Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01280-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-01280-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01280-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-01280-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
1 de agosto de 2019
ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - Por hecho superado / DERECHO DE PETICIÓN - Solicitud de cronograma para el trámite del concurso de méritos
La parte actora considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades demandadas con la falta de expedición y publicación del cronograma para el desarrollo de las etapas de la Convocatoria 04 de 2017, para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de cargos de empleados en carrera administrativa de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios. (…) [P]ara la Sala (…) se encuentra que el objeto de la solicitud de amparo, esto es, la expedición y publicación del cronograma de actividades del concurso, se efectuó antes de que se profiriera el fallo impugnado y, en tal sentido, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que frente a este punto se confirmará la decisión el a quo. (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01280-01(AC)
Actor: LIDA MARGARITA TRIGOS RAMOS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTROS
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante en contra del fallo del 20 de junio de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto frente a la solicitud de amparo por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La parte accionante con escrito recibido vía electrónica el 24 de marzo de 2019, ejerció acción de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad.
Sostuvo que tales derechos le fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, así como por la Universidad Nacional de Colombia, por la falta de expedición y publicación del cronograma para el desarrollo de las etapas de la Convocatoria 4 de 2017, para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de cargos de empleados en carrera administrativa de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
En consecuencia, la parte actora solicitó
«(sic para toda la cita) 1. Tutelar mis derechos fundamentales de petición, igualdad debido proceso que siendo conculcados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la UNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLANTICO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR, CONSEJO SECCIONAL DE LA DE JUDICATURA DE BOYACA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CALDAS, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CHOCÓ, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA A DE LA GUAJIRA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL QUINDIO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SUCRE, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la UNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLANTICO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR, CONSEJO SECCIONAL DE LA DE JUDICATURA DE BOYACA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CALDAS, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CHOCÓ, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA A DE LA GUAJIRA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL QUINDIO, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SUCRE, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, de manera conjunta establezcan y publiquen el cronograma claro y preciso para el desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria destinada a proveer cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios (Convocatoria Nº 4).
3. Ordenar que se le dé efectos inter comunis a la providencia que desate el trámite tutelar, es decir, que la orden anterior se haga extensiva a todas las seccionales del país por presentarse la misma afectación.»
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
Hechos
Sostuvo que a través del Acuerdo PCSJA17-10643 de 14 de febrero de 2017, la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura dispuso que los Consejos Seccionales de la Judicatura adelanten los procesos de selección, actos preparatorios, expidan las respectivas convocatorias, de conformidad con las directrices que se impartan para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
Indicó que el 19 de octubre de 2017 se inscribió al concurso convocado mediante el Acuerdo CSJATA17-647 de 6 de octubre de 2017, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, en el cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado municipal nominado. Concurso que se denominó Convocatoria No. 4 de empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios.
Señaló que fue admitida por cumplir con los requisitos mínimos para concursar por dicho empleo, pero al ver que esta convocatoria no contaba con un cronograma para el desarrollo de las etapas del concurso, el 4 de enero de 2019 presentó electrónicamente una petición, ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial, con la finalidad de que se le remitiera el cronograma completo, dispuesto para el trámite del concurso de méritos para la provisión de cargos para empleados.
Manifestó que el 30 de enero de 2019, dicha unidad le envió electrónicamente a su correo el oficio CJO19-238 del 29 de enero de 2019, con el cual le informó que los Consejos Seccionales de la Judicatura publicaron el instructivo para la presentación de las pruebas escritas el 11 de enero de 2019 y que la fecha para llevar a cabo la prueba de conocimientos era el 3 de febrero de 2019.
Refirió que con oficio del 13 de marzo de 2019, la unidad le manifestó que «…la Universidad Nacional se encuentra adelantando la lectura de las hojas de respuesta de las pruebas y una vez tengan los resultados de las mismas, se coordinará la publicación y atención de los recursos, estableciendo conjuntamente con los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura el cronograma de actividades teniendo en cuenta el número de solicitudes y los recursos interpuestos por los aspirantes a nivel nacional».
Sustento de la petición
Para la parte actora las autoridades demandadas transgredieron sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad, por no haber expedido y tampoco publicado el cronograma de actividades para la Convocatoria 4 de 2017, pese a que lo pidió con escrito presentado el 4 de enero de 2019.
Señaló que tales concursos se rigen por la Ley 270 de 1996, de manera que, a su juicio no existía ningún motivo que justificara la diferencia respecto del concurso adelantado para proveer cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial (convocatoria 27), el cual sí contaba con un cronograma.
Indicó que por no existir tal cronograma se desconoce no solo el Acuerdo PCSJA17 - 10643 de 14 de febrero de 2017, sino el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 y, la sentencia T - 682 de 2016 de la Corte Constitucional.
4. Actuación procesal en primera instancia
El a quo a través de auto del 5 de abril de 2019, admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionante y a las autoridades demandadas.
De igual manera, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, informar a todos los aspirantes de la Convocatoria 4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, a través de publicación en la página web o en aplicativo dispuesto para ello, de la admisión de la demanda, para conocimiento de los interesados.
