Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01108-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede parcialmente
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01108-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-01108-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
16 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que accede parcialmente / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Privación injusta de libertad / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por falla en el servicio / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Inexistencia / FALENCIA PROBATORIA EN LA DEMOSTRACIÓN DEL PARENTESCO EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA / HIJOS DE CRIANZA – Ausencia de acreditación
En cuanto a las providencias que la actora adujo como desconocidas – fallos del 11 de julio de 2013, Rad.19001-23-31-000-2001-00557-01 (31252), con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero y del 16 de mayo de 2016, Rad.73001233100020090054201 (41054)–, es preciso indicar que en estos eventos la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció la indemnización por perjuicios a aquellas personas que acreditaron la cercanía afectiva con la víctima directa de la falla en el servicio que dio lugar a la responsabilidad del Estado en los mismos términos que los reconocería a los hijos biológicos. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que en el proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia censurada se acreditó que, efectivamente, la víctima directa convivía con la señora [R.Q.L.] que a su vez es la madre de [L.F.Q.] y [M.A.Q.] pero no se demostró por ningún medio de convicción que fueran hijos de crianza de la víctima directa de la privación de la libertad, pues solo obra en el plenario la declaración extraprocesal de la convivencia de los padres. Es así como la parte actora, teniendo la carga de la prueba, omitió probar situaciones como que el señor [J.A.C.R.] velara económicamente por menores accionantes o que a través del tiempo se hubieran construido los lazos de afecto propios de la relación de padre e hijos derivados del cuidado, la convivencia, la solidaridad que permitieran presumir el daño moral que, en estos casos, se debe indemnizar en igual forma a como se hace con respecto a los parientes directos. En ese orden, es claro que la parte actora confunde la presunción que, de acuerdo con las sentencias que citó y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se ha edificado, en el sentido de inferirse el dolor moral que sufre quien haya acreditado por cualquiera de los medios probatorios tal calidad, pretendiendo que se presuma la condición de “hijo de crianza”, la cual sin lugar a dudas se debe probar y ello no acaeció en el caso concreto. (…) En consecuencia, se encuentra acreditado que no se desconoció el precedente señalado, toda vez que en el caso concreto la parte actora no demostró la calidad de hijos de crianza de los menores a quienes se les negó el reconocimiento, sino que se limitó a afirmar la existencia de la misma, lo cual no daba lugar a la aplicación de la presunción de daño moral, por lo que procede negar las pretensiones de la demanda
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Alberto Yepes Barreiro, sin medio magnético a la fecha (22/05/2019)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01108-00(AC)
Actor: LUISA FERNANDA Y MIGUEL ÁNGEL QUIROGA LAGOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – Derecho a la igualdad, indemnización de perjuicios morales en su condición de hijos de crianza de la víctima directa de la privación injusta – exigencia de demostrar esta calidad para efectos de que presuma el daño moral.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud formulada por el apoderado judicial de los menores Luisa Fernanda y Miguel Ángel Quiroga Lagos, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
1.1. Con escrito radicado el 13 de marzo de 2019, en la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado, los menores Luisa Fernanda y Miguel Ángel Quiroga Lagos, a través de su representante legal Roselia Quiroga Lagos, madre de los mismos, por intermedio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, con el fin de que les sea amparado su derecho fundamental a la igualdad.
1.2. Tal derecho lo consideraron vulnerado con ocasión de la sentencia proferida por la referida autoridad judicial el 13 de agosto de 2018, en el proceso de reparación directa instaurado por John Alexander Conde y otro contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, Rad. No. 730012331000201100648-01 (45689).
2. Petición de amparo constitucional
Los actores formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar los derechos de LUISA FERNANDA Y MIGUEL ÁNGEL QUIROGA, declarando que la sentencia del Consejo de Estado proferida dentro de la radicación No. 730012331000201100648-01 (45689) vulneró el derecho a la igualdad de los accionantes y desconoce el precedente del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Modificar parcialmente la sentencia proferida dentro de la radicación aludida, en el sentido que se ordene el pago de la indemnización correspondiente por perjuicios morales causados a los menores LUISA FERNANDA Y MIGUEL ÁNGEL QUIROGA, conforme a la tabla de tasación que ha establecido el Consejo de Estado.”
3. Hechos probados y/o admitidos
3.1. El 13 de septiembre del 2011, los señores Jhon Alexander Conde Rojas en nombre propio y en representación de los menores Jhon Jairo Conde Castiblanco, Sofía Conde Quiroga y Duverney Conde Gómez; Roselia Quiroga Lagos, en nombre propio y representación de los menores Miguel Ángel Quiroga Lagos y Luisa Fernanda Quiroga Lagos; y Ana Delia Rojas Bastos, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A, solicitaron que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por los perjuicios materiales e inmateriales que les fueron ocasionados con la privación injusta de la libertad del primero de los mencionados.
3.2. La demanda se sustentó en los siguientes supuestos fácticos:
El 24 de abril de 2009, Jhon Alexander Conde Rojas fue capturado, en San José del Guaviare, en virtud de la condena impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, como procesado ausente, por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo.
