Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01780-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
31 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado criterio acorde con el fijado por la Corte Constitucional / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE – Aquellos objeto de cotización / RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE - Ley 33 y 62 de 1985 para vinculados antes de la Ley 812 de 2003. No se desconoció / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[S]e observa que la decisión reprochada se basó en criterios normativos razonables e incluso, acató la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la que coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU–395 de 2017, SU-631 de 2017, T-018 de 2018, T-039 de 2018 y SU-023 de 2018, que establecieron como criterio general que las pensiones de los docentes deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, en aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985. En este contexto, revisada la sentencia del 14 de diciembre de 2018, la Sala observa que el Tribunal efectuó un adecuado análisis normativo y se fundamentó en el precedente del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo para negar la reliquidación que solicitó el accionante de su pensión de jubilación. Así las cosas, la Sala considera que, en primer lugar, la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al apartarse de la sentencia del 4 de agosto de 2010 toda vez que este no es un precedente vinculante, y, en segundo lugar, porque fundadamente acogió la sentencia de unificación imperante actualmente, la cual es “obligatoria para todos los casos en discusión tanto en la vía administrativa como judicial (…)”
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque, sin medio magnatico a la fecha (26/08/2019)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01780-00(AC)
Actor: JANUAR YECID MOSQUERA MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Mínimo vital, debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Niega por ausencia de defectos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela, incoada por Januar Yecid Mosquera Moreno, contra la decisión del 14 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que negó la reliquidación de la mesada pensional con base en el 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio.
ANTECEDENTES
Januar Yecid Mosquera Moreno, por intermedio de apoderado judicial, presentó solicitud de amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, los que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de la sentencia del 14 de diciembre de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por él contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (radicado número 27001-33-33-004-2017-00339-01).
1. Hechos
1.1. Januar Yecid Mosquera Moreno laboró para el Estado por un lapso de 20 años de servicio como docente de vinculación nacional, entre el 24 de marzo de 1982 y el 16 de junio de 2014, adquiriendo su estatus pensional el día 16 de junio de 2014.
1.2. Con solicitud radicada ante el Administrador Temporal para el sector educativo en el departamento del Chocó, el 02/09/2014, pidió el reconocimiento de su pensión de jubilación en los términos de la Ley 91 de 1989, es decir, que se le tuvieran en cuenta todos los factores devengados durante su último año de servicio.
1.3. Por resolución número 005492 del 1 de diciembre de 2014 de esa entidad y con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del accionante en cuantía de $2.086.268 pesos, efectiva a partir del 17 de junio de 2014.
1.4. Inconforme con la cuantía de la pensión, el accionante interpuso solicitud de reliquidación de la pensión vitalicia de vejez el 1 de junio de 2017, con el fin de que se le tuvieran en cuenta todos los factores salariales por él devengados durante el año anterior a la adquisición del status de pensionado.
1.5. La entidad demandada, mediante oficio No. 2017EE2931 del 14 de junio de 2017, negó la solicitud de reliquidación.
Januar Yecid Mosquera Moreno, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, dentro del radicado No. 27001-33-33-004-2017-00339-00, en proveído del 22 de marzo de 2018, declaró la nulidad parcial de la resolución 005492 del 1 de diciembre de 2014 y del oficio No. 2017EE2931 del 14 de junio de 2017 así, ordenó la reliquidación de la mesada pensional, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de lo devengado por el accionante en el último año de servicios, incluyendo las primas de vacaciones, servicios y de navidad. Para ello se basó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 y ratificada en sentencia del 24 de noviembre de 2016. Esta decisión fue apelada por la parte demandada.
1.8. El recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión fue desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó por sentencia del 14 de diciembre de 2018 en la que revocó la decisión apelada, con base en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, que adoptó el criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, decisión que básicamente acató en lo sustancial la interpretación dada por la Corte Constitucional en las sentencias SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-018 de 2018 y SU-023 de 2018.