Con la misma finalidad, dispuso la publicación de la providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Coadyuvancia
El señor Santiago Cardozo Correcha con memorial del 24 de mayo de 2019, allegó solicitud de coadyuvancia, pues se inscribió en la mencionada convocatoria y, en tal sentido, tiene interés legítimo y fundado en el resultado del proceso.
Señaló que la falta de un cronograma afecta la seguridad jurídica, además del derecho fundamental al debido proceso, la imparcialidad, la transparencia y la publicidad de tales procesos, pues la convocante puede fijar las fechas a su arbitrio y sin justificación alguna.
Resaltó que existe un trato discriminatorio respecto del concurso que se adelanta a nivel nacional para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial, pues estos sí cuentan con un cronograma.
Posteriormente, con escrito del 24 de mayo de 2019, precisó que si bien ya se había elaborado un cronograma para la convocatoria en cuestión, tal documento fue modificado varias veces. Por tanto, solicitó que se ordene a las autoridades demandadas que cumplan con el cronograma inicial.
6. Contestaciones
Luego de surtidas las notificaciones de rigor, se presentó la siguiente intervención:
6.1 Unidad de Administración de Carrera Judicial
La mencionada autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que en el presente evento se configura un hecho superado.
Destacó que de forma conjunta con los consejos seccionales de la judicatura se elaboró un cronograma de actividades, el cual se publicó el 23 de abril de 2019, y en el que se fijaron las fechas probables para el desarrollo del proceso.
Indicó que la parte actora ni siquiera logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, que habilitara la procedencia de la acción de tutela.
Precisó que no existe ninguna diferencia con el concurso que se adelanta a nivel nacional, ya que el que pretende cuestionar la demandante es a nivel seccional.
Resaltó que dio respuesta a la petición de la accionante mediante oficio CJO19-238 de 29 de enero de 2019 y que la radicada el 11 de enero de 2019, también la contestó con oficio CJO19-2013 de 13 de marzo de 2019.
Mencionó que debido al gran número de concursantes inscritos, procedieron a realizar los ajustes del caso para continuar el desarrollo del concurso, lo cual conllevó a que no se publicara el cronograma con anterioridad.
Manifestó, con memorial remitido electrónicamente el 14 de mayo de 2019, con destino a este expediente de tutela, que «…el cronograma para la convocatoria de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicio inicialmente informado y publicado el 23 de abril de 2019 fue objeto de modificación, por circunstancias sobrevivientes, ya que no fue posible presentar a consideración de la Corporación, las respuestas de escalas de calificación» (folio 242).
6.2 Consejos Seccionales de la Judicatura del Atlántico, Meta, Cesar, Bolívar, Popayán, Bogotá, Huila, Sucre, Valle del Cauca, Santander, Chocó, Cundinamarca y Cauca
Las aludidas entidades, a través de sus respectivos representantes, también se opusieron a las pretensiones de la accionante, pues consideran que sus actuaciones administrativas se encuentran ajustadas al ámbito de sus competencias.
Solicitaron, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila, Sucre y Chocó, que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al no probarse un perjuicio irremediable.
Pidieron, los Consejos Seccionales de la Judicatura de Meta, Bolívar, Bogotá, Huila, Caldas y Cundinamarca, su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la dependencia encargada del cronograma es la Unidad de Administración de Carrera Judicial. Precisaron que la accionante se inscribió en la seccional del Atlántico.
Señaló, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Popayán, que la sentencia T - 682 de 2016, no resulta aplicable a la referida convocatoria, pues dicha providencia aludió fue a los concursos de méritos para funcionarios judiciales, mas no para los de empleados judiciales, como es el objeto de la presente acción de tutela.
Indicaron, los Consejos Seccionales del Atlántico, Huila y Cesar, que no existe vulneración alguna de los derechos de la actora y que sus peticiones las resolvió la unidad competente para ello.
Consideró, el Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, que no existe un trato desigual por parte de las entidades demandadas respecto de la convocatoria para funcionarios de la Rama Judicial, pues difieren en su naturaleza, las pruebas aplicadas y los cargos a proveer.
6.3 Universidad Nacional de Colombia
El referido ente universitario pidió su desvinculación de la acción de tutela, puesto que, conforme al objeto contratado, no está facultada para divulgar la información referente al cronograma de las etapas de la convocatoria.
7. Intervención posterior de la parte actora
La accionante con memoriales recibidos electrónicamente el 27 de mayo y 4 de junio de 2019 (folios 248 a 251, 253 a 256), presentó argumentos respecto de la forma como se estructuró el cronograma por las «circunstancias sobrevinientes y la duración indefinida» del concurso adelantado a través de la Convocatoria 4 de 2017.
8. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante del fallo del 20 de junio de 2019, resolvió:
«Primero.- TÉNGASE como coadyuvante de la parte accionante al señor Santiago Cardozo Correcha.
Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, por las razones expuestas en esta providencia.