El señor Jhon Alexander Conde Rojas tuvo un hermano llamado Juan Carlos Conde Rojas, que militaba en el grupo revolucionario M-19 y quien fue dado de baja en combate el 30 de junio del 2001.
El señor Juan Carlos Conde Rojas usaba una cédula de ciudadanía falsa con el nombre de su hermano Jhon Alexander Conde, a la cual le cambió la fotografía y la huella dactilar.
El Juzgado Penal señaló en el informe de captura: “JHON ALEXANDER CONDE ROJAS c.c. 10.346.584 falsa por (sic) no corresponder la fecha de nacimiento y fecha de expedición con el original que aparece en la registraduría con ese mismo número nombre foto y huella digital”.
Juan Carlos Conde Rojas fue capturado el 23 de diciembre de 1997, estuvo privado de la libertad durante 3 años en la cárcel Modelo de Bogotá, fue procesado y condenado con la identidad de su hermano Jhon Alexander, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué.
La parte actora del proceso ordinario de reparación directa consideró que el señor Jhon Alexander Conde Rojas no debió estar privado de la libertad por una condena que no le correspondía y, que la Fiscalía y los despachos Judiciales que conocieron el proceso incurrieron en error judicial al no realizar la identificación de la persona procesada.
3.3. La demanda presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual previo el trámite procesal correspondiente dictó sentencia el 22 de junio de 2012, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.3.1. En primer lugar, el tribunal consideró que el ente investigador omitió desplegar todas las gestiones tendientes a identificar e individualizar al presunto infractor durante el proceso penal, con el fin de “establecer que tanto detenido como procesado se trataban de una misma persona” (sic). Por tanto, el a quo estableció que la privación de la libertad que soportó Jhon Alexander Conde fue injusta, en tanto no tenía el deber de soportarla.
3.3.2. El Tribunal le imputó la responsabilidad por la privación de la libertad del accionante tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Rama Judicial, debido a que la primera fue negligente en la identificación e individualización del procesado y se apresuró a formular acusación sin efectuar el cotejo dactilar; y la segunda no se percató de los errores de individualización cometidos en la etapa investigativa y omitió realizar la identificación al momento de proferir la sentencia condenatoria.
3.2.3. Como indemnización de prejuicios, condenó al pago de 30 s.m.l.m.v. a favor del privado de la libertad, y 15 s.m.l.m.v. a favor de su madre e hijos, al tiempo que negó el reconocimiento de la indemnización por perjuicios morales a los demandantes Miguel Ángel, Luisa Fernanda y Roselia Quiroga Lagos, por cuanto no demostraron su causación. También negó el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales, por cuanto no se acreditaron en el proceso.
3.3. El 12 de julio del 2012, la Nación - Rama Judicial interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
3.4. Por su parte, la Nación-Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, en el que manifestó su inconformidad con la tasación de la indemnización por perjuicios morales, pues consideró que se trata de un monto excesivo, teniendo en cuenta el tiempo de privación de la libertad. Por lo anterior, solicitó la modificación de la condena impuesta.
3.5. La parte demandante, igualmente interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que se revocaran los numerales segundo y cuarto. Lo anterior, debido a que consideró que la indemnización por perjuicios morales no responde a los criterios fijados por la jurisprudencia, ni resulta proporcional con el tiempo de privación de la libertad, teniendo en cuenta que en casos similares se han reconocido indemnizaciones por 100 s.m.l.m.v.
3.5.1. En esta oportunidad procesal los demandantes igualmente solicitaron que se le reconociera indemnización por perjuicios morales a la compañera permanente y a sus hijos, pues obran en el expediente “declaraciones juramentadas ante notario” que demuestran que Jhon Alexander Conde convivía con ellos y les brindaba sustento.
3.5.2. Así mismo, pidió el reconocimiento de indemnización por daños a la vida de relación, por cuanto la reclusión que sufrió el demandante en dos centros de reclusión distintos demuestra una extraordinaria variación en sus condiciones de existencia y las de su familia.
3.6. Los recursos de apelación interpuestos fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, en sentencia del 13 de agosto de 2018, en la que se modificó el fallo proferido el 22 de junio de 2012, cuya resolutiva quedó en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima Jhon Alexander Conde Rojas.
SEGUNDO: CONDENAR A LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL A PAGAR A FAVOR DE LOS DEMANDANTES LAS SIGUIENTES INDEMNIZACIONES, POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:
Nivel
Demandante
Indemnización
Jhon Alexander Conde Rojas (víctima de la privación injusta)
70 SMLMV
1º
Ana Delia Rojas Bastos (madre)
70 SMLMV
1º
Roselia Quiroga Lagos (compañera)
70 SMLMV
1º
Jhon Jairo Conde Castiblanco (hijo)
70 SMLMV
1º
Duberney Conde Gómez (hijo)
70 SMLMV
1º
Sofía Conde Quiroga (hija)
70 SMLMV
TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial a pagar a Jhon Alexander Conde Rojas la suma de seis millones doscientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos M/cte ($6.235.955), como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de los demandantes Miguel Ángel Quiroga Lagos y Luisa Fernanda Quiroga Lagos, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: CONFIRMAR el inciso TERCERO de la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 22 de junio del 2012, atinente al pago del arancel judicial.
SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.
3.6.1. Para arribar a la citada resolutiva, consideró que en el proceso se demostró que la persona investigada, procesada y condenada no corresponde a la identidad del demandante, por lo que las autoridades encargadas de prestar el servicio público de justicia incurrieron en una falla, debido a la omisión en el deber de identificar e individualizar correctamente al procesado durante la investigación penal.
3.6.2. Para liquidar los perjuicios inmateriales utilizó los baremos establecidos en la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, encontrando adicionalmente acreditada la convivencia y la unión marital de hecho que existía entre la víctima directa de la privación de la libertad y la señora Roselia Quiroga Lagos y le reconocieron perjuicios morales a ésta y a la hija biológica procreada durante la unión – Sofía Conde Quiroga, de quien se aportó al proceso el registro civil de nacimiento.
3.6.3. Aseveró que, “No ocurre lo mismo con los demandantes Miguel Ángel y Luisa Fernanda Quiroga Lagos, de quienes se afirmó son hijos de crianza del señor Jhon Alexander Conde, situación de la cual se tiene noticia de manera sumaria, con la declaración extraprocesal; puesto que no existen otras prueba dentro del proceso”
4. Sustento de la vulneración
4.1. La parte actora precisó que en el caso concreto concurrían los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige a cuestionar providencias judiciales.
4.1.1. En efecto, aseveró que el asunto reviste relevancia constitucional, por cuanto busca evidenciar la existencia de un tratamiento discriminatorio contra los miembros de una misma familia, al desconocerse en razón al vínculo de crianza la existencia de un daño ocasionado como consecuencia de las fallas del Estado a un integrante del grupo familiar.
4.1.2. Afirmó que se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial y se cumplió el requisito de inmediatez, al tiempo que en esta oportunidad se están identificando las razones y los hechos generadores de la vulneración, así como los derechos fundamentales que se consideran conculcados.
4.2. Sobre la vulneración del derecho a la igualdad en el caso concreto, afirmó que en el proceso se demostró que la víctima de la detención había construido cinco años antes una familia integrada con su compañera permanente dos hijos de crianza y un hijo en común, lo cual quedó demostrado con las declaraciones extraproceso presentadas, en relación con las cuales la parte demanda no ejerció oposición alguna.
4.2.1. Aseveró que, de la valoración de los registros de nacimiento de Luisa Fernanda y Miguel Ángel se podía establecer que la convivencia inició cuando contaban con cuatro y dos años, respectivamente, lo que implica que existía un arraigo efectivo de ambos hacía su padre de crianza.
4.2.2. Consideró que el Consejo de Estado vulneró el derecho de los accionantes, toda vez que “Mientras da por sentado el daño ocasionado a la menor Sofía, por ser hija biológica que convivía con su padre y madre al momento del hecho generador del perjuicio omite hacerlo frente a menores de edad que convivían con la víctima directa desde que tenían 4 y 2 años de vida.”
4.2.3. Consideró que la vulneración se presenta por la exigencia que realiza el Consejo de Estado de probar el daño sufrido, en lugar de presumirlo como se hace con respecto a cualquier otro miembro de la familia.
4.3. Alegó que, con ello, desconoció el precedente judicial. Al respecto afirmó que el Consejo de Estado, en un caso similar “ha reconocido que esa aflicción que se causa a una persona se da por sentada cuando se logra establecer la cercanía afectiva entre los integrantes de una misma familia.”
4.3.1. Transcribió in extenso las consideraciones consignadas en la sentencia del 11 de julio de 2013, Rad.19001-23-31-000-2001-00557-01 (31252), con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero, posición que consideró que se reiteró en el fallo del 16 de mayo de 2016, Rad.73001233100020090054201 (41054).
5. Actuaciones procesales relevantes
5.1. Admisión de la demanda
5.1.1. Mediante auto del 18 de marzo de 2019, se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación a los tutelantes, y al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”, otorgándoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre la demanda interpuesta.
5.1.2. Igualmente, se dispuso la vinculación de la Nación – Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, demandados en el proceso ordinario, y de los señores Jhon Alexander Conde Rojas, Ana Delia Rojas Basto, Roselia Quiroga Lagos, Jhon Jairo Conde Castiblanco, Duberney Conde Gómez y Sofía Conde Quiroga, en su condición de demandantes del proceso ordinario de reparación directa, como terceros con interés en el resultado del proceso.
5.2. Intervenciones
5.2.1. Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”
Guardó silencio, no obstante estar debidamente notificado, según constancia secretarial visible a folio 30 del cuaderno principal del expediente de tutela.
