Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00871-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega las pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00871-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00871-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
4 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega las pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Indexación de primera mesada pensional / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Inexistencia / AUSENCIA DE DFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria de actos administrativos / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL - Cuando la pensión fue liquidada en el mismo año de retiro del servicio / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECJOS FUNDAMENTALES
[A]l considerar que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es de las personas que adquieren el estatus pensional después de más de un año de haber ocurrido su retiro del servicio activo, y que en el caso particular del demandante, este se retiró del servicio en el mismo año en que cumplió con el requisito de la edad, la autoridad judicial accionada concluyó que no le asistía razón para que [el actor] fuera beneficiario de la referida indexación. Además, el Tribunal indicó que, si bien mediante Resolución núm. 58018 de 2007 se reliquidó la prestación pensional del actor, en este acto administrativo se ordenó que se hicieran los reajustes de ley que garantizan la actualización de la pensión luego de ser otorgada. En conclusión, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial no tiene vocación de prosperidad por las razones expuesta, motivo por el cual hay lugar a que sea negado. De otra parte, en relación con el presunto defecto factico que el actor también endilgó a la sentencia del 22 de noviembre del 2018, porque presuntamente no se valoraron las Resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, la Sala encuentra que, contrario a ello, estas pruebas si fueron tenidas en cuenta por el Tribunal en su fallo, porque fue de estos actos administrativos que tuvo certeza sobre cuándo Amín Salas se retiró del servicio, adquirió el estatus pensional y le fue reconocido el derecho pensional, circunstancias relevantes al momento de decidir sobre la indexación de la primera mesada pensional. Asimismo, advirtió que, del estudio de la Resolución 58018 de 2007, la entidad prestacional ordenó que la reliquidacion de la pensión tuviera los reajustes de ley, es decir, la actualización del valor reconocido. Estas circunstancias dejan ver que el juez de segunda instancia del proceso ordinario no incurrió en un defecto factico, pues se reitera, fue precisamente del análisis de las resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, que encontró que al actor no le asistía el derecho reclamado, debido a que se retiró del servicio, cumplió la edad requerida y le fue reconocida la pensión en el mismo año 2005, razón por la cual el sueldo que se convirtió en pensión no sufrió depreciación adquisitiva (…) En consecuencia, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Chocó, en la sentencia del 22 de noviembre del 2018, no incurrió en los defectos acusados por Amín Salas Córdoba, por las razones expuestas en esta providencia, motivo por el cual se negará el presente amparo constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00871-00(AC)
Actor: AMÍN SALAS CÓRDOBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Amín Salas Córdoba en contra del Tribunal Administrativo del Chocó.
ANTECEDENTES
Solicitud de tutela
Amín Salas Córdoba, a través de apoderada juncial, solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social en pensiones y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente y de desconocimiento del precedente constitucional, en la providencia proferida el 22 de noviembre del 2018, que revocó la decisión de primera instancia la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la actora en el sentido de ordenar la indexación de su primera mesada pensional.
Hechos probados
2.1. La Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-, mediante Resolución 29921 del 30 de septiembre del 2005, reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de Amín Salas Córdoba, en cuantía de $1’152.267.75, a partir del 28 de febrero de la misma anualidad.
Para su liquidación, tuvo en cuenta el 75% del promedio de la asignación básica ($1’536.357) percibida en el último año laborado, estos es, del 2004 al 2005.
2.2. Cajanal resolvió una solicitud de reliquidación pensional del actor, a través de Resolución 58018 del 19 de diciembre del 2007, acto administrativo que tuvo en cuenta para el reajuste de la pensión, la asignación básica, las primas de navidad, de vacaciones y de alimentación.
Con la inclusión de todos los factores salariales y el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, la reliquidación arrojó la suma de $1’300.565 como mesada pensional.
2.3. Amín Salas Córdoba presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con las pretensiones de: i) declarar la nulidad parcial de las resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, que reconoció y reajustó su pensión, sin la respectiva indexación del ingreso base de liquidación; ii) ordenar a la UGPP proferir nuevo acto administrativo en el que se reconozca pensión gracia con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios, y la indexación del ingreso base de liquidación; iii) ordenar a la demandada pagar las diferencias resultantes entre la pensión con y sin la referida indexación.
2.4. El asunto correspondió por competencia al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, autoridad que en sentencia del 27 de octubre del 2017, declaró la nulidad parcial de las resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, en cuanto no contemplaron la indexación de la primera mesada pensional de Amín Salas Córdoba, y en consecuencia, ordenó “indexar la base de liquidación de la pensión” y el pago de las diferencias entre lo cancelado y el valor que arroje la indexación, a partir del 28 de febrero de 2005, sin perjuicio de la prescripción trienal.
