Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01382-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01382-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-01382-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
16 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Solicitud de reconocimiento y pago de horas extras, dominicales, festivos, días de descanso obligatorios laborados y pago proporcional de prestaciones sociales / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada interpretación de normativa aplicable / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA RAMA JUDICIAL / JUECES PENALES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS – Situación diferenciada / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS - Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de su función / RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS LABORADOS, PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES – Improcedente
A juicio del accionante, la decisión del Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por cuanto interpretó indebidamente el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 (…) la autoridad judicial consideró que el Decreto 1042 de 1978, en su artículo 39 propone una remuneración para empelados de la Rama Ejecutiva en días no hábiles, situación que no corresponde a la labor que desempeña la accionante en tanto para los Jueces Penales de Control de Garantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, no existen días inhábiles dado que la función es ininterrumpida y por ello la misma norma establece “Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función”. Así mismo señaló que, la situación jurídica que contempla el artículo 39 del Decreto 1042 no comparte similitud alguna con el caso expuesto por [la actora] por cuanto, en primer lugar, la actora hace parte de la Rama Judicial, régimen especial que presta el servicio por el sistema de turnos, y no de la Rama Ejecutiva y en segundo lugar, porque su labor se debe llevar a cabo todos los días y horas y esta situación hace improcedente aplicar la figura de la analogía. Por otra parte, la Sala advierte que el Tribunal también brindó una aclaración dentro de su análisis, referente al principio de igualdad para concluir que la distinción que establece la ley no genera un trato discriminatorio porque los funcionarios que se posesionan en dicho cargo conocen previamente la función especial que desempeñan los Jueces Penales de Control de Garantías y aun así, deciden aceptar el cargo (…) De esta manera, la Sala advierte que el cargo por este defecto no tiene vocación de prosperidad, en consideración a que la parte actora no le asiste razón al afirmar que el Tribunal efectuó una interpretación equivocada de las normas citadas anteriormente, puesto que está demostrado que hizo un análisis razonable y para tal efecto, explicó en detalle el régimen especial que le es aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial y la prohibición expresa que estos tienen de recibir una doble remuneración por cuanto el Gobierno Nacional en uso de sus facultades reglamenta anualmente los salarios y prestaciones que le son atribuibles a los servidores judiciales
FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 157
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Ningún medio de prueba tiene la entidad suficiente para variar la decisión
[L]a Sala debe decir anticipadamente que ante la negativa en la prosperidad del cargo por el defecto sustantivo, es claro que la actora no tiene derecho al reconocimiento y pago de las horas extras, las horas laboradas en dominicales, festivos y días de descanso obligatorio así como la reliquidación de las prestaciones sociales, en tanto pertenece a un régimen especial en el que no se contemplan pagos extras a los reconocidos en la ley, razón por la cual, ningún medio de prueba tiene la entidad suficiente para variar la decisión adoptada en las instancias del proceso ordinario. (…) No obstante, la Sala advierte que la prueba aportada por la accionante al proceso ordinario, esto es, los actos administrativos no pueden por sí solos acreditar el cumplimiento de los turnos ejecutados, indistintamente si se trata de turnos de disponibilidad o de unidad de servicio porque ambos corresponden a un mandato legal que no puede darse por cumplidos por el solo hecho de estipularse de esa manera (…) Finalmente, el argumento relacionado con la omisión por parte Tribunal de no decretar de oficio pruebas en búsqueda de la verdad, la Sala precisa esta figura corresponde a una facultad discrecional de la autoridad judicial y ello per se no configura un defecto fáctico(…) con todo, vale la pena precisar que aún en el evento de que la misma se hubiera decretado, es decir, oficiar a la Rama Judicial para que certificara que los turnos de unidad judicial se cumplieron por parte de la accionante, este documento como se explicó anteriormente no tendría la incidencia suficiente para cambiar el sentido de la decisión
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Alberto Yepes Barreiro, sin medio magnético a la fecha (22/05/2019)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01382-00(AC)
Actor: ELIZABETH CUBILLOS PATIÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y OTRO
Temas: Niega solicitud de amparo - Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Elizabeth Cubillo Patiño, a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Armenia.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
1.1. Con escrito radicado el 5 de abril de 2019, en la Oficina de Correspondencia de la Corporación, la señora Elizabeth Cubillos Patiño, a través de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia “al trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25), a la aplicación de la condición más favorable al trabajador (art. 53), el derecho a la igualdad (art. 13). A los principios de a trabajo igual salario, progresividad y no regresión salarial, primacía de la realidad sobre las formalidades: Prohibición de discriminación salarial.”
