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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01585-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01585-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR el amparo interpuesto por el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01585-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

24 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración de las pruebas aportadas al proceso ordinario

[L]a autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, no solamente tuvo en cuenta las pruebas, que echa de menos la parte actora en su escrito de tutela, sino que también las valoró correctamente con los demás medios probatorios obrantes en el expediente. La Sala observa, en primer lugar, que a diferencia de lo sostenido por la parte actora, el Tribunal al haber analizado los diferentes contratos de prestación de servicios entre la parte actora y el municipio de San Carlos - Antioquia, evidenció que en varias oportunidades si se presentaron interrupciones entre un contrato y otro. De las tres pruebas documentales, que reprocha la parte actora no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y al hacer el respectivo análisis de las mismas, se evidencia que no contribuyen a demostrar, que efectivamente no hubo interrupciones en los respectivos vínculos contractuales entre las partes. Para la Sala, en segundo lugar, la autoridad judicial accionada si tuvo en cuenta las tres pruebas documentales, para concluir que en el presente caso, no se había logrado acreditar, el elemento de la subordinación. (...) la autoridad judicial accionada efectuó un análisis integral, de las diferentes pruebas obrantes en el expediente, incluyendo las documentales, que echó de menos la parte actora, para concluir, que en el presente caso, no se había acreditado la existencia de una relación laboral entre el [actor] y el municipio de San Carlos – Antioquia. (...) esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 /. DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37 / DECRETO 1983 DE 2017

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa

[F]rente a la sentencia de 15 de febrero de 2007, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no constituye precedente judicial, en la medida que no es vinculante para la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y en ese orden de ideas, no será objeto de análisis. Ahora bien, respecto a las sentencias de 22 de octubre de 2007 y 8 de abril de 2013, proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente, la Sala considera, que el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los criterios jurisprudenciales emanados por dichas corporaciones judiciales, en la medida que constituyen antecedentes jurisprudenciales no son vinculantes para el Tribunal accionado, teniendo en cuenta que sólo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado, tienen fuerza vinculante. (...) el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que no desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de la Corte Constitucional invocada por la parte actora. (...) para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico y sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

FUENTE FORMAL: LEY 169 DE 1896 - ARTÍCULO 4 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 270

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01585-00(AC)

Actor: YESIDH HERNÁN QUINTERO CRESPO

Demandado: JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y SALA QUINTA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Dignidad humana e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de enero de 2019, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de enero de 2019, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Indicó que se vinculó a la Secretaría de Planeación del Municipio de San Carlos – Antioquia, el 11 de septiembre de 1995, mediante un contrato de prestación de servicios, en el cargo de Coordinador del Proyecto para el Manejo Integral de Microcuencas Saneamiento Ambiental Rural.

4. Expresó que dentro de las funciones asignadas, estaba el de coordinar proyectos, capacitar a los oficiales y a la comunidad en general, respecto a las microcuencas, pozos sépticos, acueductos, alcantarillados, unidades sanitarias, abestos de agua, mantenimiento de lo anterior, entre otros; además, de llevar a cabo gestiones ante i) Cornare, ii) Isagen, iii) Comité Departamental de Cafeteros, iv) la Fundación BID, v) Empresas Públicas de Medellín, entre otras.

5. Señaló que desde el día de su vinculación, estuvo subordinado al director de la oficina ambiental, además de asignársele horarios y funciones que cumplió de manera personal.

6. Manifestó que se le cambiaron los contratos de prestación de servicios, por órdenes de servicio, sin interrupción alguna, del cargo que siempre había ocupado.

7. Afirmó que estando vinculado al cargo por prestación de servicios, siempre tuvo que pagar, las respectivas pólizas de cumplimiento del contrato y la seguridad social.
8. Indicó que fue desvinculado del cargo de manera verbal, el 31 de diciembre de 2007, y sin mediar acto administrativo alguno por parte del señor alcalde Juan Alberto García Duque, que diera terminación al contrato.

9. Expresó que solicitó, mediante agotamiento de vía Gubernativa, la respectiva liquidación de prestaciones sociales, desde el 11 de septiembre de 1995 al 31 de diciembre de 2007, así como el reajuste salarial, año por año desde esa fecha, más los intereses causados e indexación en todos los casos.

10. Manifestó que mediante Resolución núm. 363 (Bis) de 26 de junio de 2008, expedida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de San Carlos – Antioquia, se dispuso lo siguiente:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Negar las pretensiones del señor YESID (sic) HERNAN (sic) QUINTERO CRESPO por lo expuesto en la parte emotiva (sic) y en consecuencia no se accede a sus pretensiones pecuniarias ni de reintegro a un cargo inexistente.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición […]”.

11. Señaló que interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 363 (Bis) de 26 de junio de 2008, el cual fue decidido, por medio de la Resolución núm. 458 de 1 de agosto de 2008, confirmando en su integridad, lo dispuesto en dicho acto administrativo.

12. El señor Yesidh Hernán Quintero Crespo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de San Carlos, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nums. 363 (bis) de 26 de junio de 2008 y 458 de 1 de agosto de 2008, y a título de restablecimiento del derecho solicitó “[…] ORDENESE EL REINTEGRO del señor YESIDH HERNAN (sic) QUINTERO CRESPO al cargo de COORDINADOR PROYECTO MANEJO INTEGRAL MICROCUENCAS SANEAMIENTO AMBIENTAL RURAL del Municipio de San Carlos (Ant.), o a otro cargo similar o de superior categoría, en la Administración Municipal del citado Municipio […]”.

Sentencia proferida el 21 de marzo de 2018 por el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00

13. La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente:

“[…] PRIMERO: SE AVOCA conocimiento del asunto de la referencia en cumplimiento de la competencia especial por el Acuerdo PCSJA17-10636 del 02 de febrero de 2017, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, encauzada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, promovida por el señor Yesidh (SIC) HERNÁN QUINTERO CRESPO en contra del MUNICIPIO DE SAN CARLOS, Por (sic) las razones expuestas en la parte motiva del presenta fallo […]”.

14. El Juzgado expresó que, al efectuarse el respectivo análisis del acervo probatorio obrante en el expediente, se evidencia que la parte actora, celebró 26 contratos de prestación de servicios y 4 órdenes de servicio con el municipio de San Carlos, desde el 11 de septiembre de 1995, hasta el 31 de octubre de 2007. Consideró que:

“[…] A simple vista del número de los contratos de prestación de servicios podría inferirse que existió una prestación continuada e ininterrumpida de la prestación del servicio por parte del accionante.

