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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01214-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01214-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo respecto de los defectos analizados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER el original del proceso objeto de la presente acción de tutela al Juzgado de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01214-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

24 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL – No se configuran / PROCESO DISCIPLINARIO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

Se concluye entonces, que el sustento del recurso de apelación de la accionante, no atiende el principio de congruencia cuando pide inaplicar la Ley 1123 de 2007, por cuanto: la tutelante aceptó ser juzgada bajo sus parámetros, reconoció el carácter disciplinario y reglado sobre la conducta de los abogados, permitió que el proceso avanzara sin realizar reparo alguno en ese sentido en la primera instancia, el juez disciplinario no se apartó de la norma procesal, al contrario, la aplicó en integridad y tampoco incurrió en un exceso ritual manifiesto. Por estas razones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no incurrió en el defecto procedimental invocado por la actora. (…) En cuanto al defecto sustantivo, se advierte que la prescripción de la acción disciplinaria definida en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, se contabiliza a partir del último evento o acto procesal con el que contó la abogada para gestionar o impulsar el trámite ejecutivo, que para el caso, se computó desde el 18 de octubre de 2013, ya que, hasta ese día tenía oportunidad de recurrir el auto que declaró el desistimiento, notificado por estado el 15 de octubre siguiente, (…) Así las cosas, no le asiste razón a la tutelante, al entender que la prescripción se cuenta desde su última actuación (6 de noviembre de 2009), y no de la del Juzgado (15 de octubre de 2013), como ya se explicó.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - AR´TICULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01214-00(AC)

Actor: ANA LILIANA OLAVE GUTIERREZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA SECCIONAL SANTANDER

La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por la señora Ana Liliana Olave Gutiérrez contra las sentencias de 17 de noviembre de 2017 y 15 de agosto de 2018, dictadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en su orden.

I – ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ANA LILIANA OLAVE GUTIERREZ promovió acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, y el principio de primacía del derecho sustancial que consideró vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en virtud del proceso disciplinario que se inició en su contra mediante queja presentada por quien fue su poderdante.

I.2.- Hechos

De la lectura del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Que el señor JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CORREDOR le otorgó poder en su calidad de abogada, para representarlo como demandante en el proceso ejecutivo de mínima cuantía (2008-403), para obtener el pago de $4.000.000 contenido en el título valor (letra de cambio), que le adeudaban los señores Hernando Mendoza e Isidoro Corredor Serrano.

Que la demanda ejecutiva la instauró el 26 de abril de 2008 y le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, el cual el 16 de mayo de 2008 ordenó citar a Rosa María Mendoza, Eder Fabián Corredor Mendoza y María José Corredor Mendoza, en su condición de herederos determinados del causante Isidoro Corredor Serrano, con el fin de notificarles de la existencia del crédito.

Que en desarrollo del trámite ejecutivo los herederos determinados del causante Isidoro Corredor Serrano presentaron una denuncia por usura contra el señor JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CORREDOR, razón por la cual, éste, de forma verbal, le expresó, según dicho de la tutelante, que “[…] dejaran el proceso así […]”.
Que el trámite ejecutivo fue enviado, por competencia, y ante la creación de despachos en ese municipio, al Juzgado Promiscuo Municipal de Girón, el cual el 10 de octubre de 2013 decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Que el demandante en el proceso ejecutivo promovió queja disciplinaria contra la tutelante, decidida el 17 de noviembre de 2017, por el Consejo Seccional de Santander en el sentido de sancionar con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses.

Apelada esta decisión, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción impuesta mediante fallo del 15 de agosto de 2018.

A juicio de la tutelante, la sanción impuesta se sustentó en una Ley ordinaria, la 1123 de 2007, la que desconoció el artículo 152 de la Constitución Política, en cuanto facultó que a través de leyes estatutarias se regulen los derechos fundamentales.

