Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01020-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por existencia de otro mecanismo de defensa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01020-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01020-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
25 de abril de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA / INCIDENTE DE NULIDAD - Mecanismo judicial idóneo / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia
[E]l actor contaba con el incidente de nulidad como mecanismo principal para solicitar la protección de sus derechos fundamentales derivados de que no le fuera notificada la demanda de repetición. (...) el presente amparo constitucional no supera el requisito de subsidiariedad, puesto que, la inconformidad del accionante puede ser propuesto como un incidente de nulidad dentro del proceso de repetición, y, al no evidenciarse un perjuicio irremediable, es preciso declarar la improcedencia de la tutela.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 162 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 208 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 210 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 133 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 196 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01020-00(AC)
Actor: YEISON FERNANDO JAIMES MARTÍNEZ.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
La Sala decide la acción de tutela presentada por Yeison Fernando Jaimes Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
ANTECEDENTES
Solicitud de tutela
Yeison Fernando Jaimes Martínez, en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la contradicción, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Hechos probados
2.1. Mario Arturo Piedrahita Giraldo y otras personas iniciaron el medio de control de reparación directa (radicado núm. 05001233102220060010900), el cual fue resuelto por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 28 de enero de 2009, en la que declaró patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por la muerte de Daniel Enrique Piedrahita Álvarez, ocurrida el 14 de marzo del 2006, en Yamural (Antioquia), y en consecuencia, ordenó pagar por los perjuicios morales, materiales y a la vida de relación causados al padre y hermanas del occiso.
Esta providencia fue apelada por la parte demandada, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, al resolver el recurso mediante fallo del 16 de noviembre del 2010, confirmó la decisión de primera instancia, salvo que modificó la condena en relación con los perjuicios materiales reconocidos a Mario Arturo Piedrahita Giraldo.
2.2. El Ministerio de Defensa, mediante Resolución 2578 del 30 de mayo del 2011, en cumplimiento de la anterior sentencia, pagó la suma de trescientos trece millones setecientos noventa y dos mil setecientos noventa y cinco pesos a los demandantes, valor cancelado el 10 de junio siguiente, con comprobantes núms. 1500005244 y 1500005245 de la Tesorería.
2.3. En relación con la casusa penal, el Juzgado Penal del Circuito de Yamural (Antioquia), profirió sentencia condenatoria, el 23 de marzo de 2011, por los hechos que originaron la muerte, entre otros, de Daniel Enrique Piedrahita, y encontró responsables del concurso homogéneo y sucesivo de las conductas de homicidio en personas protegidas a los miembros del Ejército Nacional: German Darío Grajales Corredor, Augusto Jaramillo Rojas, Cesar augusto Álvarez Díaz, Oscar Darío Zea Ospina, Luis Gabriel Rueda Acevedo, Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, Carlos Alberto Torrado Contreras y Yeison Fernando Jaimes Martínez (accionante en el presente proceso de tutela), como responsables. El juzgado impuso pena privativa de la libertad de 60 años de prisión y multa de 5466.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes; providencia confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia en fallo del 2 de octubre de 2012.
2.4. Con ocasión del anterior proceso penal, el señor Jaimes Martínez permaneció con medida de aseguramiento privativa de la libertad i) en el Batallón de Infantería 41 General Rafael Reyes, en el municipio de Cimitarra (Santander), desde el 13 de noviembre de 2007 hasta el 2 de junio de 2011; ii) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario para Miembros de las Fuerzas Militares – Tolemaida, con calificaciones de buena conducta del 5 de octubre del 2011 hasta el 17 de junio del 2013; y iii) en el Batallón de Ingenieros 4 General Pedro Nel Ospina, desde el 18 de septiembre del 2013.
2.4. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de abogado, apoderado por el Director de Asuntos Legales de esta entidad, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición identificado con radicado núm. 05887310400120080021900, el 31 de mayo del 2013, en contra de German Darío Grajales Corredor, Augusto Jaramillo Rojas, Cesar augusto Álvarez Díaz, Oscar Darío Zea Ospina, Luis Gabriel Rueda Acevedo, Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, Carlos Alberto Torrado Contreras y Yeison Fernando Jaimes Martínez, por la condena impuesta en la sentencia del 28 de enero del 2009 del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, cumplida con Resolución núm. 2578 del 30 de mayo del 2011, que reconoció la suma de 313.792.795,76 pesos.
La entidad demandante manifestó, bajo la gravedad de juramento, que desconocía la dirección de residencia, domicilio o paradero de los demandados, razón por la que solicitó que se realizara la notificación por conducto de edicto emplazatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 293 del Código General del Proceso.
