Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01676-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01676-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01676-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO - Inexistencia / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Nulidad del decreto que declara insubsistencia de empleado de ente territorial / PROHIBICIÓN LEGAL DE MODIFICAR LA NÓMINA DEL ENTE TERRITORIAL DENTRO DE LOS CUATRO MESES ANTERIORES A ELECCIONES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
[N]o le asiste razón a la parte actora al argumentar que los fallos acusados incurrieron un defecto fáctico por no haber tenido en cuenta la naturaleza del cargo que ostentaba el señor [N.H.G.C.] al momento de la declaratoria de insubsistencia, puesto que (…) el análisis giró en torno a la posibilidad de modificar o no la planta de personal durante el término previo a las elecciones del Congreso de la República. (…) en cuanto a la (…) aplicación de la Ley 996 de 2005 a los procesos electorales distintos a la elección del Presidente de la República, la Sala encuentra que en la sentencia (…) del Consejo de Estado, se acoge la explicación planteada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual estableció (…) que las disposiciones de dicha ley eran aplicables a los entes territoriales y a todo tipo de «[…] elecciones a cargos de elección popular […] », sin que se exceptuara a ninguna autoridad ni alguna elección en particular. (…) [En cuanto a la culpa grave] la Sala pone de presente que al momento de la declaratoria de insubsistencia (…) ya se encontraban vigentes las presunciones establecidas en la referida norma [artículo 6 de la Ley 678 de 2001] y por tanto, correspondía a la servidora demandada desvirtuar la misma. (…) [En cuanto a] la desatención de (…) las restricciones para la modificación de la planta de personal. El estudio de este cargo resulta improcedente por cuanto (…) fue objeto de estudio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) y (…) no satisface el requisito de inmediatez.
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Las condenas son por el monto impuesto en el proceso ordinario, sin tener en cuenta los intereses que se causen con posterioridad / DEFECTOS SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Inexistencia
[P]ara sustentar la configuración del defecto fáctico (la accionante) [expuso] su inconformidad respecto del cálculo que se efectuó del valor a repetir, teniendo en cuenta la duración del proceso, lo cual, en su entender, solo resulta atribuible a la administración de justicia. (…) En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha puesto de presente que las condenas en acción de repetición son por el monto de aquellas impuestas en el proceso ordinario sin tenerse en cuenta los intereses que se causen con posterioridad. (…) la accionante fundamenta la configuración del defecto material o sustantivo con los mismos argumentos expuestos para sustentar el defecto fáctico (…) y respecto del cual la Sala (…) [concluye] que no se configura (…). En criterio de la Sala, (…) la accionante (…) omitió el deber de cuidado y prudencia en las gestiones que le fueron encomendadas, (…) por lo cual su comportamiento deviene inexcusable al incurrir en culpa grave. Bajo ese entendido no se entiende configurado el defecto de violación directa del artículo 90 de la Constitución Política.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 / LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 38 / LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01676-00(AC)
Actor: LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de las decisiones de 31 de enero de 2019 de 28 de septiembre de 2017, respectivamente, dentro del medio de control de repetición 15001-23-33-000-2016-00344-01/00, promovido por la E.S.E. Hospital Regional de Duitama en contra de la tutelante.
LA SOLICITUD DE TUTELA
La señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, actuando por intermedio de apoderado judicial, considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, le vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia al atribuirle la responsabilidad por culpa grave con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del subgerente administrativo de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y condenarla a restituirle a dicha entidad una elevada suma de dinero.
HECHOS
De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
La ESE Hospital Regional de Duitama, Boyacá, en adelante la ESE, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, con el propósito de que se le condenara, por culpa grave, a reintegrar la suma de $714.276.727, que la entidad pública tuvo que pagar en cumplimiento de una sentencia judicial proferida en su contra con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del señor Nelson Hugo González Cuervo, quien se desempeñaba como subgerente administrativo de la ESE, desde el 1° de diciembre de 2000.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 28 de septiembre de 2017, declaró responsable a la señora Pérez Ramírez por haber obrado con culpa grave al expedir la resolución de insubsistencia del señor González Cuervo, y la condenó a pagar la suma de dinero antes referida, con sus intereses moratorios. Adoptó tal decisión por cuanto encontró demostrado que la insubsistencia se produjo dentro del término de 4 meses anteriores a las elecciones para cargos de elección popular, y el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la modificación de la nómina del respectivo ente territorial o entidad durante ese lapso.
El apoderado de la señora Pérez Ramírez apeló el fallo y el conocimiento del recurso correspondió a la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que mediante sentencia de 31 de enero de 2019, confirmó la decisión recurrida. También solicitó su aclaración y le fue negada.
La accionante manifestó que tal decisión le vulneró sus derechos fundamentales: i) al libre acceso a la administración de justicia, ii) al debido proceso, y iii) a la igualdad.
Sostuvo que se le conculcó el derecho al libre acceso a la administración de justicia, por cuanto los trámites adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa no se llevaron a cabo con sujeción al debido proceso y a los principios de legalidad y buena fe, entre otros, pues se aplicó la Ley 996 de 2005 que no era obligatoria, al no ser exigible ni oponible frente a terceros en tanto fue dictada «[…] el 25 de noviembre de 2005 y su observancia inició el 24 de enero de 2006 […]». Igualmente argumentó que al momento de proferir el acto administrativo de insubsistencia del señor Néstor Hugo González la regulación normativa era muy clara al establecer que la prohibición era para elecciones presidenciales de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 33, ibídem, sin extenderla a otras elecciones. Además alegó la aplicación indebida y la interpretación errónea del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, referente a la culpa grave, lo que constituye un error de derecho.
Anotó que se le vulneró el derecho al debido proceso por cuanto si incurrió en alguna irregularidad, lo cual no hizo, ello se deriva de la expedición del acto administrativo de insubsistencia, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad en la cuantía en que lo hizo la acción de repetición pues de ninguna manera su actuación determinó que el daño causado a la entidad pública fuese de $714.000.000, pues en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se ordena pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo en que el señor González permaneció retirado del servicio, el cual depende de la duración del proceso judicial (13 años aproximadamente), que no está bajo el control de ella sino de juez, lo que constituye la causal eximente de responsabilidad derivada del hecho de un tercero.
