Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01748-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01748-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01748-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de agosto de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE - Los cotizados al sistema / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO - SU del 28 de agosto de 2018
Frente a la indebida aplicación de la Sentencia de 28 de agosto de 2018, la Sala concluye que, en efecto, se configuró, debido a que en dicha Sentencia se abordó la situación pensional de un empleado público que trabajó como auxiliar de servicios generales en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no del régimen exceptuado contemplado en el artículo 279 ibídem. En consecuencia, para la Sala, la aplicación de la mencionada providencia del Consejo de Estado, en principio, constituyó un defecto sustantivo porque se aplicó un precedente a un caso fáctico y jurídicamente disímil. Frente al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la Sentencia de 4 de agosto de 2010, la Sala concluye que el mismo no se configuró. (…) [B]asta señalar que la misma, fue revaluada y rectificada con la Sentencia de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018, luego, para la fecha en que se profirió la Sentencia enjuiciada, esto es, 7 de diciembre de 2018, la citada Sentencia, había perdido vigencia. En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, por las razones expuestas. En torno al defecto procedimental alegado, debe manifestarse que este cargo no está llamado a prosperar, porque la parte accionante no cumplió con su carga de argumentar en debida forma en qué consistía la presunta agresión de garantías constitucionales.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01748-00 (AC)
Actor: CONSUELO VARGAS CATAÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela de primera instancia instaurada por la señora Consuelo Vargas Cataño en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Solicitud de amparo. 1.2 Hechos. 1.3 Fundamentos de la vulneración. 1.4 Actuaciones procesales relevantes.
Solicitud de amparo
La señora Consuelo Vargas Cataño, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y seguridad social, al considerar que, en la Sentencia de 7 de diciembre de 2018, dictada por aquella autoridad judicial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-006-2016-00235-01, se configuraron los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y procedimental, al negar las pretensiones de reliquidación de su pensión de jubilación como docente.
A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
“1. Se tutelen mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la seguridad social.
2. Dejar sin validez la decisión correlativa con la vía de hecho proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda del día 7 de diciembre de 2018.
3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda que respete los derechos fundamentales que me asusten y emita un fallo que los proteja y no incurra en una vía de hecho.”
Hechos
Los hechos relevantes que sustentan la acción de tutela de la referencia son los siguientes:
1) La señora Consuelo Vargas Cataño laboró como docente oficial por más de 20 años desde febrero de 1977.
2) Mediante la Resolución No. 131 de 2 de mayo de 2007, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) reconoció a su favor una pensión de jubilación sin la inclusión de todos los factores salariales devengados.
3) En desacuerdo con la anterior decisión, la señora Vargas Cataño solicitó la reliquidación de dicha prestación, con el objeto de obtener la inclusión de las primas de navidad y de vacaciones, así como los demás emolumentos percibido el último año de servicio. Petición que fue desechada de forma desfavorable por la entidad, por medio de la Resolución No. 821 de 23 de junio de 2016.
4) Por conducto de apoderado, la señora Vargas Cataño presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de obtener (a) la nulidad parcial de la Resolución No. 131 de 2 de marzo de 2007 y (b) la nulidad absoluta de la Resolución No. 821 de 23 de junio de 2016.
5) Mediante Sentencia de 27 de febrero de 2017, el Juzgado 6 Administrativo de Pereira accedió a las pretensiones de la demanda, considerando que al caso concreto le eran aplicables, en lo favorable, la Ley 33 de 1985 y los precedentes del Consejo de Estado sobre reliquidaciones pensionales (Sentencias de 4 de agosto de 2010 (0112-2009) y 25 de febrero de 2016 (4683-2013)).