5.2.2. Tribunal Administrativo del Tolima
El Tribunal se limitó a remitir el expediente en préstamo.
5.2.3. Fiscalía General de la Nación
5.2.3.1. Por intermedio de apoderado judicial, el ente de fiscalización presentó informe del 29 de marzo de 2019, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.
5.2.3.2. Al respecto, alegó que no concurre el requisito de subsidiariedad que torne procedente la acción de tutela y, adicionalmente, alegó que el accionante no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutea sea procedente, haciendo amplia referencia a la carga argumentativa que debe agotar la parte actora cuando el cuestionamiento se dirige contra providencias judiciales.
5.2.3.3. Señaló que la parte actora pretende revivir las oportunidades que dejó vencer en el proceso, como la de presentar las pruebas necesarias para acreditar el supuesto de hecho de las normas.
5.2.3.4. Trajo a colación el estudio efectuado por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-705 de 206, en el cual señaló que “no existe una definición precisa de hijo de crianza que haya sido establecida y usada de manera sistemática por la jurisprudencia…”. En esa sentencia se señaló que la Corte exige la presencia de material probatorio suficiente que dé cuenta de la existencia de los elementos que definen la categoría “hijos de crianza”.
5.2.3.5. Al respecto, destacó que en la citada sentencia se señaló que “Entre el material relevante para estos efectos se han considerado, por ejemplo, declaraciones de los menores y de otras personas cercanas, el otorgamiento de la custodia de manera provisional, conceptos psicológicos, partida de bautismo en la que se indica que los padres son de crianza, informes ICBF, entre otros.”
5.2.3.6. Consideró igualmente necesario transcribir los apartes de la sentencia de tutela T-592 de 1997, en la que se reiteró la necesidad de acreditar el daño moral en casos de relaciones afectivas que no provienen de vínculos biológicos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional presentada por la representante legal de los menores Luisa Fernanda y Miguel Ángel Quiroga Lagos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 1834 de 2017 y el 1983 de 2017 y en el artículo 2º del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos que según los hechos y pretensiones subyacen al caso concreto:
2.1. ¿Si la parte accionante acreditó los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales?
2.2. De superarse los referidos requisitos, se analizará si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental a la igualdad al no haberles reconocido a los hijos de crianza los perjuicios morales.
2.3. Concretamente la Sala resolverá el subproblema referido a si la decisión desconoce el precedente del Consejo de Estado que, a juicio de la parte actora, se encuentra contenido en las sentencias del 11 de julio de 2013, Rad.19001-23-31-000-2001-00557-01 (31252), con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero y del 16 de mayo de 2016, Rad.73001233100020090054201 (41054).
2.4. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) tutela contra providencias de altas cortes; iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iv) análisis del caso concreto.
3. Razones jurídicas de la decisión
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
3.1.2. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
3.1.3. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
3.1.4. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias de Altas Cortes
3.2.1. La Corte Constitucional, en sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017, consideró que cuando se trate de acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se ha determinado un criterio adicional de procedencia de la acción constitucional, en atención a que “dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”. Al respecto reiteró la ratio decidendi contenida en las sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017, que consideraron:
“… la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
3.2.2. En la referida sentencia consideró que, para establecer la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, se requiere que concurran los siguientes requisitos: “(i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. (Resaltado de la Sala).
3.2.3. En la sentencia SU-050 de 2018 se afirmó que la tutela contra sentencia de alta Corte solo es procedente cuando es definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional.
3.2.4. Así, esta acción solo es procedente contra providencias judiciales cuando se advierta que la decisión respectiva se opone a los postulados constitucionales y el análisis del juez debe restringirse a realizar el análisis sobre dicha oposición.
3.3. Examen Requisitos de procedibilidad adjetiva
3.3.1. Tutela contra tutela
En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que la providencia judicial que censura la parte actora, fue proferida dentro del proceso de reparación directa que promovieron los accionantes contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.
3.3.2. Inmediatez
3.3.2.1. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar la sentencia dictada el 13 de agosto de 2018, notificada por edicto, desfijado el 27 de septiembre de 2018, ejecutoriada el 2 de octubre de la citada anualidad. Por su parte, la demanda de tutela se presentó el 13 de marzo de 2019, es decir, se formuló dentro de un término que –a juicio de la Sala– resulta razonable, toda vez que transcurrieron menos de seis (6) meses, que es el plazo que se ha considerado adecuado en aquellos eventos en que el cuestionamiento se dirige contra providencias judiciales.
3.3.2.2. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió adoptar los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
3.3.3. Subsidiariedad
3.3.3.1. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa para controvertir la decisión que, en concepto de la parte actora, vulnera sus derechos fundamentales, se advierte que no cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el efecto, por cuanto la providencia cuestionada resolvió el recurso de apelación interpuesto.
3.3.3.2. Tampoco proceden en el caso concreto los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, toda vez que las alegaciones de la parte actora no corresponden a las causales de revisión consagradas por el legislador y se trata de una sentencia dictada por el Consejo de Estado, como corporación de cierre contra la cual no procede el recurso de unificación.
