Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01187-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01187-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01187-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
25 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - De la Ley 100 de 1993 / INGRESO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición pensional / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN - Su cálculo se realiza en los términos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de aporte / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Revisada la providencia que ahora es objeto de impugnación, esto es, la proferida el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, observa la Sala que dicha autoridad judicial adoptó su decisión con fundamento en el criterio judicial fijado por la Corte Constitucional respecto de los factores salariales a tener en cuenta al liquidar las pensiones de jubilación de empleados públicos amparados por el régimen de transición, que posteriormente fue acogido por la Sala Plena de esta Corporación. (…) Así las cosas, para la Sala es claro que, contrario a lo que afirma el ahora accionante, para adoptar su decisión, la autoridad judicial no sólo tuvo en cuenta las normas aplicables al asunto, sino también los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional y acogidos por la Sala Plena de esta Corporación sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición y los factores a incluir, a partir de los cuales concluyó que no resultaba procedente ordenar la liquidación de la pensión del señor Gustavo Eduardo Castro Ramos con el promedio del 75% de lo devengado en el último año de prestación de servicios, ni con la inclusión de los factores salariales respecto de los cuales no efectuó aportes. Así, avaló el hecho de que su pensión fue reconocida con el 75% de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, con la inclusión sólo de los factores respecto de los cuales realizó cotizaciones. (…) En conclusión, con la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante y dicha autoridad judicial tampoco incurrió en el alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01187-00(AC)
Actor: GUSTAVO EDUARDO CASTRO RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN E
Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Tema: Ingreso Base de Liquidación en pensiones de jubilación de empleados públicos – régimen de transición.
Subtema 1: Consideraciones generales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales/requisitos generales de habilitación de la tutela contra providencias judiciales/causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales/defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición y los factores salariales a tener en cuenta/reiteración de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición y los factores salariales a tener en cuenta.
Sentido del fallo de tutela: Se niega la solicitud de amparo constitucional porque el actor no logró acreditar la configuración del defecto alegado.
La Sala decide la acción de tutela presentada por Gustavo Eduardo Castro Ramos contra la sentencia del 20 de septiembre de 2018, proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I.- ANTECEDENTES
1.- La solicitud de amparo constitucional
1.1.- El 22 de marzo de 2019 Gustavo Eduardo Castro Ramos, mediante apoderado, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso; y el respeto a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley, que consideró vulnerados por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 20 de septiembre de 2018, mediante la cual se negaron sus pretensiones de nulidad dentro del proceso No. 11001-33-35-008-2016-00475-01. En consecuencia solicitó:
“1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MÍNIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDA(sic) PROCESAL, del Señor GUSTAVO EDUARDO CASTRO RAMOS.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “E”, en(sic) amparo de los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018, que REVOCO la sentencia de primera instancia por la cual se negó(sic) las pretensiones de la demanda y en consecuencia de(sic) ordene a(sic) reliquidar la pensión de asistida(sic) teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 01 de marzo de 2006 hasta el 28 de febrero de 2007.
4. (sic) Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados”.
1.2.- Hechos
1.2.1.- Gustavo Eduardo Castro Ramos nació el 26 de mayo de 1977, se desempeñó como mensajero de la revista “Razón y Fábula” de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes desde el 1º de febrero de 1972 hasta el 31 de marzo de 1973 y ocupó el cargo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 12 en la Dirección Territorial del ICETEX desde el 16 de julio de 1976 hasta el 28 de febrero de 2007. Adquirió su condición de pensionado el 1º de diciembre de 2009.
1.2.2.- Por medio de la Resolución No. PAP025723 del 16 de noviembre de 2010, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación le reconoció una pensión de jubilación por un valor de $944´414, efectiva desde el 1º de diciembre de 2009, en cuyo ingreso base de liquidación se incluyeron las sumas devengadas durante los últimos diez (10) años de prestación de servicios, por concepto de asignación básica y de bonificación por los servicios prestados.
1.2.3.- A través de la comunicación radicada bajo el No. SOP201300027296 el señor Gustavo Eduardo Castro Ramos solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – la reliquidación de su pensión “para incrementar el porcentaje de la tasa de reemplazo asignado a un 85%, en cumplimiento de los principios de inescindibilidad de las(sic) norma, en este caso LEY 100 DE 1993(sic) y favorabilidad”.
