad discrecional, la interpretación y aplicación de dichas normas debe hacerse en armonía con aquélla que autoriza al nominador la adopción de la medida, siempre y cuando sea ‘adecuada a los fines de la norma que la autoriza’ y ‘proporcional a los hechos que le sirven de causa’ (art. 36 C.C.A).
“Y, es en este último aspecto en el que se detiene la Sala, para señalar, que si bien al tenor de lo previsto en el PARÁGRAFO del artículo 150, de la Ley 270 de 1996 se establece que aquellos nombramientos de la Rama Judicial en los que surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, dentro de las que cuenta la que interesa al caso concreto, esto es, ‘Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional’, ‘serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial’, la norma en mención no puede ser aplicada atendiendo sólo a su interpretación gramatical para considerar lo allí dispuesto como un imperativo de inexorable cumplimiento en todas aquellas circunstancias en las que recaiga la enunciada medida de aseguramiento, pues debe entenderse como una potestad administrativa que el nominador ejerce con plena garantía de los derechos fundamentales de los servidores incursos en el juicio penal, atendiendo las circunstancias que se evidencian en cada caso en particular, sin dejar de considerar el fundamento ético que permite la realización de la consecuencia jurídica prevista en la mencionada norma.
“En otras palabras, y como lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es procedente decretar de plano la insubsistencia de un funcionario de la Rama Judicial por el hecho de haber sido afectado con una medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a excarcelación, ‘ya que corresponde al nominador con sujeción a los principios de inmediatez, objetividad y proporcionalidad determinar mediante un procedimiento administrativo si hay lugar o no a su declaratoria’.
“Por lo anterior, la Sala prohíja la tesis expresada por el Tribunal de primera instancia, y precisa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 del Decreto 261 de 2000 en aquellos casos en los que concurra en el servidor judicial la causal de inhabilidad sobreviniente consistente en estar ‘bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional’, el nominador debe actuar con criterios de razonabilidad y proporcionalidad que le permitan establecer frente a cada caso en particular la procedencia de la medida de declaratoria de insubsistencia, pues el mismo legislador ha previsto otras opciones que resultan más favorables para el servidor en cuanto no implican la pérdida del empleo, sin que se afecte la recta y eficaz administración de justicia, como es el caso de la suspensión temporal en el cargo, decisión que resulta menos lesiva frente a los derechos de rango constitucional que le asisten al funcionario enjuiciado y que se mantendría hasta tanto se decida por la autoridad competente su responsabilidad penal (…).
“El acto administrativo de declaratoria de insubsistencia está viciado por desviación de poder, en tanto que la autoridad administrativa al utilizar su poder discrecional se apartó de los fines que el legislador confirió a esta clase de actuaciones, al consagrar una serie de limitaciones para quienes desempeñan cargos en la Rama Judicial.
“Por las razones que anteceden se impone declarar incólume la sentencia del Tribunal que accedió a las súplicas de la demanda” (se destaca).
Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala analizar si el señor Osorio Isaza desvirtuó la presunción indicada, para lo cual se recuerda que sus argumentos de defensa se centraron en descalificar el traslado del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la condena que sustentó este proceso, pues, a su juicio, este no le era oponible, en la medida en que no fue parte del mismo; de otro lado, alegó que no incurrió en una actuación contraria a derecho y condenable en materia de repetición.
En cuanto al primer argumento, la Subsección advierte que el proceso dentro del cual se ordenó el pago de la indemnización que ahora se reclama, sí lo vincula, dado que su participación en la condena fue determinante, porque fue la persona que expidió los actos administrativos que allí se anularon y que dieron lugar al pago de la suma de dinero que la Fiscalía General de la Nación pretende recuperar, de ahí que no pueda relevarse de responsabilidad, sobre el punto, la Sala, en sentencia del 11 de octubre de 2018, en un asunto de similares connotaciones, explicó:
(…)
Con observancia de lo expuesto, en este asunto el señor Luis Camilo Osorio Isaza contó con todas las oportunidades procesales para controvertir las pruebas que la Fiscalía General de la Nación solicitó que se practicaran a fin de demostrar los hechos de la demanda, porque se decretaron e incorporaron en debida forma con su audiencia, sin que a lo largo del proceso las tachara o las desvirtuara.
