RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 11001-03-15-000-2019-01128-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01128-00

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que rechaza demanda por caducidad

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01128-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Superintendencia de Salud, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en esta sentencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Gustavo Sepúlveda Becerra, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Magistrada ALBERTO YEPES BARREIRO Magistrado Folio 12 del expediente Las personas que presentaron la demanda del medio de control de reparación directa son los señores Gustavo Sepúlveda Becerra, Jesús David Escalante Quintero, Ángela Vanessa Escalante Sepúlveda, Carmen Yolanda Parra Oliveros, Albeiro Sepúlveda Parra y Arley Sepúlveda Parra. Folio 10 del expediente Folios 17 a 18. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-01128-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

25 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Auto que rechaza demanda por caducidad / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Por falla en el servicio médico / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - A partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño / ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN - No impide que sea parte en un proceso declarativo / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Se configura / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera que no le asiste razón al tutelante al afirmar, de forma general, que la Superintendencia de Salud es la sucesora procesal de la extinta Solsalud E.P.S., pues lo que (…) se aclaró [en la sentencia invocada como precedente] fue la posibilidad de controlar los actos administrativos expedidos por el liquidador, incluso después de terminado el proceso, para lo cual se debía conformar el contradictorio con la referida Superintendencia (…) Lo que se advierte es que el Tribunal le indicó al actor, que desde el momento del hecho dañino, en este caso la muerte de la señora [J.S.P] ocurrido el 21 septiembre de 2012, podía acudir a la administración de justicia para que se analizara la responsabilidad de las entidades. Así las cosas, de conformidad con los hechos expuestos en esta providencia, mediante Resolución (…) del 6 de mayo de 2013, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo E.P.S y el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado E.P.S.S de la Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS S.A., lo anterior, es decir que la intervención de la EPS se presentó el 6 de mayo de 2013, indica que, cuando ocurrió la muerte de la señora [J.S.P], la E.P.S. Solsalud no había sido intervenida, por lo que tenía capacidad para obrar como sujeto pasivo. En ese sentido el tutelante podía interponer el medio de control de reparación directa, directamente contra la E.P.S., quien gozaba de personaría jurídica y tenía capacidad procesal, para la fecha en que ocurrieron los hechos. Ahora, cuando entró en liquidación, estaba representada por su liquidador (…) En ese sentido, el tutelante podía igualmente demandar a dicha entidad, que por medio de su liquidador, tenía capacidad procesal para actuar como parte demandada en el proceso de reparación directa (…) En consecuencia, el desconocimiento del precedente no está llamado a prosperar, por cuanto el Tribunal accionado al confirmar la decisión de rechazo de la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, no se apartó de la tesis expuesta por la Sección Primera del Consejo de Estado expuesta en la providencia del 25 de enero de 2018, razón por la cual el cargo será negado.

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Se configura

Al analizar el caso concreto, la autoridad judicial accionada evidenció que la muerte de la señora Jady Sepúlveda Parra ocurrió el 21 de septiembre de 2012, por lo que el tutelante contaba hasta el 22 de septiembre de 2014 para solicitar la conciliación prejudicial y ejercer el medio de control, circunstancia que ocurrió hasta el 5 de julio de 2018 y 8 de agosto del mismo año respectivamente, por lo que concluyó que el medio había caducado. Así mismo expuso que no compartía el argumento del actor, según el cual debía tenerse en cuenta la liquidación de la entidad a efectos de computar el término de caducidad, por cuanto la norma en cita es clara en establecer que los dos años se cuentan a partir de la ocurrencia de los hechos. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección considera que la interpretación y aplicación realizada por el Tribunal Administrativo de Santander del literal i del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 es razonable y no vulnera los derechos fundamentales del accionante, por cuanto tuvo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos a efectos del cómputo de la caducidad (…) No obstante, observó que la conciliación se radicó el 5 de julio de 2018, momento en el cual ya había caducado el medio de control, razón suficiente para confirmar el auto del 12 de septiembre de 2018 que rechazó la demanda. En consecuencia, el defecto sustantivo alegado no se configura, por cuanto la interpretación y aplicación de la norma por parte del Tribunal fue razonable.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 - NUMERAL 2 - LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01128-00(AC)

Actor: GUSTAVO SEPÚLVEDA BECERRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Sepúlveda Becerra contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

ANTECEDENTES
1. Solicitud

1.1. Con escrito radicado el 15 de marzo de 2019, en la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado, el señor Gustavo Sepúlveda Becerra, a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Juzgado 14 Administrativo del Oral Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana.