1.2.4.- Dicha petición fue denegada por medio de la Resolución No. RDP035529 del 24 de noviembre de 2014, contra la cual el peticionario presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos, respectivamente, a través de la Resolución No. RDP001603 del 19 de enero de 2015 y la No. RDP002306 del 21 de enero de 2015, en el sentido de confirmarla en todas sus partes.
1.2.5.- El 14 de octubre de 2016 el peticionario presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – solicitando que se declarara la nulidad de los actos administrativos referidos y, que en consecuencia se condenara a la accionada al reconocimiento y pago a su favor de una pensión de jubilación, incluyendo en el Ingreso Base de Liquidación las sumas percibidas por concepto de primas de navidad, servicios, vacaciones y la bonificación del ICETEX, es decir, por un monto equivalente a $1´053.411,98, más los intereses causados sobre dicha suma.
1.2.6.- Mediante la sentencia que se dictó en la audiencia que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas antes del 14 de junio de 2010, teniendo en cuenta que la primera solicitud de reliquidación se presentó el 14 de junio de 2013 y declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ordenó a la accionada reliquidar la pensión que reconoció en un “equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el último año de prestación de servicios, es decir, del 01 de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007, según la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX ASIGNACIÓN BÁSICA, BONIFICACIÓN ICETEX, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, en una doceava parte aquellas cuya causación fue anual.
1.2.7.- Contra dicha decisión, tanto la accionada como el demandante presentaron recurso de apelación.
1.2.8.- A través de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
Para adoptar esa decisión el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que si bien el accionante era beneficiario del régimen de transición, teniendo en cuenta que para la fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 ya había prestado más de 15 años de servicios al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX – (entidad de orden nacional), el Ingreso Base de Liquidación no hacía parte de dicho régimen, razón por la cual no resultaba procedente ordenar ni la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados dentro del último año de prestación de servicios, ni mucho menos los descuentos sobre los factores salariales sobre los cuales no realizó algún aporte. De esta manera, avaló el hecho de que el reconocimiento de su pensión se hubiese realizado teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de prestación del servicio, con la inclusión sólo de los factores respecto de los cuales cotizó.
1.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional
1.3.1.- Alegó el peticionario que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y desconoció los principios a la confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad laboral, por negar sus pretensiones de reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios.
1.3.2.- Luego de exponer las razones por las cuales la tutela interpuesta reunía los requisitos generales de procedibilidad de ésta contra providencias judiciales, señaló que el fallo atacado adolecía del siguiente defecto:
1.3.2.1.- Defecto por desconocimiento del precedente judicial: Señaló que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al adoptar su decisión con fundamento en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, desconoció el precedente judicial fijado por esta Corporación sobre los factores salariales a tener en cuenta al liquidar las pensiones de jubilación de los empleados públicos amparados por el régimen de transición, en especial la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de esta Corporación, el fallo de tutela del 12 de noviembre de 2015 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación; y las sentencias proferidas el 21 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; el 24 de junio y el 17 de noviembre de 2015 por el Consejo de Estado; el 19 de junio y el 20 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá; el 30 de julio de 2015 por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y; el 8 de junio el 28 de junio y el 12 de julio de 2018 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
1.4.- Trámite procesal del amparo constitucional
1.4.1.- Por medio del auto del 22 de marzo de 2019 esta Subsección admitió la acción de tutela interpuesta, notificó dicha decisión a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó vincular a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, como tercera interesada en las resultas del proceso y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en cuanto juez de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001-33-35-008-2016-00475-00.
1.5.- Fundamentos de la oposición
1.5.1.- Efectuadas las respectivas comunicaciones y notificaciones, le dieron respuesta a la solicitud de amparo constitucional el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –.
1.5.1.1.- El Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. presentó escrito de contestación mediante el cual suministró información sobre las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001-33-35-008-2016-00475-00, hizo referencia al contenido de su decisión y remitió ante este despacho el expediente del proceso referido.
1.5.1.2.- La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentó escrito de contestación en el que solicitó la negativa del amparo solicitado por considerar que no se configuró la causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales relativa al desconocimiento del precedente judicial, pues la decisión impugnada se adoptó con fundamento en los criterios fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2018 al respecto.