En lo que tiene que ver con el segundo de los argumentos de defensa del demandado –inexistencia de desviación de poder– la Sala encuentra que no solicitó la práctica de ningún medio de prueba tendiente a demostrarla, y que solo expuso consideraciones generales, sin que explicara y acreditara cuál fue el procedimiento administrativo interno que adelantó para declarar la insubsistencia, por qué su decisión fue la mejor, qué motivos le llevaron a tomar esa y no otra. En fin, los pormenores de su actuación, que le permitieran a la Sala examinar su comportamiento y descartar la presunción que pesaba en su contra.
Con todo y lo anterior, no se puede desconocer que el hoy demandando, según se anotó en los hechos probados, al momento de expedir las resoluciones que originaron la condena, estuvo asesorado por la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.
Al respecto, la Sala debe señalar que esa situación no es suficiente para exonerarlo de responsabilidad, puesto que, de conformidad con el artículo 251.2 de la Constitución Política, en su condición de nominador de la entidad a su cargo, tenía la última palabra frente a la decisión que adoptó, de modo que el concepto que la Oficina Jurídica emitió constituía un referente más, que bien podía acoger o no (Subrayado fuera de texto).
3.2.2. De acuerdo con el aparte citado, la autoridad judicial demandada concluyó que se encontraba acreditado que el acto de insubsistencia dictado por el señor Luis Camilo Osorio Isaza estaba viciado de desviación de poder, porque aplicó la causal de inhabilidad establecida en el artículo 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996, que, a su juicio, no regía el caso, pues exigía que la medida de aseguramiento a la que estuviera sometido el empleado no diera lugar a la libertad provisional, y al señor José Elmer Arias Santa, justamente, se le había concedido ese beneficio.
3.2.3. Luego, invocó la sentencia del 21 de mayo de 2009, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que sostuvo que, aunque el parágrafo del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 establecía que los servidores de la Rama Judicial, que fueren afectados por inhabilidad sobreviniente originada en alguna de las causales consagradas en ese artículo, debían ser declarados insubsistentes mediante providencia motivada, el acto de insubsistencia, por dictarse en ejercicio de la facultad discrecional, debía emitirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 CCA.
Que, entonces, de acuerdo con lo sostenido en dicha providencia, el parágrafo del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 no podía interpretarse y aplicarse de manera gramatical, sino que, dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, mediante un procedimiento administrativo, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el nominador debía determinar si era indispensable la insubsistencia o si podían aplicarse medidas menos gravosas, como mantener la suspensión del empleado, hasta que se decidiera definitivamente el proceso penal.
3.2.4. Sin embargo, la Sala advierte que la providencia invocada por la autoridad judicial demandada no era precedente aplicable al asunto, pues si bien resolvió un caso en el que un nominador, en ejercicio de la facultad discrecional, había declarado la insubsistencia a una empleada de la Fiscalía General de la Nación, que estaba sometida a una medida de aseguramiento privativa de la libertad, lo cierto es que fue proferida ocho años después de la expedición de los actos administrativos que dieron origen a la demanda de repetición y, por contera, no podían extraerse de esta los parámetros para juzgar la conducta del señor Luis Camilo Osorio Isaza.
3.2.5. Esta Sala, en anteriores oportunidades ha sostenido que, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el operador jurídico (judicial o administrativo), al momento de decidir un caso posterior.
3.2.6. No obstante lo anterior, la Sala estima conveniente señalar que las circunstancias que en ese caso llevaron se declarara la nulidad del acto demandado fueron diferentes a las que tuvo en cuenta la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación, para concluir que el acto de insubsistencia de José Elmer Arias Santa había incurrido en desvío de poder. En efecto, la providencia invocada efectuó el siguiente análisis:
En el caso concreto, la hoja de vida de la actora calificada por sus méritos personales derivados de su experiencia en los distintos cargos que desempeñó, así como su preparación académica, constituye razón suficiente para demostrar que el nominador a través de la suspensión administrativa en el ejercicio del cargo, podía asegurar la vigencia de un orden justo, y la recta y eficaz administración de justicia, hasta tanto se decidiera, conforme al principio de presunción de inocencia, la responsabilidad penal de la enjuiciada, haciendo de esta manera menos gravosa su situación laboral, con garantía de sus derechos fundamentales.
