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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01555-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01555-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo interpuesto por los señores Nelson Afanador Plata, Jaime Afanador Plata, Omar Eduardo Afanador Plata, Leonardo Afanador Muñoz y Carlos Humberto Afanador Plata, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01555-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

30 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Por privación injusta de la libertad / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Causal eximente de responsabilidad / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Justificada / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que de la decisión fue adoptada con base en el material probatorio obrante en el expediente, de conformidad con la independencia y autonomía judicial de que gozan los jueces, al concluir que del acervo probatorio se configuraba la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, y lo que se observa es que el actor no estuvo conforme con la valoración probatoria realizada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que consideró: i) Con relación a la diligencia de allanamiento y registro la autoridad judicial consideró que el taxi estaba estacionado en el parqueadero de la residencia del actor, y que en esta se encontraron varios cartuchos para revólver y un portamuniciones, lo cual para ese momento resultaba suficiente para abrir la investigación penal y librar la orden de captura. ii) Con relación a la providencia de 26 de marzo de 1999, si bien se resolvió precluir la investigación, lo cierto es que la misma Fiscalía respecto de la orden de libertad, dispuso que estaba supeditada a la confirmación de la providencia en segunda instancia, la cual fue revocada por la providencia de 31 de noviembre de 1999; y la autoridad judicial demandada argumentó en la sentencia objeto de la acción de tutela que el proceder del actor determinó que tuviera que asumir la carga de la investigación penal, luego de un análisis juicioso y de acuerdo a lo demostrado en el proceso de reparación directa (…) En ese orden de ideas, para la Sala la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración del derecho fundamental del actor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01555-00(AC)

Actor: NELSON AFANADOR PLATA, JAIME AFANADOR PLATA, OMAR EDUARDO AFANADOR PLATA, LEONARDO AFANADOR MUÑOZ Y CARLOS HUMBERTO AFANADOR PLATA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Acción de Tutela

Tema: Defecto fáctico/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Nelson Afanador Plata, Jaime Afanador Plata, Omar Eduardo Afanador Plata, Leonardo Afanador Muñoz y Carlos Humberto Afanador Plata contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de septiembre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01, vulneró el derecho fundamental invocado supra.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La parte actora, por intermedio de apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de septiembre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01, vulneró el derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. El señor Nelson Afanador Plata fue privado de la libertad por el término comprendido del 16 de septiembre de 1998 al 2 de octubre de 2000, por la investigación adelantada en su contra por el presunto homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia el 14 de septiembre de 1998.

4. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, profirió sentencia absolutoria el 29 de septiembre de 2000.

5. Indicó que los señores Nelson Afanador Plata (víctima), obrando en nombre propio y en representación legal de los menores de 18 años de edad Leonardo Afanador Muñoz y María Camila Afanador Muñoz; los señores Bartolomé Afanador, Zoraida Plata de Afanador (padres de la víctima); y, Jaime Afanador Plata, Benjamín Afanador Plata, Omar Eduardo Afanador Plata y Carlos Humberto Afanador Plata (hermanos de la víctima), presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables a título de falla en el servicio, por la privación injusta de la libertad del señor Nelson Afanador Plata. En consecuencia, solicitaron se condenara a las entidades a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

Sentencia proferida el 16 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa con número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01

6. El Tribunal, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2009, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…]

1. DECLÁRASE la “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” en relación con las demandadas NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y RAMA JUDICIAL, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a los demandantes señores NELSON AFANADOR PLATA, quien obra en su propio nombre y en representación de sus hijos menores LEOANRDO AFANADOR MUÑOZ y MARÍA CAMILA AFANADOR MUÑOZ; y a los señores BARTOLOMÉ AFANADOR, ZORAIDA PLATA DE AFANADOR, en calidad de padres de la víctima; JAIME AFANADOR PLATA, BENJAMÍN AFANADOR PLATA, OMAR EDUARDO AFANADOR PLATA y CARLOS HUMBERTO AFANADOR PLATA en calidad de hermanos de la víctima, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor NELSON AFANADOR PLATA.

3. Como consecuencia de la declaración anterior CONDÉNASE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar las siguientes sumas de dinero y su equivalente en pesos a los demandantes para la fecha de ejecutoría de esta sentencia así:

• Por concepto de perjuicios morales:
NELSON AFANADOR PLATA
Afectado
50 SMLMV
LEONARDO AFANADOR MUÑOZ
Hijo
30 SMLMV
MARÍA CAMILA AFANADOR MUÑOZ
Hija
30 SMLMV
VARTOLOMÉ AFANADOR
Padre
30 SMLMV
ZORAIDA PLATA DE AFANADOR
Madre
30 SMLMV
JAIME AFANADOR PLATA
Hermano
20 SMLMV
BENJAMIN AFANADOR PLATA
Hermano
20 SMLMV
OMAR EDUARDO AFANADOR PLATA
Hermano
20 SMLMV
CARLOS HUMBERTO AFANADOR PLATA
Hermano
20 SMLMV

• Por concepto de perjuicios materiales:

Para el señor NELSON AFANADOR PLATA la suma de $48.646.966 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado.