Puso de presente la afectación de su derecho fundamental a la igualdad porque en la acción de repetición se hace una aplicación indebida de la normatividad contenida en la Ley 996 de 2005 y en la Ley 678 de 2001, en la medida en que los criterios interpretativos y de aplicación se alejan de las regulaciones previstas en la norma como en las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que determinan que en las actuaciones judiciales y administrativas no se pueden violar derechos de los particulares, con el pretexto de la garantía de otros, como sería el caso del que le corresponde a la ESE Hospital Regional de Duitama, sino que existe un fundamento para establecer la prevalencia de uno sobre otro, lo que no se advierte por ninguna parte, sino que aparece únicamente la voluntad del juez de repetición para aplicar de manera irregular las Leyes 678 de 2001 y 996 de 2005.
En cuanto a las causales especiales de procedibilidad de la tutela en contra de providencias judiciales la accionante alegó que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado incurrió en su sentencia en los defectos fáctico, material o sustantivo, y violación directa de la Constitución.
Respecto del defecto fáctico planteó que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se probó que el cargo ocupado por el señor Nelson Hugo González era de libre nombramiento y remoción, frente al cual ella, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Regional de Duitama, tenía la facultad discrecional de removerlo. Igualmente resaltó que demostró que en ese momento existía una fuerte discusión acerca de la aplicación o no de la Ley 996 de 2005 a procesos electorales distintos a la elección de Presidente de la República, acerca de lo cual los jueces de primera y segunda instancia no hicieron ninguna valoración, limitándose a verificar la existencia de una responsabilidad subjetiva, que « […] no es el caso de la repetición […] ».
Aseguró que acreditó que la Ley 996 de 2005 no había entrado a regir, razón por la cual no resultaba aplicable para el caso concreto de la reforma de la planta de personal, ni con ocasión del retiro del servicio del subgerente de la ESE, ni mucho menos para argumentar la existencia de falta de claridad en la aplicación de la mencionada ley, situación que posteriormente se superó por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pero que el juez de la repetición no valoró en su oportunidad, sino que actuó como si la Ley de Garantías Electorales hubiese sido absolutamente clara en su aplicación, para el caso motivo de la inconformidad.
En síntesis, alegó que el defecto fáctico se concretó por cuanto en las sentencia de la acción de repetición proferidas en primera y segunda instancia, se tuvo por demostrada su culpa grave, sin la existencia de evidencia probatoria sino con ocasión de un análisis subjetivo del juzgador.
Expresó que se erró en la valoración probatoria del tiempo tenido en cuenta para calcular el valor a repetir, en razón a que se tomó todo el período que duraron los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de repetición, siendo que la prolongación en el tiempo no le podía ser atribuible a ella. Además, sostuvo que los jueces de instancia valoraron indebidamente la prueba trasladada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin permitir controvertirla en la acción de repetición.
En cuanto al defecto material o sustantivo, la tutelante explicó que se fundamentó en la indebida aplicación que hicieron los jueces de primera y segunda instancia en la acción de repetición, a través del error de derecho, por violación directa de la ley con ocasión de su indebida aplicación o de una interpretación errónea de la misma.
Expuso que se le condenó a reparar por haber removido del servicio a un funcionario de libre nombramiento y remoción de la ESE Hospital Regional de Duitama, cuando supuestamente existía una prohibición derivada de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, sin verificar si, efectivamente, le era aplicable al caso y si incurrió en una actuación gravemente culposa con el retiro del gerente administrativo de la ESE, lo que obliga a determinar si la Ley 996 de 2005 y 678 de 2001 fueron interpretadas y aplicadas debidamente en la acción de repetición o si en tal labor se presentó un error de derecho.
Argumentó que la insubsistencia del señor Nelson Hugo González data del 20 de enero de 2006 y que no era posible para el juez de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como para el juez de la acción de repetición, aplicar una norma que aún no surtía efectos, para proceder a declarar la nulidad del acto de insubsistencia, así como su responsabilidad en la acción de repetición.
Agregó que tiempo después, específicamente durante los años 2007 a 2013, la Sala de Consulta del Consejo de Estado profirió conceptos aclarando la aplicación de la norma, es decir, indicando que, de acuerdo a la regulación del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las restricciones en cuanto a modificación de plantas de personal en época preelectoral, se referían no solamente a la elección de Presidente, sino a otras corporaciones públicas, así como la inclusión de las entidades descentralizadas.
Informó que al momento de expedir el acto administrativo mediante el cual declaró la insubsistencia del señor Nelson Hugo González, no existía ninguna claridad en cuanto a la obligatoria aplicación de la Ley 996 de 2005 para el caso de las plantas de personal de las Empresas Sociales del Estado, circunstancia a partir de la cual concluyó que, tanto el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho como el juez de la acción de repetición, le exigieron la aplicación de una norma que se tornaba confusa al punto de ser necesario que el Consejo de Estado le diera claridad mediante la expedición de providencias posteriores.
Resaltó que se debe considerar la existencia de un error de derecho por la falta de aplicación del artículo 32 de la Ley 996 de 2005, en la medida que el juez de la repetición no tuvo en cuenta las regulaciones contenidas en el mismo referentes a las restricciones para la modificación de las plantas de personal en época previa a la elección de Presidente de la República, circunstancia que determina que no incurrió en ninguna ilegalidad porque no estaba dentro del término de los cuatro meses a que hace referencia la disposición la norma. Igual comentario hizo respecto del artículo 33 ibidem.
Sostuvo que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario que haya actuado a título de dolo o culpa grave en el ejercicio de la función administrativa, dando lugar a un daño antijurídico, lo cual no ocurrió por cuanto era competente para retirar del servicio público al subgerente de la ESE, a través de un acto discrecional, dado que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en relación con el cual a ella le asistía la competencia nominadora, por lo que actuó ajustada a derecho y alejada de cualquier negligencia o irregularidad, más aún cuando lo hizo dentro del término establecido en la Ley 996 de 2005.
Acotó que no podía actuar a título de culpa grave en la supuesta violación de las normas contenidas en la Ley 999 de 2005: i) porque el acto administrativo de insubsistencia se dictó fuera del término de restricción o prohibición normativa que impedía la modificación de las plantas de personal, ii) porque las normas de la Ley 996 de 2005 estaban asistidas de una ausencia interpretativa tan fuerte que ni siquiera la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo había hecho un pronunciamiento al respecto, lo cual se produjo varios años después, a través de conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, dándole claridad al asunto.
