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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01039-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01039-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por la las ciudadana Jazmín Andrea Ballén Cardona actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor, Cristian Mauricio Martínez Ballén en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago, el expediente 76147-33-31-001-2013-00334-01, enviado en calidad de préstamo. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01039-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

11 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÀCTICO – No se configura / ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad patrimonial del Estado ante daños sufridos por funcionarios de la fuerza pública / MUERTE DE POLICIAS DURANTE INCURSIÓN ARMADA / PRUEBA TRASLADADA - Valor probatorio

[S]e tiene que el Tribunal Administrativo sí se pronunció respecto a las pruebas relacionadas con el estado de las instalaciones de la Subestación de la Policía del corregimiento de “San Antonio”, situación que advirtió y reconoció la sentencia de segunda instancia del proceso contencioso. De tal manera, el Tribunal accionado concluyó que aunque en el caso concreto se acreditó el daño, esto es, la muerte del patrullero [M.M.H.], no ocurrió lo mismo con la demostración de la imputación del mismo toda vez que no se demostró que el uniformado haya estado expuesto a un riesgo superior o excepcional al de sus compañeros, o que el daño haya sido consecuencia de un actuar irregular de la administración, carga que le correspondía a la parte actora dentro del proceso de reparación directa. (…) la Sala encuentra que la carga probatoria que debió ejercer la parte accionante no puede ser subsanada mediante la interposición de la acción de tutela, porque el presente mecanismo constitucional no puede instituirse en una instancia adicional del proceso contencioso. (…) la Sala concluye que en la providencia (…) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no se configuraron los defectos alegados y, en tal sentido, se procederá a denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01039-00(AC)

Actor: JAZMÍN ANDREA BALLÉN CARDONA, CRISTIAN MAURICIO MARTÍNEZ BALLÉN, RICAURTE MARTÍNEZ DÍAZ, MARÍA ELENA HERRADA DONOSO, DESIDERIO HERRADA, MIGUEL ÁNGEL HERRADA, ALEXANDER MARTÍNEZ HERRADA, JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ, ROSA VIRGINIA DÍAZ CLAVIJO Y RUFINO HERRADA HERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona, quien actúa en nombre propio, en representación de su hijo menor de 18 años, y en calidad de agente oficioso de los señores Ricaurte Martínez Díaz, María Elena Herrada Donoso, Desiderio, Miguel Ángel Herrada, Alexander Martínez Herrada, Juan de Jesús Martínez, Rosa Virginia Díaz Clavijo y Rufino Herrada Hernández, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la sentencia de 16 de julio de 2018, proferida por dicha corporación judicial dentro del medio de control de reparación directa.

LA SOLICITUD DE TUTELA

La parte actora promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideran vulnerados con ocasión de la sentencia de 16 de julio de 2018, proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado 76147-33-31-001-2013-00334-01, adelantado por ellos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, que revocó el fallo de primera instancia, el cual había accedido a las pretensiones de la demanda.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por la parte actora, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

El señor Mauricio Martínez Herrada estuvo vinculado a la Policía Nacional como patrullero, formando parte del Comando de Policía del Municipio de Sevilla (Valle del Cauca) y prestando su servicio en la subestación del corregimiento de “San Antonio”.

El 21 de julio de 2011, el patrullero Mauricio Martínez Herrada fue asesinado en inmediaciones de la subestación de policía de “San Antonio”, en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca), mientras se encontraba fuera de servicio, a causa de un ataque realizado por un grupo al margen de la ley que delinquía en la zona.

Como consecuencia de lo ocurrido, la parte actora, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, formuló demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados con el deceso del señor Mauricio Martínez Herrada.

El 15 de marzo de 2013, el apodero judicial solicitó audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, diligencia que se declaró fallida por inasistencia de una de las partes convocadas.

Mediante escrito de 28 de mayo de 2013, la parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cartago, autoridad judicial que, a través de sentencia calendada el 19 de junio de 2014, accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda.

Inconformes con la decisión adoptada, la parte demandante y la entidad demandada, Policía Nacional, interpusieron recursos de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La parte actora solicitó que se modificara la decisión y, en su lugar, se accediera el reconocimiento de perjuicios inmateriales en la modalidad de “daño a la vida en relación”; por su parte la entidad demandada solicitó la revocatoria de la sentencia, en tanto no se configuró una falla del servicio y, adicionalmente, se presentó la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Mediante sentencia proferida el 16 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió revocar la sentencia recurrida, al considerar que no se cumplían los presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte del señor Martínez Herrada.