1.2. La parte actora consideró vulneradas dichas garantías con ocasión a la sentencia del 8 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión a través de la cual revocó el numeral segundo y confirmó en lo demás el fallo del 3 de agosto de 2018, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, por medio del cual se denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento el derecho identificada con el radicado No. 63001-3333-005-2017-00125-01, instaurada por la señora Cubillos Patiño en contra de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.3. Al respecto, se precisa que las pretensiones del proceso ordinario tenían por objeto declarar la nulidad del actos administrativos a través del cual la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento y pago de las horas extras, las horas laboradas en dominicales, festivos y días de descanso obligatorio así como la reliquidación de las prestaciones sociales, que a juicio de la actora, dicha entidad le adeuda. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconocieran las sumas referidas indexadas junto con los intereses de mora a que hubiera lugar.
1.4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:
“12.1. Se admita esta acción de tutela.
12.2. Se tramite la misma.
12.3. Se amparen los derechos fundamentales conculcados en el fallo proferido por (sic) Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Quindío del día 08 de Marzo (sic) del año 2019, dentro del proceso radicado al Nro. 63001-3333-001-2017-00125-00, donde es actora la Dra. ELIZABETH CUBILLOS PATIÑO y demandando la Nación- Rama Judicial, dejando sin efectos el mismo, ordenando que en ese de instancia se resuelva conforme a derecho y según las directrices que se den por el Juez Constitucional en amparo de los derechos constitucionales que fueron violentados.”
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. La señora Elizabeth Cubillos Patiño se ha desempeñado en el cargo de Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías desde el 1° de septiembre de 2014 hasta la fecha, conforme se evidencia en la certificación del 8 de abril de 2016, expedida por la Jefe de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Armenia Quindío.
2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Sala Administrativa profirió los Acuerdos No. CSJQA 12-77 del 31 de diciembre de 2012, No. CSJQA 13-101 del 13 de junio de 2013, No. CSJQA 13-123 del 27 de noviembre de 203, No. CSJQA 14-172 del 6 de junio de 2014, No. CSJQA 14-204 del 18 de diciembre de 2014, No. CSJQA 15-216 del 3 de junio de 2015 y No. CSJQA 15-244 del 10 de diciembre de 2015 , por medio de los cuales estableció los turnos para la atención del servicio del Control de Garantías del Sistema Penal Acusatorio y en consecuencia, los asignados al Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías donde labora la accionante.
2.3. La señora Elizabeth Cubillos presentó una solicitud ante la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el fin de que le reconocieran y pagaran las horas extras, las horas laboradas en dominicales, festivos y días de descanso obligatorio, así como la reliquidación de las prestaciones sociales a que hubiera lugar.
2.4. Mediante Oficio No. DESAJAR 16-423 del 30 de marzo de 2016, la Dirección Ejecutiva Seccional negó referida solicitud, razón por la cual la parte actora presentó recurso de apelación frente a la misma, pero el mismo no fue resuelto por la entidad.
2.5. Con base en lo anterior, la señora Cubillos Patiño promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para demandar la nulidad del citado oficio y del acto ficto presunto, proceso que fue asignado en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda, en tanto consideró que no se encontró probado que la demandante hubiera laborado efectivamente en exceso, pues sólo aportó el programada de turnos establecido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin que ello demuestre que laboró en la referidas fechas y en tal sentido no era posible aplicar las normas contenidas en el Decreto 1042 de 1978. Adicionalmente, condenó en costas a la señora Cubillos Patiño.
2.6. Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la accionante presentó recurso de apelación el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, autoridad judicial que mediante fallo del 8 de marzo de 2019 revocó la condena en costas de primera instancia, confirmó en lo demás la sentencia del a quo y, condenó en costas de segunda instancia a la parte demandante.
2.7. El Tribunal explicó que compartía los argumentos de la primera instancia y que adicional a ello, señaló que en virtud de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992 el Gobierno Nacional ha proferido los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, razón por la cual no es procedente aplicar las normas del Decreto 1042 de 1978, el cual corresponde a los funcionarios de la Rama Ejecutiva.
2.8. De acuerdo con la constancia que obra a folio 225 del expediente ordinario la providencia quedó ejecutoriada el 14 de marzo de 2019.
3. Fundamentos de la solicitud
3.1. En un amplio escrito, la parte actora presentó los argumentos sobre los cuales funda su solicitud de amparo, para lo cual señaló varios defectos que la Sala agrupa para efectos prácticos de la siguiente manera:
3.2. Consideró que se presenta un defecto sustantivo, en la medida en que los argumentos expuestos en la sentencia señalan que no se prestó un servicio que tenga la característica de ser permanente y habitual y con ello se da una interpretación equivocada al artículo 157 de la Ley 906 de 2004 cuando estipula “Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función…”.
