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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01002-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01002-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor Robert Torres Ospino, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al Juzgado Cuarto Administrativo Judicial de Valledupar, el expediente 20001-33-33-004-2013-00537-00, enviado en calidad de préstamo. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01002-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

25 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO, DEFECTO FÀCTICO Y DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - Inexistencia / REPARACIÓN DIRECTA - Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad / CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la vÍctima

Como se puede apreciar, el Tribunal no dejó de valorar las pruebas obrantes en el expediente, como tampoco se puede advertir que las mismas hayan sido estimadas de manera equivocada, desconociendo manifiestamente su sentido y alcance dentro del proceso. En relación con el defecto sustantivo, la Sala advierte que la labor adelantada por el Tribunal accionado hace parte de su función interpretativa de las normas y de la aplicación del precedente fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la decisión que profirió no es subjetiva o irrazonable (…) Ahora bien, la Sala estima que es de gran importancia señalar que el Tribunal exoneró de responsabilidad al Estado a la Fiscalía General de la Nación por configurarse la causal denominada culpa exclusiva de la víctima, en razón a que «dado el carácter especial del presunto delito cometido, por el demandante, y la situación de violencia originada por grupos armados que actúan al margen de la ley, se imponía a las autoridades la adopción de decisiones y actuaciones prontas, justas y garantistas, (…) Sobre el particular cabe resaltar que aunque el apoderado judicial, en el escrito de tutela, hace referencia al defecto de decisión sin motivación, la realidad es que no ofrece consideraciones y argumentos para soportar la citada causal de procedibilidad, y no indica el motivo por el cual el Tribunal no sustentó en debida forma la decisión. Por todo lo anterior, (…) ha de denegarse la acción de tutela (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01002-00(AC)

Actor: ROBERT TORRES OSPINO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el apoderado judicial del señor Robert Torres Ospino en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, con ocasión de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida dicha autoridad judicial dentro del medio de control de reparación directa.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El ciudadano Robert Torres Ospino, por intermedio de apoderada judicial, formuló acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad personal, a la igualdad, al debido proceso y señaló el desconocimiento del principio de la seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado 20001-33-33-004-2013-00537-01, adelantado por el actor en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, que revocó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por el apoderado judicial del accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

El señor Robert Torres Ospino fue capturado el 15 de enero de 2009, por solicitud de la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, autoridad que, mediante providencia de 28 de enero del mismo año, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sindicándolo del delito concierto para delinquir agravado por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Posteriormente, en auto de 22 de octubre de 2009, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar profirió resolución de acusación en contra del accionante como probable autor de la citada conducta punible.

Mediante proveído de 21 de febrero de 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Valledupar absolvió al actor por los cargos que le fueron imputados.

El accionante y su grupo familiar instauraron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar.

En el libelo introductorio, la parte demandante pidió que se declarara a la Fiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales, morales y la alteración a las condiciones de existencia, sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad, a la que fue sometido por espacio de 156 días, por la imputación que se le hizo como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado por la conformación de grupos armados al margen de la Ley.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, en sentencia de 1° de agosto de 2017, declaró a la referida entidad administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los actores, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Robert Torres Ospino, durante el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2010 y el 23 de febrero de 2011 y, a su vez, condenó a la demandada a pagar los perjuicios morales y materiales.

Manifestó que la anterior decisión fue apelada por la Fiscalía, con el argumento consistente en que la privación de la libertad no podía denominarse «injusta», toda vez que se fundó en pruebas que fueron legalmente aportadas a la investigación, comoquiera que quedó plenamente acreditada la materialidad del hecho y que existían dos indicios graves de responsabilidad en su contra.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2018, revocó la decisión adoptada por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones planteadas en la demanda, al considerar que el accionante «incidió directamente con su conducta en que se iniciara una investigación penal en su contra, en virtud de la cual se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención en centro penitenciario, sin que esto conlleve a que se le deba indemnizar los perjuicios que alega padeció por una supuesta privación de la libertad».

El apoderado judicial del accionante consideró que el fallo de segunda instancia incurrió en los siguientes defectos:

«Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio»: toda vez que en la decisión adoptada por el Tribunal no valoró de forma integral las pruebas aportadas, pues solo se sustentó en el acercamiento que tuvo el actor con los miembros de las AUC, siendo esto una «valoración desviada de la realidad probatoria, ajenas a la razón y desproporcionada que no constituyen un indicio contingente […]».