Como fundamento de su decisión, explicó que, revisado el expediente, encontró que en efecto, en la Resolución 58018 se incluyó la prima de alimentación que no devengó el actor, se excluyó la prima de servicios que sí fue percibida, y no se actualizó la mesada pensional.
En ese orden, afirmó que la indexación de la primera mesada pensional es un derecho constitucional de todos los pensionados, que no está sujeto a pronunciamiento de un juez sino que procede automáticamente, es decir, que las administradoras de pensiones deben ordenarlo al momento del reconocimiento de la prestación social.
2.5. La anterior providencia fue recurrida en apelación por la Amín Salas Córdoba, al considerar que el “ordinal segundo de la decisión judicial, (…) niega al demandante (…) LA INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIACION, PARA DERTERMINAR LA PRIMERA MESADA PENSIONAL INDEXADA, y accede a la indexación de las mesadas pensionales desde la causación del derecho hasta la ejecutoria de la sentencia.”
En su lugar, solicitó en el recurso que el juez ad quem acceda a la “INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, PARA DETERMINAR LA PRIMERA MESADA PENSIONAL INDEXADA, DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2005 (…) HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2007, FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE RELIQUIDÓ DICHA PRESTACION SOCIAL” con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el señor Amín Salas en el último año de servicios.
Para sustentar su solicitud, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se accede a la indexación de la mesada pensional.
2.6. Por su parte, la UGPP también presentó recurso de apelación contra la sentencia del 27 de octubre del 2017, al tener en cuenta que la reliquidación se hizo en su momento, con efectos fiscales a partir de la fecha de adquisición del estatus pensional, por lo que la pensión no perdió poder adquisitivo.
Explicó que, es diferente la pensión y el derecho a la indexación, así como esta última y la indexación del ingreso base de liquidación. La sentencia recurrida contraviene con el precedente jurisprudencial sobre el tema, sentencias C-862 de 2006, T-799 de 2007, SU-1073 de 2012 y fallo del 7 de marzo del 2013 del Consejo de Estado dentro del expediente con radicado núm. 2008-01205.
Aclaró que la figura de la indexación no es facultad de la administración sino competencia de la jurisdicción.
2.7 El Tribunal Administrativo del Chocó, el 22 de noviembre del 2018, profirió sentencia de segunda instancia. Decidió revocar el fallo del 27 de octubre del 2017 y condenó en costas al demandante.
Como sustento de su decisión, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la indexación de la primera mesada pensional, e indicó que Amín Salas Córdoba adquirió su estatus pensional el 28 de febrero de 2005, que con resolución 29921 del 2005 se ordenó reconocer y pagar a su favor mesada en cuantía de $1’152.267 y con acto administrativo 58018 del 2007 se reliquidó la prestación por inclusión de factores salariares, elevando a la suma de $1’300.565, por lo cual encontró que en ningún momento el salario del cual se calculó la pensión sufrió depreciación.
Explicó que la indexación de la primera mesada pensional tiene fundamento cuando existen diferencias superiores a un año, entre el momento en que el actor cumplió con los requisitos establecidos para obtener el derecho, y el momento en que efectivamente se reconoce la pensión.
Observó el juez de segunda instancia que si bien transcurrió un tiempo entre la adquisición del estatus y el momento en que se le reconoció el derecho pensional, lo cierto es que, con el propósito de que se hicieran las correcciones monetarias del caso, en el inciso tercero del acto administrativo 29921 del 2005 se ordenó “El fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo primero, con los reajustes de ley, (…)”.
3. Pretensiones de la tutela
La actora solicitó como pretensiones de tutela: i) amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social en pensiones y al acceso a la administración de justicia, vulnerados con la sentencia del 22 de noviembre del 2018; ii) ordenar al Tribunal proferir nueva providencia que atienda el precedente del Consejo de Estado, en el que se ha pronunciado en casos similares al sub lite.
4. Argumentos de la solicitud de tutela
La actora argumentó que la entidad demandada en el proceso ordinario, no indexó el ingreso base de liquidación al momento de efectuar la reliquidación pensional en la Resolución 58018 del 19 de diciembre del 2007, al tener en cuenta que Amín Salas adquirió el estatus pensional el 28 de febrero del 2005, puesto que transcurrieron más de dos años y nueve meses; es decir, que no se liquidó la indexación de la primera mesada pensional.
Alegó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, que tiene fuerza vinculante, para lo cual citó, entre otras, las siguientes sentencias de esta Corporación: del 7 de mayo del 2018, radicado núm. 230012333000201300020801; 8 de noviembre del 2017, radicado núm. 11001031500020170015601; 21 de abril del 2017, radicado núm. 05001233300020130092501. De cada una de estas providencias transcribió algunos apartes, y posteriormente realizó un cuadro comparativo para resaltar las similitudes de cada una con el caso concreto.