3.3. Lo anterior, por cuanto su actividad laboral incluye días no hábiles y esto lo hace habitual y permanente sin que se pueda concluir que “por no hacerlo continuamente todos los sábados, domingos o festivos haga que se torne ocasional o transitorio”.
3.4. En este sentido, explicó que el Sistema Penal Acusatorio hace parte del servicio público de administración de justicia que no puede interrumpirse en días considerados de descanso y por tal motivo, al no encontrarse regulado el pago de este servicio en el régimen especial de la Rama Judicial, esto es la Ley 270 de 1996, se le debe dar aplicación a lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 que regula dicha situación de forma general para los servidores públicos.
3.5. De otra parte, la accionante alude a que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico en tanto el Tribunal afirmó que no se aportaron las pruebas en las que consta, que en efecto, se haya laborado los domingos o festivos cuando existen dentro del expediente, los actos administrativos a través de los cuales la Dirección Seccional de la Judicatura del Quindío fijó los turnos para brindar la continuidad del servicio, los cuales están debidamente publicados y son de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos.
3.6. Argumentó que la autoridad judicial confundió los turnos de disponibilidad con los turnos de unidad judicial, pues los primeros, que no son objeto de reclamo, en gracia de discusión se puede solicitar que se demuestre la prestación del servicio para reconocer su pago en tanto se presentan después de culminar la jornada ordinaria, pero los tunos de unidad judicial, que son los de interés en este trámite, corresponden a aquellos que fija la Dirección Seccional de la Judicatura del Quindío para garantizar ininterrumpidamente el servicio en virtud de lo previsto en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 y por ello, se presenta los días de descanso obligatorio, dominicales o festivos. Estos últimos entonces, son por mandato legal y, en ese sentido estaba obligada a cumplirlos.
3.7. Consideró que por esa razón es que se pretende el pago de estos días de trabajo, que sólo se le atribuye a los Jueces de Control de Garantías y no a los demás jueces que reciben la misma remuneración sin tener que sacrificar sus fines de semana, lo cual constituye un trato discriminatorio, máxime se tiene en cuenta que con ello se modifica la jornada de trabajo y dicha facultad corresponde exclusivamente al legislador.
3.8. Aseguró que la parte demanda en el proceso ordinario no aportó los antecedentes administrativos, no se opuso a que los turnos de unidad judicial se hubieran prestado, ni tachó de falsos los referidos actos administrativos, tampoco demostró que no se hubieran prestado los servicios conforme se predica de la carga dinámica de la prueba y con todo, el Tribunal debió decretar pruebas de oficio en búsqueda de la verdad real como lo estipula el CPACA y la jurisprudencia como por ejemplo solicitar una certificación al empleador para constatar que los turnos se hayan cumplido.
3.9. También sostuvo que la sentencia 8 de marzo de 2019 incurrió en desconocimiento del precedente en tanto no tuvo en cuenta los siguientes pronunciamientos. Al respecto, precisó que fácticamente los casos no pueden ser exactamente iguales:
Sentencia con radicado No. 66001-23-33-000-2013-00088-01 (0115-14) del 7 de noviembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Magistrado Gabriel Valbuena, se estableció que “… la jornada de trabajo que se cumpla influye de manera directa en el salario que devenga el empleado, en tanto que la asignación puede variar si se labora tiempo suplementario, caso en el cual, se reconoce un pago adicional a la remuneración de forma frecuente percibe el servidor público”, razón por la cual los jueces de Control de Garantías deben recibir una remuneración adicional.
Sentencia con radicado No. 25000-23-25-000-2010-00659-01 del 19 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la que se prevé que ante una jornada especial de trabajo se debe reconocer una remuneración adicional.
Sentencia con radicado No. 25000-23-25-000-2005-01134-01 del 19 de mayo de 2010, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B con ponencia de la Bertha Lucía Ramírez de Páez, en la que se “prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…”.
Precedente horizontal de la Juez Cuarto Administrativo de Pereira, en el que dispuso “precisamente sobre la viabilidad de la aplicación del Decreto 1042 de 1978, debe indicar este Juzgado que, si bien es cierto, en principio, encuentra en sus destinatarios todos los servidores públicos en tanto los servidores judiciales hacen parte de una categoría especial o subcategoría si se quiere dentro de esa clase de servidores del Estado, lo cierto del caso es que ello no implica que su aplicación sea excluyente. Si bien existen normas que reglamentan de manera específica la remuneración que deben suministrarse a los empleados o los servidores judiciales, esas materias no regulan íntegramente la materia y es entonces en esos eventos donde debe acudirse a la regla general, que para el caso concreto sería el Decreto 1042 de 1978.”
