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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01452-00

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01452-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Orlando Cortés Bríñez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-01452-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Solicitud de reconocimiento y pago de los tres meses de alta / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria / RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS TRES MESES DE ALTA - Fue objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia del proceso ordinario - Decisión que no fue apelada / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Advierte la Sección Quinta que si bien el actor aseguró que en el caso estaba probado que (i) fue retirado del servicio activo desde el 14 de abril de 2007 mediante la Resolución 116 de 13 de abril de 2007 y; (ii) al momento del retiro no se le reconocieron ni pagaron los tres meses de alta, tal como consta en Resolución 4052 de 11 de julio de 2012”, no explicó cuál es la incidencia que tendría en la decisión final llegar a la conclusión de que su fecha de retiro fue el 13 de abril de 2007 y el pago de los tres meses de alta no fue efectivamente realizado por parte de CASUR, cuestión que tampoco es posible evidenciar para la Sección, en la medida en que la razón por la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no consistió en la falta de acreditación de la fecha de retiro o de pago. Encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia de 14 de marzo de 2019, consideró que en el caso era procedente revocar la decisión de primera instancia porque, del material probatorio aportado al proceso se advirtió que la pretensión del [actor] – el reconocimiento y pago de los tres meses de alta - fue objeto de pronunciamiento en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento número 2008-00052, en el que con sentencia de 24 de octubre de 2011 el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué condenó a CASUR a reconocer y pagar su asignación de retiro “ a partir de la fecha en que terminaron los tres (3) meses de alta, o a falta de este, a partir del retiro definitivo del servicio de la institución policial…”. Por lo anterior, a juicio del ad quem del proceso ordinario el actor debió apelar la sentencia del proceso 2008-00052 y no era posible condenar al pago de los tres meses de alta al Ministerio de Defensa – Policía Nacional pues quien tenía a cargo las obligaciones que surgieron en ese lapso de tiempo era la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CASUR (…) Destaca la Sección que el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Tolima resulta razonable y que en el escrito de tutela el actor no se opuso a los argumentos puntualmente expuestos por este juez ordinario a efectos de negar la sentencia de primera instancia. Por ello, se evidencia que la parte actora está empleando la acción de tutela como un medio para manifestar una inconformidad injustificada frente a la negativa del Tribunal de acceder a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01452-00(AC)

Actor: ORLANDO CORTÉS BRÍÑEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el señor Orlando Cortés Bríñez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.

ANTECEDENTES

Solicitud

El señor Orlando Cortés Bríñez, actuando en nombre propio y con escrito presentado el 9 de abril de 2019 en la Secretaría General del Consejo de Estado, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima autoridad judicial que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 73001-33-33-003-2016-00266 por él iniciado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad el Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016.

Lo anterior, por considerar que sus derechos fundamentales al debido, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia fueron vulnerados como consecuencia de la expedición de la sentencia de 14 de marzo de 2019 por medio de la cual la autoridad judicial acusada “revocó la sentencia de proferida el 17 de agosto de 2017 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué…” que había declarado la nulidad del Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016, proferido por el Jefe de Reubicación Laboral, Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta del peticionario.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Orlando Cortés Bríñez estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 17 años, 7 meses y 7 días, de acuerdo con la hoja de servicios No. 93122417 y fue retirado del servicio activo mediante Resolución No. 116 del 13 de abril de 2007.

Solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CASUR el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, petición que fue negada mediante Oficio GAG-SDP 9046 de 10 de octubre de 2007.

Como consecuencia de lo anterior presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se ordenara el reconocimiento de la asignación mensual de retiro que consideraba le correspondía legalmente.

El proceso fue radicado con el número 73001-33-31-003-2008-00052 y su conocimiento en primera instancia correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué que con sentencia de 24 de octubre de 2011 declaró: (i) probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y; (ii) la nulidad del Oficio GAG-SDP 9046 de 10 de octubre de 2007.

En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho condenó a CASUR a reconocer y pagar a favor del señor Orlando Cortés Bríñez asignación de retiro con sustento en el Decreto 4433 de 2004, artículo 24, parágrafo 1°. En el numeral 3° del fallo especificó que “… dicho reconocimiento se har[ía] a partir de la fecha en que terminaron los tres (3) meses de alta, o a falta de este, a partir del retiro definitivo del servicio de la institución policial”.

Esta decisión no fue apelada por ninguna de las partes.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución No 4052 del 11 de julio de 2012, con el fin de dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué “… en el sentido de reconocer y pagar asignación mensual de retiro al señor Cortés Bríñez (…) en cuantía equivalente al 58% del sueldo básico y partidas legalmente computables para el grado de agente (r) a partir del 14-07-2017”.

