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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01306-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
27 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01306-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Amparo Castañeda Albino por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo. TERCERO. Dentro del término legal, si la sentencia no fuera impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01306-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

27 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCESO EJECUTIVO - Adelantado por una obligación de hacer en un contrato de compraventa / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO VALOR - Se constituye en aquel que tiene una obligación clara, expresa y exigible / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL - No Configuración

Corresponde a esta Sala determinar si existió o no, vulneración al derecho fundamental al debido proceso por la configuración de un defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente con la Sentencia de 30 de junio de 2016 y 27 de agosto de 2018, por medio de las cuales no se siguió adelante la ejecución, en los términos ordenados en el mandamiento de pago, tras considerar que la obligación contenida en el título ejecutivo no resultaba exigible. (…) [L]as pruebas que alega como desconocidas la parte accionante, tales como, el acta de entrega del predio, el certificado de disponibilidad presupuestal, la copia del avalúo del predio, la copia de la licencia urbanística por subdivisión de predios, el contrato de obra pública (…), entre otras, son pruebas que en nada modifican el hecho esencial de que la accionante, al momento de interponer la demanda ejecutiva, que culminó con las [s]entencias enjuiciadas, no haya tenido un contrato de compraventa sino un contrato de promesa de compraventa. (…) Lo expuesto permite concluir de manera palmaria que el título presentado con la demanda ejecutiva, fue una promesa de compraventa, razón por la cual, el argumento según el cual, no era posible acceder a lo pretendido por la accionante (que se pague el precio del bien inmueble) en tanto no existía título que respaldara la obligación, resultaba suficiente, para confirmar la decisión de no seguir adelante la ejecución. [Razón por la cual,] las pruebas reseñadas no resultaban relevantes, luego, no se configura el citado defecto. (…) [P]ara la Sala, las Sentencias enjuiciadas al verificar nuevamente la naturaleza del título ejecutivo y determinar que la obligación que pretendía la accionante (pago del precio) no era exigible del título que había allegado (promesa de compraventa), no incurrió en un defecto procedimental absoluto por haberse pronunciado por fuera de las excepciones, como quiera que era su deber, en primer lugar, verificar la existencia misma del título y, en segundo lugar, superado lo anterior, revisar sus elementos de fondo, esto es, que contuviera una obligación clara, expresa y exigible. Luego, ante la inexistencia del título ejecutivo del contrato de compraventa, no tenía otro camino posible que negar las pretensiones como en efecto se realizó. (…) [La parte actora] [a]legó que el fallador de primera instancia no debía inhibirse so pretexto de existir una indebida escogencia de la acción y que así, lo ha señalado el Consejo de Estado, Sección Primera, Radicado No. 25000232400020080001102, que entre otros asuntos, señaló que el juez tenía la facultad oficiosa de interpretar la demanda y con ello, evitar fallos inhibitorios. (…) [L]a Sala debe indicar que no se desconoció el precedente aludido según el cual, el juez debe proceder a interpretar la demanda con el fin de evitar fallos inhibitorios, como quiera que en el caso concreto, la decisión, tanto de primera, como de segunda instancia, fue de mérito y consistió en abstenerse de seguir adelante la ejecución. (…) La Sala negará la solicitud de amparo interpuest[a], toda vez que no se encontró que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante, ya que las Sentencias enjuiciadas no incurrieron en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01306-00(AC)

Actor: AMPARO CASTAÑEDA ALBINO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela instaurada, por la señora Amparo Castañeda Albino, en contra de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta y del Juzgado 8 Mixto Administrativo de Villavicencio.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones de la Sala. 3. Decisión.

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Solicitud de amparo. 1.2 Hechos. 1.3 Fundamentos de la vulneración y causales específicas invocadas. 1.4 Actuaciones procesales relevantes.

Solicitud de amparo

La señora Amparo Castañeda Albino, instauró acción de tutela contra las Sentencias de 30 de junio de 2016, del Juzgado 8 Mixto Administrativo de Villavicencio, y 27 de agosto de 2018, del Tribunal Administrativo del Meta - Sala Transitoria, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia.

A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):

“Solicito a su despacho se sirva decretar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, en consecuencia se proceda a revocar el fallo de primera instancia del 30 de junio de 2016, del Juzgado Octavo Mixto Administrativo de Villavicencio, y el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Meta - Sala Transitoria, del 27 de agosto de 2018, y, se ordene seguir adelante con la ejecución del título base de recaudo ejecutivo y proseguir con el procedimiento de la acción ejecutiva para el cumplimiento de la obligación en mora.”

Hechos

1) El 4 de mayo de 2007, la señora Amparo Castañeda Albino, en calidad de copropietaria del bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 232-16039, celebró "contrato de compraventa" de bien inmueble con el Municipio de Acacías – Meta, representado en dicho acto, por la señora Sonia Edith Zafra Ortega, quien actuaba en calidad de Directora Operativa de Apoyo a la Contratación del ente territorial.

