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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01131-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01131-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01131-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación del precedente jurisprudencial / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL / PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Acreditada / DAÑO OCASIONADO POR HECHO DEL TERCERO - Acreditado / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Falta de carga argumentativa

La Sala observa, que en el presente caso la autoridad judicial accionada, después de hacer un estudio juicioso y detallado del proceso, concluyó que el Estado no debía responder patrimonialmente, porque si bien es cierto se produjo una privación injusta de la libertad de la señora [D.I.C], se acreditaron las eximentes de responsabilidad, como lo es, la i) culpa exclusiva de la víctima y ii) el hecho de un tercero, teniendo en cuenta que la propia víctima con su obrar, contribuyó de manera eficaz, para que se le impusiera respectivamente la medida de aseguramiento. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Huila, no desconoció el precedente judicial, sentado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 17 de octubre de 2013. (…) tampoco desconoció las reglas jurisprudenciales, sentadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, toda que al haber efectuado un análisis detallado y teniendo en cuenta además, el acervo probatorio obrante en el expediente, concluyó que en el presente caso se habían configurado las eximentes de responsabilidad, como lo es, la i) culpa exclusiva de la víctima y ii) el hecho de un tercero, como se expuso y se explicó de manera detallada en las consideraciones jurídicas nums. 66.1 y 66.2 de esta sentencia. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, no obstante no cumplió con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que, a su juicio, no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentó en que forma la falta de valoración de los medios probatorios, trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01131-00(AC)

Actor: ERNESTO RIVAS VELÁSQUEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Acción de Tutela

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Defecto fáctico/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) familia y iii) de los niños

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ernesto Rivas Velásquez y Otros contra el Tribunal Administrativo del Huila porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 22 de octubre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES

La solicitud

1. La parte actora, obrando en nombre propio y en representación legal de los menores de 18 años de edad “CMRC” y “KERC”, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 22 de octubre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Indicó que mientras su difunta compañera Damys Rivas Velásquez, se encontraba en su casa, el 17 de febrero de 2010, fue abordada por un comando de la Policía Nacional, señalándola como integrante de una organización criminal, dedicada a la piratería terrestre, a quien la Fiscalía 22 Seccional de Garzón-Huila, le imputó los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado en concurso con el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones.

4. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de su compañera Damys Rivas Velásquez, con fundamento único y exclusivo en un informe investigativo de la Policía Nacional, lo que trajo como consecuencia que se transgrediera el ordenamiento jurídico, toda vez que no se cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, por lo que la actuación arbitraria del ente investigador, le produjo perjuicios.

5. Afirmó que la reclusión de su compañera Damys Rivas Velásquez, comenzó el 17 de febrero de 2010, y concluyó el 3 de marzo de 2011, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, profirió sentencia el 17 de marzo de 2011, por medio del cual, resolvió absolverla de los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación

6. Indicó que los señores y las señoras Damys Isabel Carvajal quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Cristian Mauricio y Kevin Ernesto Rivas Carvajal; Fabio Nelson Jiménez y Luz Estella Velásquez, quienes actúan en nombre propio y en representación de los menores Jefferson Andrés Velásquez, Nelson Fabián, John Albeiro, Leidy Jhoana y Duvan Felipe Jiménez Velásquez; y Blanca Lilia Velásquez, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables a título de falla en el servicio, por la privación arbitraria de la libertad de la señora Damys Isabel Carvajal; y como consecuencia de lo anterior, se condenara a las entidades a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

Sentencia proferida el 10 de marzo de 2016 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, dentro del medio de control de reparación directa con número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01

7. El Juzgado, mediante sentencia de 10 de marzo de 2016, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la NACION (sic)- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN –RAMA JUDICIAL, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO. Que la NACION (sic) RAMA JUDICIAL y la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son solidaria, extracontractual, patrimonial y administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la injusta privación de la libertad a la que fue sometido la señora DAMYS ISABEL CARVAJAL, conforme lo considerado en la parte motiva de ésta providencia.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACION (SIC) – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar con cargo a su presupuesto y a favor de los demandantes por concepto de perjuicios los siguientes:

Perjuicios Materiales.

Lucro cesante:

Para un valor total indemnizatorio por la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUIENTOS (sic) SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($18.911.572.00) a favor de la señora DAMYS ISABEL CARVAJAL.

b.) Perjuicios morales

A favor de la señora DAMYS ISABEL CARVAJAL, CRISTIAN MAURICIO RIVAS CARVAJAL y KEVIN ERNESTO RIVAS CARVAJAL por el valor correspondiente a noventa (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo, para cada uno.

CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda […]”.

8. Expresó que conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, se evidencia que la señora Damys Isabel Carvajal, estuvo privada de la libertad, desde el 17 de febrero de 2010, hasta el 4 de marzo de 2011, lo que implica que dicha privación, constituyó un verdadero daño antijurídico, toda vez que no tenía la obligación de soportarlo, toda vez que su presunción de inocencia, nunca pudo ser desvirtuada, por parte de la entidad demandada. Consideró que:

“[…] Concretado el daño en cabeza del perjudicado directo, se hace pertinente establecer si el mismo es jurídicamente atribuible a las entidades demandadas.