Frente a la aplicación del Decreto 1042 de 1978, refirió las sentencias con radicado No. 25000-23-25-000-2010-00515-01 del 31 de octubre de 2013, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Magistrada Bertha Lucia Ramírez de Páez, la No. 25000-23-25-000-2010-00469-01 del 20 de octubre de 2014, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero y la radicado No. 66001-23-31-000-2003-00041-01 del 7 de abril de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Sentencia C-593 de 2014 de la Corte Constitucional para traer a colación lo que se ha previsto sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas.
Citó la T-157/2014 de la Corte Constitucional para significar la prohibición de discriminación, la sentencia 65702015 de la Corte Suprema de Justicia y la T-833 de 2012 de la Corte Constitucional con relación al principio de igualdad y principio de no progresividad y primacía de la realidad sobre las formas.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
4.1.1. Mediante auto del 10 de abril de 2019, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia.
4.1.2. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de tercero con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Nación, Rama Judicial, que actuó en calidad de demandado en el proceso ordinario.
4.1.3. Finalmente, se requirió a las autoridades judiciales para que aportaran copia del expediente ordinario con el fin de contar con el referido medio de prueba dentro del presente trámite.
4.2. Intervenciones: realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 83 a 91, se presentaron las siguientes intervenciones.
4.2.1. Nación - Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia.
4.2.1.1. Con escrito radicado por correo electrónico, el 29 de abril de 2019 la apoderada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia conforme a poder debidamente otorgado por la directora de la entidad, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela en tanto las providencias cuestionadas se ajustaron a las normas sustantivas y procesales conforme a las pruebas obrantes en el expediente sin vulnerar los derechos fundamentales invocados.
4.2.1.2. Adicionalmente, expresó que la parte actora busca a través de este mecanismo una tercera instancia en tanto no comparte el análisis efectuado por las autoridades judiciales.
4.2.2. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia.
4.2.2.1. Por escrito radicado el 2 de mayo de 2019 en la Oficina de Correspondencia de la Corporación el titular del despacho solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda en tanto los defectos reclamados no se configuraban y para ello, bastaba con analizar las razones jurídicas expuestas en la providencia.
4.2.2.2. Finalmente, dio cumplimiento a lo ordenado el auto admisorio de la demanda y allegó en calidad de préstamo el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
1.1. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018.
2. Problema jurídico
2.1. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
2.2. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, y teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia fue el que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, estudiará frente a la referida providencia, lo siguiente:
¿Vulneró la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales invocados al haber incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en la providencia aquí cuestionada?
2.3. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso concreto.
3. Razones jurídicas de la decisión
3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
3.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
3.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
3.1.5. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
3.2.1. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia cuestionada fue proferida dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Elizabeth Cubillos Patiño contra la parte la Nación- Rama Judicial radicada con el No. 63001-3333-005-2017-00125-01.
3.2.2. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, en vista que la providencia del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión fue proferida el 8 de marzo de 2019 la cual cobró fuerza ejecutoria el 21 del mismo mes y año, de acuerdo con la constancia que obra a folio 225 del expediente ordinario, mientras que la solicitud de amparo fue presentada el 5 de abril de 2019, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.
3.2.3. En consideración a la subsidiariedad, la Sala encuentra que por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
3.2.4. Así mismo, se advierte que tampoco proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de la jurisprudencia, pues los motivos que lo sustenta el amparo deprecado no guardan relación con las casuales que hacen procedente estos mecanismos judiciales.
3.2.5. Para la Sala es necesario precisar que, el requisito de la relevancia constitucional se encuentra plenamente configurado, lo anterior por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de los derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administración de justicia e involucra la ocurrencia de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en la providencia objeto de debate en este trámite.
3.2.6. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que subyacen en el sub lite, por ser de aquellos cuya protección pretende la parte actora, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en la Carta Política, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
3.2.7. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez constitucional quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.
3.2.8. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección.
3.2.9. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
3.3. Generalidades del defecto sustantivo
3.3.1. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
3.3.2. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
3.3.3. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
3.4. Generalidades del defecto fáctico
3.4.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
3.4.2. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
3.4.3. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
3.4.4. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
3.4.5. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
3.5. Generalidades del desconocimiento del precedente
3.5.1. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
4. Análisis del caso en concreto
4.1. En el sub judice la parte actora alega que la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente cargos que serán analizados de forma separada.