6) El 11 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
7) El 7 de diciembre de 2018, el mencionado Tribunal, con ocasión de una orden de tutela proferida por la Sección Cuarta, confirmada por la Sección Quinta, del Consejo de Estado (proceso No. 11001-03-15-000-2018-02327-00/01), profirió Sentencia de remplazo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-006-2016-00235-01. En esta segunda decisión, el Tribunal, nuevamente, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Fundamentos de la vulneración y causales específicas invocadas
La accionante precisó que la providencia, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y procedimental, bajo las siguientes consideraciones:
Indicó que hubo una violación al derecho a la igualdad, en tanto, existen pronunciamientos del Tribunal accionado, en los que, a personas en idénticas condiciones a las de la demandante en el proceso ordinario, se les ha concedió la reliquidación pensional en los términos solicitados.
Igualmente, señaló que, el fallo de primera instancia en el proceso ordinario adolece de un defecto sustantivo, porque (se trascribe) “desconoció arbitrariamente los lineamientos legales establecidos para el reconocimiento y cálculo de la mesada pensional de los docentes de acuerdo a la Ley 33 de 1985 […] conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989”. Asimismo, sostuvo que el mencionado defecto se estructuró también, ya que fue aplicado el Acto Legislativo 1 de 2005, cuando esta normatividad no era aplicable al caso concreto.
Según su criterio, fue desconocido el precedente trazado por el Consejo de Estado sobre la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios en la liquidación de la pensión de jubilación.
Manifestó que, existió un defecto procedimental y, en consecuencia, una violación al debido proceso, en tanto, en la resolución de recurso de apelación contra la Sentencia de primer instancia no se respetaron los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.
Actuaciones procesales relevantes
Admisión de la acción de tutela
Por Auto de 9 de mayo de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, (a) admitió la acción de tutela, (b) ordenó notificar a las partes y (c) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Juzgado 6 Administrativo de Pereira y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en calidad de terceros interesados.
Intervenciones
El Ministerio de Educación solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela al señalar que, sus objetivos, competencias y/o funciones normativas no contemplaban las solicitudes del accionante ni ocasionaban una afectación de sus derechos fundamentales, además que no había participado en los hechos expuestos en la tutela y, por ello, no tenía injerencia en la decisión que se tomara al respecto.
Por otro lado, puso de presente que la acción era improcedente, por ausencia de vulneración de derechos fundamentales, perjuicio irremediable y requisitos generales y especiales, establecidos por la jurisprudencia Constitucional para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales por “vía de hecho”.
El Tribunal Administrativo de Risaralda contestó la acción de tutela y se opuso a la misma, al respecto señaló que la providencia enjuiciada no adolece de ningún defectos que hiciere necesario dejarla sin efectos, comoquiera que, (1) la decisión adoptada obedeció a un trabajo hermenéutico serio sobre la normatividad (Acto Legislativo 1 de 2005) y precedentes (Corte Constitucional, Sentencia SU-395 de 2017) aplicables al caso concreto, así como del material probatorio obrante en el proceso, (2) los afiliados al FOMAG no están exentos de la aplicación del Acto Legislativo 1 de 2005, en lo relativo a la liquidación de las pensiones solo sobre los factores que se hubiere hecho cotización al sistema de seguridad social, y (3) en Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019, el Consejo de Estado estableció que los demandantes solo pueden beneficiarse de los factores que sirvieron como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. En ese orden, solicitó la negación el amparo solicitado.
La Fiduprevisora S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en la medida que esta no podía ser utilizada para invalidar actuaciones procesales que se surtieron conforme a la normatividad establecida para el caso. En el mismo sentido, manifestó que no advertía vulneración alguna de derechos fundamentales, toda vez que las decisiones judiciales adoptadas garantizaron el debido proceso y no desconocieron el precedente aplicable. Adicional a lo anterior, la entidad solicitó su desvinculación del proceso de la referencia por no detentar legitimidad pasiva en la causa.
El Juzgado 6 Administrativo Pereira y la Sección Cuarta del Consejo de Estado guardaron silencio.
