Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01159-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01159-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01159-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DAÑO A AERONAVE – Por colisión entre aeronaves / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTIVIDAD DE LA AERONÁUTICA CIVIL – Por órdenes de la torre de control / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Debida aplicación de la normativa
[L]os planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso. (…) esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora, por lo que en el presente caso, no hubo un desconocimiento de los artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, ii) del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y iii) del artículo 1103 del Código de Comercio. (…) para la Sala, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en los defectos i) sustantivo y ii) fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01159-00(AC)
Actor: ALLIANZ SEGUROS S.A Y AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA S.A-
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Acumulado: 11001-03-15-000-2019-01204-00
Temas: Defecto fáctico/alcance
Defecto sustantivo/alcance
Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: i) Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Allianz Seguros S.A y Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A, por conducto de apoderado especial, contra la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir en segunda instancia la sentencia de 24 de enero de 2019 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando por intermedio de apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir en segunda instancia la sentencia de 24 de enero de 2019 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361 01, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Indicó que la aeronave Boeing 767 – 300 de matrícula CC CEB de Lan Airlines S.A y la aeronave Boeing 767 – 200 de matrícula N985AN de Avianca, se disponían a realizar los vuelos LA 573 Bogotá – Lima y 006 Bogotá - Miami, respectivamente, el día 27 de marzo de 2005.
4. Señaló que la torre de control del Aeropuerto El Dorado operada por funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, autorizó el rodaje de la aeronave de LAN con dirección a la cabecera 13L, en donde con posterioridad, llevo a cabo la misma autorización del rodaje de la aeronave de Avianca, hacia la misma cabecera.
5. Manifestó que al llegar al apartadero de espera, la torre de control del Aeropuerto El Dorado, ordenó que la i) aeronave de LAN, ocupada la posición izquierda, a la espera de la autorización para el despegue y ii) que la aeronave de Avianca ocupara la posición derecha del apartadero, y despegara primero.
6. Afirmó que la aeronave de LAN, se ubicó en forma correcta sobre la línea de eje, sin sobrepasar la línea o barra de parada, en donde durante el desplazamiento hacia la posición derecha, la aeronave de Avianca se movió ligeramente hacia la derecha buscando, con fundamento en la percepción visual que tenía el piloto, un mayor espacio de maniobra.
7. Adujo que el extremo del ala izquierda de la aeronave de Avianca, impactó con el extremo del ala derecha de la aeronave de LAN, lo que trajo como consecuencia, que ambas aeronaves sufrieran daños de consideración.
8. Allianz Seguros S.A y Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por todos los daños ocasionados, derivados del abordaje de las aeronaves Boeing de matrícula 767 – 300 de matrícula CC CEB de Lan Airlines S.A y la aeronave Boeing 767 – 200 de matrícula N985AN de Avianca, ocurrido el 27 de marzo de 2005.
Sentencia proferida el 27 de octubre de 2011 por la Subsección A Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa identificado con número único de radicación 250002326000200700361 01
9. La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente:
“[…] PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad de la acción de las pretensiones formuladas por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A, por los daños sufridos por la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cantidad no reconocida por su aseguradora Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., por los daños que sufrió la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica Chilena, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cantidad que reconoció su aseguradora, de conformidad con la parte motiva del fallo.
SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda formuladas por Avianca y la Compañía Aseguradora Colseguros S.A en calidad de subrogatoria de Avianca, por los daños que sufrió la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005 […]”.
10. El Juzgado indicó que:
“[…] En esta medida, la Sala tiene demostrado que el contrato de cesión de derechos suscrito entre Lan Airlines, antes Lan Chile y la Aseguradora Colseguros S.A y el contrato de cesión suscrito entre la Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., se suscribió en fecha posterior a la radicación de la petición de conciliación analizada, el 23 de marzo de 2007, y que la última diligencia de autenticación de firmas de los negociadores se realizó el 19 de junio de 2007 (f. 3 vto. Y 6 vto., C2).
Así la Sala puede concluir que la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., formuló solicitud de conciliación el 23 de marzo de 2007, sin contar con la calidad de cesionaria de los derechos de Lan Airlines, antes Lan Chile y de la Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., pues la cesión se materializó con fecha posterior a la radicación del trámite conciliatorio.
En consecuencia, le asiste razón a la Entidad demandada, al considerar que la interrupción del término de caducidad, prevista en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, no puede ser tenida en cuenta para la Compañía Aseguradora Colseguros S.A en calidad de cesionaria de los derechos de Lan Airlines, antes Lan Chile y de la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A, pues el trámite conciliatorio no incluyó estas peticiones de responsabilidad, toda vez que los negocios de cesión de los derechos se celebraron con posterioridad a la radicación de la solicitud conciliatoria […]”.
11. Manifestó que la interrupción del plazo de la caducidad, operó solamente respecto a las pretensiones invocadas por Avianca, en calidad de posible afectada por los daños sufridos en la aeronave de su propiedad, el 27 de marzo de 2005, en la cantidad que estima sufrió, y que no fueron reconocidos por su aseguradora Colseguros S.A, e igualmente por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A, en calidad de subrogatoria de Avianca, por los daños causados a ésta.
12. Afirmó que la Compañía Aseguradora Colseguros S.A, en calidad de cesionaria de los derechos de Lan Airlines y de la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A, demanda la reparación de los daños sufridos por las dos partes cedentes, de los posibles perjuicios derivados del abordaje de las aeronaves Boeing de matrícula CC-CEB de Lan Chile y Boeing de matrícula N985 AN de Avianca. En ese orden de ideas, consideró que:
“[…] Como se indicó frente a estas pretensiones no se interrumpió el término de caducidad por trámite conciliatorio, por lo que la oportunidad fenecía el 28 de marzo de 2007, y como la demanda fue radicada ante esta Corporación el 20 de junio de 2007 (f.49 vto., C1), se declarará probada la caducidad de la acción, referida a las pretensiones formuladas por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A, en calidad de cesionaria de Lan Airlines S.A, por los daños que sufrió la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cantidad que estima sufrió y no fueron reconocidos por su aseguradora Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. y en calidad de cesionaria de la firma Compañía de Seguros Security S.A (sic), por los daños que sufrió la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica chilena, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cantidad que reconoció su aseguradora.
En cuanto a las pretensiones formuladas por Avianca y la Compañía Aseguradora Colseguros S.A en calidad de subrogatoria de Avianca, por los daños que sufrió la aeronave de propiedad de la empresa aeronáutica, en el incidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cantidad que reconoció como su aseguradora, la Sala halla demostrado que éstas dos demandantes interrumpieron el trámite conciliatorio, al radicar petición de conciliación el 23 de marzo de 2007, cuatro (4) días antes de finalizar el conteo de la caducidad de la acción, ya que el accidente ocurrió el 27 de marzo de 2005; el trámite de conciliación finalizó el 15 de junio de 2007, que según calendario de la época era un viernes (f.311, C2).
Así, como la petición de conciliación fue radicada cuatro (4) días antes del vencimiento de la conciliación, las demandantes contaban con estos días adicionales para radicar la demanda, advirtiéndose que el 16 de junio de 2007, era sábado, el 17 domingo y el 18 día feriado.
De tal suerte que, como la demanda fue radicada ante esta Corporación el 20 de junio de 2011, la Sala concluye que no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad, pues las pretensiones se invocaron dentro de los dos (2) años previstos por el C.C.A., por la interrupción del trámite conciliatorio […]”.
13. Señaló que frente al asunto en cuestión, la parte actora pretende estructurar la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, indicando que incurrió en falla del servicio, atribuible a los controladores de la torre de control del aeropuerto El Dorado, que permitió la colisión de dos aeronaves, al autorizar un adelantamiento, que no se podía llevar a cabo.
14. Expresó que con ocasión del accidente bajo estudio, se efectuaron las respectivas investigaciones contra el piloto de la Aeronave de Avianca, Héctor Jaime Sabogal León, en donde con posterioridad y por medio de la Resolución núm. 03628 de 10 de agosto de 2007, la Secretaría de Seguridad Aérea de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, emitió decisión dentro de la investigación adelantada en contra del señor Sabogal, encontrándolo responsable en el accidente aéreo del 27 de marzo de 2005, por haber infringido el numeral 2.27 del Manual de Operaciones Aeroportuarias para el Aeropuerto el Dorado, imponiéndosele una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales. En ese orden de ideas, consideró que:
“[…] Visto lo anterior, la Sala parte de la base que la Autoridad encargada del régimen sancionatorio de los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector aeronáutico, por la violación de los reglamentos y las demás normas que regulan las actividades del sector, Entidad demandada, mediante un acto administrativo motivado declaró responsable al piloto de Aeronave de Avianca, en el accidente ocurrido el 27 de marzo de 2007.
