Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00942-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
1 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Determinación de responsabilidad patrimonial de agente del Estado / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No se configura / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO - Gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD - No fue motivado por el agente del Estado / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[E]n la providencia atacada, el Consejo de Estado partió de verificar que el régimen aplicable para la vinculación y desvinculación de los servidores de la Universidad Popular del Cesar era la Ley 909 de 2004 y que, en concordancia con tal régimen, dicho ente universitario en el Acuerdo No. 001 del 22 de enero de 1994 (Estatuto General de la UPC), había definido cuáles cargos eran de libre nombramiento y remoción y cuáles eran de carrera administrativa, con la precisión de que los cargos que no se señalaran expresamente de libre nombramiento y remoción, eran de carrera administrativa. En efecto, la providencia objeto de examen se refirió al caso del [actor] en el sentido que se había posesionado en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 10 sobre el cual no había manifiesta indicación de que fuera de libre nombramiento y remoción y que, por tanto, pertenecía al régimen de carrera administrativa. Bajo esta perspectiva, el Consejo de Estado pasó a aplicar la regla general sobre la motivación de los actos administrativos de retiro en el sentido de que (…) [el actor], al estar nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, su acto de retiro debía ser motivado, pues no se configuraba la excepción aplicable a los de libre nombramiento y remoción. Así las cosas, en la providencia objeto de acción de tutela se había resuelto con base en el derecho aplicable de conformidad con la jurisprudencia que ha definido la interpretación concreta para los cargos de carrera provistos en provisionalidad, en lo que respecta al deber de motivación del acto administrativo de retiro. Definido el ámbito normativo aplicable, el órgano judicial accionado concluyó que se estructuraba la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, pues sobre estos actos administrativos hay plena certeza jurídica en relación con su motivación por lo que no encontró razones para excusar su cumplimiento. En efecto, la Sección Tercera, Subsección “A”, afirmó que el ahora tutelante “omitió los cuidados más elementales, no actuó con prudencia, ni fue diligente; por el contrario, vulneró el Estatuto de la UPPC que le obligaba a observar el contenido de la Ley 909 de 2004, artículo 41, parágrafo 2º; y de su Decreto reglamentario 1227 de 2005, artículo 10º, las cuales de forma clara e inequívoca le imponían el deber de motivar ese acto administrativo”. Así las cosas, más allá del desacuerdo del actor con el fallo reprochado, no se observa la existencia de un defecto sustantivo. De hecho, se advierte que la entidad accionada se ajustó a los mandatos jurídicos aplicables y que en este fallo fueron brevemente expuestos. En consecuencia, no procede el amparo solicitado por este aspecto.
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 42
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00942-00(AC)
Actor: ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela, interpuesta por el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, contra el fallo del 30 de agosto de 2018, proferido por el Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección “A”, que decidió la acción de repetición instaurada por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, y lo declaró responsable, a título de culpa grave, al expedir la Resolución No. 1623 del 6 de agosto de 2009, en la que declaró insubsistente el empleo del señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez, sin el lleno de los requisitos legales.
I. ANTECEDENTES
El señor Abdo Enrique Barrera Mejía instauró, en nombre propio, acción de tutela contra el Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección “A”, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, en la que se accedió a las pretensiones del medio de repetición radicado número 11001-03-26-000-2014-00192-00 (52925).
1. Hechos
1.1. La Universidad Popular del Cesar (UPC) presentó demanda de repetición contra el señor Abdo Enrique Barrera Mejía el día 4 de diciembre de 2014 en la que se pretendía que se declarara responsable patrimonialmente al señor Barrera Mejía por haber incurrido en culpa grave al expedir sin motivación la Resolución 1623 del 6 de agosto de 2009, que declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad del señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez, en el cargo de Profesional Universitario Grado 10, Código 2044, dependiente de la Vicerrectoría de esa institución educativa.
1.2. Por su parte, el señor Barrera Mejía sostuvo en su defensa que la declaratoria de insubsistencia no debía ser motivada en la medida en que esa circunstancia sólo puede predicarse de aquellas que se refieren a los cargos de carrera administrativa ocupados en propiedad mediante concurso de méritos, y, en todo caso, la declaratoria de insubsistencia no se realizó con dolo o culpa grave pues tuvo como objeto contar con una persona de entera confianza.
1.3. En el proceso de única instancia de repetición, la Sección Tercera, Subsección “A”, resolvió, en providencia del 30 de agosto de 2018, declarar responsable, a título de culpa grave, al señor Barrera Mejía por expedir la Resolución No. 1623 del 6 de agosto de 2009, en la que declaró insubsistente al señor Adarve Martínez, por lo que la UPC tuvo que pagar una indemnización como consecuencia de lo decidido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y le ordenó pagar la suma correspondiente.
La Sección Tercera partió del hecho de que el acto administrativo que declaró la insubsistencia se expidió bajo la aplicación de la Ley 909 de 2004 que regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y que el mismo ente universitario expidió el Acuerdo No. 001 del 22 de enero de 1994 (Estatuto General de la UPC), en el que determinó, en el artículo 80, cuáles cargos eran de libre nombramiento y remoción y cuáles eran de carrera administrativa, con la precisión de que los cargos que no se señalen como de libre nombramiento y remoción, son de carrera administrativa.
Así las cosas, el Consejo de Estado advirtió que el señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez, posesionado en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 10 “no era de libre nombramiento y remoción, pues pertenecía al régimen de carrera administrativa”. Por lo tanto, ante la obligación derivada de la normatividad aplicable, en el sentido de que se tienen que motivar los actos de retiro de los cargos de carrera, incluidos los de provisionalidad, el demandado había desconocido la normatividad aplicable.
