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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01651-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01651-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor Óscar Luis Utria Angulo en contra de la Subsección A de la Sección Segunda de Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01651-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

24 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA / RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS A DOCENTE VINCULADOS POR HORA DE CÁTEDRA

[E]n efecto, no existe un precedente como tal de esta Corporación ni de la Corte Constitucional, que favorezcan el reconocimiento de cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío de dicho auxilio a los docentes vinculados por hora cátedra en las entidades territoriales. En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto la autoridad judicial accionada, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogió al criterio vigente, en ese momento, del Consejo de Estado y lo aplicó, de manera lógica y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, que no pueden ser objeto de reproche por medio de esta acción de amparo. (…) Así las cosas, por las razones antes señaladas, la autoridad judicial accionada no incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, no se concederá el amparo solicitado (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01651-00(AC)

Actor: ÓSCAR LUIS UTRIA ANGULO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Óscar Luis Utria Angulo, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la «[…] igualdad, debido proceso, acceso y recta administración de justicia, pago oportuna, reconocimiento y pago de cesantías, indemnización moratoria, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad al trabajo e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, buena fe, tercera edad y todos aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores».

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo

El señor Óscar Luis Utria Angulo, por intermedio de apoderado, estimó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Atlántico, vulneraron los derechos fundamentales ya referidos, con ocasión de las sentencias proferidas el 7 de febrero de 2019 y el 14 de julio de 2014, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-33-001-2013-002018-00, que negaron las pretensiones consistentes en anular los actos administrativos demandados y condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) a reconocer y pagar las cesantías definitivas del «ex docente catedrático por ochenta (80) horas del Distrito de Barranquilla», durante los periodos comprendidos entre el 23 de mayo de 1978 y el 20 de septiembre de 2007 y desde el 11 de agosto de 1981 hasta el 29 de septiembre de 2006, junto con la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995.

Los hechos

De conformidad con lo planteado por la entidad accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Indicó, que mediante el Decreto 225 de 8 de mayo de 1978, fue nombrado profesor por cien (100) horas cátedras mensuales, en el colegio Simón Bolívar de Barranquilla, hoy institución educativa distrital Simón Bolívar nocturna en Barranquilla, empleo en el que se posesionó el 23 de mayo de 1978; pero, a través de la Resolución 1476 de 20 de septiembre de 2007, se le aceptó la renuncia a cuarenta (40) horas cátedra, por lo que quedó titular de solo sesenta (60) horas, las que actualmente dicta en dicha institución educativa.

Por otra parte, mencionó que a través del Decreto 359 de 31 de julio de 1981, la gobernación del Atlántico lo nombró director de grupo (tiempo completo) por cuarenta (40) horas mensuales adicionales (cátedra) en el colegio Barranquilla para Varones, en la misma entidad territorial, del empleo que se posesionó el 11 de agosto de 1981.

Manifestó que «Posteriormente fue trasladado como docente de tiempo completo y las cuarenta (40) horas de clases mensuales (cátedras) adicionales del Colegio Barranquilla para Varones al Centro de Educación Básica (C.E.B.) N°. 60 hoy Institución Educativa Distrital la Victoria mediante Decreto N°. 1432 del 12 de julio de 2002, emanada del Distrito de Barranquilla, posesionado el 12 de julio de 2012», horas cátedra a las que renunció y le fue aceptada, tal y como consta en el Decreto 1235 de 29 de septiembre de 2006.

Adujo que «De las ciento cuarenta (140) horas cátedra mensuales que laboraba como docente demandante al Magisterio oficial, este quedó con solo sesenta (60) horas cátedras mensuales laborándolas activamente por haber renunciado a las ochenta (80) horas mensuales cátedras que ahora son objeto de reclamación de la prestación económica aludida por el tiempo servido por este número de horas».

Refirió que el 27 de octubre de 2008 pidió del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), el reconocimiento y pago de «[…] sus cesantías definitivas como ex docente hora cátedra y/o catedrático por ochenta (80) horas de clases dictadas en el Distrito de Barranquilla» durante los siguientes periodos: a) entre el 23 de mayo de 1978 y el 20 de septiembre de 2007 y b) desde el 11 de agosto de 1981 hasta el 29 de septiembre de 2006, petición negada mediante Auto 6311 de 31 de diciembre de 2010, bajo el argumento de que «[…] los docentes catedráticos no son merecedores de las cesantías definitivas».

En desacuerdo con lo anterior, demandó la nulidad del aludido acto administrativo, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico que en sentencia de 14 de julio de 2014, negó sus pretensiones, dado que «[…] no era dable el reconocimiento de la prestación económicas Cesantías Definitivas Horas Cátedras deprecada bajo el argumento de que los docentes hora cátedra no tendrán derecho al pago de prestaciones adicionales sino simplemente al pago de Prima de Navidad y Vacaciones de conformidad como lo establece los Decretos 44 de 1989 Art. 2, 524 de 1975 Art 3 y 4, Decreto 52 de 1954 Art. 3 así mismo aduce que por no haberse [desempeñado] el actor como Docente de Tempo Completo sino como catedrático, no da lugar al reconocimiento del derecho reclamado (sic toda la cita)».

Inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que el 7 de febrero de 2019 dictó fallo, de segunda instancia, en el sentido de confirmar lo resuelto por el Tribunal a quo.

