Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01225-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01225-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01225-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
3 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación del precedente jurisprudencial / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL / REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO PROFESIONAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO - Falta de carga argumentativa / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA - Falta de carga argumentativa
[L]a Sala observa que el Tribunal Administrativo de Casanare, aplicó correctamente el precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en donde se dispuso la manera en que se debía realizar el cálculo de la respectiva liquidación de la asignación de retiro. Es decir, que en el presente caso, no se aplicó el 70% al sueldo básico y luego el 35% a esta suma para determinar la prima de antigüedad, sino que por el contrario, la asignación de retiro del señor [V.H.B.], fue liquidada con el 70% del salario mensual, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, más el subsidio familiar. La Sala debe hacer énfasis, en que no basta para invocar el desconocimiento de un precedente judicial, identificar unas reglas jurisprudenciales aplicables al caso, toda vez que el anterior elemento deben analizarse de manera conjunta con la situación fáctica, es decir, con los hechos del caso objeto de análisis. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no desconoció la ratio decidendi plasmada en la sentencia, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018. (…) [De otra parte] si bien la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar dicho cargo, toda vez que no i) planteó en qué etapa procesal, el juez incurrió en una vulneración de sus garantías constitucionales y en ese orden de ideas, argumentar como ii) con el obrar de la autoridad judicial accionada, se haya incurrido en una actuación procesal irregular o arbitraria en el procedimiento llevado a cabo. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01225-00(AC)
Actor: VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto procedimental absoluto/alcance
Violación directa de la Constitución/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la administración de justicia e iii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Víctor Hugo Bohórquez contra el Tribunal Administrativo de Casanare porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 septiembre de 2018, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 septiembre de 2018 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 850013331002-2016-00221-01, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Indicó que ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario, el 1 de junio de 1996 y como soldado profesional, desde el 1 de noviembre de 2003.
4. Adujo que mediante la Resolución núm. 702 de 2 de febrero de 2015, expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, se le reconoció y pagó la respectiva Asignación de Retiro, en donde se dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 1°. Ordenar el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro a favor del señor Soldado Profesional (r) del Ejército VICTOR HUGO BOHORQUEZ (…), a partir del 31 de marzo de 2015, así:
En cuantía del 70% del salario mensual (decreto 2731 de Diciembre 30 de 2014) indicado en el numeral 13.2.1 (salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000).
Adicionado con un treinta y ocho punto cinco (38.5%) de la prima de antigüedad, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y con el 30% del subsidio familiar devengado en actividad de conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1162 de 24 de junio de 2014 […]”.
5. Manifestó que presentó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, el 25 de noviembre de 2015, solicitando que i) se le tuviera como base de su asignación de retiro, un salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 60%, ii) que se le reajustara el porcentaje concedido por concepto de Subsidio Familiar y iii) que dicha reliquidación de la respectiva Asignación, se lleve a cabo en los términos del artículo 16 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004.
6. Señaló que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, mediante Oficio núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015, dio respuesta de manera negativa a su solicitud de petición del 25 de noviembre de 2015.
7. Afirmó que interpuso recurso de reposición y apelación contra el Oficio núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015, el cual fue decidido por medio del Oficio núm. 003443 consecutivo 2016-3444 de 21 de enero de 2016, confirmando en su integridad lo establecido en dicho acto administrativo.
8. Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREML, en la cual solicitó que se declarara la nulidad de los Oficios núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015 y 003443 consecutivo 2016-3444 de 21 de enero de 2016. A título de restablecimiento del derecho solicitó, que se condenara a la entidad demandada a reajustar su asignación de retiro.
Sentencia proferida el 2 de marzo de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 85001-33-33-002-2016-00221-00
9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, mediante sentencia de 2 de marzo de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los Oficios Nos. 0087350 CONSECUTIVO 2015-87350 del 10 de Diciembre de 2015 (por medio del cual se negó el reajuste y/o reliquidación de la asignación de retiro del ex soldado profesional Víctor Hugo Bohórquez), expedido por la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL” y 003443 CONSECUTIVO 2016-3444 del 21 de Enero de 2016 (por medio del cual se resuelve el recurso de reposición y subsidio apelación impetrado en contra del oficio 0087350 CONSECUTIVO 2015-87350 del 10 de Diciembre de 2015), expedido por el Responsable Área de Notificaciones y Recursos Legales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL”, acorde con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL” para que efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la Asignación de Retiro del señor VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ, identificado con C.C No. 9.659.846, a partir del 31 de Marzo de 2015, (fecha en que se hizo efectiva la primera mesada de la Asignación de Retiro , de conformidad con Resolución No. 702 del 2 de Febrero de 2015), acorde con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia y principalmente siguiendo los siguientes parámetros:
a) El salario básico del respectivo año deberá ser incrementado acorde con el inciso final del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000; es decir, aplicando el salario mínimo legal vigente del respectivo año, incrementado en un sesenta por ciento (60%).