…»
Como cuestión previa tuvo como coadyuvante al señor Santiago Cardozo Correcha, pues de acuerdo con el listado de inscritos en la Convocatoria 4 de 2017, cuenta con un interés legítimo en el resultado del proceso, al comprobarse que se encuentra participando para el cargo de citador de Juzgado Municipal en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Hizo referencia a la petición del 4 de enero de 2019 presentada por la accionante ante la aludida unidad de carrera, así como a su contestación mediante oficio CJO19-238 del 29 de enero de 2019, en el sentido de informarle las fechas en las que se realizarían las pruebas escritas.
Señaló que, con posterioridad, mediante oficio CJO19-2013 de 13 de marzo de 2019, se le indicó en qué etapa se encontraba el concurso para la fecha (lectura de hojas de respuesta). Al respecto, agregó:
«En el informe de respuesta al trámite de tutela, la referida autoridad administrativa indicó que desde el 23 de abril de 2019, publicó en la página web de la Rama Judicial el cronograma de la convocatoria, así:
Actividad
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Aplicación de pruebas de conocimientos, aptitudes y psicotécnica.
3 de febrero de 2019
Resolución, expedida por cada seccional, que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
10 de mayo de 2019
Notificación de resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
13 de mayo de 2019
17 de mayo de 2019
Interposición de recursos de reposición y apelación contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
20 de mayo de 2019
31 de mayo de 2019
Notificación de resolución que resuelve recursos de reposición interpuestos contra resolución que publica resultados de las
pruebas de conocimientos,
31 de julio de 2019
6de agosto de 2019
Publicación de resolución que resuelve recursos de apelación interpuestos contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
7 de octubre de 2019
Notificación de resolución que resuelve recursos de apelación interpuestos contra resolución que publica resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
8 de octubre de 2019
15 de octubre de 2019
Publicación de resolución expedida por cada seccional, donde conforma los Registros Seccionales de Elegibles
16 de octubre de 2019
Notificación de resolución que conforma Registros Seccionales de Elegibles
25 de octubre de 2019
31 de octubre de 2019
Interposición de recursos de reposición y apelación contra Registros Seccionales de Elegibles.
24 de octubre de 2019
7 de noviembre de 2019
Publicación de resolución, por cada Seccional, que resuelve recursos de reposición contra Registros de Elegibles.
13 de enero de 2020
Notificación de resolución que resuelve recursos de reposición contra Registros Seccionales de Elegibles
13 de enero de 2020
17 de enero de 2020
Publicación resolución que resuelve recursos de apelación contra Registros Seccionales de Elegibles
17 de marzo de 2020
Notificación de resolución que resuelve recursos de apelación contra Registros Seccionales de Elegibles
18 de marzo de 2020
25 de marzo de 2020
Vigencia de los Registros Seccionales de elegibles
26 de marzo de 2020
25 de marzo de 2024
…»
Manifestó que con memorial allegado el 14 de mayo de 2019, la mencionada unidad informó que dicho cronograma fue modificado por circunstancias sobrevivientes, pues no fue posible presentar a consideración del Consejo Superior de la Judicatura las respuestas de escalas de calificación, así:
«…
Actividad
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Aplicación de pruebas de conocimientos, aptitudes y psicotécnica.
3 de febrero de 2019
Resolución, expedida por cada seccional, que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
17 de mayo de 2019
Notificación de resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
20 de mayo de 2019
24 de mayo de 2019
Interposición de recursos de reposición y apelación contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
27 de mayo de 2019
10 de junio de 2019
Publicación de resolución que resuelve recursos de reposición interpuestos contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades competencias, aptitudes y/o habilidades
9 de agosto de 2019
Publicación de resolución que resuelve recursos de apelación contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
16 de octubre de 2019
Notificación de resolución que resuelve recursos de apelación contra resolución que publica resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
17 de octubre de 2019
23 de octubre de 2019
Publicación de resolución, expedida por cada seccional, donde conforma los Registros Seccionales de Elegibles.
24 de octubre de 2019
Notificación de resolución que conforma Registros Seccionales de Elegibles.
25 de octubre de 2019
31 de octubre de 2019
Interposición de recursos de reposición y apelación contra Registros Seccionales de Elegibles.
1 de noviembre de 2019
18 de noviembre de 2019
Publicación de resolución, por cada Seccional, que resuelve recursos de reposición contra Registros de Elegibles.
20 de enero de 2020
Notificación de resolución que resuelve recursos de reposición contra Registros Seccionales de Elegibles
21 de enero de 2020
27 de enero de 2020
Publicación resolución que resuelve recursos de apelación contra Registros Seccionales de Elegibles
24 de marzo de 2020
Notificación de resolución que resuelve recursos de apelación contra Registros Seccionales de Elegibles
25 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
Vigencia de los Registros Seccionales de Elegibles.
1 de abril de 2020
31 de marzo de 2024
El presente cronograma es susceptible de ajustes derivados de circunstancias sobrevinientes que impidan su ejecución.
…»
Advirtió, conforme a lo anterior, que para el caso concreto se configuraba el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la pretensión formulada por la actora consistente en ordenar a las autoridades demandadas que «establezcan y publiquen el cronograma claro y preciso para el desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria», se encontraba satisfecha desde el día 23 de abril de 2019.