En consecuencia, el Consejo de Estado indicó que se configuraban los elementos de la responsabilidad previstos en la Ley 678 de 2001, (i) al existir una condena judicial que se impuso a la UPC, consistente en el pago de una suma de dinero; (ii) ya se había realizado este pago por parte de la entidad; (iii) el demandado había actuado como agente de la misma; y (iv) se configuró la culpa grave en su actuar.
Sobre este último aspecto, encontró probado que el señor Barrera Mejía había violado de manera inexcusable las normas de derecho en el sentido de que, al proferir la resolución en comento, “omitió los cuidados más elementales, no actuó con prudencia, ni fue diligente; por el contrario, vulneró el Estatuto de la UPC que le obligaba a observar el contenido de la Ley 909 de 2005, artículo 41, parágrafo 2º; y de su Decreto reglamentario 1227 de 2005, artículo 10, las cuales de forma clara e inequívoca le imponían el deber de motivar ese acto administrativo”.
Adicionalmente, el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo respondió a los argumentos del señor Barrera Mejía al entender que la provisionalidad del nombramiento no justificaba la declaratoria de insubsistencia de forma discrecional “y sin expresar las razones de su decisión”.
2. Fundamentos de la acción
Del escrito presentado por el señor Abdo Enrique Barrera Mejía el 5 de marzo de 2019, se afirma que la decisión judicial objeto de reproche constitucional vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia y al buen nombre, así como también incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
En lo que tiene que ver con el defecto sustantivo, precisó que la autoridad judicial accionada basó su decisión en el análisis y aplicación de normas sustantivas inaplicables, referidas a la carrera administrativa a título de provisional, sin atender a que la vinculación del señor Jesús Adarve Martínez se hizo a partir de un nombramiento ordinario y en esa medida se asimilaba a uno de libre nombramiento y remoción, para lo cual el acto de retiro no necesita ser motivado.
Además, sostuvo el tutelante, que no correspondía la aplicación de las normas generales de la contratación de la Rama Ejecutiva, pues la UPC es un ente autónomo.
En relación con el defecto fáctico, arguyó que en la sentencia atacada no se contó con el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal contenido en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, que presume la culpa grave a partir de la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
En lo concerniente al defecto de violación directa de la Constitución, no puntualizó un argumento en concreto frente a este defecto, pues del recuento de los hechos indicó, de manera general, que en el actuar de la autoridad judicial accionada no se respetó lo consagrado en la Constitución Política referente al ingreso al servicio público, que por regla general se hace por concurso de mérito e inscripción en carrera administrativa, así como las excepciones respecto de los empleos de libre nombramiento y remoción, los de elección popular, los trabajadores oficiales y los demás que establezca la ley, tal como lo prevé el artículo 125 Superior.
3. Pretensiones de la acción
Como pretensiones, señaló las siguientes:
“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso – derecho a la defensa y acceso a la administración de justicia, aplicando los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancia (sic), solicito con el debido respeto lo siguiente:
SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia proferida por (sic) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOS (sic) ADMINISTARTIVO (sic), SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, de fecha 30 de junio (sic) de agosto de 2018, dentro de la acción de repetición seguida por la UNIVERSIDAD DEL CESAR, en mi contra, bajo el radicado 11001-03-26-000-2014-00192-00 (52925). Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.
TERCERO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOS (sic) ADMINISTARTIVO (sic), SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, que en el término de 10 días profiera una nueva sentencia dentro de la acción de repetición seguida por la UNIVERSIDAD DEL CESAR, en mi contra, bajo el radicado 11001-03-26-000-2014-00192-00 (52925). Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, en la que no incurra en arbitrariedad, en la cual se aplique el artículo 128 constitucional, y se aplique el precedente del Honorable Consejo de estado (sic), teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular señale la superioridad y los principios de la sana crítica.”
4. Trámite de instancia
Mediante auto del 7 de marzo de 2019, se admitió el medio de amparo y se ordenó la notificación a la parte accionante y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, como autoridad judicial accionada. En igual sentido, se dispuso la vinculación de oficio de la Universidad Popular del Cesar. Igualmente, se requirió a la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación la remisión, en calidad de préstamo, del expediente del medio de control de repetición (radicado número 11001-03-26-000-2014-00192-00 - 52925).
5. Intervenciones
Enviadas las comunicaciones, se recibieron los siguientes informes:
5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
La Consejera Ponente, afirmó que con la decisión adoptada al interior del proceso de repetición iniciado por la Universidad Popular del Cesar contra el tutelante (radicado número 11001-03-26-000-2014-00192-00), no se conculcaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia invocados por la parte actora, en tanto que se hizo un análisis de las normas aplicables al caso concreto.
Indicó la accionada que la vinculación del señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez se hizo con base en un acto administrativo en el que se le designó en un cargo de carrera administrativa y, según los estatutos de la UPC, las situaciones administrativas de los empleados de ese ente universitario se debían regir por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, es decir, que al ser un empleo en un cargo de carrera y no de libre nombramiento y remoción, se debía dar cumplimiento al artículo 41 de la citada Ley, en el entendido de que el acto administrativo que disponga el retiro de los servidores nombrados en cargos administrativos de carrera, debían ser motivados.
En vista de que el tutelante no cumplió con dicho imperativo legal, su conducta se enmarcó en la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, por lo que su actuar se adecuó a la conducta de culpa grave, lo cual se demostró tanto en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho como en el de repetición.
Lo anterior, llevó a concluir que en efecto el señor Barrera Mejía al proferir el acto administrativo de desvinculación, sin la debida motivación, incurrió en violación inexcusable de normas de derecho, aunado al hecho de que no fueron de recibo, dentro del citado proceso de repetición, las exculpaciones que presentó en la contestación al escrito de demanda, sobre la falta de motivación del acto de desvinculación del empleo del señor Adarve Martínez, con el único argumento de que éste era equiparable a un nombramiento ordinario, en otras palabras a uno de libre nombramiento y remoción, y que por esa razón su retiro no necesitaba ser motivado.