Resaltó que ante tal situación no se le podía trasladar una exigencia tan rigurosa en el asunto de la interpretación normativa por cuanto dada su labor como Gerente de la ESE Hospital Regional de Duitama, tenía una formación en el área de la salud sin poseer conocimientos jurídicos, frente a lo cual no se le puede endilgar que ignoró la ley dado que estaba frente a un cargo de libre nombramiento y remoción y tenía la competencia nominadora lo que descarta que hubiese actuado con dolo o culpa grave.
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución planteó que las decisiones objeto de tutela vulneran las normas de la Carta Política que contienen los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita y particularmente el artículo 90 que exige para la configuración de la obligación de repetir y reparar, que la conducta de quien causa el daño sea a título de dolo o culpa, en las que no incurrió.
LAS PRETENSIONES
La accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicita la declaratoria de las siguientes pretensiones:
« […] 1. Que se protejan los derechos fundamentales de los cuales se solicita Tutela.
2. Que se ordene a las autoridades judiciales entuteladas, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de Tutela, procedan a revocar las sentencias dictadas dentro del proceso de repetición radicado No. 15001233300020160034400, de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama en contra de Lyda Marcela Pérez Ramírez, del Tribunal Administrativo de Boyacá […] »
TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 2 de mayo de 2019, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y del Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción, y se negó la medida provisional solicitada. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación a la ESE Hospital Regional de Duitama. A todos se les solicitó que rindieran el informe previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. También se pidió al Tribunal Administrativo de Boyacá la remisión del expediente contentivo de la acción de repetición 15001-23-33-000-2016-0344-00.
INTERVENCIONES
Efectuadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:
V.1 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,, por intermedio de la Magistrada Martha Nubia Velásquez Rico, ponente de la decisión objeto de tutela planteó la inexistencia de la violación a las garantías fundamentales invocadas en la demanda de tutela.
Advirtió que todos y cada uno de los cuestionamientos que se expusieron en la demanda de tutela fueron resueltos por la Subsección en la sentencia de segunda instancia, lo cual permite concluir que mediante el ejercicio de la acción constitucional se pretende reabrir una tercera instancia que desnaturaliza su carácter subsidiario y residual.
Manifestó que al analizar los medios de prueba estableció que la ESE Hospital Regional de Duitama demostró que la accionante vulneró la Ley 996 de 2005, pues, el 20 de enero de 2006, esto es, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, que se efectuaron el 12 de marzo de ese mismo año, declaró insubsistente el nombramiento del señor Nelson Hugo González Huérfano, proceder que estaba prohibido, por lo cual el precitado ente debió pagar la suma de dinero que pretendió le fuere devuelta, es decir que se demostró la violación de una norma de derecho, por lo que correspondía verificar si esta era inexcusable.
Precisó que la accionante adujo que la primera instancia decretó y pacticó como prueba el traslado del expediente dentro del cual se emitió la condena objeto de la demanda de repetición, lo cual le vulneró su derecho fundamnental al debido proceso porque no lo pudo controvertir.
A ese respecto explicó que en el proceso la Subsección encontró demostrado que la parte actora en la audiencia inicial no presentó ninguna oposición frente al decreto de esa prueba, y que, una vez se incorporó el expdiente al proceso de repetición, le corrió traslado al apoderado de la demandada, quien lo revisió y no expresó ninguna observación.
Agregó que aunado a lo anterior, la Sala reiteró su precedente jurisprudencial, consistente en que el proceso dentro del cual se ordenó el pago de la indemnización que se reclama a través de la demanda de repetición sí vinucla al ex funcionario, a pasar de que no haya sido parte dentro del mismo.
En cuanto a los argumentos del recurso de apelación que hicieron referencia a la forma como debía iterpretarse la Ley 996 de 2005, desde cuándo entró en vigencia y los conceptos que se expidieron por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, puso de presente que la Subsección no los acogió pues, como lo anotó en los hechos probados, los jueces que conocieron del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho explicaron con suficiencia que dicha normativa sí debió ser observada por la tutelante al momento de declarar la insubsistencia del señor Nelson Hugo González Huérfano.
Además de lo anterior recordó que a eso le sumó que al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Políotica y en la Ley 678 de 2001, la demanda de repetición no era el espacio propicio para discutir si los argumentos y las conclusiones que llevaron a los jueces de instancia a imponer la condena fueron acertados o no, pues en dicho escenario solo se analizaría su posible responsabilidad por culpa grave.
Advirtió que, tal como lo explicó el a quo en la sentencia objeto del recurso de apelación, la Ley 996 de 2005, artículo 38, parágrafo único, estableció de forma clara y precisa que sus disposiciones eran aplicables a los entes territoriales y a todo tipo de «[...] elecciones a cargos de elección popular [...]», sin exceptuar a ninguna autoridad ni una elección en particular. Al respecto expresó que así lo entendió la Corte Constitucional al declarar su exequibilidad en la sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005, cuyos argumentos tenía que aplicarse por la accionante por tratarse de un precedente de obligatorio cumplimiento.
Recordó que la Ley 996 de 2005 entró en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2005, razón por la cual el acto administrativo que se anuló y que conllevó al pago de la condena, fechado de 20 de enero de 2006, debió atender lo dispuesto en ella.
Frente a la solicitud de graduación de la condena, en tanto la pretensión inicial fue de $17´000.000 y al final la ESE pagó $714´000.000, reiteró que la demanda de repetición no se instutuyó para controvertir los fundamentos ni los alcances de las sentencias que impusieron la obligación que se pretendía cobrar, providencias amparada por la fueza de la cosa juzgada.
Al efecto, concluyó lo siguiente:
«[...] En suma, la Sala encontró que se demostró, con los medios de pruebas debidamente decretados y aportados al proceso, que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez incurrió al declarar insubsistente al señor Nelson Hugo González Huérfano, en una culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la Ley 996 de 2005.
La violación fue manifiesta porque que el artíuculo 38 de la Ley 996 de 2005 prohibía que cuatro meses antes de las elecciones a cargos de elección popular se modificara la planta de personal de las entidades públicas territoriales, prescripción que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez desconoció, pues, como ya se explicó, en vigencia de esa restricción declaró insubsistente el nombramiento del señor Nelson Hugo González Huérfano.
La mencionada ciudadana alegó a lo largo del proceso que su comportamiento resultaba excusable, porque, para cuando ocurrieron los hechos no era claro como debía aplicarse la normativa indicada, la que además no estaba en vigencia y que solo hasta el año 2007 la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación clarificó como debía interpretarse; igualmente que estuvo asesorada.