Como razones de violación, indicó que, en la medida en que la sanción no se fundó en una Ley Estatutaria, sus garantías superiores fueron restringidas. Aseguró que este argumento fue alegado en el recurso de apelación, como excepción de inconstitucionalidad, sin que el Consejo Superior en la providencia de 15 de agosto de 2018, se haya pronunciado al respecto. También invocó la prescripción de la acción disciplinaria, porque asegura que su conteo debe contabilizarse desde la última actuación que adelantó.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó en su escrito de tutela el amparo de sus derechos fundamentales, materializado en que:

“[…] se decrete LA NULIDAD de las sentencias, […] emitida[s] el […] 17 de noviembre de 2017, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, [y el 15 de agosto] de 2018, que confirmó la decisión judicial de primera instancia en el proceso disciplinario promovido por el señor JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CORREDOR, contra la suscrita ANA LILIANA OLAVE GUTIERREZ […]

TERCERO: Como consecuencia de la NULIDAD DECRETADA […] ORDÉNESE al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria […], para que […] emita una nueva providencia (RESOLVIENDO EL RECURSO DE APELACIÓN) […] ya que existe […] prescripción de la acción disciplinaria y como consecuencia deberá archivarse la investigación […]”.

I.4. Defensa

El Consejo Superior, rindió informe sobre los hechos de la tutela y señaló que las pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar “[…] por cuanto la decisión adoptada por esta Superioridad, es producto de un análisis riguroso de los presupuestos de hecho y de derecho […]”, así como de los elementos de juicio obrantes en el expediente, que lo llevaron a concluir con grado de certeza, la responsabilidad disciplinaria de la encausada y “[…] que por lo tanto se hacía merecedora a la correspondiente sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión […]”.

Adujo que en la sentencia objeto de censura, se refirió a la prescripción de la acción disciplinaria alegada por la actora, en el sentido de que ésta se cuenta “[…] a partir del último evento o acto procesal con el que cont[ó] la abogada para dar impulso o efectuar actuaciones al interior del proceso […]”.

Que la disciplinada contaba con tres días para incoar el recurso de apelación contra el auto de 10 de octubre de 2013 que declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, notificado por estado el 15 de octubre siguiente, es decir, que la fecha que se tomó como punto de partida para contabilizar los 5 años para ejecutar la acción disciplinaria, es desde el 18 de octubre de ese año, día en que cobró firmeza el auto interlocutorio que decretó dicho desistimiento.

Agregó que, si bien, la accionante cuestionó el trámite legislativo de creación de la Ley 1123 de 2007, no “[…] aterriz[ó] su inconformidad a una norma en específico, que permita su confrontación con la presunta norma constitucional incompatible […]”.

Por lo anterior, solicitó que la presente acción constitucional sea negada o declarada improcedente.

El señor JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CORREDOR, allegó informe mediante apoderado, en el que deprecó la improcedencia de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9].

Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" \o "" [11].
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

Cuestión previa

Conviene aclarar que en este asunto las decisiones que se cuestionan se dictaron se el proceso judicial disciplinario adelantado en contra de la tutelante y cuyo procedimiento se encuentra regulado por la Ley 1123 de 2007.

Esta precisión con el fin de examinar a continuación los requisitos generales de procedibilidad, desde la óptica que los procesos disciplinarios seguidos contra los abogados en ejercicio y que están asignados a una jurisdicción especial para administrar justicia, que fue creada por la Constitución Política y se radicó en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.
Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la tutela plantea, con suficiente carga argumentativa, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a la administración de justicia y al principio de primacía del derecho sustancial, con ocasión de los defectos (i) sustantivo y (ii) procedimental, el primero por la prescripción de la acción disciplinaria y el segundo por la ausencia en la motivación de la sentencia de segunda instancia, al no pronunciarse acerca de la excepción de inconstitucionalidad, que en criterio de la actora, incurrieron los Jueces disciplinarios accionados.

En cuanto a los demás requisitos generales, se tiene que la providencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue notificada mediante telegrama el 24 de septiembre de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 22 de marzo de 2019, es decir, en un plazo razonable, que en su contra no proceden recursos adicionales en los términos del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Por consiguiente, corresponderá a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: Si las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura, incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental, al sancionar disciplinariamente a la tutelante con base en lo preceptuado en la Ley 1123 de 2007, sin tener en cuenta la prescripción de la acción y al no pronunciarse el operador judicial de segunda instancia sobre la excepción de inconstitucionalidad que propuso la actora en el recurso de apelación.

