Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01469-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01469-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01469-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
13 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación de docente oficial / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Congruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Inexistencia / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - De la Corte Constitucional / RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE - Ley 33 y 62 de 1985 para vinculados antes de la Ley 812 de 2003 / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala considera que, en primer lugar, la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al apartarse de la sentencia del 4 de agosto de 2010 toda vez que este no es un precedente vinculante, y, en segundo lugar, que la misma goza de un sustento normativo aplicable al caso y que ha sido, incluso, el criterio utilizado por la Corte Constitucional como interpretación posible (no vinculante). De manera que, el tribunal como juez de segunda instancia, en ejercicio de su autonomía judicial, tomó la decisión justificándola debidamente con fundamentos principalmente de legalidad y coincidiendo con uno de los criterios hermenéuticos posibles que definió la Corte Constitucional (…) En el caso concreto, el actor acusa al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de incurrir en este defecto por argumentar a lo largo de toda la sentencia que las leyes aplicables al caso eran la 33 de 1985 y la 91 de 1989 y en términos jurisprudenciales la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, para, finalmente negar las pretensiones bajo la premisa de que solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes. Como se precisó en los antecedentes de esta providencia, el Tribunal tomó su decisión a partir del análisis de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 como presupuestos normativos que regulan la liquidación pensional para los docentes oficiales y se refiere a la sentencia del 4 de agosto de 2010 en la que se definió que la lista de factores contenida en el artículo 3 de la Ley 33 es enunciativa y que, por lo tanto, al momento de liquidarse la pensión de jubilación estaban incluidos todos los factores salariales que se hayan devengado en el último año de servicio. Sin embargo, posteriormente el Tribunal adujo que la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y el Acto Legislativo 01 de 2005 son fundamentos normativos suficientes para apartarse del criterio del fallo del Consejo de Estado del año 2010, además que dicho criterio cambió a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2018, en el sentido que se ha dicho que la lista de factores allí contenida si es taxativa y que solo podrá liquidarse incluyendo los factores salariales sobre los que se haya cotizado. Por tanto, no se encuentra contradicción, en realidad, hay una relación entre la interpretación del argumento legal y jurisprudencial con la decisión. De hecho, el Tribunal describió la evolución normativa y jurisprudencial de la liquidación pensional de los docentes oficiales tal y como la Sala lo hizo para efectos de resolver el defecto anterior. En consecuencia, la misma evidencia que la jurisprudencia no ha sido uniforme y que existe más de un criterio por el cual se puede inclinar el juez sin que eso implique ningún tipo de incongruencia por ser válidas ambas interpretaciones.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01469-00(AC)
Actor: MARYORI OSORIO PELÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
ACCIÓN DE TUTELA. Fallo de Primera Instancia.
ANTECEDENTES
Solicitud
Maryori Osorio Peláez, mediante apoderado judicial, presentó solicitud de amparo constitucional en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con la sentencia del 22 de noviembre de 2018 proferida por la autoridad accionada, como juez de segunda instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
Hechos
2.1. Maryori Osorio Peláez laboró por más de veinte años en la docencia oficial y por Resolución núm. 400 del 22 de febrero de 2008 la Nación—Ministerio de Educación—Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció la pensión de vejez en cuantía equivalente a $1.469.345.00, efectiva a partir del 27 de marzo de 2007.
2.2. La entidad pagadora fijó el monto pensional tomando como base la asignación básica sin incluir otros factores como la prima de navidad, la prima de vacaciones y los demás que percibió la docente en el último año de servicio.
2.3. La actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la pretensión de nulidad parcial de la resolución 400 del 22 de febrero del 2008 y del acto ficto producto del silencio administrativo negativo frente a la reclamación que radicó el 9 de marzo de 2015; y de reliquidación de su mesada pensional teniendo en cuenta todos los factores salariales que devengó durante su último año de servicio.
2.4. El asunto correspondió por competencia al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, autoridad que, en sentencia de primera instancia del 9 de junio de 2016, (i) declaró la prescripción trienal de las mesadas pensionales del período comprendido entre el 2 de mayo de 2004 y el 12 de febrero de 2012; (ii) declaró la nulidad de los actos demandados; y (iii) ordenó la reliquidación de la pensión en un monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio teniendo en cuenta todas las sumas que habitual y periódicamente percibió la docente como retribución de su servicio y que no fueron incluidas al realizar el computo del ingreso base de liquidación.
El juzgado fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en los principios constitucionales de favorabilidad y progresividad en materia pensional.
