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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01554-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01554-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por el señor Edgar Garay Rubio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01554-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

6 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA - Conforme al IPC procede desde el año 1997 hasta el 2004 / REAJUSTE - Improcedente / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[P]ara la Sala, la autoridad judicial accionada, no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que al resolver el caso concreto y apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado, estableció que el respectivo ajuste de la asignación de retiro a favor de la parte actora no era procedente reconocerlo a partir del año 1996, toda vez que la Ley 238 de 1995 entró en vigencia el 26 de diciembre de dicho año, y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el reajuste con base en el IPC procede anualmente y con referencia al IPC del año inmediatamente anterior, al estudiarse el caso concreto, dicho aumento rige a partir de 1997, con base en el IPC de 1996, “[…] por lo que para este último año, no es procedente reclamar la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC de 1995 […]”.

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Ausencia de carga argumentativa

[E]n el escrito de tutela el actor simplemente se limitó a enunciar normas jurídicas de rango constitucional, sin establecer las razones jurídicas de cómo fueron desconocidas o vulneradas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

FUENTE FORMAL: LEY 238 DE 1995 - ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01554-00(AC)

Actor: EDGAR GARAY RUBIO

Demandado: SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Temas: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance
Violación directa de la Constitución/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso ii) administración de justicia e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Garay Rubio contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia del 12 de octubre de 2018 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 12 de octubre de 2018 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 01 vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Expresó que prestó sus servicios como Oficial al servicio de las fuerzas militares durante 42 años, 4 meses y 13 días, en donde por medio de la Resolución núm. 203 de 31 de enero de 1991, expedida por el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), se ordenó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

4. Expresó que fue retirado de la actividad militar, mediante Decreto núm. 2983 de 1990, por solicitud propia, baja efectiva el 9 de abril de 1991 con el grado de Almirante de la Armada Nacional.

5. Adujo que de conformidad con el Índice de Precios del Consumidor - (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - (DANE), para el año 1996, debió recibir un aumento en la asignación de retiro. En ese orden, anotó que en aquella época las pensiones sometidas al régimen general, incluyendo el de las fuerzas públicas, se reajustaron con un incremento superior al 19.46%.

6. Manifestó que radicó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), el 9 de febrero de 2015, pretendiendo se le reconociera el reajuste de la asignación de retiro a partir del año 1996, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 238 de 26 de diciembre de 1995, que indicaba tener en cuenta el IPC en las pensiones reconocidas con anterioridad, por cuanto el incremento se daba en base al principio de oscilación.

7. Adujo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), expidió el acto administrativo núm. 0009966 de 19 de febrero de 2015, negando las pretensiones elevadas en la petición.

8. Señaló que presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 10 de febrero de 2016, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 0009966 de 19 de febrero de 2015, por medio del cual negó el reajuste de la asignación de retiro correspondiente al periodo comprendido entre 1996 hasta la actualidad, incluyendo primas semestrales y de navidad; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó reajustar su asignación de retiro “[…] en la proporción correspondiente a la diferencia entre los valores pagados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con base en el principio consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990 y la variación porcentual de Índices de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por mandato del parágrafo 4 del artículo 279 de la misma Ley, el cual fue adicionado por la Ley 238 de 1995 […]”.

Sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 00

9. El Juzgado en la parte resolutiva de la aludida providencia dispuso:
“[…]

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los valores consignados para gastos del proceso descontado los ya causados.

[…]”.

10. Expresó que el artículo 217 de la Constitución Política de 1991 estableció en cuanto al régimen de carrera prestacional y disciplinario de los miembros de la Fuerza Pública Militares, que el mismo debe ser determinado por la ley. En el caso concreto añadió:

“[…]

En ese orden, el Congreso de la Republica expidió la Ley 4 de 1991, mediante la cual señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso y la Fuerza Pública.

Así mismo, el presidente de la Republica expidió el Decreto 1211 de 1990, norma de carácter especial, en su artículo 169 establece:

“ARTICULO 169. OSCILACION DE ASIGNACION DE RETIRO Y PENSION. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.

Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.” (Subrayado fuera del texto)

. Por otra parte, la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 preceptuó en su aplicación para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.

No obstante, la Ley 238 del 26 de diciembre de 1995, adicionó el mencionado artículo, de la siguiente manera:

“Artículo 1. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo.