Sin embargo, al contrastar esos argumentos con las pruebas obrantes en el plenario se concluyó que, contrario a lo expresado por la señora Pérez Ramírez, la Ley 996 de 2005 se encontraba vigente y debía ser acatada; asimismo, que no se asesoró, todo lo cual permite afirmar que, al declarar la insubsistencia del empleo del señor Nelson Hugo González Huérfano, procedió de forma negligente e improdente y sin atender el deber mínimo de cuidado que le exigía una decisión de tales magnitudes; significa lo anterior que la conducta de la ciudadana demandada, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, no se encontró justificada y que, por ende, fue inexcusable [...]».
V.2. La E.S.E. Hospital Regional de Duitama
Por intermedio de su gerente, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, la no vulneración de derecho fundamental alguno por parte de los dos altos tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa que profirieron sentencia en la acción de repetición. Expuso que la accionante intervino en todos los trámites ordinarios adelantados y ejerció la defensa de sus intereses. La ESE también pidió particularmente que se confirmara la sentencia condenatoria proferida en la acción de repetición, en aras de proteger su patrimonio público.
Sostuvo que en la presente acción no se cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos, toda vez que la accionante no determinó de manera razonable cuales fueron los hechos que dieron origen a la supuesta violación de los derechos fundamentales, limitándose a insistir en darle un alcance probatorio que ya fue debatido y desestimado en todas las instancias, sin concretar los vicios o defectos que afectan la sentencia que se reprocha, trayendo nuevamente una interpretación caprichosa de las normas en que se fundamentan las sentencias de repetición, las cuales ya fueron analizadas y desistidas en la sede legal competente durante las dos instancias del proceso.
Reiteró que no es de buen recibo que la accionante pretenda en su escrito de tutela, buscar una conexión directa entre un episodio netamente probatorio y unos supuestos derechos fundamentales vulnerados, cuando la responsabilidad de las alegaciones la tenía ella, las cuales revisando los expedientes de la acción de repetición se advierte que fueron debatidas y controvertidas, muchas de ellas desistidas por la misma interesada, lo que le impide ahora presentar nuevos argumentos ni insistir caprichosamente en la interpretación de pruebas que ya fueron analizadas tanto por el Tribunal Administrativo de Boyacá como por el Consejo de Estado.
Puso de presente que en este caso merece particular atención el hecho que se pretenda por medio del ejercicio de la acción de tutela revisar el valor de las sentencias de las dos instancias argmentando que la suma a repertir es resultante de la mora de la administración de justicia en fallar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la acción de repetición, olvidando su actuar violatorio de la ley por cuanto tenía en sus manos todos los medios para prevenir el daño o en su defecto aminorarlo al máximo posible, de lo cual no hay gesto alguno por su parte, teniendo la ESE que asumir el pago de su propio patrimonio, por lo que se interpuso la acción de repetición.
Destacó que, de los argumentos presentados como violatorios de los derehos fundamentales no se deriva ningún fundamento que permita excepcionalmente analizar algún derecho violado, por el contrario, la accionante ha tenido y ha ejercido todas las acciones posibles, sin que ninguna de ellas hubiese prosperado, con lo cual se le ha garantizado el libre acceso a la administración de justicia. Además, las pruebas que en esta oportunidad pretende que se valoren ya fueron analizadas y desestimadas por los jueces de instancia en una actividad totalmente garantista ajustada al debido proceso, a partir de lo cual se concluye que ha tenido todas las oportunidades procesales para ejercer sus derechos de contradicción y defensa como cualquier otro ciudadano en igualdad de condiciones, en guarda del derecho fundamental previsto en el artículo 13 de la Constitución Política.
V.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por intermedio de la magistrada ponente de la sentencia de repetición de primera instancia, solicitó que se negara la tutela, en la medida en que dicha acción no puede ser considerada como una tercera instancia ejercida para revivir interpretaciones o valoraciones que fueron contrarias a las pretensiones de la demanda, y trasladar al juez constitucional un debate ya agotado ante el juez natural.
Respecto del cargo por valoración indebida de la prueba trasladada, la corporación judicial explicó que en la audiencia inicial de 27 de febrero de 2017, se decretó como prueba documental la copia íntegra del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Nelson Hugo González Huérfano en contra de la ESE, por lo cual la señora Pérez Ramírez tuvo oportunidad de controvertirla ampliamente y no lo hizo, más aún cuando se le informó que era la ocasión de tachar o desconocer los documentos que formaban parte de dicho expediente, con lo que se descarta la vulneración del debido proceso.
Resaltó que la argumentación desarrollada por la accionante en la solicitud de tutela estuvo dirigida a revivir un debate concluido, no solo en el proceso de repetición sino en el de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionada con la aplicación de la Ley 996 de 2005, sin que aportara elementos de juicio que permitieran acreditar la existencia de una vía de hecho por parte de las autoridades judiciales.
Frente a la alegada falta de claridad de la Ley 996 de 2005 para su aplicación en el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Boyacá precisó que en su fallo puso de presente que si bien es cierto que la norma reglamentó la elección del Presidente de la República, la realidad es que al efectuar una lectura integral de la misma regulación se observó que fue dividida en tres títulos que se pronunciaron sobre la campaña presidencial y el estudio de participación en política de los servidores públicos, y descartó la redacción confusa u oscura de las normas en tanto tenían la claridad suficiente para concluir que «[...] se previó un período en el que no era posible la adopción de decisiones que afectaran la planta de personal de las entidades, que tenía como referente la fecha de la realización de las elecciones para proveer los cargos de elección popular [...]».
También puso de presente la existencia de varias sentencias que efectuaban la misma interpretación, proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, y por la Sala de Consulta de Servicio Civil, con posterioridad a la declaratoria de insubsistencia del señor Nelson Hugo González, pero hizo énfasis en la sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005, anterior a la insubsistencia, mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la prohibición contenida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 para modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de cargos de elección popular, es decir distintos al de Presidente de la República, y a partir de lo cual consideró que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez mediante el ejercicio de la acción de tutela pretendía revivir una debate ya concluido y solicitar una nueva valoración normativa, en una nueva instancia.