Afirmó que los fallos proferidos no resolvieron el problema jurídico propuesto, relativo a si había lugar o no al reconocimiento de las cesantías definitivas al accionante, bajo lo establecido en los artículos 13 y 53 Superiores, 1 y 4 de la Ley 91 de 1989, 1.° de la Ley 65 de 1946, 68 del Decreto 2400 [no se menciona el año] y el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018 «[…] como quiera que el accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías por haber sido nombrado mediante Decreto Departamental proveniente del ente territorial correspondiente y posesionado», es decir, tenía una relación legal y reglamentaria, además de estar afiliado al Fomag, a favor de quien le deducían los aportes para salud, pensiones y cesantías, en condición de administrador de dichos recursos (artículos 4 a 8 y 15 de la Ley 91 de 1989), frente a lo que, en su sentir, el Consejo de Estado, realizó «[…] simplemente una reproducción mecánica de las consideraciones de […] la primera instancia, para de esta manera mediante la sentencia de 7 de febrero de 2019 proceder a confirmar la primigénia aludida»

Reitera que el tipo de vinculación (docente hora cátedra), no desnaturaliza su vínculo legal y reglamentario con la entidad territorial empleadora, por lo que se incurrió por parte de la autoridad accionada en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución, que radican en «[…] la vulneración de derechos fundamentales sustanciales , igualdad ,material en las condiciones laborales, irrenunciabilidad de derechos mínimos laborales, primacía de la realidad sobre las formas, inaplicación de la Ley por contrariar los principios fundamentales» al desconocer el derecho de todo trabajador a percibir la prestación social de auxilio de las cesantías, para lo cual trascribió apartes de las sentencias SU-98 de 2018, T-661 de 1997, SU.448 de 2016, C-486 de 2016, SU-336 de 2017, en lo pertinente a la naturaleza y finalidad de estas y se refirió al régimen legal de las cesantías de los docentes.

Por último, resaltó que en las sentencias C-517 de 1999 y C-006 de 1996, se decantó que los profesores ocasionales, al igual que los catedráticos cumplen las mismas funciones que un profesor de planta, que solo difieren en la temporalidad, por lo que debe dárseles el mismo tratamiento.

Las pretensiones

El accionante formula las siguientes pretensiones:

Solicito que se tutelen a […] sus derechos fundamentales conculcados como son: igualdad, debido proceso, dignidad humana, al trabajo en condiciones dignas y justas, tercera edad, seguridad social, remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la calidad, cantidad al trabajo e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, pago oportuno de cesantías definitivas, buena fe (sic).

Solicito muy respetuosamente que se DEJEN SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Oralidad y el […] Consejo de Estado, […] Sección Segunda, Subsección A, adiadas 14 de julio de 2014 y 7 de febrero de 2019 respectivamente (sic) para que en su remplazo se dicte la providencia […[ dentro del proceso radicado N°. 2018-2013 (sic) en virtud de las cuales se negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas del accionante […] por sus servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1978 hasta el 20 de septiembre de 2007 y de 11 de agosto de 1981 al 29 de septiembre de 2006, como ex docente catedrático por ochenta (80) horas de clases mensuales en el Distrito de Barranquilla (Atl.). Igualmente, el reconocimiento de la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1017 de 2006.

Como consecuencia de lo anterior ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Oralidad y el […] Consejo de Estado, […] Sección Segunda, Subsección A, que proceda a en el término perentorio de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente fallo de tutela para que dicten una nueva providencia dentro del asunto radicado aludido en los términos que disponga la sentencia de tutela.

De forma subsidiaria ordenar al [Fomag] expedir la Resolución de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas al señor Oscar Luis Utria Angulo en su condición de ex docente catedrático del Distrito de Barranquilla por ochenta (80) horas cátedra de clases mensuales durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1978 al 20 de septiembre de 2007 y el 11 de agosto de 1981 al 29 de septiembre de 2006, respectivamente.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 26 de abril de 2018 se admitió la acción de tutela en contra de los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico y se vinculó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) como terceros con interés en los resultados del proceso y se pidió copia del expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-33-001-2013-00218-00.

INTERVENCIONES

3.1 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por intermedio del Consejero de Estado ponente de la decisión objeto de censura, rindió informe en contra de las afirmaciones del accionante, respecto a la «reproducción mecánica» de sus consideraciones, toda vez que se analizaron sus pretensiones y se estudiaron y resolvieron los planteamientos del recurso de apelación, especialmente en lo relativo a las normas aplicables al caso y el derecho a la igualdad.

Resaltó que el problema jurídico se resolvió con apego a la normativa que regula la hora cátedra, esto es, los Decretos 524 de 1975, 111 de 1986, 199 de 1987, 125 de 1988, 44 de 1989, 74 de 1990, 111 de 1991, 980 de 1992, 34 de 1993 y 52 de 1994, que indican taxativamente los factores a los que tenía derecho como lo son únicamente el reconocimiento de las vacaciones y a prima de navidad.

Alude que no se configuró el desconocimiento del precedente, comoquiera que no existe sentencia de unificación del Consejo de Estado y en el fallo censurado se cita la postura de la sección en el caso de un docente vinculado por el mismo sistema de hora cátedra que ostenta el demandante, a quien también se le negaron las pretensiones, «[…] con el propósito de salvaguardar la unidad, la seguridad jurídica y la coherencia de la interpretación», por lo que no se evidencia la vulneración de algún derecho fundamental del actor, ni se impidió la recta administración de justicia por el reconocimiento y pago de las cesantías, pues se concluyó que no tenía derecho a devengarlas, como tampoco la indemnización moratoria y, en consecuencia, pide se denieguen las pretensiones.

3.2. El Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicha cartera solicita se le desvincule de la presente acción, toda vez que dicha entidad no ha transgredido derechos fundamentales al accionante y de acuerdo con las funciones señaladas en el Decreto Nacional 5012 de 2012, no tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones ni ha ejecutado las acciones que reprocha el actor.

3.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Fomag guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

La Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el seño Óscar Luis Utria Angulo, mediante apoderado judicial, en contra de los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y, en armonía, el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 que modificó el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

4.2. Cuestión previa

4.2.1 Petición de desvinculación. El Ministerio de Educación Nacional solicita ser desvinculado de la presente acción de tutela, toda vez que no les asiste legitimidad en la causa por pasiva para comparecer, en tanto no es la autoridad judicial que profirió la providencia objeto de censura.

La Sala estima que tal argumento no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística que, si bien no tiene personería jurídica, está representada por el Ministerio de Educación Nacional.