[…]”.

7. Expresó que conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, se demostró que el señor Nelson Afanador Plata:

• Fue privado de la libertad, mediante Resolución núm. 091 de 23 de septiembre de 1998 proferida por la Fiscalía 43 Seccional de la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida, Libertad y Dignidad Humana de Cali como presunto auto del delito de Homicidio Agravado previsto en los artículos 323 y 324 numerales 4, 6, 7 y 8, modificados por los artículos 29 y 30 del Código Penal.

• Estuvo privado de la libertad por el periodo comprendido del 16 de septiembre de 1998 al 2 de octubre de 2000.

8. Consideró que la Fiscalía General de la Nación no contaba con elementos de juicio suficientes que justificaran la privación de la libertad, porque, a su juicio, no se cumplieron los requisitos sustanciales exigidos en el Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, teniendo en cuenta que no existían un solo indicio grave de la responsabilidad penal del procesado por el delito investigado.

Sentencia proferida el 27 de octubre de 2018 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa con número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01

9. El Consejo de Estado, mediante sentencia de 27 de octubre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:

“[…]

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 16 de diciembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.

[…]”.

10. Expresó que en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de 15 de agosto de 2018 (sin identificar el número del proceso), se rectificó la posición sobre privación injusta de la libertad y se dispuso que, en los casos donde el juez penal o el órgano investigador levante una medida restrictiva de la libertad, es necesario hacer el análisis de responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, para efectos de identificar la antijuridicidad del daño.

11. Indicó que con fundamento en el material probatorio recaudado se acreditó que:

• El 14 de septiembre de 1998, la Policía Nacional realizó el informe, con ocasión del homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia.

• Ese mismo día la Fiscalía General de la Nación: i) decretó la diligencia de allanamiento y registro de la vivienda del señor Nelson Afanador Plata, en la cual se pudo establecer que es quien conduce el taxi de placas VBT – 813; y ii) abrió la investigación penal.

• El 16 de septiembre de 1998, el señor Nelson Afanador Plata rindió indagatoria; finalizada la diligencia fue privado de la libertad, por cuanto existía orden de captura en su contra.

• El 23 de septiembre de 1998, la Fiscalía 43 Seccional de la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana de Cali resolvió la situación jurídica del procesado, en el sentido de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sin beneficio de libertad provisional, de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] A ciencia cierta conocemos que quien disparó en contra del servidor público de Tránsito Municipal se movilizaba en el vehículo de taxi de placa BVT-813 del cual se encuentra ahora a nuestra disposición, de ello dan cuenta el vigil (sic) de la obra señor Fredy Mosquera quien anotó parte de la placa y el propio occiso cuando en desarrollo del procedimiento y antes de ser objeto del ataque anotó en el formulario de comparendo número 1254693 los rasgos alfabéticos y numéricos correspondientes a la placa rodante conducido por su agresor.

Se pudo establecer igualmente en la diligencia de allanamiento y registro a la residencia del sindicado que éste conduce el taxi, se hizo constar ello por afirmación del administrador de la Unidad, también vigilante el señor Hernando García Guevara declaró aduciendo que Afanador Plata sacó el vehículo temprano y luego a eso de las 8:30 de la mañana lo volvió a guardar y se fue sin regresar. Esto nos ubica frente a dos situaciones perfectamente definidas, la una es que el señor Afanador Plata conduce el automotor aquí comprometido y que la mañana de los hechos fue él quien llevó el vehículo hasta esa Unidad quince o vente minutos después (aproximadamente) de ocurrido el hecho de sangre […]”.

• La providencia proferida el 23 de septiembre de 1998, fue confirmada el 16 de diciembre de 1998, por considerarse que el indicio contra el señor Nelson Afanador Plata seguía incólume.

• El 26 de marzo de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cali, declaró la preclusión de la instrucción adelantada contra el señor Nelson Afanador Plata, por considerar que había “[…] perdido fuerza probatoria el señalamiento […], pero dispuso que la orden de libertad quedaba supeditada a la confirmación de la providencia en segunda instancia.

• El 31 de mayo de 1999, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá, revocó la decisión, y acusó al señor Nelson Afanador Plata, como autor del homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia.

• El 29 de septiembre de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, profirió sentencia absolutoria a favor del señor Nelson Afanador Plata, le concedió la libertad provisional y libro la orden de excarcelación.