Argumentó que la suma establecida en las sentencias proferidas dentro del medio de control de repetición es fija, y en ellas no se ordena el pago de salarios ni de prestaciones sociales a medida del tiempo, como erróneamente lo considera la tutelante, pues tiene como fundamento el pago efectivo efectuado por el Estado, lo que descarta que un proceso judicial pueda ocasionar un incremento adicional a la indexación de la suma pagada, que pueda configurar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VII.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, por intermedio de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VII.2. Problema Jurídico
De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, le vulneraron a la accionante sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico, material o sustantivo y violación directa de la Constitución, en las sentencias de 31 de enero de 2019 y de 28 de septiembre de 2017, dentro del medio de control de repetición 15001-23-33-000-2016-00344-01 y 15001-23-33-000-2016-00344-00 respectivamente, mediante las cuales se confirmó la decisión de primera instancia consistente en declarar responsable a la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez por haber obrado con culpa grave al declarar insubsistente al subgerente administrativo de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama, durante el lapso en que estaba prohibido hacerlo con ocasión de las elecciones a cargos de elección popular.
Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad, y si ellos se configuran se procederá a iii) resolver el caso concreto.
VII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VII.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial.
La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) el caso bajo estudio tiene relevancia constitucional en la medida que se pretende la protección de los derechos fundamentales de la aparte accionante cuya vulneración la atribuye a las sentencia proferidas dentro del medio de control de repetición; ii) la actora no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo que pretende respecto de las sentencias de repetición, iii) la acción de tutela se presentó en un término razonable. Lo anterior por cuanto la decisión de segunda instancia se profirió el 31 de enero de 2019 fue notificada por estado el 21 de febrero de 2019 y la acción de tutela se recibió en el Consejo de Estado el 23 de abril de 2019, es decir dentro de un lapso inferir a seis meses contados a partir de su notificación. Empero, cualquier reparo que aduzca acerca de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual se confirmó la decisión que declaró la nulidad de la insubsistencia del sub gerente administrativo de la ESE· no satisface la inmediatez pues data del 8 de julio de 2014. Además, iv) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales de la accionante fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y v) las providencias cuestionadas no se profirieron en el trámite de una acción de tutela.
VII.5. Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial
VII.5.1. Caracterización del defecto fáctico
La Corte Constitucional precisa en la sentencia SU-448 de 2016, que el defecto fáctico se estructura siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. También advierte que el fundamento de la intervención del juez de tutela con ocasión de tales deficiencias radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.
En ese sentido la Corte Constitucional también plantea en la sentencia T-459 de 2017, que el defecto fáctico se configura cuando el juez no tiene apoyo probatorio suficiente para aplicar el presupuesto legal en el que sustenta la decisión porque: i) dejó de valorar una prueba o no la valoró dentro de los cauces racionales, o ii) denegó la práctica de alguna prueba sin justificación. De otra parte, acota que desde una dimensión positiva, dicho defecto ocurre cuando el juez aprecia pruebas esenciales determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o, efectúa una valoración por «completo equivocada».
En síntesis, el defecto fáctico se presenta en sentido negativo cuando se omite la valoración y el decreto de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos; mientras que en sentido positivo se concreta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o, se efectúa una valoración completamente equivocada.
La accionante sostiene que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, incurrió en un defecto fáctico en la sentencia de 31 de enero de 2019 por cuanto: i) desatendió que el cargo desempeñado por el señor Nelson Hugo González Cuervo era de libre nombramiento y remoción y ella como gerente de la ESE tenía la facultad de removerlo; ii) pasó por alto que en ese momento existía discusión respecto de la aplicación o no de la Ley 996 de 2005 a los procesos electorales distintos a los relacionados con la elección del Presidente de la República; iii) la Ley 996 de 2005 no había entrado a regir por lo que no resultaba aplicable al caso, iv) tuvo como demostrada la culpa grave exigida por el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 sin contar con existencia probatoria, v) desatendió lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 996 de 2005 en cuanto a las restricciones para la modificación de la planta de personal, por lo que no incurrió en ninguna ilegalidad al declarar la insubsistencia del señor Nelson Hugo González por que no estaba dentro de los cuatro meses a que se refiere la norma, vi) calculó el valor a repetir teniendo en cuenta todo el tiempo que duraron los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de repetición lo cual solo resultaba atribuible a la administración de justicia, y vii) la prueba trasladada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no pudo ser controvertida en la acción de repetición.
En relación con el primer reparo consistente en que se desconoció que el cargo que ocupaba el señor Nelson Hugo González Cuervo era de libre nombramiento y remoción y por tanto, la actora tenía la facultad de removerlo; la Sala pone de presente que la discusión no gira en torno a la facultad discrecional que ostentaba la demandante respecto a los empleados de libre nombramiento y remoción sino a la posibilidad de modificar la planta de personal de la entidad dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones para cargos de elección popular.
Por tanto, no le asiste razón a la parte actora al argumentar que los fallos acusados incurrieron un defecto fáctico por no haber tenido en cuenta la naturaleza del cargo que ostentaba el señor Nelson Hugo González Cuervo al momento de la declaratoria de insubsistencia, puesto que, se insiste, el análisis giró en torno a la posibilidad de modificar o no la planta de personal durante el término previo a las elecciones del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley 996 de 2005.
Ahora bien en cuanto a la segunda inconformidad que plantea la existencia de una de controversia respecto de la aplicación de la Ley 996 de 2005 a los procesos electorales distintos a la elección del Presidente de la República, la Sala encuentra que en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, se acoge la explicación planteada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual estableció en forma clara y precisa que las disposiciones de dicha ley eran aplicables a los entes territoriales y a todo tipo de «[…] elecciones a cargos de elección popular […] », sin que se exceptuara a ninguna autoridad ni alguna elección en particular.
Al punto, la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá discurrió así:
« […] Para la Sala resulta diáfano que la prohibición contenida en el último inciso del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, según la cual la nómina de la entidad no se podía modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones no se limitó a las presidenciales, sino que se extendió a los demás cargos de elección popular, como expresamente quedó allí establecido:
“La nómina del respectivo ente territorial no se podrá modificar dentro de los cuatro meses (4) anteriores a las elecciones a cargos de elección popular”.
Si bien, esta disposición está contenida en la ley que reglamentó la elección del Presidente de la República, lo cierto es que al realizar una lectura integral de la misma, se observa que fue dividida en tres (3) títulos, los dos primeros se refirieron en forma específica a la campaña presidencial, mientras que el tercero fue general al abordar el estudio de la participación en política de los servidores públicos.
Allí se establecieron normas de conducta positivas y negativas dirigidas a los servidores para garantizar la vigencia del principio democrático y la moralidad administrativa durante las campañas políticas para los cargos de Presidente, Vicepresidente de la República, así como los demás de elección popular.