2.5. La entidad demandada presentó recurso de apelación que resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 22 de noviembre de 2018 en la que revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto el tribunal hizo un recuento de la evolución de la normativa aplicable a docentes oficiales en temas pensionales, concretamente a los vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y los nombrados a partir del 1º de enero de 1990. Destacó que a estos docentes se les aplica lo previsto en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 91 de 1989.
Respecto al desarrollo jurisprudencial relacionado con la liquidación de la pensión de docentes oficiales, el Tribunal consideró que, si bien antes era pacífica la aplicación de la Sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, a partir de la promulgación de la sentencia del 28 de agosto de 2018 ya no lo es y concluyó basado en el último criterio jurisprudencial, que los factores salariales que deben tenerse en cuenta para la liquidación pensional, son aquellos sobre los cuales el trabajador haya realizado aportes.
Bajo este último criterio analizó el caso sometido a su conocimiento y, una vez revisó el certificado salarial de la demandante, concluyó que la base liquidatoria de la pensión se calculó correctamente ya que la prima de grado, la prima de clima y la prima semestral, devengadas, no pueden incluirse como factores porque no los enlista el artículo 3o de la Ley 33 de 1985 y, además, no se habían tenido en cuenta dentro del salarios objeto de cotización al sistema de seguridad social.
Pretensiones de tutela
La actora interpuso escrito de tutela el 10 de abril de 2019 y solicitó que: (i) se declare que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia cuando decidió revocar la sentencia favorable a sus pretensiones de reliquidación de su pensión de jubilación; (ii) se deje sin efecto la providencia del 22 de noviembre del 2018; (iii) se ordene a la autoridad judicial que emita una nueva decisión que atienda el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 4 de agosto de 2010.
Fundamentos de la acción
Maryory Osorio Peláez alegó que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales, porque en su providencia incurrió en los siguientes defectos.
“Sustantivo y de falta de motivación”, por cuanto a pesar de concluir que se vinculó a la docencia oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003 y por tanto su derecho pensional quedaba sujeto a lo previsto en las Leyes 33 de 1985 y la 91 de 1989, y a la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, decidió negar las pretensiones y revocar la sentencia apelada bajo la premisa de que únicamente se debían tener en cuenta los factores sobre los que se haya cotizado, lo que a su juicio es contradictorio.
Por desconocimiento del precedente, toda vez que el tribunal no aplicó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 y toda la jurisprudencia de esa misma Corporación que refuerza la posición de que la lista de factores que aparece en la Ley 33 de 1985 no es taxativa, sino enunciativa, de modo que al liquidarse la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores salariales que se hayan devengado.
Además de lo anterior, afirmó que también se había desconocido el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 que establece:
“Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación (…) tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.”
Así las cosas, citó varios casos en los que el Consejo de Estado ha fallado según el criterio de la sentencia de unificación del 2010 y censuró la aplicación de la sentencia del 28 de agosto de 2018 porque ésta excluye expresamente a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En ese mismo sentido, la actora citó diferentes conceptos de “salario” utilizados por la Corte Constitucional, el Concejo de Estado y el Convenio 095 de la OIT para demostrar que se ha utilizado en sentido amplio incluyendo todo lo devengado.
Por violación directa de la Constitución, al considerar que se desconoció el artículo 53 de esta norma, que establece que en caso de duda se deberá acoger la interpretación de la norma más favorable al trabajador y que para el caso es la Ley 33 de 1985 con la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.
Intervenciones
5.1. La Fiduprevisora solicitó que se declare improcedente la tutela y que se le desvincule por falta de legitimación por pasiva. Consideró que en la sentencia objeto de tutela no se genera la vulneración de ningún derecho fundamental, ya que el proceso se adelantó en debida forma y el tribunal actuó conforme a la normativa y no desconoció ningún precedente jurisprudencial.
5.2. La Nación—Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del trámite constitucional porque consideró que no tiene ninguna injerencia en la decisión objeto de tutela y no vulneró ningún derecho fundamental.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala tiene competencia para conocer del trámite de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 marzo de 2019.
2.2 Aclaración sobre los defectos alegados
La tutela contra providencias judiciales cuenta con una mayor carga argumentativa para quien la interpone de indicar los defectos en los que incurrió la providencia reprochada, sin embargo, esta carga no debe llevarse a un punto de formalismo excesivo que interfiera con la debida protección de los derechos fundamentales. Con fundamento en lo anterior, la Sala se permite precisar que, si bien la accionante alega la presencia de un defecto por desconocimiento del precedente y, de otra parte, por falta de motivación, en realidad, sustancialmente los mismos se refieren a distintas expresiones de un defecto sustantivo.