Concluyó su intervención solicitando que se deniegue la acción de tutela en razón a que con la decisión acusada no se incurrió en los defectos alegados por el demandante y tampoco se desconocieron los derechos fundamentales invocados en el escrito de amparo.
5.2. Universidad Popular del Cesar
Mediante escrito allegado por su apoderada judicial, señaló que al demandante no se le desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, en tanto que al momento de ser notificado de la admisión de la demanda de repetición, intervino dentro del proceso a través de abogado, quien acudió a la audiencia inicial y allegó los respectivos escritos dentro de cada una de las etapas procesales concedidas por la Magistrada Ponente del caso.
Se refirió al cargo presentado con relación al defecto sustantivo para indicar que no son de recibo los argumentos que expone el tutelante, pues la decisión objeto de reproche constitucional se adoptó con apego a la normatividad aplicable al caso y a la luz de lo que concierne a la acreditación del daño derivado de las presunciones del dolo o culpa grave previstos en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001.
Resaltó que en el fallo se hizo un análisis pormenorizado del material probatorio obrante en el proceso para arribar a la conclusión de que en el actuar del señor Barrera Mejía se evidenció la inaplicación de una norma que es de obligatorio cumplimiento, esto es el deber de motivar el acto administrativo que desvinculó del servicio al señor Adarve Martínez, por lo que la presente demanda de amparo no puede utilizarse como una instancia adicional para pretender que se revoque la decisión condenatoria y en su lugar se dicte una nueva decisión que le sea más favorable, por el simple hecho de la posible existencia de unos defectos que a la luz de lo expuesto y de lo decidido en el proceso de repetición, no se encuentran debidamente configurados.
Bajo esas consideraciones, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 86 y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, así como los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017) y el Acuerdo 377 de 2018 expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia resultan vulnerados por la autoridad judicial demandada con ocasión de la sentencia del 30 de agosto de 2018, en la que, según lo afirma el tutelante, se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y de violación directa de la Constitución, al declararse responsable en el proceso de repetición, por no haber motivado la declaratoria de insubsistencia de un funcionario que fue nombrado, a su vez, en un acto administrativo ordinario y sin motivación.
3. Esquema de solución
El anterior problema jurídico conlleva a que sea necesario abordar, en primer lugar, la evaluación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, una vez contratados que se cumplan en su totalidad, pasar a examinar si se concretan los defectos alegados.
4. Requisitos de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Requisitos generales:
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se estructura a partir de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia general para cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
Causales específicas:
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implique el incumplimiento de los servidores judiciales al dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente judicial, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
5.1.1. Legitimación
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona directamente o “por quien actúe en su nombre”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, de modo que, en el presente caso, la acción de tutela fue presentada, en nombre propio, por el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, sujeto directamente afectado con el fallo objeto de controversia constitucional, quien, por lo tanto, se encuentra legitimado en la causa por activa.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 5 del decreto 2591 de 1991, el Consejo de Estado, como autoridad pública que profirió la providencia atacada, se encuentra legitimado en la causa por pasiva.
5.1.2. Relevancia constitucional
La jurisprudencia constitucional ha resaltado en diversas oportunidades y, de manera más reciente en la sentencia SU-041 de 2018, la importancia de la acreditación de este requisito en el sentido de que de la situación fáctica del caso se logre evidenciar que la acción de tutela se dirija a prevenir la afectación de un derecho ius fundamental, y no que se está utilizando el medio de amparo para controvertir aspectos de mera legalidad, como una instancia adicional o mecanismo alternativo para obtener un resultado favorable para la situación particular del accionante.
La Corte Constitucional, en la citada decisión, destacó:
“(…) 11. La relevancia constitucional del asunto sometido al juez de amparo, es uno de los requisitos generales que debe acreditarse para avalar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte en sentencia C-590 de 2005, estableció que este presupuesto implica que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no demuestren una clara importancia constitucional, pues de lo contrario, se involucraría en asuntos que deben ser resueltos por otras jurisdicciones.
12. Así las cosas, la relevancia constitucional requiere que el asunto sometido a conocimiento del juez de tutela, debe tener trascendencia Superior y no solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica.
(…) 13. No obstante, el juez de tutela, en principio, no puede declarar la improcedencia del amparo cuando está frente una controversia de naturaleza contractual o económica, con base en que, en esta clase de asuntos no se debaten derechos fundamentales, sino que, debe analizar la situación planteada y determinar si se trata de una discusión ius fundamental, a partir del estudio de elementos que hacen parte de la dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las circunstancias subjetivas de las partes que solicitan la protección constitucional, de tal manera que se garantice el “efecto de irradiación” de la Carta sobre el ordenamiento jurídico[198].
En definitiva, el juez de tutela debe verificar si el caso puesto a su conocimiento contiene un debate de relevancia constitucional, especialmente cuando existan intereses que prima facie, podrían ser considerados económicos, lo que generaría la improcedencia de la petición de protección, en particular, porque la vulneración de los derechos fundamentales invocada tendría la potencialidad de generar un impacto financiero en sus titulares, sin embargo, dicha circunstancia no convierte el asunto en una discusión estrictamente dineraria, pues el debate que subyace y que resulta transversal a la misma tendría una innegable naturaleza ius fundamental, con independencia de sus consecuencias patrimoniales.” (Negrilla fuera de texto).
Como puede observarse de los apartes transcritos, el Alto Tribunal Constitucional hace énfasis en que la relevancia constitucional debe estar encaminada a que la decisión objeto de reproche este vulnerando o amenazando un derecho ius fundamental en el que a partir de su estudio se vean afectados elementos que hacen parte de su dimensión objetiva.
Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que la afectación de los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia alegados por el tutelante se deriva de la condena impuesta por su conducta a título de culpa grave enmarcada dentro del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, con ocasión de la expedición del acto administrativo de retiro del empleo que ocupaba el señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez, sin que éste fuera debidamente motivado, por lo que la Universidad Popular del Cesar tuvo que pagar una indemnización dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Adarve Martínez contra dicho ente universitario, lo que hace que la providencia judicial atacada incurra en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
La Sala encuentra que este requisito se encuentra acreditado en la medida en que se ven afectados derechos ius fundamentales como el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia del demandante con ocasión de la decisión judicial objeto de reproche constitucional, y en esa medida se presente relevancia constitucional al no tratarse de un asunto meramente legal, procesal o económico.
5.1.3. Subsidiariedad
Frente a este requisito, la Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos, ha reiterado que la acción de tutela se torna improcedente cuando se emplea como un mecanismo principal ante la existencia de otros medios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
En todo caso, el juez de tutela deberá verificar si existiendo otras vías para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, las mismas resulten inocuas ante la configuración de una amenaza o peligro inminente que no permita una protección eficaz de esos derechos por las vías procesales adecuadas.
En igual sentido, esta Corporación en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó los requisitos especiales que, además de los consagrados en la sentencia C-590 de 2005, debe cumplir la acción de tutela cuando se reprochen decisiones emanadas por las Salas o Secciones del Consejo de Estado, que para el presente caso corresponde a una decisión proferida el 30 de agosto de 2018 por la Sección Tercera, Subsección “A”, dentro de la acción de repetición instaurada por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Abdo Enrique Barrera Mejía (radicado número 11001-03-26-000-2014-00192-00 - 52925).
Ahora bien, dentro de la citada decisión de unificación se acogieron como reglas para la procedencia de tutelas contra providencias del Consejo de Estado, las siguientes:
“Como puede verse, los requisitos generales están estrechamente relacionados con la procedibilidad de la acción de tutela, mientras que los requisitos o causales especiales se refieren a la vulneración de derechos fundamentales, al fondo del asunto o, en otras palabras, a la prosperidad de la acción, esto es, a los presupuestos para conceder la tutela o el amparo
3.3.- El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad comporta el rechazo o la declaratoria, según el caso, de la improcedencia de la tutela.
En principio, el rechazo de la acción procede en los casos en que la solicitud no es corregida por el accionante, previo requerimiento del Juez, de acuerdo con el artículo HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5304" \l "17" 17 del Decreto 2591 de 1991. Y, por regla general, cuando el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales se evidencie al momento de proferirse el fallo, lo indicado es declarar la improcedencia de la acción.
Así pues, como los requisitos de procedibilidad deben ser estudiados de manera rigurosa por el juez de tutela, se pasará a analizarlos con el fin, además, de sentar unas bases hermenéuticas para los futuros casos:
3.3.1.- Identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción
El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia del Consejo de Estado HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81365" \l "_edn47" \o "" [47].
3.3.2.- Explicar la presunta vulneración de los derechos fundamentales y agotar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance
Sin perjuicio del deber del Juez, el actor tiene la carga de indicar en qué etapa del proceso judicial ocurrió la vulneración de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la decisión del Consejo de Estado, – o de cualquier juez, agregaría la Sala – y en qué términos fue resuelta HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81365" \l "_edn48" \o "" [48].
Ahora bien, en caso de que el actor hubiese contado con la posibilidad de plantear tal vulneración en el proceso judicial –mediante el ejercicio de un medio de defensa ordinario o extraordinario– y no hubiese cumplido con su carga procesal, siempre que no exista una justificación razonable para tal omisión, lo indicado es rechazar o declarar, según el caso, improcedente la tutela.
Esta condición, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, supone que la acción de tutela,
“… sólo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente. En este sentido, la acción de tutela no suplanta ni reemplaza a los mecanismos ordinarios ni puede servir para remediar la negligencia de alguna de las partes procesales. Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de indefensión. Si las acciones y recursos judiciales ordinarios y extraordinarios han operado adecuadamente, nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos.” HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81365" \l "_edn49" \o "" [49]
El incumplimiento de este requisito supone, pues, un juicio de reproche a la falta de actividad diligente del actor para cuestionar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso, esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes.
3.3.3.- Subsidiariedad
La subsidiariedad, como condición para la procedencia de la acción de tutela, supone que el actor no cuente o haya contado con otro medio, ordinario o extraordinario de defensa judicial para cuestionar la decisión objeto de amparo.
Esta regla tiene su excepción en los casos en los que el actor demuestre que la providencia del Consejo de Estado cause un perjuicio iusfundamental irremediable.
En términos de la jurisprudencia constitucional, esta carga se deriva del deber del actor de “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”, condición, además, que se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal b) del fundamento jurídico 24 de la sentencia HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17304" C-590 de 2005.
En caso de que exista un mecanismo judicial, siempre que no se acredite un eventual perjuicio irremediable, con independencia de las posibilidades de éxito de las pretensiones del actor, deberá rechazarse o declararse improcedente, según las circunstancias.
A diferencia de la condición precedente, en este caso no se trata de un juicio de reproche sobre la conducta del actor, sino de la constatación de la existencia o no de un medio actual de protección judicial (ordinario o extraordinario) que no ha ejercido o no ejerció el actor.” (Subrayado fuera de texto)
Para la Sala resulta evidente que ante las reglas fijadas por esta Corporación, en la referida sentencia de unificación, para que proceda la acción de tutela deben haberse agotado todos los mecanismos judiciales de defensa que tienen a su disposición las partes y que no haya existido falta de actividad diligente para ejercitar los recursos ordinarios y/o extraordinarios que tengan a su alcance, pues acudir a la protección de sus derechos fundamentales por vía de tutela sin que se hayan utilizado todos los medios idóneos de defensa al interior del proceso ordinario, conllevaría a que se desnaturalice el propósito de este medio de amparo a la luz de lo establecido en el artículo 86 Superior y en el Decreto 2591 de 1991 y, a su vez, que exista una suplantación del juez natural de la causa por el juez de tutela.