1.5.1.3.- La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – presentó escrito de contestación, en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela interpuesta argumentado que lo realmente pretendido por el tutelante era sustituir una decisión judicial ejecutoriada adoptada por el juez natural de la causa, fundada en las normas y la jurisprudencia aplicables. Añadió que con el fallo tutelado no se vulneraron los derechos fundamentales alegados, ni existía amenaza de causar un perjuicio irremediable; que la tutela no es el mecanismo procedente para exigir el reconocimiento de prestaciones económicas y que no se reunían los requisitos generales ni específicos de la misma contra la providencia atacada.
II.- CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia
Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela presentada por Gustavo Eduardo Castro Ramos contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política; artículo 37 del Decreto No. 2591 de 1991; el Numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 de los Decretos Nos. 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo No. 377 del 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2.- Problema jurídico
2.2.1.- Con sujeción a los argumentos expuestos por el peticionario en el escrito de la acción de tutela, le corresponde a la Sala determinar si la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 20 de septiembre de 2018, mediante la cual negó las pretensiones de reliquidación de la pensión de jubilación del peticionario con la inclusión de todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicios, incurrió en desconocimiento del precedente judicial.
2.2.2.- Para resolver el problema jurídico así planteado se procederá en primer lugar, a verificar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.2.3.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará si la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al adoptar su decisión, incurrió en el defecto anotado, para lo cual, previamente, se reiteraran las posturas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los factores salariales a tener en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
2.3.- Generalidades de la tutela contra providencias judiciales
2.3.1.- Por medio de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la tutela contra providencias judiciales no sólo constituye un mecanismo de garantía y protección de los derechos fundamentales, cuando éstos se han visto amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad judicial, sino también significa un avance frente a los valores y principios que orientan el Estado social y democrático de derecho. Resaltó igualmente que, en aras de garantizar los principios constitucionales a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, el mecanismo de la tutela contra providencias judiciales sólo procede de forma excepcional y, en su ejercicio y trámite, la función del juez de tutela es la protección de los derechos fundamentales que se han visto vulnerados con una providencia judicial.
2.3.2.- Esta Corporación a través de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) acogió y reiteró la postura ya fijada por la Corte Constitucional en la sentencia referida, dejando claro que con la acción constitucional de tutela contra providencias judiciales no se vulneraba ni la autonomía e independencia judicial, ni el principio del Juez natural, pues dicho mecanismo no se constituía en una “instancia adicional” y su ejercicio tampoco daba lugar a que el juez de tutela se convirtiera “en el intérprete máximo de la legalidad ni [puede] suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia”.
2.3.3.- De esta forma, se entiende que conforme con los postulados fijados por la Corte Constitucional y posteriormente acogidos por la Sala Plena de esta Corporación, la acción de tutela procede de forma excepcionalísima en contra de las providencias judiciales siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos genéricos y específicos de procedibilidad.
2.3.4.- La Corte Constitucional señaló, en la referida sentencia, como requisitos generales de procedibilidad, los siguientes: (i) existir evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se evidencie que tiene un efecto decisivo o determinante en la o las providencias objeto de impugnación y que afecta los derechos fundamentales del accionante; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
2.3.5.- Y, como causales específicas de procedencia: que la providencia judicial se encuentre viciada por alguno de los siguientes defectos, a saber: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para emitirlo; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, que se estructura cuando la autoridad judicial adopta su decisión con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño determinó la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente, que se estructura cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, que se configura cuando la autoridad judicial adopta una decisión que va en contra de las disposiciones constitucionales.
2.3.6.-Finalmente, se precisa que, según la jurisprudencia señalada, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra condicionada a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos generales de procedibilidad y por lo menos uno de los defectos o vicios específicos.
A continuación, la Sala verificará si, en el caso concreto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y de resultar que, en efecto los mismos se acreditan, abordará el estudio de la causal específica de procedencia denunciada.
2.4.- Revisión acerca del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
(i).- La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial accionada al proferir la decisión del 20 de septiembre de 2018 incurrió en el defecto denunciado al negar las pretensiones de reliquidación de la pensión de jubilación del actor, en su calidad de empelado público beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios, lo que, de ser cierto, trasgredería en grado sumo los derechos fundamentales cuyo amparo reclama.
(ii).- También acredita el requisito de subsidiariedad, pues contra la sentencia objeto de impugnación, esto es, la proferida en segunda instancia el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no procede algún medio ordinario o extraordinario de impugnación.
(iii). - Igualmente satisface el requisito de inmediatez, pues la decisión objeto de impugnación es del 20 de septiembre de 2018 y la solicitud de amparo constitucional se presentó el 22 de marzo de 2019, es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que se avista razonable.