«Defecto fáctico por omitir la valoración de la prueba»: porque el Tribunal accionado no valoró las pruebas específicas y decisivas que obraban en el plenario, lo que implica la violación del derecho al debido proceso; así mismo señaló lo siguiente:

«[…] en punto a la omisión y valoración integral de la prueba como lo exige el artículo 238 del Código de procedimiento penal ley 600 de 2000 que de haberse hecho una verdadera valoración y no tomar un fragmento en forma negativa y calificarlo en forma sospechosa cuando era una conducta de acción tendiente a recuperar como hijo los restos mortales de sus padres asesinados por las AUC esto representa un desconocimiento de los derechos de las víctimas, definitivamente podía cambiar el sentido del fallo de segunda instancia en el proceso Medio (sic) de control de reparación directa que el señor ROBERT TORRES OSPINO presentó contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, las pruebas que integran el expediente y las consideraciones de tipo probatorio y legales en la sentencia de primera instancia no fueron valoradas por la sentencia de segunda instancia en forma integral, fueron cercenadas con un argumento que no responde a la verdad procesal ni mucho menos puede tener la entidad para desconocer los derechos de mi poderdante como víctima y el reclamo de una indemnización por la privación injusta de la libertad en virtud de un error antijurídico por lo cual se incurrió en defecto factico (sic) en dimensión omisiva, vulnerando el derecho al debido proceso de los demandantes […]».

«Defecto sustantivo por insuficiente sustentación o justificación de la actuación»: por cuanto la autoridad judicial accionada se limitó «[…]a relacionar el contenido de la sentencia de primera instancia, las pretensiones, la contestación de la demanda, reseña de jurisprudencia hasta la página 25, limitándose la motivación y argumentación en la página 26 y 27 al hecho de que el contacto directo que hizo el hoy demandante con el grupo al margen de la ley para lograr un acercamiento con miembros de ese grupo para obtener información sobre el paradero de los cuerpos de sus padres para luego concluir que esos fines personales con que se realizó la averiguación incurrió en una actuación sospechosa y como tal asumió una conducta que influyo directamente en que se declarara una actuación penal en su contra desconociéndose así los derechos de las víctimas y el verdadero objetivo que represento esa actuación y como fue recuperar los cuerpos de sus padres y en ningún momento fue para concertarse a fin de cometer delitos indeterminados y en el (sic) tiempo o para integrar dicha organización significando esto una insuficiencia en la justificación de la actuación de la magistrada desviándose de la realidad probatoria y el verdadero contenido que transmite las pruebas al ser analizadas bajo las reglas de la sana critica».

«Decisión judicial sin motivación»: al considerar que el Tribunal accionado «[…] hace un gran despliegue de las normas jurisprudenciales transcribiéndolas y resumiendo la decisión de primera instancia sin realizarse razonamientos y valoraciones no a la luz de las reglas de la sana critica sino una conclusión que no representa una verdadera valoración ni argumentación para llegar a esa conclusión de calificar como sospechosa un fragmento de la indagatoria rendida por mi hoy poderdante, siendo ello un acto natural, espontaneo creíble cuando expuso del porque trato de lograr acercamiento con miembros de las AUC después de 12 años sin saber de los restos mortales de sus padres, esto no fue valorado sino desviado y no se valoró en la motivación de la providencia de fecha septiembre 6 de 2018, Se (sic) le dio un sentido y una interpretación más allá de su contenido y de su análisis integral, desconociéndose lo afirmado por el del porque logro ese acercamiento (sic)».

LAS PRETENSIONES

Las pretensiones formuladas por el apoderado de la parte actora fueron las siguientes:

«1.-Sirvase conceder la tutela de los derechos fundamentales violados y descritos en el acápite denominado (derechos violados). Por consiguiente, sírvase dejar sin efecto la decisión adoptada el día 6 de septiembre de 2018 por parte del Tribunal Administrativo del Cesar y ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar y se ordene (sic) proferir una nueva sentencia confirmando la decisión de primera instancia de fecha 1 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar mediante la cual se declaró a la fiscalía general de la nación (sic) administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a los actores a consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto mi hoy poderdante ROBERT TORRES OSPINO, durante el periodo comprendido entre los días 17 de septiembre de 2010 hasta el 23 de febrero de 2011 y como consecuencia de ello deberá cancelar las sumas especificadas y reseñadas en el numeral 2 de la parte resolutiva de dicha decisión por concepto de lucro cesante y perjuicios morales condenando en costas a la fiscalía general de la nación (sic) y demás decisiones adoptadas en dicha providencia.