La Ley contempló dos clases de prohibiciones sobre la modificación de la nómina estatal, la primera en el artículo 32, dirigida a la suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, si fuere el caso; y la segunda, en el artículo 38 que se extendió a los demás cargos de elección popular.
Estas disposiciones no fueron redactadas de forma confusa u obscura, al contrario, de las mismas se predica la claridad suficiente para concluir que la norma previó un período en el que no era posible la adopción de decisiones que afectaran la planta de personal de las entidades, que tenía como referente la fecha de la realización de las elecciones para proveer cargos de elección popular […]».
De otra parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá también puso de presente que antes de la declaratoria de insubsistencia del subgerente administrativo de la ESE Hospital Regional de Duitama, por parte de la tutelante, lo cual ocurrió mediante Resolución 023 de 20 de enero de 2006, ya la Corte Constitucional había efectuado el examen de constitucionalidad del inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, a través de la sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005, en la cual encontró que se dirigía a los cargos de elección popular entre los que se incluyen los congresistas. Precisamente por lo anterior fue que en el fallo de repetición proferido en primera instancia concluyó que:
«[…] Para la Sala resulta diáfano que la prohibición contenida en el último inciso del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, según la cual la nómina de la entidad no se podía modificar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones no se limitó a las presidenciales sino que se extendió a los demás cargos de elección popular, como expresamente quedó allí establecido […]».
De igual forma, la parte actora alega que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación tuvo que proferir varios conceptos aclarando la aplicación de la norma; sin embargo, la Sala resalta que los mismos no tienen carácter vinculante y fueron proferidos para responder preguntas determinadas del Gobierno en relación con el alcance de la norma, sin que la parte actora haya demostrado que algunos de estos pronunciamientos guardaban relación con los hechos debatidos en el sub lite.
En punto del tercer reparo de la parte actora consistente en que la Ley 996 de 2005 no había entrado a regir cuando se declaró la insubsistencia del señor Nelson Hugo González Cuervo del cargo de Subgerente Administrativo de la ESE Hospital de Duitama, sino dos meses después, es del caso precisar que conforme con lo establecido en el artículo 42 de la ley, la entrada en vigencia de dicha normatividad se produjo a partir de su promulgación, lo que ocurrió el 24 de noviembre del 2005, dado que fue publicada en el Diario Oficial No. 46.102 de la misma fecha. En consecuencia, no existe duda alguna en torno a que, cuando se profirió la resolución de insubsistencia, esto es, el 20 de enero de 2006, la Ley 996 de 2005, se encontraba vigente y, por tanto, el reparo de la accionante no resulta de recibo.
En lo atinente a la cuarta inconformidad de la actora, referente a que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, tuvo como demostrada la culpa grave, exigida en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, sin contar con el sustento probatorio necesario, la Sala pone de presente que al momento de la declaratoria de insubsistencia del señor Nelson Hugo González Cuervo ya se encontraban vigentes las presunciones establecidas en la referida norma y por tanto, correspondía a la servidora demandada desvirtuar la misma.
Aunado a lo anterior, el fallo de segunda instancia fue claro en afirmar que la presunción no se configuraría “solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico”; lo cual debe ser acreditado por la entidad pública demandante, tal como ocurrió en el caso concreto.
Al respecto, resulta pertinente transcribir las consideraciones que al respecto efectuó el fallo:
« […] Al analizar los medios de pruebas obrantes en el plenario, la Sala encuentra que la ESE Hospital Regional de Duitama demostró que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez vulneró la Ley 996 de 2005, pues, el 20 de enero de 2006, esto es, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de Senado y Cámara de representantes, que se realizaron el 12 de marzo de ese mismo año, declaró insubsistente el nombramiento del señor Nelson Hugo González Huérfano, proceder que estaba prohibido, por lo cual el precitado ente debió pagar la suma de dinero que pretende le sea devuelta a través del sub lite.
En otras palabras, está demostrada la violación manifiesta de una norma de derecho, por lo que corresponde ahora verificar si esta es inexcusable. Cabe anotar que sobre este último punto, la Subsección, en sentencia del 29 de noviembre de 2018, explicó lo siguiente (se transcribe de forma literal):
“Así las cosas, la presunción de que trata el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; de ese modo, en los eventos en los cuales exista una justificación en la actuación del servidor el juez deberá negar las pretensiones de repetición.
“En otras palabras, como la presunción legal que aquí se analiza cuenta con un ingrediente subjetivo, esto es, que la violación de la norma haya sido inexcusable, nace en cabeza del demandante el deber de acreditarlo.
“La Sala precisa que lo antes dicho no significa la eliminación o desconocimiento de la presunción consagrada en la ley, sino que implica, en palabras de la Corte Constitucional, una carga que debe cumplir el demandante, pues debe probar que la conducta del servidor público o del particular que cumple funciones públicas fue inexcusable”.
La señora Pérez Ramírez expuso en el recurso de apelación varios argumentos, tanto de índole procedimental como de fondo, con estos últimos pretende demostrar la ausencia de culpa grave o mejor que sus actuaciones son excusables; bajo las premisas indicadas la Subsección procederá a analizarlos de la siguiente manera.
En primer lugar, sostuvo que se debía dictar una sentencia inhibitoria porque el Tribunal a quo escribió en el auto admisorio de la demanda que la parte actora era el Hospital San Rafael de Tunja y la sentencia condenatoria se profirió en favor del Hospital Regional de Duitama.
La Sala no acogerá este argumento, en tanto que dicha irregularidad debió alegarse por la parte interesada, a más tardar, durante la audiencia inicial, según lo establecían los artículos 180.5 y 207 de la Ley 1437 de 2011. Además, no puede perderse de vista que, si bien se presentó la equivocación alegada, esta no le transgredió ninguna garantía fundamental a la señora Pérez Ramírez, dado que al otorgar el poder, proponer en escrito separado la excepción de pleito pendiente y al contestar la demanda, entendió que la parte activa era la ESE Hospital Regional de Duitama, para la cual laboró; del mismo modo, que dicho ente la demandaba para que le reintegrara la suma de dinero que debió pagar en cumplimiento de una decisión judicial que se profirió tras declararse la nulidad de un acto administrativo suscrito por ella.