2) En la cláusula PRIMERA del contrato de compraventa se estableció el objeto así: “LA VENDEDORA se obliga a transferir en venta real y efectiva, en menor extensión, siete mil quinientos metros cuadrados (7.500 M2) del derecho de dominio y posesión que en común y pro indiviso ejerce sobre el cincuenta por ciento (50%), equivalente a ocho mil cuatrocientos ochenta y tres metros con veinticuatro centímetros cuadrados (8.483.24 M2), del siguiente bien inmueble urbano cuyas características son: lote urbano denominado “GRANJA LA CABAÑA” ubicado en el perímetro urbano del Municipio de Acacías – Departamento del Meta, identificado catastralmente con el No. 01-00-0255-0001-000, con una extensión superficiaria de (…) (16.966.49 M2)”.

3) Como precio de la compraventa, las partes pactaron la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. (126.400.000) que serían pagados al vendedor de la siguiente forma: a) El 50% del valor del precio de la compraventa, el día de la firma de la escritura pública; y; b) el 50% restante dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro.

4) Además, se acordó que el contrato de compraventa se elevaría a escritura pública el 27 de septiembre de 2007, en la Notaría Única del Círculo de Acacías – Meta, a las 4:00 p.m. Fecha que podía ser modificada de común acuerdo entre las partes, si la vendedora con anterioridad o posterioridad a dicha fecha obtenía el fallo de división material del inmueble.

5) El 1 de noviembre de 2007, el inmueble mencionado fue materialmente entregado al señor Luis Arley Romero Cabrera, almacenista municipal de Acacías – Meta.

6) El 9 de diciembre de 2007, de común acuerdo, las partes decidieron: a) modificar el contrato de compraventa, para prescindir del requisito del proceso judicial divisorio que debía adelantarse de forma previa a la firma de la escritura; y, b) para fijar el día 15 de abril de 2008 (9:00 a.m.) como nueva fecha de suscripción de la escritura pública, en la Notaría Única del Círculo de Acacías – Meta. Cita a la cual debían concurrir todos los copropietarios del lote de mayor extensión sobre el cual se le transferiría el derecho real de dominio al comprador.

7) El 6 de mayo de 2008, mediante Resolución No. 035, la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Acacías concedió licencia urbanística de subdivisión de predios a los señores Amparo Castañeda Albino, María Victoria Monroy Castañeda y José Benigno Monroy Castañeda, para subdividir el predio de su propiedad denominado “Granja La Cabaña” de la siguiente forma: Área total del lote: 16.966.49 M2; Área Lote 1: 10.863.82 M2; Área Lote 2: 6.102.67 M2.

8) El 9 de mayo de 2008, de común acuerdo, las partes decidieron establecer otra fecha para efectuar la firma de la escritura pública, que, esta vez, sería el 30 de mayo de 2008, en la Notaría Única del Círculo de Acacías – Meta, a las 4:00 p.m.

9) El 30 de mayo de 2008, desde las 3:30 hasta las 6:00 de la tarde, comparecieron a la Notaría Única del Círculo de Acacías – Meta, la señora Amparo Castañeda Albino y los demás copropietarios, con el ánimo de dar cumplimiento al contrato de compraventa. El representante legal de la entidad territorial no se presentó.

10) El 10 de julio de 2009, mediante apoderado judicial, la señora Amparo Castañeda Albino presentó demanda ejecutiva en contra del Municipio de Acacías – Meta, pretendiendo que se librara a su favor mandamiento de pago en los siguientes términos:

“1. Por la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (126.400.000) correspondientes al precio del valor de la compraventa del contrato de compraventa de fecha 4 de mayo de 2007 (título ejecutivo compuesto).

2. Por los intereses moratorios generados a partir del día 1 de junio de 2008, a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera para cada periodo mensual, hasta cuando se efectúe el pago total”

11) Mediante Auto de 16 de noviembre de 2010 el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio libró mandamiento de pago contra el Municipio de Acacías – Meta en los términos solicitados la señora Castañeda Albino en la demanda ejecutiva.

12) El 30 de junio de 2016, el Juzgado 8 Mixto Administrativo de Villavicencio profirió Sentencia con la cual revocó el mandamiento de pago, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el pago de las costas a cargo de la parte ejecutante, al estimar que el título ejecutivo base de recaudo carecía de exigibilidad. Contra esta decisión la accionante interpuso recurso de apelación.