2. Que se ampare los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD JURIDICA, A LA FAMILIA, LA LIBERTAD, LEGALIDAD, LA HONRA, EL RESPETO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DEMAS DERECHOS FUNDAMENTALES Y derechos conexos a los invocados en la presente acción de tutela.

3.-Que se deje sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, siendo magistrada ponente la doctora DORIS PINZON AMADO dentro del expediente No.20-001-33-33-004-2013-00537-01 donde se violaron los derechos constitucionales fundamentales antes invocados.

4.-Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, Magistrada ponente doctora DORIS PINZON AMADO que dentro de los 10 días siguientes emita una sentencia siguiendo los lineamientos jurisprudenciales dados por el Consejo de Estado, en lo referente a la figura del respeto al debido proceso, legalidad derecho a la, (sic) la familia, la libertad, la honra, el precedente jurisprudencial y demás derechos y que valore en debida forma las pruebas practicadas y aportadas al proceso contencioso administrativo de reparación directa dentro del radicado No.20-001-33-33-004- 2013-00537-01».

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 13 de marzo de 2019, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vincularon como terceros con interés en los resultados de la actuación a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, a los ciudadanos Maite Aridis Galeano Gaitán, Misleida, Margarita Rosa y Geoberto José Torres Ospino y a los tres hijos menores de 18 años del accionante.

INTERVENCIONES

Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1. Mediante escrito de 19 de marzo de 2019, el doctor Oscar Iván Castañeda Daza, en su condición de presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, solicitó que se deniegue el amparo, por cuanto la decisión proferida por la corporación «no es constitutiva de vía de hecho judicial» y citó los argumentos esbozados en la sentencia objeto de controversia.

V.2. La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, se pronunció a través de escrito de 19 de marzo de 2019, en el cual consideró que la acción de tutela es improcedente por cuanto «no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad, así tampoco se argumenta la configuración de alguna causal especifica de procedibilidad de la tutela contra providencia judiciales».

Respecto al requisito de subsidiariedad, advirtió que «la parte tuteante no da cuenta de por qué, a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo del tribunal administrativo del Cesar».

En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la acción, sostuvo que «la parte actora no logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos».

Puso de presente que el fallo se fundamentó en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, contendidos en las sentencias C-037 de 1996 y de 15 de agosto de 2018, respectivamente.

V.3. Erika Tatiana Torres Vásquez y Liam Felipe Torres Galeano, en condición de hijos, Margarita, Misleyda y Geoberto Torres Ospino, en calidad de hermanos del accionante, manifestaron que actuaban como coadyuvantes en la presente acción de tutela, al estimar «que si hubo privación injusta de la libertad, la cual no le es atribuible a la víctima directa señor Robert Torres Ospino, como se demuestra en los hechos».

V.4. Por intermedio de la Secretaria General del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Valledupar, se informó de la remisión, en calidad de préstamo, del expediente del medio de control de reparación directa con radicado 20001-33-33-004-2013-00537-00, adelantado por la parte actora en contra de la Fiscalía General de la Nación. Aparte de lo anterior no hizo ninguna otra consideración.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor Robert Torres Ospino, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VI.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada por la parte actora, a la Sala le corresponde establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si el Tribunal Administrativo del Cesar, al revocar la sentencia de 1° de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, y negar las pretensiones del medio de control de reparación directa 20001-33-33-004-2013-00537-01, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación, con lo cual vulneró los derechos fundamentales a la libertad personal, a la igualdad y al debido proceso del actor.

Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; ii) el defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por indebida interpretación normativa; iii) el defecto fáctico, iv) la decisión sin motivación y, v) la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad; para posteriormente vi) resolver el caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VI.4. El defecto fáctico.

En la sentencia SU-062 de 7 de junio de 2018, la Corte Constitucional expone que el defecto fáctico tiene una dimensión negativa y otra positiva. La dimensión negativa se configura cuando el juez i) niega una prueba, ii) no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u iii) omite por completo la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso. La dimensión positiva se configura, al contrario, i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión.

De igual manera, el alto Tribunal Constitucional establece que la dimensión positiva se presenta cuando el juez efectúa una valoración por «completo equivocada», o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Dicha dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: «i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria».

La Corte Constitucional indica que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, a su vez señala que:

«En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión

En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda.

Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias lógicas. Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.

La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se funda en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que configuraría la causal por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada».

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

En conclusión, «el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica». Así como los problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios.

VI.5. Defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por indebida interpretación normativa

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, «[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]».

Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación, pero, en todos los casos, con sujeción a la Constitución y la ley vigente en el ejercicio hermenéutico que sustente sus decisiones judiciales, en el cual, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, también concurrirá la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción, entiéndase el Consejo de Estado en la jurisdicción contencioso administrativa, la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional, en la jurisdicción constitucional.

En este sentido, al tiempo que el artículo 230 Constitucional hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.

Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así, la Corte Constitucional expresó al respecto lo siguiente:

“[…] En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]” (Resalta la Sala).

De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, se ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Así las cosas, es claro que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo por interpretación normativa. En este sentido, la Corte Constitucional indica lo siguiente:

“[…] El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse […]”.

VI.6. Decisión sin motivación

Al tenor de lo dispuesto en la sentencia T-407 de 1996, proferida por la Corte Constitucional, la decisión sin motivación como causal específica de procedibilidad, se configura cuando un juez emite una providencia sin el debido sustento. Este defecto implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Esta clase de falencia se distingue del defecto fáctico en cuanto no se estructura a partir de la inconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que «la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad».

VI.7. La culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

El capítulo VI, del título III de la Ley 270 de 1996, se encarga de regular la responsabilidad del Estado con ocasión de la actividad jurisdiccional y de los funcionarios y empleados judiciales, así en el artículo 65, se indica que «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».

Respecto al evento de privación injusta de la libertad, el artículo 68 señala que «quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios».

A su vez, el legislador se ocupó de lo concerniente a la culpa exclusiva de la víctima en los eventos de responsabilidad de la administración de justicia y, en tal sentido, prescribió, en el artículo 70, que el daño era imputable a esta, cuando «haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley», a excepción de los eventos de privación injusta de la libertad, en los cuales no es exigible la interposición de los recursos, conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.

La Sección Tercera de esta Corporación, en múltiples pronunciamientos, se ha encargo de definir los alcances de la culpa exclusiva de la víctima como una causa extraña en los eventos de responsabilidad de la administración en justicia y, en especial, en los casos de privación injusta ha unificado su jurisprudencia respecto al tratamiento que debe dársele a esta institución jurídica.

Así, en el año 2013, en sentencia de 17 de octubre, con radicado número 23.374, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en torno al título de imputación objetiva de daño especial como forma de atribución jurídica de la privación injusta de la libertad e hizo una importante claridad respecto a las causales exonerativas de responsabilidad el Estado del daño antijurídico causado, en los siguientes términos:

«Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad ─especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo─, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia –contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 70–, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional –sentencia C-037 de 1996–, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del Juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el Juez de lo Contencioso Administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el Legislador o por el Juez Constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima.

Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el Juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 01 de 1984 –artículo 164– como la Ley 1437 de 2011 –artículo 187– obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".

Adicionalmente, mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora». (Negrillas y subrayas fuera del texto)

La anterior tesis jurisprudencial fue objeto de un nuevo análisis por parte de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante decisión del 15 de agosto de 2018, en la cual resolvió:

«MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar:

1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política;

2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,

3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño.

En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto». (Negrillas fuera del texto)

Respecto a la culpa exclusiva de la víctima, la Sección Tercera fue enfática en afirmar que, en todo caso, inclusive de forma oficiosa, es necesario abordar el análisis de la conducta del demandante en la generación del daño alegado, esto es, en la privación de la libertad, para determinar si ducha actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave, dando lugar a la adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva por parte del funcionario competente.

En efecto, sobre este aspecto, el fallo de unificación puntualizó:

«En esa medida, comoquiera que, en criterio de esta Sala, la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño.

[…]

Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva».