De la sentencia dictada dentro de la acción penal seguida en contra de DAMYS ISABEL CARVAJAL, podemos extraer de ésta que el Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Garzón – Huila, en aras de garantizar los postulados constitucionales del Estado Social de Derecho, resolvió pregonar la absolución de la demandante habida cuenta de la incertidumbre existente respecto de su responsabilidad en la comisión de las conductas endilgadas.

De esta forma y aun en “aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de tal manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos..”

Así las cosas, ha de entenderse claramente que la absolución penal, que se funda en el principio del in dubio pro reo no muta el carácter injusto de la privación de la libertad, en la medida que la antijuridicidad se hace consistente en la premisa según la cual la víctima se no encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le causa una detención mientras se tramite o culmina la investigación penal. Por consiguiente y dada la argumentación predicada en el título del marco normativo y jurisprudencial de este proveído judicial, es menester concluir que la demandante no se encontraba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, razón por la cual debe ser calificado como antijurídico e imputable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; NACION (sic) – RAMA JUDICIAL – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial […]”.

9. Manifestó que se hace evidente, la relación causal entre las conductas desplegadas por las partes demandadas, y el daño producido a la señora Damys Isabel Carvajal, quien no tenía la obligación de soportar, máxime, cuando se trata de la restricción del derecho fundamental a la libertad.

Sentencia proferida el 22 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de reparación directa con número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01

10. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 22 de octubre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2016 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, en sus numerales primero, segundo, tercero y quinto.
En su lugar se declara la prosperidad de la excepción de culpa exclusiva de la víctima en concurso con hecho de un tercero y por ende se niegan todas las pretensiones de la demanda […]”.

11. Expresó que:
“[…] Se encuentra probado que la Fiscalía General de la Nación inició la instrucción en contra de la señora Damys Isabel Carvajal, por la posible coautoría en los delitos de Tentativa de homicidio agravado, Hurto calificado agravado y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de defensa personal. A su vez, que estuvo privada de la libertad entre el 18 de febrero de 2010 y el 3 de marzo de 2011 mientras se adelantaba el proceso penal que culminó con la sentencia absolutoria del 17 de marzo de 2011, toda vez que a criterio del juez penal no se desvirtuó la presunción de inocencia de la accionante ni de los demás sujetos procesados, con lo cual queda demostrado el daño y su imputación genérica en los entes demandados.
8.4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional ha expuesto en reciente comunicado “… Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa.”
8.4.3 Como se señaló en el acápite correspondiente, se tiene por probado que la accionante se vio implicada en la investigación penal en razón a que Alexander Londoño Rivera, quien fuera capturado en flagrancia por portar munición calibre 7.65 mm y calibre 38 largo, manifestó mediante interrogatorio estar implicado en los hechos que tuvieron lugar vía Agrado – Garzón, y señaló de forma directa a la accionante Damys Isabel Carvajal como una de las personas involucradas, indicando que ella, en compañía de otra persona, en uso de un vehículo Chevrolet rojo de placa SGI 259 se encargaba de alertar a los delincuentes sobre la presencia de la policía. Además, fuente no formal señala las mismas características enunciadas por Alexander Londoño Rivera al describir dicho vehículo, como se puede colegir de uno de los informes de la policía judicial:”… dos personas entre estas una femenina se comunicaban por teléfonos celulares y referían “dispersesen que la policía ya va para allá “los que se movilizaban en un vehículo color rojo Chevrolet chevet de placas SGI-257” […]”.
12. Expresó que la señora Damys Isabel Carvajal es señalada directamente por Alexander Londoño Rivera como una de las personas que estuvo implicada en los hechos, por los que fuera investigada en el ámbito penal, además de lo manifestado por el señor Alexander Londoño Rivera en el respectivo interrogatorio practicado, que se encuentra en consonancia, con lo señalado por la fuente no formal, en lo atinente a que las personas que se encargaban de dar aviso a los delincuentes de la cercanía de unidades de policía, se transportaban en un vehículo de placas SGI-257. Además, según el informe de registro, allanamiento llevado a cabo en bien inmueble, ubicado en el carrera 30 B número 29-87 barrio Puertas del Sol de Neiva, la señora Damys Isabel Carvajal, así como José Leonel Castaño Obando, se encontraban en esta casa en el momento en que fueron capturados, en donde el vehículo en cuestión, se localizó frente al mismo inmueble. En ese orden de ideas, consideró que:

“[…] 8.4.5 De lo anterior se colige que el comportamiento de la accionante y el hecho de un tercero (implicación por parte de Alexander Londoño Rivera en los hechos motivos de investigación), fueron la causa eficiente para que el juez penal considerara necesaria la imposición de la medida de aseguramiento por cuanto el hecho de que la accionante Damys Isabel Carvajal al momento de la captura: a) se encontrara en compañía de otro de los sujetos señalados por el señor Alexander Londoño Rivera como miembro del grupo delincuencial; b) Estuviera dentro de la casa frente a la cual estaba estacionado el vehículo de placas SGI-257 en el que se movilizaban dos miembros del grupo delincuencial, referido tanto por Alexander Londoño Rivera como por fuente no formal en las labores de vecindario practicadas por la Policía Judicial, vehículo respecto del cual la persona en cuya compañía se encontraba la accionante refiere ser propietaria; y c) Se encontrara en la casa en que fue hallada una cámara fotográfica que contenía, entre otras fotografía, una en la que Ernesto Rivas Velásquez en la misma casa, sostiene dos armas de fuego cortas, sujeto respecto del cual la misma accionante manifiesta ser compañera permanente, y quien es señalado por Alexander Londoño Rivera como el jefe de la banda delincuencial, son circunstancias de modo tiempo y lugar que colocaron a la actora en hechos eficientes y suficientes para tenerla como presunta partícipe de los hechos investigados.

8.4.6 Ciertamente las pruebas referidas no permiten colegir la responsabilidad penal de la accionante, tanto así que fue absuelta en sede penal por cuanto el juez consideró que no había sido posible desvirtuar su presunción de inocencia. No obstante, sí permite colegir que su comportamiento y la implicación que sobre ella efectuó el artífice confeso de un delito, fue causa eficiente en la generación del daño que padeció al verse implicada en la investigación penal, pues resultaba jurídicamente lógico que a partir de las circunstancias que rodearon su captura el juez considerara necesario decretar la medida de aseguramiento, mientras se aclaraba su situación penal […]”.

13. Señaló que, lo anterior, trae como consecuencia, que no se le impute responsabilidad al Estado, por la privación de la libertad de que fue víctima la señora Damys Isabel Carvajal, toda vez que lo que aquí se estudia, es si su conducta y la del tercero, fue causa eficiente o no en la producción del daño. Por lo demás, si la accionante consideraba que el señor Alexander Londoño Rivera, le estaba incriminando de manera injusta, la comisión de un delito, debió refutarla en la misma actuación penal, y si era del caso, demostrara su total ausencia de conocimiento de los hechos, lo que trae como consecuencia, a que dicha omisión, genera su propia culpa, lo que a su vez contribuyó también, al daño padecido y a que la Fiscalía General de la Nación, solicitara su captura y por ende la restricción de su libertad. Concluyó manifestando que:

“[…] 8.4.8 Añádase a lo anterior que, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 270 de 1996, la señora Damys Isabel Carvajal, no interpuso el recurso procedente (apelación) contra la decisión del Juez Único Promiscuo Municipal de Control de Garantías de El Agrado de ordenar la restricción de su libertad.

8.4.9 En tal sentido, la Sala tiene por demostrado, que en el caso sub júdice procede aplicar los eximentes de responsabilidad de culpa de la víctima en concurso con hecho de un tercero, toda vez que el comportamiento de la señora Damys Isabel Carvajal y el del señor Alexander Londoño Rivera fueron la causa eficiente que generó que en la etapa de instrucción la Fiscalía y el juez penal encontraran que las pruebas eras suficientemente sólidas para proferir la medida restrictiva de la libertad conforme a la ley […]”.

La Solicitud de Tutela

Pretensiones

14. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Amparar el derecho fundamental de FINES ESENCIALES DEL ESTADO, DERECHOS INALIENABLES DE LA PERSONA Y AMPARO A LA FAMILIA, LIBERTAD PERSONAL, AL DEBIDO PROCESO –Presunción de Inocencia, DERECHOS APREHENSION (sic) EN FLAGRANCIA, FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS y, como consecuencia de esto, dejar sin efectos la sentencia proferida por el citado Tribunal, ordenando vía de la resolución de la apelación contra la sentencia del Tribunal, proferir una decisión acorde a las normas aplicables y al precedente judicial aplicables al presente caso.
2. Se revoque el fallo proferido por el Citado (sic) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Huila, M.P. Enrique Dussán cabrera (sic), adiada 22 de octubre de 2018, una vez agotadas todas las etapas y pruebas, donde revocan la decisión favorable tomada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito (sic) Judicial de Neiva, una reparación directa por los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad, bajo el supuesto de culpa exclusiva de la víctima y por el hecho de un tercero.
3. Que sea confirmada la decisión favorable tomada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito (sic) Judicial de Neiva, Rad 41001-33-33-002-2013-002-2013-00251-00 […]”.
15. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado frente al tema de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, y ii) en defecto fáctico por haber efectuado una indebida valoración probatoria.
Actuación