4.2. El defecto sustantivo
4.2.1. A juicio del accionante, la decisión del Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por cuanto interpretó indebidamente el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 que establece:
“OPORTUNIDAD: La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto.
Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función. (…)” (Negrilla fuera de texto).
4.2.2. Lo anterior, en tanto en la providencia se concluyó que el servicio prestado no es habitual y permanente como argumento para negar el reconocimiento y pago de las pretensiones perseguidas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2.3. Así mismo, indicó que debido el Sistema Penal Acusatorio hace parte del servicio público de administración de justicia que no puede interrumpirse en días considerados de descanso; esto es, sábados domingos y festivos se debe reconocer el pago de este servicio a los Jueces de Control de Garantías. Sin embargo, como ello no está previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justica, Ley 270 de 1996, se le debe dar aplicación a lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones” que regula dicha situación de forma general para los servidores públicos.
4.2.4. Sobre el particular, la Sala considera pertinente citar textualmente el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada, en tanto en este se evidencia con claridad, la interpretación que hizo el Tribunal frente al artículo 157 de la Ley 906 de 2004 y las razones que tuvo en cuenta, para concluir que no es posible aplicar por analogía a los funcionarios de la Rama Judicial las disposiciones contenidas en el Decreto 1042 de 1978:
“Al respecto debe indicarse que la Sala encuentra acorde lo manifestado por el a quo, no solo por cuanto el señalamiento de turnos no supone una habitualidad ni permanencia del servicio prestado, sino también en cuanto a que es claro que en virtud a lo dispuesto en la Ley 4° de 1992 el Gobierno Nacional ha proferido decretos anuales que regulan lo relativo al régimen salarial y prestaciones de los servidores públicos de la Rama Judicial, como en el caso de la demandante que presenta una vinculación como Juez Penal Municipal de Control de Garantías con posterioridad al año 1993.
En ese sentido a la demandante le es aplicable el régimen especial salarial y prestacional establecido por el Gobierno Nacional en los Decreto 273 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0875 de 2012; 1024 de 2013; del Decreto 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016; 1013 de 2017, 337 de 2018, los cuales, como se dijo, establece que no tiene derecho a percibir ninguna otra sobre remuneración diferente a la allí consagrada, además se encuentra que dicha normativa no se consagra el derecho a una doble remuneración por cada dominical o festivo laborado por este tipo de servidores públicos.
Lo anterior, obedece a la libre configuración que ostenta el Gobierno Nacional en virtud a la delegación constitucional y legal que se le otorgó para fijar los salarios y prestaciones sociales de este tipo de servidores, teniendo en cuenta los objetivos y criterios establecidos en el artículo 2° de la Ley 4 de 1992, entre otros, el nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones, su responsabilidad y su calidades exigidas para su desempeño.
Así pues, contrario a lo aducido por la demandante exige una prohibición expresa para los servidores públicos de la Rama Judicial para devengar cualquier otra sobre remuneración que no esté establecida en el régimen salarial y prestacional que le es aplicable.
Aunado a ello, tampoco sería procedente aplicar a la demandante por analogía y derecho a la igualdad el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 que en principio solamente lo es para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva, por consiguiente:
(…) En ese sentido, para aplicar el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 a una situación no contemplada en ella, debe ser una situación que en virtud a una misma razón jurídica le resulta procedente un tratamiento igual, y de esta manera determinar que es subsumible en la norma de carácter general, razón por la cual debe determinarse cuál es el supuesto regulado por dicha disposición.
Se tiene que por la disposición referida establece un cargo en la remuneración ordinaria por la labor habitual y permanente que realizan los empleados públicos de la Rama Ejecutiva en días no hábiles, esto es, domingos y festivos.
Sin embargo, debe indicarse que dicho supuesto difiere totalmente de la labor realizada por los Jueces Penales con función de control de garantías por cuanto el mismo legislador en expresión de su voluntad determinó en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 (…).
Así pues, en virtud de la naturaleza especial de la función que desarrolla este tipo de servidores públicos, se puede deducir que para ellos no existirían días inhábiles, por lo tanto, tampoco podría hablarse de la existencia de recargos dominicales y festivos, pues en todo caso esos días resultarían ser como cualquier otro día de la semana.
