Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01007-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01007-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01007-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
22 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESIGNACIÓN DE APODERADO JUDICIAL - Para representar al Ministerio de Defensa Nacional / DEFECTO SUSTANTIVO - No se consideró que la autonomía presupuestal y administrativa de las diferentes entidades públicas involucradas implica la designación de apoderado judicial para cada una de ellas de manera independiente / VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - Puede designar apoderado judicial de manera independiente al Ministerio de Defensa Nacional / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL - Puede designar apoderado judicial de manera independiente al Ministerio de Defensa Nacional / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[E]ncuentra la Sala que le asiste la razón a la tutelante cuando afirma que el Tribunal Administrativo del Meta al adoptar su decisión incurrió en defecto sustantivo o material, pues aplicó los artículos 75 del Código General del Proceso y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin tener en consideración las diferencias sustanciales existentes entre las entidades públicas accionadas dentro del referido proceso de reparación directa y que no obstante estar adscritas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, tienen finalidades, funciones, estructuras, organizaciones y reglamentaciones diferentes, lo que en últimas impone la necesidad de que sean representados por apoderados judiciales diferentes. Pero además, ya en líneas precedentes se precisó que por vía del artículo 37 del Decreto No. 359 de 1995, se concluyó que cada entidad administrativa, por cuenta de su autonomía presupuestal, debía responder de forma individual por las condenas proferidas en su contra, razón por la cual, mal podría pensarse que por el solo hecho de que la Policía y el Ejército Nacional son entidades públicas adscritas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional deban responder solidariamente por el hecho de una sola de ellas. Así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, incurrió en defecto sustantivo o material, por aplicar equivocadamente las normas procesales, sin tener en cuenta el régimen legal y las condiciones especiales de las accionadas Policía Nacional y Ejército Nacional. (…) observa la Sala que al adoptar su decisión la autoridad judicial no tuvo en cuenta las normas constitucionales que prevén las finalidades y estructura tanto de la Policía Nacional, como del Ejercito Nacional, así como tampoco tuvo en cuenta sus decretos reglamentarios, razones por las cuales, se estima que también incurrió en violación directa de la Constitución. (…) la Sala estima que también le asiste la razón [al determinar el desconocimiento del precedente], pues revisadas las providencias atacadas se observa que para adoptar las decisiones que se atacan, no se tuvo en cuenta las diferencias sustanciales existentes entre una y otra entidad, las cuales han sido precisadas ya de tiempo atrás tanto por la ley como por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
FUENTE FORMAL: DECRETO 395 DE 1995 – ARTÍCULO 37
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01007-00(AC)
Actor: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: Consideraciones generales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales/requisitos generales de habilitación de la tutela contra providencias judiciales/causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales/defecto material o sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
Sentido del fallo de tutela: Se amparan los derechos fundamentales de la tutelante por haberse acreditado los defectos denunciados.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional contra los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta.
I.- ANTECEDENTES
1.- La solicitud de amparo constitucional
1.1.- El 8 de marzo de 2019 la Nación – Ministerio de Defensa Nacional presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, mediante los cuales, al resolverse el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, se limitó el número de apoderados que podían representarla y el de las entidades adscritas a ella dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00, En consecuencia solicitó:
“Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y al acceso efectivo a la administración de justicia, de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Dejar sin valor y efectos los autos interlocutorios No. 549 y 680, proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta el 09 de octubre y 03 de diciembre de 2018, respectivamente.
Consecuencia de lo anterior se permita que las entidades demandadas, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, continúen ejerciendo su defensa cada una a través de sus apoderados designados para tal efecto”.
1.2.- Hechos
La Entidad tutelante expuso los siguientes:
1.2.1.- El 4 de noviembre de 2015 María Inés Moreno Rozo y otros presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional – Policía Nacional, el Departamento del Meta y el Municipio de Puerto Gaitán, solicitando que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables y, en consecuencia, se les condenara al reconocimiento y pago de los perjuicios que les fueron causados por la desaparición forzada del veedor ciudadano Nelson Restrepo Rodríguez el 21 de abril de 2000 y el desplazamiento forzado al que se vieron sometidos con posterioridad a dicho suceso.