1.2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de los autos del 12 de septiembre de 2018 y 12 de enero de 2019 proferidos, respectivamente, por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, mediante los cuales se rechazó la demanda de reparación directa que promovió el señor Gustavo Sepúlveda Becerra y otros, con el fin de obtener reparación por la muerte de la señora Jady Sepúlveda Parra por la presunta falla médica, contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A; por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

1.3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…)

2) Como consecuencia de la declaración anterior, ruego respetuosamente dejar sin efectos las providencias que declararon la caducidad de la acción de reparación directa dentro del proceso 68001333301420180032500 que conoció el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

3) Como consecuencia de lo anterior, ruego respetuosamente ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en sede de segunda instancia, resuelva la alzada que en derecho corresponda de acuerdo a lo decidido en sede constitucional”.

2. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. La señora Jady Sepúlveda Parra, era beneficiaria en salud, de su compañero permanente, el señor Jesús David Escalante Quintero, quien se encontraba afiliado a Solsalud EPS S.A. El 21 de septiembre de 2012, la señora Sepúlveda Parra falleció en las instalaciones de la clínica Metropolitana de Bucaramanga.

2.2. Mediante Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS de la Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS S.A.

2.3. Como consecuencia del proceso de liquidación adelantado, mediante Resolución No. 004964 del 6 de junio de 2014, el Liquidador de la Entidad Promotora de Salud declaró terminada la existencia legal de Solsalud EPS S.A., en Liquidación, por lo que a partir de su ejecutoria, cancelación de la matrícula mercantil y registro en el Certificado de Existencia y Representación legal, dejó de existir jurídicamente.

2.4. El 5 de julio de 2018 los señores Gustavo Sepúlveda Becerra, Jesús David Escalante Quintero, Ángela Vanessa Escalante Sepúlveda, Carmen Yolanda Parra Oliveros, Albeiro Sepúlveda Parra y Arley Sepúlveda Parra interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A. la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A., con el fin de que se les declara responsables por la muerte de la señora Jady Sepúlveda Parra, ocurrida el 21 de septiembre de 2012, como consecuencia de la presunta falla en la prestación del servicio médico.

2.2. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, autoridad judicial que en auto del 12 de septiembre de 2018 rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control:

“En ese orden de ideas, los 2 años para interponer oportunamente la demanda deben contabilizarse en este caso a partir del 22 de septiembre de 2012, día siguiente a la muerte de la JADY SEPÚLVEDA PARRA, luego la fecha límite para solicitar la conciliación y posteriormente interponer la demanda era el 22 de septiembre de 2014; sin embargo, en este caso la solicitud de conciliación data del 5 de julio de 2018 y la demanda del 8 de agosto de 2018, esto es, cuando ya había operado con creces la caducidad.”

2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte actora del proceso de reparación directa la apeló, al considerar que existió un hecho extraordinario, concretamente, la extinción de la persona jurídica de Solsalud EPS S.A., sin que se designada un sucesor procesal, por lo que no podían acudir con anterioridad, a la administración de justicia en ejercicio del medio de control de reparación directa.

2.3.1. Concretamente, solicitó que la caducidad se contara desde el 5 de julio de 2016, fecha en la que, según el actor, se publicó la extinción de la persona jurídica de la EPS mencionada.

2.4. El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia del 12 de febrero de 2019, confirmó el auto apelado, para lo cual expuso lo siguiente:

“Si bien la parte actora considera que el término para presentar la demanda debe computarse a partir de la extinción de SOLSALUD EPS, es necesario recordar que la Ley 1437 de 2011 dispone que el término de 2 años iniciar (sic) a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que se considera dañoso, que para el presente asunto es la muerte de la señora SEPÚLVEDA PARRA, por lo que la existencia de un ‘hecho extraordinario’ como lo indica el apelante, y según los hechos 30 a 34 se infieren a la intervención administrativa de dicha entidad por parte del Estado no modifica del mencionado término al estar sujeto al imperio de la Ley.