Manifestación de impedimento y decisión del mismo
El 30 de mayo de 2019, los Consejeros de Estado que integran la Sección Quinta de esta Corporación se manifestaron impedidos para conocer del asunto de la referencia, con fundamento en el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Sobre el particular, señalaron que, aquella Sala de Decisión, fue quien conoció de la segunda instancia del proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2018-02327-00/01, en la cual se resolvió confirmar el fallo dictado por la Sección Cuarta de esta Corporación, por medio del cual se ordenó (a) dejar sin efectos la Sentencia de 11 de mayo de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-006-2016-00235-01 y (b) dictar Sentencia de remplazo.
Mediante Auto de 21 de junio de 2019, la Sala de Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (1) declaró fundado el impedimento y (2) separó del conocimiento a los Consejeros de Estado de la Sección Quinta, asumiendo así el conocimiento de la acción de tutela de la refrena en este estado procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1 Cuestiones preliminares. 2.2. Competencia 2.3 Problemas jurídicos. 2.4. Verificación de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial.
Cuestiones preliminares
Identificación del derecho presuntamente vulnerado
Pese a que la accionante señaló en su solicitud de amparo como violados los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y seguridad social, esta Sala centrará su análisis en la presunta vulneración del derecho al debido proceso, por las siguientes razones:
Primero, de los fundamentos de la violación presentados por el accionante se tiene que la presunta vulneración de garantías constitucionales se produjo en el marco de una actuación judicial. En tal sentido cobra relevancia estudiar si fue o no lesionado el derecho al debido proceso durante el desarrollo del trámite judicial ordinario; y
Segundo, la presunta vulneración de los demás derechos invocados, fueron presentados por el accionante como consecuencia misma de la afrenta al derecho al debido proceso, en consecuencia, en el evento de encontrar lesionado el derecho al debido proceso, se estudiarán las posibles afectaciones a los demás derechos.
Legitimación pasiva en la causa de la Fiduprevisora S.A y el Ministerio de Educación Nacional.
Respecto de las solicitudes de desvinculación elevadas por la Fiduprevisora S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), como por el Ministerio de Educación en sus respectivos informes, la Sala las despachará desfavorablemente, en la medida que dichas entidades hicieron parte en calidad de demandados dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-006-2016-00235-00/01 que se adelantó en primera instancia ante el Juzgado 6 Administrativo de Pereira y en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, y que culminó con la Sentencia que se enjuicia, asistiéndole de esta forma, interés sustancial sobre lo que se decida en el asunto de la referencia.
De la posible configuración de cosa juzgada respecto del proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2018-02327-00
Para la Sala es necesario aclarar que, en el presente caso no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada respecto del proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2018-02327-00/01, toda vez que, las providencias enjuiciadas, pese al haber sido proferidas en el mismo proceso y por la misma autoridad judicial, son diferentes, pues en el primero (2018-02327) se trató de la Sentencia de 11 de mayo de 2018, mientras que en el segundo (2019-01748) es la Sentencia (de remplazo) de 7 de diciembre de 2018.
Asimismo, es de advertir que, de una revisión comparativa y primigenia de las Sentencias de 11 de mayo y 7 de diciembre de 2018, la Sala observa que, mientras en la primera, la decisión del Tribunal tomó como sustento la Sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, en la segunda, aquella autoridad se refirió expresamente, como sustento de la decisión al Acto Legislativo 1 de 2005 y a la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, esto es objetos diferentes, que permiten concluir que no se configuró la cosa juzgada.
Competencia
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto.
Problemas jurídicos
Corresponde a esta Sala determinar si se cumplen, o no, los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial.
De resultar afirmativo, deberá establecerse si la Sentencia acusada, vulneró el derecho fundamental al debido proceso por configurarse las causales específicas de procedencia alegadas al (1) haber aplicado el Acto Legislativo 1 de 2005, así como las subreglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la Sentencia de 28 de agosto de 2018, sobre factores salariales a tener en cuenta en el IBL pensional de docentes oficiales, (2) haber desconocido el precedente establecido por esta Corporación en Sentencia de 4 de agosto de 2010, en la que se indicó que la liquidación de las pensiones sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985, debe realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en último año de servicios, y/o (3) desconocer los términos para resolver la apelación establecido en el artículo 247 de la ley 1437 de 2011 – CPACA.
Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutelas contra providencia judicial
En el sub judice, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que:
Frente a la subsidiariedad, debe indicarse que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho finalizó con la Sentencia de 7 de diciembre de 2018 del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual, se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda, razón por la cual contra la decisión controvertida no procede el recurso de alzada. Asimismo, tampoco se estima que sean procedentes los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia (artículos 248 y 258 de Ley 1437 de 2011 – CPACA), para analizar todos y cada uno de los motivos de inconformidad que expone el peticionario.
Con relación al requisito de inmediatez, este se cumple, comoquiera que, la Sentencia enjuiciada se profirió el 7 de diciembre de 2018, notificada vía correo electrónico el 12 de diciembre de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 30 de mayo de 2019, encontrándose dentro de un término razonable.
De igual manera, se advierte que la tutela se interpone contra una decisión adoptada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no de un fallo de tutela.
Así mismo, se identificaron los hechos y derechos vulnerados, en la medida que el apoderado judicial del accionante expuso con claridad y precisión la situación fáctica, que en su sentir, sustenta la vulneración.
Finalmente, la controversia bajo examen es de relevancia constitucional porque, en primer lugar, la discusión se circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la expedición de una providencia judicial, de segunda instancia, proferida por un Tribunal Administrativo, respecto de la cual se alega la configuración de los defectos fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
En ese orden, evidencia la Sala que, en el presente caso, se encuentran configurados los requisitos generales, que habilitan a la accionante, para la interposición del amparo de tutela.
Superado este filtro inicial, se procede a estudiar si la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 7 de diciembre de 2018, se configuraron los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y procedimental.
Verificación de las causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial
Defecto sustantivo por indebida aplicación del precedente y desconocimiento del precedente
A juicio del accionante, las providencias enjuiciadas efectuaron una interpretación errónea al aplicar la Sentencia de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, que no se ajusta a su situación particular, desconociendo el precedente del Consejo de Estado contenido en la Sentencia de 4 de agosto de 2010.
Para comprender el asunto y determinar si, en efecto, ese precedente era o no aplicable, es necesario revisar, 3 aspectos del tema que ocupa: (1) el marco normativo que envuelve la liquidación de la pensión del sector docente oficial; (2) el precedente construido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; y (3) el estado actual de la jurisprudencia frente a la liquidación de la pensión del sector docente oficial.
(1) El marco normativo que envuelve la liquidación de la pensión del sector docente oficial
La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender las prestaciones sociales de los docentes oficiales, sin contemplar un régimen especial prestacional para ellos. En consecuencia, y, para lo que nos ocupa, conviene tener presente que ese instrumento normativo: 1) En su artículo 8 estableció un método para la composición del fondo y con ello un sistema de cotización específico – diferente al resto de empleados públicos – para las pensiones docentes y 2) en su artículo 15, numeral 2 [Pensiones], literales A y B, estableció: A) la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y B) el derecho a una “pensión de jubilación” para aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y para los vinculados a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley. Renglón seguido, agregó que tales pensionados gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, que por remisión, a éstos, les sería aplicable las Leyes 33 y 62 de 1985 (régimen general pensional del sector público para la fecha).
Posteriormente, la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, estableció un régimen general de pensiones; sin embargo, de un lado (1) fijó un régimen de transición pensional en su artículo 36 para proteger las expectativas legitimas de aquellos que a la entrada de vigencia de la citada ley estuvieran próximos a cumplir los requisitos para pensionarse y a quienes se les aplicaría en determinados elementos de la pensión la norma anterior; y de otro lado, (2) excluyó de su aplicación, entre otros, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de su artículo 279.
Luego, el inciso 1 del artículo 115 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de educación”, reafirmó que el régimen prestacional del sector docente oficial sería el contenido en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, que a su vez, como ya se explicó remiten a las Leyes 33 y 62 de 1985.