12. Afirmó que, de acuerdo al acervo probatorio aportado al proceso, se demostró que: i) el 14 de septiembre de 1998, la Policía Nacional tuvo conocimiento que el agente de tránsito Alexander Cuesta Valencia impuso un comparendo al conductor del taxi de placas VBT 813 y que éste último causó la muerte del agente con un arma de fuego y huyó del lugar; ii) al contarse con la información del vehículo, se identificó fácilmente a su propietario, el señor Nelson Afanador Plata, y se ordenó el allanamiento y registro de su vivienda, en dicha diligencia se encontró estacionado en el parqueadero de la vivienda el taxi y en la vivienda se encontraron varios cartuchos para revolver y un porta municiones y se escuchó al administrador del lugar, al vigilante del edificio y al hermano del investigado que fue él quien conducía el carro ese día y lo guardó a las 8:30 am, información que resultó suficiente para abrir la investigación penal, y librar la orden de captura en su contra. Atendiendo lo anterior, la autoridad judicial consideró que se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]

1. Se tutele el derecho fundamental al debido proceso de mis representados, de conformidad con los hechos y pruebas allegadas en la presente acción.

2. Se deje sin efectos la sentencia del 27 de septiembre de 2018 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y en su lugar se deje en firme la sentencia proferida en primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la responsabilidad administrativa a la NACIÓN – Fiscalía General de la Nación.

[…]”.

14. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico por haber realizado una indebida valoración probatoria de las siguientes pruebas:

• La diligencia de allanamiento y registro de la vivienda, por cuanto los planteamientos expuestos no eran indicadores de la responsabilidad ni demostraban una actuación culposa o dolosa del actor, y el hecho de que es el propietario del taxi no necesariamente implica que sea la persona que conduce el vehículo; además, en cuanto a los cartuchos encontrados, no se demostró que el actor hubiere accionado el arma de fuego.

• La resolución proferida por la Fiscalía Delegada ante Jueces Regionales de Cali proferida el 26 de marzo de 1999, por medio del cual precluyó la investigación contra el actor, por cuanto la autoridad judicial no tuvo en cuenta que en dicha providencia se indicó que el actor no fue el autor del ilícito.

• La resolución proferida por la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá el 31 de noviembre de 1999, por medio del cual revocó la resolución que precluyó la investigación.

Actuación

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

16. Asimismo, dispuso vincular al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Bartolomé Afanador, Zoraida Plata de Afanador y Benjamín Afanador Plata, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.

Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

17. El magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 30 de abril de 2019, solicitó negar las pretensiones de la solicitud de tutela. Al respecto indicó que la providencia cuestionada, se fundó en las pruebas válidamente allegadas al proceso, y de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales vigentes, y con respeto a las garantías que informan el debido proceso. Afirmó que:

“[…] Debe recordarse que la acción de tutela no es procedente cuando la censura del actor radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión adoptada, como ocurre en este caso, en el cual es evidente que la parte demandante pretende que se profiera un nuevo fallo en el que se acceda a sus pretensiones, ya que no comparte la tesis jurisprudencial que la Sala acogió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada en ese caso […]”.

18. El Ministerio del Interior solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados y la acción, omisión y funciones de la entidad.

19. La Fiscalía General de la Nación, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que “[…] está dirigida a atacar el contenido de decisiones judiciales […]”; además, no se demostró que la actuación de la autoridad judicial fuera abiertamente arbitraria y violatorio de los procedimientos legales.

20. El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que no intervino en los hechos que expone el actor como causante de la vulneración de los derechos fundamentales, ni guardan relación alguna con las funciones de la entidad, por lo que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

21. Durante el presente trámite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los señores Bartolomé Afanador, Zoraida Plata Afanador y Benjamín Afanador Plata guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

24. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

25. Así pues, debe aludirse a que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[].

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

26. La Sala advierte que la i) Nación - Ministerio del Interior y ii) el Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

27. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra la sentencia de segunda instancia de 27 de septiembre de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01, en el cual fungían como parte demandada.

28. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la i) Nación - Ministerio del Interior y al ii) Ministerio de Justicia y del Derecho, les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto al medio de control de reparación directa en el cual eran parte.

29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegadas.

Problemas Jurídicos

30. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 27 de septiembre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01, incurrió en defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que revocara la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y no se declarara la responsabilidad del Estado, por los daños y perjuicios causados, por privación injusta de la libertad del señor Nelson Afanador Plata.

31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; y, finalmente, la v) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

33. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

35. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

36. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

41. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:

41.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de la parte actora al debido proceso.

41.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.

41.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

41.4 Cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la sentencia de 27 de septiembre de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

41.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.

41.6 Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

41.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

41.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

42. La Sala debe determinar si, en efecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en defecto fáctico dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2002 03989 01.

43. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto fáctico y, ii) analizará el caso en concreto.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

44. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.

45. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
46. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Análisis del caso en concreto

47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

48. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio:

49. La Sala observa que en el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

49.1 En el informe rendido por la Policía Nacional el 14 de septiembre de 1998, se indicó que en la carrera 80 entre calles 12 y 13 se había presentado un homicidio del guarda de tránsito Alexander Cuesta Valencia, quien se encontraba en un puesto de control, y al intentar detener el taxi de placas VBT-813, éste emprendió la huida, y al momento de alcanzarlo le iba a imponer una orden de comparendo y el conductor le propinó impactos con el arma de fuego que portaba. Posteriormente, se realizó la verificación de los antecedentes del carro, y se determinó que el propietario era el señor Nelson Afanador Plata.

49.2. La Fiscalía Seccional 105 de Cali decretó la diligencia de allanamiento y registro, mediante providencia de 14 de septiembre de 1998, la cual se realizó ese mismo día, de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] se procede a (sic) registro minucioso del inmueble, no encontrándose a ninguna persona pero con el administrador y los documentos encontrados se establece que el morador es el señor NELSON AFANADOR PLATA […] informando el administrador que es la misma persona que conduce el taxi Daweed (sic) de placas VBT-813 el cual se encontró en el parqueadero No. 4 del citado edificio, vehículo que será puesto a disposición de la Sijin […] El agente John Wilson López, encuentra en el cajón superior una caja plástica color amarillo la cual contiene 50 cartuchos calibre 38 largo para revólver, dorado, igualmente, el agente MANUEL MINA encuentra una portamunición color negro en cuero con tres cartuchos calibre 38 largo niquelados o plateados, elementos éstos que se anexan a la diligencia […] Seguidamente a (sic) este estado de la diligencia se hace presente el señor OMAR EDUARDO AFANADOR PLATA […] quien manifiesta que su hermano Nelson Afanador Plata es propietario del taxi Dawdod (sic) de placas VTB-813 desde hace unos cinco meses, quien es la única persona que lo conduce […]” (Destacado de la Sala).

49.3. En la misma fecha supra la Fiscalía Seccional 105 de Cali dio apertura a la investigación penal y “[…] teniendo en cuenta las pruebas recaudadas hasta el momento, los testimonios allegados e indicios establecidos […]” libró orden de captura contra el señor Nelson Afanador Plata.

49.4. El señor Nelson Afanador Plata se presentó voluntariamente a rendir indagatoria el 16 de septiembre de 1998, y teniendo en cuenta que existía orden de captura en su contra, fue privado de la libertad.

49.5. La Unidad Especializada en delitos contra la Vida, Libertad y la Dignidad Humana de Cali profirió resolución núm. 091 el 23 de septiembre de 1998, mediante la cual resolvió la situación jurídica del señor Nelson Afanador Plata, de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] Es verdad incontrovertible, aceptada incluso por Afanador Plata en exégesis, la utilización en el hecho punible de afrenta contra la vida de que aquí se trata, como medio de transporte el rodante de su propiedad (taxi Daewoo placas VTB-813) en el que se desplazaba aquel aciago 14 de septiembre del año en curso en horas de la mañana el conductor entonces no conocido que ultimara por disparos a Cuesta Valencia, automotor identificado desde la diligencia de levantamiento al cadáver […] que vistas así las cosas, debidamente analizadas y en sano criterio para esta oficina judicial, resulta ser Nelson Afanador Plata y no Carlos Arturo Londoño, como lo ha querido dar por cierto el comprometido en su injurada al elevarle cargos en ese sentido bajo formula de juramento.

A ciencia cierta conocemos que quien disparó en contra del servidor público de Tránsito Municipal se movilizaba en el vehículo taxi de placa BVT-813, el cual se encuentra ahora a nuestra disposición, de ello dan cuenta el vigil (sic) de la obra señor Fredy Mosquera quien anotó parte de la placa y el propio occiso cuando en desarrollo del procedimiento y antes de ser objeto del aleve ataque anotó en el formulario de comparendo número 1254693 los rangos alfabéticos y numéricos correspondientes a la placa del rodante conducido por su agresor.