De tal suerte que, la autoridad competente determinó a través de un procedimiento administrativo la ocurrencia de varias infracciones por parte del piloto de Avianca, que constituyeron la causa eficiente del choque con la aeronave de Lan Chile. No puede perderse de vista que la Ley Nacional establece la facultad y obligación de la autoridad aeronáutica de investigar y determinar la responsabilidad o no de las personas que participan de la actividad aeronáutica.
Así, la Sala considera que en el presente asunto la definición de la culpabilidad del incidente aéreo se encuentra pre – establecida por un acto administrativo válido, pues no se tiene evidencia que haya sido impugnado o demandado en nulidad, por el capitán o alguna de las aerolíneas que participaron en el accidente […]”.
15. Indicó que es evidente que un acto administrativo legal, no produce en principio un daño de naturaleza antijurídica, salvo circunstancias especiales, teniendo en cuenta que los efectos adversos que puedan derivarse, se sustentan en la presunción de legalidad del acto. Además, el administrado deberá soportar el efecto de la respectiva actuación con fundamento en el deber legal de ejecutar y cumplir los actos administrativos válidos. En ese orden de ideas, la decisión administrativa contenida en la Resolución núm. 3628 de 2008, expedida por la Secretaría de Seguridad Aérea de la entidad demandada, presupone la ejecutabilidad del acto administrativo sancionatorio, y que definió en sede administrativa la responsabilidad exclusiva del piloto de Avianca. El Tribunal concluyó manifestando que existe medio de convicción, en donde se acredita la ausencia de responsabilidad de la Administración en el accidente aéreo acaecido el 27 de marzo de 2007.
Sentencia proferida el 24 de enero de 2019 por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con número único de radicación 250002326000200700361 01
16. La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2011, por las razones expuestas.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2011.
TERCERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como concurrente en un 70% de los perjuicios causados a la empresa Aerovías del Continente Americano – Avianca S.A y a la Aseguradora Colseguros S.A., con ocasión al accidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado de Bogotá, entre las aeronaves Boeing 767 – 300 de matrícula CC CEB de Lan Airlines S.A y Boeing 767 -200 de matrícula N985AN de Avianca.
CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, a título de indemnización de perjuicios materiales, CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil al pago, a favor de Avianca S.A., del 70% de las sumas que incidentalmente se determinen de conformidad con los criterios establecidos en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: NIÉGANSE los demás pretensiones de la demanda […]”.
17. Señaló que la presente acción se presentó en el plazo consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el hecho dañoso se produjo el 27 de marzo de 2005, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 23 de marzo de 2007, expidiéndose constancia de conciliación fallida el 20 de junio de 2007, misma fecha en la que se instauró la demanda, es decir, con anterioridad a que se acreditaran los dos años establecidos para interponer la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa.
18. Afirmó que no obstante, uno de los puntos de la apelación es la declaratoria de caducidad frente a las pretensiones presentadas por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A. en calidad de cesionaria de Lan Airlines S.A. y de la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., teniendo en cuenta que para el Tribunal de primera instancia la “interrupción” del plazo de la caducidad, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial, únicamente operó para los perjuicios reclamados por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., en nombre propio y como subrogataria de Avianca.
19. Manifestó que para la parte recurrente el a quo desconoció que la respectiva solicitud de conciliación, sí incluyó los derechos cedidos y que, aun cuando en ese momento no existía un documento que probara la cesión de derechos, la misma no constituye un contrato solemne y en ese orden de ideas, se podía probar en el curso del proceso. En ese contexto, lo primero que se debe determinar, es en qué calidad se llevó a cabo la cesión de derechos, con el objetivo principal de establecer a partir de cuándo se entienden cedidos y, posteriormente, revisar el acta de conciliación extrajudicial para determinar respecto de cuáles pretensiones se suspendió el término de caducidad. En ese orden de ideas, consideró que:
“[…] Lan Airlines y la Compañía de Seguros Colseguros S.A., celebraron contrato de cesión con fecha de firma 26 de marzo de 2007, el cual determina como derechos cedidos los siguientes (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores):
“Lan Airlines cede a Aseguradora Colseguros, en forma plena e irrevocable, el derecho que tiene a exigir y recibir indemnización por los perjuicios de todo orden derivados de los hechos indicados en el punto 1. El derecho cedido comprende la totalidad de los perjuicios no indemnizados por la Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security.
“Como consecuencia de lo anterior, Aseguradora Colseguros podrá reclamar judicial y/o extrajudicialmente a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el reconocimiento y pago de la indemnización. Lan Airlines no se hace responsable del resultado de esta reclamación”.
En idénticos términos y con la misma fecha se firmó contrato de cesión de derechos entre la Compañía de Seguros Generales Penta Security y Colseguros S.A., el cual determina como derechos cedidos los siguientes (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores):
“Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security cede a Aseguradora Colseguros, en forma plena, incondicional e irrevocable, el derecho que tiene a exigir y recibir el reembolso de la suma pagada a Lan Airlines en cuantía de US $ 183.896, con ocasión de los hechos indicados en el punto 1. El derecho cedido, recibido de Lan Airlines por subrogación, comprende el valor total de la prestación reconocida por la aseguradora.
“Como consecuencia de lo anterior, Aseguradora Colseguros podrá reclamar judicial y/o extrajudicialmente a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el reembolso de la suma pagada a Lan Airlines”.
Las precitadas cesiones de derechos se adecúan a la “cesión de créditos personales” prevista en el artículo 1959 del Código Civil y subsiguientes, norma que establece:
ARTÍCULO 1959. <FORMALIDADES DE LA CESION>. No tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr061.html" \l "1961" 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento” (se resalta).
HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr061.html" \l "top" \o "Ir al inicio"
En dichos términos, la cesión de créditos es formal y requiere de la entrega de la título o, en caso de que el crédito cedido no conste en un título, debe suscribirse uno, que para el caso es el contrato de cesión de derechos firmado en 26 de marzo de 2007.
Adicionalmente, no obra en el expediente la solicitud de conciliación extrajudicial ni el acta de conciliación fallida, únicamente se encuentra, a folio 311 de cuaderno 2 la constancia de agotamiento de conciliación extrajudicial donde aparecen como solicitantes Avianca S.A. y Aseguradora Colseguros S.A., razón por la cual no se puede siquiera verificar si las pretensiones concernientes a Lan Airlines y la Compañía de Seguros Generales Penta Security fueron o no objeto de la conciliación extrajudicial, como para considerar que se suspendió el término de caducidad de la acción respecto de las mismas […]”.
20. La Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto al fondo del asunto, indicó que el accidente aéreo ocurrido en la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado, el 27 de marzo de 2005, y los daños y perjuicios que sufrieron las aeronaves Boeing 767-300 de matrícula CC CEB de Lan Airlines S.A. y Boeing 767-200 de matrícula N985AN de Avianca, puede constituirse como un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, en la medida en que: i) sea imputable al Estado, ii) el titular del derecho no tenga la carga o el deber jurídico de soportarlo y iii) no se configure ninguna causal que justifique la producción del mismo por parte de la administración. Adujo que:
“[…] Del material probatorio obrante en el expediente resalta la Sala el informe final del accidente, el cual aún cuando fue realizado por la parte demandada, Aeronáutica Civil, constituye el acto administrativo expedido por la autoridad encargada del control del tráfico aéreo en Colombia, el cual fue notificado mediante aviso fijado el 16 de febrero de 2007, por el termino de 5 días, sin que exista prueba dentro del expediente de que se haya solicitado reconsideración del mismo por parte de algún interesado.
Según el mencionado informe, el 12 de julio de 1980 ya se había presentado un evento similar “en la misma posición” entre dos aeronaves de gran envergadura.
A su vez, llama la atención el informe rendido bajo la gravedad del juramento por el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en el cual refiere que con posterioridad al informe final del accidente Lan Chile – Avianca de marzo 27 de 2005, en relación con la operación simultánea de aeronaves de categorías D y E en los apartaderos de espera del aeropuerto El Dorado de Bogotá, se expidieron los Notam (Notice To Airmen - Información para aviadores) de carácter permanente para el Aeropuerto El Dorado C37878/07, según el cual en la “BAHÍA DE ESPERA 13L. No se permite utilización simultánea de dos aeronaves cuando una de ellas corresponda a la categoría 4E 4D o 4C AMDT AIP COLOMBIA AD2 – SKBO 6” y C07272/08 que estipuló que en las “BAHÍAS DE ESPERA 13L/31R, No se permitirá utilización simultánea de dos aeronaves cuando una de ellas corresponda a la categoría 4C, 4D, o 4F AMDT AIP COLOMBIA AD2 – SKBO 6”, así como la AIP de octubre 25 de 2007, en la cual se señaló que “solo se permite el parqueo simultáneo de aeronaves turbohélice en el punto de espera de la pista 13L/31R, excepto las aeronaves tipo C130”.