2.5. El asunto correspondió por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad que, en auto del 17 de octubre del 2013, inadmitió la demanda por falta de pruebas que acreditaran la calidad del Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, quien había otorgado poder al abogado que inició el proceso de repetición.
Una vez subsanada la omisión, en providencia del 14 de noviembre del 2013, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de los demandados, para lo cual el juez colegiado dispuso que dicha notificación se debía surtir mediante la inclusión del nombre de las partes y naturaleza del proceso, en un listado en el periódico Portafolio o Radio Cadena Nacional, entre otros requisitos. Realizado el emplazamiento, se nombró a Luis Ignacio Arango Echeverri como curador ad litem de los demandados.
2.6. Por otra parte, el aquí actor presentó escrito el 23 de marzo de 2017, ante la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para acogerse de manera libre y voluntaria a esa jurisdicción. En respuesta a dicha petición, la Secretaría Ejecutiva solicitó a la autoridad correspondiente, la libertad transitoria condicionada y anticipada del tutelante.
El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en auto del 22 de mayo del 2017, al tener en cuenta la comunicación del Secretario Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, concedió la libertad transitoria del tutelante, respecto de la sentencia condenatoria del 23 de marzo del 2011 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Yamural (Antioquia).
2.7.Una vez agotadas todas las etapas del proceso de repetición, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 20 de septiembre del 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró patrimonialmente responsables a título de dolo a los señores German Darío Grajales Corredor, Augusto Jaramillo Rojas, Cesar augusto Álvarez Díaz, Oscar Darío Zea Ospina, Luis Gabriel Rueda Acevedo, Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, Carlos Alberto Torrado Contreras y Yeison Fernando Jaimes Martínez, En consecuencia, ordenó pagar de manera solidaria a los accionados, la suma de trescientos trece millones setecientos noventa y dos mil setecientos noventa y cinco pesos. Esta providencia no fue apelada por ninguna de las partes, por lo que quedó ejecutoriada el 4 de octubre del 2018.
2.8. Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con Resolución núm. 002289 del 3 de diciembre del 2018, asumió el conocimiento de las diligencias que fueron juzgadas en la sentencia del 23 de marzo del 2011 del Juzgado Penal del Circuito de Yamural (Antioquia), por la investigación que sigue en contra TE (R) del Ejército Nacional Luis Gabriel Rueda Acevedo.
3. Pretensiones de la tutela
El actor solicitó como pretensiones de amparo: i) tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la contradicción; ii) declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia de fecha 20 de septiembre del 2018; iii) declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso iniciado por el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio del medio de control de repetición, con radicado 05001233300020130143700, desde el auto admisorio del 14 de noviembre del 2013.
4. Argumentos de la solicitud de tutela
El accionante argumentó que, no tuvo conocimiento del proceso de repetición adelantado en su contra, sino hasta que, a raíz de que se enteró que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz profirió la Resolución núm. 002289 del 3 de diciembre 2018, realizó consultas para encontrar los procesos que cursaban en su contra, en las páginas web de la Procuraduría, Fiscalía y Rama Judicial.
Afirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, con el emplazamiento que se hizo en el proceso de repetición, debido a que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, actuó de mala fe, al manifestar bajo la gravedad de juramento en el escrito de demanda, que desconocía el domicilio del actor, no obstante que: i) fue miembro activo de las fuerzas militares hasta el 29 de enero de 2014, pues en esta fecha se profirió la Resolución 0194 que lo retiró del servicio; y ii) que desde el 13 de noviembre de 2007 hasta el 30 de mayo del 2017, permaneció privado de la libertad en diferentes Batallones del Ejército, es decir, en centros de reclusión suscritos al Ministerio de Defensa.
Invocó como causales específicas de procedibilidad de la tutela, un error inducido, por parte del apoderado del referido ministerio al Tribunal Administrativo de Antioquia, al aseverar que desconocía el domicilio del actor cuando este se encontraba privado de la libertad en un centro de reclusión militar.
Afirmó que el órgano judicial que resolvió sobre la reparación directa fue víctima de engaño por parte del demandante, que lo condujo a la decisión de ordenar el emplazamiento que vulneró los derechos fundamentales invocados. Además, reprochó de la autoridad judicial, que no realizó trámite alguno para obtener información del domicilio, al conocer de antemano la existencia de la condena penal.
De otra parte, alegó una violación directa de la Constitución que sustentó a partir de los mismos argumentos ya expuestos.