Sin embargo, al analizar el acervo probatorio se encuentra que el 04 de junio de 2000 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios (identificado en la tabla No. 13) que culminó el 30 de Junio de ese año (Fls. 37-39), cuyo objeto fue” Coordinar el proyecto Manejo Integral de Microcuencas y Desarrollar el programa de Saneamiento Básico Rural y gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa, además realizar funciones de coordinación de la Oficina Ambiental Municipal Parágrafo: EL CONTRATISTA reportará sus labores técnicas al Coordinador de la Oficina Ambiental Municipal.

Posteriormente entre el 30 de junio de 2000 hasta el 11 de enero del 2001 transcurrieron 6 meses y 11 días sin que el demandante suscribiere contrato de prestación de servicios con el municipio de San Carlos, es decir, existió una interrupción en la continuidad del servicio, puesto que solo hasta el 11 de enero de 2011 mediante Contrato de Prestación de Servicio No. 14 (Fls.40-42) contrato o a través de la demandada, para el objeto contractual “Asistencia en el Proyecto Construcción de 100 pozos sépticos en la zona rural del Municipio convenio con la federación (sic) nacional (sic) de Cafeteros. Parágrafo: EL CONTRATISTA reportará sus labores técnicas al Coordinador de la Oficina Ambiental Municipal”. Este contrato se terminó el 30 de junio de 2001.

Luego, entre el 30 de junio de 2001 transcurrió 1 mes y 11 días sin que el señor QUINTERO CRESPO estuviera contractualmente con el municipio de San Carlos. Esto en virtud que solo hasta el 30 de agosto del 2001 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios (identificado en la Tabla con el No. 15) (Fls.46-48), en el cual se determinó como objeto contractual “Asistencia en el Proyecto Construcción de 100 pozos sépticos en la zona rural del Municipio convenio con la federación nacional de Cafeteros. Parágrafo: EL CONTRATISTA reportará sus labores técnicas al Coordinador de la Oficina Ambiental Municipal”: El contrato se finiquitó el 31 de diciembre dl 2001.

Desde la suscripción de la Orden de Servicio No. 16 del 17 de enero de 2002 (Fls. 52-53) hasta la firma del Contrato de Prestación de Servicios No. 30 celebrado del 05 de junio al 31 de octubre de 2007 (Fls. 81-82), día en que finalizó de manera definitiva la relación contractual del demandante con el municipio de San Carlos, se rubricaron diferentes contratos de prestación de servicios los cuales tuvieron interrupciones inferiores a un mes, tal y como se puede verificar de manera clara en el diagrama realizado en el acápite de los hechos probados […]”.

15. Manifestó que con base en lo anteriormente expuesto, y a diferencia de lo sostenido por la parte actora, entre la celebración de cada contrato de prestación de servicios, existieron interrupciones, principalmente, de 6 meses y 1 mes, lo que evidencia que la respectiva prestación del servicio, careció de continuidad.

16. Afirmó que del acervo probatorio y del respectivo cuadro, se muestra que existieron diferentes vínculos contractuales a lo largo de la relación, que mantuvo la parte actora con el municipio de San Carlos, teniendo en cuenta que revisados los respectivos contratos, se evidenciaron, por ejemplo, los siguientes objetos contractuales: i) la construcción de los pozos sépticos en una zona rural en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros y la Coordinación de Proyectos de microcuencas y saneamiento básico rural, situaciones fácticas, que dejan sin justificación los argumentos jurídicos expuestos por la parte actora, que indicó que, cumplió durante todo el tiempo de la relación contractual, las mismas funciones.

17. Indicó que a pesar de la existencia de una prestación personal en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, del señor Yesidh Hernán Quintero Crespo, esta no fue ininterrumpida, en donde además, tampoco consistió en el cumplimiento uniforme de funciones. En ese orden de ideas, aunque se acreditó una prestación personal del servicio del señor Quintero Crespo al municipio de San Carlos, no puede afirmarse que este se dio de manera continua y permanente, en las funciones del cargo al cual solicita la parte actora, se le reintegre.

18. Adujo que no obstante, estar acreditados la prestación personal del servicio y el pago de la remuneración, no ocurrió lo mismo con el elemento de la subordinación. Apoyándose en jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, señaló que la parte actora debe acreditar la existencia de la subordinación, en ese orden de ideas, debe demostrar que no se trata de una relación de coordinación, toda vez que el hecho de recibir instrucciones de sus superiores sobre el i) correcto cumplimiento del objeto contractual, ii) reportar informes acerca de la prestación del servicio y iii) cumplir horarios, no siempre constituyen elementos de una relación continuada subordinada, máxime si el respectivo horario, se estableció concertadamente entre las partes con el fin de desarrollar el objeto contractual, de manera coordinada con las condiciones aceptadas. Además, se debe hacer énfasis, que el hecho de trabajar en la sede de la entidad, no implica por sí mismo, la existencia de un contrato laboral. Expresó que:

“[…] Una vez sintetizados los testimonios de los señores José Farid Aristizábal y James Aristizábal Cárdenas, se advierte que si bien son conducentes y pertinentes en el sentido que buscan demostrar el elemento de la subordinación, no son útiles pues al confrontarlos con las documentales – instrucciones, memorandos, autorizaciones y planillas – que reposan en el expediente, se advierte que el cumplimiento de horario a los que ellos se refieren tiene que ver con una actividad coordinada preestablecida en las cláusulas de los contratos de prestación de servicio mas que con una actividad subordinada, pues se recuerda que la (sic) que (sic) los memorandos nunca se dirigieron de forma personal al señor Yesidh Quintero Crespo sino a todo los funcionarios del municipio de San Carlos, en tanto, las autorizaciones que se le concedieron al patente se hacían en ocasión a que él para cumplir su objeto contractual tenía transporte a otros lugares determinados.

Otros aspectos que merman en las declaraciones de los testigos, son los relativos a las órdenes recibidas por sus jefes inmediatos, toda vez, que del contenido literal de los contratos de prestación de servicios que suscribió el accionante se extrae que era deber de él informar a su superior las labores que realizadas, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetos contractuales, lo que ratifica la naturaleza coordinada de la relación contractual y deja sin piso jurídico las afirmaciones de los señores José Farid Aristizabal, James Aristizabal Cárdenas, Luis Fernando Loaiza Vahos y Camilo Ernesto López Jaramillo.