PARÁGRAFO 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados” (se subraya)

[…]”.

11. Indicó que con relación al artículo 14 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, se estableció que con el objeto de que las pensiones de vejez, jubilación, invalidez, sustitución o de sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes de sistema general de pensiones, se deben reajustar anualmente de oficio, el 1.° de enero de cada año, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios del consumidor, certificada por al DANE. Añadió que:

“[…] 
Respecto a si la asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública debe o no reajustarse con el IPC o por tener el sistema de oscilación no debe hacerse el reajuste del IPC, se tiene que la jurisprudencia si bien en un principio no fue pacífica, siendo así como se adoptó una primera posición que consiste en considerar que no debe hacerse tal reajuste, actualmente señala que es procedente el mencionado reajuste tal como se demuestra a continuación:

La Corte Constitucional expresó lo siguiente respecto de la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, mediante Sentencia C-251 de marzo 16 de 2004:

“En este sentido, es claro que la demanda del ciudadano Corrales Larrarte está fundamentada en un supuesto equivocado cual .es el de sostener que asignación de retiro es igual a salario y por ende afinar que al personal retirado de las Fuerzas Militares se les cancela un sueldo o salario cuando en realidad lo que percibe es una pensión de vejez que en el régimen especial de la fuerza pública se denomina asignación de retiro ".

En igual sentido, dicha Corporación mediante la sentencia C-432 de 2004 manifestó que la asignación de retiro es una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y goza de un cierto grado de especialidad, atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los miembros de la fuerza pública.

[…]

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, en Sentencia de 15 de noviembre de 2.012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, señaló:

“Estima la Sala que como se ha venido sosteniendo de tiempo atrás el correcto entendimiento del problema jurídico que se suscita en torno al reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, con fundamento en la variación porcentual del índice (los precios al consumidor, IPC, y la solución que ha planteado la Sala de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia de 17 de mayo de 2007, consiste en precisar, que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de “mira anualmente, y que en virtud de lo dispuesto en Ia Ley 238 de 1995 ese reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tuvo lugar de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, en tanto resultaba más favorable que el establecido por el gobierno nacional, en aplicación del principio de oscilación, que como resulta lógico, dicho incremento incidió positivamente en la base de la referida prestación, esto es incrementándola. Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del citado Decreto, pero que en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003: y 2004” ,
[…]”.

12. Adujo que de conformidad con la jurisprudencia, el reajuste que pretende el actor solo se hace efectivo a partir del 1.° de enero de 1997, por cuanto la Ley 238 de 1995 en su artículo 2, señaló que sus efectos serian a partir de la fecha de su publicación, es decir el 26 de diciembre de la misma anualidad, de donde se tiene que como el IPC es un indicador económico que se consolida anualmente, este opera a partir del año siguiente, razón por la cual solo procede el reajuste a partir del año 1997 y no desde el año 1996.

13. Señaló que la Ley 238 de 1995 cobró vigencia a partir del 26 de diciembre de del mismo año de su publicación, Aunado a ello, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dispuso que en lo concerniente al reajuste de pensiones, estas se harán anualmente de oficio el 1.° de enero de cada año según la variación porcentual del índice de precios certificado por la DANE. Concluyó manifestando que:

“[…] Por lo anterior y de lo obrante en el plenario, se observa que el accionante solicita el reajuste del Índice de Precios al Consumidor atinente al año 1996 no obstante lo referido, advierte el Despacho que no le asiste la razón al demandante, toda vez que, como se infiere de las normas señaladas, el reajuste de las pensiones y asignaciones de retiro conforme al índice de Precios al Consumidor procede conforme a la vigencia de la Ley 238 de 1995, esto es, a partir del año 1997 y de acuerdo al Decreto 4433 de 2004 hasta el 2004; cuya situación conduce al Despacho a negar las pretensiones de la demanda […]”.

Sentencia proferida el 12 de octubre de 2018 por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 01

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la parte resolutiva de la aludida providencia dispuso:

“[…]
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia
TERCERO: En firme esta sentencia, por Secretaría envíese el proceso al a quo, previas las anotaciones de rigor.
[…]”.