Por último, indicó que en los distintos centros de reclusión en los que estuvo, le fueron notificadas, decisiones del Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el INPEC y la Rama Judicial, lo que ratifica que la entidad demandante en repetición tenía conocimiento de su ubicación.
5. Trámite de la tutela
El Despacho del magistrado ponente admitió la solicitud de tutela en auto del 12 de marzo del 2019, en el que ordenó, entre otras cosas: i) vincular a Luis Ignacio Arango Echeverri, Germán Darío Grajales Corredor, Augusto Jaramillo Rojas, Cesar augusto Álvarez Díaz, Oscar Darío Zea Ospina, Luis Gabriel Rueda Acevedo, Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, Carlos Alberto Torrado Contreras, como terceros interesados; y ii) notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a los vinculados.
La parte actora allegó al expediente de tutela escrito el 18 y 27 de marzo del 2019, con el que suministró los correos electrónicos de German Darío Grajales Calderón, Carlos Augusto Jaramillo Rojas, Carlos Andrés Torrado Contreras y Luis Gabriel Rueda Acevedo, y Cesar Augusto Álvarez, Oscar Darío Zea Ospina y Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, respectivamente, para efectos de las respectivas notificaciones.
6. Fundamentos de la oposición
6.1. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa, contestó la tutela y solicitó que se negaran las pretensiones del accionante por ser improcedente el amparo constitucional, al no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
Explicó que el actor cuenta con el trámite incidental de nulidad del artículo 133 del Código General del Proceso y del recurso extraordinario de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 como mecanismos judiciales de protección de los derechos invocados en el escrito de tutela. En ese orden, al existir otros mecanismos ordinarios de defensa judicial y debido a la excepcionalidad de la acción de tutela, no están llamadas a prosperar las pretensiones del libelo introductorio, por no advertirse un perjuicio irremediable.
6.2. Luis Gabriel Rueda Acevedo, mediante escrito enviado por correo electrónico, solicitó ser reconocido como coadyuvante de la presente acción de tutela a favor del actor, debido a que le asiste idéntico interés porque también resultó condenado en el proceso de repetición iniciado por el Ministerio de Defensa Nacional.
Argumentó que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en razón a que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, afirmaron en la demanda de repetición que no tenían conocimiento de su paradero, cuando estuvo privado de la libertad por más de 9 años en sus instalaciones.
Indicó que desde el 26 de noviembre del 2007 hasta el 26 de mayo del 2017, estuvo recluido en el Batallón de infantería 10 Coronel Atanasio Girardot en Medellín, en el Centro Penitenciario de Tolemaida en Cundinamarca y en el Centro Militar Penitenciario de Bello en Antioquia. Adicionalmente, citó diferentes notificaciones que le fueron realizadas en los centros de reclusión, que demuestran que las entidades demandantes en repetición sí conocían su ubicación.
6.3. Luis Ignacio Arango Echeverri, German Darío Grajales Corredor, Augusto Jaramillo Rojas, Cesar augusto Álvarez Díaz, Oscar Darío Zea Ospina, Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, Carlos Alberto Torrado Contreras y el Tribunal Administrativo de Antioquia, a pesar de ser notificados debidamente, guardaron silencio.
El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente el 8 de abril del 2019 para proferir sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo del 2019.
Coadyuvancia
Luis Gabriel Rueda Acevedo, una vez fue debidamente notificado, presentó escrito de contestación en el que solicitó que ser tenido como coadyuvante dentro del presente trámite de tutela, en razón a que conformó la parte demandada dentro del proceso de repetición que es objeto de este amparo constitucional.
En consecuencia, conforme al inciso 2º del artículo 13 del decreto 2591 de 1991, se tendrá como coadyuvante al señor Luis Gabriel Rueda Acevedo dentro del presente trámite de tutela.
Problema jurídico
Antes de determinar el problema jurídico, es preciso aclarar que, a pesar de que la parte actora alegó dentro de los defectos la presunta violación directa de la Constitución, lo cierto es que los argumentos expuestos para sustentarlo, en realidad se refieren al defecto por error inducido.
La Sala llega a esta conclusión, en atención a que el fundamento desplegado para sustentar la supuesta violación directa consistió en que el Ministerio de Defensa Nacional indujo a error a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia cuando manifestó que desconocía la ubicación del actor. Por otro lado, de la lectura de los argumentos, no se observa exposición alguna que explique en qué medida hubo violación directa de la Constitución.