El 21 de enero de 2016 el señor Orlando Cortés Bríñez solicitó a CASUR el reconocimiento y pago de “los tres meses de alta” y las demás prestaciones que correspondieran en ese lapso de tiempo, ello con sustento en el Decreto 1213 de 1990, artículo 106. La petición fue negada con Oficio No. S-2016-034054 de 28 de enero de 2016, expedida por el Jefe de grupo reubicación laboral, retiros, reintegros de la Policía Nacional.

Inconforme con lo decidido en el Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016 el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

El proceso se radicó con el número 73001-33-33-003-2016-00226, fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué que con sentencia de 17 de agosto de 2017 declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar los tres meses de alta al señor Orlando Cortés Bríñez comprendidos entre el 14 de abril y el 13 de julio de 2007.

Como sustento de su decisión expuso que al actor le resultaba aplicable el Decreto 1213 de 1990 y que conforme con esa normativa, artículo 106 le asistía el derecho al reconocimiento y pago de los tres meses de alta “… pues su retiro se produjo a partir del 14 de abril de 2007 pero la asignación de retiro fue ordenada solo a partir del 14 de julio de 2007, es decir, quedó pendiente de cancelarse por parte de la Nación – Policía Nacional el periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de julio de 2007 correspondientes a los tres meses de alta…”.

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Expuso que el señor Cortés Bríñez no cumplió con los requisitos previstos en el Decreto 4433 de 2004, artículo 24 toda vez que cuando fue retirado del servicio por facultad discrecional contaba con un tiempo total de servicio de 17 años, 7 meses y 7 días.

Agregó que en el caso no era aplicable el Decreto 1213 de 1990 sino los Decretos 135 de 1995 y 1091 de 1991.

Finalmente, aseguró que el asunto ya había sido definido en sede judicial en el proceso 2008-00052, con el que se tenía identidad de causa, objeto y partes.

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia de 14 de marzo de 2019, revocó la sentencia de primera instancia.

Consideró que en el caso se presentó un incumplimiento parcial por parte de CASUR al no haber reconocido la asignación de retiro desde el 14 de abril de 2007 (fecha del retiro efectivo) sino a partir del 14 de julio de 2007, es decir, tres meses después. Agregó que al revisar la sentencia de 24 de octubre de 2011 se evidenciaba que la misma indicó que ‘…Dicho reconocimiento se har[ía] a partir de la fecha en que terminaron los tres (3) meses de alta, o a falta de este, a partir del retiro definitivo del servicio de la institución policial…”.

Por lo anterior, concluyó que en el caso no era posible ordenarle a la demandada el reconocimiento y pago de dicho periodo porque quien tenía a cargo las obligaciones que surgieron en ese lapso de tiempo era la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Finalmente indicó que el demandante no estaba de acuerdo con la fórmula del juez administrativo, relativa a que el reconocimiento de la asignación fuera a partir de la terminación de los tres meses de alta o a falta de este, del retiro definitivo del servicio, debió haber apelado la decisión del 24 de octubre de 2011 proferida en el proceso 2008-00052, para que se aclarara la situación.

Esta decisión fue notificada mediante correos electrónicos enviados el 19 de marzo de 2019.

Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo del Tolima, al revocar la sentencia de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia.

Indicó que la autoridad judicial acusada incurrió en defecto fáctico porque dejaron de valorarse las pruebas obrantes en el proceso que demostraban que el Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016, proferido por el Jefe de Reubicación Laboral, Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta del peticionario, debía ser declarado nulo.

Indicó que en el proceso estaba probado que (i) el señor Orlando Cortés Bríñez fue retirado del servicio activo desde el 14 de abril de 2007 mediante la Resolución 116 de 13 de abril de 2007; (ii) al momento del retiro no se le reconocieron ni pagaron los tres meses de alta, tal como consta en Resolución 4052 de 11 de julio de 2012; (iii) en la sentencia de 24 de agosto de 2011 (proceso radicado número 2008-00052) se condenó a CASUR a reconocer y pagar al peticionario la asignación de retiro “a partir de la fecha en la que terminaron los tres meses de alta”.

Indicó que tiene derecho al pago de los tres meses de alta conforme lo dispone el Decreto 1091 de 1995, artículo 52 que señala “Tres meses de alta. El personal de nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que pase a la situación de retiro temporal o absoluto y tenga derecho a asignación de retiro o pensión, continuará dado de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en los artículos 64 y 68 del decreto ley 132 de 1995, continuará percibiendo la totalidad de la remuneración devengada en actividad correspondiente a su grado. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales”.