Argumentó igualmente un desconocimiento del precedente constitucional, para lo cual reprodujo algunos apartes de las sentencias de la Corte Constitucional C-862 de 2006, SU-120 de 2003 y SU-1073 de 2012.
Cuestionó si el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico en dimensión negativa, al no valorar como pruebas idóneas las Resoluciones números 29921 del 30 de septiembre del 2005 que reconoció la mesada pensional, y la 58018 del 19 de diciembre del 2007, que reliquidó dicha prestación, transcurriendo más de dos años sin indexar el ingreso base de liquidación para determinar la primera mesada pensional.
5. Trámite de la tutela
El Despacho del magistrado ponente admitió la solicitud de tutela en auto del 4 de marzo del 2019, en el que ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó y dispuso vincular a la UGPP.
6. Fundamentos de la oposición
6.1. La magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó ponente de la sentencia cuestionada contestó la tutela y solicitó que se negara el amparo constitucional. Para sustentar su postura, citó jurisprudencia del derecho a la igualdad, del acceso a la administración de justicia, del debido proceso, entre otros.
Afirmó que la providencia censurada fue proferida luego de un análisis minucioso de las pruebas del proceso y la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, y en ese orden, los argumentos del tutelante carecen de asidero, pues confunde los presupuestos necesarios para que se pueda hablar de indexación de la primera mesada pensional, que son tiempo de servicio y posterior cumplimiento de la edad.
De las sentencias de esta Corporación invocadas como precedentes en el libelo introductorio, dijo que la del 10 de julio de 2014, radicado núm. 2700123310002011000141, incurrió en errores sobre desigualdad injustificada y afectación a la sostenibilidad financiera; y que la del 27 de agosto del 2015, radicado núm. 68001233300020120040401, enunció de forma clara los presupuestos para la indexación de la mesada pensional, que no son otros que el tiempo de servicios y el cumplimiento de la edad.
Solicitó que se tenga en cuenta las sentencias de tutela de esta Corporación, proferidas en trámites que contienen los mismos supuestos fácticos y normativos al presente asunto, en aras de evitar fallos contradictorios que afecten el principio de seguridad jurídica.
6.2. El Director Jurídico de la UGPP contestó la tutela, solicitó se declare la improcedencia del amparo constitucional por cuanto la decisión del Tribunal Administrativo del Chocó no incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, y en consecuencia, pidió que se niegue la protección de los derechos constitucionales invocados por el actor.
Alegó que no se cumple con el requisito de la existencia de un perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital, porque los derechos fundamentales de Amín Salas Córdoba se encuentran garantizados con el pago mensual de su pensión.
Afirmó que esta acción constitucional es improcedente, en la medida que lo pretendido por el actor es sustituir una decisión que fue proferida por el juez natural en observancia del precedente de la Corte Constitucional y bajo la autonomía judicial, que está ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada. Además, adujo que la tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas.
El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente el 21 de marzo del 2019 para proferir sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 377 de 2018, por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
Problema jurídico
La Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social en pensiones y al acceso a la administración de justicia de Amín Salas Córdoba, con la sentencia proferida el 22 de noviembre del 2018.
Para estos efectos, se deberá establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento de las sentencias C-862 de 2006, SU-120 de 2003 y SU-1073 de 2012 como precedente constitucional, un defecto factico por no valorar las resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, y un defecto sustantivo por desconocimiento de las sentencias citadas del Consejo de Estado.
La Sala advierte que, antes de entrar a resolver los problemas jurídicos planteados, es preciso revisar si se encuentran superados todos los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Requisitos generales:
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se infiere de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
Causales específicas:
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.
Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
2.4.1 Legitimación en la causa
La Sala observa que Amín Salas Córdoba se encuentra legitimado por activa en la presente acción constitucional, por cuanto fue parte demandante en el proceso en el que se profirió la sentencia del 22 de noviembre del 2018.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Chocó, es la autoridad judicial que profirió la decisión cuestionada en tutela, razón por la que está legitimadas en la causa por pasiva.
Relevancia Constitucional
El requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir a otras jurisdicciones.
La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional en la medida que desconocer las normas y el precedente constitucional aplicable a un caso concreto y además no valorar correctamente las pruebas allegadas al proceso, son circunstancias definitorias al momento de decidir sobre el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, que fue la causa petendi dentro del proceso ordinario. Lo anterior supondría una afectación de sus derechos fundamentales, dentro de otros, al debido proceso.