8. Como sustento de su inconformidad con el fallo de segunda instancia, los accionantes manifestaron que el Tribunal accionado al proferir la sentencia incurrió en un defecto fáctico por no haber tenido en cuenta las pruebas que habían sido allegadas al proceso de reparación, a través de las cuales se demostró la ocurrencia del ataque guerrillero que se había perpetrado en contra de la humanidad del señor Mauricio Martínez Herrada, así como las deficiencias en las instalaciones de la subestación de policía del corregimiento de “San Antonio”, en el municipio de Sevilla.

9. Alegaron que al proceso contencioso se allegaron una serie de oficios emitidos por el comandante de la subestación, con el fin de informar a sus superiores sobre las circunstancias de alteración del orden público que se venían presentando en la zona, motivo por el cual se encontraba demostrada la falta de previsión de los superiores al omitir apoyo al grupo de policías de la estación de “San Antonio”.

10. Asimismo, mencionó que el Tribunal ad quem había errado al considerar que no existía prueba que demostrara el ataque guerrillero ocurrido en inmediaciones de la subestación de “San Antonio”, situación que, a su juicio, había sido demostrada con los informes de los comandantes allegados al proceso.

11. Refirió que “[…] se tiene entonces que en ningún momento se puede tener como prueba una versión que reposa en una prueba trasladada, pues esta adolece del requisito principal, esto es, haber sido recibido bajo la gravedad del juramento o haber sido ratificada dentro de este proceso, cosa que no ocurrió, configurándose por tanto la ilegalidad de la prueba, y con esta pretende derrumbarse un fallo de primera instancia que si analizó el total del caudal probatorio allegado, cosa contraria a la dada por el fallador de segunda instancia, pues por el contrario este desconoció algunas y le dio valor a otras que no lo tiene como se acaba de explicar […]”.

LAS PRETENSIONES

La parte actora solicitó la declaratoria de las siguientes pretensiones:

“[…] 3.1. Que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de mis poderdantes.

“3. 2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Honorable Tribunal Administrativo del Valle proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 76147333100120130033401, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago.

“3.3. Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación se solicita, se haga una valoración probatoria ajustada al caudal probatorio aportado al proceso. […]”.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 18 de marzo de 2019, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vincularon como terceros con interés en los resultados de la actuación a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago.

Adicionalmente, se ordenó oficiar a la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona con el fin de que acreditara la calidad de agente oficioso de los señores Ricaurte Martínez Díaz, María Elena Herrada Donoso, Desiderio Herrada, Miguel Ángel Herrada, Alexander Martínez Herrada, Juan de Jesús Martínez, Rosa Virginia Díaz Clavijo y Rufino Herrada Hernández. Finalmente se solicitó la remisión del expediente del medio de control de reparación directa con radicado número 76147-33-31-001-2013-00334-01.

INTERVENCIONES

Efectuada la comunicación a la autoridad accionada y a las entidades vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Cartago, por intermedio del Juez Andrés José Arboleda López, manifestó que por cuanto la acción de tutela se adelantó en contra de la decisión que revocó la sentencia de primera instancia proferida por dicho Juzgado, se atenia a la decisión que profiriera esta Corporación.

V.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por intermedio del Magistrado Jhon Erick Chavez Bravo, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, o, en su defecto, que se denieguen las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito de inmediatez requerido para este tipo de acciones.

Señaló que en materia probatoria rige el principio de autonomía judicial, razón por la cual existen diversos márgenes de interpretación, sin que con ello se puedan tener valoraciones que puedan considerarse como arbitrarias. De ese modo adujo que:

«[...] En Ia sentencia a partir de admitir la complejidad del presente asunto, observa de las pruebas, que el mencionado agente del Estado ya no estaba en servicio, adicionalmente, no se verifica ni el ataque ni la magnitud del mismo a la Subestación de Policia, como tampoco obra prueba sobre la condición de Ia misma, por cuanto de acuerdo a la prueba trasladada de Ia Fiscalia, Io que se probó fue una sola ráfaga en lugar distante de la Subestación, cuando el mencionado Agente portando su uniforme realizaba actividades de su vida privada. Por ello, si bien existian los informes, Io cual el Tribunal no desconoce, por Ios hechos descritos anteriomente dentro de su margen de valoración probatoria, se llega a una conclusión distinta, desvirtundose la teoria del caso propuesta por el demandante y avalada por el Juez [...]».

De igual forma indicó que al resolver tuvo en cuenta la jurisprudencia en materia de riesgo que asumen los funcionarios de la fuerza pública, por lo que al no tener pruebas que demostraran el ataque a la subestación, ni las condiciones en las que se encontraba la misma, así como el hecho de que el funcionario de la Policía se encontraba fuera de servicio y portando el uniforme, se desvirtuó el titulo de falla del servicio.