La finalidad del Fomag es el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, cuyos recursos son administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, actualmente la Fiduciaria La Previsora S. A.

El artículo 56 de la Ley 962 de 2005 señala que las prestaciones sociales de los docentes oficiales y sus beneficiarios serían reconocidas y pagadas por el Fomag, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual, en todo caso, debe ser elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente, es decir, lleva su firma.

Los artículos 2 a 5 del Decreto reglamentario 2831 de 2005, determinan el trámite del reconocimiento de las prestaciones a cargo del Fomag.

Visto lo anterior, se colige que en la liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones a cargo del Fomag, concurren el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S. A., al igual que la secretaría de educación de la entidad territorial en la que presta sus servicios el docente oficial, motivo por el cual su vinculación a la presente acción de tutela, como sujeto pasivo, es legítima, en cuanto le atañe el cumplimiento de las funciones determinadas en los preceptos legales antes mencionados y con cargo a los recursos del aludido fondo, además de haber sido la demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las sentencias objeto de inconformidad.

4.2.2 Aclaración previa. Al centrar el problema jurídico de la presente contienda, la Sala aclara que si bien la acción de tutela se dirige contra las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el medio de control 08001-23-33-001-2013-00218-00, la presente acción únicamente se referirá respecto de las consideraciones prohijadas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la medida que confirmó el fallo de primera instancia, que había negado las pretensiones de la demanda, toda vez, que al conocer de la alzada tenía la posibilidad de revocarla, o confirmarla parcialmente, lo que no ocurrió.

4.3. Problema jurídico

De acuerdo con la situación fáctica planteada en la solicitud de amparo, la Sala debe establecer si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.

En caso de ser afirmativo, corresponde determinar si los magistrados de la Sección Segunda, Subsección, del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 7 de febrero de 2019, que negó las pretensiones de anulación de los actos administrativos demandados en el medio de control 08001-23-33-001-2013-00218-01, incoado por el señor Óscar Utria Angulo en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, incurrieron en el defecto sustantivo o material por desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018 y, con ello, violaron los derechos fundamentales a la «[…] igualdad, debido proceso, acceso y recta administración de justicia, pago oportuna, reconocimiento y pago de cesantías, indemnización moratoria, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad al trabajo e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, buena fe, tercera edad y todos aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores», por no haber reconocido y ordenado el pago de las cesantías e indemnización moratorias que como ex docente catedrático por horas, del Distrito de Barranquilla, alude tener derecho.

Si a ello hubiere lugar, para desarrollar el segundo item planteado, la Sala se referirá a los siguientes temas de interés para la resolución del problema jurídico planteado: (i) el defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y (ii) aspectos generales de las cesantías del personal docente oficial, para luego abordar el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) generalidades del defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales y violación directa de la Constitución; procediendo posteriormente a (iii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales.

4.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión» que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4.5. Generalidades del defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales y violación directa de la Constitución.

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, «[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador [...] ».

Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación, pero, en todos los casos, con sujeción a la Constitución y la ley vigente en el ejercicio hermenéutico que sustente sus decisiones judiciales, en el cual, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, también concurrirá la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción, entiéndase el Consejo de Estado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Ordinaria y la Corte Constitucional, en la jurisdicción Constitucional.

En este sentido, al tiempo que el artículo 230 Constitucional hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así, la Corte Constitucional expresó al respecto lo siguiente:

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Resalta la Sala).

De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, se ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Asimismo, puede configurarse un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado por Consejo de Estado, en tanto implica una afectación del principio de igualdad pues conduce a dar soluciones distintas a problemas jurídicos semejantes, aun cuando comparten los mismos supuestos de hecho y de derecho lo que debería llevar a aplicar la norma de manera uniforme.

Este derecho a la igualdad en la aplicación de la ley se ha concretado a través de la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción, y respecto de la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado desde los primeros desarrollos jurisprudenciales y en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

Precisamente, la Corte Constitucional, al realizar el control de constitucionalidad del artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, relativo al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, razonó de la siguiente manera:

Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.

Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta Corporación, en la Sentencia C-588 de 2012, al señalar que:

“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado.”
[…]

6.6.5. Por consiguiente, en línea con el papel que el Constituyente les otorgó a los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, el CPACA asume como uno de sus objetivos impulsar el carácter unificador de la jurisprudencia del Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo cual creó la categoría de las sentencias de unificación jurisprudencial, caracterizadas por su naturaleza ordenadora y vinculante, por lo que resultan exigibles frente a la resolución de casos con identidad de supuestos fácticos y jurídicos, tanto en la vía administrativa como judicial, en aras de garantizar los principios de igualdad y de seguridad jurídica (resaltado fuera del texto).

Del mismo modo, en relación con la observancia del precedente, resulta imperioso tener en cuenta lo que establece el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual:

ARTÍCULO 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga (resaltado fuera del texto).

En cuanto a este deber de motivar con suficiencia y de manera expresa las razones para apartarse de los criterios fijados en precedente vertical, el Consejo de Estado, en sentencia de 5 de abril de 2011, señaló:

El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. No obstante lo anterior, el respeto al precedente judicial no puede ser entendido de manera absoluta, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de una autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto, simplemente se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por lo dicho, se ha admitido la posibilidad de que tanto los jueces como los magistrados en virtud de su autonomía e independencia (artículo 230 C.P.) puedan apartarse del precedente siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “a) Se refieran al precedente anterior y b) Ofrezcan argumentos razonables suficientes para su abandono o cambio. Tratándose de jueces colegiados la garantía de autonomía e independencia les permite a los miembros discrepantes salvar su voto, pero cuando actúan como ponentes deben respetar los precedentes establecidos por la Corporación como órgano de decisión”. A partir de lo expuesto, se tiene que a situaciones fácticas iguales corresponde la misma solución jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente […].