En efecto, estamos frente a una diferenciación establecida por el mismo legislador en virtud de la naturaleza del cargo desempeñado por estos servidores públicos, en consecuencia, mal podría aplicarse una disposición que ha sido consagrada para empleados públicos para los cuales los días laborales pueden clasificarse como hábiles, inhábiles o de descanso obligatorio.
En este punto, debe indicarse que, tal como lo aduce la apoderada judicial de la parte demandada, quienes se vinculan a la Rama Judicial como servidores judiciales cumplen funciones de control de garantías bajo el Sistema Penal Acusatorio aceptan el cumplimiento de esa especial labor, la cual deberán desarrollar en las condiciones establecidas por el propio legislador.” (Negrilla fuera de texto).
4.2.5. De este modo, la autoridad judicial consideró que el Decreto 1042 de 1978, en su artículo 39 propone una remuneración para empelados de la Rama Ejecutiva en días no hábiles, situación que no corresponde a la labor que desempeña la accionante en tanto para los Jueces Penales de Control de Garantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, no existen días inhábiles dado que la función es ininterrumpida y por ello la misma norma establece “Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función”.
4.2.6. Así mismo señaló que, la situación jurídica que contempla el artículo 39 del Decreto 1042 no comparte similitud alguna con el caso expuesto por señora Elizabeth Cubillos Patiño, por cuanto, en primer lugar, la actora hace parte de la Rama Judicial, régimen especial que presta el servicio por el sistema de turnos, y no de la Rama Ejecutiva y en segundo lugar, porque su labor se debe llevar a cabo todos los días y horas y esta situación hace improcedente aplicar la figura de la analogía.
4.2.7. Por otra parte, la Sala advierte que el Tribunal también brindó una aclaración dentro de su análisis, referente al principio de igualdad para concluir que la distinción que establece la ley no genera un trato discriminatorio porque los funcionarios que se posesionan en dicho cargo conocen previamente la función especial que desempeñan los Jueces Penales de Control de Garantías y aun así, deciden aceptar el cargo. Al respecto, se señaló:
“Por lo anterior, tampoco comparte la Sala el argumento del demandante en cuanto a que existe un trato discriminatorio respecto a los demás servidores judiciales quienes no laboran en dominicales y festivos, pues como se dijo fue el mismo legislador quien estableció la situación diferenciada en virtud a la naturaleza especial de la función que desempeñan los Jueces Penales de Control de Garantías, la cual fue aceptada por la actora al momento de tomar posesión del cargo.
Así las cosas, no podría aplicarse por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 a la situación laboral de la demandante, pues no regula una situación semejante a que tenga la misma razón jurídica, por el contrario queda claro que para ésta existe una regulación especial y diferenciada de los demás empleados públicos, toda vez que en virtud de la función que desempeña, todos los días y horas laborales son considerado como hábiles y por lo tanto, no puede establecerse frente a ella algún tipo de recargo remuneratorio.
(…) En ese sentido, se concluye que no solo existe una prohibición expresa establecida en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial aplicable a la demandante, en cuanto a que no pueden percibir ninguna otra sobre remuneración a la esta (sic) establecida, sino que además no resulta procedente aplicar por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 pues estamos frente a situaciones o supuestos totalmente diferentes.
Aunado a lo anterior, debe decirse que tampoco se evidencia ninguna vulneración de alguna (sic) derecho constitucionalmente protegido, pues pese a que hubiera trabajado en domingos y festivos no se remunera doblemente, los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio tienen la remuneración ordinaria y el día de descanso compensatorio, es decir, que se garantizan los mínimos laborales del trabajador.
(…) Así las cosas y sin más elucubraciones se determina que a la demandante no le es aplicable el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, por lo tanto, no tiene derecho a la doble remuneración por trabajo en dominicales y festivos allí establecida, razón por la cual deberá confirmarse la sentencia de primera instancia, por las razones aquí expuestas.” (Negrilla fuera de texto).
4.2.8. De esta manera, la Sala advierte que el cargo por este defecto no tiene vocación de prosperidad, en consideración a que la parte actora no le asiste razón al afirmar que el Tribunal efectuó una interpretación equivocada de las normas citadas anteriormente, puesto que está demostrado que hizo un análisis razonable y para tal efecto, explicó en detalle el régimen especial que le es aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial y la prohibición expresa que estos tienen de recibir una doble remuneración por cuanto el Gobierno Nacional en uso de sus facultades reglamenta anualmente los salarios y prestaciones que le son atribuibles a los servidores judiciales.
4.2.9. De otra parte, el Tribunal aclaró en su providencia que no es posible aplicar por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, en tanto este regula los aspectos prestacionales relacionados con los funcionarios de la Rama Ejecutiva circunstancia que difiere con la situación jurídica de la parte actora.