Superado lo anterior, hizo mención a la sentencia C-590 de 2005 e indicó que en el caso se cumplen los requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra providencia judicial. Asimismo, se refirió a las sentencias T-1065 de 2006 y T-417 de 2008 que trataron sobre casos en los que la Corte Constitucional se refirió al defecto fáctico.

1.4. Pretensiones:

A título de amparo se formularon las siguientes:

“…tutelar el derecho fundamental de igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso, derecho de defensa, mínimo vital y ordenar que se deje sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, M.P. Belisario Beltrán Bastidas, dentro del proceso No. 2016-00226 de fecha 14 de marzo de 2019 y, en consecuencia, ordenar que en un término no mayor a 48 horas sea proferido de nuevo auto (sic) donde se protejan los derechos del accionante, valorándose las pruebas arrimadas en forma efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular ha venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte Constitucional”.

Trámite de la acción

Con auto de 11 de abril de 2019 se admitió la tutela y ordenó su notificación al peticionario y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima en calidad de autoridades judiciales demandadas, para que en un término de 2 días rindieran informe sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo.

En la misma providencia se vinculó en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, y a la Policía Nacional – Caja de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) otorgándoles el mismo plazo para intervenir en el trámite constitucional si lo estimaban pertinente. Asimismo, se requirió la copia digital del expediente ordinario.

1.6. Contestaciones

Ordenada la notificación y surtidas las respectivas comunicaciones contestaron:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Tolima

Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de abril de 2019 el Magistrado Ponente de la decisión acusada señaló que los argumentos expuestos en la providencia acusada resultaban suficientes para soportar la defensa. Pidió que declarara la improcedencia de la acción de tutela.

1.6.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica contestó la tutela mediante escrito radicado el 30 de abril de 2019. Presentó un informe de todas las actuaciones orientadas al cumplimento de la sentencia de 24 de octubre de 2011 dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 73001-33-31-003-2008-00052.

Pidió que se niegue el amparo por considerar que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima fue tomada en equidad y justicia, por lo que en el caso no se generó vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte actora.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Orlando Cortés Bríñez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si conforme a los argumentos expuestos en el escrito de tutela procede la protección de los derechos fundamentales invocados por la actora, es decir, si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico al revocar la sentencia de primera instancia, por medio de la cual el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué había declarado la nulidad del Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar los tres meses de alta al señor Orlando Cortés Bríñez comprendidos entre el 14 de abril y el 13 de julio de 2007.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. La Sala precisa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia que se censura corresponde a una decisión proferida en el marco de un proceso nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Orlando Cortés Bríñez contra la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad el Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016.

2.4.2. Ahora bien, tampoco existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, toda vez que la providencia de segunda instancia, acusada como vulneradora de derechos fundamentales, fue proferida el 14 de marzo de 2019, notificada mediante correos electrónicos enviados día 19 del mismo mes y año, cobró fuerza de ejecutoria el 22 marzo de 2019 y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 9 de abril de 2019 lo que para la Sala es un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela

2.4.3. Por otra parte, en consideración a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales.

Esto teniendo en cuenta que en contra de la sentencia de segunda instancia no procede ningún recurso. Además, el cargo alegado por el peticionario no encuadra en las causales de procedencia de los recursos extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia.

Superado lo anterior, corresponde a la Sección analizar los cargos propuestos en la tutela por la parte actora.

Caso concreto

En el sub lite, la parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico al revocar la sentencia de primera instancia, por medio de la cual el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué había declarado la nulidad del Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar los tres meses de alta al señor Orlando Cortés Bríñez comprendidos entre el 14 de abril y el 13 de julio de 2007.

Especificó que dejaron de valorarse las pruebas obrantes en el proceso que demostraban que el Oficio No. S-2016-034054 del 28 de enero de 2016, proferido por el Jefe de Reubicación Laboral, Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta del peticionario, debía ser declarado nulo o que “… no gozaba de presunción de legalidad”.

Aseguró que en el proceso estaba probado que (i) el señor Orlando Cortés Bríñez fue retirado del servicio activo desde el 14 de abril de 2007 mediante la Resolución 116 de 13 de abril de 2007; (ii) al momento del retiro no se le reconocieron ni pagaron los tres meses de alta, tal como consta en Resolución 4052 de 11 de julio de 2012; (iii) en la sentencia de 24 de agosto de 2011 (proceso radicado número 2008-00052) se condenó a CASUR a reconocer y pagar al peticionario la asignación de retiro “a partir de la fecha en la que terminaron los tres meses de alta”.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de analizar el cargo propuesto por el actor, debe recordar que el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, “se encuentra íntimamente relacionado con las anomalías que se presentan en el curso del proceso, frente a la actividad intelectual que realiza el juzgador en materia de decreto, práctica y valoración probatoria. Tiene asidero en la defensa de una de las tantas garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, como lo es el derecho de defensa y contradicción y la necesidad de que la decisión se funde en los hechos acreditados en el proceso”.