Así las cosas, la parte actora tenía hasta el 22 de septiembre de 2014, para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, sin embargo, como se observa a folio 114 la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 5 de julio de 2018 – cuando ya había operado la caducidad – y la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2018.”

3. Fundamentos de la vulneración

3.1. Fundamentó la solicitud de amparo en las siguientes razones:

3.2. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues a su juicio, “el término de caducidad de dos (2) años debe incluso empezar a hacerse desde el momento en que el Estado tome o defina quien va a ser su sucesor procesal, que para el caso concreto lo debe ser la SUPERINTENDENCIA DE SALUD.”

3.3. Citó las generalidades del defecto sustantivo establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-659 de 2015.

3.4. Por otro lado, argumentó que se desconoció el precedente de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la providencia del 25 de enero de 2018, en la cual, se indicó que el sucesor procesal del Solsalud E.P.S es la Superintendencia de Salud, así mismo, se estableció que dicha E.P.S., luego de su liquidación no podía ser sujeto procesal.

3.5. En ese sentido, manifestó que ante la imposibilidad de demandar a la Solsalud E.P.S., por su liquidación, la demanda no se presentó con anterioridad, siendo necesario que la entidad estuviera extinta para designar un sucesor procesal, como hizo el Consejo de Estado en la providencia mencionada.

4. Trámite de la acción de tutela

4.1. Con auto del 21 de marzo de 2019, el despacho sustanciador admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a la parte actora y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y al Juez Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, como autoridades judiciales accionadas.

4.2. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A. y a los señores Jesús David Escalante Quintero Ángela Vanessa Escalante Sepúlveda, Carmen Yolanda Parra Oliveros, Albeiro Sepúlveda Parra y Arley Sepúlveda Parra que conformaron el extremo demandante, junto con el tutelante, en el trámite del medio de control de reparación directa.

4.2. Intervenciones: Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 19 a 29 se presentaron las siguientes intervenciones.

4.2.1. Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga

4.2.1.1. La referida autoridad judicial manifestó que la decisión tomada al interior del proceso de reparación directa no obedece a simples prejuicios del operador y no son arbitrarias, por lo que se garantizaron los postulados constitucionales de acceso a la administración de justicia y del debido proceso.

4.2.1.2. Advirtió que desde la ocurrencia de los hechos materia de reclamo en el proceso ordinario hasta la presentación de la solicitud de conciliación judicial para agotar el requisito de procedibilidad del medio de control de reparación directa pasaron más de los dos años establecidos en el numeral 2 literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

4.2.2. Superintendencia Nacional de Salud

4.2.2.1. La referida entidad solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva en atención a que es un organismo de control y vigilancia, por lo que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor no provienen de un actuar u omisión suya.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

1.1. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Sepúlveda Becerra contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y el Acuerdo 377 de 2018.

1.2. Cuestión previa

1.2.1. En el escrito de contestación allegado por la Superintendencia de Salud, la entidad solicitó se le desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

1.2.2. Sobre el punto, esta Sección advierte que la vinculación realizada a la Superintendencia de Salud, se hizo en calidad de tercero con interés, debido a que la decisión que se adopte puede afectarlo, ya que participó como accionado en el proceso de reparación directa que dio origen a la solicitud de amparo de la referencia.

1.2.3. De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala negará la solicitud de desvinculación elevada por la entidad referida.

2. Problema jurídico

2.1. Corresponde a la Sección dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Se superan en el caso en concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

2.2. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿Vulneró los derechos invocados el Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de la sentencia del 22 de noviembre de 2018 al haber incurrido en el desconocimiento del precedente y defecto sustantivo alegados, al encontrar que operó la caducidad del medio de control de reparación directa?

2.3. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

3.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

3.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

3.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.5. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

4. De la procedencia de la acción constitucional en el caso en concreto

4.1. Relevancia constitucional

4.1.1. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra plenamente configurado, lo anterior por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana. Así mismo, involucra el estudio sobre los presupuestos de la responsabilidad el Estado en la muerte de su hija, la señora Jady Sepúlveda Parra.

4.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad que subyacen en el sub lite, por ser aquellos cuya protección pretende el actor, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en los artículos 29 y 13 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

4.1.3. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez constitucional quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.