Las pruebas antes reseñadas permiten concluir que, en efecto, la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado de Bogotá no tenía la capacidad para ser utilizada de forma simultánea por dos aeronaves categoría D y, según el estudio técnico elaborado por la sociedad Scadia Ltda., los aviones Boeing tipo 767, como los implicados en el accidente objeto de litis, están catalogados como de categoría D por la OACI […]”.
21. Afirmó que no obstante, también obran en el expediente medios probatorios que señalan que existió responsabilidad del piloto de la aeronave de Avianca, quien se representó el peligro de la maniobra de parqueo y se apartó de la línea amarilla que está pintada en las áreas de carreteo como guía para que las tripulaciones la sigan y de esta manera evitar contacto con cualquier obstáculo, al parecer para evitar que se produjera el accidente; sin embargo, como lo indicó el testigo Carlos Eduardo Estefan Gómez, de profesión piloto, socio de la compañía que prestó los servicios de “ajuste y de inspección” a la aseguradora, con fundamento en las normas aeronáuticas, el piloto tiene la obligación de seguir la línea amarilla y, en el caso de no poder seguir la línea amarilla por alguna circunstancia, debía informar al controlador o a la torre de control con el que estaba comunicado, que no era viable continuar con la autorización de parqueo que le había sido dada.
22. Señaló que como quedó consagrado en la sanción impuesta, el capitán Héctor Jaime Sabogal León, quien piloteaba la aeronave de Avianca, incurrió en una infracción al manual de operaciones aeronáuticas del aeropuerto El Dorado, por maniobrar una aeronave sin antes haberse asegurado a través de una inspección visual o con la asistencia de terceras personas, de que no existía peligro de colisión con cualquier persona u objeto en el área inmediata e, independientemente de que la maniobra de alejarse ligeramente del eje de rodaje se hubiere efectuado para evitar la colisión, como lo indicó al recurrir el acto sancionatorio, la verdad es que sus indicaciones eran seguir la línea amarilla de guía y, en caso de advertir la imposibilidad de parqueo, tenía el deber avisar a la torre de control, por lo que la misma no lo exime de responsabilidad. Consideró que:
“[…] Al margen de no existir reglamentación que impidiera el rodamiento simultáneo en la bahía de espera 13L de aeronaves cuya capacidad se encuentre catalogada en la categoría 4D, lo cierto es que a la torre de control le correspondía extremar medidas y verificar previamente si la capacidad de las aeronaves y su categoría pudieran eventualmente representar algún peligro en el aparcadero.
Como quedó visto en precedencia, la autoridad aeronáutica responde a título de falla del servicio por las irregularidades en el ámbito del cumplimiento de los deberes a su cargo, sin perjuicio de la concurrencia de responsabilidad que pueda presentarse entre el transportador y la autoridad aeronáutica, cuando así se establezca en la investigación de las causas determinantes del accidente aéreo.
Se debe precisar que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima- constituyen diversas circunstancias que dan lugar a que resulte imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación ha dado lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya confluencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.
Por otra parte, la adecuada valoración del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, a efectos de que se verifique el rompimiento del nexo de causalidad, conlleva a establecer, en cada caso concreto, si el proceder -activo u omisivo- de aquélla tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño […]”.
23. Señaló que en ese orden de ideas, se debe concluir, que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por el afectado sea tanto causa del daño como la razón determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, toda vez que en el evento de configurarse una concausa en la producción del daño, no eximirá a la parte demandada de su responsabilidad y, por ende, del deber de efectuar la respectiva indemnización, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima..
24. Manifestó que en el presente caso, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, se configura una concurrencia de culpas, por las omisiones regulatorias de la Aeronáutica Civil, frente a la capacidad de la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado de Bogotá para ser utilizada de forma simultánea por dos aeronaves categoría D, y por la impudencia del piloto del avión de Avianca, quien, no informó a la torre de control que no podía continuar con la orden de parqueo, en donde además, decidió asumir el riesgo de maniobrar para ubicar la aeronave, siendo inexactos sus cálculos, trayendo como consecuencia, el accidente. Señaló que:
“[…] No obstante, a juicio de la Sala, si bien es cierto que está establecida la existencia de una conducta imprudente por parte del piloto de Avianca, en todo caso, fue la torre de control la que autorizó el rodaje de las dos aeronaves con dirección a la cabecera 13L y al llegar al apartadero de espera ordenó a la aeronave Boeing 767-300 de Lan Airlines S.A. ocupar la posición izquierda y a la aeronave Boeing 767-200 de Avianca ocupar la posición derecha, cuestión que impide atribuirle la causa determinante y exclusiva de su propio daño a la empresa Avianca (en cabeza del capitán que piloteaba su aeronave), lo cual conlleva a que no haya lugar a eximir de responsabilidad a la entidad demandada y que sea pertinente estudiar su conducta desde la óptica de la concausa […]”.
25. Afirmó que, aun cuando se declarará la responsabilidad patrimonial de la Aeronáutica Civil por la evidente ausencia de regulación respecto de la capacidad de la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado de Bogotá, se debe hacer énfasis, que la imprudencia del piloto de la aeronave de Avianca, fue decisiva para la ocurrencia del accidente. En ese orden de ideas, si bien el piloto de la aeronave de Avianca, obró imprudentemente, y con ocasión de dicha imprudencia fue sancionado, no se puede desconocer que en el presente caso, se configuró una falla del servicio por parte de la Aeronáutica Civil, entidad que teniendo pleno conocimiento del antecedente de un accidente en la misma cabecera 13L entre dos aeronaves de gran envergadura el 12 de julio de 1980, solo hasta el 2007, luego de ocurrido el accidente objeto de análisis en el presente proceso, prohibió utilizarla de forma simultánea por dos aeronaves, entre otras, de la categoría D. Concluyó manifestando que:
“[…] En este orden de ideas, en criterio de la Sala, la participación de la víctima (Avianca a través del Capitán de su aeronave) en la causación del daño puede establecerse, en términos porcentuales, en un 30%, teniendo en cuenta que, si bien el piloto que comandaba la aeronave contó con autorización, su actuación fue imprudente en la medida que, como él mismo lo planteó en su defensa en el proceso sancionatorio que le adelantó la Aeronáutica Civil, efectuó una maniobra para evitar el choque, siendo lo procedente haberse abstenido de efectuar el parqueo.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar patrimonialmente responsable a la Aeronáutica Civil, en el 70% de los perjuicios reclamados y probados por la parte demandante, bajo los parámetros explicados en precedencia, con ocasión al accidente ocurrido el 27 de marzo de 2005, en la cabecera 13L del aeropuerto El Dorado de Bogotá, entre las aeronaves Boeing 767-300 de matrícula CC CEB de Lan Airlines S.A. y Boeing 767-200 de matrícula N985AN de Avianca.
26. La Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto a la liquidación de las indemnizaciones de perjuicios, consideró que:
“[…] Hasta este punto, advierte la Sala que no se cuenta con el soporte documental para establecer el costo real de los perjuicios sufridos por Avianca por concepto de daño emergente (diferente a costos de reparación de la aeronave) y de lucro cesante, pues no se aporta ninguna prueba de la capacidad en cuanto a número de: (i) sillas del avión accidentado, (ii) sillas ofertadas, (iii) sillas vendidas hasta antes de la ocurrencia del accidente, para el periodo que duró la reparación de la aeronave y/o (iv) sillas vendidas después de la ocurrencia del accidente, (v) comprobante de pago por las indemnizaciones a los viajeros de rutas internacionales, datos que debió suministrar la aerolínea teniendo en cuenta que en su informe de liquidación manifiesta que los itinerarios se programan con más de dos meses de adelanto, y que es un hecho de notorio conocimiento que los pasajes para vuelos internacionales, como los programados para el avión accidentado, salen a la venta con varios meses de anticipación y que para el momento en que se presentó la demanda ya era factible establecer en cifras reales y no promediadas la totalidad de sillas que se dejaron de vender por cambio de aeronave o por la cancelación de los vuelos nacionales para los que estaban destinadas las dos aeronaves que según el informe reemplazaron al avión accidentado.
Por lo demás, tal como lo mencionan los testigos de la Aerocivil, se evidencia que al informe no se anexan los soportes documentales de donde se extraen las cifras allí señaladas.
De otra parte, respecto de la suma reclamada por la Aseguradora Colseguros S.A., se advierte que, no obstante obrar copia de las pólizas constituidas por Avianca, de las facturas expedidas por Boeing por la reparación del avión, y los finiquitos de Avianca por el pago con cargo a las pólizas, dentro de las pruebas documentales aportadas no se allegó ningún comprobante del pago que la Aseguradora Colseguros S.A. efectuó a Avianca, ni del deducible pagado por Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza.
