Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00951-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00951-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00951-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
25 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL Inexistencia / DESVINCULACIÓN DEL CARGO EN PROVISIONALIDAD - Acto administrativo debe ser motivado
[E]s evidente que la autoridad judicial accionada, acogió el precedente jurisprudencial, como ya se indicó, toda vez que la parte actora no cumplió con la expedición de un acto de retiro motivado, de tal manera que el hecho de que la decisión de la sentencia en reproche hubiese sido diferente a lo pretendido por la accionante, no supone una afectación a sus garantías y derechos fundamentales, por tanto la solicitud de amparo en este caso no prospera. De lo anterior se concluye que la sentencia (…) no adolece de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, (…) lo que descarta la vulneración de derecho fundamental alguno al actor, lo que impone negar el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, por las razones antes expuestas.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1567 DE 1998 / LEY 909 DE 2004 / DECRETO 2591 DE 1991 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00951-00(AC)
Actora: NACIÓN - CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION B
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por la Nación - Congreso de la República contra la sentencia de 26 de julio de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I – ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La NACIÓN - CONGRESO DE LA REPÚBLICA promovió acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal.
I.2.- Hechos
Para dar claridad a las alegaciones del escrito de tutela la Sala advierte como hechos relevantes, confrontados con los del medio de control en el que se expidió la sentencia cuestionada, los siguientes:
Mediante Resolución No. 125 de 3 de marzo de 1993 el señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA fue nombrado en provisionalidad en el cargo de mensajero grado 01 de la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República.
Posteriormente y por Resolución No. 1369 de 23 de diciembre de 2003, fue encargado como operador de equipo grado 03 de la sección de grabación del Senado de la República.
Que la Contraloría General de la República realizó una auditoría en dicha entidad, y determinó que los funcionarios nombrados en provisionalidad no podían ser objeto de ascensos en la modalidad de encargo, ya que esta situación solo se predica de los funcionarios inscritos en la carrera administrativa.
Por Resolución No. 1424 de 1º de diciembre de 2010, el Director General del Senado de la República dio por terminado el encargo del demandante en el proceso ordinario, como operador de equipo grado 3 de la sección de grabación de esa Corporación, para corregir el hallazgo de la Contraloría General de la República.
Que el 22 de septiembre de 2011, el demandante en el proceso ordinario, fue elegido vicepresidente de la Asociación de Servidores Públicos del Congreso de la República de Colombia “ASECOR”, organización sindical de la corporación, situación que le fue comunicada al entonces director del Senado dr. OMAR ENRIQUE VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ.
Que mediante oficio DRH-2478 de 6 de octubre de 2011, la jefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, le informó al demandante en el proceso ordinario, que recibiría un nombramiento en el cargo de “mecanógrafa grado 03” de la Presidencia del Senado, por lo que mediante oficio No. 44699 comunicó su aceptación al cargo.
Hasta el 16 de febrero de 2012, la jefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, le informó al demandante que, “[…] teniendo en cuenta lo manifestado por la Contraloría en el 2010, para acceder al cargo de Mecanógrafo Grado 03 tenía que renunciar al cargo de Mensajero Grado 01 que ostentaba desde 1993 en provisionalidad”, razón que llevó a la presentación de su renuncia al cargo que venía ocupando y que le fue aceptada por la Resolución 1398 de 17 de febrero siguiente.
En consecuencia y mediante Resolución 1399, también del 17 de febrero de 2012, fue nombrado por el terminó de 6 meses para el cargo de Mecanógrafo Grado 03.
De este último cargo se solicitó autorización de prórroga por el nominador y conferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, hasta que se expidiera la lista de elegibles producto del concurso de méritos, de conformidad con la autorización contenida en la comunicación 2012 EE 32662 de 6 de agosto de 2012.
El 19 de diciembre de 2012, le fue comunicado al demandante en el proceso ordinario que saldría a disfrutar de sus vacaciones a partir del 24 de diciembre de 2012 y, hasta el 17 de enero de 2013. Para 18 de enero de 2013, la Oficina de Carnetización del Congreso de la República a cargo de la Policía Nacional, había retirado las credenciales de ingreso del demandante en el proceso ordinario a las instalaciones del Congreso de la República.
Con ocasión de esta situación, el funcionario mediante petición elevada ante la Directora Administrativa del Senado de la República, de 24 de enero de 2013, solicitó la expedición del acto administrativo de retiro comoquiera que fue excluido de la nómina mientras seguía desempeñando sus funciones laborales, sumado a que tenía condición de aforado; sin embargo no recibió respuesta de fondo a esta solicitud.