4.1.4. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección

4.1.5. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.

4.2. Tutela contra tutela

4.2.1. Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, pues la providencia del 12 de enero de 2019 fue proferida al interior del proceso de reparación directa iniciado por la parte actora y otros, contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A, radicado con el número 68001-33-33-014-2018-00325-01.

4.3. Inmediatez

4.3.1. Se cumple con el referido requisito en atención a que la providencia de segunda instancia atacada es del 19 de enero de 2019, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue interpuesta el 15 de marzo de 2019, lo que desde ya implica un ejercicio pronto de la acción de tutela.

4.4. Subsidiariedad

4.4.1. Dicho requisito se encuentra acreditado, pues la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que se cuestiona en sede de tutela, puso fin a la demanda de reparación directa identificada con el número de radicado 68001-33-33-014-2018-00325-01, y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

4.4.2. Tampoco los extraordinarios, pues los cargos alegados por la parte actora no encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia al que se refiere el artículo 256 del CPACA.

4.4.3. Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen del reproche formulado.

5. De las generalidades del defecto sustantivo

5.1. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

5.2. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

5.3. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

6. Del desconocimiento del precedente

6.1. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

7. Análisis del caso en concreto

7.1. En el subjudice, la parte actora alega la configuración de un desconocimiento del precedente, contenido en la providencia del 25 de enero de 2018 de la Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual, a juicio del tutelante, se estableció que el sucesor procesal del Solsalud E.P.S es la Superintendencia de Salud, así mismo, se estableció que dicha E.P.S., luego de su liquidación no podía ser sujeto procesal.

7.2. En ese sentido, manifestó que ante la imposibilidad de demandar a la Solsalud E.P.S., por su liquidación, la demanda no se presentó con anterioridad, siendo necesario que la entidad estuviera extinta para designar un sucesor procesal, como hizo el Consejo de Estado en la providencia mencionada.

7.3. Adicionalmente, alegó un defecto sustantivo por la indebida aplicación del numeral 2 del literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la caducidad debió contarse desde el momento en el que el Estado definió quien era el sucesor procesal de la EPS, esto es la Superintendencia de Salud. Lo anterior por cuanto no era posible demandar a la entidad, ya que debido a la liquidación, no era sujeto procesal.

7.4. Teniendo en cuenta lo anterior, por cuestiones metodológicas, la Sala analizará los cargos de forma separada.

8. Del desconocimiento del precedente alegado

8.1. Lo primero que advierte la Sala es la parte actora cumplió con la carga argumentativa requerida para estudiar el cargo planteado, y que identificó la providencia que se alega como desconocida, la regla cuya aplicación pretende en el caso concreto y la incidencia de la misma en la decisión.

8.2. En la sentencia del 25 de enero de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se planteó como problema jurídico a resolver el “determinar si la demanda contencioso-administrativa presentada por la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIANO y en contra de SOLSALUD E.P.S. S.A. y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD debe ser o no admitida, en relación con la primera de dichas entidades.”

8.3. Indicó que el rechazo de la demanda en relación con Solsalud E.P.S. S.A. (LIQUIDADA), por parte del tribunal de primera instancia, se motivó en la falta de capacidad para ser parte en este proceso judicial, en la medida en que su existencia jurídica cesó. Así mismo, advirtió:

“Sin embargo, dichas consideraciones no pueden desconocer el hecho consistente en que la liquidación de una sociedad como SOLSALUD E.P.S. S.A. persigue «[…] mediante la realización de una cadena de actos complejos, la conclusión de las actividades pendientes al tiempo de la disolución, la realización de los activos sociales, el pago del pasivo externo, la repartición del remanente de dinero o bienes entre los socios y la extinción de la persona jurídica-sociedad […]» y que SOLSALUD E.P.S. S.A. (LIQUIDADA), precisamente, luego del desarrollo de su proceso de liquidación, se extinguió, conforme se acredita del contenido del Oficio 2-2015-066650 de 2 de julio de 2015, expedido por el Director de Medidas Especiales para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de la Superintendencia Nacional de Salud, señor Walter Romero Álvarez (folios 1123-1125, Cuaderno Principal 2).