En cuanto a la valoración de la prueba trasladada, el Tribunal adviertió que las pruebas fueron aportadas, practicadas e incorporadas validamente al proceso.

V.4. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional adujo que dentro del presente asunto no se cumplía con el requisito de inmediatez, dado que la acción de tutela fue presentada el 12 de marzo de 2019, mientras que la sentencia cuestionada fue proferida el 16 de julio de 2018, situación que evidenciaba un retardo injustificado en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Igualmente mencionó que no procedia la acción de tutela, toda vez que tal y como se había consignado en la sentencia cuestionada que:

“[...] Es claro como Ia imputabilidad del daño debe demostrarse desde el punto de vista de la fundamentación factica como jurídica que permita al juzgador administrativo generar la certeza de que el daño fue producto de una acción u omisión del Estado, de modo que el perjuicio sea efecto de tal acción, es decir, se de la relación causalidad entre el hecho y el daño. Por tal razón, era deber de los accionantes acreditar por medio pruebas claras y expeditas que el origen del daño ocasionado por Ia muerte del señor Mauricio Martinez Herrada fue causado por una omisión de parte de Ia Institución Policial, de ahí que no se estableció el nexo de causalidad que lograra atribuir responsabilidad con respecto al perjuicio ocasionado, máxime cuando la actividad probatoria era una carga que se encontraba bajo responsabilidad de los recurrentes, según Io establece el artículo 167 del C. G. P [...]“.

Finalmente, concluyó que no se está frente al acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza injustificada que amerite la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretesiones solicitadas por los accionantes, más cuando los mismos hicieron uso de las vías idoneas para dirimir un conflicto como el que se resolvió ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de 18 años, y en calidad de agente oficioso de los señores Ricaurte Martínez Díaz, María Elena Herrada Donoso, Desiderio y Miguel Ángel Herrada, Alexander Martínez Herrada, Juan de Jesús Martínez, Rosa Virginia Díaz Clavijo y Rufino Herrada Hernández, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VI.2. Cuestión Previa

A folio 1º del escrito de la solicitud de amparo, la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona, manifestó que actuaba en nombre propio, en representación de su hijo menor de 18 años, y en calidad de agente oficioso de los señores Ricaurte Martínez Díaz, María Elena Herrada Donoso, Desiderio y Miguel Ángel Herrada, Alexander Martínez Herrada, Juan de Jesús Martínez, Rosa Virginia Díaz Clavijo y Rufino Herrada Hernández.

Con base en lo anterior, mediante auto de 18 de marzo de 2019, el Magistrado sustanciador ordenó oficiar a la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona con el fin de que acreditara la calidad de agente oficioso.

Sobre el particular, la Sala recuerda que, en virtud de lo establecido en el artículo 10° del decreto 2591 de 1991, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

Para tal efecto, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido una serie de parámetros de procedencia de la citada figura, estos son:

“[...] (i) el agente oficioso manifieste que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer dicha acción , ya sea por circunstancia físicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relación formal entre el agente y el agenciado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-406-17.htm" \l "_ftn15" \o "" [15]. “Esta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonomía de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por sí misma [...]”

Como puede apreciarse, a través de la institución jurídica de la agencia oficiosa se prevé un mecanismo de legitimación para que el agente oficioso pueda solicitar el amparo de los derechos fundamentales de los ciudadanos imposibilitados física o mentalmente para ejercer la acción de tutela por sí mismos. Sin embargo, la procedencia de dicha figura está sujeta al cumplimiento de los precitados requisitos jurisprudenciales, pues con ello se garantiza que la situación de incapacidad se encuentre debidamente probada.

Ahora bien, la Sala observa que la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona guardó silencio respecto del requerimiento efectuado mediante proveído de 18 de marzo de los corrientes y, en tal sentido, no acreditó su calidad de agente oficiosa de los señores Ricaurte Martínez Díaz, María Elena Herrada Donoso, Desiderio y Miguel Ángel Herrada, Alexander Martínez Herrada, Juan de Jesús Martínez, Rosa Virginia Díaz Clavijo y Rufino Herrada Hernández, más aun teniendo en cuenta que no se demostró que aquellos ciudadanos se encontraran en alguna condición de debilidad física o mental que ameritara la aplicación de esta figura.

De conformidad con lo expuesto y dado que como se advirtió, la señora Jazmín Andrea Ballén Cardona no acreditó la calidad de agente oficiosa con la que acudió ante esta instancia, en nombre de los referidos ciudadanos, la Sala, tendrá como accionantes únicamente a la referida accionante y a su representado menor de edad.