Afirmó que tal como se había señalado en precedencia, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura publicó el cronograma de la convocatoria, el cual respondía de forma general a los lineamientos establecidos en la norma reguladora del concurso (el Acuerdo PCSJA17-10643 de 14 de febrero de 2017), lo cual se había corroborado mediante consulta de la página web de la Rama Judicial.
Concluyó que la pretensión formulada por la actora se satisfizo por completo, por lo que, en tal sentido, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto. Para efectos de lo anterior, hizo referencia al criterio jurisprudencial relativo a la carencia actual de objeto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
Precisó que no efectuaría pronunciamiento alguno respecto de las inconformidades señaladas por la señora Lida Margarita Trigos Ramos, en los memoriales de 27 de mayo y 4 de junio de la presente anualidad, en cuanto a la forma como se estructuró el cronograma, en atención a que tales asuntos no fueron objeto de controversia en el escrito de tutela, ya que de hacerlo vulnerarían los derechos de defensa y contradicción de las autoridades demandadas.
Adujo que dichas inconformidades podrían ser planteadas ante la mencionada unidad, en el marco de la actuación administrativa prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Concluyó que, por lo anterior, resultaba procedente la declaratoria de la carencia actual de objeto por cuanto la pretensión formulada por la actora en el escrito de tutela, respecto a la omisión en la expedición y elaboración del cronograma de la Convocatoria 4 de 2017, fue satisfecha antes del fallo de tutela de primera instancia, configurándose así un hecho superado.
9. Impugnación
9.1 Mediante escrito recibido el 2 de julio de 2019, visible a folios 334 a 335 del expediente de tutela, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, por los siguientes motivos:
Hizo referencia al contenido del inciso 1° del artículo 2° del Acuerdo PCSJA17-10643 del 14 de febrero de 2017, para destacar que le correspondía a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial establecer de manera unificada las fechas en las que se adelantarán cada una de las etapas del proceso de selección.
Sostuvo que si bien dicha unidad fijó un primer cronograma, solo para que en esta acción de tutela se tuviera como hecho superado, días después lo modificó, exactamente en la fecha en la que inicialmente publicaría los resultados, de manera que lo prolongó y frente a tal aspecto el a quo no se pronunció.
Indicó que dicha entidad a su arbitrio ha cambiado las fechas, lo cual ha pretendido justificar con varios escritos que dan cuenta de «circunstancias sobrevinientes, ya que no le fue posible presentar a consideración de la Corporación, las respuestas de escala de calificación.»
Agregó que esa información la conoció solo con el fallo impugnado, pues tales situaciones nunca las hizo públicas, lo cual a su juicio pone de manifiesto la falta de reglas y fechas claras para el desarrollo de cada una de las etapas del concurso.
Adujo que tal actuación vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y en especial, la buena fe. Al respecto, recordó que lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia T – 046 de 1995, acerca del aludido principio.
Añadió que tanto en el primer cronograma como en el segundo se hace la siguiente anotación: «es susceptible de ajustes derivados de las circunstancias sobrevinientes que impidan su ejecución.»
Afirmó que tal situación que fue irrelevante para el a quo, ya que en el fallo impugnado se señaló que la unidad podía modificarlo en lo sucesivo, a su arbitrio y si consideraba que existía una circunstancia sobreviniente. Al respecto, se pregunta:
«…de qué sirve que una entidad convoque a un concurso de mérito, para elegir al talento humano más calificado, si quienes en él (sic) participan no tienen certeza de las reglas y la duración del mismo, enfrentando de esta manera un proceso de duración indefinida sujeto a CIRCUNSTANCIAS SOBREVINIENTES NO DEFINIDAS, con dilaciones injustificadas que sólo benefician a quienes se encuentran vinculados en provisionalidad.»
Aseveró que la referida unidad olvida que las reglas de un concurso obligan tanto a los participante como a la administración, pues las bases del mismo se convierten en reglas obligatorias, con las cuales esta última se «autovincula y autocontrola». Para ello, citó la sentencia T – 256 de 1995 de la Corte Constitucional.
Manifestó que conforme a la sentencia T – 682 de 2016, la convocatoria del concurso es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y procedimientos que se deben cumplir por ambas partes.
Señaló que la modificación del cronograma revela que ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la mencionada unidad planean y ejecutan de manera diligente los procesos tendientes a lograr la lista de elegibles para el nombramiento de empleados.
Recordó que debido a la improvisación y poca planificación el concurso se paralizó durante casi un año, debido a que la cantidad de aspirantes inscritos superaban los topes contractuales dispuestos en el contrato 164 de 2016, suscrito por la mencionada dirección ejecutiva y la universidad Nacional.
Indicó que el citado contrato ha sido modificado en ocho oportunidades y, a pesar de ello, la universidad ha solicitado prórrogas para su cumplimiento, lo cual denota aún más la falta de seriedad y planificación en el desarrollo del concurso.
Señaló que los que aprobaron el examen, como lo es su caso, se enfrentan a que las entidades demandadas demoren aún más el trámite del concurso, bajo el supuesto de que no cuentan con el personal necesario para agilizar la revisión de los recursos que se llegaran a presentar.