Es así, que el cotejo probatorio de las documentales y de los testimonios permite corroborar que no existió entre el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo y el municipio de San Carlos una relación subordinada sino coordinada.

Ahora bien, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de agosto de 2015, en complemento con los requisitos de prestación personal, remuneración y subordinación ha exigido que se deben demostrar los criterios de permanencia, que se refiere que el cargo sea inherente a la entidad y la similitud o equidad, que consiste en la comparación con los cargos de planta.

Examinado el contenido de cada una de las pruebas que se encuentran dentro del expediente, se observa que tan solo existe un testimonio que expresa que ese cargo es inherente a la planta de personal de la entidad, el cual no es suficiente para demostrar su permanencia, esto se ve reflejado en el hecho en que ningún medio probatorio logró acreditar que en la planta de personal del municipio de San Carlos existiere un cargo denominado “Coordinador Proyecto Manejo integral Microcuencas Saneamiento Ambiental Rural”, es decir, no se (sic) dable afirmar probatoriamente la existencia de los requisitos de continuidad y similitud que acompañan de forma necesario (sic) a los elementos de la prestación personal, remuneración y subordinación […]”.

Sentencia proferida el 18 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, dispuso en la parte resolutiva:

“[…] PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia proferida por (sic) Juzgado Cuarenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Cuarta, el 21 de marzo del 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

20. Consideró que:

“[…] Obra dentro de la presente foliatura, la Resolución N° 363 del 26 de junio de 2008,”por medio de la cual se pronuncia la administración sobre el agotamiento de una vía gubernativa”, la alcaldesa encargada del municipio de San Carlos – Ant., resuelve de manera negativa la petición del señor YESIDH HERNÁN QUINTERO CRESPO de declarar la existencia de una relación laboral con el ente territorial entre el 11 de septiembre de 1995 y el 31 de diciembre de 2007 y en consecuencia la solicitud de reintegro al cargo de Coordinador del proyecto de manejo integral de microcuencas saneamiento ambiental y rural o a otro cargo de igual o superior categoría y el pago de las correspondientes prestaciones sociales, decisión que fue confirmada mediante la Resolución N° 458 del 01 de agosto de 2008, que resolvió en el mismo sentido el recurso de reposición interpuesto por el demandante.

Se encuentra acreditado que el actor prestó sus servicios profesionales en la administración municipal de San Carlos – Antioquia, a través varios contratos de prestación de servicios, en los siguientes términos:

N°
Plazo
Honorario
Objeto
1
11 de septiembre de 1995 al 31 de diciembre de 1995
31 de diciembre de 1995
$1.650.000
Auxiliar de oficina
2
01 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996
$7.020.000
Coordinador de la Oficina ambiental municipal
3
16 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1997
$8.050.000
Desarrollo del programa de Saneamiento Básico Rural como Coordinador de la Oficina ambiental municipal
4

19 de enero de 1998 hasta el 18 de abril de 1998
$2.436.000
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Básico Rural
5
02 de mayo de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998-el contrato fue objeto de resciliación el 03 de octubre de 1998
$6.727.690.

Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
6
03 de octubre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1998
$4.077.333
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
7
13 de enero de 1999 al 28 de febrero de 1999
$2.602.080
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
8
01 de marzo de 1999 al 31 de marzo de 1999
$1.626.300
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
9
06 de abril de 1999 al 30 de junio de 1999
$4.607.850
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
10
08 de julio de 1999 al 31 de diciembre de 1999
$9.378.330
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
11
06 de enero del 2000 al 29 de febrero del 2000
$2.981.550
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
12
01 de marzo del 2000 al 30 de abril del 2000
$3.252.600
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
13
04 de mayo de 2000 al 30 de junio del 2000 contrato interrumpido por 6 meses y 11 días
$3.218.193
Coordinar el proyecto de manejo integral de microcuencas y desarrollo del programa de Saneamiento Rural
Gestionar recursos para la cofinanciación de dicho programa
14
14 de enero del 2001 al 30 de junio de 2001
$9.241.381
Asistencia en el proyecto de construcción de 100 pozos sépticos en la zona rural del municipio en el marco del convenio con la federación nacional de cafeteros
15
11 de agosto de 2001 al 31 de diciembre de 2001
$6.066.666
Asistencia en el proyecto de construcción de 100 pozos sépticos en la zona rural del municipio en el marco del convenio con la federación nacional de cafeteros
16
17 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002
$15.709.012
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
17
02 de enero de 20003 (sic) al 31 de diciembre de 2003
$16.393.998
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
18
02 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004
$18.853.088
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
19
24 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2005
$3.518.540
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
20
01 de abril de 2005 al 29 de junio de 2005
$4.726.401
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
21
05 de julio de 2005 al 31 de agosto de 2005
$2.940.872
Asistencia en los proyectos de saneamiento básico ambienta (sic) y manejo integral de microcuencas
22
01 de septiembre de 2005 al 31 de octubre de 2005
$3.152.000
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
23
01 de noviembre de 2005 al 31 de diciembre de 2005
$3.152.000
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
24
03 al 31 de enero de 2006
$1.558.667
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
25
01 de febrero de 2006 al 30 de junio de 2006
$8.350.000
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
26
01 de julio de 2006 al 30 de septiembre de 2006
$5.010.000
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
27
03 de octubre de 2006 al 22 de diciembre de 2006
$4.453.333
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
28
16 de enero de 2007 al 02 de junio de 2007
$3.340.000
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
29
16 de marzo de 2007 al 02 de junio de 2007
$4.286.333
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental
30
05 de junio de 2007 al 31 de octubre de 2007
$8.127.333
Prestación de servicios técnicos en ejecución de los proyectos de manejo integral de microcuencas y saneamiento básico ambiental

21. Señaló que con fundamento en el cuadro anterior, se evidencia que desde el 11 de septiembre de 1995, hasta el 31 de octubre de 2007, se ejecutaron treinta contratos de prestación de servicios, en forma personal con el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo, en donde además, éste percibió una contraprestación económica por la labor llevada a cabo. Afirmó que los respectivos plazos de ejecución contractual, no fueron los mismos, como tampoco fueron prorrogados, y en varios momentos, se presentaron interrupciones, entre un contrato y otro. Concluyó manifestando que:

“[…] De otra parte no se presentó identidad en el objeto contractual desarrollado, toda vez que las actividades no siempre fueron las mismas.