2.4.3. Subsidiariedad
Es evidente que no existen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios con los que el solicitante pueda intentar la protección de sus derechos fundamentales. En el proceso ordinario se agotaron las dos instancias procesalmente previstas y no se observa la existencia de alguna de las causales que permitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia.
2.4.4. Inmediatez
En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Chocó que revocó la decisión que accedió a las pretensiones de la demanda, se adoptó el 22 de noviembre del 2018 y la acción constitucional se radicó el 28 de febrero del 2019, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en 6 meses de forma general.
2.4.5. La Sala no encuentra argumento que implique la existencia de una irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.
2.4.6. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela
La Sala observa que el actor expuso de forma clara los hechos y fundamentos por los cuales, en su sentir, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos factico, sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional.
2.4.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.
Verificación de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Para efectos de abordar este acápite, se pasará a hacer unas breves consideraciones sobre la dogmática constitucional de los defectos reprochados, y del tema objeto de controversia relacionado con la indexación pensional, para luego, abordar estos aspectos en la solución del caso concreto.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, las decisiones de los jueces son independientes, solo están sometidas al imperio de la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. En ese orden, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 5, prevé la autonomía e independencia de la Rama Judicial en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia y dispone que ningún superior jerárquico administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
A su vez, el artículo 7 del Código General del Proceso establece que el juez que se aparte de “la doctrina probable” o que cambie el criterio aplicado en decisiones de casos análogos, está obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión.
Bajo ese marco constitucional y legal, la Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin sustento legal, a aplicar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que conducen a resultados desproporcionados.
En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
Además de las hipótesis referidas, la Corte ha considerado que el desconocimiento del precedente cuando no se exponen clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión, es una hipótesis constitutiva de defecto sustantivo porque compromete el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad ante la ley e igualdad de trato de las autoridades.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional define el precedente judicial como la sentencia o conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que presentan similitudes en (i) patrones fácticos y en (ii) problemas jurídicos y en la ratio decidendi fijan una regla para resolver la controversia que sirve también para solucionar los casos en los que se acredite semejanzas de hecho y de derecho.
En ese orden, el precedente será obligatorio siempre y cuando “la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que debe resolverse posteriormente”. La decisión judicial previa será solo un antecedente con carácter orientador, cuando exista similitud en algunos puntos de derecho con o sin semejanzas en los supuestos fácticos, que sirven de guía para la solución de casos posteriores.
Por su parte, el Consejo de Estado explicó que son tres las labores que debe realizar un juez para determinar la existencia de un precedente en un caso concreto: “(i) interpretar e identificar la base factual relevante del caso precedente, (ii) hacer un juicio de igualación o comparación de los hechos de ambos casos, anterior y actual, y (iii) interpretar las consideraciones relevantes expuestas en el fallo precedente y extraer de allí la ratio decidendi como subregla de derecho que debe ser aplicada en el nuevo caso abordado.”
De acuerdo a esta Corporación, la obligatoriedad de aplicar el precedente no es absoluta, dado que la autoridad judicial puede apartarse de él en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial, sin embargo, debe exponer clara y razonadamente los fundamentos que lo llevan a apartarse del precedente.
En los casos en que se omita esa carga argumentativa, se incurre en la causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial denominada defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Desconocimiento del precedente constitucional
El artículo 241 de la Constitución Política asigna a la Corte Constitucional la misión de salvaguardar su “integridad y supremacía”, para lo cual le fue asignado dentro de sus funciones, entre otros: i) conocer de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra los actos reformatorios de la Constitución y las leyes; ii) revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela.
Por esta razón, es esa Corporación “la que fija los efectos de los derechos fundamentales y determina el sentido en que debe entenderse la norma, generándose así a través de sus pronunciamientos un precedente de obligatorio cumplimiento para todos”
Dicho Tribunal constitucional, en sentencia T-088 de 2018, afirmó que existen criterios que permiten concluir que se está ante un precedente constitucional, los cuales son:
“i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no comprobarse la presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicación al mismo”.
Ahora, desconocer el alcance de las providencias constitucionales vinculantes, genera en el ordenamiento jurídico una falta de coherencia y conexión con la Carta Magna, que a su vez dificulta la unidad intrínseca del sistema y afecta la seguridad jurídica.
Los alcances y obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte dependen de si son fallos de constitucionalidad o de tutela, pues en el primero de los casos, es decir, el control abstracto de constitucionalidad, este tiene efectos erga omnes y hace tránsito a cosa juzgada constitucional; por su parte, los fallos de revisión, su ratio decidenci tiene respeto en la medida que con ello se concreta los principios de igualdad en la aplicación de la ley y confianza legítima, además, por la realización de los contenidos desarrollados de los derechos fundamentales por el intérprete autorizado.