16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
17. Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, a los señores Fabio Nelson Jiménez, Damys Isabel Carvajal, Cristian Mauricio Rivas Carvajal, Kevin Ernesto Rivas Carvajal, Luz Stella Velásquez, Blanca Cecilia Velásquez, Jefferson Andrés Velásquez, Nelson Fabián Jiménez Velásquez, Jhon Albeiro Jiménez Velásquez, Leidy Jhoana Jiménez Velásquez y Duban Felipe Jiménez Velásquez y a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.
Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

18. El magistrado Enrique Dussán Cabrera del Tribunal Administrativo del Huila, mediante escrito aportado el 26 de marzo de 2019, indicó que:

“[…] Respecto del amparo pedido, respetuosamente nos permitimos exponer que la petición resulta improcedente ante el hecho de tener otro mecanismo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, al pretender se anule la sentencia que puso fin al proceso (causal 5° del artículo 250 del CPACA), al argumentar causales de violación al debido proceso (vía de hecho e indebida valoración de la prueba), conforme la argumentación que indica en su escrito.

De considerarse la procedencia, debe decirse que el actor no concreta los supuestos que determinan la vía de hecho por presunto desconocimiento de precedente, como quiera que alude a anteriores de los referidos en la propia sentencia, como tampoco concreta o puntualiza la presunta indebida interpretación de la prueba […]”.

19. La Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, mediante escrito aportado el 27 de marzo de 2019, expresó que:
“[…] En el presente caso, se advierte que para cuestionar la decisión judicial de segunda instancia que resolvió el proceso de reparación directa con radicado No. 2013-00251-00, la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos accionados. No obstante lo anterior, en el escrito de la presente acción de tutela, se advierte que la parte tutelante no da cuenta de por qué, a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo del Huila.
Por lo anterior, para esa Dirección de Asuntos Jurídicos es claro que el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que la parte accionante no justificó por qué los otros mecanismos, no resultaban idóneos para amparar sus derechos fundamentales.
Por otro lado, se considera necesario precisar que, dado que a través de la acción de reparación directa se solicita la responsabilidad patrimonial, en el escrito de tutela presentado por el tutelante, no se verifica la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos fundamentales […]”.

20. Los señores y las señoras Fabio Nelson Jiménez Martín, Luz Estella Velásquez y Blanca Lilia Velásquez, mediante escrito aportado el 2 de mayo de 2019, manifestaron que:
“[…] En relación con el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Segundo Oral Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, a pesar de ser favorable a Damys Isabel, a nosotros los aquí coadyuvantes, nos denegó con el argumento de no haber probado parentesco alguno.
Seguidamente, el H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Huila, distrajo su verdadera función, de castigar o no el injusto y se dedicó a revivir hechos propios del proceso penal.
Por lo demás, apoyamos totalmente, los hechos narrados en la acción de tutela presentada por el señor Ernesto Rivas Velásquez en representación de los menores aquí señalados, pues ellos se ajustan a la realidad de lo entonces acaecido […]”.
21. Durante el presente trámite, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

24. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la sentencia de 22 de octubre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y ii) en defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que no se declarara la responsabilidad del Estado, por los daños y perjuicios causados, por privación arbitraria de la libertad.
25. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto fáctico; y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

26. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

27. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

29. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

30. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

35. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:

35.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso, a la familia y el de los niños.

35.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la familia y el de los niños, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en posible defecto sustantivo y fáctico.

35.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

35.4 Cumplió con el principio de inmediatez.

35.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.

35.6 Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

35.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

35.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

36. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Huila, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y ii) en defecto fáctico dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 41-001-33-33-002-2013-00251-01.

37. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; ii) el defecto fáctico y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

38. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

39. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

40. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

41. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

42. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

43. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

44. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

45. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

46. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

47. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional. 11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador […]”.
[…]
“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades […]”. (Resaltado por la Sala). 48.

En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima. Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
49. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.
50. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
51. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Análisis del caso en concreto

52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

53. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al i) defecto sustantivo y ii) fáctico a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:

54. La Sala observa que en el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

54.1 La parte actora indicó que mientras su difunta compañera Damys Rivas Velásquez, se encontraba en su casa, el 17 de febrero de 2010, fue abordada por un comando de la Policía Nacional, señalándola como integrante de una organización criminal, dedicada a la piratería terrestre, a quien la Fiscalía 22 Seccional de Garzón-Huila, le imputó los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado en concurso con el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones.

54.2. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario de su compañera Damys Rivas Velásquez, con fundamento único y exclusivo en un informe investigativo de la Policía Nacional, lo que trajo como consecuencia que se transgrediera el ordenamiento jurídico, toda vez que no se cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, por lo que la actuación arbitraria del ente investigador, le produjo perjuicios.