Estas circunstancias por sí solas demuestran que la expedición del acto de insubsistencia, desconoce la previsión del artículo 36 del C.C.A. El contenido discrecional de una decisión administrativa debe adecuarse a los fines de la norma que la autoriza, así como ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. Sólo un criterio objetivo y razonable que justifique la elección entre las alternativas de las que dispone la administración en casos como el presente, permite constatar si la decisión que se adopta respeta los límites establecidos por el mencionado artículo 36 del C.C.A.
El acto administrativo de declaratoria de insubsistencia está viciado por desviación de poder, en tanto que la autoridad administrativa al utilizar su poder discrecional se apartó de los fines que el legislador confirió a esta clase de actuaciones, al consagrar una serie de limitaciones para quienes desempeñan cargos en la Rama Judicial.
3.2.7. Entonces, frente al caso concreto allí estudiado, la providencia del 21 de mayo de 2009 concluyó que la hoja de vida de la demandante, por los méritos personales derivados de la experiencia profesional obtenida en varios cargos, permitía concluir que la medida más razonable y proporcionada para el nominador no era la declaratoria de insubsistencia, sino mantener la suspensión, hasta que se decidiera de fondo el proceso penal. Valga señalar que el fallo invocado no sostuvo que, en todos los casos, el nominador debiera abstenerse de decretar la insubsistencia para mantener la suspensión, sino que esa era una conclusión a la que debía arribarse en atención a las circunstancias de cada caso concreto.
De acuerdo con eso concluyó que, al dictar el acto de insubsistencia allí cuestionado, no se habían tenido en cuenta las previsiones del artículo 36 CCA, pues no se atendió a criterios de razonabilidad. Con base en eso, estimó que el acto no se había dictado para buscar la finalidad para la cual la ley confiere al nominador la facultad discrecional, y que, por tanto, se había dictado con desvío de poder.
3.2.8. En este caso, para concluir que se había configurado la desviación de poder, la autoridad judicial demandada no analizó, como sí lo hizo la Sección Segunda, Subsección B, en la decisión invocada, si en el caso del señor José Elmer Arias Santa se presentaban circunstancias que permitieran concluir que la medida más razonable fuera mantener la suspensión en el ejercicio del cargo, en lugar de declarar la insubsistencia.
Por el contrario, la decisión que aquí se cuestiona centró el análisis del caso en la indebida aplicación de la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, que, a su juicio, no regía el caso, porque al señor Arias Santa se le había concedido la libertad provisional. Es decir, que si bien la autoridad judicial demandada invocó la providencia del 21 de mayo de 2009, como regla de derecho aplicable al asunto, lo cierto es que no tuvo en cuenta las verdaderas razones que en ese caso llevaron a declarar configurada la desviación de poder.
3.2.9. En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en aplicación indebida del precedente fijado por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en la sentencia del 21 de mayo de 2009, al concluir que las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002 estaban viciadas de desviación de poder.
3.3. Defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 84 CCA, al concluir que se había configurado la causal de nulidad de desviación de poder
3.3.1. Como se indicó en el acápite precedente, para concluir que las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002 estaban viciadas de desviación de poder, la autoridad judicial demandada señaló que estas habían aplicado indebidamente la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, que, a su juicio, no regía el caso, porque al señor Arias Santa se le había concedido la libertad provisional.
3.3.2. La desviación de poder se presenta cuando «una autoridad dicta un acto para el cual la ley le ha otorgado competencia, pero lo expide persiguiendo un fin diferente del previsto por el legislador al otorgarla o, como dice el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ‘con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió’». Al respecto, Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación explicó que:
La jurisprudencia y la doctrina clasifican las diferentes manifestaciones de la desviación de poder, generalmente en dos grandes grupos: aquellos casos en que i) el acto o contrato administrativo es ajeno a cualquier interés público –venganza personal, motivación política, interés de un tercero o del propio funcionario; y, ii) el acto o contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es aquel para el cual le fue conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías (Subrayado fuera de texto).