En ese orden, esta Sala sólo se concentrará en el estudio del presunto defecto por error inducido. En particular, se deberá establecer si el Ministerio de Defensa Nacional indujo a error al Tribunal Administrativo de Antioquia, al momento en que manifestó en el escrito de la demanda del medio de control de repetición, que desconocía la ubicación dentro de otros del actor y del coadyudante, por lo que se les había nombrado curador ad litem.
Sin embargo, antes de resolver los problemas jurídicos planteados, es preciso revisar si se encuentran superados todos los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La acción de tutela contra decisiones judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
2.3.1. Requisitos generales
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se infiere de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
2.3.2. Causales específicas
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta error inducido alegado.
Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Relevancia Constitucional
El requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir a otras jurisdicciones.
La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional en la medida que inducir a error a una autoridad judicial para que ordene el emplazamiento de una persona como parte demandada en un proceso judicial, puede llegar a afectar el derecho al debido proceso de quien, al no ser vinculado adecuadamente, no podría ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción.
2.4.2. Subsidiariedad
La Constitución Política en su artículo 86 estableció como presupuesto de procedencia de la acción de tutela, la subsidiariedad. Este requisito se reglamentó en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa, por lo tanto se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para la protección de un derecho fundamental.
Cuando se trata de tutela contra providencia judicial el cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, para evitar que la tutela se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o deducidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
En el presente asunto, el Ministerio de Defensa Nacional, en el escrito de contestación de tutela, alegó que la acción de amparo resulta improcedente en tanto que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa, como lo son, el recurso extraordinario de revisión del artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 y el incidente de nulidad por las causales previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso.
En lo que respecta al recurso extraordinario de revisión está desarrollado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, y consiste en la revisión que se hace de las sentencias ejecutoriadas que son dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso de esta Corporación, o por los Tribunales o Jueces Administrativos. El artículo 250 establece que el mismo procede en cualquiera de los siguientes eventos:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión fuerza diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
En relación con el término de vigencia para interponer el referido recurso, el articulo 251 ibídem dispuso un plazo general de 1 año desde la ejecutoria de la sentencia, o del fallo penal para el caso de las causales 3 y 4, o de la ocurrencia de los motivos que dan lugar a la causal 7.
En el asunto sub lite, la Sala se aparta de los argumentos del Ministerio de Defensa Nacional dirigidos a afirmar que el recurso extraordinario de revisión procede para el caso concreto, puesto que los fundamentos de inconformidad del actor no cuestionan directamente la sentencia del 20 de septiembre del 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de repetición. En consecuencia, al no ser la sentencia en sí misma, el objeto de la solicitud de tutela, ninguna de las causales previstas por la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en el artículo 250 habilitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión, razón por la que, al menos en cuanto hace relación con el recurso extraordinario aludido, el requisito de subsidiariedad del amparo constitucional está superado.
Ahora bien, en relación con la posibilidad de iniciar un incidente de nulidad, es pertinente tener en cuenta que el artículo 208 CPACA, previó que en los procesos contenciosos se pueden invocar las causales de nulidad previstas en el Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso,
A su turno, el artículo 133 del CGP, establece como causales taxativas de nulidad, las siguientes:
“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.” (La Sala subraya)
En tales términos, la nulidad contenida en el numeral 8 ibídem, rescata la importancia que tiene la notificación del auto admisorio, puesto que, con esta actuación, se abre paso la garantía de defensa y contradicción a las personas que son llamados a responder en un proceso judicial, que tengan un interés legítimo en el asunto, o al Ministerio Público.
La Corte Constitucional manifestó en sentencia T-489 del 2006, en relación con la importancia de las notificaciones y su conexión con los derechos fundamentales, que:
“También ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte Constitucional al sostener que el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es así como la notificación de las providencias judiciales constituye una premisa fundamental del debido proceso judicial, pues ´es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término que la ley disponga para su ejecutoria´. Por consiguiente, la ausencia de notificación de las providencias judiciales podría generar violación del derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
11. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación que la forma cómo se adelanta la notificación de las providencias judiciales es un asunto que hace parte de la libertad de configuración política del legislador, puesto que, a él corresponde, diseñar los mecanismos idóneos y acordes con los procesos tecnológicos que permitan informar oportunamente a sus destinatarios la existencia de procesos y decisiones judiciales y administrativas. Por esa misma razón, la ley es el punto de partida del análisis del proceso debido en las notificaciones de las providencias judiciales, pues este derecho fundamental concreta su contenido en el procedimiento previamente señalado. Entonces, sólo podría concluirse la violación del derecho fundamental al debido proceso cuando la autoridad judicial o administrativa no adelanta las notificaciones en la forma señalada en la ley.