54.3. Afirmó que la reclusión de su compañera Damys Rivas Velásquez, comenzó el 17 de febrero de 2010, y concluyó el 3 de marzo de 2011, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, profirió sentencia el 17 de marzo de 2011, por medio del cual, resolvió absolverla de los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación

54.4 Indicó que los señores y las señoras Damys Isabel Carvajal quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Cristian Mauricio y Kevin Ernesto Rivas Carvajal; Fabio Nelson Jiménez y Luz Estella Velásquez, quienes actúan en nombre propio y en representación de los menores Jefferson Andrés Velásquez, Nelson Fabián, John Albeiro, Leidy Jhoana y Duvan Felipe Jiménez Velásquez; y Blanca Lilia Velásquez presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables a título de falla en el servicio, por la privación arbitraria de la libertad de la señora Damys Isabel Carvajal; y como consecuencia de lo anterior se condenara a las entidades a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

55. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada, se apartó de los precedentes judiciales sentados por el Consejo de Estado en las sentencias de i) 27 de abril de 2011 y 17 de octubre de 2013.
56. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
57. Ahora bien, la Sala debe preguntarse, si dichas providencias judiciales constituyen o no precedente judicial, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, determinar si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia de 22 de octubre de 2018, se apartó de las reglas jurisprudenciales, plasmadas en las providencias de i) 27 de abril de 2011 y ii) 17 de octubre de 2013.
58. Para la Sala, frente a la sentencia de 17 de octubre de 2013, considera que si constituye un precedente judicial, que debe ser aplicado en un caso concreto, toda vez que se trata de una sentencia de unificación jurisprudencial, y en ese orden de ideas, las reglas jurisprudenciales plasmadas en dicha providencia judicial, deben ser aplicadas por los jueces, cuando se evidencie que las situaciones fácticas de ambos casos, sean similares o análogas. Frente al tema en cuestión, el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:
“[…] Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html" \l "36A" 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html" \l "11" 11 de la Ley 1285 de 2009 […]”. (Resaltado por la Sala).
59. Ahora bien, respecto a la sentencia del 27 de abril de 2011, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sala evidencia que no constituye precedente judicial, toda vez que fue proferida por la Subsección A, al conocer y decidir un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2001 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo que negó las pretensiones de la demanda, y en ese orden de ideas, los jueces dentro del marco de su autonomía y libertad al momento de resolver una controversia jurídica, pueden acatar o no lo plasmado en dicha providencia judicial, toda vez que no se trata de un precedente jurisprudencial unificado.
60. En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 17 de octubre de 2013, para concluir si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto, desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado en dicha providencia judicial.
61. En la presente oportunidad, el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la Fiscalía General de la Nación debía o no responder administrativamente por los daños causados a la parte actora por haber sido privada arbitrariamente de su libertad. Indicó que:

“[…] La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991; en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente. En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad jurisdiccional de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del respectivo juez o magistrado, a efecto de establecer si la misma estuvo acompañada de culpa o de dolo. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ordenada con el lleno de los requisitos legales, se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber jurídico de soportar. Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios –carga consistente en la necesidad de probar la existencia del error de la autoridad jurisdiccional en el cual habría incurrido al ordenar la medida de aseguramiento privativa de la libertad– fue reducida solamente a los casos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal se hubiere producido con apoyo en circunstancias o en argumentos diferentes de los tres supuestos expresamente mencionados en la segunda frase del multicitado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta, lo cual se equiparó a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no resultaba necesario acreditar la existencia de una falla del servicio. En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa.

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento– […]”.

62. Manifestó que, comoquiera que en el asunto bajo cuestión, la exoneración de responsabilidad penal de la parte actora, se produjo mediante decisión en la cual se invocó, precisamente, el aludido beneficio de la duda en favor del sindicado, se deben exponer los argumentos jurídicos, por las cuales se considera que, ante este tipo de eventos, la responsabilidad patrimonial del Estado debe estudiarse bajo un título objetivo de imputación basado en el daño especial que se irroga a la víctima.
63. Indicó que durante los últimos años la Sección Tercera del Consejo de Estado ha llevado a cabo importantes desarrollos jurisprudenciales que evidencian una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, en eventos en los cuales una persona se ve privada de la libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal, con posterioridad resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, específicamente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado; en ese orden de ideas, entre otras, en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, se expresó que aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le haya causado. Consideró que:
“[…] En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia –contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 70–, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional –sentencia C-037 de 1996–, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del Juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el Juez de lo Contencioso Administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el Legislador o por el Juez Constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima.

Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el Juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 01 de 1984 –artículo 164– como la Ley 1437 de 2011 –artículo 187– obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".
Adicionalmente, mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.
Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora […]”.