Marco normativo y jurisprudencial de la indexación de la primera mesada pensional
La indexación se constituye en uno de los instrumentos que le hacen frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones que se satisfacen con el pago de una cantidad de dinero determinado, al considerar que la inflación produce la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda.
En relación con la indexación de la primera mesada pensional, esta ha sido entendida por el Consejo de Estado, como el “mecanismo que se utiliza, en aplicación de los principios de equidad y justicia para revalorizar las obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que han perdido su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo”.
Como fundamento Constitucional de esta figura jurídica, se encuentran los artículos 13 -derecho a la igualdad-, 46 -protección de las personas de la tercera edad-, 48 -seguridad social-, 53 -relacionado con el derecho al trabajo- y 230 -fuentes de derecho-. De estas disposiciones, esta Corporación infirió que el Estado tiene la facultad y el deber de reconocer las prestaciones económicas en las condiciones de ley, y a mantener el poder adquisitivo de las mismas, con el fin de garantizar, dentro de otros, el derecho fundamental al mínimo vital.
Ahora bien, a pesar de que dentro del régimen de seguridad social en pensiones no existe una norma expresa que disponga la actualización del ingreso base de liquidación, diferente al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que a partir de los mandatos superiores citados y bajo criterios de justicia y equidad, la jurisprudencia ha reconocido como hecho notorio la pérdida de la capacidad monetaria como consecuencia de la inflación, circunstancia que no debe ser soportada por quien recibe una pensión.
En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-120 de 2003, indicó que los jueces no podían desconocer la necesidad de mantener el equilibrio entre las relaciones de trabajo y la capacidad adquisitiva de las pensiones, pues de lo contrario, era inminente la intervención del juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales.
En dicha providencia, la Corte unificó la jurisprudencia de sus Salas de Revisión en lo referente a la indexación pensional a través del mecanismo constitucional de tutela, en virtud de los principios laborales de favorabilidad y efectividad, y analizó si el cambio jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que declaró improcedente la indexación de la mesada pensional constituía una vía de hecho.
De lo anterior, reconoció el vacío normativo que había en relación con el ingreso base de liquidación de las personas que ya contaban con el requisito de tiempo de trabajo para acceder a la pensión pero no con la edad requerida, de acuerdo con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y concluyó que esta laguna debía ser resuelta mediante el principio in dubio pro operario, al considerar que esta interpretación venia de la equidad que rige las relaciones de trabajo.
Posteriormente, en control abstracto de constitucionalidad de los artículos 8 de la Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, en sentencias C-862 y C-891A del 2006, respectivamente, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de estas disposiciones y proclamó el derecho universal de las personas jubiladas a la indexación de la primera mesada pensional.
En estas providencias, el Tribunal Constitucional dijo que el referido derecho no deviene solo del principio in dubio pro operario, sino que además es una consecuencia de que Colombia sea un Estado Social de Derecho, por el reconocimiento y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra la seguridad social.
También agregó, que la actualización periódica de las pensiones se erige como un instrumento que garantiza el mínimo vital de las personas de la tercera edad, como personas de especial protección constitucional, pues de no ser así, la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda acarrearía que no pudieran solventar sus necesidades.
Al respecto dijo:
“Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de tutela proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas pensionales.”
“Así las cosas, toda vez que el segmento demandado del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 no contempla la actualización de la pensión sanción que el Constituyente de 1991 previó para todas las pensiones, la Corte Constitucional decretará su exequibilidad, bajo el entendimiento de que comprende la actualización constitucionalmente prevista y, en consecuencia, en todos aquellos casos en los cuales el derogado artículo 8º de la Ley 171 de 1961 todavía surta efectos, se deberá aplicar el mecanismo de actualización de la pensión sanción previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, esto es, el índice de precios al consumidor, respecto del salario base de la liquidación y de los recursos que en el futuro atenderán el pago de la referida pensión.”
Finalmente, en sentencia SU-1073 del 2012 unificó el tema en relación con la indexación de la primera mesada pensional y su regulación antes de la Constitución de 1991, para lo cual remitió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se afirmó que la indexación era un factor en la modalidad de daño emergente; y reiteró el carácter universal de este derecho, en el sentido de afirmar que no es constitucionalmente valido sostener que solo determinadas categorías de pensionados son beneficiarios de la actualización de la pensión, pues en virtud de los derechos fundamentales ya invocados, aplica a todas las personas que sean jubilados sin importar el tiempo o el régimen.