Respecto al elemento de la subordinación o dependencia, este no se configura en el caso sub examine, en tanto si bien se aportan memorandos y oficios en los que se informan capacitaciones o cambios en los horarios de las oficinas y servicio al público, control de entradas y salidas de las instalaciones administrativas y recomendaciones para el adecuado manejo de los recursos de oficina, los mismos están dirigidos al personal en general y no se observa que tuviesen una destinación individual exigiendo el desarrollo de actividades propias del objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por el señor Quintero Crespo en un horario específico.

Además, existe un documento suscrito por el demandante en el que informa que desarrollaría sus actividades los días domingos, lunes, martes y miércoles para estudiar los demás días de la semana.

Sobre el particular, las decisiones rendidas bajo juramento por los compañeros de trabajo del demandante, manifestaron desconocer la forma de vinculación del señor Yesidh Hernán y las labores realizadas por él, de tal manera que nada aportan en aras de demostrar una relación laboral subordinada.

No existe en el expediente prueba alguna de la que se infiera que el demandante cumplía órdenes de sus superiores, que el cargo perteneciera a la planta de personal de la administración municipal o que cumplía el mismo horario de las personas vinculadas mediante contrato laboral […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

22. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: SE ADMITA LA PRESENTE ACCION DE TUTELA POR VIAS DE HECHO.

SEGUNDA: TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales, citados, violados por los hoy tutelados al tutelante señor YESIHD HERNAN (sic) QUINTERO CRESPO con las sentencias del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL incoada por YESIDH HERNAN (sic) QUINTERO CRESPO, contra el MUNICIPIO DE SAN CARLOS-radicado: 05501-33-31-016-2008-00281-00.

TERCERA: Que como consecuencia de la Tutela de los Derechos Fundamentales del tutelante se DECLARE LA NULIDAD de la Sentencia de segunda Instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA QUINTA DE DECISIÓN dentro del proceso: DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL incoada por YESIDH HERNAN (sic) QUINTERO CRESPO, contra el MUNICIPIO DE SAN CARLOS-radicado: 05501-33-31-016-2008-00281-00, debido a las violaciones expuestas.

CUARTA: Como consecuencia de lo anterior se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA QUINTA DE DECISIÓN A PROFERIR UNA NUEVA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA donde se le reconozcan a YESIHD HERNAN QUINTERO CRESPO todas y cada una de sus Derechos Adquiridos con sus respectivos intereses e indexación, delos (sic) últimos 3 años anteriores que laboro (sic) en el Municipio de San Carlos Antioquia, esto es, desde la fecha que fue desvinculado diciembre 31 de 2007, tres años atrás, o sea desde el 31 de diciembre del 2004.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA DE DECISIÓN a notificar en debida forma la nueva sentencia de segunda instancia, en aras a garantizar los derechos de igualdad, Debido Proceso, entre otros del hoy accionante.

SEXTA: Con fundamento en el artículo 25 del decreto 2591 de 1991, declarado exequible por la H. Corte Constitucional, CONDÉNESE a los tutelados a pagar las costas y agencias en derecho de la acción, de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 2591 de 1991.

SEPTIMA: Que como fundamento del artículo 16 de la ley 446 de 1998, CONDÉNESE a los tutelados a reconocer y pagar la indemnización integral al Tutelante, por la mala fe con que actuaron […]”.

23. La parte actora en su escrito de tutela, indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto fáctico, al haber omitido valorar pruebas relevantes que obraban en el expediente.

24. De igual manera, afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

25. El Despacho, por auto de 26 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juez Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

26. De igual manera, dispuso vincular al Municipio de San Carlos – Antioquia concediéndole el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.

Intervenciones de las partes accionadas y las partes vinculadas

27. La magistrada Susana Nelly Acosta Prada del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante escrito aportado el 30 de abril de 2019, consideró que:

“[…] En tal sentido, la acción de tutela se está ejerciendo como una tercera instancia en la que se presentan los desacuerdos de la parte actora con el sentido de la providencia y la tesis propuesta por esta Sala de Decisión, pero que no trasciende a un escenario de vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez de tutela.

Debe resaltarse, que tal y como lo ha reconocido el órgano de cierre de esta jurisdicción, la acción de tutela no debe ser entendida como una instancia adicional, en la que se pretenda reactivar el debate jurídico y probatorio ya surtido en el proceso ordinario, pues en armonía con su carácter constitucional, residual y subsidiario, su objeto se restringe a verificar la vulneración de derechos fundamentales y no debatir las divergencias que se tengan frente a la apreciación judicial […]”.

28. El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante escrito aportado el 2 de mayo de 2019, afirmó que:
“[…] Ahora bien en relación con la indebida valoración de las pruebas el despacho deja claridad que todas fueron evaluadas de manera integral a la luz de la sana crítica, y de las mismas se evidenció que no se probó debidamente los elementos exigidos jurisprudencial y legalmente para que se configurara el contrato realidad.

Bajo este entendido, en la sentencia se concluyó es claro que el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo no pudo materializar a través de los elementos de prueba y de forma incontrovertible los elementos exigidos jurisprudencialmente para demostrar la existencia de una relación laboral bajo la égida del principio de la realidad sobre las formalidades, esto son, prestación personal, remuneración y subordinación.

Por lo anterior esta togada, considera que la decisión se tomó con fundamento en las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso y con una valoración integral del acervo probatorio allegado y practicado dentro del proceso sin sesgo alguno, razón por la cual la acción de tutela interpuesta no debe prosperar, pues no existe desconocimiento del precedente jurisprudencial ni defecto fáctico […]”.

29. Durante el presente trámite, el Municipio de San Carlos – Antioquia guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

30. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

31. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

32. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia de 18 de enero de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00, incurrió, i) en defecto fáctico y ii) en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que no se acreditara la existencia de una relación laboral.

33. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera – que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

35. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

37. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

38. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

39. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

40. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

41. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

42. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

43. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

43.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora a la dignidad humana y a la igualdad.

43.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico y sustantivo.

43.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

43.4 Cumplió con el principio de inmediatez

43.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados;

43.6 En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

43.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

43.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

44. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió i) en defecto fáctico y ii) en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-31-002-2008-00281-00.

45. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto fáctico; ii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

46. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.

47. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

48. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

49. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

50. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

51. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

52. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

53. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

54. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

55. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

56. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

57. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

58. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional.
11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador […]”.
[…]
“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades […]”. (Resaltado por la Sala).