1.2.2.- Por medio del auto de trámite No. 195 del 4 de julio de 2018, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial y se le reconoció personería a Hernando Ayala Castillo, como apoderado del Departamento del Meta; a Paula Andrea Velásquez Rico, como apoderada del Municipio de Puerto Gaitán (Meta); a Hernando Forero Rivera, como apoderado de la Policía Nacional; y a Rosa Esperanza Pineda Cubides, como apoderada del Ejército Nacional.
1.2.3.- Contra dicha decisión el Ministerio Público presentó recurso de reposición, argumentando que según el artículo 75 del Código General del Proceso, el Tribunal Administrativo del Meta no podía reconocerle personería a dos apoderados diferentes para representar los intereses de la Policía Nacional de una parte y del Ejército Nacional por otra, pues dichas Entidades se encontraban adscritas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, que era la única con personería jurídica y con capacidad procesal, por lo que debía designar un sólo un apoderado para que la representara.
1.2.4.- Ese recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta a través del auto interlocutorio No. 549 del 9 de octubre de 2018, en el sentido de reponer parcialmente el auto atacado en lo relativo al reconocimiento de la personería jurídica otorgada a los apoderados de las accionadas Policía Nacional y Ejército Nacional y, en consecuencia, ofició al Ministerio de Defensa para que en el término de 10 días informara qué apoderado continuaría con su representación judicial. Para adoptar esa decisión, el Tribunal Administrativo del Meta consideró que le asistía la razón a la vista fiscal cuando afirmó que el Ejército Nacional y la Policía Nacional hacían parte del Ministerio de Defensa en cabeza del Ministro, por lo que no podían existir más de dos apoderados que representaran sus intereses dentro de un mismo proceso.
1.2.5.- Frente a esa decisión la Policía Nacional instauró recurso de reposición, por estimar que el Tribunal no se había pronunciado sobre las notificaciones y actuaciones procesales surtidas en el asunto y alegando que si bien ella y el Ejército Nacional eran adscritas a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, cumplían funciones diferentes y tenían autonomía administrativa y presupuestal, por lo que podían designar apoderados diferentes para que representaran sus intereses dentro del proceso.
1.2.6.- Dicho recurso fue resuelto negativamente por el Tribunal Administrativo del Meta mediante el auto interlocutorio No. 680 del 3 de diciembre de 2018, en el que reiteró algunos de los argumentos expuestos en oportunidades precedentes y agregó que según el artículo 318 del Código General del Proceso, contra el auto que decide la reposición no procede ningún recurso “salvo que contenga puntos no decididos en el anterior” y que si bien el auto admisorio de la demanda se le notificó de forma individual al Ministro de Defensa Nacional, al Comandante General del Ejército Nacional y al Director de la Policía Nacional y se les otorgó la oportunidad de contestarla de forma individual, en realidad estaba dirigida únicamente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, que no podía estar representada por dos apoderados de distintas dependencias en un mismo proceso.
1.2.7.- La providencia en mención se notificó por estado que se fijó el 4 de diciembre de 2018.
1.2.8.- En cumplimiento de las providencias señaladas, por medio de los Oficios No. 025 del 15 de enero de 2019 y el No. SGTAM 19-0564 del 14 de febrero de esa misma anualidad, se requirió a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional para que informara cuál de los dos apoderados designados continuaría con su representación judicial en el proceso. Sobre ello, no hay constancia de respuesta en el expediente contentivo del amparo.
1.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional
1.3.1.- Alegó la tutelante que el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por limitar el número de apoderados que habían sido designados para asumir su representación y la de las accionadas Policía Nacional y Ejército Nacional dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00.