En el caso objeto de estudio, se advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 17 de noviembre de 2017 y 15 de agosto de 2018, proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y por el Consejo Superior de la Judicatura, en su orden, dentro del proceso disciplinario, a través de las cuales se le sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses; sin embargo, esta Sala centrará su estudio en el último fallo, toda vez que fue el que le puso fin al proceso y frente al cual recaba la presunta violación a sus derechos fundamentales. La sentencia cuestionada al respecto señaló:

“[…] Frente a las alegaciones de la recurrente, debe advertir la sala, que la acción disciplinaria por la que se sancionó a la abogada encartada, contrario sensu a lo que reclama la misma, no se encontraba prescrita. Pues se está interpretando de manera errónea lo establecido por el legislador, a señalar que la prescripción de la acción se cuenta a partir del último acto ejecutado por la encartada, pues la interpretación correcta que de allí se desprende, indica que la prescripción de conductas como la que es materia de reproche, se cuenta a partir del último evento o acto procesal con el que cont[ó] la abogada, para dar impulso o efectuar actuaciones al interior del proceso.

En ese caso tenemos que el día 10 de octubre del año 2013, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de San Juan de Girón, declaró el desistimiento tácito del proceso ejecutivo, mediante auto interlocutorio que pudo ser materia de recurso de apelación y que conforme a lo que se evidencia al interior del expediente no se hizo- se omitió-.
Como termino para efectuar el mismo, conto la apoderada con tres días contados a partir de la notificación del mismo, que según obra en autos se efectuó mediante estados el día 15 de octubre del 2013, quiere decir esto que la disciplinada, conforme lo establece el código general del proceso, en su artículo 317, literal E contaba con recurso de apelación, contra esta declaratoria de desistimiento tácito; en consecuencia y tal como lo dispone el artículo 322 inciso 2º Ibidem, la disciplinada contaba con tres días, para incoar el referido recurso, de ahí que tuvo el día miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2013, para recurrir el auto interlocutorio que decret[ó] el desistimiento, antes que el mismo quedara en firme.

Lo anterior indica que la fecha prevista para que opere la prescripción de la acción disciplinaria para el presente asunto, es el día 18 de octubre del año actual y no como lo manifest[ó] la abogada Ana Liliana Olave, lo era el 6 de noviembre del año 2009. Pues la última oportunidad procesal con la que conto la abogada encartada para actuar al interior del proceso ejecutivo y que se omitió efectuar, se dio el 18 de octubre de 2013, fecha límite para la interposición del recurso que procedía en contra del auto que decretaba el desistimiento tácito. Aclara la sala entonces que esa es la fecha que se toma como punto de partida, para contar los 5 años con que cuenta esta agencia judicial como temporalidad dentro de la cual debe ejecutar la acción disciplinaria de cara el fenómeno jurídico de la prescripción.

De otro lado y en cuanto a la sanción impuesta a la abogada, considera el despacho que dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, es una medida que se ofrece proporcional al comportamiento examinado, si en cuenta se tiene que con ello se afecta, de un lado, la confianza de los usuarios de la justicia, quienes esperan de los abogado[s] actuar en forma diligente dentro de las gestiones encomendadas, y de otro, el desgaste de la administración de justicia quien tuvo que conocer de un asunto que pudo ser objeto de retiro, o de simple renuncia del apoderado; y que seguramente pueda llegar a ser materia de una nueva demanda, cuando ya se había iniciado un trámite similar por los mismos hechos.

Las anteriores razones, contenidas en las normas previstas en la Ley 1123 de 2007, en la Doctrina Constitucional y en la Jurisprudencia de esta Corporación son suficientes para concluir que la Sala confirmará la decisión apelada mediante la cual la abogada ANA LILIANA OLAVE GUTIÉRREZ fue sancionada por la inobservancia a los deberes de diligencia y cuidado, constitutivos de falta disciplinaria, acorde a lo previsto en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. En tal sentido, la Sala no encuentra reparo en cuanto a la regla aplicada por el Seccional de Instancia para deducir la indiligencia en cabeza de la abogada […]”.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, de primacía del derecho sustancial y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, al sancionarla de forma disciplinaria, sin tener en cuenta la prescripción de la acción y al no pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad, propuestas en el recurso de apelación dentro del trámite disciplinario.