b) Deberá dar estricta aplicación a lo normado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en el sentido der aplicar el 70% exclusivamente sobre la sumatoria de las siguientes partidas: el salario mínimo mensual legal vigente del respectiva año, incrementado en un 60%.
Así las cosas, la operación matemática quedará distribuida de la siguiente manera:
Salario básico (equivalente al s.m.m.l.v del respectivo año) incrementado en un 60% (de conformidad con el inciso final del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000);a dicha sumatoria se le debe sacar el 70% (contemplado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004); y a dicha suma se le debe adicionar el 38.5% de la Prima de Antigüedad (dicho porcentaje se debe aplicar para el caso en concreto sobre el 58,5 del monto correspondiente a la Prima de Antigüedad que se encontraba devengando el actor en el servicio) y el Subsidio Familiar ya reconocido por “CREMIL” en la Asignación de Retiro; el resultado de esta última operación será el monto final de la Asignación de Retiro del demandante. Lo anterior, en consonancia con los lineamientos trazados por el Despacho en la parte considerativa de esta providencia.
Se establece así que las sumas que resulten deberán ser indexadas; así mismo, se advierte que se generaran (sic) intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la presente providencia:
Los valores que arrojen las liquidaciones respectivas deberán ser indexadas mes a mes acorde con la fórmula señalada en la parte motiva de este fallo.
TERCERO: ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL”, efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción a cargo del demandante VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ, por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones, sin prescripción alguna y sin convertir al demandante en deudor de la pasiva, en los términos y con las limitaciones señaladas en esta sentencia.
CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda […]”.
10. Expresó que:
“[…] De la interpretación armónica de los preceptos antes citados y aplicables al caso sub-judice, con base en el acervo probatorio allegado al expediente, y teniendo en cuenta las acotaciones efectuadas en precedencia, al igual que la jurisprudencia reciente del máximo ente de lo contencioso administrativo del país, se evidencia que sobre este punto en particular, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, acorde con las siguientes consideraciones:
-Quedó demostrado en el expediente que el señor VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ ingresó a las filas del Ejército Nacional en calidad de “ Soldado Voluntario” desde el 1° de Junio de 1996 hasta el 31 de Octubre de 2003, y desde el 1° de Noviembre 2003 hasta el 30 de Marzo de 2015 (baja efectiva del servicio) ostentó la calidad de “Soldado Profesional; es decir, que se encuentra dentro de la excepción contemplada en el inciso final del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 y por ende es acreedor a devengar un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60% para efectos de la liquidación de la asignación de retiro.
Así mismo, se reitera que a pesar de que en la Ley 131 de 1985, estableció expresamente que los Soldados Voluntarios devengarían una Bonificación Mensual (equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario), como tal la naturaleza de dicha prestación siempre fue salarial, aspecto que fue corroborado con la expedición de los Decretos 1793 y 1794 del 2000, los cuales buscaron garantizar dichos derechos adquiridos de los Soldados Voluntarios, específicamente a través del inciso final del artículo 1° del Decreto 1794/00, al conceder la prerrogativa que esta clase de soldados, mantuvieran las condiciones salariales que venían gozando; sin embargo, se advierte que la entidad demandada estableció una interpretación diferente que consecuencialmente conllevó que se vulnerara dicho mandato constitucional y a que se configure un detrimento salarial evidente del 20%, independientemente de que dicho servidor púbico al estar sujeto a un nuevo régimen, se hizo acreedor a devengar una serie de prestaciones sociales propias de su nueva condición de “Soldado Profesional”, aspecto que indiscutiblemente repercute en la liquidación de la asignación de retiro del hoy demandante, que acorde con lo expuesto, deberá tomarse el salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60% al ser más favorable y ajustado a la norma quer contempla dicha prerrogativa […]”.