Nótese que la Corte Constitucional, al pronunciarse en una acción de tutela, resaltó la importancia de seguir los precedentes de los órganos de cierre, de los cuales solo es posible apartarse cumpliendo la mayor carga argumentativa que ponga de presente las razones que obligan a no seguir el criterio fijado por los Tribunales de cierre como el Consejo de Estado. En los siguientes términos:

6.2. La seguridad jurídica y el respeto a la igualdad son axiomas que los tribunales y en especial las cortes deben considerar al momento de emitir las providencias a fin de mantener una estabilidad en sus posiciones. Ello, porque no es justo que casos similares se resuelvan de diferente manera por los jueces. Así, la no aplicación del precedente judicial –vertical u horizontal– constituye una causal que genera un defecto sustancial susceptible de ser amparado por la acción de tutela.

No obstante, esa regla tiene su excepción y es precisamente cuando el funcionario judicial, tras hacer una exposición del precedente que pretende abandonar, explica de manera clara y precisa las razones por las cuales se aparta del mismo. Así lo explicó la Sala Plena en la sentencia C-447 de 1997:

“[…] un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho […]”.

[…]

6.3. En síntesis, con el fin de garantizar los derechos a la igualdad y al trato igual, los funcionarios judiciales están obligados a mantener la línea jurisprudencial y acoger el precedente de los órganos de cierre de la jurisdicción, so pena de incurrir en una causal especial de procedencia de la acción de tutela por defecto sustantivo. No obstante, pueden apartarse del mismo, siempre que ofrezcan argumentos claros, lógicos y precisos sobre las razones que determinan esa decisión, previa referencia al precedente que abandonarán y las causales que determinan tal decisión […] (Resaltado fuera del texto).

Otro aspecto a considerar en relación con la sujeción a los precedentes es el relativo a los eventos y condiciones para el cambio de jurisprudencia, respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado que corresponde a la Alta Corte que la estableció, cambiar su postura mediante una decisión suficientemente motivada. En efecto, el máximo Tribunal constitucional en la sentencia SU-047 de 1999 señaló lo siguiente:

Si bien las altas corporaciones judiciales, y en especial la Corte Constitucional, deben en principio ser consistentes con sus decisiones pasadas, lo cierto es que, bajo especiales circunstancias, es posible que se aparten de ellas.  Como es natural, por razones elementales de igualdad y seguridad jurídica, el sistema de fuentes y la distinta jerarquía de los tribunales implican que estos ajustes y variaciones de una doctrina vinculante sólo pueden ser llevados a cabo por la propia Corporación judicial que la formuló […] (Resaltado fuera del texto).

De lo anterior se concluye lo siguiente:

Todas las sentencias de unificación del Consejo de Estado, en los términos del artículo 271 de CPACA, tienen valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo y, en este orden, su desconocimiento injustificado constituye un defecto que vulnera el debido proceso.

De manera particular, las sentencias de unificación del Consejo de Estado constituyen precedente vinculante para los tribunales y jueces conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias antes citada, de modo que el criterio jurisprudencial establecido por el órgano de cierre solo puede ser modificado por éste.

En el evento en que un tribunal o un Juez considere que el precedente no es aplicable al caso concreto y decide apartarse de él, debe: (i) exponer las razones claras, lógicas y precisas que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores; y (ii) esbozar argumentos suficientes y razonados, a partir de los cuales debe darse una respuesta diferente al problema jurídico planteado. Lo anterior, en tanto, «[…] no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior […]».

Además, el desconocimiento de una sentencia de unificación hace incurrir al Tribunal en un defecto sustantivo que faculta al usuario judicial a interponer acción de tutela, en aquellos casos en los cuales no resulte viable acudir al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual está limitado al cumplimiento de unos requisitos que no en todos los eventos se reúnen, particularmente en aquellos en los cuales ese desconocimiento se produce en la decisión del Tribunal Administrativo que revoca la decisión de primera instancia, caso para el cual el legislador no previó dicho recurso extraordinario.

En atención a que la regla del respeto del precedente no es absoluta, atendiendo al deber constitucional de motivar las decisiones judiciales, en caso de no observar el precedente aplicable, el funcionario judicial está obligado a exponer con claridad, suficiencia, objetividad y precisión las razones de orden jurídico por las cuales el criterio fijado en una sentencia por el Consejo de Estado no es atendible en el caso concreto, pero además le es imperativo satisfacer la mayor carga argumentativa para explicar por qué en el evento sub judice se impone dar otra solución. No siendo suficiente aducir la existencia de una sentencia en sentido diverso proferida por otra autoridad judicial de la misma o de otra jurisdicción, aunque haya sido proferida con posterioridad, en tanto lo que prevalece, en materia de precedente son las reglas antes previstas.

Bajo este panorama, la vinculación al precedente jurisprudencial y la consecuente censura cuando el funcionario judicial se aparta de él sin exponer motivos de orden jurídico suficientes y preponderantes, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima lo que, a su vez, garantiza la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

En cuanto a la violación directa de la Constitución, esta causall encuentra fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, según el cual «[…] la Constitución es norma de normas de normas […]», razón por la cual en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Como consecuencia de ello, este defecto se estructura cuando una sentencia judicial desconoce determinados postulados del texto superior, bien sea por que los omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance diferente.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando el juez adopta una decisión que desconoce preceptos incorporados en la Carta Superior, lo cual genera la vulneración de los derechos fundamentales, como lo es el debido proceso. En este sentido las sentencias  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-209-15.htm" \t "_parent" T–209 de 2015,  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-071-12.htm" \t "_parent" T–071 de 2012, y  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-206-17.htm" \t "_parent" T–206 de 2017 han determinado que el defecto por violación directa de la Constitución se presenta cuando se reúnen tres condiciones: (i) se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el  HYPERLINK "https://actualicese.com/2017/02/06/precedente-judicial-y-constitucional/" \t "_blank" precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (iii) el Juez no tiene en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En este sentido se puede presentar cuando: (a) se desobedecen o no se toman en cuenta (ni explícita ni implícitamente) las reglas o los principios constitucionales; (b) cuando dichas reglas y principios son considerados, pero dándoseles un alcance insuficiente; y (c) cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.