Ahora bien, en la actualidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacifica en determinar que, el supuesto factico bajo el cual procede la indexación de la primera mesada pensional, consiste en que, habiendo ocurrido cumplimiento del tiempo de servicio, la persona se retira sin el cumplimiento de la edad y transcurre más de un año entre uno y otro momento. En consecuencia, una vez el interesado acredita todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de la pensión, la administradora de la prestación procede a reconocer y liquidar la pensión con el promedio del salario indexado a la fecha de reconocimiento.
Concretamente, en sentencia del 20 de septiembre del 2018, se dijo al respecto:
“Respecto al supuesto en el cual opera la indexación, la Subsección también ha sido clara en el sentido de que la indexación de la primera mesada «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido detrimento […]”.
“Lo anterior significa que el derecho a la indexación de la primera mesada se causa cuando habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, el beneficiario se retira antes de la edad requerida para acceder al derecho prestacional. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con el promedio del salario indexado a la fecha de reconocimiento.”. (La Sala resalta)
Caso concreto
La Sala destaca dentro de los hechos relevantes del caso concreto, que el señor Amín Salas Córdoba nació el 28 de febrero de 1955 y laboró para el Departamento del Chocó desde el 1 de marzo del 1979 hasta el 28 de febrero de 2005. Es decir, que el actor cumplió con los requisitos necesarios para ser beneficiario de la pensión gracia -tiempo de servicios y edad- y por ende adquirió el estatus pensional, en el año 2005.
El Tribunal Administrativo del Chocó, en la sentencia del 22 de noviembre del 2018, hizo un breve recuento jurisprudencial en relación con la indexación de la primera mesada pensional, y concluyó frente al caso concreto:
“(…) la Sala encuentra de las pruebas que obran en el proceso que el señor AMÍN SALAS CÓRDOBA, en calidad de docente por reunir los requisitos de ley, esto es edad y tiempo de servicio, el 28 de febrero de 2005, solicitó mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2005, el reconocimiento y pago de su pensión y la entidad a través de la resolución Nº 0129921 (sic) del 30 de septiembre del 2005, reconoció y ordenó pagar la prestación en cuantía de $ 1.152.267.75, efectiva a partir del 28 de febrero de 2005, posteriormente mediante resolución Nº 58018 del 19 de diciembre de 2007, se reliquidó la prestación por inclusión de nuevos factores salariales, elevando la cuantía de la misma a la suma de $1.300.565.44, efectiva a partir del 28 de febrero de 2005, lo que permite concluir que, en momento alguno, el poder adquisitivo del salario, que después se convirtió en pensión, sufrió la depreciación que dé lugar al reconocimiento de la indexación reclamada, lo que impone revocar la sentencia de primera instancia en cuanto a lo que es objeto de alzada, esto es la indexación de la primera mesada pensional, y en su lugar, negar las súplicas de la demanda, pues si bien transcurrió un tiempo considerable entre la adquisición del status y la fecha en que se declaró el derecho tiempo durante el cual sí existió un periodo inflacionario que debió considerarse, a fin de que se aplicaran los mecanismos de corrección monetaria pertinentes, para que las mesadas adeudadas a la accionante conservaran su poder adquisitivo al momento de ser canceladas, observa la Sala que dicha situación fue garantizada como se desprende de los actos administrativos acusados cuando señala en su numeral tercero “El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo primero, con los reajustes de ley, …””
El actor alegó defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de las sentencias del Consejo de Estado del: i) 7 de mayo del 2018 -radicado núm. 23001233300020130020801-; ii) 8 de noviembre del 2017 -radicado núm. 110010315000201701564-; iii) 21 de abril del 2017 -radicado núm. 05001233300020130092501-, iv) 16 de marzo de 2017 -radicado núm. 05001233300020130184101; v) 25 de abril del 2016 -radicado núm. 11001031500020150346600; vi) 10 de julio de 2014 -radicado núm. 27001233100020110014101; y vii) 6 de octubre de 2011 -radicado núm. 05001233100020030071001. Para sustentar este defecto, citó extractos de las sentencias invocadas y realizó un cuadro comparativo de cada una de ellas con su situación particular.
Para empezar, de la revisión de cada una de las providencias referidas, para la Sala es pertinente identificar que, en las sentencias i), iii), iv) y vii), la situación fáctica es sustancialmente diferente de la de Amín Salas Córdoba.
Lo anterior, por cuanto en cada uno de esos casos, las autoridades judiciales accedieron a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional, porque los interesados adquirieron el estatus pensional después de más de un año de haber ocurrido sus retiro del servicio, por la cual se halló razón en que, el promedio del salario devengado en el último año de servicio, sufrió una devaluación por el transcurso del tiempo, a la fecha en que la entidad prestacional reconoció que se adquirió el derecho a la respectiva pensión.