(iv). - De la misma forma, la accionante indicó de manera clara los hechos en los que fundamentó la solicitud de amparo constitucional y los cargos en los que ésta se sustentaba.
(v).- Por último, las decisiones controvertidas no son un fallo de tutela.
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales o que garantizan la viabilidad procesal del amparo, para su procedencia se requiere corroborar el cumplimiento del defecto o vicio de carácter específico alegado, análisis que se realizará a continuación.
2.5.-Causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
2.5.1.- Defecto por desconocimiento del precedente judicial
Ya en anteriores oportunidades la Corte Constitucional ha señalado que el precedente judicial es “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
Con otras palabras, el precedente judicial o el derecho al precedente es todo aquel pronunciamiento previo, emitido por un funcionario judicial al resolver un determinado asunto, que debe ser tenido en cuenta o al cual debe sujetarse otro operador judicial cuando se le presente un nuevo asunto que guarde similitud fáctica y jurídica con el anterior.
Así las cosas, el precedente judicial se constituye en una verdadera fuente de derecho, entendida como “aquella noción clasificatoria que identifica ciertos hechos o actos dotados de autoridad suficiente como para ser considerados legítimos productores de “derecho” (esto es, como creadores de enunciados normativos) aceptados por una comunidad jurídica”.
Ahora bien, según lo disponen los artículos 237 y 241 de la Constitución, tanto al Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, cómo a la Corte Constitucional, encargada de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, les corresponde unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, con el objeto de que sus diferentes pronunciamientos sean de carácter vinculante.
Es de precisar en este punto que el precedente judicial puede ser vertical u horizontal, entendiendo por vertical, aquel que proviene de un funcionario judicial de superior jerarquía, perteneciente a un organismo o corporación de cierre y al cual deben sujetarse los demás jueces de la estructura institucional; y por horizontal al que debe sujetarse el mismo “juez o Corporación que lo generó, o por otro de igual jerarquía funcional”.
El carácter vinculante del precedente judicial no sólo se constituye en una garantía de los principios constitucionales a la buena fe y a la seguridad jurídica, sino también en un instrumento de protección del derecho fundamental a la igualdad de las personas que acuden a la administración de justicia.
La Corte Constitucional ha considerado que el desconocimiento del precedente judicial, como requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configura ante el desconocimiento del precedente vertical y horizontal
Sin embargo, esta Corporación en cita de la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el respeto por el precedente jurisprudencial no puede ser entendido de manera absoluta, motivo por el que ha admitido la separación del mismo siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:
(i) Hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares.
(ii) Exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
2.6.- Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales a tener en cuenta
Mediante la sentencia C-258 de 2013 la Corte Constitucional al resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada contra las expresiones “durante el último año y por todo concepto” “y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” contenidas en el inciso 1º del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y “por todo concepto”, prevista en su parágrafo, declaró la inexequibilidad de la primera de ellas y la exequibilidad de las demás, condicionado a que se entendiera que las reglas sobre el ingreso base para liquidar las pensiones de congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios, beneficiarios del régimen de transición, serían las contenidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, consideró que teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición, se debía seguir la regla general según la cual, la pensión debe liquidarse tal y como disponen los artículos 21 y 36 inciso tercero de la Ley 100 de 1993, es decir, según el promedio de los aportes cotizados durante los últimos 10 años de prestación de servicios.
Al respecto precisó:
“La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100 de 1993”. (Subrayado fuera de texto).
Dicha posición fue reiterada mediante la sentencia SU-230 de 2015 , en la que señaló:
“Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”.
Acto seguido, esa misma Corporación a través de la sentencia T-615 de 2016 precisó las circunstancias en las cuales el referido precedente relacionado con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación resultaba aplicable o no, así:
“Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.
Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.
En el caso concreto, el derecho pensional se causó antes de la expedición de la sentencia C-258 de 2013, por tal razón las normas y jurisprudencia utilizadas por las autoridades judiciales accionadas para ordenar la reliquidación pensional eran las que se encontraban vigentes antes de la referida sentencia”. (Subrayado fuera de texto)
No obstante lo anterior, mediante el auto No. 229 del 10 de mayo de 2017 declaró la nulidad de la referida decisión, por cuanto consideró que el fallo objeto de la decisión no tuvo en cuenta el precedente judicial contenido en las sentencias C-258 2013 y SU-230 de 2015.
Finalmente, mediante la sentencia SU – 395 de 2017, sostuvo:
“Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.