En ese contexto, dado que no se aportan los anexos que soporten la liquidación efectuada por McLarens Young International, no cuenta la Sala con elementos para calcular el valor del perjuicio. Es decir, aunque queda clara la ocurrencia del daño, no existe certeza sobre la cuantificación de los perjuicios.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998, se considera necesario proferir una condena en abstracto, para que el Tribunal calcule, mediante trámite incidental, el valor de los perjuicios efectivamente causados a los demandantes, respecto de los cuales solo se condenará al pago del 70% a la Aeronáutica Civil, en atención a la concurrencia de culpas señalada en el acápite anterior […]”.
[…]
“[…] Finalmente, se debe advertir que no se condenará a la Aeronáutica Civil al pago del deducible que realizó Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza, ni de la suma que la Aseguradora Colseguros S.A. dice haber cancelado a Avianca por el cubrimiento de las pólizas de Nos. 9502110 (ampara reparaciones y /o reposición de partes y gastos asociados) y 9501921 (todo riesgo), en tanto, en ninguno de los dos eventos, se allegó recibo de pago, siendo carga procesal de las demandantes haber aportado con la demanda los respectivos comprobantes, lo que se traduce en que no se haya probado el perjuicio por tales conceptos.
Lo anterior en cuanto las sociedades demandantes contaron con las oportunidades probatorias correspondientes para aportar los comprobantes del pago tanto del deducible como del monto cubierto por la póliza y, en todo caso, el fin del incidente de liquidación de condena es establecer “la cuantía de la condena”, la cual no se encuentra en discusión, mas no la efectiva causación del perjuicio.
Como consecuencia de lo expuesto, aunque se encuentra probado el daño a la aeronave como la reparación que efectivamente pagó Avianca, no se encuentra probado el pago del deducible por valor de US$100.000, ni que Colseguros S.A. haya pagado los US$1’236.622 por cubrimiento de las pólizas, que constituiría el perjuicio en los términos en que se encuentran redactadas las pretensiones, carga probatoria que les correspondía asumir desde el momento de presentación de la demanda y que no es susceptible de ser suplida con posterioridad al fallo […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A)
27. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de ALLIANZ SEGUROS S.A (ANTES AEGURADORA COLSEGUROS S.A) al debido proceso y los demás que considere violados con la actuación del CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, con ocasión de la sentencia de 24 de enero de 2019, notificada por edicto desfijado el 4 de febrero de 2019 dentro de la acción de reparación directa radicación 250002326000200700361 01.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los numerales PRIMERO, CUARTO Y QUINTO de la sentencia de fecha 24 de enero de 2019 dentro de la acción de reparación directa radicación 250002326000200700361 01, proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, por incurrir en vías de hecho y grave violación de derechos fundamentales de ALLIANZ SEGUROS S.A (ANTES ASEGURADORA COLSEGUROS S.A) ante la existencia de defectos fácticos y sustantivos PROTUBERANTES, DE BULTO Y ARBITRARIOS en la decisión contenida en los referidos numerales particularmente, ANTE LA EVIDENTE OMISIÓN Y CERCENAMIENTO DEL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE EN EL PROCESO. Deberá declararse que los citados numerales PRIMERO, CUARTO Y QUINTO de la decisión partieron del desconocimiento DE BULTO de las pruebas obrantes en el proceso que acreditan que ALLIANZ SEGUROS S.A (ANTES ASEGURADORA COLSEGUROS S.A): a) SI APORTÓ Y OBRA EN EL EXPEDIENTE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN QUE EL CONSEJO DE ESTADO AFIRMA, CONTRAEVIDENTEMENTE, QUE NO ESTÁ EN EL PROCESO, EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA, MP. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ NO LO VIO O DECIDIÓ OMITIRLO ARBITRARIAMENTE EN CONTRAVÍA DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD ACCIONANTE. b) SI SE ACREDITÓ EL PAGO A AVIANCA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LOS SEGUROS, DETERMINANDO LA SUBROGACIÓN EN TALES DERECHOS, lo cual de manera caprichosa y arbitraria no se encontró como acreditado en la decisión objeto de tutela. Así mismo, se declarará que, para llegar a la decisión de los numerales CUARTO Y QUINTO de la parte resolutiva, la entidad accionada incurrió en vías de hecho por la configuración de un defecto sustantivo DE BULTO, por desconocimiento evidente de lo que es el contrato de SEGURO y el de REASEGURO (artículos 1134 del Código de Comercio).
TERCERO: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, que en un término no mayor a 2 meses, profiera una nueva providencia teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en esta tutela, en particular, respecto de los numerales PRIMERO, CUARTO y QUINTO, para que: a) Decida el tema de la caducidad de la acción de ALLIANZ SEGUROS S.A (antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A) como cesionaria de los derechos de LAN y Penta Security, ANALIZANDO Y ESTUDIANDO la solicitud de conciliación que, contrario a su dicho, SI OBRA EN EL EXPEDIENTE. b) analice correcta e integralmente el material probatorio obrante en el proceso, en particular la demanda presentada por AVIANCA donde existe confesión de su apoderado, los comprobantes de pago de la indemnización obrantes en el proceso y los finiquitos de indemnización, que acreditan que ALLIANZ SEGUROS S.A (antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A) SI PAGÓ la indemnización a AVIANCA a raíz de los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2005 en cuantía de US$1.236.622 y tiene derecho a que tal rubro se incluya en la condena, desde luego, en el 70% en que resultó responsable la AEROCIVIL.
CUARTO: En adición a lo anterior y en aplicación del principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y compromiso con la búsqueda de la VERDAD MATERIAL en el Estado Social de Derecho, en armonía con lo señalado en la sentencia SU-768 de 2014 de la Corte Constitucional, DISPONER como medidas tendientes a proteger los derechos fundamentales de mí defendida:
4.1 Que el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, M.P. Marta Nubia Velásquez, pese a todo el material probatorio que omitió analizar como ya se refirió, si tenía o tiene alguna duda sobre la realización del pago de la indemnización por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A (antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A) a favor de AVIANCA a raíz del siniestro ocurrido el 27 de marzo de 2005, tenía el deber constitucional y legal de ordenar de oficio pruebas para verificar esa circunstancia antes de fallar, lo cual se constaría simplemente, pidiéndole a AVIANCA (quien ya es parte del mismo proceso) que informe bajo la gravedad del juramento si recibió o no de (ASEGURADORA COLSEGUROS S.A el pago de la suma de US$1.236.622 con cargo a las pólizas de seguro Nos. 9502110 y 9501921.
4.2 Subsidiariamente, ordenar que sea posible en el incidente de liquidación de perjuicios ordenado y pendiente por realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incluir la determinación de lo correspondiente a la indemnización pagada por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) en favor de AVIANCA con base en las pólizas de seguro de aviación Nos. 9502110 y 9501921 […]”.
28. El actor sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico. En ese orden de ideas, adujo que:
“[…] El día 23 de marzo de 2007, ASEGURADORA COLSEGUROS (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) y AVIANCA S.A presentaron, a través de apoderado conjunto, solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación convocando a la Unidad Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil a conciliar respecto de las pretensiones o peticiones formuladas por las convocantes a raíz de los hechos ocurridos el día 27 de marzo de 2005. TAL DOCUMENTO OBRA A FOLIO 633 y siguientes del cuaderno marcado como C-6 del expediente correspondiente al proceso de reparación directa radicado 25000232600020070036101.
3.Con grave incidencia para el proceso de reparación directa y la sentencia cuya vía de hecho predicamos, el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, MP. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ, NO VIO NI APRECIO, COMO ERA SU OBLIGACIÓN, ESE DOCUMENTO. Por el contrario, en la decisión constitutiva de vía de hecho, afirma que el documento no estaba en el expediente, lo cual NO ES CIERTO […]”.
[…]
“[…] OMITIÓ POR COMPLETO TENER EN CUENTA LOS COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN REALIZADAS POR LOS REASEGURADORES EN NOMBRE PROPIO Y DE ASEGURADORA COLSEGUROS S.A (ALLIANZ SEGUROS S.A.) ACORDADA EN LOS FINIQUITOS DE INDEMNIZACIÓN ANTES REFERIDOS, A FAVOR DE AVIANCA. Estos comprobantes aparecen a folios 190 a 192 del cuaderno marcado como “C8” […]”.