Se pudo establecer igualmente en la diligencia de allanamiento y registro a la residencia del sindicado que éste conduce el taxi, se hizo constar ello por afirmación del administrador de la Unidad, también el vigilante señor HERNANDO GARCIA GUEVARA declaró diciendo que Afanador Plata sacó el vehículo temprano y luego a eso de las 8:30 de la mañana lo volvió a guardar y se fue sin regresar. Esto nos ubica frente a dos situaciones perfectamente definidas, la una es que el señor Afanador Plata conduce el automotor aquí comprometido y que la mañana de los hechos fue él quien llevó el vehículo hasta esa Unidad quince o veinte minutos después (aproximadamente) de ocurrido el hecho de sangre.
[…]
Esta investigación nos dice que el hecho sucedió luego de una persecución por parte del ahora occiso al motorista del taxi VBT-813, en un lugar poco poblado, casi solitario y que el hecho pudieron apreciarlo de manera no muy clara y precisa unos obreros de la construcción y un tanto mejor que ellos un vigilante de la obra aledaña al sitio del hecho. Por ello no podemos aquí hacer gala de testimonios que nos acerquen a una descripción lo suficientemente precisa del autor del delito, pero aun así, el compendio probatorio si nos deja frente a la posibilidad de obtener un conocimiento de lo sucedido a partir de otros hechos indicadores de otras pruebas que nos conducen a inferir de manera lógica, coherente y ante todo ajustada al respecto de los derechos fundamentales, permitiéndonos ello afirmar que la prueba indiciaria señala que el señor NELSON AFANADOR PALTA fue la persona que esa mañana del 14 de septiembre del presente año conducía el automotor de placas VBT-813 y que fue él quien luego de ser alcanzado por el guarda bachiller ALEXANDER CUESTA VALENCIA, esgrimió arma de fuego y le atacó con disparos emanados de ella causándole la muerte.
No es solo uno, son varios los indicios graves de responsabilidad que concurren contra el señor NELSON AFANADOR PLATA y por ello con toda razón estas (sic) Fiscalía llega a la conclusión que en su contra se encuentran reunidos los requisitos del artículo 388 del C. de P. Penal para imponerle medida de aseguramiento, misma que no podrá ser otra que la de detención preventiva y en virtud de la cual no tiene derecho a la libertad provisional […]”.

49.6. La Fiscalía Delegada ante Jueces Regionales de Cali, mediante providencia de 16 de diciembre de 1998 no revocó la detención preventiva del señor Nelson Afanador Plata al considerar que “[…] Efectivamente en el expediente reposan las declaraciones de las personas citadas por el defensor como respaldo a lo dicho y así las cosas a primera vista da la impresión (sic) la prueba recaudada que Nelson Afanador Plata es ajeno a la sindicación; más en su conjunto el recaudo probatorio, hay circunstancias (sic) antecedentes que no permiten en este momento revocar la decisión proferida, en su contra, es decir, la detención preventiva, siguiendo por el contrario (sic) incólume el indicio grave de responsabilidad como probable autor del homicidio del guarda de tránsito Alexander Cuesta Valencia […]”

49.7. La Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cali, mediante providencia de 26 de marzo de 1999, declaró la preclusión de la instrucción adelantada contra el señor Nelson Afanador Plata, por considerar que el señalamiento contra el señor Nelson Afanador Plata, había perdido fuerza probatoria de ser el probable autor del homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia, pero resolvió que la libertad del investigado quedaba supeditada a la confirmación de la decisión en segunda instancia.

49.7.1 Se consideró que:

“[…] En el proceso obra la declaración y reconocimiento en fila de personas del guarda Carlos Alberto Morales Restrepo, pruebas mencionadas por la defensa y Ministerio Público, pues bien es de importancia para la investigación el contenido de lo expuesto, por quien alcanzó a vivenciar los momentos antes de la muerte del compañero y como lo sostiene, pudo percibir en grado tal la imagen del conductor del taxi que cometió la infracción cuando ellos – los dos guardas – controlaban la vía en el sur de la ciudad, la mañana del 14 de septiembre.

[…]

Pues bien, el señor Morales Restrepo no ha reconocido en la fila de personas al probable autor del crimen y en ese orden debemos creer por encima de todo que a la diligencia fue llevado por su deber de ciudadano de bien y libre de conciencia dañina o proterva (sic) con lo cual la inicial relación causal del señor Afanador Plata como autor material pierde solidez, se reitera partiendo que la persona del testigo era allegada indudablemente al occiso y para quien más que nadie interesa haya justicia.

[…]

No podemos aislar tampoco la transliteración de la grabación allegada por el CTI en donde el probable autor del homicidio llama a un pariente del sindicado para comentarlo, prueba que si bien no puede confrontarse ahora, porque no tenemos la voz indubitada de Londoño, tampoco podemos desecharla de un tajo o considerarla acordada o de coartada […]”.

49.8. La Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá, mediante providencia de 31 de mayo de 1999, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la providencia de 26 de marzo de 1999, revocó la decisión, y acusó al señor Nelson Afanador Plata como autor del delito de homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia, por considerar que:

“[…]

4ª.- Entonces, y contrario a lo manifestado por el a quo, no es verdad que los indicios o pruebas que inicialmente sirvieron para edificar la detención de AFANADOR PLATA, hayan desaparecido y por ello se le deba precluír la investigación en su favor, pues recuérdese que los diferentes elementos probatorios allegados, aparecen con posterioridad a la captura, como fijándose coartadas, que hasta este momento procesal no se han podido desvirtuar. Además aparecen en la conducta del sindicado ciertas actitudes no propias de un hombre ajeno al hecho ilícito.

“5ª.- En primer lugar, porque una vez se produce la muerte del agente del tránsito, y el sindicado según sus explicaciones se entera de lo acontecido, en vez de presentarse a ley a declarar su situación, se esconde para aparecer dos días después, con su abogado, e incriminando a una tercera persona que hasta este estadio procesal, se sabe que existe, así lo confirma la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero ello no es prueba de que éste fuera quien asesinara al servidor público, y que por tanto AFANADOR PLATA sea inocente de los cargos que se le endilgan.