Por lo anterior, en virtud de que la decisión judicial que desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales postulados, puede ser cuestionada en sede de tutela, en la medida que los jueces, en ejercicio de sus funciones, están sujetos a las disposiciones consagradas en la Constitución y la prevalencia del orden superior debe asegurarse, aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma, para un caso particular.

4.6. El caso concreto

El señor Óscar Luis Utria Angulo solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la «[…] igualdad, debido proceso, acceso y recta administración de justicia, pago oportuno, reconocimiento y pago de cesantías, indemnización moratoria, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad al trabajo e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, buena fe, tercera edad y todos aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores» en armonía con la obligatoriedad de la aplicación del precedente y la aplicación del principio de favorabilidad de la norma laboral contenida en el artículo 53 Superior, para que, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que había negado las pretensiones, en el sentido de no reconocer las cesantías del demandante, en su sentir, causadas por haberse desempeñado como docente hora cátedra (80 horas mensuales) en el Distrito de Barranquilla, por los periodos comprendidos entre el 23 de mayo de 1987 y el 20 de septiembre de 2007 y desde el 11 de agosto de 1981 hasta el 28 de septiembre de 2006 y la sanción moratoria de que tratan la Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

4.6.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y la obligatoriedad de seguir el precedente, en armonía con el principio de la favorabilidad; ii) el accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en segunda instancia, pues las razones en que se sustenta el amparo no pueden argumentarse como causal del recurso extraordinario de revisión; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la sentencia censurada data del 7 de febrero de 2019, mientras que la acción de tutela fue radicada el 22 de abril siguiente; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza.

4.6.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la accionante.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el reconocimiento de las cesantías y la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 frente al derecho fundamental a la igualdad y el principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 superior.

El accionante considera que la decisión objeto de censura, esto es, la de segunda instancia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sí vulneró sus derechos fundamentales, porque en ella se afirmó que los docentes cátedra solo perciben como prestaciones sociales la prima de navidad y vacaciones, por lo que no tienen derecho al reconocimiento de cesantías.

Alega el demandante que, por tener una relación legal y reglamentaria derivada de sus nombramientos y posesión en el ente territorial, sí le asiste el derecho al reconocimiento del auxilio de cesantías, en igualdad de condiciones de los demás docentes oficiales afiliados al Fomag, en orden a las consideraciones de las sentencias C-0006 de 1996, C-217 de 1999, T-661 de 1997, SU-448 de 2016, C-486 de 2016, SU-336 de 2017SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018, conforme los artículos 13 y 53 Superiores.

Así las cosas, para determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente establecer si existe o no un precedente jurisprudencial aplicable en relación con el reconocimiento de las cesantías de los docentes hora cátedra vinculados a las entidades territoriales y, que conlleve a la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de dichos emolumentos, de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Por un lado, la Corte Constitucional, en su sentencia C-517 de 1999, se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 106 de la Ley 30 de 1992; en la que reiteró que las instituciones de educación superior no pueden vincular profesores hora cátedra a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios, tal como lo había analizado antes en su sentencia C-006 de 1996, que declaró la inexequibilidad parcial del artículo 73 ejusdem, precisamente, en aquellos apartes que preveían la misma modalidad de contratación para los profesores hora cátedra vinculados a las universidades estatales.

En la sentencia T-661 de 1997, se examinó el tema de reconocimiento y pago de las cesantías de quienes en su momento eran docentes de hora cátedra y tiempo completo de la Universidad del Magdalena.

La sentencia SU-448 de 2016, se pronunció sobre el caso de una contratista de prestación de servicios, vinculada a la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), a quien se le reconoció la existencia de un contrato realidad, pero no se le otorgó la sanción moratoria reclamada (Ley 50 de 1990 y 244 de 1995), en la medida que la sentencia era constitutiva del derecho.

En la sentencia C-486 de 2016, se resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015, con efectos retroactivos declaró su inconstitucionalidad en la medida que modificó aspectos relacionados con la vigencia de derechos laborales en desconocimiento del principio de unidad de materia que implicó un retroceso en el ámbito de protección del auxilio de cesantía, por lo que evidenciando que pudieron presentarse pagos tardíos a las cesantías que implican mora, deben reconocerse intereses conforme el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Por otra parte, la sentencia SU 336-17, unificó las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, frente al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, frente a un grupo de actores, que coincidían en los siguientes aspectos: (i) la condición de docentes oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.

Visto lo anterior, se destaca que si bien esta sentencia de unificación hizo importantes aportes en los temas de cesantías y sanción moratoria de los docentes oficiales, no se refirió al caso de aquellos vinculados por hora cátedra, luego dichas consideraciones no son aplicables al caso concreto.

También, la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 17 de octubre de 2018, analizó las jurisprudencias del Consejo de Estado, como precedentes sobre la el no pago oportuno y la mora en el pago de las cesantías de los docentes oficiales, reguladas, por un lado, en las Leyes 50 de 1990 y 334 de 1996 (anualizadas) y, por el otro, en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 (parciales y definitivas), afiliados al Fomag.

Luego, pasó a examinar el principio de favorabilidad, bajo el entendido que «[…] en caso de duda y ante la existencia de dos o más interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal del derecho, debe preferirse aquella que mejor satisfaga los intereses del trabajador», de quien siendo docente pretendía el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías con fundamento en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuyas pretensiones fueron negadas, en sede de lo contencioso administrativo, bajo el argumento de que este grupo de trabajadores tienen un régimen especial y, por ello, no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria comoquiera que están amparados por el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, y que frente a este aspecto no hay una postura unificada de la Sala Laboral del Consejo de Estado.

Por otra parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-012-S2, de 18 de julio de 2008, definió que los docentes oficiales son empleados públicos, y, por ello, les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; sin embargo, tampoco se hicieron consideraciones en relación con los docentes vinculados a las entidades territoriales por hora cátedra, por lo que tampoco es dable aplicarlas al asunto sub judice.

