Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-01418-00
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela en concurso de méritos: convocatoria 27 de la Rama Judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-01418-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-01418-00
Consejero ponente: César Palomino Cortés
16 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 de la Rama Judicial / MEDIDAS RESTRICTIVAS DE SEGURIDAD EN DILIGENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA PRUEBA DE APTITUDES Y CONOCIMIENTOS – Obedece su carácter reservado / EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS – Garantizó el derecho de defensa y contradicción
[S]e advierte que la inconformidad de la accionante, con las recomendaciones emitidas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, para el procedimiento de exhibición del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos se deriva de la prohibición que impuso la entidad para ingresar elementos electrónicos, disponer de una hoja de papel y un esfero para tomar nota de los aspectos relevantes, sin hacer transcripciones literales de las preguntas, porque considera que las mismas resultan desproporcionadas. (…) se advierte que el procedimiento y recomendaciones previstas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia para desarrollar la diligencia de exhibición de documentos, del 14 de abril de 2019, tenía como finalidad garantizar la reserva que comporta el cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos. Lo anterior, por cuanto el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) dispone: “(…) Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado”. (…) se colige que la reserva prevista en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 se establece respecto de las pruebas que se practican dentro de la etapa de selección y los soportes documentales y técnicos que dan cuenta de su elaboración y validación, para evitar que se pueda filtrar información y otorgar ventajas a ciertos participantes que desconozcan los principios de igualdad y mérito en el acceso a cargos públicos e impedir que se publique o distribuya libremente, un material especial, con contenido intelectual que hace parte de un banco de preguntas de la institución con las que se realizan exámenes en distintos procesos de selección, tal y como lo informó la Universidad Nacional de Colombia en el presente trámite constitucional. (…) En este orden de ideas la Sala advierte que las recomendaciones de seguridad previstas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia para la diligencia de exhibición de documentos del 14 de abril de 2019 no resultan desproporcionadas, ni por fuera de lo razonable, pues el mecanismo implementado por la entidades accionadas para permitirle a los participantes de la Convocatoria N 27 que puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que realizaron y sus calificaciones cumple con su finalidad de garantizar su derecho de defensa y contradicción, en la medida que les permite acceder a la información que requieren para complementar y/o adicionar el recurso de reposición, contra la Resolución N CSJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, que publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 164
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01418-00(AC)
Actor: AYDA XIMENA LÓPEZ BRAVO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Ayda Ximena López Bravo, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
ANTECEDENTES
La solicitud y pretensiones
La señora Ayda Ximena López Bravo, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y la inmediación de la prueba, que estimó lesionados por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, al no permitirle tomar copias del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos, del concurso de méritos de funcionarios de la Rama Judicial de la Convocatoria Nº 27, y limitar los elementos que podía ingresar en la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“(…) En razón a lo anterior, solicito AMPARAR mi derecho al debido proceso, defensa, contradicción y a la prueba, vulnerado por la Universidad Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Administrativa de Carrera Judicial.
En consecuencia se ORDENE a la Directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, que el 14 de abril de 2019, día estipulado para la exhibición de la prueba escrita, me permita sacar copia de las preguntas que mi persona estime pertinentes para ejercer mi derecho de defensa, así como de la copia de la hoja de respuestas verdaderas y de la hoja de mis respuestas, procedimiento que debe hacerse por fuera de los 90 minutos estipulados para la revisión de las pruebas.
De manera subsidiaria y de estimar que la anterior solicitud no es procedente, solicito se ordene a la Directora de la Unidad de Carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia me permita ingresar el lapicero y las hojas de papel en blanco que mi persona estime como suficientes para tomar los apuntes pertinentes, permitiéndome transcribir las preguntas que considere necesarias, así como también las preguntas verdaderas y las de mi hoja de respuestas, sin restricción alguna. (…)”.
Los hechos y consideraciones del actor
La accionante expone, como fundamento de la solicitud de amparo, los hechos y consideraciones que se resumen a continuación (fols 1 - 5):
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera judicial y la Universidad Nacional, mediante el Acuerdo Nº PCSJA 18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Señaló que se inscribió en el referido concurso de méritos (Convocatoria Nº 27), para optar por el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
Expresó que el 2 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la prueba de aptitudes y conocimiento, diseñada por la Universidad Nacional de Colombia, en la cual obtuvo un puntaje, respectivamente, de 221.07 y 576.98, para un total de 798.05, según la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, impidiéndole continuar en el proceso de selección, debido a que se requería un resultado mínimo de 800 puntos para seguir en la siguiente fase del concurso de méritos.