“6ª. Para demostrar el vínculo laboral entre CARLOS ARTURO LONDOÑO RESTREPO, hombre señalado como el autor del homicidio, el sindicado presenta un contrato laboral, fechado escasos días antes de producirse la tragedia, sin las formalidades de ley, y lo que es más con una firma, que comparada con la estampada en la cédula de ciudadanía de LONDOÑO RESTREPO, dista mucho de la similitud. Es decir, dicho escrito contrario a lo que pretende el sindicado, lo ubica como una coartada más para encubrir su falsa inocencia.

“7ª. No está probado que el sindicado le tuviera conductor a su vehículo. Luego no puede decirse que dicho rodante para aquella fecha era conducido por persona distinta a su dueño

[…]” (Destacado de la Sala).

49.9. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2005 resolvió absolver al señor Nelson Plata Afanador, le concedió la libertad provisional, y libró la orden de excarcelación. Al respecto consideró que:

“[…] Recapitulando, acótese que no puede en definitiva aceptar la Justicia un argumento defensivo como el que NELSON AFANADOR PLATA se esforzó hasta donde más por demostrar para convencer de su presunta inocencia, cuando quiera que se exhibe plagado de tantas inconsistencias, imprecisiones y contradicciones, varias de ellas salidas por completo de la realidad conforme se dejó analizado con amplitud en líneas precedentes.

No obstante, lo verídico es que para este Juzgado tampoco podría válidamente sostenerse con el grado de certidumbre exigido por la ley y sin temor a vulnerar el principio de presunción de inocencia constitucionalmente (sic) reconocido, que NELSON AFANADOR PLATA es la irascible persona que el día y a la hora de la muerte violenta del guarda de tránsito Alexander Cuesta Valencia, conducía el taxi de su propiedad a cuyo automotor aquél funcionario le llenaba el parte cuando fue sin piedad ultimado con arma de fuego, así este elemento bélico al parecer haya sido el mismo que tiene autorizado para portar el ciudadano Afanador, como todo apunta a indicar. Lo que se comenta, no empece (sic) que se haya establecido la falta de sinceridad con la Justicia del procesado en cita.

Es que como bien lo anota el señor representante del Ministerio Público en su alegato de audiencia pública, existen dentro del proceso dos circunstancias derivadas del material probatorio que producen la duda razonable en esta etapa final del juicio, a saber:

En primer término, atendiendo a lo dispuesto por el propio Fiscal director del sumario, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación del ente acusador se interceptó una llamada telefónica al abonado donde funciona un establecimiento de comercio administrado por OMAR AFANADOR PLATA, a través de la cual una persona que se presenta como amigo de 'CARLOS, el conductor de NELSON', comenta cómo aquél lo envió a ofrecerle disculpas al procesado 'por haberlo metido en un problema' … Si bien es cierto que no se logró acreditar con prueba idónea, como la espectrografía de voces, quién fue la persona que hizo la llamada indicada y si realmente fue mandada por Carlos Arturo Londoño o si habló directamente con éste, debe admitirse que aflora al respecto una incertidumbre que no logró ser despejada. Y en cuanto a este medio de prueba recogido, también es de aceptar que no se cuenta con fundamentos válidos para sostener, a diferencia de lo ocurrido con los otros elementos de juicio allegados en favor del vinculado, que se trató de algo orquestado o preparado por Nelson Afanador Plata, si se recuerda que las interceptaciones telefónicas las ordenó el mismo funcionario instructor y corrieron por cuenta de su dependencia investigativa de apoyo, esto es, el Cuerpo Técnico de Investigación, de cuyos servidores no hay mérito aquí para desconfiar.

[…]

En síntesis, la interposición de las mencionadas pruebas que producen situación dubitativa obligan a aplicar el principio del 'in dubio pro reo' establecido en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, norma según la cual 'en las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del sindicado'. De contera, habrá de absolverse a NELSON AFANADOR PLATA de los cargos por los cuales se le vinculó al proceso, pues de lo contrario podría incurrirse en una injusticia, de condenarse a persona presuntamente inocente, que es justo lo que pretende evitar el legislador en su sabiduría.

[…]”.

Cargo por defecto fáctico

50. Para la configuración del defecto fáctico dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, el actor debe cumplir con una carga argumentativa mínima identificando i) cuales medios probatorios fueron omitidos en su valoración por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual, se repite no aconteció en el presente caso.