En otro de los argumentos, la señora Pérez Ramírez indicó que en la demanda se aludió genéricamente a que ella desconoció la ley, circunstancia que no se encontraba tipificada en la Ley 678 de 2001 como una de las presunciones de culpa grave, pero que, no obstante, el Tribunal la condenó por violar manifiesta e inexcusablemente varias normas de derecho.
Al respecto, se advierte que en un acápite anterior se explicó que la imputación de responsabilidad se realizó válidamente a la luz de la jurisprudencia de la Sala, por lo que no se volverá sobre particular.
La señora Lyda Marcela Pérez Ramírez manifestó que la primera instancia decretó y practicó como prueba el traslado del expediente dentro del cual se emitió la condena objeto de esta demanda de repetición, lo cual le vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque no lo pudo controvertir.
A ese respecto, la Subsección encuentra demostrado que la parte actora en la audiencia inicial no presentó ninguna oposición frente al decreto de esa prueba, del mismo modo, que una vez se incorporó ese expediente al caso sub examine durante la audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 24 de abril de 2017, la magistrada ponente le corrió traslado al apoderado de la ciudadana demandada, quien lo revisó y no expresó ninguna observación […]».
Para la Sala, dichos argumentos constituyen razonamientos efectuados por parte de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, dentro de los principios de autonomía judicial, independencia, sana crítica y valoración racional de la prueba. Tales consideraciones demuestran la vulneración manifiesta a una norma de derecho contenida en el Ley 996 de 2005, por parte de la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, al declarar insubsistente al subgerente administrativo de la ESE dentro de los cuatro meses anteriores a la elecciones para el senado y la cámara de representantes, lo cual estaba prohibido, sin que su comportamiento resultara excusable por cuanto procedió con culpa grave de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001.
Tal como se dejó expuesto, la quinta inconformidad de la accionante se concreta en la desatención de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 996 de 2005, en cuanto a las restricciones para la modificación de la planta de personal, por lo que considera que no incurrió en ninguna ilegalidad al declarar la insubsistencia del señor Nelson Hugo González Cuervo. El estudio de este cargo resulta improcedente por cuanto se refiere a cuestionar la declaratoria de insubsistencia, lo cual fue objeto de estudio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se decidió en su oportunidad mediante sentencia de 8 de julio de 2014, y frente a la que la presente acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez.
El sexto argumento de la accionante para sustentar la configuración del defecto fáctico tiene que ver con su inconformidad respecto del cálculo que se efectuó del valor a repetir, teniendo en cuenta la duración del proceso, lo cual, en su entender, solo resulta atribuible a la administración de justicia. Al respecto resulta pertinente precisar que, tal como lo resaltó la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en la contestación de la acción de tutela, la demanda de repetición no se instituyó para estudiar los fundamentos ni los alcances del fallo de nulidad y restablecimiento de derecho que impusieron la obligación que se pretendía recobrar, sino, por el contrario, conforme con el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, para determinar la responsabilidad de los servidores y exservidores públicos que hayan dado lugar a condenas contra el Estado.
En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha puesto de presente que las condenas en acción de repetición son por el monto de aquellas impuestas en el proceso ordinario sin tenerse en cuenta los intereses que se causen con posterioridad. Así ha discurrido la mencionada Sección:
“Para efectos de la liquidación de la condena a imponer en este fallo de repetición la Sala tendrá en cuenta que del monto pagado por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al beneficiario de la condenada dictada en el juicio de reparación directa ha de descontarse el rubro correspondiente a los intereses, pues éstos últimos corresponden asumirlos al Ente administrativo condenado y no pueden ser imputados como obra del actuar gravemente culposo del demandado Asdrúbal Gil Fory“.
Finalmente, en cuanto a la imposibilidad planteada por la actora de controvertir la prueba trasladada, se anota que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, precisa que la primera instancia decretó y practicó dicha prueba sin que la tutelante presentara ninguna oposición a la misma en la audiencia inicial ni durante la audiencia de pruebas en la que se le corrió traslado de ella. Por tanto, mediante el ejercicio de la presente acción de tutela no puede rescatar esa oportunidad perdida, en atención a su naturaleza subsidiaria.
La Sala resalta que resulta contrario al principio de lealtad procesal, que una de las partes no se oponga al decreto de una prueba y luego, pretenda desconocer la misma a través de este mecanismo constitucional.
En relación con el principio de lealtad procesal y la prueba traslada, ha dicho esta Corporación:
“(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”.
Las precedentes consideraciones conducen a establecer que no se configura el defecto fáctico alegado.
VII.5.2. Caracterización del defecto material o sustantivo
De conformidad con lo previsto en la sentencia T-367 de 2018 de la Corte Constitucional, este defecto se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. De igual forma, ha concluido que este defecto se ha erigido como tal, como consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en el principio de autonomía e independencia judicial.
La Corte Constitucional también ha sostenido que se puede incurrir en este defecto cuando:
“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes;
(iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución;
(v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”;
(vi) la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”.
La accionante sostiene que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, incurrió en este defecto en la providencia objeto de tutela por cuanto: i) la condenó a reparar por haber declarado insubsistente a un empleado de libre nombramiento y remoción por cuando existía una prohibición derivada de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales sin verificar que le era aplicable porque aún no surtía efectos, ii) no existía claridad en la aplicación de los artículos 32, 33 y 38 ibídem, y iii) por la interpretación errónea del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 referente a la culpa grave debido a que no actuó con total descuido.
Al respecto la Sala observa que la accionante fundamenta la configuración del defecto material o sustantivo con los mismos argumentos expuestos para sustentar el defecto fáctico también alegado y respecto del cual la Sala se pronunció en el acápite anterior, exégesis que reitera en esta oportunidad, para concluir que no se configura el defecto material o sustantivo alegado.
VII.5.3. Caracterización del defecto por violación directa de la Constitución
De conformidad con lo previsto en la Sentencia de Unificación SU-069 de 2018 de la Corte Constitucional, el desconocimiento de la Constitución se estructura cuando el juez en su decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir porque no se aplica una norma fundamental al caso bajo estudio, lo cual se presenta: i) porque en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) porque se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y iii) porque en la decisión se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución.
A manera de síntesis, en el fallo de unificación también se precisa que se configura este defecto porque se aplica la ley al margen de los preceptos previstos en la Constitución. En este caso, se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales.