En el caso sub examine, se tiene que dentro del proceso de repetición radicado número 11001-03-26-000-2014-00192-00, el demandado agotó todas las etapas procesales pertinentes, así como también actuó con la debida diligencia al momento de allegar los escritos y pruebas que consideró debían ser tenidas en cuenta al momento de proferir la decisión de fondo.
Ahora bien, no sobra precisar que los recursos extraordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011 tampoco encuadran dentro del asunto objeto de estudio, pues del consignado en el artículo 248 ejusdem, que en principio podría interponerse contra la citada providencia, se tiene que ninguna de las causales previstas en el artículo 250 ídem se encuentran configuradas, como tampoco estaría llamado a prosperar el mecanismo consagrado en el artículo 256 del C.P.A.C.A., por cuanto éste sólo procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos del país y no por las Salas o Secciones de esta Corporación.
En ese orden de ideas y dado que se emplearon los mecanismos procedentes y el actuar del demandante en el marco del rito procesal seguido al interior del proceso de repetición fue diligente y oportuno, se encuentra superada esta exigencia.
5.1.4. Inmediatez
En lo atinente a la configuración de este requisito, la Corte Constitucional al igual que esta Corporación, han trazado una línea jurisprudencial en torno al plazo o lapso razonable para promover la acción de tutela contra providencia judicial, pues tal como está establecido en el artículo 86 Superior, dicho mecanismo podrá interponerse en cualquier tiempo; sin embargo, para que la protección de los derechos fundamentales no se torne en inocua por parte de los jueces constitucionales, el debate sobre la posible vulneración de derechos fundamentales con ocasión de una decisión judicial, debe hacerse en un escenario donde se puedan garantizar a tiempo tales garantías presuntamente desconocidas por la autoridad judicial demandada.
En contexto, la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia de unificación ya referenciada, en relación con la inmediatez, destacó lo siguiente:
“3.3.4.- Inmediatez
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.
Como se reconoció desde la primera decisión proferida por la Corte Constitucional sobre este mecanismo, “[l]a tutela tiene como dos de sus caracteres distintivos esenciales los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; el segundo puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza”[50] (Subrayas propias).
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, “resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela”[51]”[52].
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo[53].
Tal aseveración es razonable toda vez que, “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”[54].
Además, tal como se señala en reciente providencia de la misma Corporación[55], el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable[56]”. Además, garantiza la seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio “[57]”. También frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos[58]”.
Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto[59].
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.” (Negrillas fuera de texto).
Tal como se puso de presente, no existe un término definido por la Constitución o la Ley para la interposición de la acción de tutela, por lo que al fijar como plazo un lapso de 6 meses, se pretende que no se afecten, además de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, garantías constitucionales de terceros que puedan resultar perjudicados con la decisión que se adopte, así como principios constitucionales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
En lo que respecta a la acreditación de esta exigencia en el presente caso, se tiene que la decisión objeto de reproche constitucional fue proferida el 30 de agosto de 2018, notificada por estado fijado el 27 de septiembre de ese mismo año y desfijado ese mismo día, quedando debidamente ejecutoriada el 2 de octubre de esa anualidad, mientras que la acción de tutela se presentó el 5 de marzo de 2019, lo que quiere decir que entre la ejecutoria de esa decisión y la presentación de la demanda de amparo, transcurrieron cinco (5) meses y tres (3) días, por lo que se entiende superado el examen de este requisito, al haberse interpuesto esta acción en el plazo razonable acogido por esta Corporación en la aludida sentencia de unificación.
5.1.5. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela
Para efectos de abordar esta última cuestión es necesario tener en cuenta que, si bien, el accionante menciona la presencia de los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, solamente presenta sustentación al referirse al defecto sustantivo al considerar que no son aplicables las normas que exigen la motivación del acto de insubsistencia, y en lo que respecta al defecto por violación directa a la Constitución consideró que dicha causal está configurada porque, a su entender, se desconoce el artículo 125 Superior, que establece que el ingreso al servicio público debe hacerse por concurso de méritos, salvo en aquellos casos en que el nombramiento se haga de manera discrecional o por elección popular, de modo que sólo deben motivarse los actos de insubsistencia de cargos de carrera administrativa.
No se encuentra, sin embargo, que haya sustentado el defecto fáctico, pues lejos de indicar una omisión o indebida valoración de medios probatorios en concreto, el actor se limitó a volver sobre el argumento normativo de que no había soporte suficiente para aplicar la presunción de culpa grave cuando hay violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, incluida en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, pues no aplicaba la obligación de motivación de los cargos de carrera.
Como se observa, el actor no cumple con el requisito de explicación suficiente para llevar ante el juez de tutela un examen sobre un defecto fáctico. Más bien se reiteran argumentos del defecto sustantivo con otra forma de proponerlos.
En mérito de lo anterior, la Sala considera que solamente se satisface este requisito en relación con el defecto sustantivo y el de violación directa a la Constitución.
Adicionalmente, no se argumentó una irregularidad procesal; se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio, y la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Superado el análisis de los requisitos generales de procedibilidad, procede la Sala a examinar el caso concreto.
5.2. Acreditación de los requisitos específicos de procedibilidad en el caso concreto. Teoría del caso
5.2.1. Defecto Sustantivo
En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció que la procedencia de este requisito específico tenía lugar cuando la autoridad judicial accionada desconoce normas, aplica disposiciones legales que no se ajustan a la solución del problema jurídico planteado o deja de lado el precedente judicial, bien sea horizontal o vertical.
El defecto sustantivo o material nace del reconocimiento del hecho de que la competencia o facultad otorgada a las autoridades judiciales para interpretar las normas y aplicarlas al caso concreto, no es absoluta. Se incurre en este defecto, cuando el juez desborda dichas facultades al sustentar su decisión en una norma inaplicable, por alguno de los siguientes supuestos que fueron recopilados en la sentencia SU-632 del 2017:
“(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptad.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución.”