Para llegar a la anterior conclusión es pertinente tener en cuenta que:
“…[L]a Corte [Constitucional] ha establecido que el defecto sustantivo parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que configura esta causal, a saber:
(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU072-18.htm" \l "_ftn101" \o "" .
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución.
Adicionalmente, la misma Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
En anterior oportunidad, SU-567 de 2015, la Corte había establecido otros eventos constitutivos de defecto sustantivo, a saber: ‘(e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.’ ” (resaltado fuera del texto original).
En estos términos, toda vez que el actor hace referencia al supuesto desconocimiento de un precedente del Consejo de Estado y no de la Corte Constitucional cuando establece el alcance de la Carta Suprema, su alegación está comprendida dentro del defecto sustantivo, pues solamente se puede hablar de desconocimiento del precedente como defecto autónomo cuando se refiere al precedente constitucional.
Por otra parte, el defecto de ausencia de motivación se da cuando la providencia judicial carece de razones que soporten la decisión sobre el caso, y no por el fenómeno de la incongruencia de la decisión, que también se encuentra dentro del defecto sustantivo como se explicó previamente.
Así las cosas, a partir de la corrección en la imprecisión nominativa de los defectos alegados, pero que en modo alguno impide que la Sala se refiera sobre los defectos que sustantivamente expone el acto, la Sala pasa a analizar: (i) el defecto sustantivo por incongruencia entre la motivación y la decisión; (ii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y (iii) el defecto por violación directa de la Constitución.
2.3 Problema jurídico
A la Sala le corresponde establecer si resulta procedente el examen de los defectos alegados en la sentencia del 22 de noviembre de 2018 que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al desatar el recurso de apelación que la parte demandada presentó contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago.
En particular deberá determinar:
¿Se desconoció el precedente judicial relacionado con la liquidación de pensiones de docentes oficiales al excluir el criterio contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 en la providencia objeto de tutela?
¿Se presentó un defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, en la sentencia del 22 de noviembre de 2018, al haber incluido en la motivación la jurisprudencia del Consejo de Estado que incluye factores salariales en la liquidación de la pensión de docentes oficiales que, luego, no fueron incluidos en la decisión?
¿Incurrió, la providencia demandada en un defecto de violación directa de la Constitución en relación con el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 Superior, al no acoger la interpretación expuesta en la sentencia del 4 de agosto de 2010, que era más favorable a la actora?
Para resolver el problema jurídico así planteado es necesario tener en cuenta que el reproche de tutela está dirigido contra providencia judicial, por lo que es necesario hacer el examen a la luz de lo que la doctrina constitucional ha dicho al respecto.
2.4. La acción de tutela contra decisiones judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
2.4.1. Requisitos generales:
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se infiere de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
2.4.2. Causales específicas:
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial concurre alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.
2.5. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
2.5.1. La Sala afirma que hay legitimación en la causa por activa porque la actora de este trámite, fue también la actora en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia de segunda instancia objeto de tutela y, por lo tanto, es quien sufre directamente los perjuicios derivados de la decisión sobre la reliquidación de su pensión de jubilación.
También encuentra probada la legitimación por pasiva porque la accionada es la autoridad que profirió la providencia objeto de esta acción de amparo, es decir es autora del acto que presuntamente vulneró los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
2.5.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, la relevancia constitucional se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.
La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional toda vez que las alegaciones sobre la aplicación del precedente judicial que determinó el IBL con el que se liquidó la pensión del actor, la incongruencia entre la motivación y la decisión de la sentencia y, la aplicación del principio de favorabilidad son aspectos definitivos para la protección del derecho al debido proceso en su dimensión constitucional, pues el eventual desconocimiento de estos aspectos en el caso concreto, llevaría a que se fallara el asunto pensional sin el sustento normativo aplicable y en contravía de la Carta Suprema.
2.5.3. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que se satisface en relación con los tres defectos bajo examen, pues fueron alegados desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, a juicio de la actora, persistieron a lo largo de todo el proceso. Por otra parte y para controvertir el defecto sustantivo por incongruencia en la motivación, que se alegó en el escrito de tutela, y que surgió, según el tutelante, en la sentencia de segunda instancia, no existe un instrumento procesal distinto a la tutela.