Esta petición fue respaldada por la Presidenta de “ASECOR”, mediante peticiones del 25 de enero de 2013 y el 4 de febrero siguiente, en la que también pidió el reintegro del demandante en el proceso ordinario y el pago de los emolumentos dejados de percibir a causa de su desvinculación, toda vez que fue despedido sin la autorización del Juez Laboral, solicitudes que tampoco fueron respondidas.
Para la parte tutelante, el 17 de agosto de 2012 terminó la relación laboral de iure entre el Congreso de la República y el señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA, al cumplirse la condición resolutoria fijada en el acto administrativo de nombramiento, la cual “[…] estableció el término de duración del encargo en provisionalidad por un periodo de seis (6) meses y por cuenta del máximo tiempo de vigencia para funciones en provisionalidad previsto por la Ley 909 de 2004 y el art. 8º del Decreto 1227 de 2005”.
Alegó que por la terminación de la relación de hecho, le pagó al demandante en el proceso ordinario, la totalidad de los factores salariales percibidos hasta el 17 de diciembre de 2012, sin embargo el funcionario demandó la nulidad del acto presunto negativo que surgió del silencio administrativo con respecto a la petición de 24 de enero de 2013, con el fin de reintegrarse en un cargo “de igual o mejor categoría al de mecanógrafa grado 03 de la Comisión Especial para la vigilancia de los organismos electorales del Senado de la República”, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá ordenó el reintegro del demandante y el pago de todos los emolumentos, a través del fallo emitido el 27 de julio de 2016.
En virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Senado de la República, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B de la Sección Segunda, a través del fallo de 26 de julio de 2018, confirmó la decisión del a quo y adicionó el numeral cuarto de la sentencia de 27 de julio de 2016, en el sentido de ordenar el reintegro, siempre y cuando no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no hubiese cumplido la edad de retiro forzoso.
De igual forma, modificó el numeral quinto del referido fallo, y ordenó el pago de los factores salariales dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando las sumas que por cualquier concepto, haya percibido el demandante, sin que la suma sea inferior a 6 meses ni exceda los 24 meses de salario.
Finalmente, que el fallo dictado en el proceso ordinario desconoció el artículo 8º del decreto 1227 de 2005 y 24 de la Ley 909 de 2004 y desconoció los precedentes judiciales, “[…] al otorgarle un tratamiento de funcionario de provisionalidad a quien se venía desempeñando como funcionario de facto o de hecho”.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó en su escrito de tutela lo siguiente:
“[…]
Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección (B) […], vulnerados en la Sentencia del veintiséis (26) de Julio de 2018, por medio de la cual se configura un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente […]
Que, en consecuencia, de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección (B), […] proferir fallo conforme a derecho y dando aplicación a las normas legales, constitucionales y precedentes judiciales correspondientes al caso […]”.
I.4. Defensa
El Tribunal, rindió informe sobre los hechos de la tutela y señaló que esta acción carece de fundamento válido, comoquiera que la sentencia no desconoció el precedente judicial invocado ni incurrió en defecto sustantivo alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" \o "" [11].
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la tutela plantea, con suficiente carga argumentativa, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial que, en criterio de la parte actora, incurrió el Tribunal accionado; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de Jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la providencia en reproche, fue notificada de forma electrónica el 5 de septiembre de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 5 de marzo de 2019, es decir, en un plazo razonable y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Por consiguiente, corresponderá a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “B” de la Sección Segunda incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar el reintegro del señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA y el pago de los factores salariales dejados de percibir por este hasta el momento de la sentencia, y que a juicio de la parte actora, le otorgó un tratamiento de un funcionario en provisionalidad a uno de facto o de hecho, comoquiera que continuó laborando en esa entidad sin que mediara prórroga de su nombramiento en provisionalidad.