29. Expresó que las pólizas de seguro 9502110 y 9501921, así como el certificado de Seguro núm. 0020 de 18 de noviembre de 2004 emitido por la Gerente de Seguros de Aviación de ALLIANZ GROUP, que se ubica a folio 409 y siguientes del cuaderno marcado como “C2” del expediente, donde consta que los reaseguradores tenían la facultad con Avianca de pagar directamente la respectiva indemnización en nombre propio y del asegurador. Concluyó manifestando que:
“[…] El documento de FINIQUITO DE INDEMNIZACIÓN (denominado en ingles “FORM OF RELEASE AND DISCHARGE” (DEDUCIBLE PÓLIZA CASCO) firmado en constancia del pago de la indemnización realizada bajo la póliza de seguro de aviación 9502110 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) de fecha 14 de diciembre de 2005 por US$900.000 (FOLIOS 289 a 291 del cuaderno marcado como “C2” está en ingles. Y LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL ESPAÑOL DE ESE DOCUMENTO APARECE EN LOS FOLIOS 24 -i y siguientes del CUADERNO MARCADO COMO “C-8”. El documento aparece firmado por la representante de AVIANCA como asegurada y el representante de los aseguradores y reaseguradores de la póliza expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) Sr. Alejandro Ramírez G. Allí mismo se documenta la SUBROGACIÓN a favor de los Aseguradores de la póliza (numeral 6). Sin embargo, este documento bajo el análisis NO EXPLICITO, Y EN TODO CASO, IRRAZONABLE de la providencia objeto de tutela, no sería suficiente para acreditar la subrogación.
El documento de FINIQUITO DE INDEMNIZACIÓN (denominado en ingles “FORM OF RELEASE AND DISCHARGE” (CASCO) firmado en constancia del pago de la indemnización realizada bajo la póliza de seguro de aviación 9501921 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) de fecha 14 de diciembre de 2005 por US$336.622 (FOLIOS 292 a 294 del cuaderno marcado como “C2” está en ingles. Y LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL ESPAÑOL DE ESE DOCUMENTO APARECE EN LOS FOLIOS 20 -i y siguientes del CUADERNO MARCADO COMO “C-8”. Sin embargo, este documento bajo el análisis NO EXPLICITO, Y EN TODO CASO, IRRAZONABLE de la providencia objeto de tutela, no sería suficiente para acreditar la subrogación.
El dictamen de 26 de septiembre de 2007 del perito McLarens Young international que aprece a folio 86 y siguientes del cuaderno marcado como “ 3C” NO OBJETADO EN PUNTO DE LOS DAÑOS MATERIALES POR AL AEROCIVIL, donde se refiere en la página 37 del informe (folio 122 del expediente): “VALOR RECIBIDO POR AVIANCA: USD$1.236.622” y narra como ·DEDUCIBLE PÓLIZA US$100.000” […]”.
30. De igual manera, adujo que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de los i) artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, y ii) el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
31. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A –AVIANCA S.A al debido proceso y los demás que considere violados con la actuación del CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, con ocasión de la sentencia de 24 de enero de 2019, notificada por edicto desfijado el 4 de febrero de 2019 dentro de la acción de reparación directa radicación 250002326000200700361 01.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los numerales CUARTO Y QUINTO de la sentencia de fecha 24 de enero de 2019 dentro de la acción de reparación directa radicación 250002326000200700361 01, proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, por incurrir en vías de hecho y grave violación de derechos fundamentales de AVIANCA ante la existencia de defectos fácticos y sustantivos PROTUBERANTES Y ARBITRARIOS en la decisión contenida en los referidos numerales particularmente, ANTE LA EVIDENTE OMISIÓN Y CERCENAMIENTO DEL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE EN EL PROCESO. Deberá declararse que los citados numerales CUARTO Y QUINTO de la decisión partieron del desconocimiento DE BULTO de las pruebas obrantes en el proceso que acreditan que AVIANCA SI ASUMIÓ LA PÉRDIDA CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBELE. Así mismo, que para llegar a la decisión de los referidos numerales CUARTO Y QUINTO, la entidad accionada incurrió en vías de hecho por la configuración de un defecto sustantivo DE BULTO, por desconocimiento evidente de lo que es jurídicamente un DEDUCIBLE y la regulación de esa materia.
TERCERO: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, M.P. DRA. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, que en un término no mayor a 2 meses, profiera una nueva providencia teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en esta tutela, en particular, respecto de los numerales cuarto y quinto, para que analice correcta e íntegramente el material probatorio obrante en el proceso que acredita que AVIANCA si asumió la pérdida correspondiente al deducible y tiene derecho a que tal rubro se incluya en la condena, desde luego, en el 70% en que resultó responsable la AEROCIVIL.
CUARTO: En adición a lo anterior y en aplicación del principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y compromiso con la búsqueda de la VERDAD MATERIAL en el Estado Social de Derecho, en armonía con lo señalado en la sentencia SU-768 de 2014 de la Corte Constitucional, DISPONER como medidas tendientes a proteger los derechos fundamentales de mí defendida:
4.1 Que el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, M.P. Marta Nubia Velásquez, pese a todo el material probatorio que omitió analizar como ya se refirió, si tenía o tiene alguna duda sobre la asunción del deducible de AVIANCA, tenía el deber constitucional y legal de ordenar de oficio pruebas para verificar esa circunstancia antes de fallar, lo cual se constaría simplemente, pidiéndole a ASEGURADORA COLSEGUROS S.A (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A) (quien ya es parte del mismo proceso) que informe bajo la gravedad del juramento qué cifra asumió como deducible AVIANCA con cargo a las pólizas de seguro Nos. 9502110 y 9501921.
4.2 Subsidiariamente, ordenar que sea posible en el incidente de liquidación de perjuicios ordenado y pendiente por realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incluir la determinación de lo correspondiente al deducible asumido por AVIANCA a raíz de la reparación de la aeronave Boeing 767-200 de matrícula N985AN […]”.
32. La parte actora, indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto fáctico por haber omitido valorar pruebas relevantes obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, expresó que:
“[…] Como consecuencia de lo expuesto, aunque se encuentra probado el daño a la aeronave como la reparación que efectivamente pagó Avianca, no se encuentra probado el pago del deducible por valor de US$100.000 ni que Colseguros S.A haya pagado los US1.236.622 por cubrimiento de las pólizas, que constituiría el perjuicio en los términos en que se encuentran redactadas las pretensiones, carga probatoria que les correspondería asumir desde el momento de presentación de la demanda y que no es susceptible de ser suplida con posterioridad al fallo.
10. Según esta absurda consideración de la decisión atacada, AVIANCA debía probar la asunción del deducible en cuantía de US$100.000 aportando un “recibo de pago” en que constara que AVIANCA le “pagó” a Colseguros dicha suma.
11. Nótese como DE BULTO en estos apartes de la motiva de la decisión, que tienen injerencia directa en los numerales 4 y 5 de la resolutiva, el Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P Marta Nubia Velásquez, incurre en los siguientes yerros decisivos y arbitrarios en contradicción PROTUBERANTE con lo que esa misma subsección había encontrado probado en el proceso y con lo que figura en la demanda y en el expediente:
11.1 La decisión reconoce que está probado en el proceso que AVIANCA pagó los gastos de reparación de la aeronave de su propiedad a la Boeing (US$1.336.622), tanto en la página 47 como en la 49 antes trascritas. Las pruebas documentales de ello aparecen en todo el expediente como lo podrá verificar la Sala que conozca de esta tutela, entre otros, en los folios 289 y 294 del Cuaderno marcado como “C2” donde aparecen los documentos “finiquito de exención y liberación” (En ingles Form of Release and Discharge” firmados entre Willis Limited y Marsh Limited (corredores de reaseguro de la póliza expedida por Colseguros) y Alianza Summa – Avianca, que cuentan con la respectiva traducción oficial). Así mismo, están las facturas de la reparación de la BOEING dirigidas a AVIANCA (fls. 270 y ss. del cuaderno marcado como “C2”) las certificaciones de BOEING de haber recibido el pago de AVIANCA, comunicaciones de AVIANCA solicitando el cobro de ese deducible a la Aerocivil (fl. 305 y ss. Cuaderno marcado como “C2”), está el dictamen de Mclarens Young (cuaderno principal del expediente marcado como “3C” folios 86 y siguientes), el certificado de seguro No.00020 de 18 de noviembre de 2004 de ALLIANZ GROUP que obra a folio 409 y siguientes del cuaderno marcado como “C-2”, en cuyo numeral 3 se refiere el denominado “HULL DEDUCTIBLE” por US$100.000 para todo y cada reclamo (“each and every claim”), entre otros.
11.2 E Consejo de Estado, Sección Tercera, MP. Marta Nubia Velásquez, parte de la base errada, de que el DEDUCIBLE se debe “pagar” a la aseguradora y que debería haber un “comprobante del pago” de Avianca a la aseguradora para probarlo. LA SOLA LECTURA DE TAL AFIRMACIÓN PERMITE IDENTIFICAR DE BULTO EL YERRO DE LA DECISIÓN, pues se exige – en forma absolutamente arbitraria y carente de sustento – que AVIANCA deba acreditar con un “comprobante de pago” que “efectivamente pagó” el deducible el deducible a Colseguros, cuando ese tipo de cláusula de deducible NO funciona de esa manera de acuerdo con la Ley colombiana y en general, cualquier contrato de seguro, incluido el que aparece en el proceso. PARA SER MÁS CLARO, EL DEDUCIBLE NO SE PAGA, SE ASUME POR EL ASEGURADO EN LA PÉRDIDA SUFRIDA […]”.