2. Pretensiones de la acción
En el escrito radicado por el accionante el 02 de mayo de 2019, indicó como pretensión la siguiente:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, integrada (sic) por los magistrados MIRTA ABADIA SERNA, ARISOTO CASTRO PEREA, NORMA MORENO MOSQUERA, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO (sic) VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante (sic) con la decisión contenida en la sentencia del 14 DE DICIEMBRE DE 2018 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada (sic) por el (la) Docente JANUAR YECID MOSQUERA MORENO contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo el radicado Nº 27001333300420170033901.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, integrada (sic) por los magistrados MIRTA ABADIA SERNA, ARISOTO CASTRO PEREA, NORMA MORENO MOSQUERA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo el precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia (sic) Unificación del 04 de agosto de 2010, proferida dentro del expediente radicado No. 25001-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), de esta Honorable Corporación con ponencia del consejero Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila”.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante indicó que la providencia reprochada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en dos defectos: sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y falta de motivación.
Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, destacó que la autoridad accionada desatendió lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, en la que se señaló que los factores sobre los cuales debía calcularse el IBL de las pensiones de jubilación de los servidores públicos no eran taxativos sino enunciativos, por lo que en aplicación del principio de favorabilidad e inescindibilidad de la norma, no se podían excluir aquellos factores que fueron devengados por el trabajador en el último año de servicios.
En relación con la causal específica de falta de motivación, manifestó que en la decisión reprochada se hizo un análisis normativo y jurisprudencial respecto del cálculo del IBL de su mesada pensional, en razón al régimen especial de los docentes, así como los factores que se debían tener en cuenta para calcular esa prestación económica; sin embargo, al momento de adoptar la decisión de fondo se apartaron del precedente que le era favorable y concluyeron que sólo podían tomarse como factores de cotización para la pensión, aquellos sobre los que se hicieron los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En esa medida, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en una incongruencia entre las razones que motivaron de su decisión y la parte resolutiva de la misma.
4. Intervenciones
Nación - Ministerio de Educación Nacional
4.1. En escrito allegado al plenario, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito de amparo, así como la falta de perjuicio irremediable hacia el accionante. Finalmente adujo falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser la entidad llamada a responder por el reajuste de la mesada pensional del accionante.
4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo establecido en la Constitución Nacional artículo 86 y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, así como los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017) y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
2. Aclaración sobre los defectos alegados
La parte actora sustenta su inconformidad en razón a que la providencia judicial reprochada incurrió en dos defectos: desconocimiento del precedente y falta de motivación.
La Sala considera, respecto de la primera causal invocada, que, cuando se hace referencia al desconocimiento de un precedente vertical u horizontal, este constituye una variante del defecto sustantivo, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-567 de 2015, a saber: “(f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente”. Por tanto, cuando se alega la configuración de esta causal en términos de precedente judicial proferido por cualquier autoridad distinta a la Corte Constitucional, se hace alusión en realidad a un posible defecto sustantivo y, en esa medida, el análisis de la causal invocada debe hacerse a partir de ese escenario.
Ahora bien, el accionante alegó que la decisión judicial incurrió en el defecto de falta de motivación, pues, a su juicio, la decisión reprochada acusaba una incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva. Para la Sala, tal reproche, de resultar demostrado, configuraría, en realidad, un defecto sustantivo.
Así las cosas, la Sala pasará a examinar los alegatos formulados por el accionante, en relación con la posible acreditación de un defecto sustantivo, de un lado, por desconocimiento del precedente y, de otro, por incongruencia entre la motivación y la parte resolutiva de la decisión.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
1. Si en el presente caso existe una vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por parte de la autoridad judicial accionada, al desconocerse lo establecido en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, respecto de los factores salariales que deban servir como base para el cálculo del IBL de su mesada pensional.
2. Si se presentó un defecto de sustantivo en la providencia reprochada al existir una incongruencia entre la parte motiva y resolutiva, habida cuenta de que, mientras la parte motiva alude a la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, el decisum se sustrajo de la aplicación de la regla allí establecida sobre los factores salariales a tener en cuenta en el IBL.
4. Esquema de solución
Para resolver los problemas jurídicos planteados es necesario tener en cuenta que el reproche de tutela está dirigido contra providencia judicial, por lo que es necesario hacer el examen a la luz de lo que la doctrina constitucional ha dicho al respecto.
5. Requisitos de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Requisitos generales:
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales emana a partir de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia general para cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
Causales específicas:
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores que pueden derivarse de la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implique el incumplimiento de los servidores judiciales al dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente judicial, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.
5.1. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela en el caso concreto
5.1.1. La Sala afirma que hay legitimación en la causa por activa porque el accionante Januar Yecid Mosquera Moreno, fue también el demandante en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia de segunda instancia objeto de tutela y, por lo tanto, es quien sufre directamente los perjuicios derivados de la decisión sobre la reliquidación de su pensión de jubilación.