11. El Juzgado, en ese orden de ideas, consideró que en el presente caso se debía declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en donde se debía reliquidar la asignación de retiro de la parte actora, en los términos del artículo 1 del Decreto 1784, es decir, aplicando el salario mínimo mensual vigente del respectivo año, incrementado en un sesenta por ciento (60%), desde el 31 de marzo de 2015, fecha en que se llevó a cabo la primera mesada pensional, con fundamento en la Resolución núm. 702 de 2015.
12. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la inclusión del Subsidio Familiar como partida computable con el fin de la respectiva liquidación de la asignación de retiro de la parte actora, se debe señalar que, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la Resolución núm. 792 de 2015, si incluyó un 30% del Subsidio Familiar.
13. Por último, respecto a los porcentajes y partidas computables para liquidar la asignación de retiro del señor Víctor Hugo Bohórquez, en los términos del artículo 16 del Decreto 4433, consideró que:
“[…] El sueldo básico del Soldado Profesional (que equivale al s.m.m.lv. del respectivo año), más el 60% de dicho sueldo básico, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 (en consonancia que lo discernido en esta providencia); a dicho resultado se le saca el 70% de conformidad con lo normado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; y al resultado de dicha operación se le debe sumar el 38.5% de la prima de antigüedad (la cual según se acreditó correspondía al 58.50% - ver folio 30 c.1) y el subsidio familiar (reconocido por “CREMIL” en la asignación de retiro – ver folios 12 y 13 c.1.); obteniendo así el monto final que corresponde a la Asignación de Retiro.
Realizado el cotejo y confrontación de las dos liquidaciones, se ratifica que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL”, se encuentra aplicando de forma indebida lo normado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, ya que en primer lugar no le está aplicando el incremento del 60% al salario básico, y en segundo lugar, al afectar el valor de la prima de antigüedad y subsidio familiar con el porcentaje del 70%, conlleva a que se disminuya de forma sustancial el valor de la asignación de retiro […]”.
Sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 85001-33-33-002-2016-00221-00
14. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] 1° MODIFICAR el ORDINAL tercero (3°) de la sentencia estimatoria del 2 de marzo de 2018, proferida por el juez segundo administrativo de Yopal, por la cual definió el litigio de VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, el cual quedará así:
TERCERO: CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL a título de restablecimiento del derecho, a reliquidar y pagar al señor VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ, cédula de ciudadanía 9. 659. 846, las diferencias entre la asignación de retiro efectivamente devengada y la que aquí se fija en UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS moneda legal ($1.147.175) para el mes de marzo de 2015, todo debidamente actualizado a valor presente a la fecha de ejecutoria, como se indica en la motivación del fallo de cierre y con efectos fiscales a partir del 31/03/2015.
La condena neta actualizada (art. 187 Ley 1437) causará intereses moratorios como lo preceptúan los arts. 192 y 195 ibídem, a partir de ejecutoria.
2° MODIFICAR el ORDINAL cuarto (4°) de dicha sentencia, el cual quedará así:
CUARTO. ORDENAR a CREMIL descontar del mayor valor de la asignación (acumulado retroactivo), el incremento igualmente actualizado que correspondía por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones, en la proporción a cargo del demandante y desde el 30 de marzo de 2005, en los términos y con las limitaciones señaladas en la motivación de segunda instancia.
3° CONFIRMAR en lo demás en lo que fue materia de apelación la citada sentencia […]”.
15. Adujo que:
“[…] El fallo recurrido encontró que había lugar a la reliquidación de la asignación de retiro, precisó que CREMIL debía tener en cuenta los siguientes parámetros: el 70% del salario básico devengado por el actor a la fecha de su retiro (SMMLV 2015 más el 60% del mismo salario), más el 38.55% de la prima de antigüedad, más el subsidio familiar, en el porcentaje que le fue reconocido en el acto que le otorgó derecho a percibir asignación de retiro.
Como se observa, a diferencia de lo señalado por la parte actora, el a-quo para efectos de establecer los parámetros para que la entidad reliquide la asignación de retiro del demandante respecto del factor salarial prima de antigüedad lo hizo conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, no como erróneamente lo interpretó la apoderada del demandante, ya que no se dispuso que el 70% debía sacarse de la sumatoria del salario más el 38.5% de la prima de antigüedad, sino que se ordenó que esa disminución del 70% únicamente debía realizarse sobre el salario básico (salario mínimo incrementado en un 60%).