En el caso objeto de estudio, se advierte que la parte actora (por sustitución del poder conferido por el Presidente del Senado de la República al abogado Jhonatan García Alvira), pretende que se deje sin efecto la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual se ordenó el reintegro y pago de salarios dejados de percibir hasta el momento del fallo, de cuyo contenido se transcribe lo siguiente:
“[…] la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC puede autorizar nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, siempre que lo justifique el jefe de la entidad, entre otras razones; y la provisión de nombramiento provisional del empleo mecanógrafa 03 en el Senado de la República, para el año 2012, fue autorizada por el término de 6 meses por el Presidente de la CNSC, mediante oficio 2012EE de 16 de enero de 2012 y es por ello, que a través de la Resolución 1399 de 17 de febrero de 2012, el Director General del SENADO DE LA República resolvió nombrar provisionalmente al señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA por 6 meses en el cargo de mecanógrafa 03 de la comisión especial para la vigilancia del organismo electoral del Senado de la República.
La misma preceptiva que antecede también dispone, que la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC debe resolver las solicitudes de prórroga de nombramientos provisionales o encargos, y en el presente caso se encuentra probado, que dicha prórroga fue autorizada con el oficio 0-2012 EE 32662 de 6 de agosto de 2012 de la CNSC hasta el momento en que se expidan las correspondientes listas de elegibles, producto del concurso de méritos, previa solicitud del jefe de la entidad, realizada mediante oficio DGA-CI-2646-07-12 de 13 de julio de 2012.
No obstante lo anterior, no hubo formalización del acto administrativo expedido por la entidad, que prorrogara el nombramiento en provisionalidad del actor, debidamente autorizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, aunque sí se encuentra probado que:
Existe una resolución sin número, firmada por el Director General del Senado de la República, pero sin firma del Secretario General, prorrogando el nombramiento provisional del señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA en el cargo de MECANÓGRAFO GRADO 03 hasta que se expidan las correspondientes listas de elegibles producto del concurso de méritos.
El demandante continuó laborando en la entidad demandada hasta el 18 de diciembre de2012.
Le fue concedido el disfrute de sus vacaciones, mediante resoluciones 2647 de 12 de diciembre y 2664 de 18 diciembre de 2012.
Por Resolución 2664 de 18 de diciembre de 2012, la Dirección General Administrativa reconoció y ordenó el pago de horas extras al accionante, como mecanógrafo, sección grabación, del mes de diciembre […]”.
Por lo que, el Tribunal accionado resolvió:
“[…] PRIMERO.- ADICIONAR el numeral cuarto de la Sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, de fecha 27 de julio de 2016, e el sentido de ordenar el reintegro del señor JOSÉ DARÍO GONZÁLEZ GRANADA, […] siempre y cuando dicho cargo no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso.
SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral quinto de la referida sentencia, en el sentido de ordenar el pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando las sumas que por cualquier concepto de carácter público, haya percibido el demandante, sin que la suma sea inferior a 6 meses ni exceda los 24 meses de salario […]”.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir hasta la emisión de la sentencia ordinaria, a funcionario de facto o de hecho, comoquiera que continuó laborando en esa entidad sin que mediara prórroga de su nombramiento en provisionalidad.
De los presuntos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial de la sentencia emitida por el Tribunal accionado
En lo que respecta al defecto sustantivo la Sala aclara que es el Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto- Ley 1567 de 1998”, es el que le impone a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizar los encargos y nombramientos provisionales, cuando no medie convocatoria a concurso, cuando así lo invoque la entidad nominadora en razón a estrictas necesidades del servicio. Las normas consideradas por el Tribunal para decidir el recurso de apelación, preceptúan lo siguiente:
“Artículo 8º. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004”.
[…]
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de 2007 (Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1227 de 2005).
“Artículo 1°. Modifícase el parágrafo transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2005, modificado por los artículos 1° de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007, el cual quedará así:
"Parágrafo transitorio. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.
El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.
La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá resolver las solicitudes de autorización para encargos o nombramientos provisionales o su prórroga, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud, si en este término la Comisión no se pronuncia, con el fin de garantizar la prestación del servicio, el nombramiento o encargo se entenderán prorrogados o la entidad solicitante podrá proceder a proveer el empleo, según sea el caso […]”.
ARTICULO 9º. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional cuando fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador.
ARTÍCULO 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados […]”. (Resaltado fuera de texto).
Se precisa que el parágrafo transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2005 modificado por el artículo 1º del Decreto 4968 de 2007, dispuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil era la entidad que autorizaría nombramientos provisionales solicitados por la entidad nominadora y cuando no existiera convocatoria a concurso, por razones de estricta necesidad del servicio que así lo justificaran.
Esta norma en relación con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 4968 de 2007, fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante Auto No. 2566 de 5 de mayo de 2014, proferido dentro del proceso No. 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-12), hasta que se dicte sentencia.