Con sentencia de 12 de noviembre de 2015, esta Sala fijó ciertos parámetros de conformidad con los cuales “…en todos los eventos [en los que se alega la configuración del defecto fáctico] corresponde al solicitante indicar con mediana precisión el cargo que plantea y brindar al juez constitucional todos los elementos que acrediten, además de la configuración del defecto, su incidencia en la decisión judicial, pues el solo señalamiento o acreditación del primer elemento no resulta por sí solo suficiente para fundamentar el cargo. Ello, porque aun cuando se acepte que el fallador pudo equivocarse frente al discernimiento que hizo sobre las pruebas, si dicha circunstancia no constituye la causa eficiente del sentido de la decisión, no hay razón para afectar la indemnidad de la providencia, cuando hacerlo, no produciría ningún impacto en el ordenamiento jurídico”.

En la misma providencia la Sala aclaró que al ser la tutela contra providencia judicial, un mecanismo de amparo restringido y excepcional, surge para la parte interesada el deber de asumir una carga argumentativa considerable para lograr la prosperidad de su cargo, comoquiera que cuando el recurso se utiliza para censurar el contenido de una decisión judicial, la cual goza de doble presunción de legalidad y acierto, básicamente se desconocen principios de alto valor para la comunidad en general, como el de la seguridad jurídica que se deriva de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política y la cosa juzgada, los cuales en algún momento dieron certeza a la providencia cuestionada, que el asunto sometido a consideración del Estado había sido resuelto, no así ocurre con las tutelas que se dirigen contra otra autoridad.

Así pues, esta Sala de Decisión acogió el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, según el cual el defecto fáctico puede presentarse cuando el juez: (i) omite decretar o practicar las pruebas que resultan indispensables para tomar una decisión, (ii) desconoce, de manera injustificada, el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos, (iii) valora de manera irracional o arbitraria las pruebas y, (iv) dicta sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso.

De acuerdo con el criterio de la Sección Quinta, el segundo supuesto, se presenta cuando el juez omite considerar elementos probatorios que obran dentro del expediente, y que resultan decisivos para establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso.

Cuando se alega el desconocimiento es indispensable que la parte interesada: a) identifique los elementos probatorios que no fueron valorados por el juez, b) demuestre que los aportó en oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, c) argumente el por qué éstos resultaban relevantes para la decisión y; d) exponga las razones por las cuales, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

Al abordar el defecto fáctico lo primero que debe analizar la Sala es si la parte actora cumplió con la carga de identificar cuáles fueron las pruebas que no fueron valoradas por parte de los funcionarios judiciales acusados y la incidencia que su falta de valoración tenía en la decisión que debía adoptar.

Advierte la Sección Quinta que si bien el actor aseguró que en el caso estaba probado que (i) fue retirado del servicio activo desde el 14 de abril de 2007 mediante la Resolución 116 de 13 de abril de 2007 y; (ii) al momento del retiro no se le reconocieron ni pagaron los tres meses de alta, tal como consta en Resolución 4052 de 11 de julio de 2012”, no explicó cuál es la incidencia que tendría en la decisión final llegar a la conclusión de que su fecha de retiro fue el 13 de abril de 2007 y el pago de los tres meses de alta no fue efectivamente realizado por parte de CASUR, cuestión que tampoco es posible evidenciar para la Sección, en la medida en que la razón por la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no consistió en la falta de acreditación de la fecha de retiro o de pago

Encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia de 14 de marzo de 2019, consideró que en el caso era procedente revocar la decisión de primera instancia porque, del material probatorio aportado al proceso se advirtió que la pretensión del señor Orlando Cortés Bríñez – el reconocimiento y pago de los tres meses de alta - fue objeto de pronunciamiento en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento número 2008-00052, en el que con sentencia de 24 de octubre de 2011 el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué condenó a CASUR a reconocer y pagar su asignación de retiro “ a partir de la fecha en que terminaron los tres (3) meses de alta, o a falta de este, a partir del retiro definitivo del servicio de la institución policial…”.