Sobre el defecto procedimental alegado por la actora

En lo concerniente al defecto procedimental, sustentado en que el Consejo Superior de la Judicatura no se pronunció en su sentencia de 15 de agosto de 2018, sobre la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 1123 de 2007, propuesta en el recurso de apelación, en el cual la accionante cuestiona la creación de dicha normativa, con el argumento de que el legislador debió darle el tratamiento de una Ley estatutaria y no, de una Ley ordinaria, es preciso transcribir lo pertinente:

“[…] se me impuso una sanción disciplinaria, consistente en la SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, […]

Se encontraba vigente la ley 1123 de 2007, que corresponde al Código Disciplinario del Abogado, y que empezó a regir a partir del día 22 de mayo de 2007 […]

La ley 1123 de 2007, no se podría imponer la sanción de suspensión, porque la sanción está afectando el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, y que por tratarse que son derechos fundamentales solo podría ser regulados por leyes estatutarias, en tal sentido, se debería inaplicar la norma que impone la sanción con fundamento en la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, es decir prevalecen las disposiciones constitucionales por encima de las disposiciones legales […]”.

De la anterior transcripción se colige, que en la motivación del recurso de apelación la misma actora reconoció que el proceso disciplinario se llevó a cabo con base en lo preceptuado en la Ley 1123 de 2007. En esa medida, resulta incongruente que, una vez sancionada, proponga la excepción de inconstitucionalidad de la Ley, bajo la cual se tramitó el proceso sancionatorio.

Además, esta alegación resulta contraria al principio de congruencia en la medida en que la tutelante sustenta la apelación en el proceso disciplinario bajo dos ópticas excluyentes, al pretender de una parte, que el operador judicial de segunda instancia inaplicara la Ley 1123 de 2007 por su creación ordinaria, y de otra, aceptar que el trámite disciplinario se rige por esta norma y permitir que avanzara, bajo esta convicción, en las etapas surtidas en la primera instancia.

También observa la Sala que la constitucionalidad de la Ley 1123 de 2007 ya fue objeto de control por la Corte, y al respecto se han expedidos las siguientes sentencias, entre ellas:

a) En la sentencia C-884 de 2007, que refirió que la Ley 1123 de 2007 regula el proceso disciplinario y sus respectivas sanciones, así:

“[…] Al respecto la Corte reitera su jurisprudencia, reseñada en aparte anterior (supra 5.5), en el sentido que el legislador goza de potestad para configurar las faltas y sanciones disciplinarias a aplicar, pero así mismo enfatiza que esa configuración debe estar acorde con el principio de legalidad, de tal manera que el juez disciplinario y los destinatarios de la norma conozcan con claridad las conductas disciplinables y las sanciones que puedan acarrear.

El precepto acusado incorpora una decisión legislativa que, en principio, se encuentra amparada por la cláusula general de competencia del legislador ejercida en el ámbito sancionatorio. Advierte la Corte que si bien la medida examinada no se traduce en una renuncia del legislador a su potestad regulatoria, sí permite un margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el sentido que la faculta para definir si impone la multa como sanción autónoma, o como concurrente. Este margen de discrecionalidad debe ser administrado por la autoridad disciplinaria de manera muy cuidadosa, tomando en cuenta para ello los criterios objetivos que la propia ley le señala como orientadores del proceso de individualización de la sanción. Especial relevancia cobran para el efecto los criterios generales, los de atenuación y agravación de la sanción previstos en el artículo 45 del estatuto […]”.

b) Por su parte, la sentencia C-290 de 2008 continuó diciendo que el control disciplinario se establece a través de la Ley 1123 de 2007, así:

“[…] Al respecto observa la Corte que uno de los fines primordiales que se atribuye a la función de inspección y vigilancia de la profesión de abogado, a través del control disciplinario, es el de procurar que el ejercicio de esta profesión sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

9.2.3. Como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación el interés público está inmerso en el control disciplinario que se ejerce sobre la profesión de abogado, dada la relevancia social que adquiere esta profesión vinculada a la búsqueda de un orden justo, al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es considerado como un vínculo necesario para que quienes demandan justicia accedan a ella.