La Corte Constitucional distinguió otros eventos constitutivos de defecto material o sustantivo, en los siguientes términos:
(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene (contraevidente) (…). En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados.”
La configuración de este defecto, entonces, está relacionada con la aplicación del Derecho en el caso concreto para resolver el problema jurídico y como argumento sustantivo que sostiene la decisión judicial.
En el caso objeto de solución, se controvierte la aplicación normativa de la cual se deriva la responsabilidad patrimonial del accionante. Esto es del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que dispone que se presume que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa y por tanto genera responsabilidad, cuando hay “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. Presunción que se realizó por cuanto la autoridad judicial accionada concluyó que el tutelante había desconocido las normas que mandan motivar el acto administrativo que declara la insubsistencia de empleados de carrera en provisionalidad.
Lo anterior plantea el defecto sustantivo en relación con normas inaplicables al caso concreto para definir la responsabilidad por vía de la repetición de una indemnización que debió pagarla UPC, ante la declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho derivada de un acto administrativo realizado por el hoy accionante en sede de tutela.
Así las cosas, es necesario, antes de abordar la adecuación de esta causal al caso concreto, hacer un análisis sobre los temas sustanciales alrededor de los cuales se presenta la alegación del defecto. Esto es: i) la motivación de los actos administrativos de retiro y ii) la responsabilidad del agente estatal a título de dolo o culpa grave en los procesos de repetición. A partir de lo anterior se pasará a determinar si se configura el defecto acusado en el caso concreto.
5.2.1.1. Motivación de los actos administrativos de retiro
Al manifestar su voluntad y por tratarse de asuntos de orden público, la administración está en la obligación de motivar sus actos con argumentos de hecho y de derecho con el fin de salvaguardar la cláusula del Estado de Derecho, el debido proceso, el principio democrático y el principio de publicidad, y en general, la razón de la motivación de los actos administrativos “proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder”.
Así se estableció en el artículo 35 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.), subrogado por el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), que reza lo siguiente:
“ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.” (Negrilla fuera de texto).
Bajo esas consideraciones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2010, respecto de la necesidad de motivar los actos administrativos, precisó:
“(…) 5.1.- La motivación como elemento del Estado de Derecho, del principio democrático, del principio de publicidad y garantía del debido proceso para el acceso efectivo a la administración de justicia.
Por regla general la Administración tiene el deber de motivar los actos a través de los cuales se materializa el poder del Estado en cada una de sus instituciones; es decir, tiene la obligación de hacer explícitas los fundamentos o razones de hecho y de derecho de sus decisiones. Para el caso colombiano, ello es consecuencia directa del diseño adoptado en la Carta Constitucional de 1991, sobre el cual esta Corporación ya ha tenido oportunidad de referirse en numerosas oportunidades.
En la Sentencia SU-250 de 1998 la Sala Plena de la Corte Constitucional unificó por vez primera su jurisprudencia sobre el deber de motivación de los actos administrativos[21]. Apoyada en importantes planteamientos doctrinarios, la Corte explicó que la discrecionalidad no puede ser interpretada ni confundirse con la arbitrariedad. Recordó cómo en el sistema napoleónico imperial no había tal exigencia y cómo en el antiguo régimen español ni siquiera se requería motivar las decisiones judiciales, de manera que sólo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se desarrolla la dogmática según la cual, salvo casos excepcionales, los actos de la administración también deben estar motivados.
Desde entonces la jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente, uniforme, extensa y reiterada sobre el deber inexcusable que tiene la Administración de motivar los actos administrativos, no solo en asuntos de tutela sino también en decisiones de control abstracto de constitucionalidad[22]. Por ejemplo, en la Sentencia C-734 de 2000 la Corte precisó que la motivación es la mejor forma para distinguir lo discrecional de lo arbitrario. Dijo entonces:
“De lo hasta aquí expuesto puede concluirse que la discrecionalidad absoluta entendida como la posibilidad de adoptar decisiones administrativas sin que exista una razón justificada para ello, puede confundirse con la arbitrariedad y no es de recibo en el panorama del derecho contemporáneo. La discrecionalidad relativa, en cambio, ajena a la noción del capricho del funcionario, le permite a éste apreciar las circunstancias de hecho y las de oportunidad y conveniencia que rodean la toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la norma que autoriza la decisión discrecional. En este orden de ideas, le asiste razón al actor cuando afirma que la necesidad de motivar el acto administrativo se erige como la mejor garantía para distinguir lo discrecional de lo arbitrario”.
(…)
La Corte Constitucional también ha reconocido que la motivación de los actos tiene sustento en el concepto de Estado de Derecho que recoge la Constitución de 1991, “puesto que de esta manera se le da una información al juez en el instante que pase a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo”[25].
(…)
Concordante con lo anterior, la Corte ha precisado que la fundamentación explícita “es necesaria a fin de que el afectado pueda controvertir las razones que llevaron al nominador a su desvinculación. Sólo de esta manera se le garantiza el debido proceso y se posibilita el acceso efectivo a la administración de justicia”[30].
(…)
En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente.”
En el mismo sentido, esta Sala de Subsección, acogiendo los criterios previamente definidos por la citada sentencia de unificación, en reiterados pronunciamientos, dentro de los cuales se destaca el siguiente, en lo relacionado con la motivación de actos administrativos en donde se desvincula a un servidor público, consideró:
“1.2.- En cuanto al deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas se tiene que la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad ; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa , que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas.”