Manifestó que no es suficiente con que la referida unidad haya establecido un cronograma, si no está comprometida con su cumplimiento y, por el contrario, avisa que tales fechas están sometidas a circunstancias sobrevinientes, las cuales no son claras, ni están definidas por ninguno de los acuerdos del concurso.
Infirió, con base en el concurso precedente, que tal tardanza se relaciona con la cantidad de recursos que se presentan y el personal que se encarga de estudiarlos, lo cual a todas luces es una situación arbitraria e incierta.
Sostuvo que el a quo incurrió en una vulneración de su «derecho para alegar», al aceptar la excusa de la unidad de modificar el cronograma, sin hacer públicos los motivos y, a la vez, rechazar todos los escritos que remitió con la finalidad de denotar que la vulneración continuaba por la limitación del mismo a las circunstancias sobrevinientes.
Resaltó que la labor del juez constitucional no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada al amparo efectivo de sus garantías constitucionales; protección que precisamente invoca en tanto no existe un medio de control para controvertir el cronograma.
Precisó que el a quo se negó a estudiar de fondo el punto referido a que el «…cronograma no garantiza el desarrollo oportuno de cada una de las etapas del concurso, no obstante recalcarlo incesantemente en múltiples escritos allegados», con lo cual olvidó que su deber era el de verificar que se garantice el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Concluyó que, contrario a lo que se resolvió en el fallo impugnado, la vulneración existe y se prolonga en el tiempo. Por tal motivo, solicitó que en segunda instancia se estudie de fondo la solicitud de amparo y, en consecuencia se imponga a las demandadas:
El deber de cumplir las fechas que ellas mismas adopten para el desarrollo de cada etapa del concurso.
Desplieguen las acciones que sean necesarias para resolver dentro de los términos del cronograma los recursos que se interpongan.
Eviten dilaciones injustificadas que «…rompan con las reglas del concurso y la credibilidad de la administración.»
9.2 A través de memorial recibido electrónicamente el 28 de junio de 2019, visible a folios 301 y anverso, el señor Santiago Cardozo Correcha, en calidad de coadyuvante, reconocido en primera instancia, también impugnó el fallo de tutela, por los siguientes motivos:
Sostuvo que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso en el «componente de la seguridad jurídica y la confianza legítima», por lo que solicitó se revoque la decisión del a quo.
Alegó que resulta procedente ante tal transgresión que se ordene a la parte acusada que se abstengan de modificar injustificadamente el cronograma.
Arguyó que si bien puede existir un hecho superado, la orden de amparo resulta indispensable para que se abstengan de realizar variaciones a las reglas fijadas desde el inicio de la convocatoria.
Indicó que debe ordenarse que se mantenga el cronograma en sus fechas y plazos iniciales, y se eviten modificaciones a los mismos, pues de lo contrario se vulneran los derechos fundamentales de los concursantes.
9.3 Con auto del 8 de julio de 2019, el a quo concedió ambas impugnaciones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación promovida contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 080 de 2019.
2. Cuestiones previas
Los Consejos Seccionales de la Judicatura de Meta, Bolívar, Bogotá, Huila, Caldas y Cundinamarca, solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la dependencia encargada del cronograma es la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Al respecto, es necesario precisar que la legitimación en la causa por pasiva puede ser de hecho o material, las cuales difieren en tanto que una corresponde al llamado que la parte activa pretende con su demanda y la otra, a la que efectivamente se acredita en razón del deber correlativo de satisfacer lo pretendido. En lo particular, esta Corporación ha considerado:
«… la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores...
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra…»
Por tanto, la Sala negará dichas solicitudes, puesto que la accionante también sustentó la vulneración a sus derechos fundamentales frente a tales autoridades, de manera que, les asiste una legitimación en la causa de hecho, independientemente de que luego de análisis de la controversia pudiera establecerse que tal deber correlativo corresponda a otra entidad demandada.
3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo impugnado que negó la solicitud de amparo al no encontrar configurados los defectos específicos alegados.
Para efectos de lo anterior, se analizará si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales de la parte actora por la falta de expedición y publicación del cronograma para el desarrollo de las etapas de la Convocatoria 4 de 2017, lo cual, a juicio de la parte actora y su coadyuvante, denotan una serie de irregularidades en el procedimiento administrativo adelantado para tal fin. De igual manera, se estudiará si tales garantías también se transgredieron por la falta de respuesta frente a las peticiones presentadas por la accionante frente a dicha convocatoria.
Por tanto, se estudiará la procedencia de la acción de tutela contra convocatorias de concursos de mérito y si se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, con las actuaciones de las demandadas y por las respuestas respecto de las solicitudes de la accionante, así:
4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
Sobre este último punto, debe resaltarse que para deducir que tales mecanismos no son eficaces para la protección de los derechos que pretende la parte demandante y que por ende se permitiría sustituir los mecanismos ordinarios que consagra la Ley, es necesaria una actividad judicial del mismo, cuyo análisis permita establecer que el medio procedente efectivamente no brindó la protección requerida.