Con ocasión de dicha suspensión, la CNSC expidió la Circular No. 003 de 2014 por medio de la cual estableció que, en relación con los efectos de dicho Auto, a partir del 12 de junio de 2014, no expedirá autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de nombramiento en provisionalidad, mientras que la suspensión provisional ordenada por esta Corporación continuara vigente.
Esta precisión es oportuna porque esta disposición no se encontraba suspendida al momento de la emisión del acto tácito de retiro, por medio del cual se desvinculó al demandante en el proceso ordinario a partir del 18 de diciembre de 2012, del cargo de “mecanógrafa grado 03”, lo cual constituye un elemento de juicio necesario para determinar el presunto defecto sustantivo invocado por la parte actora.
Ahora bien, conforme se examinó por el Tribunal la provisión de cargos en el Congreso de la República se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y su Decreto reglamentario 1227 de 2005, que regula la forma de vinculación de los empleos de carrera y la procedencia excepcional del nombramiento provisional cuando no haya personal que cumpla los requisitos para ser encargado y no exista lista de elegibles vigente.
Esta vinculación provisional no podía superar los seis (6) meses y requería la autorización de la CNSC. Además los actos de retiro de los empleos de carrera nombrados en provisionalidad, deben ser motivados debido a que constituyen el ejercicio de una competencia reglada.
En ese contexto normativo, se aprecia que el fallador en la sentencia objeto de censura aplicó los preceptos que regulaban para ese momento los nombramientos en provisionalidad y la autorización a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En efecto y para el sub examine se encontró probado por el Tribunal la emisión del oficio 0-2012 EE 32662 de 6 de agosto de 2012 de la CNSC, que autorizó la prórroga del nombramiento del demandante en el proceso ordinario, hasta el momento en que se expidieran las listas de elegibles del respectivo concurso de méritos.
Lo anterior también se constató con la solicitud de autorización de la prórroga del jefe de la entidad (aquí accionante), mediante oficio DGA-CI-2646-07-12 de 13 de julio de 2012; tal como lo argumentó el Tribunal accionado.
No obstante, aunque no se formalizó en “acto administrativo” el nombramiento en provisionalidad del demandante en el proceso ordinario, el Tribunal encontró elementos de juicio válidos para concluir que la parte actora le permitió a aquel, continuar desempeñando el cargo de “mecanógrafa grado 03” en el Senado de la República, hasta el 18 de diciembre de 2012, sumado al hecho de que no acreditó un acto de retiro motivado, razones por las cuales no se configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora, en lo atinente a la inaplicación de los artículo 8º del Decreto 1227 de 2005 y 24 de la Ley 909 de 2004, según los cuales el término de provisionalidad no puede exceder el período de seis (6) meses.
En otras palabras, justamente en aplicación el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, es que el Tribunal accionado justificó su decisión, al advertir que la parte actora no emitió un acto administrativo que le explicara los motivos de su desvinculación, obviando la aprobación de la prórroga de ese nombramiento por parte la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Ahora, en relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial que apunta al desempeño de un cargo por un funcionario de facto, tampoco le asiste razón a la actora, pues la providencia cuestionada lo que analizó fue la inexistencia de un acto motivado que haya desvinculado al funcionario que había sido nombrado mediante Resolución 1399 de 2012.
La parte actora pretende desconocer la autorización conferida por la CNSC de la prórroga de dicho nombramiento en provisionalidad que el mismo solicitó, para ahora alegar que se trató de un funcionario de facto, situación que descarta la alegación que ahora plantea.
Es de aclarar que el Consejo de Estado ha señalado en su jurisprudencia reiterada que el retiro del servicio de los empleados que ocupen cargos de carrera en provisionalidad debe ser justificado a través de la expedición de un acto administrativo motivado; en ese sentido, razonó en la sentencia de 23 de septiembre de 2010:
“[…] La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que estén desempeñando en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227 de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado […]”. (Resaltado fuera de texto).
En esa línea jurisprudencial, el Consejo de Estado al resolver un caso similar como el que ahora nos ocupa, en sentencia de 18 de octubre de 2012, dijo lo siguiente:
“[…] Ahora bien, aunque la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó la prórroga del nombramiento provisional para el cargo de Auxiliar Administrativo solicitada por la entidad demandada, ésta última se abstuvo de designar al actor en el cargo referido, pues no expidió ningún acto administrativo para el efecto, sin embargo, el accionante, con el consentimiento de la referida entidad, continúo ejerciendo funciones hasta octubre de 2008. De lo anterior, se concluye que el demandante laboró hasta esa fecha, toda vez que dentro del proceso no se debatió ni se probó que con posterioridad […] siguiera vinculado a la entidad.