1.3.2.- Luego de precisar las razones por las cuales las providencias impugnadas cumplían con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, alegó que éstas adolecían de los siguientes defectos o errores específicos, a saber:
1.3.2.1.- Defecto material o sustantivo: Señaló que al adoptar su decisión el Tribunal Administrativo del Meta aplicó e interpretó equivocadamente los artículos 75 del Código General del Proceso y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no tuvo en cuenta las diferencias sustanciales existentes entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ni su autonomía presupuestal para asumir de forma independiente el pago de sus condenas (artículo 37 del Decreto No. 359 de 1995) y desconoció el Decreto No. 4222 de 2006 y la Resolución No. 3969 de 2006.
1.3.2.2.- Violación directa de la Constitución: Al respecto manifestó que el Tribunal Administrativo del Meta dejó de aplicar e interpretar, disposiciones constitucionales fundamentales para resolver los cargos formulados por la vista fiscal en el recurso de reposición.
1.3.2.3.- Desconocimiento del precedente judicial: El Tribunal Administrativo del Meta desconoció el precedente judicial y las normas jurídicas relativas a las diferencias sustanciales existentes entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional y a su autonomía presupuestal, más específicamente la sentencia proferida el 30 de julio de 2017 por la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, los artículos 11, 36 y 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto No. 2710 de 2014.
1.4.- Trámite procesal del amparo constitucional
1.4.1.- Por medio de auto del 14 de marzo de 2019 esta Subsección admitió la acción de tutela interpuesta, notificó esa decisión a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al Departamento del Meta y al Municipio de Puerto Gaitán, como terceros interesados en las resultas del proceso de la acción de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00, por último, negó la solicitud de la medida provisional deprecada.
1.5.- Fundamentos de la oposición
1.5.1.- Efectuadas las respectivas comunicaciones y notificaciones, le dieron respuesta a la solicitud de amparo constitucional el Municipio de Puerto Gaitán, el Tribunal Administrativo del Meta, el Departamento del Meta y la Procuradora 49 Judicial II Administrativa Delegada ante el Tribunal Administrativo del Meta.
1.5.1.1.- El Municipio de Puerto Gaitán presentó escrito de contestación en el que manifestó que su vinculación en el presente trámite constitucional no era necesaria, teniendo en cuenta que con sus actuaciones no vulneró alguno de los derechos fundamentales alegados por el peticionario, en consecuencia solicitó que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en su favor.
1.5.1.2.- El Tribunal Administrativo del Meta presentó escrito de contestación en el que solicitó que la tutela interpuesta fuera declarada improcedente, al señalar que no se vulneró alguno de los derechos fundamentales alegados y que contrario a lo que afirmaba la peticionaría, las decisiones se adoptaron con fundamento en las normas aplicables, esto es, los artículos 75 del Código General del Proceso y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; así como también en observancia del precedente judicial. En relación con lo último, hizo referencia a una sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 13 de marzo de 2017 dentro del proceso radicado bajo el No. 68001-23-31-000-2001-00483-01, en el que en un caso similar se expuso que la concurrencia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a un proceso con dos apoderados principales, desconocía las normas procesales.
1.5.1.3.- El Departamento del Meta presentó escrito de contestación por medio del cual solicitó que se archivara el amparo, por considerar que con las providencias impugnadas el Tribunal Administrativo del Meta no vulneró alguno de los derechos fundamentales de la tutelante y que las decisiones adoptadas se fundamentaron en las normas y la jurisprudencia aplicable al asunto, conforme a las cuales una misma persona jurídica no podía estar representada por más de dos apoderados en un mismo proceso.
1.5.1.4.- La Procuradora 49 Judicial II Administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo del Meta, presentó escrito de contestación en el que solicitó que la tutela interpuesta se declarara improcedente. Consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante. Agregó que a través del recurso de reposición interpuesto no se buscaba plantear una discusión en torno a la conveniencia o no de que la representación de las entidades accionadas se ejerciera de forma separada, ni mucho menos sobre la autonomía presupuestal de éstas para responder por las condenas que les fueran impuestas, sino poner de presente que dentro de la estructura del Estado el organismo con personería jurídica y capacidad para responder en estos asuntos es, únicamente, la Nación – Ministerio de Defensa.