4.1 De la procedencia excepcional de las acciones de tutela en concursos de méritos
Esta Sección ha considerado la improcedencia de la acción de tutela en el evento de cuestionarse actos o actuaciones administrativas en el marco de un concurso de méritos, cuando se evidencia que en el mismo ya se haya dictado la lista de elegibles, por ejemplo, cuando se pone en entredicho la posición obtenida, ello en la medida en que un estudio de fondo en relación con los cargos de tutela puede llegar a vulnerar los derechos de quienes la integran.
4.2 La carencia actual de objeto
Por otro lado, en el Decreto 2591 de 1991, norma que regula el trámite de la acción de tutela, se establece lo siguiente:
«Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.»
De la norma transcrita se advierte que, en el curso de la acción de tutela, es factible que se dicte una resolución, sea administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, lo cual torna innecesaria la intervención del juez constitucional para emitir órdenes de protección de los derechos fundamentales invocados.
En relación con el fenómeno denominado carencia actual de objeto, la Corte Constitucional ha señalado: «…tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado».
Adicional a las mencionadas causales, también se ha considerado que la carencia actual de objeto puede acaecer de una situación sobreviniente. Asimismo, ha señalado:
«…La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción …»
En relación con las causales para que se entienda configurada la carencia actual de objeto dicha Corporación ha sostenido:
«Sobre el particular se ha dicho que la carencia de objeto puede ser el resultado de cualquiera de las siguientes situaciones:
(i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al respecto.
…
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991).
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en casos en que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez de tutela.
…»
Respecto de la figura del hecho superado, esta Sección ha considerado lo siguiente:
«(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
…
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados…
…
Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular un juicio de reproche, si (sic) ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
…
‘…No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita…’
Ahora bien, resulta necesario distinguir en este punto, cuando la sentencia de primera instancia ordena un amparo y la autoridad accionada le da cumplimiento, pero a pesar de ello la impugna, el ad quem constitucional deberá entrar a analizar los argumentos de las alegaciones formuladas, para determinar si realmente había lugar o no a declarar tal vulneración».
5. Caso concreto
La parte actora considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades demandadas con la falta de expedición y publicación del cronograma para el desarrollo de las etapas de la Convocatoria 04 de 2017, para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de cargos de empleados en carrera administrativa de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
Dichas entidades demandadas se opusieron a la prosperidad de la solicitud de amparo, mientras que el a quo declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que el referido cronograma fue expedido y publicado antes de dictar el fallo de tutela de primera instancia.
Inconforme con tal decisión y bajo el argumento de que la vulneración de sus derechos aún persiste, tanto la actora como el coadyuvante impugnaron la citada sentencia con la finalidad de que se decida de fondo la controversia por ellos planteada.
De manera que, corresponde determinar si las autoridades demandadas vulneraron las garantías constitucionales invocadas, por no expedir ni publicar el cronograma para la Convocatoria 4 de 2017, pese a la petición que presentó para tal fin, si frente a tal aspecto se configura una carencia actual de objeto, tal como lo consideró el a quo o si por el contrario, procede el estudio de fondo en atención a lo manifestado en las impugnaciones.
La parte actora indicó que la publicación del mencionado documento antes del fallo de primera instancia solo se hizo para que se tuviera como superado tal hecho y así, se declarara la carencia actual de objeto.
Por tanto, para la demandante la vulneración de sus derechos aún persiste porque: a) la unidad de carrera demandada ha cambiado a su arbitrio las fechas, pues ha modificado el cronograma y, b) el a quo no se pronunció acerca de lo manifestado por esta frente a las circunstancias sobrevinientes que impidieron en un inicio establecer un cronograma.
También cuestionó que en los cronogramas publicados se haya indicado que «es susceptible de ajustes derivados de las circunstancias sobrevinientes que impidan su ejecución.», lo cual denota la falta de reglas y fechas claras para el desarrollo de cada una de las etapas del concurso, que obligan también a los convocantes.
Así, la actora cuestionó la falta de diligencia del Consejo Superior de la Judicatura y la mencionada unidad.
En esta ocasión, la demandante adujo que se vulneran el debido proceso, la seguridad jurídica, la buena fe y su «derecho para alegar», pues el a quo no verificó el goce efectivo de sus derechos, porque no estudió de fondo el hecho de que el cronograma no garantiza el desarrollo oportuno de las etapas del concurso.
Por su parte, el coadyuvante, quien también impugnó, pretende que se mantenga el cronograma en sus fechas y plazos iniciales, y se eviten modificaciones a los mismos, pues de lo contrario se vulneran los derechos fundamentales de los concursantes.
5.1 De la carencia actual de objeto respecto de la expedición y publicación del cronograma en la Convocatoria 4 de 2017.
Para la Sala la vulneración de los derechos que inicialmente invocó la parte actora no se ha prolongado en el tiempo, por las siguientes razones:
En primer lugar, se recuerda que en el escrito de tutela inicial tales garantías correspondieron a los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad, mientras que con la impugnación adujo como transgredidos el debido proceso, la seguridad jurídica, la buena fe y su «derecho para alegar».