15. Adujo que el reajuste de las pensiones con base en el IPC fue establecido mediante el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, Aunado a ello, indicó que la referida norma no era aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, por cuanto estos se encuentran bajo un régimen especial de cual son beneficiarios, es decir, lo establecido en los artículos 17, 150 numeral 19 literal e) y el 218 la Constitución Política de Colombia, de modo que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 es un sector que esta excluido del sistema integral de seguridad social. En el caso concreto expreso que:

“[…] Tal como lo manifiesta la parte actora, la Ley 238 de 1995, permite que las pensiones reconocidas bajo el imperio de normas especiales se puedan incrementar en la forma señalada en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sería aplicable a los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares, por tratarse de una norma más favorable. En tal sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 17 de mayo de 2007 en donde señalo:

“ …la Sala encuentra que la Ley 238 de 1995 es más favorable para el demandante que la Ley 4 de 1992 y el decreto 1212 de 1990, porque al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior “

”En efecto, en el caso concreto la Sala pudo establecer que al actor le resulta más favorable el reajuste de la pensión, con base en el IPC (Ley 100 de 1993)... ”'.

El anterior criterio fue retomado en sentencia de 11 de junio de 2009 en donde agregó el Máximo Tribunal:

“...De conformidad con la jurisprudencia transcrita, la asignación de retiro que devenga el actor debe reajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor. Esta conclusión se deriva de los precisos mandatos de la Ley 238 de 1995 y de la aplicación del principio de favorabílidad en materia laboral. 

Además de las anteriores consideraciones, es pertinente referenciar el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, que reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, el cual en su inciso segundo permite aplicar el reajuste pensional con base en el IPC: las asignaciones de retiro y pensiones de la Fuerza Pública, en los siguientes términos:

”Los oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley". (Resaltado fuera del del texto).

Se concluye, entonces, que la Ley 238 de 1995 es la norma expresa que exige el Decreto 1211 de 1990 para aplicar, en materia de reajuste pensional, el mecanismo adoptado por la Ley 100 de 1993 y no el de oscilación consagrado de esta norma.
[…]”

16. Argumentó que ha sido posición jurisprudencial del Consejo de Estado que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 en 1993, incluida las Fuerzas Militares, tienen derecho al reajuste de sus pensiones, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por la DANE.

17. Indicó que el ajuste de las asignaciones de retiro teniendo en cuenta el IPC, solo era posible hasta el 31 de diciembre de 2004, habida cuenta que el sistema de oscilación fue retomado por el legislador mediante la Ley y reglamentado a través del artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año. En ese orden de ideas, cuando resulten más favorables los artículos 14 y 142 de la Ley 100, respecto al sistema de oscilación, debe darse aplicación a los primeros, con fundamento en el principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, previsto también en el inciso 2 del artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, en donde se faculta al destinatario de la norma jurídica para optar, por el que le resulte más favorable a sus intereses.

18. Expresó que resulta indiscutible, que el respectivo reajuste de la asignación de retiro en los términos de la variación del IPC, tiene fundamento en lo dispuesto en la Ley 238 y en los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral. Adujo que:

“[…] Ahora bien, advierte la Sala que el reajuste del IPC resulta aplicable a partir del año 1997, por cuanto la ley 238 de 1995 entró a regir el 26 de diciembre de 1995, por lo que el reajuste con base en el IPC procede anualmente, es decir para el año inmediatamente anterior, sin que se pueda exigir el reajuste para el año 1996 por cuanto para dicha fecha no se encontraba vigente, luego su aplicación inicia en el año 1997 en adelante.

Así mismo, es importante resaltar que el ajuste de las asignaciones de retiro teniendo en cuenta el IPC, solo fue posible hasta el 31 de diciembre de 2004, habida cuenta que el sistema de oscilación fue retomado por el legislador mediante la Ley 923 de 2004 y reglamentado a través del artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año así:

“[…] ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.