VI.3. Problema Jurídico

La Sala debe establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

Si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al revocar el fallo de 19 de junio de 2014 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago (Valle), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por las accionantes, incurrió en un defecto fáctico.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se efectuarán previamente algunos planteamientos en relación con: i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela presentada en contra de providencias judiciales; ii) los presupuestos de configuración del defecto factico; iii) el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado ante daños sufridos por funcionario de la fuerza pública; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto adentrándose al fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

VI.3.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VI.3.2. El defecto fáctico

Desde una dimensión negativa, este defecto surge de las omisiones o descuidos de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, a saber: i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis, ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión, y iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan.

Desde una dimensión positiva, se configura: i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia, y ii) cuando se adopta la determinación pertinente con fundamento en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de la decisión.

En síntesis, el defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es producto de un proceso en el cual: i) se omitió la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto, ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y cuando iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario e incidir directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

Bajo este marco, el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica; asimismo se ha señalado que puede derivar de problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios.

Sin embargo, ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional que el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, en la medida que la competencia «[…] se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad»; del mismo modo, que no le corresponde establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada adolece de fundamento respecto a determinado problema jurídico, cuando se echa de menos su motivación que la deslegitima como tal.

VI.3.3. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado ante daños sufridos por funcionarios de la fuerza pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, “[…] el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas […]”. Esta cláusula general de la responsabilidad administrativa del Estado comprende tanto la responsabilidad contractual como extracontractual, razón por la cual resulta necesario acreditar la ocurrencia del daño antijurídico y su imputabilidad al Estado, a fin de proceder a su declaratoria.

En cuanto a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a policías y soldados debe distinguirse entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio (conscripto), y por daños padecidos por funcionarios de la fuerza pública que se han incorporado voluntariamente al servicio.

De tal manera, dicha distinción se fundamenta en que a los conscriptos, soldados regulares o auxiliar de la policía se les impone la prestación del servicio militar por parte del ordenamiento jurídico, específicamente por el artículo 216 de la Constitución Política, mientras que en la segunda eventualidad (soldado profesional o voluntario de la fuerza pública), la persona ingresa al servicio por su propia voluntad o iniciativa, comportamiento a partir del cual asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar.

Así las personas que escogen por voluntad propia el ingreso al servicio profesional, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, de manera que no cabe en principio imputar responsabilidad al Estado por ello.

Sin embargo, cuando el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas, el Estado será obligado a indemnizar los perjuicios causados.

La Sección Tercera de esta corporación judicial ha sido enfática al afirmar que los daños sufridos a miembros de las fuerzas pública que ingresan voluntaria o profesionalmente, constituyen un riesgo propio de la actividad y, por tanto, esa responsabilidad no le es atribuible al Estado en estos casos, en razón a que existe una relación reglamentaria entre el agente y el Estado.

Luego los daños padecidos están cubiertos por un régimen prestacional especial, que reconoce la circunstancia del riesgo al que se somete aquel que ingresa voluntariamente, aunado a los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral.

En efecto, dicha tesis jurisprudencial fue reiterada en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación Judicial, advirtiendo que en el evento en que la víctima del daño antijurídico ingresó al servicio por iniciativa propia, al mismo asume los riesgos propios de la actividad militar o policial y solo habrá lugar a imputar responsabilidad si el daño es producto de una falla del servicio o se configura un riesgo excepcional comparado con el que asumen los demás miembros de la fuerza pública.

Al respecto, puntualizó lo siguiente:

“[...] En el tema relacionado con la responsabilidad del Estado por daños causados a soldados, debe precisarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo-, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico, en la segunda eventualidad, por su parte, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.

“17.4. Así, si se trata de determinar la responsabilidad por los daños causados a quienes prestan servicio militar obligatorio –conscriptos-, el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso–, siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la falla del servicio. En cambio, si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, de manera que no cabe imputar responsabilidad al Estado por ello. No obstante, si el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas, el Estado será obligado a indemnizar los perjuicios causados bajo un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo[...]”. (Negrilla fuera del texto)

Así las cosas, el deber de protección reforzada es aplicable a los soldados y policías que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, quienes, en casos de sufrir daños en el servicio o con ocasión del mismo, deben ser indemnizados incluso al no encontrarse demostrada una falla de servicio, excepto si se configura una causa extraña.

Por el contrario, se insiste, que para el caso de miembros de la Policía Nacional que se vinculan de manera voluntaria al servicio, los mismos asumen los riesgos propios de la actividad y solo habrá lugar a indemnizar los daños padecidos cuando está debidamente demostrada una falla del servicio o la ocurrencia de un riesgo excepcional.