En segundo lugar, el objeto de la demanda de tutela inicial fue la falta de expedición y publicación del cronograma para el desarrollo de las etapas de la Convocatoria 4 de 2017, para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de cargos de empleados en carrera administrativa de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
Mientras que con el escrito de impugnación, la accionante pretende que se le imponga a las demandadas: a) el deber de cumplir las fechas que ellas mismas adopten para el desarrollo de cada etapa del concurso, b) desplieguen las acciones que sean necesarias para resolver dentro de los términos del cronograma los recursos que se interpongan y c) eviten dilaciones injustificadas que «…rompan con las reglas del concurso y la credibilidad de la administración.»
Conforme a lo expuesto, para la Sala las pretensiones de la acción de tutela inicial variaron con el escrito de impugnación que presentaron tanto la accionante como el coadyuvante, bajo el sustento de que en el informe que presentó la unidad de carrera se puso de manifiesto lo atinente a las circunstancias sobrevinientes que impidieron en un inicio que se publicara el cronograma en cuestión.
De manera que, se encuentra acertado lo señalado por el a quo en el sentido de considerar que, en aras de no afectar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte, no podía efectuar un pronunciamiento respecto de los memoriales que presentó la actora el 27 de mayo y 4 de junio de 2019 (folios 248 a 251, 253 a 256), en cuanto a la forma como se estructuró el cronograma.
Ello, por cuanto con tales escritos, la demandante manifiesto su inconformidad frente a las «circunstancias sobrevinientes y la duración indefinida», lo cual para la Sala corresponden a aspectos que no se propusieron ni se pueden deducir de la demanda inicial, cuya pretensión principal se recuerda fue la de ordenar a las demandadas que:
«… en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, de manera conjunta establezcan y publiquen el cronograma claro y preciso para el desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria destinada a proveer cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios (Convocatoria Nº 4).»
Para la Sala, lo mismo ocurre con los nuevos derechos fundamentales que se invocan con las impugnaciones, es decir, en procura de afectar los derechos de la contraparte, no es posible efectuar un análisis de fondo de los mismos, por cuanto no fueron planteados de un inicio de la acción de tutela.
Ahora bien, la accionante manifestó que de lo relativo a las circunstancias sobrevinientes solo pudo tener conocimiento con el fallo impugnado, al tiempo que cuestionó que las entidades no publicaran tales motivos, lo cual a su juicio, no garantiza el desarrollo oportuno de cada una de las etapas del concurso.
De manera que, en lo que respecta al objeto de la escrito inicial de tutela, la Sala encuentra cumplidas las pretensiones de la demandante, pues se expidió y publicó el cronograma en cuestión. Distinto es que con posterioridad este se haya modificado en razón a las circunstancias sobrevinientes sobre las cuales se sustentó el informe de la unidad demandada, recibido electrónicamente el 14 de mayo de 2019 (folio 241 y 242).
Por tanto, de lo anterior se infiere que lo que ahora representa una inconformidad para los impugnantes son las circunstancias sobrevinientes que se tornan «indefinidas», en razón a las dilaciones injustificadas, frente a la modificación o eventuales modificaciones que pudieran hacerse del cronograma inicial.
Al respecto, la Sala advierte que si bien tal asunto corresponde al desarrollo del proceso administrativo que aconteció con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, lo cierto es que no resulta procedente un análisis de fondo del mismo, en aras de no afectar los derechos fundamentales de la contraparte.
Así, debe indicarse que decidir en el sentido contrario, es decir, analizar de fondo nuevos argumentos o planteamientos, hechos y pretensiones que pudieran suscitarse luego de haberse integrado la Litis en una acción de tutela, conllevaría a la afectación de la parte demandada e incluso de terceros vinculados que no tuvieron la oportunidad de presentar el respectivo informe frente a tales aspectos.
Por lo que, se observa que no se configura una vulneración al debido proceso de la demandante y mucho menos al derecho fundamental a la igualdad, toda vez que antes de que se profiriera el fallo de tutela de primera instancia se satisfizo el objeto de la demanda, cuyo procedimiento administrativo difiere de la convocatoria adelantada a nivel nacional para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Por tanto, se encuentra que el objeto de la solicitud de amparo, esto es, la expedición y publicación del cronograma de actividades del concurso, se efectuó antes de que se profiriera el fallo impugnado y, en tal sentido, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que frente a este punto se confirmará la decisión el a quo.
5.2 De la carencia actual de objeto en relación con la petición y sus respuestas
Podría considerarse que con el análisis anterior queda dilucidado el asunto relacionado con el objeto de la solicitud de amparo, no obstante, como la parte actora consideró en dicho escrito inicial que se vulneraron no solo los derechos al debido proceso y a la igualdad, sino el de petición, se procederá al siguiente estudio:
La parte actora manifestó que el 4 de enero de 2019 presentó electrónicamente una petición, ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial, con la finalidad de solicitar el cronograma completo, dispuesto para el trámite del concurso de méritos para la provisión de cargos para empleados. Textualmente, solicitó: «…me permito solicitar el cronograma completo, dispuesto para el trámite del concurso de méritos para la provisión de cargos para empleados, cuarta convocatoria.»