De esta manera lo entendió el Consejo de Estado, cuando la sentencia de 12 de febrero de 2009, dijo:

“… En ese orden, el reajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995 deberá hacerse con fundamento en el I.P.C que certifique el DANE; formula aplicable hasta el año 2004 en razón de que el propio Legislador volvió a consagrar el sistema de oscilación como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, a través del artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004, el cual fue reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año en los siguientes términos:

(…)

Con fundamento en los argumentos trascritos, la Sala encuentra acertada la decisión del Tribunal, en cuanto ordenó el ajuste de la asignación de retiro del actor con base en el I.P.C. certificado por el DANE, tal como está previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 desde el 18 de octubre de 2002, por haber acaecido el fenómeno de la prescripción. Sin embargo, la Sala considera oportuno adicionar dicha decisión en el sentido de ordenar que el reajuste se haga hasta el 31 de diciembre de 2004, por cuanto, como quedó explicado, tanto el Legislador como el Ejecutivo previeron nuevamente para los miembros de la Fuerza Pública el sistema de oscilación, como fórmula especial de ajuste de las asignaciones de retiro […]”.

19. Consideró que en criterio de la parte actora, a partir del 26 de diciembre de 1995, fecha en que se publicó en el Diario Oficial la Ley 238 de 1995, las pensiones y asignaciones de retiro, se deben reajustar automáticamente, a partir del 1.° de enero de cada año, en un porcentaje por lo menos igual al IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sin embargo queda por determinar, si para el año 1996, aplica dicho reajuste, teniendo en cuenta lo solicitado en la respectiva demanda. Señaló que:

“[…] En lo atinente al reajuste del IPC para el año 1996, el Consejo de Estado, precisó que:

“[…] “Sin embargo, en los fallos que cita para demostrar sus afirmaciones no se advierte esta circunstancia, pues, contrario a ello, el criterio expuesto en dichas providencias es uniforme en el sentido de considerar que no hay lugar a dicha reliquidación, puesto que para 1996, el reajuste pensional realizado por el Gobierno Nacional con base en el principio de oscilación, fue del 27.27%, cifra que incluso superó el porcentaje de variación sufrido por IPC durante el año anterior que fue del 19.46%.

Adicionalmente, los fallos citados por el peticionario advirtieron que otra razón para negar el reajuste solicitado es que la norma que lo autoriza, esto es, Ley 238 de 1995 entró a regir el 26 de diciembre de dicho año, y en esa medida, como el reajuste con base en el IPC procede anualmente y con referencia al IPC del año inmediatamente anterior, en el caso estudiado, dicho aumento rige a partir de 1997, con base en el IPC de 1996, por lo que para este último año, no es procedente reclamar la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC de 1995 […]”.

20. Finalmente, adujo que el reajuste del IPC para el año 1996 conforme lo señala la Ley 238 de 1995 se consagra para el año inmediatamente anterior, es decir que no puede darse el reajuste para el año 1996, por cuanto para aquella época la norma aún no surtía efectos.

21. Al resolver el caso concreto, expresó que el actor se retiró del servicio, a partir del 10 de abril de 1991, en donde solicitó el reajuste del IPC por el año 1996, en los términos de la Ley 238, sin embargo, como se expuso con antelación, la citada norma jurídica aún no surtía efectos jurídicos. En ese orden de ideas, el reajuste del IPC para las asignaciones de retiro, se hace efectivo a partir del año 1997. Concluyó manifestando que:

“[…] Así entonces, no le asiste razón al recurrente en el sentido de considerar que se debe realizar el reajuste en su asignación de retiro para el año 1996, conforme la Ley 238 de 1995, por cuanto, como se estableció, la norma no resulta aplicable con antelación al año 1997; lo cual impone a esta Sala conformar (sic) el fallo del a quo que negó las pretensiones de la demanda […]”.

La Solicitud de Tutela

Pretensiones

22. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…]
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito respetuosamente a los señores Consejeros de Estado, tutelar los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del señor EDGAR GARAY RUBIO, por cuanto la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINANARCA (sic), SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 7 (sic), dentro del proceso número 11001334205420160007601 […]”.