13) La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, en Sentencia de 27 de agosto de 2018, decidió confirmar la providencia recurrida. Para ello consideró:
“Se colige de ello, que la obligación de pagar el precio de la compraventa, a la que se contrae el mandamiento de pago, no es exigible ya que la misma no surge de la promesa de compraventa que se aportó como título base de recaudo, pues como se indicó, el pago del precio se condicionó a la suscripción de la respectiva escritura pública de compraventa y su inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo cual no ocurrió en el presente caso, razón por la cual deviene confirmar la sentencia apelada en cuanto encontró acreditada la excepción de falta de exigibilidad del título ejecutivo base de recaudo.”

Fundamentos de la vulneración y causales específicas invocadas

La accionante argumentó que las autoridades judiciales cuestionadas incurrieron en las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial denominadas: defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.

Para sustentar el defecto fáctico alegó que las autoridades judiciales desconocieron las siguientes pruebas: 1) el acta de entrega del predio de 1 de noviembre de 2007; 2) el oficio de información sobre la intención de compra por parte del municipio; 3) la copia auténtica del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2007000421; 4) la copia auténtica del avalúo hecho por la corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio; 5) la copia del plano realizado por Juan Antonio Barbosa; 6) la copia de la licencia urbanística por subdivisión de predios; 7) la copia auténtica del contrato de obra pública No. 213 de 2007; y, 8) el registro fotográfico allegado al proceso ejecutivo (21 fotos a color).

Adicionalmente, argumentó que dentro del proceso no obró como prueba el concepto jurídico que respaldó la decisión del Municipio de Acacías de no asistir a la firma de la escritura pública, en el cual la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado 8 fundaron sus providencias.

Por otra parte, para presentar el cargo de decisión sin motivación, indicó que, las consideraciones de las sentencias cuestionadas eran propias de providencias que resolvían una acción contractual y no una ejecutiva, pues, en ellas, las autoridades judiciales no declararon probada alguna de las excepciones planteadas como medio de defensa por la parte ejecutada, sino que procedieron a efectuar un análisis del contrato de compraventa como título ejecutivo.

Por último, al hacer referencia al desconocimiento del precedente, manifestó que, en el evento en que las autoridades judiciales hubiesen encontrado que había incurrido en indebida escogencia de la acción, lo correspondiente era corregir tal irregularidad, enderezando el trámite procesal al que estimaran pertinente, como se consideró en la Sentencia de 2 de marzo de 2016; Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala; radicado número 25000-23-24-000-20008-00011-02; Demandante: Laboratorios HIGEA de Colombia LTD; Demandado: INVIMA.

En virtud de lo expuesto, alegó 1) defecto fáctico, 2) decisión sin motivación y 3) desconocimiento del precedente.

Actuaciones procesales relevantes

Admisión de la demanda

Mediante Auto de 3 de abril de 2019, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó vincular a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado 8 Mixto Administrativo de Villavicencio y al Municipio de Acacías – Meta, como tercero con interés en el proceso. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

El Municipio de Acacías, por intermedio de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, intervino para solicitar que se negara el amparo de los derechos fundamentales invocados, toda vez que con la actuación del ente territorial no se habían conculcado de forma alguna los mismos.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, el Juzgado 8 Mixto Administrativo de Villavicencio, y, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dentro de término otorgado, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Competencia. 2.2. Cuestión preliminar. 2.3. Problema jurídico. 2.4. Verificación de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. Conclusiones.

2.1 Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto.

2.2 Cuestiones preliminares

Frente a la identificación del derecho presuntamente vulnerado debe indicarse que pese a que la accionante registró en su solicitud de amparo, violados los derechos fundamentales de debido proceso, seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia, esta Sala centrará su análisis en la presunta vulneración del derecho al debido proceso, por las siguientes razones: (1) de los hechos y los fundamentos de la violación presentados por la accionante se tiene que la presunta vulneración de garantías constitucionales se produjo en el marco de una actuación judicial. En tal sentido, cobra relevancia estudiar si fue o no lesionado el derecho al debido proceso durante el desarrollo del trámite judicial ordinario; y (2) la presunta vulneración de los demás derechos invocados, fueron presentados por la accionante como consecuencia misma de la afrenta al derecho al debido proceso, en consecuencia, en el evento de encontrar lesionado el derecho al debido proceso, se estudiarán las posibles afectaciones a los demás derechos.

Sobre los defectos alegados, la accionante, en su escrito inicial de tutela, mencionó que la Sentencias acusadas incurrieron en defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.

Para argumentar la decisión sin motivación señaló que las autoridades judiciales no declararon probada alguna de las excepciones planteadas como medio de defensa por la parte ejecutada, sino que procedieron a efectuar un análisis, extra petita, del contrato de compraventa como título ejecutivo. Frente a ello, la Sala estima que no se trata del defecto señalado sino defecto procedimental absoluto, por haber actuado por fuera del procedimiento establecido que lo obligaba a pronunciarse, a su juicio, únicamente frente a las excepciones, razón por la cual la Sala se pronunciará sobre este defecto.