En esta misma línea de pensamiento, la Sección Tercera ha puesto de presente que al tratarse de funcionarios de la fuerza pública, corresponde a la parte actora demostrar la falla del servicio, o el sometimiento a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar, o acreditar que durante el desarrollo de la actividad se le hubiere obligado a asumir una carga superior que llevara implícita el rompimiento del principio de igualdad respecto de sus compañeros.

Al respecto, ha dicho la Sección Tercera:

“[…] Sea lo primero señalar que, en tratándose de supuestos en los cuales se discute la declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares o agentes de Policía, entre otros, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado de forma constante y reiterada ha considerado que, en principio, no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado que tales daños, como se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con la indemnización a fort fait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación, y sólo habrá lugar a la reparación, por vía de la acción de reparación directa, cuando se hubieren producido por falla del servicio, o cuando se hubiere sometido al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial, evento en el cual  hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo. En todo caso, se reitera, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait).

“No obstante lo anterior, el Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad del Estado en eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la Fuerza Pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar, como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

“Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado” y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado de proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que éstos puedan llegar a sufrir.

“[…]

“En conclusión, no se acreditó que el daño hubiere sido imputable a la demandada, pues no se demostró que el daño hubiere sido producto de una falla del servicio, así como tampoco se probó que el agente fallecido hubiere estado sometido a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar, ni se acreditó que durante el desarrollo de la actividad al soldado profesional Bernate Prada se le hubiere obligado a asumir una carga superior que llevara implícita el rompimiento del principio de igualdad respecto de sus compañeros y que, por ese hecho, se hubiere producido su muerte […]”.

Así las cosas, correspondía a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que permitieran demostrar la configuración de una falla del servicio o el sometimiento de la víctima, Mauricio Martínez Herrada, a un riesgo excepcional, conforme con el precedente establecido por la Sección Tercera de esta Corporación.

VI.4. Caso concreto

En el caso sub lite pretende la parte actora el amparo de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso y al acceso a la administración de justicia […]”, y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efectos la sentencia de 16 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se revocó la sentencia 19 de junio de 2014 que accedió a las pretensiones del accionante en el medio de control de reparación directa al hallarse configurado un error fáctico.

A juicio de la parte actora, el ad quem no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, en tanto no se valoraron debidamente los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, así como las pruebas documentales que, a su juicio, evidenciaban el ataque armado del que fue víctima el patrullero Mauricio Martínez Herrada.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quebrantó los aludidos derechos fundamentales del accionante a través de la providencia cuestionada.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; ii) las actoras no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por el Tribunal accionado en segunda instancia, pues las razones en que se sustenta el amparo no pueden argumentarse como causal del recurso extraordinario de revisión; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la sentencia censurada data del 16 de julio de 2018, fue notificada por correo electrónico el 29 de agosto del mismo año y la acción de tutela se radicó el 1° de marzo de 2019 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamundí (Valle del Cauca); iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza.

VI.4.1. Análisis de los requisitos específicos de procedibilidad

De los hechos relatados en el escrito de la tutela, la parte accionante hace referencia a la configuración de un defecto fáctico con ocasión del valor probatorio otorgado: i) a las declaraciones rendidas por las personas que presenciaron los hechos en los que se dio el deceso del patrullero Mauricio Martínez Herrada, así como: ii) a las pruebas documentales que fueron recaudadas dentro del proceso de reparación directa.

En ese orden de ideas, la Sala pasa a revisar si el ad quem incurrió en un defecto factico con ocasión del análisis probatorio efectuado en el fallo de segunda instancia proferido el 16 de julio de 2018, dentro del proceso de reparación directa con radicado 2013-00334-01.

En primer lugar se tiene que los accionantes fundamentan la vulneración constitucional, en la valoración indebida de una prueba trasladada que se surtió dentro de la investigación penal adelantado con ocasión de los hechos acaecidos en alrededores de la Subestación de Policía del Corregimiento de “San Antonio” en el municipio de Sevilla, el 21 de marzo de 2011; así como en la no valoración de un testimonio que se practicó en sede de primera instancia del proceso de reparación directa.

Sin embargo, la Sala resalta que en la sentencia de 16 de julio de 2018, se precisó lo siguiente:

“[…] Conforme a lo anterior, si bien se acepta el hostigamiento y su atribución para la Sala solo se demostró la existencia de un rafagazo, el cual además tampoco se demostró que el plurimencionado ataque se hubiera dirigido a la Sub Estación de Policía, comoquiera que de las pruebas allegadas al informativo, ninguna demuestra que en forma efectiva y real, las instalaciones físicas de la Sub Estación hubieran sufrido algún tipo de deterioro en el ataque.