Estas características e imperativos que condicionan el ejercicio de la profesión de abogado adquieren mayor relevancia y deber de sujeción cuando se actúa en representación de los intereses estatales o se interactúa como abogado en situaciones en la que están involucrados tales intereses estatales. El quebrantamiento a los postulados éticos, a los dictados de diligencia y probidad en el quehacer profesional en perjuicio de los intereses colectivos genera un mayor grado de reproche, en cuanto el interés público queda subordinado a intereses particulares. Ello justifica un mayor rigor en la respuesta correctiva […]”. (Subrayado fuera de texto).

De igual forma, la Sección Primera del Consejo de Estado, al fallar un caso similar como el que ahora nos ocupa, adoptó una postura acorde con los postulados de la Ley 1123 de 2007, sin reparar en el carácter reglado sobre la conducta de los abogados y de creación de la misma:

“[…] De los apartes transcritos de las providencias objeto de tutela, se evidencia que las autoridades judiciales accionadas consideraron que, teniendo en cuenta “La trascendencia social de la conducta” del señor ROVIRIO DE JESÚS ALZATE SALDARRIAGA y que la misma se cometió a título de dolo, no era posible aplicársele la sanción de censura, así el actor hubiera resarcido el daño y careciera de antecedentes habida cuenta que resultó evidente la intención de apropiarse ilegalmente de los derechos sucesorales que le correspondían al señor JUAN ESTEBAN GALLEGO PIMIENTA, por lo que tal actuar fraudulento no solo generó un impacto negativo en los intereses del quejoso sino en la imagen que de la profesión de la abogacía se percibe en el colectivo.

Lo anterior pone de manifiesto que, contrario a lo expuesto por el actor en el escrito de tutela, las providencias objeto de debate sí dieron correcta aplicación a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en lo que respecta a la atenuación de la sanción, debido a que, teniendo en cuenta las particularidades del asunto y el reproche de la conducta cometida por el actor, no era posible aplicársele la sanción de censura.

Tal criterio se acompasa con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1123 de 2007, que prevé:

“[…] ARTÍCULO 46. MOTIVACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN SANCIONATORIA. Toda sentencia deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.

En virtud de lo anterior, resulta evidente para la Sala que las providencias objeto de tutela sí motivaron la sanción impuesta al actor, por lo que tampoco es de recibo la inconformidad planteada referente a que la autoridad de segunda instancia hizo caso omiso al punto central de la apelación, esto es, a la dosificación de la sanción, por cuanto de lo trascrito anteriormente se constata que sí analizó la sanción bajo el criterio de razonabilidad, -principio este entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena-, lo cual justifica la sanción disciplinaria impuesta.

Es por lo anterior que la Sala considera que las providencias acusadas no incurrieron en el defecto alegado y el hecho que la decisión de dichas autoridades judiciales no fuese la que esperaba el actor, ello no implica la vulneración de los derechos fundamentales ni la ocurrencia de algunos de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por el contrario, se debió a la autonomía de la que gozan los jueces de instancia para proferir sus fallos. […]”. (Resaltado fuera de texto).

En esa línea jurisprudencial, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 26 de marzo de 2019, Consejero Ponente, doctor Oswaldo Giraldo López, al analizar un caso similar, estableció que:

“[…] De acuerdo con lo anterior, para la Sala las consideraciones expuestas por el accionante no configuran el pretendido defecto sustantivo, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura explicó las razones por las cuales no operó la prescripción de la acción y por qué la conducta del profesional del derecho investigado se adecuaba al tipo descrito disciplinariamente. […]”. (Negrilla fuera de texto).

Los acápites jurisprudenciales transcritos, se trajeron a colación con el fin de explicar que las Corporaciones de cierre en las jurisdicciones Contenciosa Administrativa y Constitucional, al resolver sentencias relacionadas con el trámite del proceso disciplinario, la creación y aplicación de la Ley 1123 de 2007, no han desconocido la aplicabilidad y pertinencia de dicha regulación frente a la conducta de los abogados, sin hallar reparo en la creación de la Ley, comoquiera que la intención del legislador fue prever las distintas conductas en las que pueda incurrir el profesional del derecho.