Sin embargo, lo que se observa es que una vez finalizado el nombramiento realizado a través del Decreto 981 de 2007, se le permitió al accionante seguir laborando, razón por la cual este tenía la convicción de que la citada prórroga lo facultaba para permanecer en el cargo que desarrollaba en virtud del nombramiento realizado a través del Decreto 981 de 2007. A pesar de lo anterior, y aunque se probó que el demandante laboró hasta octubre de 2007, la entidad demandada no le señaló las razones que conllevaron a su desvinculación.
Adicionalmente, en el citado decreto de nombramiento, se expresó que a través de Oficio No. 0-07-2007-45698, la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó el nombramiento para proveer la vacante en el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 13, por un término de seis meses, y posteriormente, como consecuencia de petición de la entidad demandada, autorizó la prórroga del citado cargo, pero no sometió la vigencia de ésta a un plazo, sino a una condición, es decir, señaló que el nombramiento provisional estaría vigente hasta el momento de la expedición de las correspondientes listas de elegibles producto de un concurso de méritos.
Por lo anterior, concluye la Sala, que la Comisión Nacional del Servicio Civil prorrogó el empleo desempeñado por el actor, y en razón a dicha prórroga, éste laboró en la entidad demandada hasta octubre de 2008. Sin embargo se desconoce si con posterioridad a esa fecha esa vacante fue ocupada como resultado de un concurso de méritos o de un nombramiento provisional, pues tal situación no fue demostrada dentro del plenario.
Así las cosas, es evidente que la intención de la entidad demandada era lograr la prórroga del cargo desempeñado por el actor, toda vez que ésta fue solicitada ante la citada Comisión, la cual concedió la autorización pertinente, por tal motivo, el actor debió continuar en el ejercicio de sus funciones, más aún, teniendo en cuenta que la referida Comisión expresó que dicha prórroga se realizó en el entendido que se continuaría la provisión con el mismo servidor público que venía desempeñándolo y que no hay lugar a prórroga de un nombramiento en provisional cuando se ha cambiado a la persona escogida para su desempeño, ya que al momento de cambiar de servidor público el empleo queda nuevamente en vacancia definitiva y debe solicitarse nuevamente la autorización inicial ante esa Comisión. Adicionalmente expresó que la autorización de prórroga no es válida para proveer nuevamente el empleo a otra persona.
En tal sentido, es evidente que se incurrió en una flagrante violación a la ley, toda vez que el retiro del actor, debió ser motivado, tal como lo señala el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Adicionalmente, la entidad demandada podría haberle permitido continuar en el desempeño del cargo hasta tanto se expidiera la correspondiente lista de elegibles”. (subrayado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, es preciso recordar que la motivación de los actos administrativos implica la manifestación expresa de la Administración de las razones concretas que fundamentaron su decisión pues, si bien es cierto, la determinación del retiro del cargo puede sustentarse en el “buen funcionamiento de la entidad pública”, o en “la necesidad del servicio”, también lo es que dicha determinación no puede afectar la relación directa que surge entre el ejercicio laboral del servidor público y su incidencia en los postulados que rigen la función administrativa.
En esa línea argumentativa, la Corte Constitucional se pronunció sobre el retiro de los provisionales así: “[…] En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente […]”.
De acuerdo con lo anterior y la jurisprudencia en cita, es evidente que la autoridad judicial accionada, acogió el precedente jurisprudencial, como ya se indicó, toda vez que la parte actora no cumplió con la expedición de un acto de retiro motivado, de tal manera que el hecho de que la decisión de la sentencia en reproche hubiese sido diferente a lo pretendido por la accionante, no supone una afectación a sus garantías y derechos fundamentales, por tanto la solicitud de amparo en este caso no prospera.
De lo anterior se concluye que la sentencia de 26 de julio de 2018 no adolece de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, previstos en la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional y acogida en la Jurisprudencia de esta Corporación, como causales específicas de procedencia de la acción de tutela, lo que descarta la vulneración de derecho fundamental alguno al actor, lo que impone negar el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, por las razones antes expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER el original del proceso objeto de la presente acción de tutela al Juzgado de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2019.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
En adelante el Tribunal.