“Lo anterior cobra aún más relevancia, cuando a fls. 79 a 84 del C. Ppal. se allega informe de novedad suscrito por el Comandante de la Subestación de Policía de San Antonio, quien reportó como material de guerra utilizado en el ataque, un total de tres (03) cartuchos calibre 5,56 mm, resultando no probado ataque de fuego nutrido de fusil y ametralladora, aunado al hecho de que la señora Liliana Ordoñez Yatacué, informó que luego de escuchar los disparos, tuvo la oportunidad de ‘Sali[r] a ver qué era lo que había pasado y fue cuando vi a Carlos tirado en el piso, a ver yo esto entonces empecé a gritar y pedir auxilio y los tiros seguían de todos los lados, yo pude acercarme a él y hablarle en esos momento el todavía respiraba, ahí fue cuando volví a la casa a sacar a mi hijo, lo lleve hasta la casa de mi vecina y yo empecé a correr hacia la estación a pedir ayuda...', situación que hubiera sido imposible realizar sin haber resultado ilesa, como en efecto lo hizo, en un ataque de la magnitud indicada por el apoderado de los demandantes, máxime si se tiene demostrado, que la vivienda se encontraba a escasos 83 metros de la entrada principal de la Sub estación de Policía.

“Por otro lado, existen pruebas en el expediente tendientes a demostrar que la situación se circunscribió, a un atentado dirigido en forma directa al Sargento que para ese momento fungía como comandante de la Sub Estación de Policía, pero que al llegar al sitio los insurgentes terminaron disparándoles a los dos (02) policiales que se encontraron, tal como lo manifestó el señor Carlos Herrera Molina a la Fiscalía General de la Nación […]”.

Lo anterior guarda relación con una entrevista que se practicó durante el curso del proceso penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación, por la muerte del patrullero Mauricio Martínez Herrada, y que fue objeto de solicitud probatoria por la parte accionante dentro del proceso de reparación directa. De tal modo se consignó en la sentencia del Tribunal ad quem, cuando se señaló:

“[…] A f. 690 y 691 del C. Ppal. No. 2, se allegó entrevista realizada por la Fiscalía General de la Nación al señor Carlos Herrera Molina, quien afirmó lo siguiente:

"Yo soy vecino del corregimiento de San Antonio, yo soy transportador y como ocho días después de que paso el hecho donde mataron a los policías, yo iba en mi carro pasando por la norcacia que queda de San Antonio para arriba, ahí me salieron al paso cuatro guerrilleros que sé que eran guerrilleros por que los había visto antes además andaban armados con ak-47 y pistolas, y chalecos además yo los reconocí, porque a uno de ellos le dicen Samuel él es comandante, de por allí, como de una escuadra como le dicen, ese tipo es caucano según lo que él me dijo, a los otros no les sé el nombre, Samuel puso la mano y yo pare y me preguntó qué, que comentaban en el pueblo de la muerte de los policías abajo o sea en el pueblo, y me pregunto que quienes eran los pelaos y yo le dije que los policías que habían matado eran bien o sea buenas gentes y el me dijo que pesar de los muchachos pero que el objetivo no era matarlos a ellos ya que el objetivo era otro, el otro objetivo era matar al sargento que es comandante allá porque es el que es muy mala gente con el pueblo, y la gente del pueblo había puesto muchas quejas de él, ya que a todo el mundo le dice cosas y trata a la gente de milicianos hijueputas sin saber nada, entonces la gente del pueblo no lo quiere y le contó a la guerrilla, Samuel dijo otra vez que, que pesar lo que paso con los pelaos pero como se los encontraron, los mataron […]".

En cuanto al valor de las pruebas trasladadas de otra actuación judicial o disciplinaría, como es el caso de los medios demostrativos relacionados anteriormente, se ha considerado que cuando han sido practicadas en un proceso primigenio –proceso penal- por intermedio de cualquiera de los entes públicos que representan a la Nación, debe entenderse que lo fueron con audiencia de la referida persona jurídica y, en consecuencia, pueden tenerse válidamente como pruebas. En tal sentido la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado:

“[E]n los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada –la Nación- es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”.

“12.2.19. La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado, a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes […]”.

Ahora bien, la Sala Plena de la referida Sección Tercera también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el valor probatorio de la prueba trasladada cuando esta es solicitada por ambas partes, o cuando la parte solicitante la desconoce posteriormente bajo el argumento que no ha cumplido con el requisito de ratificación, en los siguientes términos:

“(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”.