8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.
8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn173" \o "" (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn174" \o "" . Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo”. (Subrayado fuera de texto).
Igualmente, en aquella oportunidad se refirió a las consideraciones expuestas en las sentencias T-078 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017 en donde se dejó claro que el modo de promediar la base de liquidación no podía ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición sólo comprende los conceptos de edad, monto y semanas cotizadas y excluye el IBL.
2.7.- Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales a tener en cuenta
En una primera etapa, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 señaló que las pensiones de jubilación de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985, debían liquidarse con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios:
“De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. (Subrayado fuera de texto)
Posteriormente, mediante la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de febrero de 2016 esta consideró que la postura fijada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-258 de 2013 sólo resultaba aplicable a las pensiones de jubilación de congresistas, magistrados de altas cortes y otros y otros funcionarios de altos cargos y no se extendía a la generalidad de las personas beneficiarias del régimen de transición.
Sin embargo, la Sección Quinta a través de la sentencia del 15 de diciembre de 2015 dejó sin efectos la decisión anotada, motivo por el cual la Sección Segunda en sentencia del 09 de febrero de 2017 señaló que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación del principio de inescendibilidad normativa.
Finalmente, la Sala Plena en sentencia de unificación del 28 de agosto 2018 aclaró que el Ingreso Base de Liquidación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hacía parte del régimen de transición frente aquellas personas que adquirieran su condición de pensionado con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo exigidos en la Ley 33 de 1985.
Para el efecto, se fijaron dos subreglas, la primera de ellas consiste en el período que debe tenerse en cuenta al liquidar la pensión y, la segunda, en los factores que deben incluirse en el Ingreso Base de Liquidación para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición.
Específicamente, en lo que tiene que ver con el período computable en la liquidación pensional se dijo que:
(i) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el Ingreso Base de Liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación que expida el DANE.
(ii) Si faltare más de diez (10) años, el Ingreso Base de Liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Y en lo concerniente a los factores salariales se advirtió que únicamente deberán incluirse en la liquidación pensional aquellos sobre los cuales el interesado haya efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.
De esta forma, se entiende que actualmente ambas Cortes coinciden en señalar que en el ingreso base para liquidar las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición, sólo se deben tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales el interesado realizó los respectivos aportes o cotizaciones.
2.8.- Solución del caso concreto
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que, sobre el salario base de liquidación, se presentan diferentes criterios expuestos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, lo que implica que los órganos judiciales, en ejercicio de su autonomía, puedan adoptar el criterio que se ajuste a las circunstancias fácticas de cada caso.
Revisada la providencia que ahora es objeto de impugnación, esto es, la proferida el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, observa la Sala que dicha autoridad judicial adoptó su decisión con fundamento en el criterio judicial fijado por la Corte Constitucional respecto de los factores salariales a tener en cuenta al liquidar las pensiones de jubilación de empleados públicos amparados por el régimen de transición, que posteriormente fue acogido por la Sala Plena de esta Corporación.
En efecto, para adoptar su decisión la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló:
“(…) [L]a sentencia SU-395 de 22 de junio de 2017 impuso a la Sala la necesidad de rectificar la posición jurisprudencial porque a diferencia de los casos anteriores, en este asunto se abordó específicamente la solicitud de reliquidación pensional de empelados públicos sujetos tanto al régimen de transición general como de los especiales, existiendo así, una identidad fáctica con el asunto que hoy se ventila. Adicionalmente, la providencia no moduló sus efectos en el tiempo y revocó sentencias ordinarias proferidas en los años 2010 y 2011, cuyos derechos pensionales se consolidaron con anterioridad al 29 de abril de 2015.
Esta postura, que adoptó la Sala mayoritaria de esta Subsección desde el 8 de marzo de 2018, se encuentra acorde con la reciente sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que, como se vio, se determinó que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 solo permite a sus beneficiarios la aplicación del régimen pensional al que venían afiliados antes de su expedición en los aspectos de edad, tiempo de servicios y monto, más no frente al ingreso base de liquidación ni a los factores salariales que lo integran, pues en estos aspectos su pensión se rige por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta el carácter vinculante y obligatorio de los precedentes fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como el efecto restrospectivo que el propio tribunal de lo contencioso administrativo fijó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, ratifica la Sala su postura según la cual, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993(…)”.