Adicionalmente, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 2003-2006, determinó, en su artículo 81, que el régimen prestacional aplicable sería (1) a los docentes vinculados antes de 27 de junio de 2003, el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, esto es, el previsto en la Ley 91 de 1989 (Leyes 33 y 62 de 1985); y (2) a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, el de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
La citada disposición fue ratificada y elevada a rango constitucional por el Parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, “por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”. En esos términos, el Legislador reiteró, expresamente, su intención de mantener las condiciones pensionales de los docentes vinculados al servicio público oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, al 27 de junio de 2003, el cual, sería el consagrado en la Ley 91 de 1989 (Leyes 33 y 62 de 1985).
En ese orden, es válido concluir que con la expedición del citado Acto Legislativo, para efectos y régimen pensional, únicamente se fijaron dos grupos, (1) los vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 y (2) los vinculados con posterioridad a la aludida fecha.
(2) El precedente construido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
La Corte Constitucional en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, abordó casos cobijados por el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para indicar que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, todas las pensiones, independientemente del régimen aplicable, debía liquidarse con el IBL de la Ley 100 de 1993.
Ahora, el Consejo de Estado frente a la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010, en la que se discutía la situación pensional de una persona cuyo último cargo fue Auxiliar IV dentro de la Aeronáutica Civil, había establecido que el IBL era un elemento objeto de transición y que, en esa medida, debía calcularse de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, partiendo de la base que los factores enlistados en la última norma no era taxativa sino meramente enunciativa.
Sin embargo, esa postura fue reevaluada en Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, al determinarse que, el IBL no era un elemento de transición de aquellos beneficiarios del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes, en efecto, debía aplicarse la Ley 33 de 1985. En la citada providencia, se fijaron dos subreglas que resultan esenciales en esta oportunidad:
(1) A los beneficiarios del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que se pensionen con la Ley 33 de 1985, se les debe aplicar el ingreso base de liquidación de la Ley 100 de 1993. Frente a esta subregla y el sector docente oficial, expresamente, el Consejo de Estado agregó: "La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición."
(2) En la segunda subregla se señaló que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
En esos términos, a muy grandes rasgos, quedó sentada la nueva posición del Consejo de Estado, adoptada el 28 de agosto de 2018.
De lo expuesto, es posible concluir que: (1) el precedente de la Corte Constitucional se construyó a partir del análisis del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no le es aplicable al sector docente oficial; (2) el Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2018, expresamente indicó que a los afiliados al FOMAG no les resulta aplicable la primera subregla, que se acompasa con la posición de la Corte Constitucional, según la cual, el ingreso base de liquidación debe ser el previsto en la Ley 100 de 1993, y (3) en el desarrollo de la controversia – transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 – fijó la segunda subregla, según la cual los factores que se incluyan, deben ser los factores cotizados.
(3) El estado actual de la jurisprudencia frente al sector docente oficial
Con el fin de unificar postura respecto de la liquidación de pensiones de docentes oficiales que se vincularon con anterioridad al 27 de junio de 2003 y que se encuentran exceptuados de la Ley 100 de 1993, en virtud del artículo 279 ibídem, la Sección Segunda de esta Corporación, mediante auto de 31 de octubre de 2018, avocó conocimiento de un asunto, cuyo demandante era una docente nacionalizada, vinculada desde 1976, que reclamaba la su reliquidación pensional, con la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, esto es, asignación básica, prima extra docente ½ año, prima climática, prima navidad y prima vacaciones.
En esa oportunidad, se fijaron los siguientes puntos a unificar: (1) el alcance de la segunda subregla fijada en la Sentencia de 28 de agosto de 2018 para los docentes oficiales nacionales y nacionalizados vinculados al FOMAG cuyo régimen pensional se rige por la Ley 91 de 1989 y Leyes 33 y 62 de 1985; y (2) el régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes afiliados al FOMAG.