51. El actor señaló que la autoridad judicial realizó una indebida valoración probatoria de: i) la diligencia de allanamiento y registro; ii) de la Resolución de 26 de marzo de 1999 que precluyó la investigación a favor del señor Nelson Afanador Plata; y, iii) de la Resolución de 31 de noviembre de 1999 que revocó la decisión supra, por las siguientes razones:
Diligencia de allanamiento y registro
Los planteamientos de la autoridad judicial no fueron indicadores de la responsabilidad del actor, ni que su actuación fuera culposa o dolosa, por cuanto es usual que el propietario de un taxi no sea la persona que lo maneja.
A su juicio, la persona que comete un ilícito intenta ocultar los elementos que le permitan al investigador dar con su paradero, por lo que no era lógico considerar que el hecho de que el taxi estuviera parqueado en su edificio fue indicio de su culpabilidad.
Con relación a los cartuchos encontrados en su domicilio indicó que no se demostró que fuera él quien accionó el arma de fuego.
Resolución de 26 de marzo de 1999 proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cali y la decisión de 31 de noviembre de 1999 proferida por la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá. La primera precluyó la investigación y la segunda revocó la decisión.
A su juicio, en la decisión proferida el 26 de marzo de 1999, la Fiscalía tenía certeza de que el actor no era el autor del homicidio del delito por el cual se estaba le investigaba, por lo que indicó que de haberse tenido en cuenta esta prueba se habría concluido su inocencia y la autoridad judicial no realizó valoración alguna de dicha prueba.

52. Con respecto al defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.

53. En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.

No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.

54. En el caso bajo estudio, el actor señaló como indebidamente valoradas las siguientes pruebas aportadas en el proceso de reparación directa:

54.1. La diligencia de allanamiento y registro, la autoridad judicial sí tuvo en cuenta la prueba al considerar que:
“[…] Comoquiera que se contaba con la información del automotor, se identificó fácilmente a su propietario, el señor Nelson Afanador Plata, y de forma inmediata la Fiscalía General de la Nación ordenó el allanamiento y registro de su vivienda. En la práctica de dicha diligencia se encontró estacionado en el parqueadero de la residencia el taxi atrás mencionado y también se hallaron en la vivienda misma varios cartuchos para revólver y un porta municiones; así mismo, se escuchó al administrador del lugar, al vigilante del edificio y al hermano del implicado, quienes aseguraron que el señor Afanador Plata era la única persona que conducía ese carro y que, ese día, fue él quien lo sacó temprano y regresó para guardarlo nuevamente a las 8:30 a.m., información que, para ese momento, resultó suficiente para abrir la investigación penal correspondiente y librar orden de captura en su contra.

[…]

54.2. Asimismo, en la providencia objeto de la solicitud de tutela se citaron las resoluciones proferidas el 26 de marzo de 1999 por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cali y el 31 de noviembre de 1999 por la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá, mediante las cuales; en la primera se “[…] declaró la preclusión de la instrucción adelantada en contra del acá demandante, por considerar que había “perdido fuerza probatoria el señalamiento hacia Nelson Afanador Plata, de ser probable autor material del Homicidio del Guarda bachiller; sin embargo, respecto de la orden de libertad, dispuso que quedaría supeditada a la confirmación de esa providencia en segunda instancia […]”; y, en la segunda se manifestó que “[…] posteriormente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional revocó aquélla decisión y acusó a Nelson Afanador Plata como autor del homicidio del señor Alexander Cuesta Valencia […]”.

54.3. La autoridad judicial realizó el análisis del acervo probatorio aportado al proceso, incluyendo las pruebas que a juicio del actor se valoraron indebidamente, para concluir: i) que, se demostró que el 14 de septiembre de 1998, la Policía Nacional conoció del homicidio del agente de tránsito Alexander Cuesta Valencia perpetuado por el conductor del taxi de placas VBT 813; ii) que, el propietario de dicho vehículo era el señor Nelson Afanador Plata; iii) que, en la diligencia de allanamiento y registro de su vivienda se encontró estacionado en su edificio el taxi y se hallaron varios cartuchos para revólver y un portamuniciones; iv) que se escuchó al administrador del lugar, al vigilante y al hermano del investigado que la única persona que conducía el taxi era el actor, y que el día de los hechos fue la persona que lo sacó temprano y regresó de nuevo a guardarlo a las 8:30 am; v) que, trascurridos dos días se presentó voluntariamente a la Fiscalía a rendir indagatoria; vi) atendiendo lo anterior, consideró que se configuraba la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

55. Expresó que:

“[…] En efecto, en el plenario quedó plenamente acreditado que la causa eficiente o adecuada de la medida de aseguramiento impuesta a Nelson Afanador Plata no fue otra que su propia actuación ya que, a pesar de que fue él quien “sacó el vehículo temprano” y regresó a su residencia un breve tiempo para guardarlo, esto es, a las 8:30 a.m. (veinte minutos después de la muerte del agente de tránsito), y de que supo que el vehículo de transporte público de su propiedad estaba vinculado a una investigación por homicidio, que se había allanado y registrado su vivienda y que se había librado orden de captura en su contra, no se presentó inmediatamente ante las autoridades para esclarecer lo ocurrido, como era esperable de una persona que se considera inocente y, en su lugar, evadió la orden judicial y se ocultó durante dos días, tiempo al cabo del cual se presentó ante la Fiscalía con un abogado y con una versión de los hechos (que el órgano investigador denomina coartada) que, entre otras cosas, tampoco logró acreditar.