4.3. El defecto fáctico
4.3.1. La actora alegó la configuración de un defecto fáctico porque no comparte la decisión del Tribunal al considerar que no se aportaron las pruebas que demuestran la prestación efectiva del servicio. Lo anterior, por cuanto acompañó la demanda de los actos administrativos que expidió la Dirección Seccional de la Judicatura del Quindío en los cuales fijó los turnos para brindar la continuidad del servicio, prueba que no fue controvertida por la entidad demandada en el proceso ordinario, y tampoco aportó las pruebas al trámite para desvirtuar esa circunstancia.
4.3.2. Dijo que se incurrió en una confusión técnica frente a los turnos de disponibilidad y los turnos de unidad de servicios, en tanto los primeros por ser fuera de la jornada ordinaria, en gracia de discusión, se deben demostrar, pero estos no son objeto de este debate y los segundos, no requieren demostración alguna porque forman parte de un mandato legal que el funcionario debe cumplir los días sábados, domingos y feriados.
4.3.3. Así mismo, expuso que la autoridad judicial también pudo decretar pruebas de oficio para llegar a la verdad real sobre este punto, pero no lo hizo.
4.3.4. Sobre este defecto, la Sala debe decir anticipadamente que ante la negativa en la prosperidad del cargo por el defecto sustantivo, es claro que la actora no tiene derecho al reconocimiento y pago de las horas extras, las horas laboradas en dominicales, festivos y días de descanso obligatorio así como la reliquidación de las prestaciones sociales, en tanto pertenece a un régimen especial en el que no se contemplan pagos extras a los reconocidos en la ley, razón por la cual, ningún medio de prueba tiene la entidad suficiente para variar la decisión adoptada en las instancias del proceso ordinario.
4.3.5. No obstante, la Sala advierte que la prueba aportada por la accionante al proceso ordinario, esto es, los actos administrativos no pueden por sí solos acreditar el cumplimiento de los turnos ejecutados, indistintamente si se trata de turnos de disponibilidad o de unidad de servicio porque ambos corresponden a un mandato legal que no puede darse por cumplidos por el solo hecho de estipularse de esa manera. Esto debido a que los servidores judiciales pueden dejar de cumplirlos por múltiples razones, como por ejemplo, por caso fortuito o fuerza mayor pues una cosa es la fijación del turno y, otra, muy distinta, la prestación real y efectiva del servicio asignado.
4.3.6. Finalmente, el argumento relacionado con la omisión por parte Tribunal de no decretar de oficio pruebas en búsqueda de la verdad, la Sala precisa esta figura corresponde a una facultad discrecional de la autoridad judicial y ello per se no configura un defecto fáctico pues hace parte de las potestades que le asisten al operador del proceso. No obstante, como se evidenció en las generalidades del defecto fáctico, esta modalidad se presenta en los casos en que la prueba se haya solicitado oportunamente por considerarse relevante y el operador judicial se haya negado a decretarla.
4.3.7. En el sub examine, la accionante no solicitó dicha prueba en el proceso ordinario, de acuerdo con el acápite de pruebas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, con todo, vale la pena precisar que aún en el evento de que la misma se hubiera decretado, es decir, oficiar a la Rama Judicial para que certificara que los turnos de unidad judicial se cumplieron por parte de la accionante, este documento como se explicó anteriormente no tendría la incidencia suficiente para cambiar el sentido de la decisión.
4.4. Desconocimiento del precedente
4.4.1. A juico de la parte actora, la providencia del 8 de marzo de 2019 desconoció los siguientes pronunciamientos, razón por la cual la Sala hará un análisis de cada uno de ellos para definir si los mismos tienen la calidad de precedente.
4.4.2. Como se ilustró en las generalidades del defecto, el precedente corresponde a regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sentencia con radicado No. 66001-23-33-000-2013-00088-01 (0115-14) del 7 de noviembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Magistrado Gabriel Valbuena, se estableció que “… la jornada de trabajo que se cumpla influye de manera directa en el salario que devenga el empleado, en tanto que la asignación puede variar si se labora tiempo suplementario, caso en el cual, se reconoce un pago adicional a la remuneración de forma frecuente percibe el servidor público”.
Esta sentencia no es de unificación de la Corporación y aun cuando puede fijar una regla esta no aplica para el caso de la demandante, en tanto la señora Elizabeth Cubillos, como vimos, pertenece al régimen especial de la Rama Judicial.