Visto lo anterior, estima la Sala que para determinar si la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, al proferir el 7 de febrero de 2019, sentencia de segunda instancia que confirmó la proferida el 14 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el docente Óscar Luis Utria Angulo, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales alegados y desatendió el precedente jurisprudencial dentro del marco del principio de favorabilidad, resulta pertinente tener en cuenta los fundamentos de dicha decisión.

El problema jurídico planteado en dicho fallo fue el de si «¿El señor Oscar Luis Utria Angulo, en su condición de docente de horas cátedra tiene derecho al reconocimiento de cesantías definitivas por los servicios prestados entre el 23 de mayo de 1978 y el 20 de septiembre de 2007 y el 11 de agosto de 1981 al 29 de septiembre de 2006?», cuya respuesta fue negativa, porque «[…] de la norma aplicable al caso, al demandante no le asiste derecho al reconocimiento de cesantías». En este sentido la Corporación realizó las siguientes consideraciones:

Remuneración docente hora cátedra

Justamente, acerca de las normas que se encontraban vigentes para la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989, vale la pena indicar que desde el Decreto 111 de 1986 «Por el cual se fijan las asignaciones correspondientes a los distintos grados del Escalafon Nacional Docente y se dictan otras disposiciones sobre remuneraciones en el sector educativo oficial.», de manera puntual se definía la hora cátedra de la siguiente forma:

«[...] Artículo 2º La hora - cátedra es la hora clase dictada por un profesional no vinculado a la administración como profesor de tiempo completo y corresponde a un servicio prestado para suplir la carga académica que no pueda ser asumida por docentes de tiempo completo en educación básica secundaria, media vocacional o media diversificada e intermedia profesional. [...]»

Y en lo relativo a la vinculación y forma de remuneración del sistema hora cátedra, la misma norma en su artículo 5º consagraba:

«Artículo 5º La vinculación por el sistema de hora - cátedra y de médicos y odontólogos por horas, será por el respectivo año lectivo que para el efecto se cuenta a partir del primer día de clases y se hará por parte de los jefes de la Administración Seccional con base en los estudios de necesidades presentados a las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales, conjuntamente por los Secretarios de Educación y Delegados del Ministro de Educación Nacional ante dichos Fondos.

El personal así vinculado tendrá derecho a la remuneración señalada en este Decreto conforme al número de horas efectivamente dictadas y al pago de los emolumentos a que se refieren los artículos 3º y 4º del Decreto extraordinario 524 de 1975, en la forma establecida en dichas disposiciones.» (Subraya la sala)

Precepto que se mantuvo en el mismo sentido en los artículos 2 y 5 de los Decretos 199 de 1987 y 125 de 1988 y en los artículos 2 y 3 de los Decretos 44 de 1989, 74 de 1990 y 111 de 1991.

Acorde con las normas antes indicadas, el Decreto 908 de 1992 «Por el cual se fija la asignación básica, se fija la remuneración del personal del Escalafón Nacional Docente y se dictan otras disposiciones salariales para el sector educativo oficial», en su artículo 2º reiteró la definición de hora cátedra que se traía en la legislación anterior y sobre la remuneración hizo las siguientes precisiones:

«[...] ARTÍCULO 3o La vinculación por el sistema de hora cátedra, se hará por parte de la autoridad nominadora previo estudio de necesidades y disponibilidad presupuestal refrendada por el Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional, presentados por el rector o director de los institutos docentes al Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional, para ser aprobados por las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales.

La vinculación por el sistema de hora cátedra, será por la totalidad o fracción del respectivo año lectivo, que para el efecto se cuenta a partir del primer día de clases.

[...]

El personal así vinculado, tendrá derecho a la remuneración señalada en este decreto, conforme al número de horas efectivamente dictadas. Igualmente, se reconocerán y pagarán las horas cátedra que no sean dictadas por hechos o circunstancias no imputables al catedrático. Percibirán también los emolumentos a que se refieren los artículos 3° y 4° del Decreto Extraordinario 524 de 1975, en la forma establecida en dichas disposiciones y no tendrán derecho a otras prestaciones sociales. [...]» (Resalta la Sala)

Esta norma se sostuvo en los artículos 3 de los Decretos 34 de 1993 y 52 de 1994.

Ahora bien, los emolumentos a los que se refieren los artículos 3 y 4 del Decreto extraordinario 524 de 1975, son los siguientes:

«Artículo. 3º.- El profesor externo o por horas tiene derecho a vacaciones remuneradas y a prima de navidad similares a las del personal docente de tiempo completo. La liquidación será el promedio de lo devengado en los diez (10) meses del respectivo período lectivo.

Artículo. 4º.- Para que el personal docente tenga derecho a percibir sueldos completos en épocas de vacaciones finales escolares, es requisito indispensable haber servido el cargo durante todo el año escolar, o sea los diez (10) meses del período lectivo, en uno (1) o más establecimientos educativos. Al carecer de dicho requisito, sólo tendrán derecho a sueldos de vacaciones finales proporcionalmente al tiempo servido, por décimas partes; dichos sueldos de vacaciones finales serán cubiertos en la forma expuesta, en los planteles en donde estén prestando sus servicios, en el momento de producirse [éstas] con base en el sueldo disfrutado durante el último mes.»

El Decreto 52 de 1994, fue derogado y modificado, en cuanto al criterio que se traía en el magisterio respecto de las horas cátedra, por el Decreto 82 de 1995, en cual en el artículo 3º dispuso:

«Artículo 3º. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, queda prohibido todo tipo de contratación de docentes. Sin embargo, la autoridad nominadora podrá autorizar la prestación del servicio por parte de docentes no vinculados al servicio educativo estatal para atender las funciones propias de los docentes que se encuentren en situaciones administrativas tales como incapacidad superior a treinta (30) días, licencia, comisión, suspensión en el empleo, traslado por amenaza, o en caso de vacancia del cargo mientras se realice el concurso para proveerlo en forma definitiva.