Sostuvo que el 1 de febrero de 2019 presentó recurso de reposición contra la referida resolución, solicitando que “Se fije fecha y hora para que la suscrita pueda, bajo las medidas de seguridad que considere pertinentes la Universidad Nacional de Colombia, conocer y acceder a los siguientes documentos: a) Cuadernillo Original de la prueba de conocimientos para el cargo de Juez Promiscuo Municipal; b) Hoja de Respuestas Marcadas por la suscrita; c) Claves de respuesta asignadas por la Universidad Nacional de Colombia”. Lo anterior, con el fin de disponer de elementos de juicio suficientes para ajustar y adicionar la reclamación, que garantizara sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción.
Adujo que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el 18 de marzo de 2019 publicó en la página web de la Rama Judicial, un aviso, “(…) quienes solicitaron la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el desarrollo de la Convocatoria N° 27, que la misma se llevará a cabo el domingo 14 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá”.
Dijo que la Unidad de Administración de Carrera Judicial, el 28 de marzo de 2019, publicó el instructivo para la exhibición de las pruebas escritas, en la que plasma unas recomendaciones indicando que dichos documentos tienen el carácter de reservado y su acceso, le impone al concursante límites y obligaciones al momento de la exhibición.
Manifestó que las medidas de seguridad adoptadas por las entidades accionadas en relación con la diligencia de exhibición de documentos del 14 de abril de 2019 vulneró sus derechos fundamentales invocados, porque las mismas resultan arbitrarias e infundadas, pues prohíbe el uso de dispositivos electrónicos, la reproducción manual del material objeto de exhibición y restringe el uso de elementos para tomar apuntes, al señalar que la Universidad Nacional suministrará una hoja en blanco y un esfero para que el concursante haga las anotaciones pertinentes, sin realizar transcripción alguna.
Agregó que la reserva previa al examen, encuentra razón en la confidencialidad e igualdad para evitar filtraciones, sin embargo, ello pierde sustento, cuando la prueba ya se practicó y lo que se pretende es acceder a la misma para corroborar posibles falencias e inconsistencias frente a los resultados, por lo que no solo es indispensable tener alcance a los documentos, sino también, que se permita tomar apuntes y copiar las preguntas, para un posterior análisis, con el cual se pueda construir un argumento defensivo y complementar el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes.
Explicó que medidas como la de disponer de una sola hoja en blanco y que el jefe del salón revise las anotaciones, para constatar que cumplen con el protocolo, son directrices que carecen de fundamento y limitan los derechos de los concursantes.
Añadió que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial al señalar que cualquier conducta irregular, dará lugar a la exclusión del proceso de selección y se compulsaran copias a la autoridad correspondientes, desconoce las reglas del concurso de méritos, pues no tuvo en cuenta que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, en su numeral 9 no establece como causal de exclusión la enunciada por la entidad, es decir, “una conducta por fuera del protocolo autorizado”.
Expresó que en relación a otro participante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 22 de marzo de 2019, proferida dentro de un recurso de insistencia, indicó que los documentos del concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27 no tienen el carácter de reservado y le ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, expedir a costa del solicitante copia del cuadernillo de preguntas y respuestas, por lo que no existe razón para que se le impida en su caso ingresar más hojas en la diligencia del 14 de abril de 2019, efectuar la transcripción de las preguntas que estime pertinentes o solicitar copias de los documentos.
Trámite
Mediante auto de 10 de abril de 2019 (fols. 30 - 31) se admitió la demanda, se ordenó la notificación a las autoridades accionadas, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia (fols 33 - 35), para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes y se negó la medida provisional invocada por la parte actora.
Intervenciones
4.1 La Universidad Nacional de Colombia solicitó que se niegue o en su defecto se declare improcedente el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente (fols. 53 - 57):
Indicó que la Universidad a la fecha no ha recibido escrito alguno de la accionante, solicitando copias del material de la prueba. Así mismo, la señora Ayda Ximena López Bravo, tampoco aportó prueba alguna que permitiera advertir esa situación, en el presente trámite de tutela.
Adujo que la exhibición de documentos de la prueba de conocimientos y aptitudes, se realizó con ocasión de la práctica de pruebas dentro del trámite del recurso de reposición contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 y su procedimiento se encuentra definido en el instructivo publicado en la página web de la Rama Judicial, el 28 de marzo de 2019, el cual responde a los principios de celeridad, eficacia, economía y eficiencia de la administración pública.
Expuso que la diligencia se realizó en Bogotá, por razones de igualdad, con las personas que solicitaron el acceso al material de prueba; pues todos los aspirantes fueron citados en condiciones iguales a dicha ciudad, en donde se desarrolló el proceso con estrictas medidas de seguridad que garantizaban la reserva legal de los documentos, en cuanto a la logística, transporte, custodia y cuidado.
Dijo que en el instructivo de exhibición de la prueba escrita, publicado en la página web, el 28 de marzo de 2019, fijó las condiciones en las que se desarrollaría la actividad, en atención al carácter reservado que tiene la documentación relacionada con la prueba de conocimientos y aptitudes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, que señala: “Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado”. Respecto de esta normativa, la Corte Constitucional en la sentencia C – 037 de 5 de febrero de 1996 precisó: “(…) debe advertirse que las pruebas a las que se refiere el Parágrafo Segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso”.