64. La autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto, señaló que:

“[…] Pues bien, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que el demandante Luis Carlos Orozco Osorio fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 30 de junio de 1992 hasta el 22 de agosto de 1995, sindicado de una infracción de la Ley 30 de 1986 y del delito de hurto agravado, pero la misma Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en segunda instancia, decidió precluir la investigación penal a favor de dicha persona, con fundamento en la aplicación del principio in dubio pro reo.
Vale la pena precisar que en el presente asunto se está en presencia de un supuesto en el cual realmente la exoneración de responsabilidad penal del sindicado se produjo en aplicación del aludido principio en virtud del cual la duda presente en el fallador penal a la hora de proferir sentencia –o pronunciamiento equivalente– debe ser resuelta en favor de la presunción constitucional de inocencia que ampara al investigado, comoquiera que la autoridad judicial penal tenía ante sí tanto elementos de prueba incriminatorios como material demostrativo que apuntaría a la exoneración de responsabilidad del procesado, sin que hubiera resultado posible despejar tales hesitaciones al momento de proferir decisión de fondo.
Sin embargo, ha puesto de presente la Sección Tercera de esta Corporación que el Juez de lo Contencioso Administrativo se encuentra llamado a realizar –como en todos los casos– un análisis crítico del material probatorio recaudado en el plenario a efectos de establecer, aún cuando el Juez Penal u otra autoridad lo hayan afirmado o indicado expresamente ya, si en realidad la absolución de responsabilidad penal del sindicado se produjo, o no, en aplicación del aludido beneficio de la duda o si, más bien, la invocación de éste esconde la concurrencia de otro tipo de hechos y de razonamientos que fueron y/o deberían haber sido los que sustentaran la exoneración penal, como, por ejemplo, deficiencias en la actividad investigativa, de recaudo o de valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales intervinientes, extremo que sin duda puede tener incidencia en la identificación de título de imputación en el cual habría de sustentarse una eventual declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, al igual que en el examen respecto de la procedencia de la instauración y las posibilidades de éxito de la acción de repetición en contra de los servidores públicos que con su actuar doloso o gravemente culposo pudieren haber dado lugar a la imposición de la condena en contra de la entidad estatal demandada […]”.

65. Concluyó manifestando que:
“[…] Por consiguiente y atendiendo a la argumentación formulada dentro del presente proveído, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de Justicia ─concretamente para la Fiscalía General de la Nación─ de resarcir a dicha persona por ese hecho; frente a estos casos, en forma reiterada, se ha señalado:
“La Sala reitera que en casos como éste no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que los señores Germán Arcos Gómez y Guido Bernardo Burbano Arcos tuvieren que estar privados de la libertad, a quienes más adelante les fue precluída la investigación. En cambio, es a la parte accionada a quien le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario ”.[…]”.
66. La Sala, al revisar detenidamente las consideraciones jurídicas abordadas por el Tribunal Administrativo del Huila, considera que no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que:

66.1 Reconoció y aplicó correctamente la ratio decidendi establecida en dicha sentencia frente al régimen de imputación de responsabilidad del Estado por causa de la privación injusta de la libertad, concretamente en los eventos en que se configura la exoneración de responsabilidad, por haberse configurado la i) culpa exclusiva de la víctima y el ii) hecho exclusivo de un tercero. Recuérdese lo dicho por la autoridad judicial accionada:

“[…] 8.4.5 De lo anterior se colige que el comportamiento de la accionante y el hecho de un tercero (implicación por parte de Alexander Londoño Rivera en los hechos motivos de investigación), fueron la causa eficiente para que el juez penal considerara necesaria la imposición de la medida de aseguramiento por cuanto el hecho de que la accionante Damys Isabel Carvajal al momento de la captura: a) se encontrara en compañía de otro de los sujetos señalados por el señor Alexander Londoño Rivera como miembro del grupo delincuencial; b) Estuviera dentro de la casa frente a la cual estaba estacionado el vehículo de placas SGI-257 en el que se movilizaban dos miembros del grupo delincuencial, referido tanto por Alexander Londoño Rivera como por fuente no formal en las labores de vecindario practicadas por la Policía Judicial, vehículo respecto del cual la persona en cuya compañía se encontraba la accionante refiere ser propietaria; y c) Se encontrara en la casa en que fue hallada una cámara fotográfica que contenía, entre otras fotografía, una en la que Ernesto Rivas Velásquez en la misma casa, sostiene dos armas de fuego cortas, sujeto respecto del cual la misma accionante manifiesta ser compañera permanente, y quien es señalado por Alexander Londoño Rivera como el jefe de la banda delincuencial, son circunstancias de modo tiempo y lugar que colocaron a la actora en hechos eficientes y suficientes para tenerla como presunta partícipe de los hechos investigados.

8.4.6 Ciertamente las pruebas referidas no permiten colegir la responsabilidad penal de la accionante, tanto así que fue absuelta en sede penal por cuanto el juez consideró que no había sido posible desvirtuar su presunción de inocencia. No obstante, sí permite colegir que su comportamiento y la implicación que sobre ella efectuó el artífice confeso de un delito, fue causa eficiente en la generación del daño que padeció al verse implicada en la investigación penal, pues resultaba jurídicamente lógico que a partir de las circunstancias que rodearon su captura el juez considerara necesario decretar la medida de aseguramiento, mientras se aclaraba su situación penal.