A su vez, la Corte Constitucional mediante sentencia de unificación SU-072 de 2018, se pronunció sobre el régimen de imputación aplicable a los eventos de responsabilidad del Estado por privación de la libertad, con ocasión de dos procesos que versaban sobre esta temática, uno de cuales había sido resuelto en segunda instancia declarando probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto, la el tribunal constitucional puso de presente que las causales que excluyen la responsabilidad del Estado deben estudiarse con independencia del título de imputación, en los siguientes términos:

«Planteado así el defecto se advierte que en la sentencia expedida el 7 de julio de 2016 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU072-18.htm" \l "_ftn332" \o "" , el Consejo de Estado reiteró la estructura que ha usado en muchas de sus providencias, esto es, recapituló las cuatro fases por las cuales ha pasado la jurisprudencia de esa Corporación respecto de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y concluyó que si bien en este caso se constataba que la víctima había sido absuelta de los cargos que se le formularon por prevaricato por acción y abuso de autoridad, el daño que de la privación preventiva de la libertad se le irrogó no era imputable al Estado, toda vez que fue la actuación de la víctima la que generó el resultado dañino.

De esa decisión pueden extraerse las siguientes conclusiones: i) en la misma se apeló al régimen general previsto en el  HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/42867930/node/90?fbt=webapp_preview" \t "_blank" artículo 90 de la  HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Constitución y a los antecedentes en los cuales se ha definido que la condena autónoma del Estado, se da en los casos que se regulaban en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 y por aplicación del indubio por reo, lo cual no puede calificarse como contrario al desarrollo jurisprudencial de esa Corporación, pues es la misma fórmula argumentativa que puede apreciarse en la mayoría de las decisiones adoptadas por esa corporación después de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013.

En ese fallo, además, ii), se desarrolló la causal eximente de responsabilidad estatal prevista en el  HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/404915949/node/70?fbt=webapp_preview" \t "_blank" artículo 70 de la  HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/404915949?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 270 de 1996, la cual se consideró demostrada en las diligencias, alusión normativa sobre la cual tampoco se advierte un yerro sustancial, pues tal presupuesto también se observa en el haber jurisprudencial, según el cual las causales que excluyen la responsabilidad del Estado deben estudiarse con independencia del título de imputación. Asimismo, iii), la sentencia al concluir que hubo culpa exclusiva de la víctima desacreditó el daño antijurídico, criterio determinante de la responsabilidad del Estado”.

De los lineamientos jurisprudenciales anteriormente expuestos, es claro que la culpa exclusiva de la víctima, en los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, es una causa extraña que debe ser abordada obligatoriamente por el fallador, sea a petición de parte o de forma oficiosa cuando la misma no haya sido alegada por la entidad demandada.

VI.8. El caso concreto

En el caso sub lite, la parte actora pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad personal, a la igualdad y al debido proceso, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al estimar que existían suficientes elementos para considerar razonable y proporcional la decisión de privar de la libertad al señor Roberto Torres Ospino, quedando demostrado que la Fiscalía General de la Nación actuó en ejercicio legítimo de los poderes reconocidos por el Estado.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados al inicio de estas consideraciones, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que, efectivamente, tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, a la igualdad, al debido proceso, así como el desconocimiento del principio de la seguridad jurídica; ii) el accionante agotó los medios de defensa judicial que disponía puesto que el proceso de reparación directa con radicado 20001-33-33-004-2013-00537-01, fue resuelto en primera y segunda instancia y la causal de reproche del accionante sobre el fallo cuestionado, no está acorde con las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues la sentencia fue proferida el 6 de septiembre de 2018, notificada el 10 del mismo mes y año y la acción de amparo que ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 7 de marzo de 2019; iv) la irregularidad manifestada por el accionante es de naturaleza sustancial, lo que de ser cierto, afecta la decisión de fondo; v) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y iv) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala pasa a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

VI.8.1. El defecto fáctico y su interrelación con los defectos sustantivo y decisión sin motivación

El apoderado judicial del señor Robert Torres Ospino adujo que el Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales anteriormente citados, en razón a que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, en tanto que omitió la valoración en forma integral de los elementos probatorios, limitándose únicamente al acercamiento que tuvo el actor con miembros de las AUC, cuyo objetivo era el de buscar los restos de sus padres que fueron asesinados por este grupo ilegal.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por la indebida interpretación de la realidad probatoria, toda vez que el verdadero fin del actuar del demandante era recuperar los cuerpos de sus padres y en ningún momento fue para concertar la comisión de delitos indeterminados o para integrar organizaciones al margen de la ley; significando esto una insuficiencia en la justificación del fallo.