En ese orden, por un lado, las sentencias i), iii), iv) y vii) siguieron el marco normativo expuesto en esta providencia, que rige en la actualidad la indexación de la primera mesada pensional, y por otro lado, debido a que la diferencia fáctica es sustancialmente relevante, no pueden ser consideradas como precedente para el caso del actor.
Ahora bien, a pesar de que la decisión enjuiciada dista de los fallos ii), v) y iv) invocados para sustentar el presunto defecto sustantivo, la Sala encuentra que, el Tribunal Administrativo del Chocó se acogió, en virtud de su autonomía judicial y con fundamentos razonables, a la posición pacífica que ha asumido la Sección Segunda de esta Corporación.
Así las cosas, al considerar que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es de las personas que adquieren el estatus pensional después de más de un año de haber ocurrido su retiro del servicio activo, y que en el caso particular del demandante, este se retiró del servicio en el mismo año en que cumplió con el requisito de la edad, la autoridad judicial accionada concluyó que no le asistía razón para que Amín Salas Córdoba fuera beneficiario de la referida indexación.
Además, el Tribunal indicó que, si bien mediante Resolución núm. 58018 de 2007 se reliquidó la prestación pensional del actor, en este acto administrativo se ordenó que se hicieran los reajustes de ley que garantizan la actualización de la pensión luego de ser otorgada.
En conclusión, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial no tiene vocación de prosperidad por las razones expuesta, motivo por el cual hay lugar a que sea negado.
De otra parte, en relación con el presunto defecto factico que el actor también endilgó a la sentencia del 22 de noviembre del 2018, porque presuntamente no se valoraron las Resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, la Sala encuentra que, contrario a ello, estas pruebas si fueron tenidas en cuenta por el Tribunal en su fallo, porque fue de estos actos administrativos que tuvo certeza sobre cuándo Amín Salas se retiró del servicio, adquirió el estatus pensional y le fue reconocido el derecho pensional, circunstancias relevantes al momento de decidir sobre la indexación de la primera mesada pensional.
Asimismo, advirtió que, del estudio de la Resolución 58018 de 2007, la entidad prestacional ordenó que la reliquidacion de la pensión tuviera los reajustes de ley, es decir, la actualización del valor reconocido.
Estas circunstancias dejan ver que el juez de segunda instancia del proceso ordinario no incurrió en un defecto factico, pues se reitera, fue precisamente del análisis de las resoluciones 29921 de 2005 y 58018 de 2007, que encontró que al actor no le asistía el derecho reclamado, debido a que se retiró del servicio, cumplió la edad requerida y le fue reconocida la pensión en el mismo año 2005, razón por la cual el sueldo que se convirtió en pensión no sufrió depreciación adquisitiva.
Finalmente, sobre el presunto desconocimiento del precedente constitucional, si bien en el escrito de tutela se invocaron las sentencias C-862 de 2006, SU-120 de 2003 y SU-1073 de 2012 como desatendidas, lo cierto es que el actor se limitó a nombrarlas y citar un párrafo de cada una de estas, y esto no es suficiente para lograr demostrar la ocurrencia del referido defecto, en la medida que no se hizo el análisis explicativo necesario de determinar la regla relacionada con el caso concreto, y que dicho criterio haya servido de base para solucionar un caso similar a la cuestión que se discute en esta oportunidad, que le permita al juez constitucional entrar a verificar la posible vulneración de derechos fundamentales.
En consecuencia, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Chocó, en la sentencia del 22 de noviembre del 2018, no incurrió en los defectos acusados por Amín Salas Córdoba, por las razones expuestas en esta providencia, motivo por el cual se negará el presente amparo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela interpuesto por Amín Salas Córdoba, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991
TERCERO: DEVOLVER el expediente ordinario 27001333300120160015800 al Tribunal Administrativo del Chocó, en caso de que el presente fallo no sea impugnado.
CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal Administrativo del Chocó.