II.- CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia
Esta Subsección es competente para decidir la acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional contra el Tribunal Administrativo del Meta, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 37 del Decreto No. 2591 de 1991; el Numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 de los Decretos Nos. 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo No. 377 del 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2.- Problemas jurídicos
2.2.1.- Teniendo en cuenta que en el escrito de la solicitud de amparo constitucional la accionante señaló que las providencias judiciales objeto de la acción de tutela adolecían de los vicios o errores específicos de procedibilidad relativos al defecto sustantivo o material, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, en el presente asunto el análisis se circunscribirá al acaecimiento o no de los mencionados defectos.
2.2.2.- Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar, si el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, incurrió en alguno de los defectos anotados, por limitar la representación judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y de las entidades adscritas a ella dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00.
2.2.3.- Para resolver el problema jurídico así planteado se procederá en primer lugar, a verificar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.2.4.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en los defectos alegados por la entidad tutelante, para lo cual se referirá sobre la naturaleza jurídica de la Nación – Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
2.3.- Generalidades de la tutela contra providencias judiciales
2.3.1.- Por medio de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la tutela contra providencias judiciales no sólo constituye un mecanismo de garantía y protección de los derechos fundamentales, cuando éstos se han visto amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad judicial, sino también significa un avance frente a los valores y principios que orientan el Estado social y democrático de derecho.
Resaltó igualmente que, en aras de garantizar los principios constitucionales a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, el mecanismo de la tutela contra providencias judiciales sólo procede de forma excepcional y, en su ejercicio y trámite, la función del juez de tutela es la protección de los derechos fundamentales que se han visto vulnerados con una providencia judicial.
2.3.2.- Esta Corporación, a través de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) acogió y reiteró la postura ya fijada por la Corte Constitucional en la sentencia referida, dejando claro que con la acción constitucional de tutela contra providencias judiciales no se vulneraba ni la autonomía e independencia judicial, ni el principio del Juez natural, pues dicho mecanismo no se constituía en una “instancia adicional” y su ejercicio tampoco daba lugar a que el juez de tutela se convirtiera “en el intérprete máximo de la legalidad ni [puede] suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia”.
2.3.3.- De esta forma, se entiende que conforme con los postulados fijados por la Corte Constitucional y posteriormente acogidos por la Sala Plena de esta Corporación, la acción de tutela procede de forma excepcionalísima en contra de las providencias judiciales siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos genéricos y específicos de procedibilidad.
2.3.4.- La Corte Constitucional señaló, en la referida sentencia, como requisitos generales de procedibilidad, los siguientes: (i) existir evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se evidencie que tiene un efecto decisivo o determinante en la o las providencias objeto de impugnación y que afecta los derechos fundamentales del accionante; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
2.3.5.- Y, como causales específicas de procedencia: que la providencia judicial se encuentre viciada por alguno de los siguientes defectos, a saber: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para emitirlo; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, que se estructura cuando la autoridad judicial adopta su decisión con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño determinó la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente, que se estructura cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, que se configura cuando la autoridad judicial adopta una decisión que va en contra de las disposiciones constitucionales.
2.3.6.- Finalmente, se precisa que, según la jurisprudencia señalada, la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra condicionada a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos generales de procedibilidad y por lo menos uno de los defectos o vicios específicos.
A continuación, la Sala verificará si, en el caso concreto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.4.- Revisión acerca del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
(i).- La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa, al limitar el número de apoderados que podían ejercer la representación de dos de las Entidades a ella adscritas, esto es, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
(ii).- También cumple con el requisito de subsidiariedad, pues frente a la providencia judicial mediante la cual se resuelve un recurso de reposición, no procede ningún recurso ordinario o extraordinario de impugnación, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(iii). - Igualmente cumple con el requisito de inmediatez, pues la última decisión objeto de impugnación se profirió el 3 de diciembre de 2018 y la solicitud de amparo constitucional se presentó el 8 de marzo de 2019, es decir, a los 3 meses siguientes, término que se avista razonable.