33. De igual manera, adujo que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto sustantivo por i) por falta de aplicación de los i) artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, ii) el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y el iii) artículo 1103 del Código de Comercio.
Actuación
34. El Despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés de esta sección, mediante auto de 22 de abril de 2019, ordenó remitir el expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 al Despacho del suscrito magistrado, toda vez que se advirtió de la existencia de una tutela con supuestos fácticos y jurídicos similares, que corresponde al expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A)
35. El Despacho, por auto de 28 de marzo de 2019, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
36. De igual manera, dispuso vincular a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Empresa de Aerovías del Continente Americano S.A – Avianca S.A concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
37. En el auto de 22 de abril de 2019 en mención, se justificó la acumulación de los expedientes núm 11001-03-15-000-2019-01204-00 y 11001-03-15-000-2019-01159-00 con fundamento en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 16 de septiembre de 2015 que establece:
“[…] Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.
Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación […]”.
38. El Despacho, por auto de 15 de mayo de 2019, resolvió decretar la acumulación, toda vez que ambos expedientes contienen supuestos fácticos y jurídicos similares, lo que hace procedente su acumulación para que sean decididos en esta sentencia.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
39. El Despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés de esta sección, por auto de 29 de marzo de 2019, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
40. De igual manera, dispuso vincular a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Aseguradora Colseguros S.A concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
Las intervenciones de las partes vinculadas
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A)
41. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
42. El magistrado Alberto Montaña Plata de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consideró que:
“[…] De entrada, debe indicarse que la presente acción no cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela en contra de providencia judicial, como quiera que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
En ese orden de ideas, de acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que la parte accionante busca una tercera instancia para continuar discutiendo que no debió declararse la caducidad de la acción respecto de las pretensiones por Lan Airlines S.A y Seguros Penta Security S.A.
En ese orden, la parte accionante busca reabrir el debate que fue oportunamente zanjado por el juez natural, que en primera instancia, resolvió declarar la caducidad tras considerar que la suscripción de los contratos de cesión de créditos fue posterior a la solicitud de conciliación extrajudicial y en segunda instancia, confirmó esa postura, de manera sustentada y razonada.
Conviene precisar en este punto, que el ad quem ordinario no solo tuvo como argumento el hecho de que no reposara en el expediente la solicitud de conciliación o el acta de la misma, sino que, por el contrario, en primera medida señaló que estos contratos se suscribieron con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
Adicionalmente, frente a la valoración de las pruebas que a su juicio, demostraban los pagos que efectuó Colseguros a Avianca con ocasión de las pólizas No. 9502110 y 9501921, debe indicarse que claramente ello no constituye un asunto de relevancia constitucional, sino un debate legal, patrimonial y de contenido económico que fue zanjado por el juez ordinario, quien dentro de su autonomía judicial efectuó una valoración del acervo probatorio […]”.
43. Durante el presente trámite, los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardaron silencio.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
44. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
45. El magistrado Alberto Montaña Plata de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consideró que:
“[…] De entrada, debe indicarse que la presente acción no cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela en contra de providencia judicial, como quiera que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
En ese orden de ideas, de acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que la parte accionante busca una tercera instancia para continuar discutiendo el pago de los perjuicios de Avianca frente al daño emergente, y, en consecuencia, frente a la condena que debió imponerse a la demandada en el proceso natural, específicamente por la reparación del avión Boening 767-200 de matrícula N985AN de Avianca, lo cual, a juicio de la accionante, correspondía a 100.000 USD que pagó por el deducible.
En ese orden, basta una lectura desprevenida para darse en cuenta que la parte accionante busca reabrir el debate que fue oportunamente zanjado por el juez natural […]”.
46. La apoderada General de Allianz Seguros S.A, señaló que:
“[…] En nuestra respetuosa consideración, resulta evidente que la sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, exige a AVIANCA un soporte CAPRICHOSO Y CONTRARIO A LA DINÁMICA DE LOS SEGUROS para acreditar tal circunstancia, que nomina como un recibo de pago”. El deducible NO se “paga” a la aseguradora, sino que es una participación del asegurado en la pérdida, establecido contractualmente y que debe asumir contra su patrimonio por no trasladarse a la aseguradora.
Para decirlo de otra manera, ALLIANZ pagó la indemnización con base en los seguros, tras exigir – por estipulación contractual – que la primera parte de la pérdida en cuantía de US$100.00 fuera asumida directamente contra el patrimonio del asegurado -AVIANCA. El planteamiento de la sentencia, parte de un desconocimiento del bulto de los hechos del proceso, pues es claro que AVIANCA pagó primero la reparación del avión y luego buscó la indemnización frente a ASEGURADORA COLSEGUROS (hoy ALLIANZ SEGUROS) con base en las pólizas de seguro respectivas.
Es por ello que estimamos que el planteamiento de AVIANCA en su acción de tutela, demuestra claramente la VÍA DE HECHO en que incurrió la sentencia, pues exige un soporte documental de la asunción del deducible ajeno a la dinámica del derecho de seguros y no aplica, jurídicamente, la disposición que señala claramente cómo funcionan las cláusulas del contrato de seguro en virtud de las cuales el asegurado asume una parte de la pérdida (artículo 1103 del C.Co.) […]”.
47. Durante el presente trámite, los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
48. Vistos los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción, esta Sección es competente para conocer de la presente solicitud de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
49. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
50. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
51. Así pues, debe aludirse a que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
52. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
53. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra la sentencia de 24 de enero de 2019 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361 01, en el cual fungía como parte demandada.
54. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera dentro del proceso de reparación directa en el cual era parte.
55. En tal virtud, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegadas.
Problemas jurídicos
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A)
56. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 24 de enero de 2019 dentro de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361-01, incurrió en i) defecto fáctico y ii) en defecto sustantivo por falta de aplicación de los i) artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, y ii) el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, lo que trajo como consecuencia que i) se declarara la caducidad y ii) no se reconocieran el valor de los perjuicios y daños causados.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
57. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 24 de enero de 2019 dentro de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361-01, incurrió en i) defecto fáctico y ii) en defecto sustantivo por i) por falta de aplicación de los i) artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, ii) el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y iii) el artículo 1103 del Código de Comercio, lo que trajo como consecuencia que no se reconocieran el valor de los perjuicios y daños causados.
58. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
59. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
60. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
61. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
62. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
63. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
64. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
65. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
66. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
67. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
Expedientes núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A) y 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
68. En el caso bajo examen la Sala examinará si las acciones de tutela cumplen con los requisitos generales de procedibilidad, así:
68.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de las partes actoras al debido proceso.
68.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso, y además, ii) las partes actoras cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en posible defecto sustantivo y fáctico.
68.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
68.4 Cumplieron con el principio de inmediatez.
68.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.
68.6 Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;
68.7 Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan; y
68.8 No se trata de acciones de tutela contra sentencia de tutela.
Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
69. La Sala debe determinar si, en efecto, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en i) defecto fáctico y ii) en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002326000200700361-01
70. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto fáctico; ii) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
71. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.
72. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
73. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
Defecto sustantivo por falta de aplicación de la norma jurídica
74. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).
75. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica relevante que servía como fundamento para el sentido de la decisión judicial.
76. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Destacado de la Sala).
Análisis del caso en concreto
77. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
78. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al i) defecto fáctico y ii) sustantivo a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A)
Cargo por defecto fáctico
79. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber tenido en cuenta, ni mucho menos valorado la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, presentada por Allianz Seguros S.A y Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A, convocando a la Unidad Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil a conciliar, respecto de las peticiones formuladas por las convocantes, lo que trajo como consecuencia que declarara la caducidad.
80. Por su parte, la autoridad judicial accionada en sus consideraciones jurídicas, indicó que:
“[…] La presente acción se impetró en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., teniendo en cuenta que el hecho dañoso tuvo ocurrencia el 27 de marzo de 2005, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 23 de marzo de 2007, expidiéndose constancia de conciliación fallida el 20 de junio de 2007, misma fecha en la que se radicó la demanda, es decir, con anterioridad a que se cumplieran los dos años previstos para interponer la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa.
No obstante, uno de los puntos de la apelación es la declaratoria de caducidad respecto de las pretensiones formuladas por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A en calidad de cesionaria de Lan Airlines S.A y de la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A, pues para el Tribunal de primera instancia la “interrupción” del plazo de la caducidad, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial, únicamente operó para los perjuicios reclamados por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., en nombre propio y como subrogataria de Avianca.
Para la parte recurrente el a quo no tuvo en cuenta que la solicitud de conciliación sí incluyó los derechos cedidos y que, aun cuando en ese momento no existía un documento que probara la cesión de derechos, la misma no es un contrato solemne y se podía probar en el curso del proceso.