Notifíquese y cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Fls. 16 al 18 del cuaderno 1 de pruebas. Fls. 19 al 21 ibídem. Fls. 2 al 15 ibídem. Bajo radicado núm. 27001333300120160015800. Fls.122 a 130 del cuaderno 1 de pruebas. Sentencias del 25 de abril del 2016, radicado núm. 11001031500020150346600; 9 de octubre de 2014, radicado núm. 54001233100020100009101; 10 de julio del 2014, radicado núm. 27001233100020110014101, entre otras. Sentencias del 16 de febrero del 2012, radicado núm. 25000232500020070103701; 7 de marzo del 2013, radicado núm. 76001233100020080120501; 7 de mayo del 2018, radicado núm. 23001233300020130020801, entre otras. Folio 51 del expediente de tutela. Folio 59 a 66 del expediente de tutela. Sentencias de tutela del 22 de febrero del 2018, radicado núm. 11001031500020180023500, confirmada con el fallo del 31 de mayo de la misma anualidad; del 16 de abril del 2018, radicado núm. 11001031500020150034400, confirmado con el fallo del 5 de febrero del 2019; del 23 de mayo del 2018, radicado núm. 11001031500020170155901; y del 29 de agosto del 2018, radicado núm. 11001031500020180165600, confirmado con el fallo del 18 de octubre del 2018. Fls. 74 a 78 del expediente de tutela. Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Rios y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 2016. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicado núm. 11001031500020120220101 (IJ). Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU, 168 de 2017 y SU-210 de 2017. Corte Constitucional, sentencia T-328 de 13 de agosto de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En relación con el valor normativo del precedente jurisprudencial, ver sentencias C-621 de 2015, C-539 de 2011 y C-836 de 2001. Corte Constitucional, sentencia T-714 de 17 de octubre de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 4 de septiembre del 2017, radicado 68001233100020090029501. Ibìdem. Sentencia T-088 del 2018. Sentencia SU-053 de 2015. Sentencia T-292 de 2006. Sentencia T-292 de 2006. 26 Sentencia SU-1073 de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 20 de septiembre del 2018, radicado núm. 08001233300020140152801. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 21 de abril del 2017, radicado núm. 05001233300020130092501.
“Artículo 14. Reajuste de Pensiones.
Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. […]”. Sentencia SU-120 de 2003: “La Corte encuentra, entonces, i) que no existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del artículo 260 del C.S.T no la precisa -; ii) que ninguna disposición ordena indexar ésta base salarial expresamente; iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal indexación”. Sentencia SU-120 de 2003: “De suerte que compete a la Sala accionada adecuar sus decisiones de manera que los señores Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero Perico mantengan el valor adquisitivo de su pensión, atendiendo los dictados constitucionales y la voluntad abstracta de las leyes laborales y de seguridad social, con miras a que los nombrados puedan disfrutar de la mesada pensional que efectivamente les corresponde, poniendo de esta manera en vigencia un orden político, económico y social justo, en el reconocimiento de los derechos ciertos de los tutelantes pensionados –Preámbulo, artículos 2 y 230 C.P. 2. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, i) desde 1982 ha venido sosteniendo que la indexación de las prestaciones económicas debe ordenarse a favor del trabajador por razones de justicia y equidad, ii) en reciente decisión sostuvo que dichas razones no desaparecen cuando los trabajadores adquieren la calidad de pensionados, así no estén subordinados, y iii) en varias ocasiones ha considerado que no existe razón válida para negar la indexación de la primera mesada pensional a quienes adquieren el derecho a la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993. Empero en las sentencias 13.609,13.652 y 13.449, resolvió apartarse de las anteriores consideraciones, entre otros planteamientos, porque el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo no acoge en éstos casos la “reevaluación monetaria de las obligaciones” . De manera que la Sala accionada deberá considerar que el artículo 53 de la Constitución Política impone al intérprete de las fuentes formales del derecho laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador, y en consecuencia optar por ordenar a las entidades financieras obligadas mantener el valor económico de la mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que los beneficia y que condice con el ordenamiento constitucional”. C-862 de 2006. C-891A de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 16 de agosto del 2018 proferida en el expediente con radicado 17001-23-33-000-2014-00124-01(1721-15), sentencia del 5 de abril del 2018 proferida en el expediente con radicado 73001-23-33-000-2014-00282-01(0724-15), sentencia del 14 de septiembre del 2017 proferida en el expediente con radicado 680012333000201300700-01 (4632-2014), sentencia del 7 de marzo del 2013 proferida en el expediente con radicado 760012331000200801205-01 (1995-11); Subsección B, sentencia del 16 de agosto del 2018 proferida en el expediente con radicado 17001-23-33-000-2013-00051-01(4694-13), sentencia del 30 de julio del 2014 proferida en el expediente con radicado 11001-03-15-000-2014-01045-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia del 7 de marzo de 2013.
Radicación 760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de septiembre del 2018 proferida en el expediente con radicado 08001-23-33-000-2014-01528-01(1730-16),
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 15 de noviembre de 1995, expediente núm. 7760; del 16 de febrero de 2012, radicado núm. 25000232500020070103701; del 7 de marzo del 2013, radicado núm. 7600123310002008501205; del 7 de mayo del 2018, radicado núm. 23001233300020130020801. Corte Constitucional Sentencias SU-542 del 2016 y SU-400 de 1997. Corte Suprema de Justicia, sentencias del 6 de julio del 2000, expediente 47197.
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