59. En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.

Análisis del caso en concreto

60. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

61. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico y sustantivo, a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:

Cargo por defecto fáctico

62. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado correctamente las pruebas obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, expresó que:

“[...] Tanto el La (sic) A-QUO en la sentencia de primera instancia como el A QUEM en segunda solo se refirieron a algunas de las pruebas documentales, las valoraron sesgadamente, incurriendo en falta de valoración de las mismas de acuerdo a la sana crítica, con violación al debido proceso al artículo 42 de la C.N del C.G.P aplicable por analogía al proceso administrativo. Como (sic) lo hicieron con las pruebas obrantes en el proceso, entre otras tal y como pasare (sic) a demostrar:

Anota la a –quo que si bien es cierto entre el hoy tutelante Yesid (sic) Hernán quintero (sic) crespo (sic) y el municipio de san (sic) Carlos se suscribieron 26 contratos de prestación de servicios y cuatro órdenes de servicio estos no fueron en forma ininterrumpida sino que hubo entre ellos incluso 6 meses y 11 días entre el contrato #13 del 04 de mayo al 30 al (sic) 30 (sic) de junio del 2000 y el contrato # 14 del 11 de enero a junio de 2001 (página 12 y 13 de la sentencia y 26 de la sentencia) pero si la a –quo y el a-quem hubiesen valorado las pruebas obrantes en el proceso y marcadas como la “111, “132“ y “133“ lo que (sic) NO hicieron, y sobre ellas hubiese utilizado la sana crítica y aplicado el principio de la realidad – realidad (sic), hubiesen llegado a la conclusión que durante este periodo de los 6 meses que supuestamente hubo interrupción entre los contratos citados NO EXISTIO (sic), porque muy claro en las pruebas citadas y no valoradas están anotadas las fechas del periodo “supuestamente“ que no laboro (sic), o sea entre junio 13 de 2000 y diciembre 31 de 2000, lo cual es falso tal y como se corrobora así:

Prueba “111“ S obrante a folios 490 del expediente solicitud de cambio de horario laboral del señor YESIDH HERNAN QUINTERO CRESPO AL SEÑOR ALCALDE GUSTAVO ALONSO ZULUAGA, en papel mebretado de la oficina ambiental [...]“.

[...]

“[...] En la Prueba “133“ obrante a folio 510 del expediente el señor alcalde GUSTAVO ALONSO ZULUAGA SIERRA envía un memorial el 18 de agosto del 2000 a LOS FUNCIONARIOS donde les da algunas recomendaciones, la misma fue recibida por el señor YESIHD HERNAN QUINTERO CRESPO, tal y como se puede verificar con la firma de este de recibido. (se anexa Copia), significando esto que en esa fecha el señor YESIDH estaba laborando con el Municipio y no solo eso, era tratado como FUNCIONARIO y no como contratista.

3)Y en la PRUEBA # “132“ obrante a folio 509 del expediente el señor alcalde GUSTAVO ALONSO ZULUAGA SIERRA el 10 de septiembre de 2000 envía comunicación al señor YESIDH HERNAN QUINTERO SOLICITANDO INFORMACION (SIC) SOBRE EL Proyecto (se anexa copia) lo que demuestra que el señor YESIDH QUINTERO estaba laborando para el Municipio de San Carlos.

Las pruebas anotadas Significan (sic) que, durante el mes de julio de 2000 al (sic) diciembre de 2000, el señor YESIHD HERNAN QUINTERO CRESPO estaba laborando en forma personal para el Municipio de San Carlos en la Oficina ambiental del citado Municipio, que recibía órdenes cumplía horarios y era tratado como FUNCIONARIO y no como Contratista.

Configurándose los elementos para declarar la existencia de una relaciíon laboral entre el hoy tutelante y el Municipio de San Carlos [...]“.

63. La Sala considera, que para efectos de determinar, si la autoridad judicial accionada, incurrió o no en defecto fáctico, es importante realizar el análisis de las respectivas pruebas, que menciona la parte actora, fueron desconocidas por la autoridad judicial accionada:

63.1. Prueba “111“ obrante a folio 490 del expediente

[…] San Carlos, Ant Julio 13 de 2000

Señor
GUSTAVO ALONSO ZULUAGA

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE HORARIO LABORAL

Cordial Saludo,

Conocedor de la gestión que su despacho realiza en compañía de las diferentes dependencias es de resultar la optención (sic) de grandes logros para el bienestar de nuestra población Sancarlitana, en la cual la Oficina Ambiental tiene una visión y misión amplia construyendo cada día un mejor mañana, esto se refleja en la capacidad técnica la cual es el pilar para formular y ejecutar proyectos ambientales, por lo anterior me dirijo a usted para solicitar un cambio de horario en mis actividades, en las cuales laboraría domingo, lunes, martes y miércoles descansando un día a la semana el jueves y estudiaría el viernes y sábado, dicha propuesta es similar al horario de trabajo y estudio con que cuentan algunos de los compañeros de la oficina.

Es bien sabido que soy egresado de la Universidad de Antioquia con el título de Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, además he realizado estudios de sistemas, seminarios, talleres, congresos nacionales e internacionales en mi área de estudio, ahora la Universidad me brinda la oportunidad de seguir estudiando Administración en Salud con énfasis en Sanitaria y Ambiental en al (sic) Facultad Nacional de Salud Pública.

Conociendo mis labores técnicas y administrativas de las cuales se ha beneficiado el Municipio de San Carlos, con cofinanciaciones excelentes y mi decidido empeño en seguir adelante, espero aportar aún más con mejor preparación Universitaria a nuestro Municipio de San Carlos.

Deseándole los mejores éxitos y agradeciéndole su valiosa colaboración

Cordialmente,

YESIDH HERNÁN QUINTERO C.
Coordinador Oficina Ambiental […]”.

63.2. Prueba “133“ obrante a folio 510 del expediente

“[…] ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS, ANTIOQUIA

MEMORANDO:
DE: ALCALDE MUNICIPAL

PARA: DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FECHA: AGOSTO 18 DE 2000

En vista de que se vienen presentando algunas anomalías que interfieren en el funcionamiento de la Administración Municipal, me permito recordarles lo siguiente:

Cada funcionario debe permanecer en su sitio de trabajo. Esto debido a que algunos funcionarios se desplazan a otras dependencias durante largos periodos de tiempo, formando a veces hasta recochas salidas de tono.