CREMIL liquidó la asignación de retiro del actor, con el SMLM del 2015 pero con incremento del 40% con las bases ya consignadas de la relación de pruebas. Por lo que se equivocó en cuanto al monto para determinar la asignación básica pues tan solo incrementó al SMML el 40% y no el 60%) a que tiene derecho el demandante.
5.5.1 Después de proferido fallo de primer grado, sin esperar a (sic) ejecutoria, mediante Resolución 3997 del 18/01/2018 se ordenó el incremento de la partida del sueldo básico en un 20% dentro de la asignación de retiro; acto que fue confirmado por medio de la Resolución 10920 del 18/04/2018, fol. 7. c.2.
Dicha novedad se tendrá como una especie de cumplimiento anticipado de las órdenes judiciales en lo que no era objeto de apelación; la Administración deberá hacer los demás ajustes que se derivan de esta sentencia mediante acto de ejecución.
5.6 A continuación, teniendo en cuenta que el a-quo omitió hacerlo, se realizan las operaciones aritméticas con las premisas normativas e interpretativas indicadas en el componente teórico o dogmático del fallo y las que se derivan de dar estricto cumplimiento a la sentencia de primer grado.
Conforme a lo último, se tiene que la asignación de retiro del demandante para su primer mes (marzo 31 de 2015) debió fijarse en cuantía de $1.147.175 como se explica enseguida:
SALARIO 2015:
$644.350
INCREMENTO 60%
$386.610
ASIGNACIÓN BÁSICA
$1.030.960
70% SALARIO BÁSICO
$721.672
58.5% PRIMA DE ANTIGÜEDAD
$603.111.6
38.5% PRIMA DE ANTIGÜEDAD
$232.197.96
SUBSIDIO FAMILIAR reconocido en la Resolución 702 de 2015 (30% de lo devengado en actividad)
$193.305
ASIGNACIÓN RETIRO (70% DEL SALARIO BÁSICO + 38.5 DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD + SUBSIDIO FAMILIAR
$1.147.174.97
“[…]
La solicitud de tutela
Pretensiones
16. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE, al proferir la sentencia de fecha 20 de septiembre del 2018, en virtud de la cual se modificó la sentencia de primera instancia.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia antes referida, en cuanto ordeno (sic) re liquidar de manera incorrecta la asignación de retiro del actor.
3. Que una vez ordenada la nulidad parcial solicitada, se ordene que se profiera nueva Sentencia (sic) en virtud de la cual se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a liquidar su asignación mensual de forma correcta según lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera […]”.
17. La parte actora en su escrito de tutela, indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en i) defecto procedimental absoluto, ii) en violación directa de la Constitución y en iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
19. Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.
Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas
20. El doctor José Antonio Figueroa Burbano del Tribunal Administrativo de Casanare, mediante escrito aportado el 5 de abril de 2019, adujó que:
“[…] La tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir las partes cuando se encuentren inconformes respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario correspondiente. En efecto, según los artículos 85 y 86 de la Constitución, es procedente acudir a este mecanismo de defensa judicial cuando no existan otros mecanismos idóneos para esos efectos y siempre y cuando haya violación de derechos fundamentales.
En el presente caso, tal como puede verificarse con la simple lectura de la sentencia proferida por este Tribunal, no hay violación de ningún derecho fundamental, por una parte, y por otra, las dos instancias que tenía el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el demandante dentro de la radicación 850013331002-2016-00221-01, están agotadas.
2. También es procedente señalar que en la sentencia de segunda instancia que profirió este Tribunal en la radicación referida, quedaron plasmadas las razones fácticas y jurídicas que se tuvieron en cuenta para adoptar las decisiones contenidas en ella. Nada hay que agregar o corregir, pues esta no es la oportunidad para modificar el fallo emitido por la Corporación […]”.
21. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, mediante escrito aportado el 8 de abril de 2019, consideró que:
“[…] La solicitud de tutela instaurada ante esa honorable Corporación por parte del ciudadano VÍCTOR HUGO BOHÓRQUEZ a través de su apoderada, no encuentra asidero en el procedimiento aplicado, para intentar a través de este medio constitucional especial obtener que se reabra un debate respecto al tema específico de liquidación, cuando el Tribunal Administrativo de Casanare, fue lo bastante cuidadoso de explicar al detalle las modificaciones realizadas a la sentencia de primera instancia, en el cual cada parte tuvo a su alcance todas las garantías establecidas en el artículo 29 constitucional.