Como se observa, la regla general indica que los actos administrativos deban motivarse y, de hecho, así lo indicó la Corte Constitucional cuando, en su momento, en la Sentencia C-371 de 1999 declaró la constitucionalidad de los artículo 35 y 76 del Código Contencioso Administrativo en el sentido que “todos los actos administrativos que no sean expresamente excluidos por norma legal [o constitucional] deben ser motivados, al menos sumariamente, por lo cual no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación alguna. Y, si los hubiere, carecen de validez, según declaración que en cada evento hará la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la sanción aplicable al funcionario, precisamente en los términos de la disposición examinada”.
Cuando se trata de actos administrativos relacionados con la desvinculación de servidores públicos, esta regla general de motivación, salvo excepciones expresas tratándose de los actos administrativos de retiro de servidores públicos, obedece a la categorización de los mismos empleos según lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 “[p]or la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, como se pasa a ver:
“Artículo 5. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así (…)”
En concreto, el artículo 41, establece la forma de retiro de los “empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa”, y establece la excepción a la regla general de motivación para los empleados de libre nombramiento y remoción en el siguiente sentido:
“Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”.
De lo anterior se deriva que, cuando se trata de un cargo de libre nombramiento el acto de retiro no debe ser motivado, diferente al caso en el que se trata de empleados de carrera. Distinción que alcanza los supuestos de empleos de carrera provisionales, pues, de manera categórica, en el Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”, se dispuso en el artículo 10, que “[a]ntes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.
En estos términos la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2010 unificó su postura frente a los empleados que eran nombrados como provisionales en los cargos de carrera administrativa y determinó que al igual que los empleados de carrera administrativa, su retiro debe ser motivado, pues no por el sólo hecho de haber sido designados bajo esa modalidad, debe entenderse que su vinculación se puede asimilar a los de libre nombramiento y remoción, pues a pesar de no haber ingresado al cargo por un concurso de méritos, le corresponde al nominador motivar la decisión de retiro del servicio en aras de salvaguardar los principios de Estado de Derecho, al control de arbitrariedad de la administración en sus actuaciones, así como el respeto al derecho fundamental al debido proceso del servidor público, sobre el particular la Corte señaló:
“el hecho de que un funcionario ejerza un cargo en provisionalidad no lo convierte en uno de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene cabida esa excepción al deber de motivar el acto de insubsistencia. En este sentido la Corte precisa que aún cuando los servidores públicos nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no tienen las garantías que de ella se derivan, porque no han superado las etapas para proveer un empleo en forma definitiva (especialmente a través del concurso de méritos), lo cierto es que si tienen el derecho a la motivación del acto de retiro, que constituye una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso, del respeto al estado de derecho y del control a la arbitrariedad de la administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un cargo de carrera.”
En esa medida, la Corte también indicó que si bien los empleados designados en provisionalidad no gozan de las mismas garantías de quienes ocupan un cargo de carrera administrativa en propiedad, no pueden asimilarse a los empleos de confianza donde se ejercen funciones de manejo y dirección, pues su vinculación se hizo en razón a la necesidad de la administración de suplir esa vacante de manera transitoria, mientras se adelanta el proceso de selección por intermedio del concurso de méritos que se convoque para tal fin, y no por razones de discrecionalidad del nominador.
Queda así sentada la conclusión derivada del ordenamiento legal aplicable de que el acto de retiro de los empleados de carrera de carácter provisional debe ser motivado, pues solamente es posible exceptuar de la regla general los empleos de libre nombramiento y remoción, que, como excepción a la regla general de motivación de los actos administrativos, es necesario la indicación expresa de que un cargo es de libre nombramiento y remoción para efectos de su vinculación y de su retiro.
5.2.1.2. La presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en los procesos de repetición
La Ley 678 de 2001 reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Tal acción de repetición se promueve en “contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.”
Como se observa, la responsabilidad de servidores públicos por vía de la acción de repetición tiene lugar cuando previamente el Estado haya pagado una indemnización y a causa de su conducta dolosa o gravemente culposa, para lo cual, la misma Ley 678 de 2001 establece ciertas situaciones concretas en las que se puede presumir una u otra. En particular, sobre la culpa grave el artículo 6 de la ley establece:
“Artículo 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal” (resaltado de la Sala).
Lo anterior supone, entonces, que el ordenamiento ha previsto ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero que, como se deriva del numeral primero del artículo 6, es necesario demostrar ciertos supuestos de hecho, a saber, una violación de normas de derecho que tenga la calidad de manifiesta e inexcusable. Sobre el primero de ellos, la Corte Constitucional, al controlar la constitucionalidad de la disposición en comento, y en armonía con la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia, ha indicado que “se entenderá que la manifestabilidad es requisito del concepto de culpa grave, ya que no cualquier error, en este caso uno poco evidente, recóndito o nimio, podría ser constitutivo de aquel tipo especial de culpa”. La inexcusabilidad, por su parte, resulta en que” no cualquier error tiene la potencialidad de comprometer la responsabilidad del agente estatal: sólo aquel que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto, podría ser juzgado con esa calificación. En ese sentido, es cierto que si el error no es inexcusable, no existe responsabilidad patrimonial por parte del agente del Estado.”
En todo caso, la configuración de esta presunción requiere que la violación de las normas del derecho no se derive de un simple error, sino de uno de tal entidad que hubiera podido ser advertido y se haya podido evitar con el cumplimiento diligente de la función pública en lo que atiene a la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto.
5.2.1.3. Verificación del defecto sustantivo
En el caso de autos, el accionante aduce la configuración del defecto sustantivo por cuanto el Consejo de Estado habría aplicado la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho contenida en numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, partiendo de que no se había motivado un auto de retiro a un servidor público de carrera administrativa en provisionalidad. Afirma el accionante que el acto de retiro se refirió a un empleado de libre nombramiento y remoción, en tal sentido se configuraba la violación de las normas de derecho.