De igual manera, señaló que en la decisión objeto de controversia se configuró un defecto de decisión sin motivación, dado que la autoridad judicial «hace un gran despliegue de las normas jurisprudenciales transcribiéndolas y resumiendo la decisión de primera instancia sin realizarse razonamientos y valoraciones no a la luz de las reglas de la sana critica sino una conclusión que no representa una verdadera valoración ni argumentación para llegar a esa conclusión de calificar como sospechosa un fragmento de la indagatoria rendida por mi hoy poderdante, siendo ello un acto natural, espontaneo creíble cuando expuso del porque trato de lograr acercamiento con miembros de las AUC después de 12 años sin saber de los restos mortales de sus padres, esto no fue valorado sino desviado y no se valoró en la motivación de la providencia de fecha septiembre 6 de 2018, Se (sic) le dio un sentido y una interpretación más allá de su contenido y de su análisis integral, desconociéndose lo afirmado por el del porque logro (sic) ese acercamiento […]».

En caso sub examine, el apoderado judicial del accionante alegó los citados defectos, cuyos argumentos van encaminados a la valoración probatoria que realizó el Tribunal Administrativo del Cesar respecto al actuar desplegado por el señor Robert Torres Ospino y que dio lugar a la privación de su libertad.

Cabe señalar que el Tribunal accionado, en la sentencia de 6 de septiembre de 2018, revocó la decisión del a quo, que accedía a las pretensiones de la demanda, al considerar que «en el asunto bajo examen si bien las pruebas allegadas al proceso penal no permitieron estructurar responsabilidad penal a cargo del ahora accionante, de ello no se desprende necesariamente que en este caso se pudiera considerar que no existieron pruebas fidedignas que permitieron deducir sin lugar a equívocos que el señor ROBERT TORRES OSPINO no estaba obligado a soportar la privación de su libertad mientras se adelantaba la investigación penal, pues influyó con su propio actuar en que se vinculara al proceso penal y se adoptara la decisión restrictiva de su libertad, por lo que no se podían perder de vista las circunstancias temporales, de modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, lo que llevó a concluir que su detención le resultó exclusivamente imputable a su proceder».

La autoridad judicial accionada arribó a la anterior conclusión, con fundamento en el análisis que se expone a continuación:

«Así las cosas, llama la atención de la Sala que el señor ROBERT TORRES OSPINO haya aceptado haber tenido reuniones y acercamientos con miembros de las AUC, con el fin de que le brindaran información sobre el paradero de los cuerpos de sus padres, y que personas que aceptaron haber sido integrantes de dicha organización criminal, lo identificaron como miembro de la misma.

En todo caso, el solo hecho de tener contacto directo con grupos al margen de la ley, para obtener fines personales, por loables que éstos fueren, implica que el señor ROBERT TORRES OSPINO incurrió en una actuación sospecha; es decir, que contario a lo decidido en primera instancia, para esta Sala el demandante asumió una conducta que influyó directamente en que se adelantara una actuación penal en su contra, lo que implica que debía soportar las consecuencias que se generan con la misma.

Posteriormente, y luego de surtirse ciertas etapas del procedimiento penal adelantado en contra del hoy demandante, se absolvió de responsabilidad, al concluir que no existían pruebas suficientes para sustentar las imputaciones realizadas en su contra.

[…]

Considera esta Corporación que la sentencia de primera instancia debía (sic) ser revocada, en razón a que la privación de la libertad en la que permaneció el señor ROBERT TORRES OSPINO no puede calificarse como injusta y desproporcionada, debido a que del material probatorio allegado al proceso se evidenció que si bien éste fue absuelto, su detención fue causada por su propio proceder, al haber asumido una actitud sospechosa en medio de los confusos hechos que dieron lugar a la afectación padecida por éste, como lo relató la Fiscalía General de la Nación.

Esta sala de decisión debe hacer claridad que con estas precisiones realizadas en precedencia y con la cita textual de las piezas procesales transcritas, no se busca afectar la inmutabilidad de la providencia penal que absolvió al demandante, decisión que goza de efectos de cosa juzgada, lo que se pretendió fue fundamentar la posición que adoptó la Sala frente a la privación de la libertad de que éste fue objeto, con lo cual se infiere que no tuvo el carácter de injusta, arbitraria ni desproporcionada, por tanto no se podía atribuir a la entidad demandada ningún tipo de responsabilidad patrimonial que debiera ser objeto de indemnización alguna a favor de la parte actora, pues no se evidenció la acusación de un daño antijurídico endilgable a ella.