Lo anterior quiere indicar que SOLSALUD E.P.S. S.A. (LIQUIDADA) no tiene la aptitud jurídica para ser sujeto de relaciones jurídicas y, en consecuencia, no puede ser titular de derechos y obligaciones procesales, ni asumir las cargas y responsabilidades que se desprendan del proceso, como podría ser una eventual condena al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante. Nótese como el artículo 53 del CGP reconoce la capacidad de las personas jurídicas para ser parte dentro de los procesos judiciales, partiendo del supuesto de que ellas existan.

Esta Sala, entonces, modificará la tesis expuesta en los autos de 28 de enero y 2 de junio de 2016, por cuanto, como lo ha indicado esta Corporación, no es posible que una persona jurídica extinta, esto es, lo que le impide ser sujeto de derechos y obligaciones pueda ser parte en un proceso judicial y estima, en consecuencia, que la decisión de 6 de agosto de 2015, consistente en rechazar la demanda presentada por la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIANO frente a SOLSALUD E.P.S. S.A. (LIQUIDADA), se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.

Lo anterior no implica que se trasgreda el derecho de todas las personas, reconocido en el artículo 229 de la Carta Política, al acceso a la administración de justicia, esto es, «[…] la posibilidad de acudir ante los órganos de investigación y los diferentes jueces, en condiciones de igualdad, para demandar la protección de derechos e intereses legítimos o el cumplimiento integral del orden jurídico, de acuerdo a unos procedimientos preestablecidos y con observancia plena de las garantías sustanciales y adjetivas contempladas en la ley […]», en la medida en que el auto de 6 de agosto de 2015, admitió la demanda contencioso-administrativa frente a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, lo cual permitirá que los actos administrativos demandados puedan ser controlados por esta jurisdicción e igualmente que exista una persona jurídica pública que pueda asumir las cargas y responsabilidades que se desprendan de este proceso judicial.

8.4. De lo anterior se observa, que luego de la liquidación de la EPS Solsalud (mediante Resolución 004964 de 6 de junio de 2014), aquella dejó de existir jurídicamente, pues carecía de personería jurídica desde la fecha en que se realizó la inscripción de la liquidación y cancelación de la matrícula en el correspondiente registro mercantil, por lo que no tenía capacidad para ser sujeto procesal, por ende no podría ser demandada.

8.5. Así mismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la providencia del 25 de enero de 2018 determinó que el liquidador desarrolla funciones públicas administrativas transitorias, por las decisiones que expide producto del desarrollo de esas funciones son actos administrativos, que no desaparecen sino hasta tanto un Juez de la República, en este caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las deje sin efectos o declare su nulidad.

8.6. En consecuencia, advirtió que la existencia de esos actos administrativos no pende de la existencia de la entidad que está siendo objeto del proceso de liquidación forzosa, y por ello es procedente el análisis de legalidad aun cuando el procedimiento a que se ha aludido ya haya finalizado, por lo cual concluyó:

“Vistas esas consideraciones, lo cierto es que los actos administrativos expedidos con ocasión al proceso de liquidación forzosa siguen produciendo efectos en el ordenamiento jurídico, hasta tanto un juez no determine la suspensión de sus efectos o su nulidad, razón por la cual resulta irrelevante determinar si la entidad liquidada desapareció del mundo jurídico, ya que, se reitera, la existencia de esos actos administrativos no pende de la existencia de la entidad que está siendo objeto del proceso de liquidación forzosa, y por ello es procedente el análisis de legalidad aun cuando el procedimiento a que se ha aludido ya haya finalizado.

Concebir lo contrario sería tanto como aceptar que los actos administrativos por medio de los cuales se califican créditos o se resuelven reclamaciones sobre tal calificación o cualquier otro que se dicte en el curso del proceso de liquidación forzosa administrativa, carecen de control o se encuentran blindados en cuanto a su impugnación judicial, cuestión ésta que resulta desacertada desde cualquier punto de vista.

De igual manera, es necesario que se vincule al proceso a la Superintendencia Nacional de Salud dada la relación de control y seguimiento que tiene sobre las actuaciones del liquidador en la forma explicada en el respectivo capítulo.”

8.7. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al tutelante al afirmar, de forma general, que la Superintendencia de Salud es la sucesora procesal de la extinta Solsalud E.P.S., pues lo que allí se aclaró fue la posibilidad de controlar los actos administrativos expedidos por el liquidador, incluso después de terminado el proceso, para lo cual se debía conformar el contradictorio con referida la Superintendencia.