Por tanto, la Sala concluye que en efecto, en el proceso ordinario se agotaron las dos instancias procesalmente previstas y no se observa la existencia de alguna de las causales que permitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia. No existen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios con los que el solicitante pueda intentar la protección de sus derechos fundamentales.
2.5.4. En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada se adoptó el 22 de noviembre de 2018 y la acción constitucional se radicó el 10 de abril de 2019, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en 6 meses de forma general.
2.5.5. No se argumentó la existencia de alguna irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.
2.5.6. En la solicitud de tutela se expresaron de manera clara y suficiente los hechos. Respecto de los argumentos, si bien existieron algunas imprecisiones nominativas sobre los defectos en que presuntamente incurrieron las providencias demandadas, estos fueron sustancialmente claros y contaron con una explicación suficiente para entender por qué en cada caso se alegaba la vulneración de derechos fundamentales.
2.5.7. Las providencias cuestionadas en la presente acción de tutela no son sentencias de tutela.
Superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se habilita el estudio de los defectos referidos previamente.
Defecto sustantivo
La Sala pasará a determinar si se configuran este defecto, en lo relacionado con el defecto sustantivo (i) por desconocimiento del precedente judicial; (ii) por incongruencia entre la motivación y la decisión; y, por último, (iii) el defecto por violación directa de la Constitución.
2.6.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional considera que se presenta este defecto cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
Con fundamento en lo anterior, esa misma Corporación ha precisado que es procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
Como la alegación del defecto se basa en la inaplicación de un precedente judicial, para determinar si se incurrió en el defecto, antes es necesario determinar cuál es el régimen aplicable y si hay una interpretación jurisprudencial vinculante para determinar el IBL de la pensión de jubilación de los docentes oficiales.
2.6.1.1. Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de docentes
Por medio de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM), entidad encargada de reconocer y cancelar en favor de los docentes afiliados (orden nacional y nacionalizado) las prestaciones de salud, pensiones y cesantías y de administrar los recursos destinados a esos propósitos.
En el artículo 15 de la referida Ley, se dispuso:
“…A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que la hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional”. (Resalta la Sala).
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y los vinculados desde el 1º de enero de 1990, es el contenido en las normas vigentes a las que se sujetan los empleados públicos de orden nacional (Decretos Nos. 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y sus modificatorios) y que, a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, se les seguiría aplicando el régimen pensional del que se beneficiaban a nivel territorial.
Ahora bien, para la fecha en la que entró a regir la referida Ley 91 de 1989, ya se encontraba vigente la Ley 33 del 19 de enero de 1985, que dispuso que los empleados oficiales solo debían tener 55 años de edad y haber prestado 20 años de servicios para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado dentro del último año de prestación de servicios y que quienes hubieran cumplido 15 años de prestación de servicios para la fecha en la que entró a regir dicha ley se sujetarían al régimen pensional anterior en lo relacionado con la edad.
Por medio de la Ley 62 de 1985 se modificó la referida ley 33, y en su artículo 1º dispuso que todos los empleados oficiales debían cancelar sus aportes y que la base de liquidación estaría constituida por los factores salariales de asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
De otra parte, el inciso 2º el artículo 279 de Ley 100 de 1993 estableció que a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se les aplicaría régimen general de seguridad social previsto en dicha norma, por lo que a través del artículo 115 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Ley General de Educación”, se señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales, sería el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
Posteriormente, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 señaló que el régimen pensional aplicable a los docentes que estuvieran vinculados al sector público educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, era el previsto para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.
En ese mismo sentido, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes, vinculados al sector público oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, era el establecido en las disposiciones legales vigentes hasta entonces.
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionalizados se determina en consideración a la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y por tal motivo, para aquellos que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen corresponde al previsto en la Ley 91 de 1989.
En conclusión, el régimen pensional que cobija a aquellos docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y vinculados al servicio antes del 26 de junio de 2003, corresponde al establecido en la Ley 33 de 1985 por remisión expresa de la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, se resalta, este régimen resulta aplicable por expresa disposición de la Ley 91 de 1989, sin que se pueda llegar a afirmar que la vigencia de la Ley 33 de 1985, respecto de los docentes oficiales, sea consecuencia del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como se dijo, dicha legislación excluyó de forma expresa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que en el asunto que ahora es objeto de la solicitud de amparo constitucional la señora Maryori Osorio Peláez se vinculó a la docencia oficial en el año 1973, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le resultaba aplicable el régimen pensional contenido en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
2.6.1.2. Jurisprudencia relativa a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes
Mediante las Sentencias C-258 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, la Corte Constitucional indicó, dentro de otros, que en aras de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal, las pensiones de jubilación debían liquidarse incluyendo en el ingreso base de liquidación los factores salariales frente a los cuales el pensionado realizó efectivamente los aportes, con independencia del régimen pensional que le fuera aplicable.