Las visitas de los familiares y amigos a los funcionarios deben ser cortas y con el fin de tratar asuntos estrictamente necesarios.

Recuerden el buen uso que debe hacerse de los teléfonos, las llamadas deber ser estrictamente oficiales y no debe permitirse a personas ajenas a la administración municipal realizar llamadas. Tampoco debe permitirse la utilización de los equipos a personas que no laboren en las dependencias. El buen o mal uso que en cada dependencia se haga de los equipos, es de única responsabilidad de las (sic) funcionarios de cada dependencia.

Los funcionarios deben permanecer en las instalaciones únicamente durante las jornadas de labor, para ingresar a las instalaciones de la Administración Municipal fuera de los horarios laborales, es necesario tener permiso de ingreso.

Espero que estas recomendaciones sean cumplidas por todos ustedes con el fin de cada día la Administración Municipal de San Carlos sea más eficiente.

Atentamente,

GUSTAVO ALONSO ZULUAGA SIERRA
Alcalde […]”.

63.3. Prueba “132“ obrante a folio 509 del expediente

“[...] ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS, ANTIOQUIA

San Carlos, septiembre 10 de 2000

Señor
YESIDH HERNÁN QUINTERO
Coordinador
Dirección oficina Ambiental
Municipio de San Carlos

REF: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS

Con el fin de realizar seguimiento y evaluación a los proyectos que actualmente desarrolla el Municipio de San Carlos, le estoy solicitando lo siguiente:

Informes detallados de los proyectos que se desarrollan actualmente por parte de cada uno de los funcionarios de esa dependencia.
El informe debe contener además de las actividades realizadas, el número de usuarios beneficiarios, estado actual, etc.
Este informe debe estar a más tardar el día 22 de septiembre del presente año.

Atentamente,

GUSTAVO ALONSO ZULUAGA SIERRA
Alcalde […]”.

64. El Tribunal Administrativo de Antioquia, apoyándose en el acervo probatorio obrante en el expediente, y al resolver el caso concreto, consideró quede los diferentes contratos de prestación de servicios, que celebró el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo con el municipio de San Carlos – Antioquia, se concluye que desde el 11 de septiembre de 1995 hasta el 31 de octubre de 2007, se ejecutaron treinta contratos de prestación de servicios, en donde además, se debe hacer énfasis, que los respectivos plazos de ejecución contractual no fueron los mismos, como tampoco fueron prorrogados y “[…] en varias ocasiones se presentaron interrupciones entre un contrato y otro […]”.

65. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, no solamente tuvo en cuenta las pruebas, que echa de menos la parte actora en su escrito de tutela, sino que también las valoró correctamente con los demás medios probatorios obrantes en el expediente. La Sala observa, en primer lugar, que a diferencia de lo sostenido por la parte actora, el Tribunal al haber analizado los diferentes contratos de prestación de servicios entre la parte actora y el municipio de San Carlos - Antioquia, evidenció que en varias oportunidades si se presentaron interrupciones entre un contrato y otro. De las tres pruebas documentales, que reprocha la parte actora no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y al hacer el respectivo análisis de las mismas, se evidencia que no contribuyen a demostrar, que efectivamente no hubo interrupciones en los respectivos vínculos contractuales entre las partes.

66. Para la Sala, en segundo lugar, la autoridad judicial accionada si tuvo en cuenta las tres pruebas documentales, para concluir que en el presente caso, no se había logrado acreditar, el elemento de la subordinación. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Antioquia, consideró que:

“[…] Respecto al elemento de la subordinación o dependencia, este no se configura en el caso sub examine, en tanto si bien se aportan memorandos y oficios en los que se informan capacitaciones o cambios en los horarios de las oficinas y servicio al público, control de entradas y salidas de las instalaciones administrativas y recomendaciones para el adecuado manejo de los recursos de oficina, los mismos están dirigidos al personal en general y no se observa que tuviesen una destinación individual exigiendo el desarrollo de actividades propias del objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por el señor Quintero Crespo en un horario específico.

Además, existe un documento suscrito por el demandante en el que informa que desarrollaría sus actividades los días domingos, lunes, martes y miércoles para estudiar los demás días de la semana.

Sobre el particular, las decisiones rendidas bajo juramento por los compañeros de trabajo del demandante, manifestaron desconocer la forma de vinculación del señor Yesidh Hernán y las labores realizadas por él, de tal manera que nada aportan en aras de demostrar una relación laboral subordinada.

No existe en el expediente prueba alguna de la que se infiera que el demandante cumplía órdenes de sus superiores, que el cargo perteneciera a la planta de personal de la administración municipal o que cumplía el mismo horario de las personas vinculadas mediante contrato laboral […]”. (Resaltado por la Sala).

67. En ese orden de ideas, la Sala observa, que la autoridad judicial accionada efectuó un análisis integral, de las diferentes pruebas obrantes en el expediente, incluyendo las documentales, que echó de menos la parte actora, para concluir, que en el presente caso, no se había acreditado la existencia de una relación laboral entre el señor Yesidth Hernán Quintero Crespo y el municipio de San Carlos – Antioquia.

68. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

69. En esa medida, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

70. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora.

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

71. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada, se apartó de los precedentes judiciales sentados por las siguientes corporaciones judiciales:

-Tribunal Superior de Medellín, sentencia de 22 de octubre de 2007, rad. 05001-3103012 2003-0283-02.

-Tribunal Administrativo del Magdalena, sentencia de 8 de abril de 2013, rad 47-001-2333-000-2012-00010.

-Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 15 de febrero de 2007, rad núm. 27109.

-Corte Constitucional, sentencia T-426 de 2015.
72. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
73. Ahora bien, la Sala debe preguntarse, si dichas providencias judiciales constituyen o no precedente judicial, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, determinar si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia de 18 de enero de 2019, se apartó de las reglas jurisprudenciales, plasmadas en dichas providencias judiciales.
74. Para la Sala, frente a la sentencia de 15 de febrero de 2007, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no constituye precedente judicial, en la medida que no es vinculante para la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y en ese orden de ideas, no será objeto de análisis.
75. Ahora bien, respecto a las sentencias de 22 de octubre de 2007 y 8 de abril de 2013, proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente, la Sala considera, que el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los criterios jurisprudenciales emanados por dichas corporaciones judiciales, en la medida que constituyen antecedentes jurisprudenciales no son vinculantes para el Tribunal accionado, teniendo en cuenta que sólo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado, tienen fuerza vinculante.