Expresó que de acuerdo con la referida norma y la sentencia de la Corte Constitucional, no es dable levantar la reserva de las pruebas y de los documentos que lo soportan, pues tales cuestionarios hacen parte de un banco de preguntas que puede ser utilizado en posteriores concursos.
Sostuvo que la misma Corte Constitucional, en sentencia T-180 de 2015, resaltó que: “(…) El derecho de acceso a documentos no debe ser absoluto en aras de conservar los pilares fundamentales del principio de mérito. (…) En ningún caso se podrá autorizar su reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), para conservar la reserva de terceros (…)”.
Aseveró que acorde con lo mencionado, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, indica que: “(…) Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos sometidos a reserva por la Constitución y la Ley (…)”.
Informó que de acuerdo con la jurisprudencia y la normativa referida no se puede expedir copia del cuadernillo y la hoja de preguntas y respuestas, o efectuar una transcripción de las preguntas de la prueba, toda vez que se trata de un material que se encuentra cobijado por la reserva legal.
Afirmó que la institución no ha vulnerado el derecho de contradicción de los aspirantes pues, con la actividad de la exhibición de documentos que se programó para el 14 de abril de 2019, a la que asistió la accionante, se permitió a cada uno de los participantes conocer los elementos del examen realizado el 2 de diciembre de 2018, por lo que se garantizó el derecho de acceso a la información y se permitió a las personas contar con instrumentos para ampliar su recurso de reposición contra el acto que comunicó los resultados.
Explicó que los aspirantes tuvieron la oportunidad de tomar nota de las situaciones que consideraran importantes para sustentar su recurso y para tal fin se les suministró un esfero y una hoja de papel para el registro de sus anotaciones.
Aclaró que la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, en la que se resolvió de manera favorable, un recurso de insistencia de un aspirante de la Convocatoria Nº 27, determinando la obtención de información de la prueba, tiene efectos intérpartes, por lo que no constituye un precedente vinculante. Adicionalmente, dicha providencia, no ordenó de forma expresa la entrega de copias; por el contrario hizo referencia a la entrega de información, lo cual se cumplió a través de la jornada de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
De otro lado, manifestó que el instructivo de exhibición de documentos es un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, susceptible de ser demandado a través del medio de control de nulidad simple, por lo que la accionante dispone de otro mecanismo de defensa judicial, para cuestionar dicho documentos, en cuyo trámite podía solicitar la aplicación de medidas cautelares contenidas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, se observa que la tutelante no ejerció acción judicial alguna contra el referido instructivo, por lo que la solicitud de amparo no es procedente para examinar la actuación de la administración.
En virtud de lo anterior, concluyó que dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acción constitucional; y ante la ausencia de prueba que acredite la existencia de un perjuicio irremediable de la actora, la demanda de tutela resulta improcedente.
4.2 El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial no se pronunció sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y la inmediación de la prueba de la señora Ayda Ximena López Bravo, al imponer medidas restrictivas de seguridad, en la diligencia de exhibición de documentos del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos, del concurso de méritos de funcionarios de la Rama Judicial de la Convocatoria Nº 27, realizada el 14 de abril de 2019.
La procedencia de la acción de tutela en los concursos de méritos
Los concursos de méritos para la provisión de empleos en el sector público, comportan una de las instituciones más significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que se constituyen en la herramienta más transparente para obtener un empleo en condiciones dignas.
De ahí que el juez de tutela al momento de analizar situaciones surtidas al interior de los concursos de méritos que afecten el derecho al trabajo y acceso a cargos públicos, debe analizar con mayor rigor constitucional, cada caso particular para velar por la adecuada protección de los derechos invocados.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que las controversias que en materia de derechos fundamentales se susciten dentro de un concurso de méritos exigen soluciones prontas, eficientes y eficaces, que en la mayoría de los casos únicamente se logran a través de la jurisdicción constitucional por vía de tutela; y, que si bien habría de seguirse la regla general de improcedencia del amparo decantada por la Corte Constitucional, también era cierto que debían tenerse en cuenta excepciones más allá de la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual, bajo criterios abiertos, estableció como parámetros a seguir que el amparo es improcedente: 1) Contra el acto de convocatoria y contra la lista de elegibles, sobre este último salvo que: 1.1) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro forzoso o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria; y, 1.2) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer; y, 2) contra los actos distintos a los antes mencionados, que no impliquen la eliminación o exclusión del proceso.
Acorde con lo mencionado, la Corte Constitucional ha considerado:
“[…] En múltiples oportunidades esta Corporación ha precisado que la acción de tutela es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto. Dicha improcedencia responde a los factores característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional.
3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.