Sumado a todo lo anterior, no puede perderse de vista que la alegación traída a discusión en el trámite de apelación desconoce que la excepción planteada pierde eficacia cuando la Corte se pronuncia sobre la exequibilidad de un precepto, y supone que en ese análisis se examine la clase de ley que se profirió. Al respecto la sentencia T - 103 de 2010, precisó:

“[…] La excepción de inconstitucionalidad surge como el mecanismo judicial viable para inaplicar ese precepto a un caso particular, en virtud, justamente, de la especificidad de las condiciones de ese preciso asunto. Por el contrario, de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado. […]”

Así las cosas, en relación con la constitucionalidad de la ley frente a la cual se pidió la inaplicación, la Sala concluye que la Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad de varios apartados de la misma, examinó sobre su naturaleza ordinaria, lo que implica que ni el operador judicial ordinario ni el juez de tutela estén autorizados para pronunciarse sobre lo ya decidido por el órgano de control constitucional, como lo destaca el aparte transcrito.

Se concluye entonces, que el sustento del recurso de apelación de la accionante, no atiende el principio de congruencia cuando pide inaplicar la Ley 1123 de 2007, por cuanto: i) la tutelante aceptó ser juzgada bajo sus parámetros, reconoció el carácter disciplinario y reglado sobre la conducta de los abogados, ii) permitió que el proceso avanzara sin realizar reparo alguno en ese sentido en la primera instancia, iii) el juez disciplinario no se apartó de la norma procesal, al contrario, la aplicó en integridad y iv) tampoco incurrió en un exceso ritual manifiesto.

Por estas razones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no incurrió en el defecto procedimental invocado por la actora.

Sobre el defecto sustantivo

En cuanto al defecto sustantivo, se advierte que la prescripción de la acción disciplinaria definida en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, se contabiliza a partir del último evento o acto procesal con el que contó la abogada para gestionar o impulsar el trámite ejecutivo, que para el caso, se computó desde el 18 de octubre de 2013, ya que, hasta ese día tenía oportunidad de recurrir el auto que declaró el desistimiento, notificado por estado el 15 de octubre siguiente, tal como lo describe el:

“[…] Artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas […]”.

Es decir, que la accionante tenía hasta el 18 de octubre del 2013, inclusive, para manifestar su inconformidad con la declaratoria del desistimiento y demostrar su efectiva diligencia frente a lo encomendado, lo que no ocurrió, y en ese sentido la prescripción no tuvo lugar, toda vez que la queja disciplinaria se instauró el 27 de enero de 2016; y, de no ser así, la prescripción operaría el 18 de octubre de 2018 (5 años después de la ejecutoria del auto en cuestión).

En este orden, no encuentra respaldo el argumento de la tutelante toda vez que lo analizado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura frente a la conducta que le fue reprochada, se predica del momento en el juez calificó en la providencia que declaró la terminación del proceso el resultado del abandono que se le endilgó en su condición de abogada del allí accionante y, en tal sentido, es a partir de la notificación de dicha providencia que se constituyó la conducta omisiva que le reprochó el quejoso, que para el caso operó el 18 de octubre de 2018 (5 años después de la ejecutoria del referido auto), como lo determinó el juez disciplinario.

Así las cosas, no le asiste razón a la tutelante, al entender que la prescripción se cuenta desde su última actuación (6 de noviembre de 2009), y no de la del Juzgado (15 de octubre de 2013), como ya se explicó.

De la lectura de la sentencia acusada de 15 de agosto de 2018 y en la contestación de la demanda se aprecia que el Consejo Superior accionado abordó el argumento del que se valió la accionante al recurrir en el trámite disciplinario, de la siguiente manera:

“[…] De la apelación. Al examinar el recurso de alzada surge vidente que el tema objeto de debate de la apelante se dirige a señalar que la conducta disciplinariamente reprochada por parte de esta Colegiatura se encontraba prescrita, aparentemente desde el día 6 de noviembre de 2009 […]
[…] debe advertir la sala, que la acción disciplinaria por lo que se sancionó a la abogada encartada, contrario sensu a lo que reclama la misma, no se encontraba prescrita. Pues […] la interpretación correcta […] indica que la prescripción de conductas como la que es materia de reproche, se cuenta a partir del último evento o acto procesal con el que contó la abogada, para dar impulso o efectuar actuaciones al interior del proceso […]”

De lo anterior se concluye que en lo que corresponde a este análisis, las sentencias de 17 de noviembre de 2017 y 15 de agosto de 2018, emitidas por las Salas Jurisdiccional Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura, en su orden, no incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental, alegados.