La accionante le atribuye a las sentencias proferidas dentro de la acción de repetición por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, y por el Tribunal Administrativo de Boyacá, haber incurrido en la violación directa de la Constitución Política al desconocer su artículo 90, norma que exige para la existencia de la obligación de repetir, y en esa medida de reparar, que la conducta del servidor público que supuestamente causa un daño a una entidad del Estado, sea a título de dolo o culpa, en los cuales ella no incurrió.
Al respecto, resulta pertinente transcribir algunos apartes de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a saber:
« […] En efecto, en el momento de la expedición del acto administrativo demandado -20 de enero de 2016, folio 11 anexo I- ya se había proferido la sentencia citada, en la que no se limitó la interpretación del párrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 a las elecciones presidenciales sino que respetó su tenor literal dirigido a todos los cargos que se proveen por medio de elección popular.
Resulta extraño para la Sala que la demandada no atendiera las interpretaciones de la Alta Corporación constitucional o el tenor literal de la norma de carácter estatutario.
Si Lyda Marcela Pérez Ramírez, como Gerente de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, tenía dudas interpretativas en relación con la aplicación de la Ley 996 de 2005 para la modificación de la nómina respecto de las elecciones de Congresistas para el año 2006, era su obligación como administradora, busca asesoría sobre el particular, en tanto se trataba de una decisión que podía tener graves consecuencias para el patrimonio de la entidad. Podía acudir al área jurídica o a la Junta Directiva de la entidad, pues una de sus funciones según el literal 14 del artículo 10 del Decreto 1525 de 1995 es “Asesorar al Gerente en los aspectos que éste considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la Junta lo amerite”, o en su defecto a los órganos de consulta del Estado.
(…).
No obra prueba documental en relación con las indagaciones o la búsqueda de asesoría por parte de la demandada sobre el tema (…).
En efecto, es huérfano el expediente sobre medios de convicción en relación con que la demandada, antes de adoptar la decisión de fondo que afectó al señor Nelson Hugo González Huérfano, buscara ayuda o asesoría, circunstancia que revela la ausencia de cuidado y prudencia en el manejo de los negocios que le fueron encargados.
Resulta evidente que omitió prever que una decisión de la administración adoptada con laguna vacilación sobre la legislación aplicable, podía ser objeto de control de legalidad, ser declarada nula por la jurisdicción contenciosa administrativa y ocasionar un detrimento patrimonial a la entidad que representaba.
(…).
Incurriendo en las prohibiciones contenidas en la Ley 996 de 2006, la demandada en ejercicio de sus funciones de nominadora de acuerdo con los artículos 14 y 18 de los Decretos 1876 de 1994 y 1525 de 1995 (fl.95 Anexo I), dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la realización de las elecciones para integrar el Senado de la República y la Cámara de Representantes, las cuales se llevarían a cabo el 12 de marzo de 2006 (fl. 64 Anexo I).
Para la Sala resulta inexcusable la violación al régimen de garantías electorales en la expedición del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente un nombramiento, pues la prohibición descrita era evidente, y se insistirá que, si sobre su aplicación, la nominadora vacilaba, las reglas de la prudencia y cuidado, exigían que apoyara su decisión en un estudio previo y juicioso, del cual no obra prueba en el plenario, pues no podía supeditarse el cumplimiento de una ley de carácter estatutaria a interpretaciones personales del agente. En consecuencia, no hay juicios de valor que justifiquen la omisión que ocasionó la condena del Estado […] ».
Por su parte, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, expone en su fallo lo siguiente:
« […] En suma, la Sala encuentra que en este asunto se demostró, con los medios de prueba debidamente decretados y aportados al proceso, que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez incurrió, al declarar insubsistente al señor Nelson Hugo González Huérfano, en una culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la Ley 996 de 2005.
La violación es manifiesta porque el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohibía que cuatro meses antes de las elecciones a cargos de elección popular se modificara la planta de personal de las entidades públicas territoriales, prescripción que la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez desconoció, pues, como ya explicó, en vigencia de esa restricción declaró insubsistente el nombramiento del señor Nelson Hugo González Huérfano.
La mencionada ciudadana alegó a lo largo del proceso que su comportamiento resultaba excusable, porque, para cuando ocurrieron los hechos no era claro cómo debía aplicarse la normativa indicada, la que además no estaba en vigencia y que solo hasta el año 2007 la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación clarificó cómo debía interpretarse; igualmente, que estuvo asesorada.
Sin embargo, al contrastar esos argumentos con las pruebas obrantes en el plenario se concluye que, contrario a lo expresado por la señora Pérez Ramírez, la Ley 996 de 2005 se encontraba vigente y debía ser acatada; así mismo, que no se asesoró, todo lo cual permite afirmar que, al declarar la insubsistencia del empleo del señor Nelson Hugo González Huérfano, procedió de forma negligente e imprudente y sin atender el deber mínimo de cuidado que le exigía una decisión de tales magnitudes; significa lo anterior que la conducta de la ciudadana demandada, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, no se encontró justificada y que, por ende es inexcusable […]».
En criterio de la Sala, en tales providencias se efectúa un análisis valorativo de la actuación de la accionante que conducen a considerar que omitió el deber de cuidado y prudencia en las gestiones que le fueron encomendadas, tal como se concluyó, en tanto procedió en forma negligente e imprudente, omitiendo el deber de cuidado que le correspondía observar, por lo cual su comportamiento deviene inexcusable al incurrir en culpa grave. Bajo ese entendido no se entiende configurado el defecto de violación directa del artículo 90 de la Constitución Política.
De conformidad con los anteriores razonamientos la Sala denegará la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Lyda Marcela Pérez Ramírez, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de que esta providencia no sea impugnada REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, devuélvase al Tribunal Administrativo de Boyacá el expediente contentivo de la acción de repetición 15001-23-33-000-2016-0344-00 remitido en calidad de préstamo.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Cuaderno acción de tutela, folios 58 a 60. Folios 68 a 70. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
“ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido:
[…]
PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.
“ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.
Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00025-00 (50.031).
“5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias”.
“Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”.
El poder se observa a folio 108 del cuaderno 1; allí se plasmó que la parte demandante era la “E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA”.
Dichos escritos obran a folios 109 a 146 del cuaderno 1. En estos se escribió que la parte demandante correspondía a la “E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA”.
Al respecto ver el numeral 6.1.1. denominado: “La imputación de responsabilidad”.
“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html" \l "90" 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición.
RTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
[...]”
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, MP. Enrique Gil Botero.
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera) reiterando lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), SU-400 de 2012 (MP (e) Adriana María Guillén Arango), SU-416 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas.
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