La Corte ha aplicado ésta última subregla cuando los accionantes han ocupado el primer lugar en la lista de elegibles y no fueron nombrados en el cargo público para el cual concursaron, circunstancia ésta en la que ha concluido que el medio idóneo carece de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral y, por ende, ha concedido la protección definitiva por vía tutelar. En este último caso, corresponde al juez de tutela evaluar si el medio alternativo presenta la eficacia necesaria para la defensa del derecho fundamental presuntamente conculcado.
Centrando nuestro estudio en la primera subregla antedicha, esto es, cuando la tutela procede excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta Corporación ha sido constante en afirmar que, tratándose de la provisión de cargos públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. Si el accionante no demuestra que el perjuicio se enmarca en las anteriores condiciones, la tutela deviene improcedente y deberá acudir a las acciones contencioso-administrativas para cuestionar la legalidad del acto administrativo que le genera inconformidad.
3.3. En este orden de ideas, podemos concluir que en materia de acción de tutela contra actos administrativos, la regla general es la improcedencia, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez pueda conceder la protección transitoria en forma de suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto […]”.
De acuerdo con lo anterior, si el afectado no demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción de tutela resulta improcedente aun cuando fuere invocada como mecanismo transitorio, toda vez que en atención al carácter subsidiario, residual y proteccionista de derechos fundamentales que la Constitución asignó a la tutela, no es posible pasar por alto u obviar los otros medios de defensa con que cuenta el interesado, máxime cuando se trata de acciones contenciosas administrativas en las cuales se puede solicitar como cautela la suspensión del acto cuestionado en procura de hallar idoneidad y eficacia suficiente para evitar la consumación de un posible daño.
Sin embargo, la Sala debe precisar que tratándose de concursos de méritos las acciones contenciosas administrativas son procedentes, cuando se cuestionan actos administrativos susceptibles de control judicial, es decir, decisiones definitivas que tengan la potencialidad de definir la situación particular del aspirante; pero cuando se hace referencia a actos expedidos durante el transcurrir de una convocatoria de un concurso de méritos, que dan impulso al mismo, la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado, han concluido que son actos de trámite que no pueden ser estudiados por el juez de lo contencioso administrativo; en tal evento la acción de tutela se constituye en el mecanismo judicial idóneo y eficaz para examinar la presunta vulneración de derechos fundamentales, salvo que estos actos se constituyan en decisiones definitivas para el participante.
El derecho al debido proceso en materia de concurso de méritos
El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determine el mérito, las capacidades, la preparación, la experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, con el único fin de escoger al mejor, apartándose de toda consideración subjetiva o de influencia de naturaleza política o económica.
En este sentido, dentro de los principios que inspiran todo proceso de selección, están el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, por consiguiente, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso, en aras de respetar todas y cada una de las garantías que rodean el concurso de méritos, previstas en la convocatoria y demás normas concordantes.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-133 de 1998, explicó lo siguiente:
“[…] La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado.
Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, numeral 7, C.P.), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático […].”
Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:
“[…] El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección.
El resultado de la participación en el concurso de méritos es la lista de elegibles, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas, para acceder a los respectivos cargos. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación ha sostenido que la provisión de cargos para la carrera administrativa, debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales.
Ahora bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación jurídica concreta.
De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho conculcado […].” (El resaltado es nuestro)
Los concursos de méritos adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura conforme a las facultades conferidas para reglamentar la carrera judicial.
El artículo 125 de la Constitución Política estableció que los empleos en los órganos y Entidades del Estado son de carrera a excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás determinados en la Ley. Así mismo estableció que el ingreso y ascenso en los cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados en la Ley.
Respecto al régimen de carrera de la Rama Judicial, la Constitución Política, en el numeral 1º del artículo 256, atribuyó su administración al Consejo Superior de la Judicatura. Aunado a lo anterior, respecto a las funciones de esa Corporación dispuso:
“(…) ARTICULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
(…)
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador (…)”.
En tal sentido, las disposiciones Constitucionales mencionadas fueron desarrolladas en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), que en los numerales 17 y 22 del artículo 85 otorgó la función de administrar y reglamentar el régimen de carrera de la Rama Judicial a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 270 de 1996, el régimen de carrera se fundamenta “(…) en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio (…)” y, de conformidad con el artículo 257 de la citada Ley está orientado “(…) a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento (…)”. Tales disposiciones deben ser acatadas por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus funciones.
En consonancia con la normativa analizada se encuentra que a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde regular la forma, clase, contenido, alcance y cada una de las etapas de los procesos de selección para acceder a los cargos de Carrera Judicial, al tenor de lo establecido en el parágrafo del artículo 162 de la Ley 270 de 1996. De tal manera, en el artículo 164 Ibídem se reglamentaron, en términos generales, los Concursos de Méritos en la Carrera Judicial, como a continuación se observa:
“[…] Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos…
[…]
PARÁGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. […]”.