Lo anterior, impone negar el amparo de los derechos fundamentales invocados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo respecto de los defectos analizados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER el original del proceso objeto de la presente acción de tutela al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de mayo de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Quien invocó su condición de abogada y en quien recayó la acción disciplinaria en la que se dictaron los fallos que cuestiona mediante esta solicitud. (fl.1 del expediente).
En adelante el Seccional.
En adelante el Consejo Superior.
En adelante el demandante en el proceso ejecutivo y el quejoso en el trámite disciplinario.
Folio 57.
Hechos sexto y séptimo del escrito de tutela, visto y leído en los folios 5 y 6.
Código Disciplinario del Abogado.
Folio 22.
Folio 148.
Folio 152.
Folio 159.
Folios 177 y 178.
Así lo precisó la sentencia C-328-15 de la Corte Constitucional en los siguientes términos: “[…] 7.1. Tal y como lo ha sostenido esta Corporación, [Se refiere de la Sentencia C-619-12] la Constitución Política de 1991, en los artículos 254 a 257, creó una jurisdicción especial para administrar justicia en materia disciplinaria, dirigida a examinar, juzgar y sancionar las conductas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como también la de los abogados en el ejercicio de su profesión.[…]” M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Aunque se concretó a cuestionar el fallo de segunda instancia, en cuanto confirmó la sanción impuesta al despachar desfavorablemente la alegación sobre la prescripción de la acción disciplinaria y la presunta omisión de pronunciarse sobre una solicitud de inconstitucionalidad planteada.
En virtud del Decreto1983 de 2017, el reparto de tutelas contra esa Corporación se verifica en los siguientes términos: ARTÍCULO  1. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

"ARTÍCULO  2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: […] 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Folios 129.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
“ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.
Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan.
Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes.
Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno. […]"

Cfr. con el expediente ordinario, visto en el folio 18 del Cuaderno 2.
Ibídem.
Acápites del recurso de apelación presentado por la accionante Ana Liliana Olave Gutiérrez; visto y leído en los folios 118 al 127 del expediente disciplinario.
Corte Constitucional, C-884 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-290 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-379 de 2008 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, en esta sentencia se decidió como cosa juzgada, C-540 de 2010 M. P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub, C-819 de 2011 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-031 de 2014 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-328 de 2015 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, esta última decidió “[…] Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, el inciso segundo del artículo 102 y el inciso cuarto del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado” […]”.
Corte Constitucional, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
“Criterios generales: 1. La trascendencia social de la conducta. 2. La modalidad de la conducta. 3. El perjuicio causado. 4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación. 5. Los motivos determinantes del comportamiento”.
“Criterios de atenuación: 1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios”.
“Criterios de agravación: 1. La afectación de Derechos Humanos. 2. La afectación de derechos fundamentales. 3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero. 4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado. 5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. 7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.
Corte Constitucional, sentencia C-290 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) pag. 41.
Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia de 14 de diciembre de 2018, 11001-03-15-000-2018-04039-00 (AC)C. P. Hernando Sánchez Sánchez (E).
Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia 11001-03-15-000-2019-00065-00(AC) de 26 de marzo de 2019, C. P. Oswaldo Giraldo López.

Corte Constitucional. Magistrado Ponente:Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón declaró el desistimiento el 10 de octubre de 2013.
La demandante en su escrito de disenso en el trámite ordinario sostuvo que: “[…] el término de la prescripción de la sanción son de cinco años, que empiezan a contarse a partir del día jueves 6 de noviembre del 2009, como quiera que se cuenta a partir de del [sic] último acto ejecutado por la suscrita y no del hecho o acto de un tercero […]”, visto en el folio 123 del expediente ordinario.
Fecha en que se notificó el auto de 10 de octubre de 2018 por estado, a través del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Girón decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

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