3.3.4. Relevancia constitucional
3.3.4.1. En el presente caso la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección del derecho fundamental invocado por la parte actora, se advierte que ésta solicita la garantía del derecho a la igualdad que considera vulnerado con la sentencia que le negó el reconocimiento de perjuicios morales la privación injusta de que fue víctima el compañero de su madre.
3.3.4.2. En relación con la alegación de desconocimiento del precedente, la Corte Constitucional y esta Corporación han considerado que no existe otro mecanismo de defensa judicial que le permita a la parte actora solicitar el derecho a la igualdad que tienen todos los ciudadanos a que sus procesos sean resueltos de igual manera a como se hizo previamente en casos que guardan identidad fáctica y jurídica, de tal manera que de no abordarse el fondo de la alegación se dejaría a los actores en total estado de indefensión.
3.3.4.3. Así lo consideró la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU- 069 de 2018, en garantía del derecho a la protección judicial efectiva, al señalar que “El desconocimiento del precedente, sin una debida justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad”.
3.3.4.4. En virtud de lo expuesto, el caso se debe analizar desde una perspectiva constitucional de protección del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental a la igualdad.
3.3.5. Al estar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a la Sala estudiar el fondo del asunto, para lo cual, por razones de orden metodológico, analizará el desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho a la igualdad.
3.4. Examen del caso concreto
3.4.1. Derecho a la igualdad en decisiones judiciales
3.4.1.1. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-354 de 2017, consolidó y reiteró la línea jurisprudencial de esa Corporación en materia de derecho a la igualdad, entendiéndolo como “aquel que ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho”.
3.4.1.2. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 13 de la Constitución Política, el cual –siguiendo la línea decisional de la Corte Constitucional–, posee un carácter relacional, en virtud del cual debe i) establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas; ii) determinarse si esos grupos o situaciones son iguales o desiguales desde un punto de vista fáctico; iii) definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes; y iv) constatarse si un tratamiento distinto entre iguales o un tratamiento igual entre desiguales es razonable; es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.
3.4.1.3. En relación con los casos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales, la Corte advirtió que la uniformidad de las decisiones adoptadas por los jueces permite que los ciudadanos tengan certeza sobre el ejercicio de sus derechos y la efectividad de los mecanismos para su protección, con lo cual se concreta la seguridad jurídica y la igualdad en las actuaciones judiciales.
3.4.2. Análisis del derecho a la igualdad en el sub examine
3.4.2.1. Alegación de la parte actora y perspectiva de análisis del cargo – carga argumentativa
3.4.2.1.1. La Sala precisa que el análisis que se realiza en este acápite corresponde al cargo propuesto la parte actora como violación al derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente.
3.4.2.1.2. Al respecto, esta Sección destaca que en el evento de incorporarse un cargo de desconocimiento de precedente, a la parte actora le asiste una carga argumentativa mínima en relación con los cargos que invoca, que le permita al juez constitucional estudiarlos en el caso concreto.
3.4.2.1.3. En efecto, corresponde a la parte actora determinar, siquiera en forma mínima, i) la decisión que se considera desatendida, identificándola a efectos de que el juez constitucional la pueda encontrar; ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior; y iii) la incidencia de la misma en la decisión final adoptada por el fallador de instancia.
3.4.2.1.4. De los presupuestos reseñados, se advierte que la parte actora dio alcance a los mismos, en consideración a que identificó las sentencias que se consideran desconocidas, que corresponden a los fallos del 11 de julio de 2013, Rad.19001-23-31-000-2001-00557-01 (31252), con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero y del 16 de mayo de 2016, Rad.73001233100020090054201 (41054), así mismo, identificó lo que consideró ser la ratio de las mismas, en punto al reconocimiento de perjuicios morales a los hijos de crianza, aseverando que la situación fáctica era idéntica, motivo por el cual se procederá al estudio de fondo del caso, con posterioridad a la determinación del marco teórico del tema objeto del debate en el sub examine.
3.4.2.2. Desarrollo jurisprudencial de la familia de crianza
3.4.2.2.1. Previo a realizar el test de igualdad en relación con las situaciones fácticas analizadas en las sentencias de referencia, es necesario señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia T.705 del 14 de diciembre de 2016, hizo referencia a la construcción sobre los derechos que les asisten a los denominados “hijos de crianza”, aclarando que este no es un concepto legal sino jurisprudencial.
3.4.2.2.2. En esta oportunidad se señaló que en las sentencias T-278 de 1994, T-495 de 1997, T-497 de 2005, T-292 de 2016 y T-325 de 2016 que se han dictado sobre el tema objeto de análisis la Corte ha exigido la presencia de material probatorio suficiente que dé cuenta de la existencia de los elementos que definen la categoría “hijos de crianza”. Entre el material relevante para estos efectos se han considerado, por ejemplo, declaraciones de los menores y de otros familiares o personas cercanas, el otorgamiento de la custodia de manera provisional, conceptos psicológicos, partida de bautismo en la que se indica que los padres son de crianza, informes del ICBF, entre otros.