En tal sentido, el artículo 160 de la citada Ley, además de los requisitos exigidos en normas generales, dispone algunos requisitos especiales para acceder a los cargos de Carrera Judicial, como el haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la Ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Caso concreto
La señora Ayda Ximena López Bravo plantea la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa, contradicción e inmediación de prueba, porque considera que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, al imponer medidas restrictivas de seguridad, en la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019, impidió que los aspirantes pudieran verificar y tomar la información suficiente del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos, del concurso de méritos de funcionarios de la Rama Judicial de la Convocatoria Nº 27, para complementar los argumentos de los recursos interpuestos contra los resultados del examen.
Con el fin de resolver la inconformidad de la parte actora, la Sala considera necesario precisar los siguientes aspectos:
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a un proceso de selección con el fin de proveer las vacantes existentes al interior de la Rama Judicial, entre los cuales se encontraba el de Juez Promiscuo Municipal, al cual optó la accionante.
El mencionado acto administrativo contiene las reglas, directrices y parámetros con los que se diseñó el concurso de méritos; en ese sentido, estipula los requisitos que debían cumplir quienes pretendían participar, sus etapas, la forma en que se debían surtir las notificaciones de las decisiones emitidas, los recursos que procedían contra estas entre otros asuntos.
En este orden, el artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, establece que: “(…) El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administración, como para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo”.
Así las cosas, se observa que el acuerdo mediante el cual se convocó al proceso de selección, actualmente en curso, constituye una verdadera hoja de ruta que debe ser respetada por el Consejo Superior de la Judicatura y por las personas inscritas. Lo anterior, en aplicación del principio de legalidad, el cual tiene el objetivo de garantizar la existencia de reglas uniformes y claras, que deben ser utilizadas dentro del normal devenir del concurso de méritos.
Así pues, el numeral cuarto del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 prevé las etapas del concurso, señalando lo siguiente:
“(…) El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación.
Etapa de Selección.
Comprende la Fase I – Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II – Verificación de requisitos mínimos y la Fase II – Curso de Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio (Artículos 164 – 4 y 168 LEAJ).
Fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos
Los aspirantes inscritos al concurso serán citados a presentar las pruebas, en la forma indicada en el numeral 5.1 del presente acuerdo, las cuales evaluaran los siguientes atributos: (i) aptitudes y (ii) conocimientos. La prueba de conocimientos se encuentra construida por dos componentes: uno general y otros específicos relacionados con la especialidad seleccionada (…)
Etapa Clasificatoria
Comprende los siguientes factores: i) Pruebas de aptitudes y conocimientos, ii) Prueba psicotécnica; iii) Curso de formación judicial inicial; iv) Experiencia adicional y docencia y v) Capacitación adicional.
La puntuación se realizará así:
Prueba de aptitudes y conocimientos. Hasta 500 puntos.
A los concursantes que obtengan 800 puntos o más en las pruebas de aptitudes y de conocimientos, se les aplicará una nueva escala de clasificación entre 300 y 500 puntos así: el menor puntaje de los aspirantes que superen las pruebas de aptitudes y conocimientos (800) será ahora de 300/500 y el mayor (1.000) será de 500/500. Los demás puntajes se asignarán proporcionalmente (…)”.
Entre tanto, el numeral 5.3 del acuerdo de la convocatoria Nº 27, al referirse a los recursos procedentes contra las decisiones dictadas dentro del concurso de méritos, dispuso lo siguiente:
“(…) 5.3 Recursos
Solo procede recurso de reposición contra los siguientes actos:
Resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos, el cual será resueltos por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
Eliminatorios de cada una de las sub fases, general o especializada, dentro del Curso de Formación Judicial Inicial, los cuales serán resueltos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por delegación.
Acto administrativo que contiene el puntaje obtenido por los aspirantes en la etapa clasificatoria, el cual será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
El recurso deberá presentarse por escrito, por parte de los interesados, ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, según sea el caso, dirigido al correo electrónico dispuesto para el efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
No procederá recurso contra los puntajes que de conformidad con este reglamento, ya hubieren sido objeto de un recurso anterior (…)”.
En el caso concreto se observa que, la accionante, el 2 de diciembre de 2018 presentó la prueba de aptitudes y conocimiento, cuyos resultados fueron publicados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en la página web de la Rama Judicial, a través de la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, en la que consta que la señora Ayda Ximena López Bravo obtuvo un puntaje, de 798.05, impidiéndole continuar en el proceso de selección, debido a que se requería un resultado mínimo de 800 puntos para seguir en la siguiente fase del concurso de méritos.