El cual reiteró con escrito enviado electrónicamente el 11 de enero de la misma anualidad, ante el requerimiento de la firma del escrito inicial que hiciera la aludida unidad a la actora.
De conformidad con el material probatorio allegado se encuentra que la Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta mediante oficio CJO19-238 del 29 de enero de 2019, notificada a la accionante vía electrónica el 30 de enero de la misma anualidad (folios 11 y 13), en el cual se le informó lo siguiente:
«Los Consejos Seccionales de la Judicatura en coordinación con esta Unidad, publicaron el instructivo para la presentación de las pruebas escritas el 11 de enero de 2019, y se estableció como fecha para la realización de las mismas el día 3 de febrero de 2019. Información que puede ser consultada en la página web de (sic) Rama Judicial, en el enlace para la convocatoria 4 de cada Consejo Seccional, la citación con la información de la hora y lugar de la presentación, será publicada por el mismo medio, una vez se haya definido.
De igual forma y por el mismo medio, se estará comunicando la información sobre las demás actividades que se vayan programando.»
En igual sentido, a través de oficio CJO19-2013 de 13 de marzo de 2019, notificada electrónicamente el 19 de marzo del mismo año (folios 12 y 14), se le indicó:
«En atención a su petición…me permito informarle que en la actualidad la Universidad Nacional se encuentra adelantando la lectura de las hojas de respuesta de las pruebas y una vez se tengan los resultados de las mismas, se coordinará la publicación y atención de los recursos, estableciendo conjuntamente con los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura el cronograma de actividades teniendo en cuenta el número de solicitudes y recursos interpuestos por los aspirantes a nivel nacional.»
En ese sentido, como tales respuestas, contenidas en los referidos oficios, no es posterior a la admisión de la solicitud de amparo, no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto, sino que procede su análisis de fondo en aras de establecer si se configuró o no una vulneración al derecho fundamental de petición.
Al respecto, la Sala encuentra que frente a la petición de la parte actora existe una respuesta oportuna, clara, expresa y congruente con lo solicitado, la cual fue efectivamente notificada incluso antes de la presentación de la acción de tutela. Por tanto, no se advierte transgresión alguna de dicha garantía constitucional.
En conclusión, la Sala se permite concluir que ha operado la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la amenaza a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante tanto con la expedición y publicación del cronograma, por lo que en tal sentido, así se declarará. Adicionalmente, se negará la protección invocada respecto de la petición de la demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Niéganse las solicitudes de desvinculación de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Meta, Bolívar, Bogotá, Huila, Caldas y Cundinamarca, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Confírmase el fallo impugnado del 20 de junio de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas.
TERCERO: Adiciónase la sentencia de primera instancia impugnada, para negar la protección invocada respecto de la petición de la demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)
Señaló que a través del Acuerdo CSJATA17-665 del 23 de octubre de 2017, se amplió el término del proceso de inscripciones de la convocatoria para cargos de empleados de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Oficinas de Servicios y de Apoyo.
Información disponible en: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-bogota/convocatoria-no.4-de-empleados-de-tribunales-juzgados-y-centro-de-servicios" https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-bogota/convocatoria-no.4-de-empleados-de-tribunales-juzgados-y-centro-de-servicios, última consulta realizada el 20 de junio de 2019.
Folio 3 (reverso) del expediente.
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/16518988/C22-RAS-1218-3.pdf/bd40c980-e43e-48ef-94b9-925d797b1323, última consulta realizada el 29 de abril de 2019.
Notificada electrónicamente el 26 de junio de 2019 (folio 268). Al respecto, resulta del caso precisar que la Secretaría General de esta Corporación el 2 de julio remitió dio alcances a la notificación anterior en el «…sentido de precisar que la providencia notificada fue proferida con ponencia del Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez (E), Consejero de Estado de la Sección Cuarta.» (folio 302).
Folio 343.
Consejo de Estado, Sección tercera. Bogotá, D.C., febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010). Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). Actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros. Demandado: municipio de Santiago de Tolú y otros.
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
Entre otras, ver: Sentencia del 25 de agosto de 2016, dictada dentro del expediente 2016-161-01, magistrada Rocío Araújo Oñate. Asimismo, puede consultarse el fallo del 4 de febrero de 2016, expediente 2015-2718-01, magistrado Alberto Yepes Barreiro. Finalmente, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 2011-407-01, magistrado Alberto Yepes Barreiro.
Sentencia T - 358 de 2014.
Sentencia T – 653 de 2017.
Sentencia SU 225 de 2013 y T-317 de 2005.
Sentencia T-472 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia T-472 de 2017.
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto. Al respecto ver las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro. Bogotá D. C., primero (1º) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05655-01. Actor: Hernán Darío Cortés Silva. Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional. Asunto: Fallo de segunda instancia – Carencia actual de objeto.
Al correo: lidatrigos@gmail.com.
Al mismo correo anterior.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.