Lan Airlines y la Compañía de Seguros Colseguros S.A., celebraron contrato de cesión con fecha de firma 26 de marzo de 2007, el cual determina como derechos cedidos los siguientes (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores):
“Lan Airlines cede a Aseguradora Colseguros, en forma plena e irrevocable, el derecho que tiene a exigir y recibir indemnización por los perjuicios de todo orden derivados de los hechos indicados en el punto 1. El derecho cedido comprende la totalidad de los perjuicios no indemnizados por la Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security.
“Como consecuencia de lo anterior, Aseguradora Colseguros podrá reclamar judicial y/o extrajudicialmente a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el reconocimiento y pago de la indemnización. Lan Airlines no se hace responsable del resultado de esta reclamación”.
En idénticos términos y con la misma fecha se firmó contrato de cesión de derechos entre la Compañía de Seguros Generales Penta Security y Colseguros S.A., el cual determina como derechos cedidos los siguientes (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores):
“Compañía de Seguros Generales Las Américas, actualmente Compañía de Seguros Generales Penta Security cede a Aseguradora Colseguros, en forma plena, incondicional e irrevocable, el derecho que tiene a exigir y recibir el reembolso de la suma pagada a Lan Airlines en cuantía de US $ 183.896, con ocasión de los hechos indicados en el punto 1. El derecho cedido, recibido de Lan Airlines por subrogación, comprende el valor total de la prestación reconocida por la aseguradora.
“Como consecuencia de lo anterior, Aseguradora Colseguros podrá reclamar judicial y/o extrajudicialmente a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el reembolso de la suma pagada a Lan Airlines”.
Las precitadas cesiones de derechos se adecúan a la “cesión de créditos personales” prevista en el artículo 1959 del Código Civil y subsiguientes, norma que establece:
ARTÍCULO 1959. <FORMALIDADES DE LA CESION>. No tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr061.html" \l "1961" 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento” (se resalta).
HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr061.html" \l "top" \o "Ir al inicio"
En dichos términos, la cesión de créditos es formal y requiere de la entrega de la título o, en caso de que el crédito cedido no conste en un título, debe suscribirse uno, que para el caso es el contrato de cesión de derechos firmado en 26 de marzo de 2007.
Adicionalmente, no obra en el expediente la solicitud de conciliación extrajudicial ni el acta de conciliación fallida, únicamente se encuentra, a folio 311 de cuaderno 2 la constancia de agotamiento de conciliación extrajudicial donde aparecen como solicitantes Avianca S.A. y Aseguradora Colseguros S.A., razón por la cual no se puede siquiera verificar si las pretensiones concernientes a Lan Airlines y la Compañía de Seguros Generales Penta Security fueron o no objeto de la conciliación extrajudicial, como para considerar que se suspendió el término de caducidad de la acción respecto de las mismas […]”. (Resaltado por la Sala).
81. La Sala al revisar el expediente, evidencia que efectivamente la prueba documental, esto es, la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, existe y obra a folio 633 y siguientes del cuaderno marcado como C-6 del expediente correspondiente al proceso de reparación directa radicado 25000232600020070036101.
82. Ahora bien, dentro de las consideraciones jurídicas expuestas por la autoridad judicial accionada, se evidencia que la prueba documental que si fue valorada, fue la constancia de agotamiento de conciliación extrajudicial, que dice lo siguiente:
“[…] EL SUSCRITO ASISTENTE DEL PROCURADOR ONCE JUDICIAL ADMINISTRATIVO
HACE CONSTAR
Que dentro del trámite prejudicial No. 00035-2.007: Solicitante: AVIANCA S.A Y ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. Vs ARENAUTICA (sic) CIVIL U.A.E., que adelantó esta Agencia del Ministerio Público, y tal como quedo (sic) establecido en Acta de Conciliación prejudicial No. 00056.2.0037de (sic) fecha junio 15 de 2.007, se dio por FRACASADA LA ETAPA CONCILIATORIA, a petición de la parte convocante, así mismo al no existir ánimo conciliatorio ni propuesta conciliatoria al respecto, por La Aeronáutica Civil, U.A.E., parte solicitada y de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos por los apoderados judiciales, en Acta mencionada con referencia a las pretensiones y hechos registrados en la solicitud de conciliación prejudicial. Que dicha solicitud fue radicada en la Unidad Coordinadora de Procuradurías Judiciales Administrativas el día 23 de marzo de 2.007, conforme se registra en el folio 23 de dicha solicitud.
Dada en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil siete (2.007).
JOSE ANTONIO LADINO MORENO
ASISTENTE PROCURADOR […]”.
83. Debe preguntarse la Sala si la omisión por parte de la autoridad judicial accionada de no haber tenido en cuenta dicha prueba documental para efectos de motivar y justificar su decisión, trajo como consecuencia que incurriera en un ostensible defecto fáctico.
84. Con respecto al defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
85. En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
86. En ese orden de ideas, el juez constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico debe respetar la autonomía, independencia y discrecionalidad, con que cuenta el juez ordinario para valorar el acervo probatorio, amparadas por la sana crítica. Su intervención con respecto al manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida.
87. La Sala al hacer el análisis y estudio de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, evidencia que efectivamente no hizo mención alguna ha dicho medio de prueba documental para efectos de motivar su decisión. Sin embargo, para la Sala esta actuación por parte del Ad- quem no constituyó defecto fáctico, toda vez que en su providencia y teniendo en cuenta los demás medios probatorios obrantes en el expediente, que como ya quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, fueron valorados razonablemente por parte del juez, como lo fue el Acta de Conciliación prejudicial No. 00056.2.0037 de fecha junio 20 de 2007, para concluir de manera razonable, “[…] no se puede siquiera verificar si las pretensiones concernientes a Lan Airlines y la Compañía de Seguros Generales Penta Security fueron o no objeto de la conciliación extrajudicial, como para considerar que se suspendió el término de caducidad de la acción respecto de las mismas […]”.
88. En ese orden de ideas, para la Sala la prueba documental que no fue tenida en cuenta por la autoridad judicial accionada, en nada incidía para cambiar el sentido del fallo, es decir, que dentro de la autonomía y la discrecionalidad de la que goza la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del marco de la valoración de las pruebas, no era relevante para ser tenida en cuenta al momento de justificar la tesis que adoptó. Debe hacerse énfasis, que si se hubiera valorado la prueba documental, esto es, la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, por parte de la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 24 de enero de 2019, en nada hubiera cambiado el sentido de la sentencia, además, debe destacarse, que la autoridad judicial accionada no desconoció el acervo probatorio obrante en el expediente, toda vez que dentro del margen de valoración probatoria y de los principios de la sana crítica y autonomía judicial de que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso, integral y razonable de las pruebas.
89. La parte actora indicó además, que la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que omitió valorar los comprobantes de las transferencias bancarias de pago de la indemnización, llevadas a cabo por los reaseguradores en nombre propio y de la aseguradora Colseguros S.A (Allianz Seguros S.A.), acordada en los finiquitos de indemnización antes referidos a favor de Avianca. Señaló que estos comprobantes aparecen a folios 190 a 192 del cuaderno marcado como “C8”. En ese orden de ideas, expresó que:
“[…] Los Folios 190 a 192 del cuaderno marcado como “C8” así:
Folio 190 Cuaderno 8: Comprobante de la transferencia con estatus PROCESADO del Banco LLOYDS TSB BANK realizada por WILLIS LTD. (Corredor de reaseguro de la póliza autorizado por los reaseguradores y la aseguradora según la cláusula CUT TROUGH) a favor de AVIANCA por US$29.286,11. (Beneficiary Name: AEROVIAS DEL CONTINENTE).
Folio 191 Cuaderno 8: Comprobante de la transferencia con estatus PROCESADO del Banco LLOYDS TSB BANK realizada por WILLIS LTD.
(Corredor de reaseguro de la póliza autorizado por los reaseguradores y la aseguradora según la cláusula CUT TROUGH) a favor de AVIANCA por US$55.542,63. (Beneficiary Name: AEROVIAS DEL CONTINENTE).
Folio 192 Cuaderno 8: Comprobante de la transferencia con estatus PROCESADO del Banco LLOYDS TSB BANK realizada por WILLIS LTD.
(Corredor de reaseguro de la póliza autorizado por los reaseguradores y la aseguradora según la cláusula CUT TROUGH) a favor de AVIANCA por US$1.151.793,26 (Beneficiary Name: AEROVIAS DEL CONTINENTE).
90. Por su parte, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado en sus consideraciones jurídicas, consideró que:
“[…] De otra parte, respecto de la suma reclamada por la Aseguradora Colseguros S.A., se advierte que, no obstante obrar copia de las pólizas constituidas por Avianca, de las facturas expedidas por Boeing por la reparación del avión, y los finiquitos de Avianca por el pago con cargo a las pólizas, dentro de las pruebas documentales aportadas no se allegó ningún comprobante del pago que la Aseguradora Colseguros S.A. efectuó a Avianca, ni del deducible pagado por Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza […]”.