De conformidad con el precedente jurisprudencial expuesto y teniendo en cuenta que fue la misma parte accionante quien solicitó el traslado de la investigación penal surtida por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la trágica muerte del señor Mauricio Martínez Herrada, como prueba dentro del proceso de reparación directa, la Sala recuerda que en aplicación del principio de lealtad procesal y de unidad de la prueba, el Juez está en la obligación de estimar cada una de las pruebas obrantes en el proceso, para darle el mérito que corresponda frente a la controversia, y manifestar su criterio frente al conjunto de pruebas, teniendo en cuenta que éstas pertenecen al proceso y no a la parte que la pidió; razón por la cual no es de recibo el argumento planteado por los tutelantes cuando pretenden que no se tengan en cuenta pruebas que fueron allegadas y practicadas en debida forma al proceso y analizadas de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales trazados por esta Corporación.

En este orden de ideas, es claro para la Sala que la valoración efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de la entrevista realizada por la Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del patrullero Mauricio Martínez Herrada, cumplió con las formalidades previstas para que pudiera tenerse como prueba trasladada dentro del medio de control de reparación directa pretendido por los accionantes, dado que el proceso penal fue solicitado por la parte actora (Fl. 30 del cuaderno Ppal. del proceso de reparación directa) y con audiencia de la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Por otra parte, en relación al argumento esgrimido por la parte actora respecto al no haberse valorado el testimonio de una ciudadana que presenció los hechos materia de estudio, se tiene que en de la sentencia de 16 de julio de 2018, efectivamente se tuvo en cuenta tal declaración, tanto así que en la parte considerativa de la providencia se consignó lo siguiente:

“[…] Por su parte, la señora Liliana Ordoñez Yatacué compañera sentimental del otro patrullero que perdió la vida en los mismos acontecimientos, dio cuenta de que los uniformados sí les habían entregado más munición de lo normal, veamos:

'Preguntado: sírvase manifestar si su esposo le había comentado que esa estación estaba amenazada de ser objeto de una toma guerrillera. Contestó: sí él la semana pasada me había contado que en la cancha de jugar futbol habían encontrado un tiro de una m 60 y que el día de ayer una conocida del pueblo le había dicho que se cuidara mucha (sic) por que (sic) la guerrilla estaba muy cerca, y el fin de semana les habían entregado más munición de lo normal que él tenía’.

“Lo anterior significa, que no se ha probado por parte de los demandantes que no haya existido actuaciones de la entidad accionada para contrarrestar acciones de los miembros de la guerrilla del cual se había tenido conocimiento, máxime que no se probó el ataque a la estación o que los policiales que permanecieron en el interior de las instalaciones de la Subestación de Policía del corregimiento de San Antonio (V.) hayan sufrido similares consecuencias del patrullero Mauricio Martínez Herrada, precisamente porque como ya tuvo la oportunidad de explicarse, el patrullero Mauricio Martínez Herrada no se encontraba en la Sub Estación, hallándose en las afueras de su residencia en actos diferentes al servicio […]”.

Así las cosas, se tiene que el Tribunal Administrativo sí se pronunció respecto a las pruebas relacionadas con el estado de las instalaciones de la Subestación de la Policía del corregimiento de “San Antonio”, situación que advirtió y reconoció la sentencia de segunda instancia del proceso contencioso.

De tal manera, el Tribunal accionado concluyó que aunque en el caso concreto se acreditó el daño, esto es, la muerte del patrullero Mauricio Martínez Herrada, no ocurrió lo mismo con la demostración de la imputación del mismo toda vez que no se demostró que el uniformado haya estado expuesto a un riesgo superior o excepcional al de sus compañeros, o que el daño haya sido consecuencia de un actuar irregular de la administración, carga que le correspondía a la parte actora dentro del proceso de reparación directa.

Tal como se expuso en acápites precedentes, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, ha establecido que los daños sufridos por miembros de la fuerza pública que ingresan voluntaria o profesionalmente al servicio, constituyen un riesgo propio de la actividad y, por tanto, el daño no le es atribuible al Estado, en razón a que existe una relación reglamentaria entre el agente y el Estado, de manera que el mismo está cubiertos por un régimen prestacional especial, que reconoce la circunstancia del riesgo al que se somete aquel que ingresa voluntariamente, aunado a los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral.

De manera que los perjuicios ocasionados con ocasión de riesgos propios del servicio y como consecuencia de ello, no conllevan a una declaratoria de responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre que el daño antijurídico reclamado como consecuencia de la lesión o la muerte, deviene del acaecimiento de una falla en el servicio o por la exposición a la víctima a un riesgo excepcional.

En efecto, en reciente pronunciamiento, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación reiteró su tesis jurisprudencial respecto a la responsabilidad del Estado frente al personal militar y de policía, cuyo régimen dependerá de su forma de vinculación al servicio. Así, determinó que en los eventos en los cuales la víctima se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, el título de imputación aplicable será, por regla general, de carácter objetivo; por el contrario, en los casos en los cuales la víctima del daño antijurídico ingresó al servicio por iniciativa propia – patrullero - asume los riesgos propios de la actividad militar o policial y solo habrá lugar a imputar responsabilidad si el daño es producto de una falla del servicio o se configura un riesgo excepcional comparado con el que asumen los demás miembros de las fuerzas militares o de policía profesionales.