3.4.2.2.3. Contrario sensu, cuando del material probatorio no es posible establecer la relación que le solicitan al juez que declare, la Corte ha optado por negar el reconocimiento de la pretensión, tal fue el caso de la sentencia T-592 de 1997. En esta ocasión igualmente precisó que se debe proteger a la familia de crianza incluso por encima de la biológica, cuando se demuestra una ruptura de los vínculos afectivos entre esta última y consideró necesario establecer las siguientes reglas de decisión:
“(a) Para calificar a un menor como hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos. El primero de los elementos supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. El segundo de los elementos supone una desvinculación con el padre o madre biológicos según el caso, que evidencie una fractura de los vínculos afectivos y económicos. Ello se puede constatar en aquellos casos en los cuales existe un desinterés por parte de los padres para fortalecer sus lazos paterno-filiales y por proveer económicamente lo suficiente para suplir las necesidades básicas de sus hijos.
(b) De la declaratoria de hijo de crianza, se pueden derivar derechos y obligaciones. Teniendo en cuenta que los asuntos relativos al estado civil de las personas y a la filiación son materia exclusiva del legislador, cuando se establezca la existencia de un hijo de crianza, madre o padre de crianza debe existir certidumbre acerca de dicha condición de acuerdo con el material probatorio que obre en el expediente.
81. Conforme a lo expuesto, dada la relevancia que reviste la declaratoria de hijo de crianza y de la jurisprudencia citada en la sección E de esta providencia, la Sala considera que en este tipo de casos es necesario contar con el pleno convencimiento de los fuertes lazos familiares existentes entre los menores y su padre de crianza, así como la constatación de una ausencia de vínculo o muy deteriorada relación entre el menor y su padre biológico”. Negrillas de la Sala
3.4.2.2.4. Sobre la exigencia de acreditar en el proceso la calidad de hijo de crianza, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-281 de 2018, en la que estableció que se deben demostrar “los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:
(i) La solidaridad. Se evalúa en la causa qué motivó al padre o madre de crianza a generar una cercanía con el hijo, que deciden hacer parte del hogar y al cual brindan un apoyo emocional y material constante y determinante para su adecuado desarrollo. Esta se encuentra justificada en los artículos 1 y 95 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional y en el artículo 67 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
(ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas). Se sustituyen los vínculos consanguíneos o civiles por relaciones de facto. Podrá observarse si el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no será determinante en la evaluación de la existencia de la familia de crianza, ya que en la búsqueda de la prevalencia del derecho sustancial se privilegiará la crianza misma así provenga de un familiar.
(iii) La dependencia económica. Se genera entre padres e hijos de crianza que hace que estos últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervención de quienes asumen el rol de padres. Es el resultado de la asunción del deber de solidaridad, las normas legales y constitucionales que regulan la institución de la familia y las disposiciones que buscan garantizar ambientes adecuados para los menores, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, que generan el surgimiento de los demás deberes que acarrea la paternidad responsable.
(iv) Vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección. Se pueden verificar con la afectación moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza en caso de ser separados, así como en la buena interacción familiar durante el día a día.
(v) Reconocimiento de la relación padre y/o madre, e hijo. Esta relación debe existir, al menos implícitamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual debe ser observada con facilidad por los agentes externos al hogar.
(vi) Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos. La relación familiar no se determina a partir de un término preciso, sino que debe evaluarse en cada caso concreto con plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de la familia de crianza y el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado para que se entiendan como una comunidad de vida. Es necesario que transcurra un lapso que forje los vínculos afectivos.
(vii) Afectación del principio de igualdad. Se configura en idénticas consecuencias legales para las familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, en cuanto a obligaciones y derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza muestren a través de sus actos un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en procura de la protección y buen desarrollo de los hijos, se tendrá claro que actúan en condiciones similares a las demás familias, por lo que serán beneficiarias de iguales derechos y prestaciones”.
3.4.2.2.5. Sobre la posición del Consejo de Estado esta Sala reitera las consideraciones realizadas en el fallo del 23 de agosto de 2018, en el que se señaló que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la familia no se constituye únicamente por vínculos jurídicos o de consanguinidad, toda vez que la célula principal de la sociedad ha evolucionado al punto que en la actualidad son reconocidas aquellas que se forman de facto sobre la base de la voluntad y responsabilidad.
3.4.2.2.6. En esa oportunidad se señaló que, en relación con el espectro indemnizatorio que se persigue en los procesos de reparación directa, esta Corporación ha insistido en que la figura de “familiar de crianza” se configura respecto de aquellas personas que siendo o no parientes de la víctima directa, desempeñaron el rol de padres e hijos y construyeron lazos de afecto, amor, solidaridad, comprensión, protección, etc. pronunciándose en favor de reconocer los derechos que les asisten, cuando la relación de afecto se encuentre probada.