En virtud de ello, si se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala entrará a resolver tres defectos a saber: 1) defecto fáctico, 2) defecto procedimental absoluto y 3) desconocimiento del precedente.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si existió o no, vulneración al derecho fundamental al debido proceso por la configuración de un defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente con la Sentencia de 30 de junio de 2016 y 27 de agosto de 2018, por medio de las cuales no se siguió adelante la ejecución, en los términos ordenados en el mandamiento de pago, tras considerar que la obligación contenida en el título ejecutivo no resultaba exigible.
2.4 Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutelas contra providencia judicial

En el sub judice, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela:

– La providencia que ahora se cuestiona fue proferida dentro de un proceso ejecutivo, respecto de la cual no existe recurso, ordinario o extraordinario, que permitiera a la parte accionante procurar la defensa, en sede ordinaria, el derecho presuntamente vulnerado; por lo tanto, se cumplió con (1) el requisito de subsidiariedad.

– (2) El requisito de inmediatez se cumplió, toda vez que la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta - Sala Transitoria, de 27 de agosto de 2018, se notificó por edicto fijado en la Secretaría de esa Corporación entre los días 23 y 25 de enero de 2019 y la acción de tutela fue radicada el 29 de marzo de 2019, esto es, dentro de un plazo razonable.

– La acción de la referencia (3) no se dirigió contra una Sentencia de tutela.

– (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos que generaron la vulneración de sus derechos.

– (5) La controversia bajo examen es de relevancia constitucional porque, en primer lugar, la discusión se circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, con ocasión de la expedición de una providencia judicial, de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta - Sala Transitoria, respecto de la cual se alega la configuración de tres defectos, incluyendo aquí, el desconocimiento del precedente.

• En consecuencia, evidenciado que la acción de tutela satisface los requisitos generales, la Sala procede a comprobar si las sentencias que se enjuician, vulneraron al debido proceso, por la configuración de los defectos ya señalados.

2.5 Verificación de las causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial

Con el fin de comprender la decisión, resulta necesario estructurar un marco que envuelve dos de los defectos alegados, esto es, defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente.

2.5.1 Defecto procedimental absoluto y marco específico

Para resolver la presente controversia, conviene recordar lo previsto en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, partiendo de la premisa que la demanda ejecutiva se instauró en vigencia de ese estatuto procesal. En ese orden, la aludida disposición previó:

"ARTÍCULO 68.Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:
(...)
4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso."

Ahora bien, frente a los elementos de un título ejecutivo, el Código General del Proceso, en su artículo 422 precisó:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

Por resultar necesario para resolver la controversia, conviene traer, también, a la providencia el artículo 430 de ese mismo Código que, frente al mandamiento de pago, señaló:

Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.

De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante, si a ello hubiere lugar. (Énfasis de la Sala)

De las citadas normas, es válido concluir que frente al título ejecutivo existen dos tipos de requisitos, los formales, entendidos como 1) la autenticidad, 2) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva; y los sustanciales, consistentes en que contenga una obligación clara, expresa y exigible.

La interpretación razonable que surge de la lectura de artículo 430 del Código General del Proceso, es que la norma prevé que pese a no resultar posible que el juez declare los defectos formales en la sentencia, sí tiene habilitación legal para verificar la existencia del título en sí misma y declarar defectos de tipo sustancial. Pensar lo contrario, equivaldría a que el juez únicamente debe revisar la existencia y los requisitos sustanciales del título al momento de librar mandamiento de pago. Con ello, en el evento de haber librado orden de apremio con algún título sustancialmente defectuoso, tal error, no podría ser enmendado en manera alguna, situación que, a todas luces, atentaría con la primacía del derecho sustancial.

Finalmente, para afianzar la citada postura, se recuerda que el Consejo de Estado al proferir la sentencia dentro de un proceso ejecutivo sostuvo:

"Así las cosas, corresponde al funcionario judicial que conozca la acción ejecutiva, hacer el examen juicioso y detenido del documento allegado como título ejecutivo para verificar el cumplimiento de los requisitos antes reseñados, de manera que se verifique que en él se contenga una obligación clara, expresa y exigible."

2.5.3 Desconocimiento del precedente y marco específico

La parte accionante indicó que las sentencias acusadas desconocieron el precedente, porque, a su juicio, de considerar que la acción ejecutiva no resultaba procedente debieron adecuar el proceso, como se consideró en la Sentencia de 2 de marzo de 2016; proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con radicado número 25000-23-24-000-20008-00011-02; Demandante: Laboratorios HIGEA de Colombia LTD; Demandado: INVIMA.