La Sentencia de Unificación, dentro del citado asunto se profirió el 25 de abril de 2019. Por resultar esencial para dirimir el presente asunto constitucional se revisará, que resolvió la Sentencia frente a los puntos antes enunciados, así como (3) lo relativo a sus efectos.
(1) Respecto al alcance de la segunda subregla de la Sentencia de 28 de agosto de 2018, en el párrafo 61, se indicó que, si bien se trataron de asuntos fácticamente diferentes con problemas jurídicos distintos, se agregó: “Sin embargo, en la sentencia del 28 de agosto de 2018 se fijó el criterio de interpretación sobre los factores que se deben tener en cuenta en la liquidación de las pensiones de jubilación de los servidores públicos a quienes se les aplica el régimen general previsto en la Ley 33 de 1985. La Sala Plena sentó un parámetro de interpretación distinto al que había fijado la Sección Segunda en la sentencia del 4 de agosto de 2010.” De lo cual, es posible comprender, que al ser beneficiarios los docentes, de la Ley 33 de 1985, les resulta válida esa subregla.
(2) Frente al régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes afiliados al FOMAG se indicó en el párrafo 37 de la Sentencia de Unificación que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio púbico educativo oficial y la aplicación de cada uno de esos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial: (2.1) Antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 -27 de junio de 2003-, y (2.2) Después de la precitada fecha. Las reglas jurisprudenciales se fijaron en el párrafo 72 de en los siguientes términos:
(2.1) “En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.”
(2.2) “Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.”
(3) Finalmente, esa decisión respecto a sus efectos sostuvo (se trascribe):
“74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
75. Como se ha dicho, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
76. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado a partir de la sentencia de 4 de agosto de 2010, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.”
Defecto procedimental y su marco específico.
En el caso bajo estudio, la accionante manifestó que se configuró el defecto procedimental, comoquiera que, durante el trámite de la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-006-2016-00235-01, no se respetaron los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.
Para resolver este cargo, es preciso señalar que, el mencionado artículo consagró el trámite del recurso de apelación contra sentencia, estableciendo que (se trascribe):
“El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.
Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá sobre su admisión.
Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.
En la audiencia de alegaciones y juzgamiento se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia.
En la sentencia se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento.”
Hechos probados jurídicamente relevantes
La Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas (Risaralda), en nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la Resolución No. 132 de 2 de marzo de 2007, reconoció el pago de una pensión de jubilación a favor de la docente Consuelo Vargas Cataño en cuantía de $1.267.139 COP, a partir de 5 de noviembre de 2006, teniendo en cuenta como factores salariales de liquidación la asignación básica mensual.
Durante el año anterior a la adquisición del status de pensionado (5 de noviembre de 2006), la señora Vargas Cataño devengó los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, prima de alimentación, prima especial docente, prima de navidad y prima de vacaciones.
Caso concreto
A juicio del accionante, en la providencia enjuiciada se realizó una interpretación errónea al aplicar la Sentencia de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, que no se ajusta a su situación particular, desconociendo el precedente del Consejo de Estado contenido en la Sentencia de 4 de agosto de 2010. Así mismo, se indicó que se desconocieron los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, relacionados con el trámite del recurso de apelación contra sentencias.
(1) Frente a la indebida aplicación de la Sentencia de 28 de agosto de 2018, la Sala concluye que, en efecto, se configuró, debido a que en dicha Sentencia se abordó la situación pensional de un empleado público que trabajó como auxiliar de servicios generales en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no del régimen exceptuado contemplado en el artículo 279 ibídem. En consecuencia, para la Sala, la aplicación de la mencionada providencia del Consejo de Estado, en principio, constituyó un defecto sustantivo porque se aplicó un precedente a un caso fáctico y jurídicamente disímil.
(2) Frente al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la Sentencia de 4 de agosto de 2010, la Sala concluye que el mismo no se configuró por las siguientes razones.
De entrada debe indicarse que la Sentencia de 4 de agosto de 2010, en estricto sentido, resulta inaplicable al caso concreto por tener un fundamento fáctico diferente. Recuérdese entonces que, en dicha Sentencia se abordó la situación pensional de un empleado público que trabajó en la Aeronáutica Civil.