3.4.2.2.7. De conformidad con lo expuesto en precedencia, es acertado concluir que en los diferentes casos en que la Jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de los “familiares de crianza” para efectos indemnizatorios, específicamente se refiere a las personas que pertenecen al grupo familiar de facto, y que dentro del respectivo proceso acreditaron que con el paso del tiempo estrecharon lazos de afecto en una relación de padre – madre – hijos sin que biológicamente lo sean.
3.4.2.3. Examen del desconocimiento del precedente alegado por la parte actora
3.4.2.3.1. En cuanto a las providencias que la actora adujo como desconocidas – fallos del 11 de julio de 2013, Rad.19001-23-31-000-2001-00557-01 (31252), con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero y del 16 de mayo de 2016, Rad.73001233100020090054201 (41054)–, es preciso indicar que en estos eventos la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció la indemnización por perjuicios a aquellas personas que acreditaron la cercanía afectiva con la víctima directa de la falla en el servicio que dio lugar a la responsabilidad del Estado en los mismos términos que los reconocería a los hijos biológicos.
3.4.2.3.2. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que en el proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia censurada se acreditó que, efectivamente, la víctima directa convivía con la señora Roselia Quiroga Lagos, que a su vez es la madre de Luisa Fernanda y Miguel Ángel Quiroga, pero no se demostró por ningún medio de convicción que fueran hijos de crianza de la víctima directa de la privación de la libertad, pues solo obra en el plenario la declaración extraprocesal de la convivencia de los padres.
3.4.2.3.3. Es así como la parte actora, teniendo la carga de la prueba, omitió probar situaciones como que el señor Jhon Alexander Conde Rojas velara económicamente por menores accionantes o que a través del tiempo se hubieran construido los lazos de afecto propios de la relación de padre e hijos derivados del cuidado, la convivencia, la solidaridad que permitieran presumir el daño moral que, en estos casos, se debe indemnizar en igual forma a como se hace con respecto a los parientes directos.
3.4.2.3.4. En ese orden, es claro que la parte actora confunde la presunción que, de acuerdo con las sentencias que citó y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se ha edificado, en el sentido de inferirse el dolor moral que sufre quien haya acreditado por cualquiera de los medios probatorios tal calidad, pretendiendo que se presuma la condición de “hijo de crianza”, la cual sin lugar a dudas se debe probar y ello no acaeció en el caso concreto.
3.4.2.3.5. Tal exigencia aparece clara en la sentencia del 11 de julio de 2013, señalada como desconocida por el accionante, en los siguientes términos:
“…tratándose de perjuicios morales será viable que quien invoque la condición de familiar (consanguíneo, afín, por adopción o de crianza) –del núcleo cercano y en los grados que han sido objeto de presunción por esta Corporación– y lo acredite en el proceso a través de los diversos medios de convicción será beneficiario de la presunción de aflicción que opera para los grados cercanos de parentesco, sin que le sea exigible la acreditación de tercero afectado, es decir, la prueba directa de la congoja y del sufrimiento. En otros términos, si en el proceso se prueba la condición de familiar de la víctima directa, los demandantes serán beneficiarios de la misma presunción que opera para aquellos que con el registro civil demostraron el parentesco”. (Negrillas de la Sala)
3.4.2.3.6. En ese caso el reconocimiento procedió por cuanto se acreditó la calidad de hija de crianza, por medios probatorios directos, aspecto en el que se afirmó que “en el caso concreto se accederá al reconocimiento de perjuicios morales a favor de la menor Vanesa Medina Castrillón, quien acudió al proceso a través de curador ad litem, designado por el Tribunal de primera instancia en los términos del artículo 45 del C.P.C., y que, por lo tanto, al haberse acreditado su relación familiar (parteno - filial) es posible inferir su congoja y sufrimiento por la muerte de James Medina Zúñiga, ya que, se insiste, con el occiso existía una relación de familiaridad, de cercanía y apoyo mutuo, aunado a la convivencia”.
3.4.2.3.7. Esta existencia ha sido reiterada, entre otros en la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 12 de noviembre de 2014, en la que se señaló:
“Esta Sección también se ha pronunciado en favor del reconocimiento de los derechos que le asisten a los padres de crianza cuando la relación de afecto se encuentra probada, accediendo a reconocer un valor igual al admitido en favor de los padres biológicos; “de allí que se puedan yuxtaponer las mismas como “tertium comparatio”, en atención a que se trataría de una lógica igual para las dos situaciones.
Así, entonces, la postura reiterada de la jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el Juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa.
Ahora bien, en atención a los rigores legales establecidos por el ordenamiento civil para la acreditación del parentesco por consanguinidad y civil, cuyos requisitos quedaron ampliamente explicados en el acápite anterior, la Sala considera que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil. Al efecto, el artículo 399 del Código Civil, previó que la posesión notoria del estado civil se probara con testimonios fidedignos “particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravió del libro o registro en que debiera encontrarse”. Se considera, entonces, que la regla aquí contenida puede aplicarse por analogía en la acreditación de una circunstancia fáctica como la aducida por los demandantes, anotando, que esto no obsta para que se haga uso de los demás medios probatorios.
Respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, se recogen los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo. El primero de estos elementos, es decir el trato, es entendido como la actitud del padre frente al hijo y de éste frente al padre. La fama, consistente en la exteriorización de la condición que suscite y la conciencia del vínculo paterno-filial en los demás familiares, amigos o vecinos, y el tiempo, que exige que tanto el trato como la fama hayan perdurado durante un periodo considerable, que de conformidad con el artículo 398 del C.C. consiste en el término de 5 años, mínimo”.
3.4.2.3.8. En consecuencia, se encuentra acreditado que no se desconoció el precedente señalado, toda vez que en el caso concreto la parte actora no demostró la calidad de hijos de crianza de los menores a quienes se les negó el reconocimiento, sino que se limitó a afirmar la existencia de la misma, lo cual no daba lugar a la aplicación de la presunción de daño moral, por lo que procede negar las pretensiones de la demanda.
3.5. Conclusión
3.5.1. En virtud de lo expuesto, para este juez constitucional no se desconoció el precedente judicial ni se vulneró el derecho a la igualdad de los accionantes, al no haber éstos acreditado en el proceso ordinario la calidad que alegaban para que se diera la consecuencia jurídica esperada, de tal manera que la providencia no incurrió el defecto específico de procedibilidad de la acción de tutela.
3.5.2. Al encontrar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva pero no así una causal específica de procedencia de la acción de tutela, no es necesario analizar el requisito adicional de exigencia de una anomalía de tal entidad que torne procedente el amparo en casos de providencia contra Alta Corte, pues de acuerdo con las sentencias de unificación en esta materia este sólo se estudia ante la verificación de los anteriores.
3.5.3. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala negara la petición de protección constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la petición de protección constitucional impetrada en representación de Luisa Fernanda y Miguel Ángel Quiroga Lagos, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes y a los terceros vinculados, de acuerdo con los establecido en el Artículo 30 de Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que la sentencia no sea debidamente impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional este proceso para su eventual revisión.
CUARTO: DEVOLVER el expediente remitido en préstamo al despacho judicial de origen, cuando quede ejecutoriada la presente providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Aclaro el voto
Quienes para los efectos de la presente acción de tutela fueron representados por su madre Roselia Quiroga Lagos, quien confirió poder al abogado Juan Carlos Niño Camargo, toda vez que son menores de edad, según poder visible a folio 9 del expediente y los correspondientes registros civiles de nacimiento, obrantes a folios 10 y 11 del cuaderno principal del expediente de tutela. Folios 1 al 8 del cuaderno principal del expediente de tutela. Folio 8 del expediente de tutela. F. 265-266, c. ppal. F. 257-262, c. ppal. La sentencia fue suscrita con salvamento de voto del Magistrado Guillermo Sánchez Luque, quien consideró que en el caso concreto se encontró acreditada la causal de exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de un tercero. Folio 332 vuelto del cuaderno número 4 del expediente contentivo del proceso ordinario de reparación directa. Folio 5 del expediente de tutela. Folio 27 del expediente de tutela. Folio 42 del cuaderno principal del expediente de tutela. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Corte Constitucional, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
SU-050 de 2017. Corte Constitucional, Sentencia SU-050 de 2018, Cristina Parto Schlesinger
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. Corte Constitucional, Sentencia SU-354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo
Ver igualmente las Sentencias de la Corte Constitucional C-621 de 2015 y C-816 de 2011
Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2015
Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo
Al respecto, señaló que “el ordenamiento jurídico sólo reconoce a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, lo que implica que la categoría “hijo de crianza” es de creación jurisprudencial.” Así mismo, reconstruyó la línea jurisprudencial sobre el tema, señalando que la primera sentencia que se dictó corresponde a la T- 278 de 1994, con posterioridad se dictó la T - 495 de 1997, en la que se concedió la indemnización por muerte en el servicio militar obligatorio a los padres de crianza; la T- 592 de 1997; T-292 de 2004, T-497 de 2005, T-836 de 2014, T-606 de 2013, T-942 de 2014, T-070 de 2015, T-074 de 2016, T-292 de 2016
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
Entre otras, pueden consultarse: sentencia de 25 de septiembre de 2008 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente No. 2008-00244: sentencia de 26 de marzo de 2008 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente No. 18846; sentencia de 28 de enero de 2009 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente No. 18073.
Trae la siguiente cita original del texto transcrito. Consejo de Estado, sentencia de 9 de mayo de 2011, Exp. 19388. Al respecto se pueden consultar, la Corte Constitucional, sentencia de 3 de octubre de 1997, Exp. T-495; sentencia de 18 de noviembre de 1997, Exp. T-592. Consejo de Estado. sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 18846 y sentencia de 28 de enero de 2009, Exp. 18073. 29 Expediente 29.139 De: Nieves Solís y otros. Contra: Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 8 de 2001, Exp. 5668.
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