(iv).- No se alega una irregularidad procesal.
v).- De la misma forma, la accionante indicó de manera clara los hechos en los que fundamentó la solicitud de amparo constitucional y las razones en las que ésta se sustentaba.
vi).- Por último, las decisiones controvertidas no son un fallo de tutela.
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales o que garantizan la viabilidad procesal del amparo, para su procedencia se requiere corroborar el cumplimiento de al menos uno de los defectos o vicios de carácter específico alegados, análisis que se realizará a continuación, circunscrito únicamente a las causales específicas denunciadas.
2.5.-Causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
2.5.1.- Defecto material o sustantivo
2.5.1.- La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta en aquellos casos en que la autoridad judicial observa una norma claramente inaplicable al caso o deja de acatar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. De esta manera, ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto conforme a las situaciones fácticas que se exponen:
“(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso”
2.5.2.- Desconocimiento del precedente
2.5.2.1.- Aunque la accionante sustenta separadamente la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial, del relativo al defecto material o sustantivo, debe precisarse en este punto que aquel no es un defecto autónomo, sino que se constituye en una de las hipótesis de configuración de este último.
En efecto, cuando lo que sucede en un determinado asunto, es que la autoridad judicial adopta su decisión con fundamento en una providencia, cuya postura judicial que no es aplicable al asunto, es evidente que en esa hipótesis se habrá configurado un vicio sustantivo por desconocimiento del precedente judicial aplicable.
En diversas oportunidades se ha precisado que el defecto por desconocimiento del precedente judicial, se configura cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente”, pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
2.5.2.2.- Con fundamento en lo anterior, esa misma Corporación ha precisado que es procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
2.5.2.3.- Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
2.5.3.- Violación directa de la Constitución
2.5.3.1.- La causal específica de procedibilidad a la que se alude, se constituye en una garantía al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 4o de la Constitución Política.
2.5.3.2.- Así pues, se configura cuando las autoridades judiciales, al resolver un determinado asunto que se somete a su decisión, desconocen los postulados constitucionales, dando prevalencia a otras normas legales.
2.5.3.3.- Al respecto, se ha señalado que se configura cuando el juez al adoptar su decisión, i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque ii) aplica una norma que va en contra de las disposiciones constitucionales.
2.5.3.4.-También se ha precisado que la acción de tutela por violación directa de la Constitución resulta procedente cuando: i) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; o iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
2.5.3.5.- En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta el principio de supremacía constitucional en todos sus fallos y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le alegue que una determinada norma resulta incompatible con los postulados constitucionales, debe aplicar de forma preferente las disposiciones constitucionales.
2.5.3.6.-En conclusión, cuando el funcionario judicial no aplica los principios y las normas constitucionales o lo hace de manera indebida, su decisión puede cuestionarse por vía de la acción de tutela.
2.6.- Naturaleza jurídica de la Nación – Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y del Ejército Nacional
2.6.1.- En ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 3º de la Ley 23 de octubre 1890, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1000 el 5 de noviembre de 1891, por el cual creó la Policía Nacional como una organización encargada de prestar los servicios de orden y seguridad al interior de la capital, dependiente del Ministerio de Gobierno.
Posteriormente, a través del artículo 216 de la Constitución Política de 1991 se señaló que únicamente harían parte de las Fuerzas Militares de la Nación, las Fuerzas Armadas (Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía Nacional.
A su vez mediante el artículo 217 se estableció que las Fuerzas Armadas, dentro de ellas, el Ejército Nacional, tenían como finalidad primordial “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Por su parte el artículo 218 definió la Policía Nacional como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Por medio de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, se precisó que la Policía Nacional, es un cuerpo civil armado subordinado al Presidente de la República como jefe y suprema autoridad administrativa, atribuciones que ejerce a través del Ministro de Defensa y el Director General de la Policía.