Al respecto, puntualizó la Sección Tercera:

“[…] En el tema relacionado con la responsabilidad del Estado por daños causados a soldados, debe precisarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo-, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico, en la segunda eventualidad, por su parte, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.

“17.4. Así, si se trata de determinar la responsabilidad por los daños causados a quienes prestan servicio militar obligatorio –conscriptos-, el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso–, siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la falla del servicio. En cambio, si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, de manera que no cabe imputar responsabilidad al Estado por ello. No obstante, si el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas, el Estado será obligado a indemnizar los perjuicios causados bajo un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo[…]”. (Negrilla fuera del texto)

Así las cosas, el deber de protección reforzada es aplicable a los soldados y policías que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, quienes en casos de sufrir daños en el servicio o con ocasión del mismo, deben ser indemnizados incluso al no encontrarse demostrada una falla de servicio, excepto si se configura una causa extraña. Por el contrario, se insiste, que para el caso de patrulleros de la Policía Nacional, los mismos asumen los riesgos propios de la actividad y solo habrá lugar a indemnizar los daños padecidos cuando está debidamente demostrada una falla del servicio o la ocurrencia de un riesgo excepcional.

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que la carga probatoria que debió ejercer la parte accionante no puede ser subsanada mediante la interposición de la acción de tutela, porque el presente mecanismo constitucional no puede instituirse en una instancia adicional del proceso contencioso.

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en la providencia del 16 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no se configuraron los defectos alegados y, en tal sentido, se procederá a denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por la las ciudadana Jazmín Andrea Ballén Cardona actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor, Cristian Mauricio Martínez Ballén en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago, el expediente 76147-33-31-001-2013-00334-01, enviado en calidad de préstamo.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Cuaderno acción de tutela, folio 26. Ibíd., folio 33.
ibíd., folios 35 a 36.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Cuaderno acción de tutela, folio 26. Precisa la citada norma lo siguiente: “[...] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud [...]”. Sentencias T-700 de 2014 y T-503 de 1998, entre otras. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, la sentencia T-781 de 2011, M. P. Humberto Sierra Porto. De conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-004 de 8 de febrero de 2018, MP. José Fernando Reyes Cuartas. Corte Constitucional T-458 de 2007 M. P. Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T-709 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio. Sentencia T-247 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010, expediente 18.111, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez, y del 3 de mayo de 2007, expediente 16.200, C.P. Ramiro Saavedra. De tal manera los perjuicios ocasionados en virtud de los riesgos propios del servicio y como consecuencia de estos, no conllevan a una declaratoria de responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre que el daño antijurídico reclamado como consecuencia de la lesión o la muerte, deviene del acaecimiento de una falla en el servicio o por la exposición a la víctima a un riesgo excepcional. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2018, Rad. 36853, MP. Danilo Rojas Betancourth. De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución “… todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.// La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”. La Sala ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; mientras que el régimen de riesgo excepcional ha sido aplicado a aquellos casos en los cuales el daño proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18.586, C.P. Enrique Gil Botero; del 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo; y del 2 de febrero de 2005, exp. 15.445, C.P. María Elena Giraldo. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010, exp. 18.111, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y del 3 de mayo de 2007, exp. 16.200, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, Rad. 05001 23 31 000 2006 01088 01 (39725), MP. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de mayo de 2010, Exp. 19.158 y del 14 de julio de 2005, Exp: 15.544, ambas con ponencia de la señora Consejera Ruth Stella Correa Palacio. En sentencia de 3 de abril de 1997, expediente No. 11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

Mediante proveído de 1° de marzo de 2019, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamundí, ordenó remitir el presente asunto por competencia al Consejo de Estado, siendo allegada a esta Corporación el 11 de marzo de los corrientes.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre de 2013. Exp. 20601.
Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, MP. Enrique Gil Botero.
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 8 de mayo de 2007, exp. 33390, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2018, Rad. 36853, MP. Danilo Rojas Betancourth.
De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución “… todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.// La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.
La Sala ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; mientras que el régimen de riesgo excepcional ha sido aplicado a aquellos casos en los cuales el daño proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18.586, C.P. Enrique Gil Botero; del 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo; y del 2 de febrero de 2005, exp. 15.445, C.P. María Elena Giraldo.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010, exp. 18.111, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y del 3 de mayo de 2007, exp. 16.200, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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