3.3.3. Por su parte, la infracción de las normas en las que deben basarse se presenta por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que rigen el asunto.
En particular, la aplicación indebida se presenta cuando «el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión (…) El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto».
3.3.4. El desvío de poder y la infracción de las normas en que deben fundarse son, entonces, causales diferentes de nulidad de los actos administrativos, que pueden dar lugar a consecuencias, asimismo, distintas, como por ejemplo, la aplicabilidad de la presunción de dolo del agente público demandado en un proceso de repetición, que solo tiene lugar cuando este ha actuado con desviación de poder.
3.3.5. En este caso, para declarar configurada la desviación de poder, la providencia cuestionada no se basó en la posible contradicción entre el acto administrativo y la finalidad establecida en la norma que confiere la potestad discrecional —que es lo que configuraría esa causal de nulidad—, sino en la aplicación de una norma que no regía el asunto, —situación que configura es la causal de infracción a las normas en que el acto debía fundarse—.
3.3.5.1. Por tanto, la Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo, por aplicación indebida del artículo 84 CCA (vigente para la época en que se dictaron las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002), que establece las causales de nulidad de los actos administrativos.
3.4. Defecto sustantivo, por aplicación indebida del numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, que establece la presunción de dolo, e invertir la carga de la prueba
3.4.1. Por las razones ya explicadas, la providencia del 13 de noviembre de 2018, objeto de tutela, incurrió en defecto procedimental, en defecto sustantivo y en aplicación indebida del precedente fijado por esa misma Sala en la sentencia del 1º de marzo de 2018, y por la Sección Segunda, Subsección B, de la corporación, en la providencia del 21 de mayo de 2009.
3.4.2. Como consecuencia de la configuración de esos defectos, la autoridad judicial demandada concluyó, sin estar facultada para hacerlo, que las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002, que declararon insubsistente el nombramiento del señor José Elmer Arias Santa, habían sido dictadas con desviación de poder.
Con fundamento en lo anterior, aplicó al asunto el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, que establece que se presume el dolo del agente público cuando ha obrado con desviación de poder. Entonces, la sentencia presumió que el señor Luis Camilo Osorio Isaza había actuado con dolo al dictar el acto de insubsistencia de José Elmer Arias Santa e invirtió la carga de la prueba, al señalar que el demandado en repetición debía haber desvirtuado la existencia de la conducta dolosa.
3.4.2. Así las cosas, para la Sala es claro que la aplicación del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 fue consecuencia de los defectos en los que incurrió la providencia objeto de tutela, que la llevaron a concluir que el señor Osorio Isaza había actuado con desviación de poder, al dictar el acto de insubsistencia. En tal sentido, la aplicación de ese precepto constituyó un defecto sustantivo, por aplicación de una norma que no regía el asunto, y vulneró el derecho fundamental a la defensa del actor, al invertir la carga de la prueba en el proceso de repetición.
Conclusión
4.1. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en:
Defecto procedimental y aplicación indebida del precedente fijado en la sentencia del 1º de marzo de 2018, al declarar que las Resoluciones 0-0607 del 8 de abril de 2002 y 0-0890 del 16 de mayo de 2002 se habían dictado con desviación de poder, a pesar de que la sentencia del 7 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no declaró configurada esa causal.
Aplicación indebida del precedente fijado en la sentencia del 21 de mayo de 2009, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, para juzgar la conducta del señor Luis Camilo Osorio, a pesar de que se dictó con posterioridad a la época de los hechos.
Defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 84 CCA, al concluir que se había configurado la desviación de poder, pues, en realidad, de acuerdo con la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto de insubsistencia incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, por desconocimiento del artículo 36 CCA y aplicación indebida del artículo 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996.
Defecto sustantivo, al aplicar indebidamente la presunción de dolo establecida en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, lo que la llevó a invertir la carga de la prueba en el proceso de repetición.