Por lo expuesto, considera este operador de justicia que al hoy accionante, nunca se le ha vulnerado derecho fundamental alguno dentro de la actuación surtida y que la acción interpuesta es improcedente […]”.
22. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, mediante escrito aportado el 9 de abril de 2019, señaló que:
“[…] En relación con la supuesta violación al derecho al Debido Proceso, NO existe vulneración alguna, ya que el demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y en los que se benefició de todas las etapas procesales en las que se evidencia que no se violó el debido proceso y por ende se demuestra la oportunidad para acceder a la justicia.
En cuanto al derecho a la igualdad no es de competencia del Juez de Tutela examinar las actuaciones procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la decisión definitiva fue ajustada a la ley […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.
Generalidades de la acción de tutela
24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
25. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 850013331002-2016-00221-01, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en defecto procedimental absoluto y en iv) violación directa de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que la liquidación de su asignación de retiro, se efectuara de manera incorrecta, desconociendo el verdadero contenido y alcance del artículo 16 del Decreto 4433.
26. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto procedimental absoluto; vi) la violación directa de la Constitución y, finalmente, la vii) solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
28. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
30. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
31. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
33. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
35. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
36. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:
36.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Víctor Hugo Bohórquez al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
36.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo, procedimental y en violación directa de la Constitución.
36.3 Para la Sala exigirle al señor Víctor Hugo Bohórquez una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
36.4 Cumplió con el principio de inmediatez;
36.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.
36.6 Por invocar la acción de tutela un defecto procedimental es necesario hacer un análisis de este requisito;
36.7 El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
36.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
37. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo de Casanare, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en defecto procedimental absoluto y iii) en violación directa de la Constitución dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 850013331002-2016-00221-01.
38. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) el defecto procedimental absoluto, iii) la violación directa de la Constitución y, finalmente, iv) analizará el caso en concreto.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
39. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
40. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
41. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
42. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
43. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
44. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
45. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
46. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
47. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
48. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.
49. En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de la Carta Política de 1991.
El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
50. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el defecto procedimental se configura cuanto “[…] el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas […]”.
51. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró:
“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en virtud del principio de legalidad.
De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria, desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos derechos sustanciales […]”.
52. En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Análisis del caso en concreto
53. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
54. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto i) sustantivo, ii) procedimental y iii) violación directa de la Constitución a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:
55. La Sala observa que en el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:
55.1 Indicó que ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario, el 1 de junio de 1996 y como soldado profesional, desde el 1 de noviembre de 2003.
55.2 Adujo que mediante la Resolución núm. 702 de 2 de febrero de 2015, expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, se le reconoció y pagó la respectiva Asignación de Retiro, en donde se dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 1°. Ordenar el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro a favor del señor Soldado Profesional (r) del Ejército VICTOR HUGO BOHORQUEZ (…), a partir del 31 de marzo de 2015, así:
En cuantía del 70% del salario mensual (decreto 2731 de Diciembre 30 de 2014) indicado en el numeral 13.2.1 (salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000).
Adicionado con un treinta y ocho punto cinco (38.5%) de la prima de antigüedad, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y con el 30% del subsidio familiar devengado en actividad de conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1162 de 24 de junio de 2014 […]”.
55.3 Manifestó que presentó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, el 25 de noviembre de 2015, solicitando que i) se le tuviera como base de su asignación de retiro, un salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 60%, ii) que se le reajustara el porcentaje concedido por concepto de Subsidio Familiar y iii) que dicha reliquidación de la respectiva Asignación, se lleve a cabo en los términos del artículo 16 del Decreto 4433.
55.4 Señaló que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, mediante Oficio núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015, dio respuesta de manera negativa a su solicitud de petición del 25 de noviembre de 2015.
54.5 Afirmó que interpuso recurso de reposición y apelación contra el Oficio núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015, el cual fue decidido por medio del Oficio núm. 003443 consecutivo 2016-3444 de 21 de enero de 2016, confirmando en su integridad lo establecido en dicho acto administrativo.
54.6 Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y resteblecimiento del derecho contra la Nación – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREML, en la cual solicitó que se declarara la nulidad de los Oficios núm. 0087350 consecutivo 2015 -87350 de 10 de diciembre de 2015 y 003443 consecutivo 2016-3444 de 21 de enero de 2016. A título de restablecimiento del derecho solicitó, que se condenara a la entidad demandada a reajustar su asignación de retiro.
Cargo por desconocimiento del precedente judicial
55. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada se apartó del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado en la sentencia de 19 de abril de 2018.
56. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
57. En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, para concluir si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado en dicha providencia judicial.
Sentencia de 19 de abril de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
58. Los problemas jurídicos a resolver consistió en determinar si la parte actora tenía derecho a que se le reconozca “[…] i) El salario básico de quienes venían ostentando el cargo de soldados voluntarios, incrementado en un 40%, según lo dispuesto en el inciso primero del Decreto 1794 de 2000, o en un 60%, de acuerdo con lo ordenado en el inciso segundo de la norma en mención.
ii) La aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, referente al porcentaje de asignación básica que debe tener en cuenta la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al momento de liquidar la asignación de retiro.
iii) El subsidio familiar como partida para la liquidación de la pensión por estar vulnerando el derecho a la igualdad con respecto a los demás miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional […]”.
59. Indicó que:
“[…] 2.2.3. Decreto 1794 de 2000 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares».
Al respecto es necesario precisar que la Ley 4 de 1992, en su artículo 2 contempló «Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios»; además, el literal a) dispuso: «El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».
Lo anterior se refiere a los soldados voluntarios que se encontraban vinculados antes del 1 de enero de 2001, regidos por la Ley 131 de 1985 y que con la entrada en vigencia de la Ley 1793 de 2000, conservarían sus derechos salariales y prestacionales adquiridos
Los artículos primero y segundo de la norma en referencia reglamentaron la asignación salarial mensual y la prima de antigüedad a que tienen derecho los soldados profesionales así:
Artículo 1.- Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Artículo 2.- Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%).
Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.
Con la expedición de los Decretos 1973 y 1974 de 2000, el Gobierno Nacional quiso mantener para el personal de soldados voluntarios el monto del salario que venían percibiendo en vigencia de la Ley 131 de 1985 al momento de su inclusión en el cuerpo de soldados profesionales, por considerar que era un derecho adquirido, siendo esta la única excepción que se contempló, ya que en lo demás deben cumplir el reglamento que se emitió para el cargo en mención […]”.
60. Manifestó que con fundamento a la normativa que rige a los soldados profesionales, antes voluntarios, se debe señalar que para el presente caso y con base en lo que obra en el expediente, se pudo evidenciar que con la entrada en vigencia de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, la denominación del cargo de la parte actora cambió y, en ese orden de ideas, bajo la protección expresa de la norma, su salario básico debió ser equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%; sin embargo, el demandante afirma que ese valor no fue reconocido por concepto de asignación mensual durante su relación laboral, sino que el salario mínimo en cuestión, tan solo fue incrementado en un 40%, desconociendo lo establecido en el artículo 1 del Decreto ley 1974 de 2000.
61. Expresó que sin embargo, y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, se observa que tal reclamación no se llevó a cabo durante el curso de la relación laboral, sino que tan solo fue efectuada al momento en que se produjo el retiro, para ser incluida dentro del cálculo de su pensión; en ese orden de ideas, el respectivo derecho se extinguió frente al reajuste de la asignación de actividad, ante la extemporaneidad de la petición. En ese orden de ideas, consideró que:
“[…] En todo caso, lo anterior no impide que la Sala se pronuncie en relación con el reconocimiento adecuado y legal de la asignación de retiro, pues con base en lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 13, numeral 13.2.1, dentro de las partidas computables que han de tenerse en cuenta para reconocer las asignaciones de retiro a los soldados profesionales está el salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Sobre este punto, la Sala considera importante precisar que para el reconocimiento de la asignación de retiro la norma en cita remite en forma expresa a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 1794 de 2000, es decir, esa remisión se hace sin consideración a la asignación mensual que el soldado recibió en actividad; en consecuencia, procede su aplicación directa, de la siguiente manera:
El Decreto 1794 de 2000, en su artículo 1, prevé que la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo a la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, situación en la que está inmerso el demandante, pues de acuerdo a la hoja de servicios que reposa a folio 63, su vinculación en el Ejército como soldado se produjo desde el 13 de marzo de 1987, es decir, está dado el supuesto de la norma para que su asignación sea reconocida con base en el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, se repite, en virtud de la aplicación directa de la previsión del artículo 13, numeral 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 1794 de 2000 […]”.
62. Señaló que el salario que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe tener en cuenta con el fin de reconocer y liquidar la asignación de retiro de la parte actora, es el contemplado en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, específicamente, lo dispuesto en el numeral 13.2.1, y remitirse a lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, y, bajo ese supuesto, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en el 60%, teniendo en cuenta que el actor fue vinculado al Ejército antes del año 2000.