En punto de lo anterior, ya en diversas oportunidades la Corte Constitucional ha precisado las diferencias sustanciales existentes entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, empezando por resaltar la naturaleza civil de aquella y la naturaleza eminentemente militar de éstas.
En lo relativo a los fundamentos filosóficos que justifican las diferencias existentes entre una y otra entidad pública, esa Corporación señaló:
“El fundamento de la separación entre lo civil y lo militar no proviene de una distribución funcional de tareas estatales, sino de un principio esencial en la organización de las relaciones entre el Estado-aparato y los gobernados, que puede ser expresado como sigue: el ejercicio de la fuerza pública debe ser el mínimo necesario para mantener las condiciones de libertad que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales. La enorme capacidad destructiva del poder militar y su connotación invasiva o defensiva de territorios o instituciones, hace de este un poder inadecuado para el manejo de la seguridad cotidiana del ciudadano. El poder policivo, en cambio, dado su carácter meramente preventivo y la relativa debilidad de su poder bélico, se encuentra en mejores condiciones para proteger la libertad ciudadana.
“El origen del constitucionalismo occidental estuvo muy ligado a la protección de la seguridad individual y ello explica las restricciones impuestas al poder militar en las tareas propias de la coerción interna”.
2.6.2.- Por su parte, mediante el Decreto No. 1512 del 11 de agosto de 2000, por el cual se restructuró el Ministerio de Defensa Nacional, se precisó que las Fuerzas Militares también se encontraban subordinadas al Presidente de la República, como jefe y suprema autoridad administrativa.
2.6.3.- Ahora, se precisa que el régimen de carrera y disciplinario de las Fuerzas Militares, se encuentra contenido, respectivamente, en el Decreto No. 1790 del 14 de septiembre de 2000 y en el Decreto No. 1797 de esa misma anualidad; y que el de la Policía Nacional se encuentra dispuesto en el Decreto No. 1791 del 14 de septiembre de 2000 y en el Decreto No. 1798 de 2000.
2.6.4.- En lo que tiene que ver con la autonomía presupuestal o financiera de la Policía Nacional, el artículo 11 del Decreto No. 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), establece que el Presupuesto General de la Nación se encuentra conformado por las siguientes partes a saber:
Presupuesto de rentas, conformado por los ingresos corrientes de la Nación, de los dineros por concepto de contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto de los fondos especiales; de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional.
Presupuesto de Gastos o Ley de apropiaciones, que incluye las apropiaciones para la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía general de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional.
Además, en ejercicio de las facultades conferidas al Gobierno Nacional mediante los artículos 67 del Decreto en mención y 22 de la Ley 1940 de 2018, se expidió el Decreto No. 2467 del 28 de diciembre de 2018 “Por el cual se liquida el Presupuesto Orgánico del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en cuyo anexo se ubica a la Policía Nacional en la Sección No. 1601 del presupuesto y al Ministerio de Defensa en la Sección 1501.
Así, aunque a través del artículo 20 del Decreto No. 4222 del 23 de noviembre de 2006 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, se estableció como una de las funciones a cargo de la Secretaría General de dicha Entidad, la representación judicial y administrativa de la Policía Nacional, previa delegación del Ministro de Defensa, ya mediante el artículo 37 del Decreto No. 359 de 1995 se había establecido que cada entidad debía asumir el pago de las condenas proferidas en su contra.
De esta manera, para la Sala es claro que no obstante que la Policía Nacional es una entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa Nacional tiene autonomía presupuestal y se encuentra ubicada en una sección diferente a la del Ministerio de Defensa dentro del Presupuesto General de la Nación, lo que da lugar a que deba responder con su patrimonio por las condenas que se profieran en su contra y por ende a ejercer su defensa de manera independiente.