Sentencia con radicado No. 25000-23-25-000-2010-00659-01 del 19 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la que se prevé que ante una jornada especial de trabajo se debe reconocer una remuneración adicional.
Igual situación se presenta con esta sentencia, pues de acuerdo con el análisis normativo desarrollado no es posible que los funcionarios judiciales perciban ingresos adicionales a los definidos por el Gobierno Nacional.
Sentencia con radicado No. 25000-23-25-000-2005-01134-01 del 19 de mayo de 2010, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B con ponencia de la Bertha Lucia Ramírez de Páez en la que se “prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…”.
Con base en la situación fáctica expuesta en la presente acción de tutela no puede concluirse que de manera alguna se hayan desmejorado los salarios y prestaciones sociales a la señora Cubillos Patiño pues lo que por ley le corresponden a la funcionaria judicial se le ha cancelado y ello no es objeto de discusión en este trámite.
Precedente horizontal de la Juez Cuarto Administrativo de Pereira, en el que dispuso “precisamente sobre la viabilidad de la aplicación del Decreto 1042 de 1978, debe indicar este Juzgado que, si bien es cierto, en principio, encuentra en sus destinatarios todos los servidores públicos en tanto los servidores judiciales hacen parte de una categoría especial o subcategoría si se quiere dentro de esa clase de servidores del Estado, lo cierto del caso es que ello no implica que su aplicación sea excluyente. Si bien existen normas que reglamentan de manera específica la remuneración que deben suministrarse a los empleados o los servidores judiciales, esas materias no regulan íntegramente la materia y es entonces en esos eventos donde debe acudirse a la regla general, que para el caso concreto sería el Decreto 1042 de 1978.”
En consideración a que esta sentencia no procede de una Alta Corte no corresponde a un precedente judicial y en ese sentido, no resulta vinculante para la autoridad judicial accionada.
Frente a la aplicación del Decreto 1042 de 1978 refirió, las sentencias con radicado No. 25000-23-25-000-2010-00515-01 del 31 de octubre de 2013, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B con ponencia de la Magistrada Bertha Lucia Ramírez de Páez, la No. 25000-23-25-000-2010-00469-01 del 20 de octubre de 2014, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A con ponencia del Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero y la radicado No. 66001-23-31-000-2003-00041-01 del 7 de abril de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A con ponencia del Magistrada Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Estas sentencias tampoco son de unificación y su contenido fija la regla de aplicación del Decreto 1042 de 1978 que como se desarrolló en el defecto sustantivo, no hace parte de las disposiciones jurídicas que le son aplicables a la situación fáctica de la parte actora.
Sentencia C-593 de 2014 de la Corte Constitucional para traer a colación lo que se ha previsto sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas.
Esta sentencia de Constitucionalidad, en efecto es un precedente pero su contenido no fue desconocido por el Tribunal accionado dado que la señora Elizabeth Cubillos cuenta con un trabajo digno que está regulado de manera especial y anualmente se llevan a cabo los ajustes correspondientes.
Citó la providencia T-157 de 2004 de la Corte Constitucional para significar la prohibición de discriminación, la sentencia 65702015 de la Corte Suprema de Justicia y la T-833 de 2012 con relación al principio de igualdad y principio de no progresividad y primacía de la realidad sobre las formas.
Finalmente, sobre estas sentencias debe advertirse que las T son criterios auxiliares para los operadores judiciales razón por la cual no son vinculantes y, frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es necesario aclarar que esta Alta Corte hace parte de otra jurisdicción que no establece reglas de derecho para la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
4.4.3. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, no incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente alegado y en ese orden de ideas este cargo tampoco está llamado a prosperar.
5. Conclusión:
5.1. Por esta razón, la Sala negará el amparo deprecado por la parte actora en la medida en que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos sustantivos, fáctico y desconocimiento del precedente invocados por la señora Elizabeth Cubillos Patiño.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora Elizabeth Cubillo Patiño, por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Aclara voto
Folio 1 del expediente.
Folio 1 del expediente.
Folio 75 del expediente.
Folios 68 a 72 del expediente ordinario.
Folios 47 a 67 del expediente ordinario.
Folio 40 y 41 del expediente ordinario.
Folio 9 del expediente.
Al respecto se precisa que la sentencia que traer a colación del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira no fue identificada con más datos.
Folio 8 del expediente.
Folios 81 y 82 del expediente.
Folios 92 98 del expediente.
Folio 110 del expediente.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
“Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignación mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos.””
Folio 36 del expediente ordinario.
Al respecto se precisa que la sentencia que traer a colación del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira no fue identificada con más datos.
Folio 8 del expediente.
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