Revisada la sentencia, se advierte que la Sentencia señaló dos puntos importantes: [1] “(…) el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentale” [2] En caso de que se haya efectuado un fallo inhibitorio, “resolver de fondo la controversia en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia”, razón por la cual, resulta necesario devolver el asunto al a quo, para que estudie de fondo la controversia y con ello, garantizar el principio de doble instancia.

2.5.4 Hechos probados

(1) La demandante, el 10 de julio de 2009, instauró demanda ejecutiva ante el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio, con el fin de que se ejecute al Municipio de Acacías con base en el “contrato de compraventa” de 4 de mayo de 2007 por ella aportado. En ese orden, en sus pretensiones solicitó que libre mandamiento de pago a. Por la suma de 126.400.000 “correspondiente al precio del valor de la compraventa de 4 de mayo de 2007”, b. Por los intereses moratorios generados a partir del 1 de junio de 2008.

(2) Con Auto de 30 de noviembre de 2009, el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio libró mandamiento de pago en los términos solicitados por la demandante.

(3) El 4 de diciembre de 2009, el Municipio de Acacías se opuso a la ejecución y, de un lado, interpuso recurso de reposición en contra del auto que libró mandamiento de pago y, de otro, contestó la demanda proponiendo las excepciones de 1) ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva, (2) “Exceptio non adimpleti contractus” (3) Excepción genérica.

(4) Mediante Auto de 19 de febrero de 2010, el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Villavicencio tras considerar que la jurisdicción competente para conocer el asunto, era la ordinaria, declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó que, una vez la providencia cobre ejecutoria, se remita el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de Acacías (Meta).

(5) Inconforme con la decisión, la ejecutante la apeló y, mediante auto de 12 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo del Meta declaró desierto el recurso por falta de sustentación.

(6) Con Auto de 15 de junio de 2010, el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio obedeció y cumplió la decisión. El 1 de julio de 2010, le entregó el expediente a la oficina Judicial para que sea repartido a los Jueces Civiles del Circuito de la Ciudad de Acacías Meta.

(7)A través de Auto de 30 de julio de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Acacías libró mandamiento de pago en los términos solicitados en la demanda. Inconforme con la decisión, el municipio recurrió el auto y, mediante decisión de 22 de septiembre de 2010, se revocó la decisión de librar mandamiento de pago y, previo análisis de falta de jurisdicción, se ordenó remitir el expediente al Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio Meta.

(8) Con Auto de 16 de noviembre de 2010, el Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio libró mandamiento de pago en los términos solicitados por la ejecutante. Inconforme con la decisión, el Municipio de Acacías interpuso recurso de reposición. Así mismo, contestó la demanda y propuso las excepciones de 1) ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva, (2) “Exceptio non adimpleti contractus” (3) Excepción genérica.

(9) El 24 de enero de 2011, la parte ejecutante allegó solicitud de nulidad de todo lo actuado, bajo el argumento que se había configurado la causal número 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (CPC), esto es, tramitar la demanda por proceso diferente. Aseguró que en el mandamiento de pago, “la discusión se encausó procesalmente como ejecutivo por obligación de dar”, sin embargo, examinada la fuente de las obligaciones y la naturaleza de las mismas, esto es, el contrato de promesa de compraventa, estima que se omitió darle aplicación al artículo 500 del CPC, esto es, “obligación de hacer”

(10) A través del Auto de 1 de abril de “2010” (se trata de 2011), el Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio negó la solicitud de nulidad sin que la parte ejecutante interpusiera los recursos de ley. El a quo sostuvo que la decisión de librar mandamiento de pago en los términos señalados, atendió a lo solicitado por el apoderado de la ejecutante “en los términos y condiciones por él solicitado”. Agregó que “al Juez que resuelve las demandas ejecutivas, no les es dable introducir correcciones o adecuaciones en los procesos que le son puestos a su consideración (…)”

(11) Mediante Sentencia de 30 de junio de 2016, el Juzgado 8 Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio revocó el mandamiento de pago, levantó las medidas cautelares decretadas y no siguió adelante la ejecución. El argumento principal de su decisión fue que la obligación contenida en el título ejecutivo no resultaba exigible porque la obligación principal estaba "perseguida de condiciones, como fueron las obligaciones reciprocas, plasmadas en la cláusula tercera del contrato de compraventa referente al precio", que no puede ser exigido hasta tanto no se cumplan las obligaciones.

(12) La citada decisión fue apelada por la parte demandante, y, mediante Sentencia de 27 de agosto de 2018, se confirmó la decisión, básicamente con los siguientes argumentos: "Se colige de ello, que la obligación de pagar el precio de la compraventa, a la que se contrae el mandamiento de pago, no es exigible ya que la misma no surge de la promesa de compraventa que se aportó como título base de recaudo, pues como se indicó, el pago del precio se condicionó a la suscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo cual no ocurrió en el presente caso, razón por la cual deviene confirmar la sentencia apelada en cuanto encontró acreditada la excepción de falta de exigibilidad del título ejecutivo base de recaudo" .