Lo anterior conlleva a que no sea atribuible la responsabilidad de la privación de la libertad al Estado, por cuanto lo que aquí se analiza es si la conducta de la accionante y del tercero fue causa eficiente o no en la generación del daño padecido. Por lo demás, si la accionante consideraba que el señor Alexander Londoño Rivera le estaba incriminando injustamente la comisión de un ilícito, así debió refutarla en la misma actuación penal y si era del caso, demostrara su total ausencia de conocimiento de los hechos, lo que conlleva a que esta omisión genera su propia culpa, lo que a su vez también contribuyo (sic) al daño padecido y que conllevó a que la Fiscalía solicitara su captura y restricción de la libertad; y aún más, tal controversia debió ser elevada ante la jurisdicción ordinaria para reclamar del tercero la responsabilidad civil y no la responsabilidad del Estado, dada la seriedad de los elementos probatorios existentes antes del juicio que existieron en su contra.

8.4.8 Añádase a lo anterior que, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 270 de 1996, la señora Damys Isabel Carvajal, no interpuso el recurso procedente (apelación) contra la decisión del Juez Único Promiscuo Municipal de Control de Garantías de El Agrado de ordenar la restricción de su libertad.

8.4.9 En tal sentido, la Sala tiene por demostrado, que en el caso sub júdice procede aplicar los eximentes de responsabilidad de culpa de la víctima en concurso con hecho de un tercero, toda vez que el comportamiento de la señora Damys Isabel Carvajal y el del señor Alexander Londoño Rivera fueron la causa eficiente que generó que en la etapa de instrucción la Fiscalía y el juez penal encontraran que las pruebas eras suficientemente sólidas para proferir la medida restrictiva de la libertad conforme a la ley […]”. (Resaltado por la Sala).

66.2 La Sala observa, que en el presente caso la autoridad juidicial accionada, despues de hacer un estudio juicioso y detallado del proceso, concluyó que el Estado no debía responder patrimonialmente, porque si bien es cierto se produjo una privación injusta de la libertad de la señora Damys Isabel Carvajal, se acreditaron las eximentes de responsabilidad, como lo es, la i) culpa exclusiva de la víctima y ii) el hecho de un tercero, teniendo en cuenta que la propia víctima con su obrar, contribuyó de manera eficaz, para que se le impusiera respectivamente la medida de aseguramiento. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Huila, no desconoció el precedente judicial, sentado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 17 de octubre de 2013, en donde en su ratio decidendi, se dispuso entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el Juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 01 de 1984 –artículo 164– como la Ley 1437 de 2011 –artículo 187– obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".
Adicionalmente, mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.
Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal […]”. (Resaltado por la Sala).

67. En ese orden de ideas, para la Sala, el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que no desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia del Consejo de Estado invocada por la parte actora.

68. La Sala debe hacer énfasis, en que no basta para invocar el desconocimiento de un precedente judicial, acreditar la existencia de un problema jurídico similar, y la identificación de las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, toda vez que los anteriores elementos deben analizarse de manera conjunta con la situación fáctica.

69. Finalmente, la Sala señala que mediante sentencia de unificación jurisprudencial SU-072 de 5 de julio de 2018, proferida por la Corte Constitucional, se precisó que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió un régimen de responsabilidad, por lo tanto el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, debía establecer el régimen aplicable a partir de las particularidades de cada caso. La Corte, en la respectiva sentencia SU-072 de 2018, señaló que:

“[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.

El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse en un juicio de carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige un sistema de responsabilidad estatal objetivo, que la responsabilidad del Estado es palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima.

106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma […]”.

70. La Corte Constitucional, al resolver uno de los casos concretos, consideró que:

“[…] En el expediente T-6.390.556 los accionantes afirmaron que la decisión expedida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado desconoció la jurisprudencia existente en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Planteado así el defecto se advierte que en la sentencia expedida el 7 de julio de 2016 el Consejo de Estado reiteró la estructura que ha usado en muchas de sus providencias, esto es, recapituló las cuatro fases por las cuales ha pasado la jurisprudencia de esa Corporación respecto de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y concluyó que si bien en este caso se constataba que la víctima había sido absuelta de los cargos que se le formularon por prevaricato por acción y abuso de autoridad, el daño que de la privación preventiva de la libertad se le irrogó no era imputable al Estado, toda vez que fue la actuación de la víctima la que generó el resultado dañino.

De esa decisión pueden extraerse las siguientes conclusiones: i) en la misma se apeló al régimen general previsto en el artículo 90 de la Constitución y a los antecedentes en los cuales se ha definido que la condena autónoma del Estado, se da en los casos que se regulaban en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 y por aplicación del in dubio por reo, lo cual no puede calificarse como contrario al desarrollo jurisprudencial de esa Corporación, pues es la misma fórmula argumentativa que puede apreciarse en la mayoría de las decisiones adoptadas por esa corporación después de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013.