Con otras palabras, aunque la Policía Nacional y el Ejército Nacional, son entidades públicas adscritas al Ministerio de Defensa Nacional, gozan de autonomía presupuestal para el pago de las condenas proferidas en su contra y tienen finalidades, funciones, estructuras, organizaciones y reglamentaciones diferentes.
2.7.- Análisis de los defectos o causales específicas de procedibilidad alegadas por la tutelante
2.7.1.- Defecto material o sustantivo
Alegó la tutelante que el Tribunal Administrativo del Meta al adoptar su decisión de limitar el número de apoderados designados para representar los intereses de las accionadas Policía Nacional y Ejército Nacional dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00, aplicó e interpretó equivocadamente los artículos 75 del Código General del Proceso y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto, revisado el contenido de las providencias acusadas, encuentra la Sala que le asiste la razón a la tutelante cuando afirma que el Tribunal Administrativo del Meta al adoptar su decisión incurrió en defecto sustantivo o material, pues aplicó los artículos 75 del Código General del Proceso y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin tener en consideración las diferencias sustanciales existentes entre las entidades públicas accionadas dentro del referido proceso de reparación directa y que no obstante estar adscritas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, tienen finalidades, funciones, estructuras, organizaciones y reglamentaciones diferentes, lo que en últimas impone la necesidad de que sean representados por apoderados judiciales diferentes.
Pero además, ya en líneas precedentes se precisó que por vía del artículo 37 del Decreto No. 359 de 1995, se concluyó que cada entidad administrativa, por cuenta de su autonomía presupuestal, debía responder de forma individual por las condenas proferidas en su contra, razón por la cual, mal podría pensarse que por el solo hecho de que la Policía y el Ejército Nacional son entidades públicas adscritas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional deban responder solidariamente por el hecho de una sola de ellas.
Así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, incurrió en defecto sustantivo o material, por aplicar equivocadamente las normas procesales, sin tener en cuenta el régimen legal y las condiciones especiales de las accionadas Policía Nacional y Ejército Nacional.
2.7.2.- Violación directa de la Constitución
Señaló la tutelante que al adoptar su decisión de limitar los apoderados designados para representar los intereses de la Policía Nacional y del Ejército Nacional dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00 el Tribunal Administrativo del Meta dejó de aplicar normas constitucionales fundamentales para resolver el asunto que se sometió a su decisión.
Al respecto, revisadas las providencias judiciales atacadas, observa la Sala que al adoptar su decisión la autoridad judicial no tuvo en cuenta las normas constitucionales que prevén las finalidades y estructura tanto de la Policía Nacional, como del Ejercito Nacional, así como tampoco tuvo en cuenta sus decretos reglamentarios, razones por las cuales, se estima que también incurrió en violación directa de la Constitución.
2.7.3.- Defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Con una argumentación similar a la expuesta para sustentar los anteriores defectos, la tutelante manifestó que al adoptar su decisión el Tribunal Administrativo del Meta desconoció el precedente judicial relativo a las diferencias sustanciales existentes entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional y a su autonomía presupuestal.
Al respecto, la Sala estima que también le asiste la razón, pues revisadas las providencias atacadas se observa que para adoptar las decisiones que se atacan, no se tuvo en cuenta las diferencias sustanciales existentes entre una y otra entidad, las cuales han sido precisadas ya de tiempo atrás tanto por la ley como por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
2.8.- Así las cosas, considera la Sala que el Tribunal Administrativo del Meta al proferir los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre de 2018 y el No. 680 del 3 de diciembre de esa misma anualidad, incurrió en los defectos denunciados, razones por las cuales procederá a amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos los autos interlocutorios No. 549 del 9 de octubre y el No. 680 del 3 de diciembre, ambos del año 2018.