El Presidente del Senado de la República, doctor Ernesto Macías Tovar, otorgó poder al abogado Julián Andrés Prada Betancourt el 6 de febrero de 2019, quien a su vez sustituyó dicho mandado al abogado Jhonatan García Alvira.
En adelante, el demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo al artículo 384 de la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, el cual determina que: mientras se expidan normas sobre carrera administrativa de la Rama Legislativa, se aplicarán las normas generales de carrera Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Según lo adujo el actor en el medio de control de nulidad y restablecimiento.
Folios 48 y 49 del expediente ordinario. Cabe observar que, obra en el expediente, el concepto emitido por la especialista en Derecho Administrativo Dra. Carmen Elvira Bornacelli Vergara, en el que sostiene que “[…] la legislación colombiana no prevé la prórroga automática de los nombramientos que por primera vez se realizan en provisionalidad, una vez culminado el per[í]odo de seis meses, de manera inmediata debió suspenderse el pago de los salarios y prestaciones sociales a las personas que habían sido nombradas en provisionalidad. […] Como se observa en este caso, al no existir prórroga de la provisionalidad, se presentó una terminación de la vinculación, de manera que, para que volviera a existir la vinculación [del demandante en el proceso ordinario], debió realizarse un nuevo nombramiento en provisionalidad y consecuentemente la posesión en el cargo […]” visto y leído en los folios 51 y 52 del expediente ordinario.
Folio 5 de la acción de tutela.
Hechos números 6 y 7 del escrito de la acción de tutela.
Folio 581 del expediente ordinario.
Hecho número 8 del escrito de la acción de tutela, visto en el folio 5.
Visible al folio 56.
Folios 666 y 667 del segundo cuaderno, del expediente ordinario.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
“…descontando las sumas que por cualquier concepto de carácter público, haya percibido el demandante ordinario, sin que la suma sea inferior a 6 meses ni exceda los 24 meses de salario”.
El cargo en el cual fue nombrado de manera provisional el demandante se denomina mecanógrafa grado 03 de la comisión para la vigilancia electoral del Senado de la República.
Confrontado con el expediente ordinario, folio 59 y 60.
Confrontado con el expediente ordinario, folio 46 y 47.
Confrontado con el expediente ordinario, folio 44.
Parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004: “Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado…”.
“Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”.
El texto subrayado fue suspendido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante auto No. 2566 de 5 de mayo de 2014, proferido dentro del proceso No. 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-12) C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Actor: Iván Alexander Chinchilla Alarcón, Demandado: Nación- Departamento Administrativo de La Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual la Directora y Representante Legal del Departamento de la Función Pública, DAFP, a través de apoderado judicial, manifestó que coadyuva la demanda de nulidad y la petición de suspensión provisional, “[…] por cuanto considera que la normatividad acusada contraviene lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en sus artículos 24 y 25, en los cuales no se establece que corresponda a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el otorgamiento de permisos o autorizaciones para esas formas de provisión de empleos, razón por la cual tanto el Decreto 4968 de 2007, expedido por el ejecutivo, así como la Circular No. 005 de 2012 expedida por la Comisión Nacional, exceden las facultades legales y constitucionales otorgadas a dichos Organismos […]”, por lo que “[…] El Despacho resalta que el objeto de esta providencia es establecer si del cotejo entre el Decreto 4968 de 2007 proferido por el Presidente de la República y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Circular No. 005 de 2012, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, con las normas invocadas en la solicitud de medida cautelar, se violan los preceptos Constitucionales y legales y en consecuencia, es procedente suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos administrativos acusados.
Folio 46 y 47 el expediente ordinario.
Folio 44 del expediente ordinario.
El demandante en el proceso ordinario, el señor José Darío González Granada.
Al folio 14 del escrito de tutela la parte actora enuncia diversos pronunciamientos en los que se define la figura del funcionario de facto.
Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de 23 de septiembre de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-2005-01341-02 (0883-08) C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Actor: María Stella Albornoz Miranda, Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. (Página 26 de la misma).
La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas.
Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, del 18 de octubre de 2012, Radicación número: 08001-23-31-000-2009-01032-01(1090-12) C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Sentencia SU-556 de 24 de julio de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Sentencia de la Corte Constitucional, SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, línea jurisprudencial que recogió, entre otras, las decisiones contenidas en los fallos T-007 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1022 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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