La señora Ayda Ximena López Bravo, con el fin de disponer de elementos de juicio suficientes para ajustar y adicionar la reclamación, que garantizara sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, mediante escrito radicado, el 1 de febrero de 2019, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, presentó recurso reposición contra la referida resolución, solicitando los siguientes:
“1. Se fije fecha y hora para que la suscrita pueda, bajo las medidas de seguridad que considere pertinentes la Universidad Nacional de Colombia, conocer y acceder a los siguientes documentos:
a) Cuadernillo Original de la prueba de conocimientos para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
b) Hoja de Respuestas Marcadas por la suscrita.
c) Claves de respuesta asignadas por la Universidad Nacional de Colombia.
(…)
6.- En todo caso y ante la no procedencia de las reposiciones subsidiarias, se insiste en aras de presentar un recurso ajustado a la realidad, que la Universidad Nacional programe, bajo las medidas de seguridad que considere pertinentes, acceder a los documentos de las pruebas de aptitudes y conocimientos, que permita con los elementos de juicio suficientes, interponer una reclamación ajustada a la realidad, además de conceder el plazo suficientes para realizar la correspondiente reposición de los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos publicadas el 14 de enero de 2019 en desarrollo de la convocatoria 027 de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura (…)”.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el 18 de marzo de 2019 publicó en la página web de la Rama Judicial, un aviso informando, “(…) a quienes solicitaron la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el desarrollo de la Convocatoria N° 27, que la misma se llevará a cabo el domingo 14 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá”.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el 28 de marzo de 2019, publicó el instructivo para la exhibición de las pruebas escritas, en la que establece el procedimiento para la exhibición de la prueba así:
“(…) 1. INFORMACIÓN GENERAL
El presente documento tiene como propósito orientar a los concursantes inscritos a la convocatoria 27, a quienes se les hará la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas aplicadas el 2 de diciembre de 2018,1 para lo cual hacen algunas recomendaciones a tener en cuenta en esa jornada.
La Universidad Nacional de Colombia tendrá en cuenta la información que reportaron los concursantes al momento de la inscripción y mediante correo electrónico, en relación con situaciones de discapacidad, tipo de condiciones, porcentaje de discapacidad y el tipo de ayuda que requieren para la planeación logística de la exhibición de las pruebas.
El aspirante deberá presentarse personalmente en el sitio al cual ha sido convocado y allí se le exhibirá:
1. Cuadernillo de la prueba que utilizó en la aplicación del 2 de diciembre de 2018.
2. Hoja de respuestas diligenciadas.
3. Claves de respuestas de su respectiva prueba.
2. LUGAR Y FECHA
La exhibición de las pruebas, ÚNICAMENTE se llevará a cabo el día 14 de abril de 2019 y será en la ciudad de Bogotá, razón por la cual, los concursantes deberán asumir los costos de desplazamiento y alojamiento con recursos propios para asistir a la misma.
(…)
3. RECOMENDACIONES PARA LA EXHIBICIÓN
Teniendo en cuenta que las pruebas escritas tienen carácter reservado, el acceso a éstas impone al concursante límites y obligaciones al momento de la exhibición, que se autoriza para la consulta dentro del trámite de los recursos, de manera que cualquier conducta irregular o por fuera del protocolo autorizado, dará lugar a la exclusión del proceso de selección y se compulsarán copias a la autoridad correspondiente.
3.1 Previas a la exhibición
Verifique el listado de citación publicado, tenga claridad en relación con la fecha, lugar y hora de exhibición de las pruebas escritas. Esta información se publicará en la página web HYPERLINK "http://www.ramajudicial.gov.co" www.ramajudicial.gov.co.
La exhibición se realizará en los horarios establecidos. No se harán excepciones al respecto. Disponga de la jornada de la mañana o de la tarde (dependiendo de la hora de citación), para cumplir con este compromiso. Preséntese con el tiempo suficiente en el sitio indicado para la exhibición de las pruebas e identifique el salón correspondiente (se recomienda llegar con treinta (30) minutos de antelación a la hora señalada en la citación).
En la puerta de cada salón encontrará un listado con las personas citadas al mismo; asegúrese de que su nombre aparezca en tal listado. En caso de no aparecer en el listado de puerta, diríjase al coordinador de aulas y/o de edificio, quien verificará su ubicación en el listado general.
Para el ingreso al salón o sitio dispuesto para la consulta del material, el concursante deberá obligatoriamente presentar la cédula de ciudadanía. En caso de pérdida deberá presentar la contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otro documento con foto, como pasaporte o pase.
La duración de la exhibición de las pruebas para todos los aspirantes es de noventa (90) minutos. Por ningún motivo se podrá ampliar el tiempo estipulado.
NO podrá utilizar algún procedimiento, dispositivo de video, fotográfico, o de cualquier índole, que permita hacer registros gráficos del material de prueba, so pena de resultar excluido del concurso en los términos de la convocatoria.
NO se permitirá el ingreso, por parte de los aspirantes, de dispositivos electrónicos tales como teléfono celular, cámara fotográfica y/o de video, reloj inteligente, memoria USB, computador, tableta electrónica, esfero o gafas con funciones electrónicas, etc. De la misma manera está prohibida cualquier reproducción manual de las preguntas, copia o alteración del material objeto de la exhibición.