63. indicó, que en lo que tiene que ver con el cálculo que se acogió para la respectiva liquidación de la asignación de retiro, frente a la prima de antigüedad, se evidencia que al dar aplicación al artículo 16 del Decreto 4433, utilizó un procedimiento diferente al allí contemplado, teniendo en cuenta que “[…] se empleó fue el siguiente: tomó el salario mínimo incrementado en un 40%, a lo cual se le adiciono rl 38.5% de prima de antigüedad, y del valor que de allí se arroja se obtiene el 70%, equivalente al monto de la asignación de retiro y, ello conllevó a que el valor de la pensión fuera inferior al que realmente le correspondía.
De conformidad con el texto del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, se puede advertir que la asignación de retiro de los soldados profesionales debe ser liquidada con el 70% del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, lo que da como resultado el monto total de la prestación. Se aclara, primero se determina el 70% del sueldo básico y el 38.5% de la prima de antigüedad frente a la totalidad del sueldo básico y la sumatoria de esas dos cifras da como resultado el valor de la asignación. Resulta inadecuado aplicar el setenta por ciento al sueldo básico y luego el 35% a esta suma para determinar la prima de antigüedad, pues con esta interpretación se estaría aplicando doble descuento o doble porcentaje a la prima de antigüedad, con lo cual se contraría lo querido por el legislador, en desmedro de los derechos de los soldados de las Fuerzas Militares […]”. (Resaltado por la Sala).
64. Por último, respecto al subsidio familiar, consideró que era procedente su reconocimiento a la parte actora, toda vez que no existe una justificación razonable para que dicha prestación social se haga extensiva a todos los servidores públicos para efectos de la liquidación de la asignación de retiro y no a los soldados profesionales, “[…] quienes son los primeros en dar la cara para la defensa de la soberanía nacional […]”.
65.La Sala observa que en el caso bajo estudio, la autoridad judicial accionada en el caso concreto aplicó la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de 19 de abril de 2018, respecto al contenido y alcance del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, es decir, la manera correcta en que se debe calcular, la respectiva liquidación de asignación de retiro, al haber efectuado en los términos de dicha norma jurídica, la sumatoria del 70% del salario básico + el 38.5% de la prima de antigüedad + el subsidio familiar. Obsérvese lo que dijo la autoridad judicial accionada en su providencia:
“[…] El fallo recurrido encontró que había lugar a la reliquidación de la asignación de retiro, precisó que CREMIL debía tener en cuenta los siguientes parámetros: el 70% del salario básico devengado por el actor a la fecha de su retiro (SMMLV 2015 más el 60% del mismo salario), más el 38.55% de la prima de antigüedad, más el subsidio familiar, en el porcentaje que le fue reconocido en el acto que le otorgó derecho a percibir asignación de retiro.
Como se observa, a diferencia de lo señalado por la parte actora, el a-quo para efectos de establecer los parámetros para que la entidad reliquide la asignación de retiro del demandante respecto del factor salarial prima de antigüedad lo hizo conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, no como erróneamente lo interpretó la apoderada del demandante, ya que no se dispuso que el 70% debía sacarse de la sumatoria del salario más el 38.5% de la prima de antigüedad, sino que se ordenó que esa disminución del 70% únicamente debía realizarse sobre el salario básico (salario mínimo incrementado en un 60%).
CREMIL liquidó la asignación de retiro del actor, con el SMLM del 2015 pero con incremento del 40% con las bases ya consignadas de la relación de pruebas. Por lo que se equivocó en cuanto al monto para determinar la asignación básica pues tan solo incrementó al SMML el 40% y no el 60%) a que tiene derecho el demandante.
5.5.1 Después de proferido fallo de primer grado, sin esperar a (sic) ejecutoria, mediante Resolución 3997 del 18/01/2018 se ordenó el incremento de la partida del sueldo básico en un 20% dentro de la asignación de retiro; acto que fue confirmado por medio de la Resolución 10920 del 18/04/2018, fol. 7. c.2.
Dicha novedad se tendrá como una especie de cumplimiento anticipado de las órdenes judiciales en lo que no era objeto de apelación; la Administración deberá hacer los demás ajustes que se derivan de esta sentencia mediante acto de ejecución.