Partiendo de lo anterior, estima la Corporación que en el asunto bajo examen si bien las pruebas allegadas al proceso penal no permitieron estructurar responsabilidad penal a cargo del ahora accionante, de ello no se desprende necesariamente que en este caso se pudiera considerar que no existieron pruebas fidedignas que permitieron deducir sin lugar a equívocos que el señor ROBERT TORRES OSPINO no estaba obligado a soportar la privación de su libertad mientras se adelantaba la investigación penal, pues influyó con su propio actuar en que se (sic) vinculara al proceso penal y se adoptara la decisión restrictiva de su libertad, por lo que no se podían perder de vista las circunstancias temporales, de modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, lo que llevó a concluir que su detención le resultó exclusivamente imputable a su proceder.

En este sentido, la sentencia absolutoria o resolución de preclusión no era título suficiente para probar todos los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad y para descartar las eventuales causales de exoneración de responsabilidad, en tanto se estaría negando la independencia y autonomía no sólo del juez sino de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que no se regiría por la sana critica, desconociéndose la primacía del derecho sustancial, ya que su decisión quedaría atada única y exclusivamente a la decisión del juez penal; con lo cual se desconocería la naturaleza, el objeto y los fines propios del proceso administrativo, los cuales son diferentes a las actuaciones penales, el cual se encarga de establecer la responsabilidad penal del sindicado y no la responsabilidad patrimonial del Estado.

[…]

Así las cosas, lo expuesto previamente, permite reafirmar la posición adoptada por esta Sala de Decisión, en cuanto sostiene que el señor Robert Torres Ospino incidió directamente con su conducta en que se iniciara una investigación penal en su contra, en virtud de la cual se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención en centro penitenciario, sin que esto conlleve a que se le deba indemnizar los perjuicios que alega padecido por una supuesta privación injusta de la libertad […]».

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que, luego de analizar los argumentos esbozados por el apoderado judicial del accionante, así como la actuación surtida por la autoridad judicial en cuestión, esta no vulneró derecho fundamental alguno, por las siguientes razones:

Respecto a la supuesta indebida valoración que hizo el Tribunal de las pruebas, la Sala encuentra que ello no es así, puesto que en efecto, el despacho judicial no solo expuso las razones jurídicas aplicables al caso en concreto y efectuó el análisis del material probatorio conforme a la sana critica, sino que, además, indicó la tesis expuesta por el Consejo de Estado en cuanto hace imperativo la obligación del juez administrativo de verificar la actuación de quien resultó privado de su libertad, puesto que si esta estuvo revestida de culpa grave o dolo, constituye causal exonerativa de responsabilidad.

Así, es claro que la decisión cuestionada tuvo en cuenta la posición jurídica del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa y, a su vez, hizo una interpretación jurídicamente válida de la misma, sin que se advierta por esta que la misma sea caprichosa o subjetiva.

De la misma manera, el Tribunal Administrativo del Cesar analizó los argumentos planteados por la Fiscalía, pues incluyó dentro de su decisión, transcripciones de los argumentos del ente investigador así como la indagatoria rendida por el accionante en donde se evidencia que aceptó haber tenido reuniones y acercamientos con miembros de las AUC, con la finalidad de que le brindaran información sobre el paradero de los cuerpos de sus padres, así como las declaraciones rendidas por terceros que lo sindicaban como integrante del grupo armado al margen de la ley, aclarando, además, que la valoración de las pruebas hecha por parte de la Fiscalía, respondió a los criterios interpretativos y valorativos de modo, tiempo y lugar en que las mismas fueron recaudadas y a su confrontación con las normas penales.

Por ello, la valoración efectuada por el Tribunal no corresponde a una interpretación caprichosa, desproporcionada o subjetiva de las pruebas, que lleven a considerar que la actuación judicial, fue arbitraria; por el contrario, el fallo se adoptó con los criterios de razonabilidad y juridicidad que debe rodear a las decisiones judiciales.

Así las cosas, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada señaló que sí existían elementos suficientes para considerar razonable y proporcional la decisión de privar de la libertad al actor, pues quedó demostrado que la Fiscalía General de la Nación actuó en ejercicio legítimo de los poderes otorgados por el Estado, por lo que se infiere que, a partir de esta consideración, la valoración probatoria que hiciera este Tribunal, tanto de las actuaciones de los Fiscales como de la sentencia de unificación fijada por el Consejo de Estado, no resultan contrarias a Derecho. Por el contrario, teniendo en cuenta la libertad de que gozan las autoridades judiciales para valorar las pruebas y que dicha función se somete, como anteriormente se dijo, a los criterios de la sana crítica, y a los parámetros legales y constitucionales, la corporación judicial actuó de manera objetiva y racional, al ponderar las pruebas allegadas al proceso, cumpliendo de esta manera la función de administración de justicia propias de la competencia dentro del proceso administrativo.