23. La parte actora en su escrito de tutela, adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, incurrió en defecto sustantivo por haber inaplicado al caso concreto el artículo 1.° de la Ley 238 de 1995, norma jurídica de la cual nace la obligación de reajustar respectivamente las asignaciones de retiro con base en el IPC del año anterior. Además, precisó que la ley 238 de 1995, rige desde su publicación, y esta se efectuó el día 26 de diciembre de 1995, como consta en el diario oficial núm. 42162, razón por la cual desde el año siguiente, esto es, 1996, debía realizarse el reajuste correspondiente.
Actuación

24. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
25. Asimismo, dispuso vincular al i) Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – (CREMIL), en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.
Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

26. La magistrada Patricia Salamanca Gallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante escrito aportado el 3 de mayo de 2019, solicitó se declarara improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no se cumplían los presupuestos necesarios para que la misma procediera. En ese orden de ideas, expresó que:

“[…] Para la suscrita Magistrada, los argumentos esbozados por el accionante no se encuentran llamados a prosperar, pues tal como se señaló en la sentencia objeto de demanda de tutela, la Ley 238 de 1995 consagra el reajuste para el año inmediatamente anterior, es decir, que no puede darse aplicación en el año 1996, cuando la norma aún no surtía efectos. Por tanto, el reajuste del IPC para las asignaciones de retiro, es efectivo a partir del año 1997, situación que ha establecido el Consejo de Estado, así: “Ley 238 de 1995 entró a regir el 26 de diciembre de dicho año, y en esa medida, como el reajuste con base en el IPC procede anualmente y con referencia al IPC del año inmediatamente anterior; en el caso estudiado, dicho aumento rige a partir de 1997 con base en el IPC de 1996 par lo que para este último año, no es procedente reclamar la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC de 1995".

De otra parte, se debe tener en cuenta que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para examinar las sentencias judiciales, sino que su procedencia está sometida a la verificación de circunstancias de hecho que evidencien verdaderas vulneraciones de derechos fundamentales, el cual no se presenta en este caso […]”.

27. La Jueza Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante escrito aportado el 6 de mayo de 2019, solicitó negar las pretensiones, por cuanto a la parte actora no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, en ese orden de ideas, indicó que el referido Juzgado actuó de manera eficiente y diligente, respetando los términos legales y conforme a derecho, valorando los medios probatorios pertinentes, y que fueron considerados como medio de prueba idóneos para el caso de estudio.

28. Añadió que para el caso del actor, no era factible acceder a las pretensiones, comoquiera que de conformidad con la Ley 238 de 26 de diciembre 1995, en relación con el reajuste de ley de acuerdo al índice de precios al consumidor, se extendió los efectos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 al régimen especial de la Fuerza Pública. Manifestó que:

“[…] Dicho reajuste es procedente sólo a partir del 1° de enero de 1997, pues la Ley 238 de 1995, en su artículo 2° señaló, que regiría a partir de la fecha de su publicación, esto es, el 26 de diciembre de la misma anualidad, de donde se tiene que como el Índice de Precios al Consumidor es un indicador económico que se consolida anualmente, éste operaría a partir del año siguiente, razón por la cual sólo procede el reajuste a partir del año 1997 y no desde el año 1996 […]”.

29. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – (CREMIL), mediante escrito aportado el 8 de mayo del 2019, solicitó que se declarara improcedente el amparo, toda vez que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. Indicó que:
“[…] EI Accionante impetra la Acción de Tutela por considerar violados sus derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Prevalencia del Derecho Sustancial, Acceso a la Administración de Justicia, Respeto (sic) a los Derechos Adquiridos, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "C" (sic), en sentencia proferida el 26 de septiembre del 2018 (sic).
En relación con la supuesta violación al derecho al Debido Proceso, NO existe vulneración alguna, ya que el demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y en las que se benefició de todas las etapas procesales en la que se evidencia que no se le violó el debido proceso y por ende se demuestra la oportunidad para acceder a la justicia.
En cuanto al derecho de igualdad no es de competencia del Juez de Tutela examinar las actuaciones procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de los hechos la decisión definitiva fue ajustada a la ley. 

El hecho que no se acceda a las pretensiones como es el caso, no necesariamente quiere decir que se esté incurriendo en una causal directa de la Constitución, como lo manifiesta el tutelante, máxime si se tiene en cuenta que para la fecha de retiro del accionante, la prestación fue reconocida conforme a la normatividad vigente. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

30. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

31. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

32. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección F Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 12 de octubre de 2018 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 01, incurrió, i) en defecto sustantivo por falta de aplicación al caso concreto del artículo 1.° de la Ley 238 de 1995 y ii) en violación directa de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que se negara el respectivo reajuste de la asignación de retiro, correspondiente al periodo de 1996.

33. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; v) la violación directa de la Constitución, y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera – que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

35. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

37. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

38. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

39. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

40. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

41. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

42. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

43. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

43.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

43.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución.

43.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

43.4 Cumplió con el principio de inmediatez.
43.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados;

43.6 En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

43.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

43.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

44. La Sala debe determinar si, en efecto, la Subsección F Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió i) en defecto sustantivo por falta de aplicación al caso concreto del artículo 1.° de la Ley 238 de 1995 y ii) en violación directa de la Constitución, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 054 2016 00076 01.

45. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, ii) la violación directa de la Constitución; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de la norma jurídica

46. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).

47. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica relevante que servía como fundamento para el sentido de la decisión judicial.

48. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Destacado de la Sala).

Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

49. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.

50. En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de la Carta Política de 1991.

Análisis del caso en concreto

51. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

52. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico, a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio:

53. La Sala observa que en el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

53.1 El señor Edgar Garay Rubio prestó sus servicios como Oficial al servicio de las fuerzas militares durante 42 años, 4 meses y 13 días, en donde por medio de la Resolución núm. 203 de 31 de enero de 1991, expedida por el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), se ordenó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

53.2 Expresó que fue retirado de la actividad militar, mediante Decreto núm. 2983 de 1990, por solicitud propia, baja efectiva el 9 de abril de 1991 con el grado de Almirante de la Armada Nacional.

53.3 Adujo que de conformidad con el Índice de Precios del Consumidor - (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - (DANE), para el año 1996, debió recibir un aumento en la asignación de retiro. En ese orden, anotó que en aquella época las pensiones sometidas al régimen general, incluyendo el de las fuerzas públicas, se reajustaron con un incremento superior al 19.46%.

53.4 Manifestó que radicó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), el 9 de febrero de 2015, pretendiendo se le reconociera el reajuste de la asignación de retiro a partir del año 1996 atendiendo a lo dispuesto en la Ley 238 de 26 de diciembre de 1995, que indicaba tener en cuenta el IPC en las pensiones reconocidas con anterioridad, por cuanto el incremento se daba en base al principio de oscilación.

53.5 Adujo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - (CREMIL), expidió el acto administrativo núm. 0009966 de 19 de febrero de 2015, negando las pretensiones elevadas en la petición.

53.6 Señaló que presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 10 de febrero de 2016, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 0009966 de 19 de febrero de 2015, por medio del cual negó el reajuste de la asignación de retiro correspondiente al periodo comprendido entre 1996 hasta la actualidad, incluyendo primas semestrales y de navidad; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó reajustar su asignación de retiro “[…] en la proporción correspondiente a la diferencia entre los valores pagados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con base en el principio consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990 y la variación porcentual de Índices de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por mandato del parágrafo 4 del artículo 279 de la misma Ley, el cual fue adicionado por la Ley 238 de 1995 […]”.

Cargo por falta de aplicación del artículo 1.° de la ley 238 de 1995

54. Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, incurrió en defecto sustantivo por haber inaplicado al caso concreto el artículo 1.° de la Ley 238 de 1995, norma jurídica de la cual nace la obligación de reajustar respectivamente las asignaciones de retiro con base en el IPC del año anterior
55. El artículo 1.° de la Ley 238 de 1995, dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:

"Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados […]”.

56. La autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto, indicó que:
“[…] En lo atinente al reajuste del IPC para el año 1996, el Consejo de Estado, precisó que:

“[…] “Sin embargo, en los fallos que cita para demostrar sus afirmaciones no se advierte esta circunstancia, pues, contrario a ello, el criterio expuesto en dichas providencias es uniforme en el sentido de considerar que no hay lugar a dicha reliquidación, puesto que para 1996, el reajuste pensional realizado por el Gobierno Nacional con base en el principio de oscilación, fue del 27.27%, cifra que incluso superó el porcentaje de variación sufrido por IPC durante el año anterior que fue del 19.46%.

Adicionalmente, los fallos citados por el peticionario advirtieron que otra razón para negar el reajuste solicitado es que la norma que lo autoriza, esto es, Ley 238 de 1995 entró a regir el 26 de diciembre de dicho año, y en esa medida, como el reajuste con base en el IPC procede anualmente y con referencia al IPC del año inmediatamente anterior, en el caso estudiado, dicho aumento rige a partir de 1997, con base en el IPC de 1996, por lo que para este último año, no es procedente reclamar la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC de 1995 […]”.