5.6 A continuación, teniendo en cuenta que el a-quo omitió hacerlo, se realizan las operaciones aritméticas con las premisas normativas e interpretativas indicadas en el componente teórico o dogmático del fallo y las que se derivan de dar estricto cumplimiento a la sentencia de primer grado.
Conforme a lo último, se tiene que la asignación de retiro del demandante para su primer mes (marzo 31 de 2015) debió fijarse en cuantía de $1.147.175 como se explica enseguida:
SALARIO 2015:
$644.350
INCREMENTO 60%
$386.610
ASIGNACIÓN BÁSICA
$1.030.960
70% SALARIO BÁSICO
$721.672
58.5% PRIMA DE ANTIGÜEDAD
$603.111.6
38.5% PRIMA DE ANTIGÜEDAD
$232.197.96
SUBSIDIO FAMILIAR reconocido en la Resolución 702 de 2015 (30% de lo devengado en actividad)
$193.305
ASIGNACIÓN RETIRO (70% DEL SALARIO BÁSICO + 38.5 DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD + SUBSIDIO FAMILIAR
$1.147.174.97
“[…]
66. En ese orden de ideas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Casanare, aplicó correctamente el precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en donde se dispuso la manera en que se debía realizar el cálculo de la respectiva liquidación de la asignación de retiro. Es decir, que en el presente caso, no se aplicó el 70% al sueldo básico y luego el 35% a esta suma para determinar la prima de antigüedad, sino que por el contrario, la asignación de retiro del señor Víctor Hugo Bohórquez, fue liquidada con el 70% del salario mensual, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, más el subsidio familiar.
67. La Sala debe hacer énfasis, en que no basta para invocar el desconocimiento de un precedente judicial, identificar unas reglas jurisprudenciales aplicables al caso, toda vez que el anterior elemento deben analizarse de manera conjunta con la situación fáctica, es decir, con los hechos del caso objeto de análisis.
68. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no desconoció la ratio decidendi plasmada en la sentencia, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018.
Cargos por defecto procedimental absoluto y violación directa de la Constitución
69. Para la Sala si bien la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar dicho cargo, toda vez que no i) planteó en qué etapa procesal, el juez incurrió en una vulneración de sus garantías constitucionales y en ese orden de ideas, argumentar como ii) con el obrar de la autoridad judicial accionada, se haya incurrido en una actuación procesal irregular o arbitraria en el procedimiento llevado a cabo.
70. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
71. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Conclusiones de la Sala
72. En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal Administrativo de Casanare no incurrió en los defectos i) sustantivo, ii) procedimental y en iii) violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
73. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por el señor Víctor Hugo Bohórquez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 20 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 19 de abril de 2018, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación: 18001233300020130021801
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
La situación fáctica del caso es la siguiente: “[…] El 13 de marzo de 1987 el señor Fredy González Villanueva ingresó al Ejército Nacional como soldado regular; el 1 de octubre de 1988, fue aceptado como soldado voluntario, vinculación que estuvo regida por la Ley 131 de 1985; la denominación de su cargo por mandato del Ejército Nacional pasó a ser soldado profesional a partir del 1 de noviembre de 2003, la cual se rigió por los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y, , por el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.
El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional por más de 20 años, lo que le otorgó el derecho a disfrutar de una asignación de retiro, que fue reconocida mediante la Resolución 2991 de 1 de noviembre de 2007.
El 12 de septiembre de 2011, se radicó bajo el número 86541 un derecho de petición al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para solicitar el reajuste de la asignación de retiro, por indebida aplicación de los factores, porcentajes y subsidio familiar establecidos por ley, los cuales debieron incluirse al momento de la elaboración de su liquidación.
El 7 de octubre de 2011, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dio respuesta, informando que la entidad reconoce y paga la prestación con base en la información contenida en la hoja de servicio, en la cual se evidencia el salario que devengaba el demandante en actividad; igualmente adjunto cuadro informativo de la forma como proceden a liquidar la asignación de retiro:
El 18 de octubre de 2011 se radicó bajo el número 97614 recurso de reposición y en subsidio de apelación, donde se indicó que se debe atender lo dispuesto por el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, el cual regula el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales que se encontraban vinculados a la institución a 31 de diciembre de 2000, consistente en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.
El 1 de febrero de 2012 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares informó que contra los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas frente a la entidad, solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que los expidió para que los aclare, modifique o revoque, y que por lo tanto no procede el recurso interpuesto porque no hay lugar a efectuar otro pronunciamiento […]”.
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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