4.1.1. Las anteriores razones son suficientes para concluir que la sentencia del 13 de noviembre de 2018 vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Luis Camilo Osorio Isaza y, por lo tanto, la Sala se relevará de estudiar los demás argumentos expuestos en la acción de tutela.
4.2. Queda así resuelto el problema jurídico y, en consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la Administración de justicia, del señor Luis Camilo Osorio Isaza; dejará sin efectos la sentencia del 13 de noviembre de 2018, y ordenará al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que profiera una providencia de reemplazo, que resuelva nuevamente el asunto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la Administración de justicia, del señor Luis Camilo Osorio Isaza.
2. Dejar sin valor y efecto la sentencia del 13 de noviembre de 2018, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de repetición promovido por la Nación, Fiscalía General de la Nación contra el señor Luis Camilo Osorio Isaza, bajo la radicación 11001-03-26-000-2014-00010-00.
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, proferir una providencia de reemplazo, en la que resuelva nuevamente el asunto, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta decisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito.
5. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrado
Salvó voto
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
Folios 57-58. Consejera ponente: Martha Nubia Velásquez Rico, radicación: 11001-03-26-000-2014-00010-00 (49809). Que efectuó el control previo de constitucionalidad a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. No invocó pronunciamientos específicos. Al respecto, citó: «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 19547 de julio 16 de 2002». Artículo 150. Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. <artículo condicionalmente exequible> No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la Rama Judicial:
(…)
5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público. 6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.
(…). Artículo 5o. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder.
(…). Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 11001-03-26-000-2015-00056-00 (53635). Al respecto, invocó la sentencia del 31 de agosto de 2006, expedida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación: 52001-23-31-000-1998-00150-01(17482). Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Al respecto, citó: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 31 de Agosto de 2006. Exp. 28448. C.P. Ruth Stella Correa». Aunque no mencionó ningún pronunciamiento en concreto. Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
(…)
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.
(…). Al respecto, citó la sentencia C-085 de 2014. Folios 67-68. Folios 69 a 71. Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 17001-23-31-000-2013-00047-01(52209). Folios 73 a 76. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. SU-573 de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, radicación: 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV), consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro (E). Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Artículo 36. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Artículo 150. Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la Rama Judicial:
(…)
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.
(…). Cita original: «expediente No. 17001-23-31-000-2013-00047-01(52209)». Consejero ponente: Guillermo Sánchez Luque, radicación: 25000-23-26-000-2009-00859-02(61223). Cita original: «Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio del 2000, Rad. 11.744 [fundamento jurídico 4.3.2]». Cita original: «Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 40.755 [fundamento jurídico 15]». El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el funcionario judicial: i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce del asunto) (Sentencia T-1049 de 2012); ii) pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento, circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento del derecho de defensa y contradicción, o iii) incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones devienen en denegación de justicia (Sentencia T-386 de 2010). Cita original: «Radicación número: 54001-23-31-000-2004-00689-01(0326-07) M.P. Gerardo Arenas Monsalve». Cita original: «Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias de esa misma Sección: i) del 4 de agosto de 2010, radicación número 44001-23-31-000-2001-00041-02 (7382-05). M.P. Alfonso Vargas Rincón y ii) del 19 de abril de 2012, radicación número: 05001-23-31-000-2004-04209-02 (0210-09). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Igualmente, de la Corte Constitucional se puede ver la sentencia T-982 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil que adoptó ese mismo criterio».
Cita original: «Cabe recordar que la Corte Constitucional sostuvo en la sentencia C-374 de 2002 que: ‘En efecto, con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso’ (se destaca)». Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, radicación: 54001-23-31-000-2004-00689-01(0326-07). Parágrafo. Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquéllos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial. Entre otras, la sentencia del 6 de abril de 2017, magistrada ponente (E): Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 11001-03-15-000-2017-00191-00. LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Derecho administrativo general y colombiano, 17ª ed., Bogotá, Temis, 2011, págs. 312 y 313. Sentencia del 20 de septiembre de 2018, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 25000-23-25-000-2010-00739-01(4541-13). Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2018, consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro, radicación: 05001-23-31-000-2007-02617-01. Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro (Subrayado fuera de texto).
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