En ese fallo, además, ii), se desarrolló la causal eximente de responsabilidad estatal prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la cual se consideró demostrada en las diligencias, alusión normativa sobre la cual tampoco se advierte un yerro sustancial, pues tal presupuesto también se observa en el haber jurisprudencial, según el cual las causales que excluyen la responsabilidad del Estado deben estudiarse con independencia del título de imputación. Asimismo, iii), la sentencia al concluir que hubo culpa exclusiva de la víctima desacreditó el daño antijurídico, criterio determinante de la responsabilidad del Estado […]”. (Resaltado por la Sala).

71. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada, tampoco desconoció las reglas jurisprudenciales, sentadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, toda que al haber efectuado un análisis detallado y teniendo en cuenta además, el acervo probatorio obrante en el expediente, concluyó que en el presente caso se habían configurado las eximentes de responsabilidad, como lo es, la i) culpa exclusiva de la víctima y ii) el hecho de un tercero, como se expuso y se explicó de manera detallada en las consideraciones jurídicas nums. 66.1 y 66.2 de esta sentencia.

Cargo por defecto fáctico

72. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, no obstante no cumplió con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que, a su juicio, no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentó en que forma la falta de valoración de los medios probatorios, trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales.
73. En efecto, para la configuración del defecto fáctico dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, el actor debe cumplir con una carga argumentativa mínima identificando i) cuales medios probatorios fueron omitidos en su valoración por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual, se repite no aconteció en el presente caso.
74. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Conclusiones de la Sala

75. En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal Administrativo del Huila no incurrió en los defectos i) sustantivo y ii) fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
76. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
En calidad de representante legal de los menores “CMRC” y “KERC” Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de los menores de 18 años de edad relacionados en este proceso la supresión de los datos que permitan su identificación, razón por la cual, para estos efectos, sus nombres serán reemplazados por las mencionadas siglas iniciales: “CMRC” y “KERC”.

“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 22 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr... HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En especial, vid. Capítulo VII.

“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).

Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 27 de abril de 2011, C.P Gladys Agudelo Ordóñez, número único de radicación: 76001-23-31-000-1997-05248-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de octubre de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación: 52001233100019960745901
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
La situación fáctica del presente caso es la siguiente: El señor Luis Carlos Orozco Osorio era funcionario de la Fiscalía General de la Nación –en la sede de Puerto Asís, Putumayo– y el día 27 de mayo de 1992 se hurtaron de ese Despacho unos alcaloides, los cuales habían sido incautados días atrás, hecho del que fue sindicado y, por tanto, se vinculó al ahora demandante, de manera formal, al respectivo proceso penal. El día 23 de junio de ese año el ahora demandante fue capturado y recluido en la cárcel local de Puerto Asís, para luego ser trasladado a la cárcel de Mocoa, Putumayo.
El día 23 de junio de 1994 se profirió en contra del señor Orozco Osorio resolución de acusación, no obstante las irregularidades procesales que se habrían cometido en el proceso penal y la ausencia de pruebas que lo responsabilizaran del hecho punible del cual se le sindicó.
Mediante proveído de agosto 15 de 1995, la Fiscalía General de la Nación, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación dictada en primera instancia, revocó dicha decisión y ordenó la libertad inmediata del procesado “por no existir pruebas suficientes” que lo responsabilizaren por los hechos materia de investigación penal, de modo que el demandante estuvo privado de manera injusta de su libertad por un término de 36 meses.
Agregó que
“Tal proceder es constitutivo de falla presunta y probada en el servicio, en la cual incurrió el señor Fiscal Regional de Cali, al mantener detenidos sin prueba que ameritara tal decisión a un grupo de ciudadanos, y al agravarles su situación jurídica actuando en contravía de todas las normas de favorabilidad y de las disposiciones sobre los derechos inalienables de las personas, y por la categoría de empleados públicos de los funcionarios que tenían a cargo la investigación del señor LUIS CARLOS OSORIO OROZCO, falla que compromete la responsabilidad de la Nación, a cuyo nombre actúan los mencionados funcionarios”.

El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente:

“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. No. 15.463.
Sentencia del 30 de junio de 1994, exp. 9734.
Sentencia del 25 de julio de 1994, exp. 8.666.
Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, a pesar de que el respectivo delito exigiere querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.
Sentencia del 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056.
Sentencia del 12 de diciembre de 1996, exp. 10.229.
Sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606.
Sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11.413.
Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 70. Culpa exclusiva de la victima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado".

En la decisión en comento la Corte Constitucional, para fundamentar la declaratoria de exequibilidad condicionada del proyecto de disposición examinado, discurrió de la siguiente manera:

"2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.
La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible".

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 19.502.

Nota original de la sentencia citada: Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284.
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Artículos 39 y 306 de la Ley 906 de 2004.
Cfr. Fl.s 659 a 669 del cuaderno del Consejo de Estado. Expediente 25000232600020050200801 (40782).
Sobre el tema,ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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