Por su parte, esta Corporación ha adoptado varias posiciones en lo relativo a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes y el tiempo de servicios, empezando por sostener que al liquidar la pensión de jubilación debían tenerse en cuenta todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, luego afirmar que contrario a ello, el IBL no hacía parte del régimen de transición y que por tal razón las pensiones de jubilación debían liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, esta Corporación en sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) fijó unas subreglas frente a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
No obstante lo anterior, la Corporación ha señalado que en la actualidad no existe una posición unificada sobre los factores salariales que se deben incluir para calcular el IBL a efecto de la liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a diferencia de lo que ocurre con los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por ello, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió asumir el conocimiento de un proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de unificar la jurisprudencia sobre los siguientes temas:
“1.- Alcance de la subregla fijada sobre los factores salariales que deben incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985, en el sentido que: “solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional”. La Sección Segunda del Consejo de Estado debe definir si esta subregla aplica para los docentes oficiales nacionales y nacionalizados vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuyo régimen pensional se rige por la Ley 91 de 1989.
2.- Régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 15, numeral 2, literales A y B de la Ley 91 de 1989.
En este tema se debe abordar la interpretación del régimen previsto en los literales A y B de la norma citada, que comprende, según la fecha de vinculación al servicio:
A.- Una pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que es compatible con la pensión gracia.
B.- Una única pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley.
3.- Régimen pensional de prima media establecido en las leyes del Sistema General de Pensiones, aplicable a los docentes en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.”
Así las cosas, la Sala observa que en relación con los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes, no existe un único criterio ante las diferentes posturas aplicables fijadas por la jurisprudencia emitida, tanto por la Corte Constitucional, como por esta Corporación, generando con ello cierta ambigüedad al momento de aplicar las normas respectivas que, ante el carácter vinculante del precedente de una y otra corporación, conduce a que los jueces en ejercicio de su autonomía judicial apliquen los criterios razonables que más se ajusten a los supuestos fácticos de cada caso con una debida motivación.
2.6.1.3. Examen del defecto sustantivo por apartarse del precedente judicial aplicable
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que, sobre el salario base de liquidación, se presentan diferentes criterios expuestos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, lo que implica que no puede hablarse de un precedente aplicable y vinculante que determine la presencia o no de un defecto. Así las cosas, los órganos judiciales, en ejercicio de su autonomía, puedan adoptar, el criterio que de forma razonable se ajuste a las circunstancias fácticas de cada caso con la suficiente motivación.
En todo caso, se observa que la decisión reprochada se basó en criterios normativos razonables que, aunque no se adscriben explícitamente a alguno de los parámetros jurisprudenciales descritos, el fundamento coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU–395 de 2017 y T-039 de 2018 que establecieron como criterio general que las pensiones de los docentes deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, en aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985.
En este contexto, revisada la sentencia del 22 de noviembre del 2018, la Sala observa que el tribunal efectuó un adecuado análisis normativo y se fundamentó en él para negar la reliquidación que solicitó la demandante de su pensión de jubilación. Se apoyó en el aparte del artículo 3 de la Ley 33 de 1985 que establece que “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes” y en el artículo 48 de la Constitución que reitera este planteamiento, esto en pro de la viabilidad financiera del sistema pensional.
Así las cosas, la Sala considera que, en primer lugar, la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al apartarse de la sentencia del 4 de agosto de 2010 toda vez que este no es un precedente vinculante, y, en segundo lugar, que la misma goza de un sustento normativo aplicable al caso y que ha sido, incluso, el criterio utilizado por la Corte Constitucional como interpretación posible (no vinculante). De manera que, el tribunal como juez de segunda instancia, en ejercicio de su autonomía judicial, tomó la decisión justificándola debidamente con fundamentos principalmente de legalidad y coincidiendo con uno de los criterios hermenéuticos posibles que definió la Corte Constitucional.
2.6.2. Defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión
La Corte Constitucional considera que se configura el defecto por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión cuando se presenta “una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”. El defecto implica que la resolución del juez no corresponde con la motivación expuesta en la providencia. Es decir, que entre ellas no exista una correlación lógica que permita entender cómo se llegó a tal conclusión.