2.5.5 Caso concreto

Procede la Sala a pronunciarse sobre los defectos alegados por la accionante, esto es, (1) defecto fáctico, (2) defecto procedimental absoluto y (3) desconocimiento del precedente.

(1) Defecto fáctico. Alegó la señora Amparo Castañeda que las autoridades judiciales, en su decisión de no seguir adelante la ejecución, no tuvieron en cuenta 1) el acta de entrega del predio de fecha 1 de noviembre de 2007; 2) el oficio de información sobre la intención de compra por parte del municipio; 3) la copia auténtica del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2007000421; 4) la copia auténtica del avalúo hecho por la corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio; 5) la copia del plano realizado por Juan Antonio Barbosa; 6) la copia de la licencia urbanística por subdivisión de predios; 7) la copia auténtica del contrato de obra pública No. 213 de 2007; 8) y el registro fotográfico allegado al proceso ejecutivo (21 fotos a color). Agregó que dentro del proceso no obró como prueba el concepto jurídico que respaldó la decisión del Municipio de Acacías de no asistir a la firma de la escritura pública, en el cual la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado 8 fundaron sus providencias.

Para resolver este punto, conviene precisar que la actora allegó como título ejecutivo un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, pretendiendo el pago de su precio y de intereses moratorios, como se indicó en los hechos probados. En ese orden de ideas, aunque, en principio, se libró mandamiento de pago, en los términos solicitados por la ejecutante, la sentencia de segunda instancia, confirmó la decisión de no seguir adelante la ejecución bajo el argumento que la obligación de pagar el precio del bien inmueble, no resulta exigible de la promesa de compraventa, dado que el precio era una obligación, propia, del contrato definitivo de compraventa.

Dicho lo anterior, la Sala comprende que el motivo que fundó la decisión de no seguir adelante la ejecución fue que “la promesa de compraventa de inmueble supone la obligación propia y simultánea de otorgar la escritura pública respectiva, obligación que es entonces de hacer y no de dar, de modo que la pretensión de la ejecutante, de librar mandamiento de pago por la Suma de $ 126.400.000 correspondiente al precio de la venta, carece de prosperidad por cuanto no emana del contrato de promesa de compraventa dicha obligación” Luego, el hecho de no invocar un título ejecutivo que contenga la obligación pedida, constituye una razón suficientemente válida para no seguir adelante la ejecución.

Ahora bien, las pruebas que alega como desconocidas la parte accionante, tales como, el acta de entrega del predio, el certificado de disponibilidad presupuestal, la copia del avalúo del predio, la copia de la licencia urbanística por subdivisión de predios, el contrato de obra pública No. 213 de 2007, “Objeto: recuperación paisajística del parque malecón turístico de Acacías II Etapa”, entre otras, son pruebas que en nada modifican el hecho esencial de que la accionante, al momento de interponer la demanda ejecutiva, que culminó con las Sentencias enjuiciadas, no haya tenido un contrato de compraventa sino un contrato de promesa de compraventa, y, que, en esa medida, no resultaba procedente ejecutar al Municipio de Acacías por el precio del predio.

Así las cosas, aunque las aludidas pruebas no fueron desarrolladas en la Sentencia enjuiciada, lo cierto es que ellas, a la luz de la argumentación propuesta por el Tribunal, no resultaban relevantes para adoptar la decisión, por la sencilla pero elemental razón, que, con las mismas, se buscaba demostrar que el municipio compró un bien inmueble de cuerpo cierto, y que, en esa medida, debía ser ejecutado para que pague el precio, situación que hubiese sido relevante, si el título ejecutivo allegado, en efecto, hubiese sido el contrato de compraventa y no la promesa como ocurrió.

En este punto, conviene precisar que el solo hecho que el documento allegado con la demanda, como título ejecutivo se haya rotulado como “contrato de compraventa de bien inmueble”, no significa que, en efecto, se hubiera tratado de un contrato de compraventa por la razón irrefutable de que al tratarse de la compraventa de un bien inmueble debía hacerse a través de escritura pública, a la luz del artículo 1857 del Código Civil, escritura que nunca se glosó como título.

Revisado el documento aportado, queda claro que el mismo, a pesar de su denominación formal, en el fondo, responde a un contrato de promesa de compraventa a la luz del artículo 1611 del Código Civil como quiera que 1) constó por escrito, 2) no es de aquellos que la ley declara ineficaces por no incurrir en los requisitos del artículo 1511 del Código Civil, 3) fijó la época para la celebración del contrato (27 de septiembre de 2007), 4)determinó los puntos esenciales del contrato, de tal suerte que para su perfección, faltaban las formalidades legales (entre ella que se otorgara mediante escritura pública) y la tradición de la cosa.