En todo caso, frente al reparo preciso de la parte actora, según la cual, debía aplicarse la postura de 4 de agosto de 2010, basta señalar que la misma, fue revaluada y rectificada con la Sentencia de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018, luego, para la fecha en que se profirió la Sentencia enjuiciada, esto es, 7 de diciembre de 2018, la citada Sentencia, había perdido vigencia. En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
(3) En torno al defecto procedimental alegado, debe manifestarse que este cargo no está llamado a prosperar, porque la parte accionante no cumplió con su carga de argumentar en debida forma en qué consistía la presunta agresión de garantías constitucionales, pues se limitó a afirmar que (se trascribe) “[se incumplieron] los términos establecidos en [la Ley 1437 de 2011] para resolver el recurso de apelación”, sin explicar de forma alguna, cuál fue dicho incumplimiento.
Así mismo, no sobra señalar, que de un estudio preliminar, no se advierte la configuración del mencionado defecto, en tanto, en el proceso ordinario (a) no se desarrolló un trámite ajeno al procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011 – CPACA, (b) no fue pretermitida ninguna etapa en el juicio y (c) no se imprimieron excesivos formalismos al proceso.
Expuesto lo anterior, la Sala concluye que: a. No se configuraron los defectos de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado ni procedimental. b. Se configuró un defecto sustantivo porque se aplicó el aludido precedente del Consejo de Estado [Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018] a un caso fáctico y jurídicamente disímil. c. Si bien sería del caso, proteger el derecho al debido proceso por la configuración de un defecto sustantivo, teniendo en cuenta la Sentencia de Unificación sobre el régimen pensional docente de 25 de abril de 2019, resulta inane brindar un amparo acompañado de la orden de proferir una nueva Sentencia de reemplazo, comoquiera que, al aplicar la citada Sentencia, el resultado final de la controversia, sería la misma a la que arribó el Tribunal accionado [negar las pretensiones], como pasa a explicarse.
En el caso concreto, de acuerdo con los hechos probados, la parte accionante se vinculó antes del 27 de junio de 2003, razón por la cual le resulta aplicable la Ley 91 de 1989, y de contera, las Leyes 33 y 62 de 1985, en los términos definidos por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en la aludida Sentencia de Unificación. Ahora bien, se reclama la inclusión en la base pensional de la prima de alimentación, prima especial docente, prima de navidad y prima de vacaciones. Frente a ellos, debe indicarse que no hacen parte de los factores previstos en la Ley 62 de 1985, y, en esa medida, a la luz de la regla citada en el párrafo 64 de esta providencia, los mismos no pueden ser incluidos en la base de liquidación pensional, razón por la cual, no queda otro camino que despachar desfavorablemente su pretensión.
Finalmente, con el fin de justificar la decisión que adoptará la Sala considera oportuna destacar 2 aspectos: (1) En caso de que se amparara el derecho y se ordenara proferir un nuevo fallo, necesariamente, el juez natural debería tener en cuenta la Sentencia de Unificación como quiera que, en su párrafo 74, se dejó claro que ella se debe aplicar “a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de las acciones ordinarias; salvo en los casos que ha operado la cosa juzgada (…)” Luego, en el evento de dejar sin efectos la sentencia enjuiciada, estaría pendiente por resolverse la controversia en sede judicial y, en esa medida, el operador judicial, al acoger las reglas jurisprudenciales contenidas en la Sentencia de 25 de abril de 2019, no tendría otro camino que negar las pretensiones, como en efecto, ya lo resolvió. (2) Por lo expuesto, atendiendo un criterio pragmático que hoy envuelve la controversia, la Sala negará el amparo constitucional, pues queda demostrado que, a la luz del precedente que en efecto, le es aplicable, la decisión también es negar las pretensiones.
En conclusión, por las razones expuestas y sustentadas, la Sala negará el amparo constitucional al debido proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A y del Ministerio de Educación, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por señora Consuelo Vargas Cataño por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo.