91. Para la Sala, la autoridad judicial accionada, no incurrió en defecto fáctico, toda vez que al revisar de manera exhaustiva el cuaderno marcado como C-8 del expediente correspondiente al proceso de reparación directa radicado 25000232600020070036101, a diferencia de lo sostenido por la parte actora en su escrito de tutela, dichos comprobantes de pago no aparecen en el expediente, por lo que en el presente caso no hubo una omisión en la valoración probatoria. Nótese, que la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al hacer un estudio juicioso de las diferentes pruebas obrantes en el respectivo proceso de reparación directa, indicó que a pesar de que obrara copia de i) las pólizas constituidas por Avianca, ii) de las facturas expedidas por Boeing para fines de la reparación del avión, y iii) los finiquitos de Avianca por el pago con cargo a las pólizas, no se evidenció la existencia de los respectivos comprobantes de pago.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
Cargo por defecto fáctico
92. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto fáctico, al no haber valorado las pruebas obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, señaló que:
“[…] omitió la valoración adecuada del material probatorio obrante en el plenario, específicamente de las pruebas documentales aportadas por AVIANCA con base en las cuales se acreditó:
Que está probado en el proceso que AVIANCA pagó los gastos de reparación de la aeronave de su propiedad a la Boeing por valor de US$1.336.622), para posteriormente reclamar ante COLSEGUROS bajo las pólizas con las que contaba. Las pruebas documentales de ello aparecen en todo el expediente como lo podrá verificar la Sala que conozca de esta tutela, entre otros, en los folios 289 y 294 del Cuaderno marcado como “C2” donde aparecen los documentos “finiquito de exención y liberación” (En ingles Form of Release and Discharge” firmados entre Willis Limited y Marsh Limited (corredores de reaseguro de la póliza expedida por Colseguros) y Alianza Summa-Avianca, que cuentan con la respectiva traducción oficial). Así mismo, están las facturas de la reparación de la BOEING dirigidas a AVIANCA (fls270 y ss del cuaderno marcado como “C2”), las certificaciones de BOEING de haber recibido el pago de AVIANCA. La propia sentencia RECONOCIÓ PROBADA ESTA CIRCUNSTANCIA (PÁGINAS 47 Y 49).
-Que está probado que a AVIANCA le correspondió asumir US$100.000 como deducible de las pólizas que tenía con COLSEGUROS. En tal sentido aparecen las siguientes pruebas: comunicaciones de AVIANCA solicitando el cobro de ese deducible a la Aerocivil (fl. 305 y ss. Cuaderno marcado como “C2”), está el dictamen de Mclarens Young (cuaderno principal del expediente marcado como “3C” folios 86 y siguientes), certificado de seguro No, 00020 de 18 de noviembre de 2004 de ALLIANZ GROUP que obra a folio 409 y siguientes del cuaderno marcado como “C-2”, en cuyo numeral 3 se refiere el denominado “HULL DEDUCTIBLE” por US$100.000 para todo y cada reclamo (each and every claim”), está el documento de “finiquito de exención y liberación” (En ingles Form of Release and Discharge” firmados entre Wills Limited y Marsh Limited (corredores de reaseguro de la póliza expedida por Colseguros) y Alianza Summa – Avianca, que cuentan con la respectiva traducción oficial), entre otros. La demanda, igualmente, en la que aparece como demandante la aseguradora COLSEGUROS, da cuenta de la veracidad de esta circunstancia […]”.
93. Por su parte la autoridad judicial accionada, consideró que:
“[…] De otra parte, respecto de la suma reclamada por la Aseguradora Colseguros S.A., se advierte que, no obstante obrar copia de las pólizas constituidas por Avianca, de las facturas expedidas por Boeing por la reparación del avión, y los finiquitos de Avianca por el pago con cargo a las pólizas, dentro de las pruebas documentales aportadas no se allegó ningún comprobante del pago que la Aseguradora Colseguros S.A. efectuó a Avianca, ni del deducible pagado por Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza.
En ese contexto, dado que no se aportan los anexos que soporten la liquidación efectuada por McLarens Young International, no cuenta la Sala con elementos para calcular el valor del perjuicio. Es decir, aunque queda clara la ocurrencia del daño, no existe certeza sobre la cuantificación de los perjuicios […]”.
“[…]
“[…] Finalmente, se debe advertir que no se condenará a la Aeronáutica Civil al pago del deducible que realizó Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza, ni de la suma que la Aseguradora Colseguros S.A. dice haber cancelado a Avianca por el cubrimiento de las pólizas de Nos. 9502110 (ampara reparaciones y /o reposición de partes y gastos asociados) y 9501921 (todo riesgo), en tanto, en ninguno de los dos eventos, se allegó recibo de pago, siendo carga procesal de las demandantes haber aportado con la demanda los respectivos comprobantes, lo que se traduce en que no se haya probado el perjuicio por tales conceptos.
Lo anterior en cuanto las sociedades demandantes contaron con las oportunidades probatorias correspondientes para aportar los comprobantes del pago tanto del deducible como del monto cubierto por la póliza y, en todo caso, el fin del incidente de liquidación de condena es establecer “la cuantía de la condena”, la cual no se encuentra en discusión, mas no la efectiva causación del perjuicio.
Como consecuencia de lo expuesto, aunque se encuentra probado el daño a la aeronave como la reparación que efectivamente pagó Avianca, no se encuentra probado el pago del deducible por valor de US$100.000, ni que Colseguros S.A. haya pagado los US$1’236.622 por cubrimiento de las pólizas, que constituiría el perjuicio en los términos en que se encuentran redactadas las pretensiones, carga probatoria que les correspondía asumir desde el momento de presentación de la demanda y que no es susceptible de ser suplida con posterioridad al fallo […]”.
94. Para la Sala a diferencia de lo sostenido por la parte actora, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al valorar las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que i) no se aportó comprobante de pago alguno que la Aseguradora Colseguros S.A. haya efectuado a Avianca, ni tampoco del deducible pagado por Avianca a Colseguros S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza.
95. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada hizo una valoración razonable de los medios probatorios obrantes en el expediente, para haber adoptado la decisión judicial correspondiente, al concluir entre otras cosas, que si bien es cierto se acreditó el daño a la aeronave como la reparación que efectivamente pagó Avianca, no se demostró el pago del deducible por valor de US$100.000.
96. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, lo cual no aconteció en el presente caso.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01159-00 (Allianz Seguros S.A) y Expediente núm. 11001-03-15-000-2019-01204-00 (Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A)
97. Los actores indicaron en su escrito de tutela, que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo i) por falta de aplicación de los artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, ii) el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 1103 del Código de Comercio.
98. Disponen respectivamente los artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“[…] Artículo 4. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes […]”.
[…]
“[…] Artículo 179. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. Los gastos que implique su práctica serán a cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas […]”.
[…]
“[…] Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba […]”.
99. Por su parte el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 169. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso […]”.
100. Por último, dispone el artículo 1103 del Código de Comercio:
“[…] Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original […]”.
101. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de las normas jurídicas en cuestión, toda vez que al estudiarse el cargo por defecto fáctico, se evidenció que valoró de manera correcta las pruebas obrantes en el expediente, sin que se evidenciara una actuación grosera o arbitraria.
102. En esa medida, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.
103. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora, por lo que en el presente caso, no hubo un desconocimiento de los artículos 4, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, ii) del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y iii) del artículo 1103 del Código de Comercio.
Conclusiones de la Sala
104. En suma, para la Sala, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en los defectos i) sustantivo y ii) fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
105. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DENEGAR el amparo interpuesto por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de mayo de 2019 resolvió acumular las acciones de tutela presentadas por Allianz Seguros S.A contra la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado (expediente 11001-03-15-000-2019-01159-00) y Aerovías del Continente Americano S.A –Avianca S.A contra la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado (expediente 11001-03-15-000-2019-01204-00
C.C.A
Código Civil, “Artículo 666. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales” (se subraya). Folio 242 del cuaderno 2. Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias proferidas por esta Subsección con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón: sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 21.398; sentencia de 11 de abril de 2012, Expediente 21.134; sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 22.265; sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137. Sobre los anotados conceptos puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente No. 16.530, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Folios 270 a 272 del cuaderno 2. Folios 289 a 294 del cuaderno 2. Por el cual se adiciona el Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas
“[…] Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”. Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpusieron antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 24 de enero de 2019 proferida por la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Código Civil, “Artículo 666. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales” (se subraya). Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. T-107-2014
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Folios 270 a 272 del cuaderno 2. Folios 289 a 294 del cuaderno 2. Folios 270 a 272 del cuaderno 2. Folios 289 a 294 del cuaderno 2.
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