También encuentra probada la legitimación por pasiva porque la accionada fue la autoridad que profirió la providencia objeto de esta acción de amparo, es decir es la autora de los actos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
5.1.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, la relevancia constitucional se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.
La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional toda vez que las alegaciones sobre la aplicación del precedente judicial que determinó el IBL con el que se liquidó la pensión del accionante y el principio de favorabilidad en materia laboral, son aspectos definitivos para la protección del derecho al debido proceso en su dimensión constitucional, pues el eventual desconocimiento de estos aspectos en el caso concreto, llevaría a que se fallara el asunto pensional sin el sustento normativo debido y en contravía de la Carta Suprema.
5.1.3. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que se satisface en relación con los defectos bajo examen, pues fueron alegados desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, a juicio del accionante, persistieron a lo largo de todo el proceso. Por otra parte, y para controvertir el defecto sustantivo por incongruencia en la motivación, que se alegó en el escrito de tutela, y que surgió, según el tutelante, en la sentencia de segunda instancia, no existe un instrumento procesal distinto a la tutela.
Por tanto, la Sala concluye que, en efecto, en el proceso ordinario se agotaron las dos instancias procesalmente previstas y no se observa la existencia de alguna de las causales que permitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia. No existen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios con los que la solicitante pueda intentar la protección de sus derechos fundamentales.
5.1.4. En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada se adoptó el 14 de diciembre de 2018 y la acción constitucional se radicó el 2 de mayo de 2019, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en seis (6) meses de forma general.
5.1.5. En la solicitud de tutela se expresaron de manera clara y suficiente los hechos. Respecto de los argumentos, si bien se propusieron dos defectos por separado, al momento de hacer un análisis de las razones que expuso el accionante frente a cada uno, la Sala encontró que se trataba de un solo defecto que presentaba algunas variaciones, las cuales serán abordadas en el caso concreto.
5.1.6. En lo que respecta a las demás causales generales de procedencia, se tiene que, en el escrito de amparo, no se argumentó una irregularidad procesal y las providencias objeto de la presente acción no fueron dictadas dentro de una acción de tutela.
Superado el análisis de los requisitos generales de procedibilidad, procede la Sala a examinar el caso concreto.
5.2. Acreditación de los requisitos específicos de procedibilidad en el caso concreto
Tal como se indicó con anterioridad, para efectos de abordar el estudio del defecto sustantivo, como lo propuso el accionante, la Sala centrará el examen de este requisito, de un lado, en lo relacionado con la incongruencia entre la motivación de la decisión y la parte resolutiva de la misma, y, por otra parte, se pasará a examinar si se dan los presupuestos en cuanto a la acreditación del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
5.2.1. Defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión
La parte actora acusa al Tribunal Administrativo del Chocó de incurrir en este defecto por argumentar a lo largo de toda la sentencia que las leyes aplicables al caso eran la 33 de 1985 y la 91 de 1989 y en términos jurisprudenciales la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, para, finalmente negar las pretensiones bajo la premisa de que solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes.
El Tribunal parte de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 como presupuestos normativos que regulan la liquidación pensional para los docentes oficiales y se refiere a la sentencia del 4 de agosto de 2010 en la que se definió que la lista de factores contenida en el artículo 3 de la Ley 33 es enunciativa y que, por lo tanto, al momento de liquidarse la pensión de jubilación estaban incluidos todos los factores salariales que se hayan devengado en el último año de servicio.
Por otra parte, la autoridad judicial accionada adujo que la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y el Acto Legislativo 01 de 2005 son fundamentos normativos suficientes para apartarse del criterio del fallo del Consejo de Estado del año 2010, además que dicho criterio cambió a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2018, en el sentido de que se ha dicho que la lista de factores allí contenida si es taxativa y que solo podrá liquidarse incluyendo los factores salariales sobre los que se haya cotizado.
Por tanto, la Sala no encuentra, como tal, una contradicción entre la parte motiva y resolutiva de esa decisión, pues en realidad, hay una relación entre la interpretación del argumento legal y jurisprudencial con la decisión. De hecho, el Tribunal describió la evolución normativa y jurisprudencial de la liquidación pensional de los docentes oficiales, en lo que se evidencia que la jurisprudencia no ha sido uniforme y que existe más de un criterio por el cual se puede inclinar el juez sin que eso implique ningún tipo de incongruencia por ser válidas ambas interpretaciones.