[…]

“[…] Así entonces, no le asiste razón al recurrente en el sentido de considerar que se debe realizar el reajuste en su asignación de retiro para el año 1996, conforme la Ley 238 de 1995, por cuanto, como se estableció, la norma no resulta aplicable con antelación al año 1997; lo cual impone a esta Sala conformar (sic) el fallo del a quo que negó las pretensiones de la demanda […]”.

57. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada, no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que al resolver el caso concreto y apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado, estableció que el respectivo ajuste de la asignación de retiro a favor de la parte actora no era procedente reconocerlo a partir del año 1996, toda vez que la Ley 238 de 1995 entró en vigencia el 26 de diciembre de dicho año, y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el reajuste con base en el IPC procede anualmente y con referencia al IPC del año inmediatamente anterior, al estudiarse el caso concreto, dicho aumento rige a partir de 1997, con base en el IPC de 1996, “[…] por lo que para este último año, no es procedente reclamar la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC de 1995 […]”. Concluyó manifestando que:

“[…] Así entonces, no le asiste razón al recurrente en el sentido de considerar que se debe realizar el reajuste en su asignación de retiro para el año 1996, conforme la Ley 238 de 1995, por cuanto, como se estableció, la norma no resulta aplicable con antelación al año 1997; lo cual impone a esta Sala conformar (sic) el fallo del a quo que negó las pretensiones de la demanda […]”. (Resaltado por la Sala).

58. Frente a la aplicación del artículo 1.° de la ley 238 de 1995, en casos análogos al estudiado en esta oportunidad, esta Sección ha dicho que:

“[…] Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, en sentencia de 5 de mayo de 2016, estudió la aplicación de la Ley 238 de 26 de diciembre de 1995 y su incidencia en el reajuste de la asignación de retiro que percibieron los miembros de la Fuerza Pública para el año de 1996. La Sección Segunda de esta Corporación precisó lo siguiente:
“…Análisis del caso bajo estudio
Vigencia de la Ley 238 de 1995.
La parte accionante sostiene que la autoridad judicial erró al referirse a la vigencia de la referida norma, comoquiera que la Ley 238 de 1995 entró a regir a partir del 1º de enero de 1996 y, por tanto, la asignación de retiro de ese año debió ser reajustada con el IPC del año inmediatamente anterior.
Pues bien, la Subsección “A” encuentra que, en lo que tiene que ver con la vigencia de la Ley 238 de 1995, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en ningún equívoco, pues la autoridad judicial demandada parte de la premisa de que esta norma entró en vigencia a partir del 1º de enero de 1996, comoquiera que fue publicada el 26 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Sin embargo, sostuvo que su aplicación para las asignaciones de retiro puede darse a partir de 1997, toda vez que para verificar la diferencia porcentual respectiva es necesario dejar transcurrir el año calendario, para que una vez culminado el mismo se pueda hacer el análisis correspondiente en orden de reconocer si operó una diferencia favorable en comparación con el IPC.
Lo anterior, toda vez que a partir de 1996 se aplicó el principio de oscilación y en ningún momento el porcentaje de incremento será inferior al incremento correspondiente con el IPC. Recuérdese que en este año inició un reajuste inusual bajo el principio de oscilación, debido a la transitoriedad de la prima de actualización. Situación distinta ocurrió, pero a partir de 1997 que, fue lo que el Tribunal señaló sobre la aplicación de la Ley 238 de 1995 en las asignaciones de retiro […]”.

Cargo por violación directa de la Constitución

59. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
60. En ese orden de ideas, en el escrito de tutela el actor simplemente se limitó a enunciar normas jurídicas de rango constitucional, sin establecer las razones jurídicas de como fueron desconocidas o vulneradas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
61. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

Conclusiones de la Sala

62. En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

63. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por el señor Edgar Garay Rubio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

“Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993”
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 12 de octubre de 2018 proferida por la Subsección F Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
“Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés (E), radicación número: 11001-03-15-000-2016-03746-00.
Expediente núm. 2016-00879-01, C. P.: William Hernández Gómez.
Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el tema,ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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