No se permitirá el ingreso ni uso de lápices, esferos, cuadernos, hojas en blanco y demás elementos que se lleven para la toma de apuntes o para realizar anotaciones. Tenga en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia le suministrará una hoja en blanco y esfero para tal fin.
No podrá llevar ni consultar libros, revistas, códigos, normas, anotaciones, cuadernos, etc.
Los concursantes podrán ingresar hasta máximo transcurridos 30 minutos después de la hora de inicio de la exhibición, pero NO tendrán tiempo adicional.
3.2 Durante a la exhibición:
Usted recibirá: 1. Cuadernillo de la prueba que utilizó en la aplicación del 2 de diciembre de 2018 2. Hoja de respuestas diligenciadas 3. Claves de respuestas de su respectiva prueba.
La Universidad proporcionará una hoja en blanco y un bolígrafo para que el concursante haga las anotaciones que considere pertinentes, sin que esté permitido realizar transcripción de las preguntas, lo cual se verificará al momento de la entrega de las pruebas y demás documentos objeto de la exhibición.
Se debe conservar absoluto silencio dentro de la sesión de acceso a pruebas.
No manche, no doble, ni realice anotaciones ni rayaduras en los cuadernillos, hojas de respuesta u hojas con claves.
Se tomará su impresión dactilar durante la jornada de exhibición. Si termina de revisar su material de prueba antes de que se haya tomado su impresión dactilar, espere un momento hasta que le registren su huella antes de abandonar el salón.
Cuando termine de revisar su material de examen, haga una señal y el jefe de salón recogerá el cuadernillo, la hoja de respuestas, la hoja con las claves, el esfero y revisará la hoja de anotaciones en su puesto.
No se permitirá el ingreso al sitio de exhibición en estado de embriaguez, bajo el efecto de drogas alucinógenas, ni portando armas, ni con acompañantes.
Los delegados de la Universidad NO están autorizados a responder preguntas distintas a las de la jornada de exhibición.
La prueba es un documento público que goza de protección legal y la alteración, pérdida, mala manipulación, divulgación o publicación, será puesta en conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las actuaciones penales y administrativas a que haya lugar, incluyendo la exclusión del concurso en los términos de la convocatoria.
Teniendo en cuenta que las pruebas escritas tienen carácter reservado, el acceso a éstas impone al concursante límites y obligaciones al momento de la exhibición de manera que cualquier conducta irregular o por fuera del protocolo autorizado dará lugar a la exclusión del proceso de selección y se compulsarán copias a la autoridad correspondiente.
Todo el proceso de exhibición será filmado.
3.3 Posterior a la exhibición:
A partir del día hábil siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el concursante contará con un término de diez (10) días para sustentar o adicionar el recurso y los escritos serán recibidos única y exclusivamente a través del correo electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, so pena de entenderse como no presentados los documentos recibidos por otro medio.
Los documentos de sustentación o adición del recurso que se remitan vencido el término de los 10 días se entenderán como extemporáneos.
La respuesta a los recursos podrá ser conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la H. Corte Constitucional y lo previsto por el CPACA.
Las decisiones definitivas de los recursos de las pruebas serán publicados en el portal de la Rama Judicial - Unidad de Administración de la Carrera Judicial, concursos a nivel central, Convocatoria 27; de conformidad con lo establecido en el acuerdo de convocatoria (…)”
De acuerdo con el escrito de tutela, se advierte que la inconformidad de la accionante, con las recomendaciones emitidas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, para el procedimiento de exhibición del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos se deriva de la prohibición que impuso la entidad para ingresar elementos electrónicos, disponer de una hoja de papel y un esfero para tomar nota de los aspectos relevantes, sin hacer transcripciones literales de las preguntas, porque considera que las mismas resultan desproporcionadas.
Al respecto, la Sala debe señalar que la diligencia de exhibición de documentos, prevista para el 14 de abril de 2019 tenía por objeto exaltar los principios de mérito, igualdad, transparencia, publicidad e imparcialidad, pero especialmente, garantizar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de los participantes, al permitirles examinar el cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos, con el fin de contar con elementos de juicio suficientes para elaborar un argumento sólido en la presentación del recurso de reposición contra el acto administrativo que publicó los resultados del referido examen.
Así las cosas, se advierte que el procedimiento y recomendaciones previstas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia para desarrollar la diligencia de exhibición de documentos, del 14 de abril de 2019, tenía como finalidad garantizar la reserva que comporta el cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos.
Lo anterior, por cuanto el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) dispone: “(…) Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado”.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, declaró su exequibilidad, con fundamento en lo siguiente:
“(…) La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad. (Art. 13 C.P.). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el Parágrafo Segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso (…)” (Negrilla fuera de texto).