2.8.1.- Conclusión
Así las cosas, para la Sala es claro que, contrario a lo que afirma el ahora accionante, para adoptar su decisión, la autoridad judicial no sólo tuvo en cuenta las normas aplicables al asunto, sino también los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional y acogidos por la Sala Plena de esta Corporación sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición y los factores a incluir, a partir de los cuales concluyó que no resultaba procedente ordenar la liquidación de la pensión del señor Gustavo Eduardo Castro Ramos con el promedio del 75% de lo devengado en el último año de prestación de servicios, ni con la inclusión de los factores salariales respecto de los cuales no efectuó aportes. Así, avaló el hecho de que su pensión fue reconocida con el 75% de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, con la inclusión sólo de los factores respecto de los cuales realizó cotizaciones.
Por otro lado, de los argumentos expuestos por el tutelante en la solicitud de amparo constitucional, encuentra la Sala que lo realmente pretendido por este no es la protección de sus derechos fundamentales, sino cuestionar la legalidad de la providencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y revivir el análisis probatorio y jurídico efectuado por dicha autoridad judicial para adoptar su decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001-33-35-008-2016-00475-01, para así obtener un fallo favorable a sus pedimentos, lo cual resulta del todo improcedente en sede de acción de tutela.
Con otras palabras, no resulta de recibo que por medio de la acción de tutela se busque revivir el análisis jurídico y probatorio efectuado por el juez de segunda instancia dentro del proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, para así obtener un incremento en el monto de la mesada pensional vitalicia que ya le fue reconocida.
En conclusión, con la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante y dicha autoridad judicial tampoco incurrió en el alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial relativo al Ingreso Base de Liquidación y a los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de los empleados públicos amparados por el régimen de transición.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a negar el amparo constitucional solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional presentada por Gustavo Eduardo Castro Ramos contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991, siempre que la presente providencia no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
(Ausente con excusa)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente
Folios 1 a 45 del C. Principal.
Folio 1 del C. Principal.
Folios 1 a 45 del C. Principal.
Folio 44 del C. Principal. Folio 46 del C. 2 en préstamo, según copia de su Cédula de Ciudadanía. Folio 9 del C. 2 en préstamo. Folios 2 a 4 del C. en préstamo, información contenida en la Resolución No. PAP025723 del 16 de noviembre de 2010. Folios 21 a 24 del C. en préstamo, copia de la Resolución No. 143 del 30 de junio de 2015. Folios 9 a 11 del C. en préstamo. Folios 12 a 14 del C. en préstamo. Folios 15 a 18 del C. en préstamo. Folios 19 a 21 del C. en préstamo. Folios 23 a 27 del C. en préstamo. Folios 37 a 53 del C. 1 en préstamo. Folios 2 a 4 del C. 1 en préstamo. Folios 116 a 120 del C. 1 en préstamo. Folios 122 a 124 del C.1 en préstamo. Folios 126 a 129 del C.1 en préstamo. Folios 163 a 172 del C. 1 en préstamo. Folio 65 del C. Principal. Folios 66 a 71 del C. Principal. Folios 72 y 73 del C Principal. Folios 76 y 77 del C. Principal. Folios 79 a 97 del C. Principal.
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, referente a las Reglas de Reparto de las Acciones de Tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
“Su competencia está orientada a proteger los derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia judicial adicional. Por ello, es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional.
(…)
En ese sentido, se reitera, la acción de tutela no puede ser usada como un mecanismo judicial que desplace al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. El juez de tutela no es, ni puede convertirse en el intérprete máximo de la legalidad, ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Mucho menos, apropiarse de las jurisdicciones ordinarias y de lo contencioso administrativo ni puede remediar la negligencia de alguna de las partes procesales.” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014.
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, ver en el mismo sentido la Sentencia C- 104 de 1993, SU- 047 de 1999 y T-292 de 2006, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 4 de septiembre de 2017, Expediente: 2009-00294 acumulado con 2010- 00322. Corte Constitucional, Sentencia T- 148 de 2011. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC)
Corte Constitucional. Sentencia T -446 de 2013
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC)
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”.
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. (…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 de 29 de abril de 2015
Corte Constitucional. Sentencia T – 615 de 9 de noviembre de 2016
Corte Constitucional SU – 395 de 22 de junio de 2017
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Exp. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Exp. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2016. Exp. 1001-03-15-000-2016-01334-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 09 de febrero de 2017. Rad. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143 - 01
Folio 170 del C. en préstamo.
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