En el caso concreto, el actor acusa al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de incurrir en este defecto por argumentar a lo largo de toda la sentencia que las leyes aplicables al caso eran la 33 de 1985 y la 91 de 1989 y en términos jurisprudenciales la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, para, finalmente negar las pretensiones bajo la premisa de que solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes.
Como se precisó en los antecedentes de esta providencia, el Tribunal tomó su decisión a partir del análisis de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 como presupuestos normativos que regulan la liquidación pensional para los docentes oficiales y se refiere a la sentencia del 4 de agosto de 2010 en la que se definió que la lista de factores contenida en el artículo 3 de la Ley 33 es enunciativa y que, por lo tanto, al momento de liquidarse la pensión de jubilación estaban incluidos todos los factores salariales que se hayan devengado en el último año de servicio.
Sin embargo, posteriormente el Tribunal adujo que la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y el Acto Legislativo 01 de 2005 son fundamentos normativos suficientes para apartarse del criterio del fallo del Consejo de Estado del año 2010, además que dicho criterio cambió a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2018, en el sentido que se ha dicho que la lista de factores allí contenida si es taxativa y que solo podrá liquidarse incluyendo los factores salariales sobre los que se haya cotizado.
Por tanto, no se encuentra contradicción, en realidad, hay una relación entre la interpretación del argumento legal y jurisprudencial con la decisión. De hecho, el Tribunal describió la evolución normativa y jurisprudencial de la liquidación pensional de los docentes oficiales tal y como la Sala lo hizo para efectos de resolver el defecto anterior. En consecuencia, la misma evidencia que la jurisprudencia no ha sido uniforme y que existe más de un criterio por el cual se puede inclinar el juez sin que eso implique ningún tipo de incongruencia por ser válidas ambas interpretaciones.
Distinto es que no se haya dado la interpretación jurídica pretendida por la actora, pues la simple contradicción entre la pretensión de la parte y la decisión judicial no es un defecto, por lo que, exigir una interpretación concreta cercenaría la autonomía judicial.
En conclusión, la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 22 de noviembre de 2018 no incurrió en un defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión.
2.6.3. Defecto de violación directa de la Constitución
Se entra a estudiar este defecto porque la actora alegó que se incurrió en él al violarse el artículo 53 de la Constitución que consagra el principio de la favorabilidad laboral. Esto, porque en su criterio la providencia demandada no aplicó la interpretación de la Ley 33 de 1985 que hizo el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 en la que decidió que los factores del artículo 3 de dicha ley no son taxativos y por tanto se podrá liquidar la pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales que se hayan devengado. Siendo esta interpretación más favorable para el trabajador.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró que este defecto se presenta cuando:
“a) [E]n la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad).
13. En consecuencia, ‘esta Corporación, en su jurisprudencia, ha precisado que el defecto de la violación directa de la Constitución es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’
14. Así pues, en virtud del valor normativo superior de los preceptos constitucionales, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento, incluso si el problema jurídico del caso parece ser únicamente de índole legal, pues de no hacerlo de conformidad con la Carta o de la manera que más se ajuste a los principios o derechos amparados en la Constitución, se configura una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión judicial adoptada.”
La actora alegó la existencia de este defecto por considerar que la Ley 33 de 1985 cuenta con dos posibles interpretaciones, una en la que solo se liquida la pensión teniendo en cuenta los factores salariales sobre los que se haya cotizado y otra en la que se liquida con todos los factores devengados. Consideró que en el caso concreto se le está vulnerando el derecho al debido proceso por no tener en cuenta el artículo 53 de la Constitución en lo respectivo a la favorabilidad, que establece: “[e]l Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (…) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. La Sala entra a analizar este defecto y considera que, para estudiar el principio de favorabilidad laboral en los regímenes pensionales, no se puede hacer una valoración del principio en abstracto, de modo que resulta imperativo, como sucede cada vez que se pretende aplicar un principio constitucional, hacer un examen en concreto de la normatividad que se reputa enfrentada. Por lo tanto, en el caso sub examine se debe partir de la base de que, como ya se explicó suficiente en líneas anteriores, se presenta una diferencia de criterios entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado a la hora de definir el régimen aplicable en la liquidación de pensiones de regímenes alternativos al general previsto en la Ley 100 de 1993. La Corte Constitucional destacó que se tienen que establecer ciertos límites a los derechos pensionales en aras de proteger la igualdad y, para este fin, se basó en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
“Según el principio de universalidad, el Estado –como sujeto pasivo principal del derecho a la seguridad social- debe garantizar las prestaciones de la seguridad social a todas las personas, sin ninguna discriminación, y en todas las etapas de la vida. Por tanto, el principio de universalidad se encuentra ligado al mandato de ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social señalado en el inciso tercero del mismo artículo 48 constitucional, el cual a su vez se refiere tanto a la ampliación de afiliación a los subsistemas de la seguridad social –con énfasis en los grupos más vulnerables-, como a la extensión del tipo de riesgos cubiertos. (ii) Por su parte, el principio de eficiencia requiere la mejor utilización social y económica de los recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que los beneficios a que da derecho la seguridad social, sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la eficiencia como la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos y la maximización del bienestar de las personas. (iii) Finalmente, la solidaridad, hace referencia a la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades.