TERCERO: ORDENAR que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, el Tribunal Administrativo del Meta expida otra providencia en la cual le reconozca personería a Rosa Esperanza Pineda Cubides identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.536.045 y portadora de la Tarjeta Profesional No. 125893 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre como apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 50001-23-33-000-2015-00551-00; y a Hernando Forero Rivera identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 86.066.171 y portador de la Tarjeta Profesional No. 195763 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre como apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional dentro de ese mismo proceso y/o, a los profesionales del derecho que así sean designados por los poderdantes.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991, siempre y cuando esta providencia no sea objeto de impugnación por ninguna de las partes.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
(Ausente con excusa)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente
Folios 1 a 16 del C. Principal. Folio 1 del C. Principal. Folios 1 a 16 del C. Principal. Folios 15 a 16 del C. Principal. Folios 1 a 19 del C. en préstamo. Folio 212 del C. en préstamo. Folios 215 a 217 del C. en préstamo. Folios 230 a 232 del C. en préstamo. Folios 234 a 237 del C. en préstamo. Folios 249 a 251 del C. en préstamo. Folio 251 vto. del C. en préstamo. Folios 33 a 35 del C. Principal. Folios 36 a 41 del C. Principal. Folios 43 y 44 del C. Principal. Folio 91 del C. Principal. Folios 73 a 76 del C. Principal. Folios 105 a 110 del C. Principal.
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, referente a las Reglas de Reparto de las Acciones de Tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007. Corte Constitucional, Sentencia SU-515 del 1º de agosto de 2013. Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014. Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2014. Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013, Sentencia T-328 de 2018.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de agosto de 2018, Expediente: 11001-03-25-000-2018-02377-00. Corte Constitucional, Sentencia SU-069 del 21 de junio de 2018. Corte Constitucional, Sentencia T-145 del 7 de marzo de 2017. Corte Constitucional, Sentencia T- 031 del 8 de febrero de 2016.
“Art. 3º Facultase asimismo al Gobierno para emplear en el establecimiento, organización y sostenimiento de un Cuerpo de Policía hasta trescientos mil pesos ($300.000) que se consideraran incluidos en el presupuesto para la vigencia económica de 1891 y 1892”.
“Por la cual se conceden varias autorizaciones al Gobierno y se fija la cuantía de un sueldo”.
“Por el cual se organiza un Cuerpo de Policía Nacional”
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al presidente de la República”. Corte Constitucional, Sentencias C-453 de 1994, C-445 de 1995, C-740 de 2001, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia C-421 del 28 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional, Sentencia C- 453 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”, Reglamentado por el Decreto No. 1495 de 2002.
“Por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”, modificada posteriormente por la Ley 836 de 2003.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
“Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas de recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019”.
“Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994”, Orgánica de Presupuesto
“Artículo 37. A partir del 1º de marzo de 1995 los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deberán ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano condenado. Cuando fueren varios los órganos condenados se atenderá la voluntad del beneficiario, expresada en su solicitud de pago, certificando por declaración juramentada, que no ha solicitado la tramitación o el pago en otro de los órganos condenados. Cuando la condena incluya otros órganos con personería jurídica independiente, quien pagó podrá cobrar a prorrata a aquellos”. Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2001, Álvaro Tafur Galvis “En este sentido esta Corporación debe recordar que si bien las instituciones señaladas hacen parte de la Fuerza Pública (C.P., art. 216), cumplen funciones constitucionales distintas que no resultan equiparables y que hacen improcedente una asimilación mecánica de una y otra en términos de estructura y de organización. Así mientras que a las Fuerzas Militares la Carta Política les asigna la finalidad primordial de defender la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional (C.P., art. 217), a la Policía Nacional, definida como un cuerpo armado de naturaleza civil, la misma Carta le atribuye el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (C.P., art.
218)
No son pues organizaciones comparables y en relación con las competencias fijadas para los organismos encargados del juzgamiento de los oficiales respectivos, éstas no tienen por qué responder a idénticas consideraciones, pues ellas variarán de acuerdo con las funciones particulares que les asigna la Constitución y que determinan su estructura”
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