Además, no debe olvidarse que dentro de la autonomía judicial, la valoración probatoria permite al juez como intérprete de la ley en el caso concreto, introducir distinciones sin que éstas lleven a pensar que esta interpretación desconozca los lineamientos legales y constitucionales y se erija como un defecto.

Como se puede apreciar, el Tribunal no dejó de valorar las pruebas obrantes en el expediente, como tampoco se puede advertir que las mismas hayan sido estimadas de manera equivocada, desconociendo manifiestamente su sentido y alcance dentro del proceso.

En relación con el defecto sustantivo, la Sala advierte que la labor adelantada por el Tribunal accionado hace parte de su función interpretativa de las normas y de la aplicación del precedente fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la decisión que profirió no es subjetiva o irrazonable, por el simple hecho de que el apoderado judicial del actor no comparta la forma en que dicha corporación valoró las pruebas que consideraba pertinentes para resolver el caso.

Ahora bien, la Sala estima que es de gran importancia señalar que el Tribunal exoneró de responsabilidad al Estado a la Fiscalía General de la Nación por configurarse la causal denominada culpa exclusiva de la víctima, en razón a que «dado el carácter especial del presunto delito cometido, por el demandante, y la situación de violencia originada por grupos armados que actúan al margen de la ley, se imponía a las autoridades la adopción de decisiones y actuaciones prontas, justas y garantistas, por tanto fue dable indicar que el material probatorio allegado permitió concluir que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva ordenada contra éste, no fue injusta, aun habiendo sido absuelto de la investigación, toda vez que la actuación desplegada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el proceso penal correspondió al ejercicio del ius puniendi del Estado, convirtiéndose entonces, la privación de la libertad del señor ROBERT TORRES OSPINO, en una carga que proporcionalmente debía ser soportada».

Sobre el particular cabe resaltar que aunque el apoderado judicial, en el escrito de tutela, hace referencia al defecto de decisión sin motivación, la realidad es que no ofrece consideraciones y argumentos para soportar la citada causal de procedibilidad, y no indica el motivo por el cual el Tribunal no sustentó en debida forma la decisión.

Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo del Cesar, al proferir la sentencia de 6 de septiembre de 2018, no incurrió en los defectos alegados, teniendo en cuenta que se pronunció de manera razonable, ajustada a derecho y respetando el precedente jurisprudencial en la materia. Por lo que ha de denegarse la acción de tutela presentada por el apoderado judicial del señor Robert Torres Ospino.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor Robert Torres Ospino, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al Juzgado Cuarto Administrativo Judicial de Valledupar, el expediente 20001-33-33-004-2013-00537-00, enviado en calidad de préstamo.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Cuaderno acción de tutela, folio 32. Ibíd., folios 40 al 45
Ibíd., folios 46 al 52. Sala Plena de la Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947). Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros
Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018. Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz. Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66. Giacomette Ferrer, Ana. Introducción a la teoría general de la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2009. Página 232. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III. Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá, 2008. Página 79. Muñoz Sabaté, Luis. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001. Página 437. Corte Constitucional, T-041 de 2018. Corte Constitucional, T-464 de 2001. Corte Constitucional T-458 de 2007. Corte Constitucional T-436 de 2009. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007. ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, sentencia del 17 de octubre de 2013, Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación No.: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial. Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado". En la decisión en comento la Corte Constitucional, para fundamentar la declaratoria de exequibilidad condicionada del proyecto de disposición examinado, discurrió de la siguiente manera:
"2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”. La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible".

“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
Cfr. Fls 659 a 669 del cuaderno del Consejo de Estado. Expediente 25000232600020050200801 (40782).
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
Sentencia del 30 de agosto de 2014, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. El término es establecido por la Sala Plena de Corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha determinado que, si bien en principio no puede crearse una caducidad de la acción de tutela fijando términos inamovibles, debido a que debe encontrarse un equilibrio entre los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y el derecho fundamental al debido proceso en acciones de tutela contra providencia judicial; encontraba que, en principio, era razonable que se presentara el amparo, máximo seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de que se estudiaran, en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Folio 318 del cuaderno 2 de la acción de reparación directa.
Folio 1 del cuaderno de acción de tutela.
Sombrados fuera del texto.

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