CUARTO: Dentro del término legal, si la Sentencia no fuera impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
ALBERTO MONTAÑA PLATA
RAMIRO PAZOS GUERRERO MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Folios 1 a 23. Folio 22. Se hizo referencia a las Sentencias de 4 de agosto de 2010 (Exp. 0112-2009) y 25 de febrero de 2016 (Exp. 4683-2013) de la sección Segunda del Consejo de Estado. Sobre el particular, la accionante se limitó a manifestar que hubo un incumplimiento de los términos procesales contemplados en el mencionado artículo, sin desplegar argumentación alguna para sustentar este cargo. Folios 37 y 38. Folios 50 y 51. Folios 55 a 60. Folios 118 y 119. Folios 71 y 72. Artículo 56. Causales de impedimento. son causales de impedimento: [...] 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. [...]
Folios 81 a 84. Siguiente do la metodología de trabajo establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-014 de 2018. Folio 48. CD Anexo. Copia digitalizada del expediente No. 66001-33-33-006-2016-00235-00/01. Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-066 de 2019. Supra. Nota al pie 12. Supra. Nota al pie 13. Según la Sentencia T 781 de 2011, "Se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (...)
Según la Sentencia C-590 de 2005, este defecto se configura “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”. Artículo 8. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estará constituido por los siguientes recursos: 1. El 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo. 2. Las cuotas personales de inscripción equivalentes a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores aumentos. 3. El aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes. 4. El aporte de la Nación equivalente a una doceava anual, liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes. 5. El 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo, incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados. 6. El 5 por mil, de que hablan las Leyes 4a. de 1966 y 33 de 1985, a cargo de los docentes, de toda nómina que les pague la Nación por servicios personales. 7. El porcentaje del IVA que las entidades territoriales destinen para el pago de las prestaciones del Magisterio. 8. Las sumas que debe recibir de la Nación y de las entidades territoriales por concepto de las prestaciones sociales adeudadas, así como los dineros que por el mismo concepto resulten adeudar la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional de Ahorro, las cuales se destinarán a constituir las reservas para el pago de las prestaciones económicas. Para este último efecto, el Fondo realizará un corte de cuentas con las mencionadas entidades con el fin de determinar las sumas que éstas adeudan al momento de su iniciación. Dicho corte de cuentas deberá estar perfeccionado a más tardar en un año. 9. Las utilidades provenientes de las inversiones que haga el Fondo con fines de rentabilidad y los intereses recibidos por concepto de los préstamos que conceda. 10.
Los recursos que reciba por cualquier otro concepto. Parágrafo 1. En ningún caso podrán destinarse los recursos del Fondo al pago de prestaciones sociales para personal diferente al señalado en el artículo 4. de la presente Ley, en concordancia con el artículo 2. Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01. En los términos de la Corte Constitucional, el defecto procedimental absoluto se origina cuando el juez actúa al margen del procedimiento establecido, ya sea porque (a) sigue un trámite completamente ajeno al pertinente, (b) pretermite eventos o etapas propias del juicio o (c) imprime de forma excesiva y manifiesta formalismos al proceso, profiriendo así una decisión manifiestamente arbitraria que vulnera los derechos fundamentales del usuario del aparato de justicia. Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-508 de 2011, T-1049 de 2012, SU-949 de 2014 y T-025 de 2018. Asimismo en Sentencia T-1049 de 2012, la Corte dispuso: “En todo caso, cualquiera que sea la situación, la procedencia de la tutela en presencia de un defecto procedimental se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: (i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”. El artículo 320 de la mencionada Ley 1564 de 2012 – CGP estableció que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Folio 48. CD Anexo. Copia digitalizada del expediente No. 66001-33-33-006-2016-00235-00/01. Ídem.
• asignación básica
gastos de representación
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
dominicales y feriados
horas extras
bonificación por servicios prestados
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio
(Artículo 1º de la Ley 62 de 1985)
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