Por lo anterior, a juicio del ad quem del proceso ordinario el actor debió apelar la sentencia del proceso 2008-00052 y no era posible condenar al pago de los tres meses de alta al Ministerio de Defensa – Policía Nacional pues quien tenía a cargo las obligaciones que surgieron en ese lapso de tiempo era la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CASUR.

Ahora bien, en lo que se refiere a la (iii) falta de valoración de la sentencia de 24 de agosto de 2011 (proceso radicado número 2008-00052), en la que de acuerdo con el criterio del actor se condenó a CASUR a reconocer y pagar la asignación de retiro “a partir de la fecha en la que terminaron los tres meses de alta”, la Sección encuentra que, si bien el señor Cortés Bríñez no alegó cuál es la incidencia que su no valoración tuvo en la decisión acusada como vulneradora de derechos fundamentales, sí puede entenderse que su apreciación fue la que llevó al Tribunal Administrativo del Tolima a concluir que en el caso se presentó un incumplimiento del fallo proferido el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué.

En tal sentido se tiene que aún cuando el actor alegó que esta prueba no fue valorada por el Tribunal acusado, precisamente su análisis fue lo que lo llevó a concluir que el asunto sometido a su conocimiento fue objeto de pronunciamiento en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento número 2008-00052, por ello en principio no evidencia ninguna afectación a los derechos fundamentales invocados por el actor.

En todo caso la Sala considera importante resaltar que la sentencia de 24 de agosto de 2011 (proceso radicado número 2008-00052), contrario a lo que afirma el apoderado del señor Cortés Bríñez, en su parte resolutiva se expuso:

“RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. GAG-SDP 9046 de 10 de octubre de 2007 proferido por la Caja de Retiro de la Policía Nacional, por medio d la cual se negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al demandante, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reconocer y pagar al señor ORLANDO CORTÉS BRÍÑEZ la asignación de retiro que le corresponde de conformidad con los parámetros establecidos en el parágrafo 1° del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004. Dicho reconocimiento se hará a partir de la fecha en que terminaron los tres (3) meses de alta, o a falta de este, a partir del retiro definitivo del servicio de la institución policial”. (Subrayas propias).

Destaca la Sección que el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Tolima resulta razonable y que en el escrito de tutela el actor no se opuso a los argumentos puntualmente expuestos por este juez ordinario a efectos de negar la sentencia de primera instancia. Por ello, se evidencia que la parte actora está empleando la acción de tutela como un medio para manifestar una inconformidad injustificada frente a la negativa del Tribunal de acceder a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.4. Finalmente, el actor aseguró que tiene derecho al pago de los tres meses de alta conforme lo dispone el Decreto 1091 de 1995, artículo 52. Sobre el punto, la Sección debe insistir en que la razón por la cual el Tribunal acusado no accedió a las pretensiones de reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por el actor, no se sustentó en si el señor Orlando Cortés Bríñez cumplió o no con los requisitos previstos en la norma en cuestión, sino que se refirió a un estadio anterior del análisis judicial, en la medida en que encontró que toda vez que el reconocimiento y pago de los tres meses de alta fue objeto de pronunciamiento en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento número 2008-00052 no podía volverse a pronunciar sobre un asunto decidido en otro trámite judicial. En tal sentido, la Sala concluye que no puede considerarse como desconocida o indebidamente aplicaba la disposición contenida en el artículo 52 del Decreto 1091 de 1995.

Conclusión

En virtud de lo anterior, considera la Sección Quinta del Consejo de Estado que en el caso concreto no procede el amparo invocado por la parte actora al no encontrarse configurado el defecto fáctico alegado, toda vez que frente a las pruebas señaladas como no valoradas el actor no cumplió con la carga de señalar que influencia tenía su valoración en la decisión final y, que la sentencia de 24 de agosto de 2011 (proceso radicado número 2008-00052) sí fue tenida en cuenta por la autoridad acusada al adoptar la sentencia tutelada. Por ello se negará la acción de tutela.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Orlando Cortés Bríñez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

“ARTÍCULO 106. TRES MESES DE ALTA. Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales”.
Folios 172 a 175 del expediente ordinario.
Folio 14 del expediente de tutela.
Folio 77 el expediente de tutela.
Folios 37 a 41 del expediente de tutela.
Folios 47 al 57 del expediente de tutela.
Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Folios 172 a 175 del expediente ordinario.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Accionante: Jaime Rodríguez Forero. Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Accionante: Jaime Rodríguez Forero. Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-01452-00
Actor: Orlando Cortés Bríñez

PAGE \* MERGEFORMAT 15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2019-00496-00
Actor: Gustavo Enrique González Polo

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