La anterior tesis, es reafirmada por la parte accionante, quien también puso de presente, valga anotarlo, un año y medio, aproximadamente, después de interponer la demanda, que el título ejecutivo no era un contrato de compraventa. Debe recordarse entonces que en memorial radicado el 24 de enero de 2011, mediante el cual solicitó la nulidad de lo actuado, por considerar que la demanda “se adelantó por un trámite inadecuado”, la actora señaló (se trascribe):

(…)
La fuente de las obligaciones reclamadas por la parte que represento es eminentemente contractual, lo cual es apreciable al ponderar que efectivamente las partes se obligaron a razón de un contrato de promesa de compraventa (art. 1611 del CC), el cual más allá de encontrar sus requisitos esenciales y demás particularidades en el derecho común, no deja de ser un contrato estatal en virtud del criterio subjetivo que identifica a esta especie de contratos (art. 36 y 41 de la Ley 80 de 1993)
Que siendo el contrato de promesa de compraventa el punto de inflexión de las obligaciones de ambas partes, es imperativo reseñalr que por su NATURALEZA de dicho contrato típico emana esencialmente (puede que no exclusivamente) una obligación de hacer.
Que dicha obligación de hacer, genera sendas cargas para las partes que se concretan en la comparecencia para la celebración del contrato prometido en la época preestablecida.
Que sin perjuicio de los demás razonamientos que se pueden llegar efectuar, es evidente que conforme se elevaron las pretensiones y sobre todo, conforme se libro auto de mandamiento de pago se omitió llamar a las partes a honrar la obligación que emanan naturalmente de la promesa, esto es, la de comparecer a la celebración del contrato prometido en la época preestablecida según el acuerdo contractual.
Que así las cosas, al haberse proferido mandamiento de pago por obligación de dar, se tomó un camino procesalmente errado, pues dicha decisión orienta a las partes por las vías de un proceso que los priva de la posibilidad de ejercer derechos tales como los consagrados en el art. 500 [obligación de hacer] y en efecto la parte demandada ya lo advierte en uno de sus memoriales.
Finalmente es necesario advertir, que el error de ninguno de los intervinientes en el proceso, concede licencia para pretermitir las normas procedimentales, más aún cuando las mismas encierran una de las etapas del proceso que si no se pone remedio a tiempo las partes nunca conocerán.”

Como se anotó en los hechos probados, mediante Auto de 1 de abril de 2011, que no fue recurrido, se negó la solicitud de nulidad bajo el argumento que le estaba vedado al juez natural ajustar las pretensiones de la demanda, y que, en esa medida, el asunto fue tramitado en los términos que pidió la ejecutante.

Lo expuesto permite concluir de manera palmaria que el título presentado con la demanda ejecutiva, fue una promesa de compraventa, razón por la cual, el argumento según el cual, no era posible acceder a lo pretendido por la accionante (que se pague el precio del bien inmueble) en tanto no existía título que respaldara la obligación, resultaba suficiente, para confirmar la decisión de no seguir adelante la ejecución.

En consecuencia, si el defecto fáctico se configura cuando el operador judicial, “pretermite u omite la práctica o valoración de pruebas indiscutiblemente relevantes para resolver el respectivo asunto”, teniendo en cuenta que en el caso concreto, el argumento ya citado bastaba para adoptar la decisión de no seguir adelante la ejecución, las pruebas reseñadas no resultaban relevantes, luego, no se configura el citado defecto.

(2) Defecto procedimental absoluto. En este punto, la accionante estima que las Sentencias enjuiciadas, debieron limitarse a pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas por el Municipio de Acacías y no proferir un fallo extra petita, analizando el contrato de compraventa como título ejecutivo.

Frente a este punto, basta decir que de acuerdo con el fundamento reseñado en los párrafos 36 a 41, si bien la norma proscribe la posibilidad de que el juez se pronuncie en la Sentencia sobre defectos formales del título, no prevé nada sobre los sustanciales (obligación clara, expresa y exigible), luego, una interpretación razonable es que el juez, sí tiene habilitación legal para declarar defectos de tipo sustancial sobre el título, y con mayor razón, la existencia o no del mismo.

Pensar lo contrario, implicaría que el operador judicial únicamente deba revisar la existencia y los requisitos sustanciales del título al momento de librar mandamiento de pago. Con ello, en el evento de haber librado orden de apremio con algún título sustancialmente defectuoso, tal error, no podría ser enmendado en manera alguna, situación que, a todas luces, atentaría con la primacía del derecho sustancial.