Al respecto, véase cómo en su indagatoria el señor Afanador Plata achacó la responsabilidad penal a una persona llamada Carlos Arturo Londoño a quien, según su dicho, había contratado para que se encargara de la conducción del vehículo; no obstante, aquél no acreditó la real existencia de ese vínculo laboral ni mucho menos demostró que quien conducía el automotor el día y en el momento de los hechos era el señor Londoño; en cambio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali destacó que el dicho del acá demandante “estaba plagado de tantas inconsistencias, imprecisiones y contradicciones, varias de ellas salidas por completo de la realidad”, lo cual daba cuenta de que el investigado no estaba aportando toda la información requerida por la Fiscalía y ello ameritaban una investigación al respecto, con el fin de determinar su participación en el homicidio de Alexander Cuesta Valencia.

No cabe duda, entonces, de que, además de que existían serios indicios que daban cuenta de la responsabilidad penal de Nelson Afanador Plata en el ilícito investigado, su comportamiento elusivo de la justicia y su versión de los hechos, que no se comprobó con las evidencias reunidas en ese proceso, fueron los que motivaron vincularlo a la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía a raíz del homicidio de Alexander Cuesta valencia (en cumplimiento de su deber constitucional de investigar las conductas que pudieran constituir delito) y la imposición de la medida restrictiva la libertad de que fue objeto, toda vez que, se insiste, todo permitía inferir su participación en la comisión del delito, situación que sólo se podía esclarecer en el escenario de un proceso penal […]”.

56. En ese orden de ideas, la Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que de la decisión fue adoptada con base en el material probatorio obrante en el expediente, de conformidad con la independencia y autonomía judicial de que gozan los jueces, al concluir que del acervo probatorio se configuraba la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, y lo que se observa es que el actor no estuvo conforme con la valoración probatoria realizada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que consideró:

i) Con relación a la diligencia de allanamiento y registro la autoridad judicial consideró que el taxi estaba estacionado en el parqueadero de la residencia del actor, y que en esta se encontraron varios cartuchos para revólver y un portamuniciones, lo cual para ese momento resultaba suficiente para abrir la investigación penal y librar la orden de captura.

ii) Con relación a la providencia de 26 de marzo de 1999, si bien se resolvió precluir la investigación, lo cierto es que la misma Fiscalía respecto de la orden de libertad, dispuso que estaba supeditada a la confirmación de la providencia en segunda instancia, la cual fue revocada por la providencia de 31 de noviembre de 1999; y la autoridad judicial demandada argumentó en la sentencia objeto de la acción de tutela que el proceder del actor determinó que tuviera que asumir la carga de la investigación penal, luego de un análisis juicioso y de acuerdo a lo demostrado en el proceso de reparación directa.

57. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

58. En esa medida, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.
59. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora.

Conclusiones de la Sala

60. En ese orden de ideas, para la Sala la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración del derecho fundamental del actor.

61. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo interpuesto por los señores Nelson Afanador Plata, Jaime Afanador Plata, Omar Eduardo Afanador Plata, Leonardo Afanador Muñoz y Carlos Humberto Afanador Plata, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

“Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”
Cfr. Folio 33
Cfr. Folios 39 a 40
Cfr. Folios 42 a 48
Cfr. Folios 54 a 56
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
La sentencia se profirió el 27 de septiembre de 2018, la cual se notificó por edicto desfijado 8 de octubre de 2018,, y la acción de tutela se radicó el 11 de abril de 2019. (fl. 1).
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Cfr. Folios 99 a 101 C.2 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 56 a 59 C.2 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folio 70 C.2 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 85 a 95 C.2 (expediente en calidad de préstamo)

Cfr. Folios 163 a 170 C.2 (expediente en calidad de préstamo)

Cfr. Folios 2 a 12 C.3 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 219 a 233 C. 3 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folio 228 C.3 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folio 229 C.3 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 10 a 19 C. 2 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 447 a 476 C.3 (expediente en calidad de préstamo)
Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 8 de marzo de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional, Sentencia T-107 de 28 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 22 de agosto de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Cfr. Sentencia T-214 de 16 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
Cfr. Folio 511 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folio 509 (expediente en calidad de préstamo)
Cfr. Folios 511 anverso – 512 (expediente en calidad de préstamo)
Según la versión del vigilante Hernando García Guevara (f. 66, c. 2).
Según la inspección a cadáver, el deceso se produjo a las 8:10 a.m. (f. 44, c. 2).
El texto original del artículo 250 de la Constitución Política, antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 006 de 2011 señalaba: “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”.

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