Este servicio dará lugar al pago de honorarios, y sólo podrá prestarse por el término de duración de la novedad administrativa o mientras se realiza el concurso y previa certificación del FER sobre la correspondiente disponibilidad presupuestal. De todas formas la prestación de este servicio será temporal y no genera derechos de permanencia en el servicio público educativo.» (Resalta la Sala)

Con base en las previsiones legales antes citadas -las cuales no fueron objeto de estudios de exequibilidad en lo relativo a las horas cátedra-, está claro que para la época en la que la norma autorizaba los nombramientos docentes territoriales por el sistema de hora cátedra, existía regulación especial frente a las prestaciones sociales a reconocerles, las cuales eran únicamente las vacaciones y la prima de navidad y, tal disposición expresa del legislador se mantuvo vigente aun con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, pues dicha norma respetó el régimen prestacional que exista para los docentes nacionalizados en cada entidad territorial.

De acuerdo con lo ya indicado y fin de resolver el problema jurídico sometido a consideración, se observa en el material probatorio del expediente, lo siguiente:

[…]

Queda demostrado así, que el señor Utria Angulo laboró para la Secretaría de Educación de Barranquilla como docente catedrático por 100 horas en el Colegio Simón Bolívar de Barraquilla desde el 23 de mayo de 1978 y hasta el 20 de septiembre de 2007 fecha en la que quedó con 60 horas mensuales, al aceptársele la renuncia a 40 horas.

Simultáneamente el demandante fue nombrado director de grupo (tiempo completo) y profesor por 40 horas mensuales adicionales en el Colegio Barranquilla para Varones, posteriormente Institución Educativa Distrital La Victoria, para lo cual se posesionó el 11 de agosto de 1981; horas cátedra frente a las que presentó renuncia, la cual le fue aceptada el 29 de septiembre de 2006.

En consecuencia, con claridad se puede observar que para la época en la que el demandante fue nombrado como docente catedrático se encontraban vigentes las disposiciones [normativas] ya reseñadas en las cuales de manera contundente se regulaban las prestaciones sociales a las que tenía derecho, que no eran otras que las vacaciones y la prima de navidad.

Colofón de lo expuesto, en criterio de la Sala y con apego a la norma que regula la situación administrativa del demandante, independientemente de que la prestación del servicio en la Secretaría de Educación de Barranquilla haya sido legal y reglamentaria -lo cual no se desconoce, ni está en discusión-, no es viable que con ocasión de su prestación de servicios como docente de hora cátedra se le reconozcan cesantías definitivas, pues como se ha visto, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 e incluso con posterioridad a su expedición, las normas expresas que regían este tipo de servicios, no regulaban las cesantías como una prestación a la que tuvieran derecho estos empleados.

Y como apoyo de su decisión, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, hizo alusión al fallo de 22 de julio de 2010 de la Subsección B de la misma Sala Laboral que resolvió un caso similar, esto es, la reclamación de cesantías por un docente oficial territorial vinculado por horas cátedra, en la que también se negaron las pretensiones «[…] equivalentes a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, habida consideración que el artículo 3 del Decreto 52 de 1994 no previó el pago de cesantías para los Docentes vinculados por hora cátedra, cuando advirtió que no tendrán derecho a otras prestaciones sociales diferentes a las previstas en dicha norma y en el Decreto Extraordinario 524 de 1975.» (Subraya la Sala)

Asimismo, en la misma providencia objeto de reproche en esta acción constitucional, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, frente a los argumentos del apelante, relativos a la violación del derecho a la igualdad del demandante, estimó que:

[…] de manera alguna se ha presentado desconocimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, habida cuenta que de manera alguna se han acreditado diferencias de trato en la aplicación normativa al caso, disparidad de oportunidades para acceder a lo que se reclama o discriminación del docente frente a otros iguales que hayan sido vinculados con el mismo sistema de hora cátedra y a quienes sí se les hayan reconocido cesantías por lapsos laborados en esa modalidad. Lo anterior, más si se tiene en cuenta que, la igualdad se predica entre iguales, y se entiende y demuestra desde el estudio de las dimensiones formal, material y de prohibición a la discriminación.

Tal demostración era un deber del peticionario, en virtud del principio onus probandi incumbit actori, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca.

Para finalizar, respecto a uno de los argumentos del recurso de alzada consistente en que el demandante tiene derecho al reconocimiento de sus cesantías pues se efectuaron los descuentos de los aportes de Ley, la Sala aclara al demandante que en el asunto sometido a estudio, el hecho de que al trabajador se le descontaran los aportes para el Sistema General de Seguridad Social en nada guarda relación con las cesantías ni atribuye el derecho a su reconocimiento de manera automática, toda vez que éstas son una prestación social autónoma que se encuentra totalmente a cargo del empleador y no depende, ni es correlativa a los aportes efectuados por el empleado; por lo tanto, si éstas no son reconocidas -por razones fundadas en la legalidad- no se configura un enriquecimiento ilegal o sin causa en la entidad, ni tampoco en la administradora de cesantías.

En atención a la jurisprudencia transcrita, se tiene que, en efecto, no existe un precedente como tal de esta Corporación ni de la Corte Constitucional, que favorezcan el reconocimiento de cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío de dicho auxilio a los docentes vinculados por hora cátedra en las entidades territoriales.

En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto la autoridad judicial accionada, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogió al criterio vigente, en ese momento, del Consejo de Estado y lo aplicó, de manera lógica y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, que no pueden ser objeto de reproche por medio de esta acción de amparo.

Asimismo, la Sala concluye que los argumentos que sirvieron de fundamento para la presente acción constitucional fueron los mismos que el actor invocó tanto en su demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como los que sostuvo al momento de interponer el recurso de apelación, que conoció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que dio origen a la providencia judicial objeto de censura, por lo que se ha utilizado este mecanismo como una tercera instancia, para debatir no la vulneración de derechos constitucionales fundamentales sino un derecho de origen legal, que carece de norma que lo otorgue.