Al respecto, en la providencia atacada, el Consejo de Estado partió de verificar que el régimen aplicable para la vinculación y desvinculación de los servidores de la Universidad Popular del Cesar era la Ley 909 de 2004 y que, en concordancia con tal régimen, dicho ente universitario en el Acuerdo No. 001 del 22 de enero de 1994 (Estatuto General de la UPC), había definido cuáles cargos eran de libre nombramiento y remoción y cuáles eran de carrera administrativa, con la precisión de que los cargos que no se señalaran expresamente de libre nombramiento y remoción, eran de carrera administrativa.
En efecto, la providencia objeto de examen se refirió al caso del señor Nolasco de Jesús Adarve Martínez en el sentido que se había posesionado en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 10 sobre el cual no había manifiesta indicación de que fuera de libre nombramiento y remoción y que, por tanto, pertenecía al régimen de carrera administrativa.
Bajo esta perspectiva, el Consejo de Estado pasó a aplicar la regla general sobre la motivación de los actos administrativos de retiro en el sentido de que, como se explicó previamente, el señor Adarve Martínez, al estar nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, su acto de retiro debía ser motivado, pues no se configuraba la excepción aplicable a los de libre nombramiento y remoción.
Así las cosas, en la providencia objeto de acción de tutela se había resuelto con base en el derecho aplicable de conformidad con la jurisprudencia que ha definido la interpretación concreta para los cargos de carrera provistos en provisionalidad, en lo que respecta al deber de motivación del acto administrativo de retiro.
Definido el ámbito normativo aplicable, el órgano judicial accionado concluyó que se estructuraba la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, pues sobre estos actos administrativos hay plena certeza jurídica en relación con su motivación por lo que no encontró razones para excusar su cumplimiento. En efecto, la Sección Tercera, Subsección “A”, afirmó que el ahora tutelante “omitió los cuidados más elementales, no actuó con prudencia, ni fue diligente; por el contrario, vulneró el Estatuto de la UPPC que le obligaba a observar el contenido de la Ley 909 de 2004, artículo 41, parágrafo 2º; y de su Decreto reglamentario 1227 de 2005, artículo 10º, las cuales de forma clara e inequívoca le imponían el deber de motivar ese acto administrativo”.
Así las cosas, más allá del desacuerdo del actor con el fallo reprochado, no se observa la existencia de un defecto sustantivo. De hecho, se advierte que la entidad accionada se ajustó a los mandatos jurídicos aplicables y que en este fallo fueron brevemente expuestos. En consecuencia, no procede el amparo solicitado por este aspecto.
5.2.2. Defecto por violación directa a la Constitución
Sobre este defecto el tutelante expresó a lo largo del escrito de la demanda que la decisión reprochada desconoció lo establecido en el artículo 125 Superior; sin embargo, no se argumentó con exactitud bajo qué parámetros la citada decisión judicial violó de manera directa la Constitución, pues tan solo se hizo referencia al artículo 125 sin advertir el mandato jurídico constitucional que había sido desconocido por la Sección Tercera, Subsección “A”, sin entrar a detallar la acreditación de esta exigencia.
Este artículo, establece los principios generales del acceso a los cargos públicos y, concretamente, de carrera administrativa, pero en la sustentación del actor no hace manifiesto de qué manera la sentencia objetada lo desconoció, lo que sería suficiente para denegar el amparo por este cargo.
Sin embargo, no sobra advertir que, en todo caso, el artículo 125 Superior es desarrollado por la normatividad aquí descrita y que en específico establece las reglas concretas sobre la motivación de los actos administrativos. Resultaría impensable afirmar que el cumplimiento de las normas derivadas de la Constitución es, a la vez, un desconocimiento de la misma. En efecto, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, que la reglamenta, son una garantía del artículo 125 de la Constitución, pues concretan los principios constitucionales y las garantías de estabilidad laboral para los empleados de carrera y, por extensión de los nombrados en provisionalidad.
Como corolario de lo anterior, la Sala no encuentra que se configure ninguno de los defectos alegados por la parte actora, de manera que en mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Decreto 1983 de 2017. Fl. 2 cdo ppal tutela 2019-00042. Folio. 271 del cuaderno principal 2. El artículo 41 de la Ley 909 de 2005. Folio 267 del cuaderno principal 2, establece: “Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”. Por su parte, el artículo 10 del Decreto reglamentario 1227 de 2005 indica: “Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”. Ibídem. Fl. 18 cdo ppal acción de tutela 2019-00043-00. Fls. 19-23. Fls. 29 a 32. Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).”
Ver entre otras las sentencias: T-706/12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-604/13 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-097/14 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-084/15 M.P. María Victoria Calle Correa; T-008/16 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-318/17 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-201/18 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-014/19 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Exp. No. 11001-03-15-000-2014-02201-00 I.J., demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Fls. 253 a 271 cdo. Ppal. proceso número 2014-00192-00 (52.925). Fl. 27 ídem. Fl. 1 cdo de tutela. SU-210 de 2017. T-1095 del 2012. Sentencia C-054 de 1996. Sentencia T-204 de 2012. Sentencia del 27 de noviembre de 2017, Exp. No. 76001-23-31-000-2001-03460-01 (35.273). En palabras de la Corte Constitucional en la Sentencia SU 917 de 2010: “En síntesis, la Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión”. C-455 del 2002. El artículo 41 de la Ley 909 de 2005. Folio 267 del cuaderno principal 2, establece: “Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”. Por su parte, el artículo 10 del Decreto reglamentario 1227 de 2005 indica: “Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.
INCLUDEPICTURE "cid:image001.jpg@01CC6BB9.4C5A9B70" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "cid:image001.jpg@01CC6BB9.4C5A9B70" \* MERGEFORMATINET
PAGE \* MERGEFORMAT5
INCLUDEPICTURE "cid:image001.jpg@01CC6BB9.4C5A9B70" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "cid:image001.jpg@01CC6BB9.4C5A9B70" \* MERGEFORMATINET
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.