12. No obstante, lo anterior no significa que cualquier deficiencia en la notificación de las providencias judiciales necesariamente origina la violación del derecho fundamental, y con esa afectación, el amparo constitucional por vía de la acción de tutela. En efecto, como se vio en precedencia, la tutela contra decisiones judiciales sólo procede cuando se presentan vías de hecho, se afectan derechos fundamentales y no existen otros recursos de defensa judicial o estos no son idóneos para corregir los defectos contenidos en la providencia que se reprocha”.
Incluso, las normas específicas del CPACA establecen ciertas reglas que permitan garantizar la debida notificación como son:
Quien pretenda presentar una demanda, debe incluir en su escrito introductorio “El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”. (inciso 7 del artículo 162 del CPACA)
Las notificaciones se deben practicar según las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en lo no previsto, en el Código General del Proceso. (artículo 196 ibídem).
Se debe notificar el auto admisorio de la demanda al demandado. (artículo 198 ibídem).
En cuanto a la oportunidad para invocar la causal de nulidad, el artículo 210 del CPACA dispuso que el respectivo incidente deberá proponerse “(…) verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación (…)”. Lo que lleva a la conclusión de que en los casos en que se haya afectado el trámite de notificación y una de las partes o tercero con interés no se hubiera podido enterar de un proceso, puede invocar la nulidad una vez tenga conocimiento del mismo.
Finalmente, el mismo artículo 210 del CPACA, dispuso que la solicitud de incidente y su trámite, está sometido a las siguientes reglas:
Quien presente un incidente, debe manifestar lo que pretende, los hechos en que soporta su solicitud y las pruebas que procura hacer valer
Si el incidente es promovido en audiencia, se correrá traslado a las partes y se decretaran y practicaran las pruebas que sean necesarias.
La decisión del incidente se resolverá en la siguiente audiencia, salvo que en la misma que se propuso pueda ser resuelto.
Los incidentes que se propongan después de sentencia o de la providencia que termine el proceso, serán resueltos por el juez, luego de practicar las pruebas que considere necesarias. Si lo considera procedente, podrá citar a audiencia especial.
En el caso concreto, salta a la vista que el actor contaba con el incidente de nulidad como mecanismo principal para solicitar la protección de sus derechos fundamentales derivados de que no le fuera notificada la demanda de repetición.
Es el incidente de nulidad el medio por el cual está prevista la garantía iusfundamental, por error en la notificación, bien sea por un error judicial o de la parte demandante, como alega en esta oportunidad el actor, al afirmar que el Ministerio de Defensa Nacional, “(…) actuó de mala fe al manifestar bajo la gravedad de juramento (…) que desconocía [su] domicilio (…)”, puesto que permaneció privado de la libertad en centros de reclusión militar que dependen de la misma entidad demandante.
Así las cosas, el presente amparo constitucional no supera el requisito de subsidiariedad, puesto que, la inconformidad del accionante puede ser propuesto como un incidente de nulidad dentro del proceso de repetición, y, al no evidenciarse un perjuicio irremediable, es preciso declarar la improcedencia de la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Yeison Fernando Jaimes Martínez, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991
TERCERO: DEVOLVER el expediente ordinario 05001233300020130143700 al Tribunal Administrativo del Chocó, en caso de que el presente fallo no sea impugnado.
CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Ausente con permiso
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Fls. 36 a 65 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 05001233300020130143700 del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín.
Fls. 67 al 82 ibídem.
Fls. 90 a 92 ibídem.
Fls. 93 ibídem.
Proceso penal.
Fls. 8 y 9 del cuaderno de tutela.
En este proceso figuraron como victimas Jesús Alberto Londoño Rodríguez, Juan Darío Arroyave Monsalve, Jhon Edison Galeano y Daniel Enrique Piedrahita Álvarez
Fls. 10 y 11 ibídem.
Fl. 14 ibídem.
Fl 15 ibídem.
Fl. 16 ibídem.
Fls. 1 al 22 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 05001233300020130143700 del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín.
Fl. 158 ibídem.
Fls. 183 y 184 ibídem.
Fl. 63 y 92 del cuaderno de tutela.
Fl. 71 ibídem.
Publicado en el diario oficial 50.913 del 1 de abril de 2019.
Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Rios y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-1185 de 2004, C-641 de 2002, C-798 de 2003 y T-262 de 2003.
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01020-00
Actor: Yeison Fernando Jaimes Martínez
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