76. Por último, respecto a la sentencia T-426 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, la Sala considera que si constituye precedente judicial, por tratarse del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. En ese orden de ideas, se determinará, si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto, desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por la Corte Constitucional en dicha providencia judicial.
77. En la presente oportunidad, el problema jurídico a resolver fue el siguiente:

“[…] ¿Incurre una autoridad judicial en defecto fáctico cuando no valora la totalidad de las pruebas y por ello no reconoce el vínculo laboral y las prestaciones sociales inherentes, conforme al principio del contrato realidad, a una persona que prestó sus servicios de manera personal, subordinada y recibiendo a cambio una remuneración en un establecimiento público distrital? […]”

78. Consideró que:

“[…] En conclusión, los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas para los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, tal como las prestaciones sociales, con la finalidad de garantizar la protección en igualdad de condiciones entre quienes realizan la misma función en un tipo de vinculación y otros.

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha decantado que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral tanto frente a particulares como al Estado, cuando se prueba el cumplimiento de una prestación personal, continuada, subordinada y remunerada de un servicio.

Así las cosas, configurada la relación laboral de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales iguales a las que gozan las personas que cumplen con sus mismas funciones vinculadas de manera regular, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Luego, se garantizan los derechos laborales de quienes han sido vinculados de manera irregular y han prestado sus servicios en igualdad de condiciones a servidores públicos, reconociendo los mismos derechos y acreencias laborales que estos gozan […]”.

79. La Corte Constitucional, al resolver el caso concreto, adujo que las autoridades judiciales accionadas, habían incurrido en un defecto fáctico, por haber desconocido sin ninguna justificación razonable, las pruebas obrantes en el expediente, que acreditaba la existencia de la relación laboral. En ese orden de ideas, adujo que no evaluaron las pruebas indicadas en el escrito de tutela y que hacían parte del acervo probatorio como lo eran los testimonios de i) Remberto Rafael Vásquez Romero, ii) Miguel Meza, iii) Joaquín Pablo Chávez Aldana, iv) Rafael de Jesús García Guzmán, v) Dora Sofía Covelli Sanjuan, vi) Alfredo del Toño Núñez – apoderado del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla-, vii) Luis Germán Rivera – apoderado del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla-, viii) tres cheques y un ix) reconocimiento otorgado por la entidad educativa a su nombre. Concluyó manifestando que:

“[…] Por todo lo anterior, esta Corte puede reprochar al Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla y por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla haber incurrido en defecto fáctico, en las sentencias proferidas el 17 de julio de 2013 y el 27 de febrero de 2014 respectivamente, situación que acarreó la negativa del reconocimiento del vínculo laboral y del pago de prestaciones sociales respectivas, mediante la cual se vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad, como lo adujo el accionante en el escrito de tutela.

Visto lo anterior, para esta Sala se torna completamente forzoso verificar la existencia de la prestación de un servicio personal, continuado, subordinado y remunerado a través del análisis de dichas pruebas, como debía haberse hecho en el juicio ordinario, conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de esta Corporación, expuesta en el acápite anterior, sobre el deber de reconocer el vínculo laboral en la administración pública cuando se configuran los elementos esenciales del éste, causando las prestaciones sociales correspondientes.

De manera preliminar, el accionante inicialmente fue vinculado mediante una orden de servicios, cuya característica de temporalidad fue desfigurada por la renovación continua e ininterrumpida por 14 años, ocultando la verdadera naturaleza laboral de la relación. Aunado a lo anterior, no ostentó la calidad de empleado público por cuanto no se probó que hubiera cumplido con los requisitos indispensables para ejercer el empleo público estatuido por el artículo 122 superior (posesión del cargo, juramento de defender la Constitución y la Ley y cumplir con sus deberes de su cargo). Tampoco es un trabajador oficial dado que las labores de auxiliar de servicios son asistenciales consisten el actividades de aseo, mantenimiento y limpieza en donde está prestando los servicios. En otras palabras, son labores de naturaleza distinta a las propias de un trabajador oficial que consisten en la construcción, instalación y mantenimiento de obras públicas.

A continuación, conforme al principio del contrato realidad (art. 53 C.P) se explicará por qué en el caso sub-lite los elementos de una relación laboral entre el peticionario y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla se infieren del material probatorio que no fueron tenidos en cuenta en las decisiones judiciales cuestionadas (testimonios, copias de cheques), por lo que debe reconocerse sin que esto implique conferir la condición de empleado público

En primer lugar, la prestación personal y continua del trabajador se deduce de la prórroga continuada, indefinida e irregular desde 5 de junio de 1995 hasta el 9 de enero de 2009, como consta en las órdenes del servicio que identificó el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla. Lo anterior, indica una contratación irregular que revela el encubrimiento de un vínculo laboral.

Adicional a lo expuesto, los testimonios practicados a Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García Guzmán Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan confirman que el señor Chávez Aldana desarrolló labores en la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla como auxiliar de servicios, por más de 14 años y de manera ininterrumpida.

En segundo lugar, la subordinación se presume de las afirmaciones unívocas y precisas que el accionante cumplía el horario de lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm, de la actitud de la administración contratante de impartir órdenes, a través del Rector de la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, a quien presta el servicio por parte en sus instalaciones, de donde se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

En tercer lugar, se demostró que el accionante percibía una remuneración, ya que en el acervo probatorio se encuentran 3 cheques del BBVA girados a nombre del accionante, suscritos por el rector de la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, que fueron reconocidos por este último en su testimonio. Esto también es respaldado por testimonios de los cuatro compañeros de trabajo del accionante que indican de manera unánime que el actor sobre el pago semanal a través de cheques que demuestran que percibía una remuneración de aproximadamente ochenta mil pesos semanales.

De lo anterior se colige que las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho al debido proceso del accionante por la omisión de valoración mínima y razonable del material probatorio, que de haber sido tenido en cuenta había cambiado sustancialmente la decisión. En consecuencia, se ordenará a la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Barranquilla proferir una nueva decisión en el proceso laboral iniciado por Joaquín Chávez Aldana contra la Escuela Normal Superior de la Hacienda y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla que conoció en segunda instancia, con base en lo expuesto […]”.