De lo anterior se colige que la reserva prevista en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 se establece respecto de las pruebas que se practican dentro de la etapa de selección y los soportes documentales y técnicos que dan cuenta de su elaboración y validación, para evitar que se pueda filtrar información y otorgar ventajas a ciertos participantes que desconozcan los principios de igualdad y mérito en el acceso a cargos públicos e impedir que se publique o distribuya libremente, un material especial, con contenido intelectual que hace parte de un banco de preguntas de la institución con las que se realizan exámenes en distintos procesos de selección, tal y como lo informó la Universidad Nacional de Colombia en el presente trámite constitucional.
Acorde con lo mencionado, se tiene que la jurisprudencia Constitucional al referirse al derecho a la información en concursos de méritos, ha indicado que “(…) que el acceso a los documentos referidos a los procesos de selección por parte del aspirante no debe ser absoluto en aras de conservar los pilares fundamentales del principio del mérito (…)”, pues si bien se le puede permitir al participante, como garantía de su derecho de defensa y contradicción, conocer personalmente el contenido de las pruebas practicadas y sus calificaciones, ello no significa que se autorice o pueda obtener una reproducción física y/o digital de los documentos, toda vez que esto desconoce el carácter restrictivo que tiene el material.
En este orden de ideas la Sala advierte que las recomendaciones de seguridad previstas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia para la diligencia de exhibición de documentos del 14 de abril de 2019 no resultan desproporcionadas, ni por fuera de lo razonable, pues el mecanismo implementado por la entidades accionadas para permitirle a los participantes de la Convocatoria Nº 27 que puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que realizaron y sus calificaciones cumple con su finalidad de garantizar su derecho de defensa y contradicción, en la medida que les permite acceder a la información que requieren para complementar y/o adicionar el recurso de reposición, contra la Resolución Nº CSJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, que publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la actuación desplegada por las autoridades accionadas con relación al procedimiento previsto para desarrollar la diligencia de exhibición de documentos de la prueba de aptitudes y conocimientos de la Convocatoria Nº 27, no constituye una amenaza o una situación que afecte los derechos fundamentales de la accionante, que imponga la intervención del juez de tutela, máxime cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda hacer procedente de manera transitoria el amparo constitucional.
III DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala negará el amparo de los derechos invocados por la señora Ayda Ximena López Bravo, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Ayda Ximena López Bravo, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.
“(…) a) En el concurso de méritos puede considerarse que existen dos actos que encierran el mismo, esto es el de convocatoria y el que conforma la lista de elegibles con el cual finalizan las etapas del proceso; en principio el amparo que pretenda enjuiciar estos, debe ser improcedente; en cuanto al primero porque ostenta naturaleza general, expresa las condiciones o reglas de juego que lo abarcan, el cual por si sólo no afecta una situación particular y concreta; en cuanto al segundo porque si bien es particular, dado que cobija un número determinable de individuos, para su enjuiciamiento existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho donde puede incluso solicitarse la suspensión provisional, salvo que: i) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y ii) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer, lo cual quiere decir que si se encuentra dentro de dicho ámbito y pretende discutir el mejoramiento de su posición, la acción devendrá improcedente.
b) Dentro del trámite del concurso propiamente dicho, existen etapas, fases o pruebas, algunas de ellas tienen carácter eliminatorio y otras clasificatorio, en consecuencia, el amparo será improcedente en relación con aquellos actos que para el demandante no impliquen la eliminación o exclusión del proceso, esto por cuanto al continuar en el mismo y pretender un mejoramiento de su posición tal asunto podrá ser discutido una vez configurada la lista de elegibles atendiendo a las reglas antes mencionadas(...)”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Esta subregla de procedencia excepcional de la acción de tutela la contempla el artículo 86 de la Constitución Política. En sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), se explicaron los elementos que ha de tener el perjuicio irremediable:
“ A)… inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)
“B).
Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (...)
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes.
“D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)
“De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”. Sentencias T-175 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-606 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-169 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa). Sentencia T-132 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), reiterada en las sentencias T-244 de 2010 y T-800A de 2011 (ambas MP Luis Ernesto Vargas Silva). Sobre los mismos requisitos se pueden consultar las sentencias T-629 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1266 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo). Corte Constitucional, Sentencia T – 090 de 26 de febrero de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T – 945 de 16 de diciembre de 2009. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 1 de septiembre de 2014, radicado núm. 05001-23-31-000-2008-01185-01(2271-10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. Estipula el artículo 29 de la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-982 de 2004. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2011. M.P. Dra. María Elizabeth García González. Ref: 2010-03113-01.
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria dela Administración de Justicia
HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
Folios 7- 12
HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11
HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/exhibicion" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/exhibicion
Corte Constitucional. Sentencia No. C-040 del 9 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, Sentencia T – 180 de 16 de abril de 2015, Jorge Ivan Palacio Palacio.
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