Así las cosas, por las razones antes señaladas, la autoridad judicial accionada no incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, no se concederá el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor Óscar Luis Utria Angulo en contra de la Subsección A de la Sección Segunda de Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

F. 14 - poder especial, amplio y suficiente al abogado Óscar Fabián Utria Devia. Ff. 39 y 40. Ff. 47 y 48. Doctor William Hernández Gómez. Ff. 49 a 53. Informe rendido el 3 de mayo de 2019, remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado. Nombrado mediante la Resolución 14170 de 21 de Agosto de 2018, empleo en el que se posesionó el 22 de agosto siguiente (ff. 54 y 55).
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». Modificado por el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, en relación con las acciones de tutela presentadas a partir de esta fecha.
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho»
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en las sentencias SU-014 de 2002, T-563, T-569 y T-1059 de 2002. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
«Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial». Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-179 de 13 de abril de 2016.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». Sobre dicho recurso, la Corte Constitucional afirmó en la sentencia citada lo siguiente: “«…] Desde el punto de vista constitucional, lo anterior es concordante con la función de unificación que cumplen los órganos de cierre y con su papel creador de derecho; y desde la perspectiva legal, ello resulta procedente si se tiene en cuenta que la finalidad principal del recurso extraordinario es la de “asegurar la unidad en la interpretación del derecho” y que, en tal virtud, como efectos de la sentencia, se permite su procedencia “total” o “parcial”, pudiendo dictar aquella que “deba reemplazarla” o adoptar “las decisiones que correspondan”. En este contexto, es claro que el legislador definió de manera concreta al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia como una vía dirigida a preservar el precedente vertical, y a suscitar discusiones alrededor del mismo, buscando con ello la aplicación uniforme del derecho en las instancias inferiores al Consejo de Estado, lo que resulta acorde con el rol que le otorga la Constitución como órgano de cierre de lo contencioso administrativo, en los términos del artículo 237, numeral 1, de la Constitución […]»
En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: «[…] El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.) […]». Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente nro. 11001-03-15-000-2011-00216-00(AC). Al respecto, ver la sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-233 de 20 de abril de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. También consultar la sentencia T-809 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). Causal aplicada entre otras, en las sentencias T-747 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-555 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva); T-071 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Nilson Pinilla Pinilla) y T-088 de 2017 (MP. María Victoria Calle Correa. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez). T-450 de 19 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. Ff. 30 a 36. Folio 13 del expediente de tutela.
«Artículo 106-.

Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según los períodos del calendario académico y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere, corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborales mes».
«Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior».
«Artículo 89. Pago de Cesantías del Magisterio. El pago que reconozca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– por concepto de cesantías parciales o definitivas a sus afiliados se deberá realizar dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago de la prestación social solicitada. A partir del día hábil sesenta y uno (61), se deberán reconocer a título de mora en el pago, intereses legales a una tasa equivalente a la DTF efectiva anual, causado diariamente por la suma no pagada».
«Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016”»
Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados). La Sala Plena de esa Corporación consideró que «[…] aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación.

Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012)». La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, en las sentencias del 27 de julio de 2017 y 9 de septiembre de 2014, negaron la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, reclamada por el docente, porque dicho ente territorial no le consignó las cesantías en la fecha que establece la ley en el respectivo Fondo de Cesantías, los intereses sobre las cesantías ni los rendimientos financieros que se causaron con dicho retardo, además que no fue afiliado oportunamente al Fomag.
«59. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que no hay una postura unificada del Consejo de Estado respecto a la procedencia del reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías a los docentes que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 60. Visto esto, la Sala advierte que, aunque el accionante pretende evidenciar el desconocimiento del Tribunal de su propio precedente, lo cual, desconocería su derecho a la igualdad, lo cierto es que no obran en el plenario elementos de juicio adicionales a la afirmación del peticionario sobre un caso del que no se tienen datos concretos para evidenciar si se estructuró en la sentencia del juez de primera instancia dicho defecto. Al respecto, solo se encuentra una aclaración de la Sala del Tribunal en el sentido de que a partir de un pronunciamiento posterior al que el actor refirió, la postura de la Sala varió. Por tanto, no se tiene certeza sobre el mencionado defecto por desconocimiento del precedente horizontal. 61.

De otro lado, como lo dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado, no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo». El Tribunal Administrativo del Atlántico, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que el Decreto 52 de 1994 en su artículo 3º, reguló que el personal vinculado en hora cátedra, tiene derecho a la remuneración señalada en dicha norma, conforme el número el número de horas efectivamente dictadas y también los emolumentos a que se refieren los artículos 3º y 4º del Decreto extraordinario 524 de 1975 y no tendrán derecho a otras prestaciones sociales, de donde concluyó durante el tiempo comprendido entre el 23 de mayo de 1978 y el 20 de septiembre de 2007, ejercía funciones como docente catedrático en la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar y en esas mismas condiciones estaba vinculado al Colegio Barranquilla para varones desde el 11 de agosto de 1981 al 29 de septiembre de 2006, pero según lo previsto en la normas referida no le asiste el derecho al reconocimiento de cesantías definitivas, pues no fueron previstas para ser pagadas a los docentes vinculados por hora cátedra. Radicado 08001-23-33-000-2013-00218-01 (4285-2014). Vigente para la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989. Resolución 1476 del 20 de septiembre de 2007. Folios 19 a 20. Resolución 1235 del 29 de septiembre de 2006. Folios 17 a 18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez, sentencia del 22 de Julio de 2010, radicación: 08001-23-31-000-2004-00028-01(0664-09), Demandante: Elsa Ballestas de Soto, Demandado: Ministerio de Educación Nacional. Según lo explica la Corte Constitucional en sentencia Sentencia T-030/17. Principio relativo a las cargas de las pruebas, desarrollado por la Corte Constitucional en diferentes sentencias, vr. gracia las C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.

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