80. La Sala, al revisar detenidamente las consideraciones jurídicas abordadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, considera que no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que no desconoció la ratio decidendi establecida en dicha sentencia, al evidenciarse que la situación fáctica de ambos casos son totalmente diferentes. La Sala observa, que a diferencia de la decisión adoptada por la Corte Constitucional, en el presente caso, se demostró, que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico, como se expuso en la parte motiva de esta sentencia, toda vez que analizó y estudió de manera razonable las diferentes pruebas obrantes en el proceso, para concluir que no se acreditaba la existencia de una relación laboral entre el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo. Debe hacerse énfasis, que en la sentencia T-426 de 2015, la Corte Constitucional al revisar de manera detallada el caso concreto y las pruebas obrantes en el expediente, consideró que las autoridades judiciales accionadas, si habían incurrido en un defecto fáctico por haber desconocido, las pruebas obrantes en el expediente. Dijo la Corte:

“[…] De acuerdo con lo expuesto, la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla sometió al actor a una situación diferenciada e injustificada respecto de sus compañeros de trabajo, quienes ocupaban el mismo cargo y cumplían con las mismas funciones gozando de las prestaciones sociales que a él nunca le fueron pagadas.

Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, debe ser reconocido el vínculo laboral entre la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla y el señor Chávez Aldana, habida cuenta que desempeñó actividades en igualdad de condiciones que sus compañeros, Miguel Meza y Remberto Rafael Vásquez Romero, que a diferencia de él fueron vinculados laboralmente y recibían las prerrogativas de dicho vínculo, tales como las prestaciones sociales. Esta situación fue inadvertida en las decisiones cuestionadas debido a la omisión de estudio y valoración de las pruebas, lo que derivó en la vulneración del derecho a la igualdad del actor. En consecuencia, se ordenará tener en cuenta esta circunstancia en la nueva decisión que habrá de proferir el juez natural.

5. Para la Corte los antecedentes expuestos ilustran, por una parte, el defecto fáctico en el que incurrieron las autoridades judiciales accionadas y, por otra parte, el fenómeno de contratación irregular ya advertida por esta Corporación y por el Consejo de Estado. Reconocer que en algunos casos, como este, se causa una vinculación laboral de facto. En consecuencia, esta Sala encuentra comprobado que entre el señor Chávez Aldana y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla hubo un contrato laboral en aplicación del principio del contrato realidad, por lo que protegerá los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y, en consecuencia, ordenará el reconocimiento de las prestaciones dejadas de percibir […]”.

81. En ese orden de ideas, para la Sala, el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que no desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de la Corte Constitucional invocada por la parte actora.

82. La Sala debe hacer énfasis, en que no basta para invocar el desconocimiento de un precedente judicial, acreditar la existencia de un problema jurídico similar, y la identificación de las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, toda vez que los anteriores elementos deben analizarse de manera conjunta con la situación fáctica.

Conclusiones de la Sala

83. En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico y sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

84. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo, al no configurase el defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo interpuesto por el señor Yesidh Hernán Quintero Crespo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 18 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).

Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr... HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En especial, vid. Capítulo VII.

Ver cuadro que se menciona en la consideración jurídica núm. 20 de esta providencia, donde el Tribunal Administrativo de Antioquia, enuncia de manera exhaustiva todos los contratos de prestación de servicios que celebró la parte actora con el municipio de San Carlos – Antioquia.
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Esta sección ha dicho que los precedentes judiciales sentados por la Corte Suprema de Justicia, no son vinculantes para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Frente al tema ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de agosto de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-01563-00.
La situación fáctica del presente caso es la siguiente: “[…] El señor Joaquín Pablo Chávez Aldana (70 años) reside en el municipio de Soledad Atlántico.

1.2. Indica que laboró como Auxiliar de Servicios Generales en la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, un establecimiento público educativo a cargo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, desde el día 5 de junio de 1995 hasta el 9 de enero de 2009, de forma ininterrumpida.

1.3. Afirma que dicha actividad laboral se cumplió de manera personal, bajo la subordinación y dependencia continuada, ya que para desarrollar su labor recibía instrucciones del empleador y cumplía con un horario de tiempo completo de 8:00 am a 6:00 pm.

1.4. Narra que el 25 de junio del 2008 obtuvo un reconocimiento especial por su responsabilidad, trabajo eficiente, labor desempeñada con calidad y alto sentido de pertenencia a la institución.

1.5. Sostiene que a cambio del servicio prestado recibía una remuneración de aproximadamente 80 mil pesos semanales.

1.6. Asevera que nunca percibió primas de servicios, de navidad, auxilio de cesantías, vacaciones, bonificaciones, subsidio de transporte, dotación de uniformes, dotación de calzado, horas extras laboradas, sistema de salud, cotización a la pensión, ni fue afiliado a la aseguradora de riesgos profesionales.

1.7. Comenta que el día 9 de enero de 2009 el rector de la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla lo despidió sin justa causa.

1.8. El 24 de agosto de 2010, el actor hizo por escrito ante el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla la reclamación administrativa, habiendo pasado un mes sin ser resuelta.

1.9. El 3 de noviembre de 2010 el señor Chávez Aldana interpuso demanda laboral contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, solicitando se condenara a la parte demandada al reconocimiento y pago de las acreencias laborales, a la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, a la sanción moratoria contemplada en el CST art. 65 y la pensión sanción.

1.10 Durante el proceso la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla argumentó que no existía un contrato laboral con el demandado y que depende presupuestalmente y administrativamente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla Atlántico […]”.

Artículo 20 del Decreto Ley 785 de 2005.
De acuerdo con la definición del contrato de obra contenido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2008 (Exp. 0739-2014).
Folio 18, cuaderno 1.
Sentencia T-1109 de 2005 y sentencia del 7 de abril de 2005 de la sección segunda del Consejo de Estado (rad 2152-06). Opera la presunción del encubrimiento de una relación laboral por la prórroga continuada de manera indefinida e irregular de órdenes del servicio.
Folio 35, 36, 38 y 46, del cuaderno 1.
Folio 35, 36, 38 y 46, del cuaderno 1.
Sentencia C-154 de 1997.
Folio 54, cuaderno 1.
Testimonios de Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan, a folios 35, 36, 38, 46 y 49, del cuaderno 1. Puntualmente, la señora Covelli Sanjuan que ocupaba el mismo cargo del accionante comentó que el pago era semanal ya fuera por cheque o en efectivo: “me pagaban semanal, al comienzo nos pagaban en efectivo y después con unos chequecito que nos hacían”.
Cfr. Sentencia T-556 de 2011.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de septiembre de 2008; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de julio de 2003.

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