En ese orden de ideas, para la Sala, las Sentencias enjuiciadas al verificar nuevamente la naturaleza del título ejecutivo y determinar que la obligación que pretendía la accionante (pago del precio) no era exigible del título que había allegado (promesa de compraventa), no incurrió en un defecto procedimental absoluto por haberse pronunciado por fuera de las excepciones, como quiera que era su deber, en primer lugar, verificar la existencia misma del título y, en segundo lugar, superado lo anterior, revisar sus elementos de fondo, esto es, que contuviera una obligación clara, expresa y exigible. Luego, ante la inexistencia del título ejecutivo del contrato de compraventa, no tenía otro camino posible que negar las pretensiones como en efecto se realizó.

(3) Desconocimiento del precedente. Alegó que el fallador de primera instancia no debía inhibirse so pretexto de existir una indebida escogencia de la acción y que así, lo ha señalado el Consejo de Estado, Sección Primera, Radicado No. 25000232400020080001102, que entre otros asuntos, señaló que el juez tenía la facultad oficiosa de interpretar la demanda y con ello, evitar fallos inhibitorios.

Frente a ello, basta señalar dos aspectos: (1) La sentencia de primera instancia no se declaró inhibida. Puntualmente revocó el mandamiento de pago, levantó las medidas cautelares y condenó en costas a la parte vencida. En la parte motiva expresó

“En ese orden de ideas, frente al incumplimiento de las obligaciones reciprocas que alegan las partes, y que no son objeto de pronunciamiento de esta clase de procesos, por ser propios de un proceso declarativo y no ejecutivo, debe concluir el despacho, que no es procedente seguir adelante con la ejecución conforme el mandamiento de pago; toda vez que al estar sometida la obligación principal perseguida a condiciones, como fueron las obligaciones reciprocas, plasmadas en la cláusula tercera del contrato de compraventa referente al precio, no sería actualmente exigible la obligación, hasta tanto no fueran cumplidas, en tal sentido, los documentos allegados no reúnen en su integridad los elementos esenciales de los títulos ejecutivos, de tal manera, que deberá revocarse el mandamiento de pago, negando el mismo”

(2) En el recurso de apelación, la accionante alegó de manera exacta que en el escrito de tutela, que el juez de primera instancia no debió inhibirse, frente a ello, el Tribunal Administrativo Sala Transitoria, al desatar el recurso de apelación argumentó:

“De otra parte, sostiene el apelante que el A quo no ha debido proferir sentencia inhibitoria sino un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones. Al respecto, basta con aclarar que la sentencia recurrida no constituye un fallo inhibitorio como de manera errada lo interpretó la apelante, toda vez que contiene un pronunciamiento en torno a las razones por las cuales no resulta procedente continuar con la ejecución, al no reunir los documentos aportados, los requisitos esenciales para la existencia de un título ejecutivo.”

En ese orden de ideas, la Sala debe indicar que no se desconoció el precedente aludido según el cual, el juez debe proceder a interpretar la demanda con el fin de evitar fallos inhibitorios, como quiera que en el caso concreto, la decisión, tanto de primera, como de segunda instancia, fue de mérito y consistió en abstenerse de seguir adelante la ejecución.

Conclusión

La Sala negará la solicitud de amparo interpuesto, toda vez que no se encontró que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante, ya que las Sentencias enjuiciadas no incurrieron en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO.  NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Amparo Castañeda Albino por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo.

TERCERO. Dentro del término legal, si la sentencia no fuera impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

ALBERTO MONTAÑA PLATA

RAMIRO PAZOS GUERRERO MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Folio 20 del cuaderno principal.
Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-066 de 2019.
De acuerdo con la Sentencia C 590 DE 2005 (“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.”
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 41001-23-33-000-2013-00112-01(52779). Noviembre 8 de 2016.
Sentencia C 590 de 2005: “h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”
Folios 11 a 17 Cuaderno en préstamo.
Folios 110 a 111 Cuaderno en préstamo.
Folios 112 a 121 Cuaderno en préstamo
Folio 35 Cuaderno en préstamo
Folio 35 Cuaderno en préstamo (Cuaderno 3 ppal en 2)
Folio 205 del Cuaderno en préstamo
Folio 207 y 240 a 244 Cuaderno en préstamo
Folios 261 a 262 Cuaderno en préstamo.
Folios 277 a 294 Cuaderno en préstamo.
Folios 277 a 294 Cuaderno en préstamo.
Folios 337 a 338 del Cuaderno en préstamo.
Folios 555 a 561 del Cuaderno en préstamo.
Folios 17 a 53 del Cuaderno en préstamo “3 PPAL EN 2”.
Artículo 1611. Requisitos de la promesa
. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 
1a.) Que la promesa conste por escrito. 
2a.) Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. 
3a.) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. 
4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. 
Los términos de un contrato prometido, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.
El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante. 
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.
Folios 567 a 571 del Cuaderno en préstamo.

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