Este principio tiene dos dimensiones: de un lado, como bien lo expresa el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, hace referencia a que el Estado tiene la obligación de garantizar que los recursos de la seguridad social se dirijan con prelación hacia los grupos de población más pobres y vulnerables; de otro, exige que cada cual contribuya a la financiación del sistema de conformidad con sus capacidades económicas, de modo que quienes más tienen deben hacer un esfuerzo mayor. Esa contribución”(resaltado fuera del texto original). En esta misma línea de protección de la sostenibilidad fiscal, la solidaridad y la igualdad, la Corte Constitucional en su sentencia T-138 de 2018 llegó a establecer que el IBL no era un factor sometido al régimen de transición de la Ley 100, lo contrario, implicaría un abuso del derecho o incluso un fraude, por ser contrario al principio de universalidad. Asimismo, la sentencia de unificación SU-395 de 2017 se pronunció sobre la finalidad perseguida con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e indicó que este buscó: “crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema”. En la misma sentencia se manifestó declarando que no se podía dar efectos ultractivos al mecanismo de cálculo del IBL en los régimen es anteriores y concluyó: “Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión”. Esto denota que el ideal de la Corte Constitucional es evitar que exista diferencia entre los factores sobre los que se cotiza y sobre los que se liquida. El Consejo de Estado a partir del año 2018 asumió una postura muy cercana a la de la Corte Constitucional en la que también terminó por relativizar el principio de favorabilidad. Así, las reglas derivadas de la sentencia del 28 de agosto de 2018, terminan por hacer un ejercicio de ponderación entre varios principios constitucionales. Unos de sus principales fundamentos fueron la prevalencia del interés general y la solidaridad en materia de pensiones, como se pasa a ver:
“[L]a razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo”.
En estos términos, se pone de manifiesto que el criterio normativo fijado por la Corte Constitucional y por la reciente jurisprudencia de esta Corporación en lo que se refiere a regímenes pensionales diferenciados, parte de un examen de ponderación sobre el principio de favorabilidad y otros principios constitucionales como la solidaridad, eficiencia la universalidad y la igualdad. De modo que, ante la premisa general de que ningún principio es absoluto, el régimen pensional ha sido una expresión de la relativización del principio de favorabilidad.
Por otra parte, también es cierto que, a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, el criterio del Consejo de Estado se ha dado aplicación judicial a un criterio distinto al descrito previamente, según el cual, la ponderación de principios arroja resultados diferentes. Pues tiene como fundamento principal el principio de progresividad, que busca evitar, contrario sensu, la regresividad en los derechos en materia laboral, y, adicionalmente, en la primacía de la realidad sobre las formas a la hora de definir los factores que componen el salario, toda vez que los trabajadores son la parte débil en la relación de trabajo.
En este contexto, en el criterio acogido en la mencionada sentencia la aplicación del principio de favorabilidad es distinto, pues la inclusión de otros principios en el examen de ponderación conduce unas reglas específicas a la hora de liquidar las pensiones, como se puede observar:
“Es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.
(…)
“la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiado su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.
(..)
El principio de progresividad constituye una directriz en materia de política pública para los Estados, en el sentido de velar porque los logros alcanzados en materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales no se disminuyan en el transcurso del tiempo y, por el contrario, procurar la optimización progresiva de su disfrute”.
Como se puede apreciar, frente a la alegación del actor sobre la violación directa de la Constitución por desconocer el principio de favorabilidad (artículo 53), el anterior recuento de las razones que sustentan los criterios aplicables para definir la liquidación de docentes, pone de manifiesto que en cada uno de ellos ya se ha hecho un juicio de favorabilidad, a partir de su ponderación con otros principios aplicables. Ello conduce, a distintos resultados hermenéuticos que están a disposición de los órganos judiciales para resolver los casos concretos.