8.8. Sin embargo, no sería ajustado al criterio expuesto por la Sección Primera de esta Corporación, el indicar que la Superintendencia de Salud es la sucesora procesal de la mencionada E.P.S extinta en un caso como el que ocupa la atención de la Sala, en el cual no se presentó ninguna demanda contra el liquidador y aquel no expidió acto administrativo alguno.

8.9. Adicionalmente, esta Sección considera que la autoridad judicial acusada, si bien no citó de forma expresa dicha providencia, no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado.

8.10. Lo anterior por cuanto, el Tribunal Administrativo de Santander, en ningún momento le exigió al actor demandar a la extinta E.P.S. Solsalud una vez esta dejó de existir, así como tampoco desconoció que aquella entidad se hubiera liquidado.

8.11. En efecto, lo establecido por el Tribunal accionado fue lo siguiente:

“Si bien la parte actora considera que el término para presentar la demanda de computarse a partir de la extinción de SOLSALUD EPS, en necesario recordar que la Ley 1437 de 2011 dispone que el término de 2 años iniciar (sic) a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que se considera dañoso, que para el presente asunto es la muerte de la señora SEPÚLVEDA PARRA, por lo que la existencia de un ‘hecho extraordinario’ como lo indica el apelante, y según los hechos 30 a 34 se infieren a la intervención administrativa de dicha entidad por parte del Estado no modifica del mencionado término al estar sujeto al imperio de la Ley.

Así las cosas, la parte actora tenía hasta el 22 de septiembre de 2014, para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, sin embargo, como se observa a folio 114 la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 5 de julio de 2018 – cuando ya había operado la caducidad – y la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2018.”

8.12. Lo que se advierte es que el Tribunal le indicó al actor, que desde el momento del hecho dañino, en este caso la muerte de la señora Jady Sepúlveda Parra ocurrido el 21 septiembre de 2012, podía acudir a la administración de justicia para que se analizara la responsabilidad de las entidades.

8.13. Así las cosas, de conformidad con los hechos expuestos en esta providencia, mediante Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo E.P.S y el Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado E.P.S.S de la Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS S.A., lo anterior, es decir que la intervención de la EPS se presentó el 6 de mayo de 2013, indica que, cuando ocurrió la muerte de la señora Sepúlveda Parra, la E.P.S. Solsalud no había sido intervenida, por lo que tenía capacidad para obrar como sujeto pasivo.

8.14. En ese sentido el tutelante podía interponer el medio de control de reparación directa, directamente contra la E.P.S., quien gozaba de personaría jurídica y tenía capacidad procesal, para la fecha en que ocurrieron los hechos.

8.15. Ahora, cuando entró en liquidación, estaba representada por su liquidador, de conformidad con el artículo 54 del Código General del Proceso, circunstancia que fue expuesta en la providencia del 25 de enero de 2018, de la Sección Primera del Consejo de Estado, alegada como desconocida:

“«[…] Frente a la comparecencia al proceso de las personas jurídicas, el artículo 54 del Código General del Proceso, dispone:

“Artículo 54. Comparecencia al proceso.

(…)

Cuando la persona jurídica se encuentre en estado de liquidación deberá ser representada por su liquidador.

(…)”

Según la norma transcrita, las personas jurídicas deberán acudir al proceso por medio de su representante legal, y en caso de que la persona jurídica o sociedad esté en proceso de liquidación, deberá actuar por intermedio de su liquidador.” (Negrillas y subrayas propias del texto)

8.16. En ese sentido, el tutelante podía igualmente demandar a dicha entidad, que por medio de su liquidador, tenía capacidad procesal para actuar como parte demandada en el proceso de reparación directa.

8.17. Sobre el punto, es preciso aclarar que la prohibición de iniciar procesos contra las entidades en liquidación, recae sobre los trámites ejecutivos, mas no sobre los declarativos, por lo que el actor podía ejercer su derecho de acción, a través de la reparación directa, aun cuando la E.P.S. estuviera intervenida.

8.18. En consecuencia, el desconocimiento del precedente no está llamado a prosperar, por cuanto el Tribunal accionado al confirmar la decisión de rechazo de la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, no se apartó de la tesis expuesta por la Sección Primera del Consejo de Estado expuesta en la providencia del 25 de enero de 2018, razón por la cual el cargo será negado.

9. Del defecto sustantivo alegado

9.1. La parte actora manifiesta que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del literal i del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, al concluir que había operado la caducidad, por cuanto a su juicio, dicho término debió contarse desde el momento en el que el Estado definiera el sucesor procesal de la extinta E.P.S. Solsalud.

9.2. La norma en cita establece:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición

(…)”

9.3. Al analizar el caso concreto, la autoridad judicial accionada evidenció que la muerte de la señora Jady Sepúlveda Parra ocurrió el 21 de septiembre de 2012, por lo que el tutelante contaba hasta el 22 de septiembre de 2014 para solicitar la conciliación prejudicial y ejercer el medio de control, circunstancia que ocurrió hasta el 5 de julio de 2018 y 8 de agosto del mismo año respectivamente, por lo que concluyó que el medio había caducado.

9.4. Así mismo expuso que no compartía el argumento del actor, según el cual debía tenerse en cuenta la liquidación de la entidad a efectos de computar el término de caducidad, por cuanto la norma en cita es clara en establecer que los dos años se cuentan a partir de la ocurrencia de los hechos.

9.5. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección considera que la interpretación y aplicación realizada por el Tribunal Administrativo de Santander del literal i del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 es razonable y no vulnera los derechos fundamentales del accionante, por cuanto tuvo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos a efectos del cómputo de la caducidad.

9.6. Igualmente, observó la fecha de presentación de la conciliación prejudicial, la cual podía interrumpir el término de la caducidad, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 que indica:

ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

9.7. No obstante, observó que la conciliación se radicó el 5 de julio de 2018, momento en el cual ya había caducado el medio de control, razón suficiente para confirmar el auto del 12 de septiembre de 2018 que rechazó la demanda.

9.8. En consecuencia, el defecto sustantivo alegado no se configura, por cuanto la interpretación y aplicación de la norma por parte del Tribunal fue razonable.

10. Conclusión

10.1. De conformidad con las razones expuestas, la Sala negará el amparo solicitado por el señor Gustavo Sepúlveda Becerra al advertir que no se configuran los defectos por desconocimiento del precedente y sustantivo alegados, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Superintendencia de Salud, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Gustavo Sepúlveda Becerra, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Folio 12 del expediente
Las personas que presentaron la demanda del medio de control de reparación directa son los señores Gustavo Sepúlveda Becerra, Jesús David Escalante Quintero, Ángela Vanessa Escalante Sepúlveda, Carmen Yolanda Parra Oliveros, Albeiro Sepúlveda Parra y Arley Sepúlveda Parra. Folio 10 del expediente
Folios 17 a 18. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario – Tomo II, Bogotá: Editorial Temis S.A.: 2002. Página 304. En dicho documento se indicó: «[…] El liquidador en cumplimiento de los lineamientos de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, así como del Decreto 663 de 1993 y decreto 2555 de 2010 presentó los informes de gestión e informe final del proceso liquidatorio […] El doctor Fernando Hernández Vélez Liquidador, en el documento Rendición Final de Cuentas del Proceso Liquidatorio de Solsalud EPS S.A., del 6 de mayo de 2013 al 6 de junio de 2014, informó las siguientes actuaciones: […] Mediante Resolución 004964 del 6 de junio de 2014, declaró terminada la existencia legal de Solsalud EPS S.A. en Liquidación, identificada con el Nit. 804.001.273-5, aviso publicado en el Diario El Espectador el 9 de junio de 2014 y en la página web de Solsalud Liquidada […] De conformidad con lo anterior, el Agente Liquidador suscribió contratos de mandato para procesos o situaciones jurídicas no definidas, de acuerdo con las facultades referidas en cada uno de los mismos, sin que se hubiese determinado la existencia de un sucesor procesal de la extinta SOLSALUD EPS, que asuma las obligaciones adquiridas por esa entidad […]».

Como lo indica el artículo 53 del Código General del Proceso, son partes en un proceso judicial «[…] 1. Las personas naturales y jurídicas […]». Corte Constitucional, Sentencia C-934 / 13, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.