En este orden, no resulta de recibo la afirmación de que la elección de uno de esos criterios significa una negación del principio de favorabilidad, pues, como se indicó, es una de las formas posibles de llegar a una solución en los casos concretos a partir de ponderar distintos principios concurrentes. La alegación de la accionante, en cambio, está dirigida a que se dé aplicación de manera absoluta al principio de favorabilidad para su interés particular, desconociendo que, así como en la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación, también en el caso de la jurisprudencia constitucional y en la sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, se ha dado aplicación a la favorabilidad con un resultado distinto al que la tutelante pretende.
Después de haberse analizado los tres defectos en que presuntamente se había incurrido en la providencia del 22 de noviembre del 2018 y verificar que no se presentó ninguno, cabe concluir que la autoridad judicial que la profirió, no vulneró los derechos fundamentales de la actora, razón por la cual, se negará el amparo de los mismos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia que solicitó Maryori Osorio Peláez.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siempre que el asunto no sea impugnado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Folios 2 a 32 del expediente de tutela. Folios 69 a 72 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela. Folios 53 a 64 del cuaderno ordinario 2. Fol. 1 del expediente de tutela. Folio 11 del del cuaderno principal del expediente de tutela. Folios 87 a 88 del expediente de tutela. Folios 80 a 82 del expediente de tutela. Publicado en el diario oficial núm. 50913 del 1 de abril del 2019. En la sentencia SU-585 de 2017 la Corte precisó: “En síntesis, las causales de procedencia de la acción de tutela interpuestas contra providencias judiciales, que permiten al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto se pueden sintetizar en que: (…).
v) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial. (…)”. (El Despacho subraya y resalta). Corte Constitucional, SU-072 de 2018 del 5 de julio de 2018. Ref cit SU-632 de 2017. Según la SU-7740 de 2014: “este defecto se configuraría ‘sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado’. La causal no se configura por la mera circunstancia de no compartir la argumentación del juez, o por señalar en ella un defecto menor, sino que requiere de una argumentación tan deficiente que sea capaz de convertir a la decisión en un mero acto de voluntad del juez, valga decir, en una arbitrariedad.” Ref cit. Sentencia T-233 de 2007, y se reitera en las Sentencias T-395 de 2010 y SU-424 de 2012. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Corte Constitucional, sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Fol. 1 del expediente de tutela. Corte Constitucional, T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicación: 11001031500020120220101 (IJ). Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn23" \o "" , de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014. Corte Constitucional, T -102 de 2014 del 25 de febrero de 2014. Corte Constitucional, T -446 de 2013 del 11 de julio de 2013 y T – 328 de 2018 del 13 de agosto de 2018. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC).
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos. Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003”.
“[…] Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: […] Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones […]". Corte Constitucional, C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional, SU – 230 del 29 de abril de 2015. Corte Constitucional, SU – 395 del 22 de junio de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Expediente:
25000-23-25-000-2006-07509-01, Sentencia del 25 de febrero de 2016, Expediente: 25000-23-42-000-2013-01541-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de diciembre de 2016, Expediente: 11001-03-15-000-2016-01334. Actualmente en sede de tutela, las Secciones Primera y Segunda, no amparan los derechos deprecados en este tipo de asuntos. Ver entre otros, radicados número 11001-03-15-000-2018-02109-01, noviembre 19 de 2018, y 11001-03-15-000-2018-03531-00 del 21 de noviembre de 2018. Corte Constitucional. Sentencia T – 328 de 2018. “Existe un precedente constitucional consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la posibilidad de que se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se refiere a la tasa de remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la legislación vigente, esto es, el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio”. Radicado número 68001-23-33-000-2015-00569-01, auto del 31 de octubre de 2018. Leyes 43 de 1975, 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994; Acto legislativo 01 de 2005 y Decreto 1045 de 1978. Corte Constitucional, C-590 de 2005 del 8 de junio de 2005.
Corte Constitucional, SU-098 de 2018 del 17 de octubre de 2018.
Corte Constitucional Sentencia C- 258 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, SU-395 de 2017 del 22 de junio 2017.
Corte Constitucional, SU-395 de 2017 del 22 de junio 2017.
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, Magistrado Ponente Cesar Palomino Cortes.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01.
Ibidem.
Ibidem.
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