Distinto es que no se haya dado la interpretación jurídica pretendida por el accionante, pues la simple contradicción entre la pretensión de la parte y la decisión judicial no es un defecto, por lo que, exigir una interpretación concreta cercenaría la autonomía judicial.
Así las cosas y en atención a lo expuesto, la Sala no encuentra que con la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, se haya incurrido en un defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión.
5.2.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Para efectos de realizar la evaluación sobre esta causal, es necesario, precisar las reglas aplicables al régimen pensional de docentes oficiales, a partir de analizar (i) el marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de docentes, y (ii) la jurisprudencia específica relativa a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes. Finalmente, será posible realizar (iii) el examen del requisito específico de procedibilidad por defecto sustantivo al apartarse del precedente judicial aplicable en el caso concreto.
5.2.2.1. Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de docentes
Por medio de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM), entidad encargada de reconocer y cancelar en favor de los docentes afiliados (orden nacional y nacionalizado) las prestaciones de salud, pensiones y cesantías y de administrar los recursos destinados a esos propósitos.
En el artículo 15 de la referida ley, se dispuso sobre el régimen pensional para los docentes a partir del 1 de enero de 1990. De esta forma, se entiende que, a los docentes nacionales y los vinculados desde el 1º de enero de 1990 les es aplicable el contenido en las normas vigentes a las que se sujetan los empleados públicos de orden nacional (Decretos Nos. 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y sus modificatorios) y que, a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, se les seguiría aplicando el régimen pensional del que se beneficiaban a nivel territorial.
Ahora bien, para la fecha en la que entró a regir la referida Ley 91 de 1989, ya se encontraba vigente la Ley 33 del 19 de enero de 1985, que dispuso que los empleados oficiales solo debían tener 55 años de edad y haber prestado 20 años de servicios para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado dentro del último año de prestación de servicios y que quienes hubieran cumplido 15 años de prestación de servicios para la fecha en la que entró a regir dicha ley se sujetarían al régimen pensional anterior en lo relacionado con la edad.
Por medio de la Ley 62 de 1985 se modificó la referida Ley 33 y en su artículo 1º dispuso que todos los empleados oficiales debían cancelar sus aportes y que la base de liquidación estaría constituida por los factores salariales de asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
De otra parte, el inciso 2º del artículo 279 de Ley 100 de 1993 estableció que a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se les aplicaría el régimen general de seguridad social previsto en dicha norma, por lo que a través del artículo 115 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Ley General de Educación”, se señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales, sería el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
Posteriormente, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 señaló que el régimen pensional aplicable a los docentes que estuvieran vinculados al sector público educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, era el consagrado para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en rigor de la citada ley.
En ese mismo sentido, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes, vinculados al sector público oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, era el señalado en las disposiciones legales vigentes hasta entonces.
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionalizados se determina en consideración a la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y por tal motivo, para aquellos que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen corresponde al previsto tanto en las Leyes 33 y 62 de 1985 como en la Ley 91 de 1989.
En conclusión, el régimen pensional que cobija a aquellos docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y vinculados al servicio antes del 31 de diciembre de 1989, corresponde al establecido en la Ley 33 de 1985 por remisión expresa de la Ley 91 de 1989.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que en el asunto que ahora es objeto de la solicitud de amparo constitucional, Januar Yecid Mosquera Moreno se vinculó desde el 24 de marzo de 1982, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le resultaba aplicable el régimen pensional contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.
5.2.2.2. Jurisprudencia relativa a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes
Mediante las Sentencias C-258 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, la Corte Constitucional indicó, dentro de otros, que, en aras de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal, las pensiones de jubilación debían liquidarse incluyendo en el ingreso base de liquidación los factores salariales frente a los cuales el pensionado realizó efectivamente los aportes, con independencia del régimen pensional que les fuera aplicable.
Por su parte, esta Corporación ha adoptado varias posiciones en lo relativo a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes y el tiempo de servicios, empezando por sostener que al liquidar la pensión de jubilación debían tenerse en cuenta todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, luego afirmar que contrario a ello, el IBL no hacía parte del régimen de transición y que por tal razón las pensiones de jubilación debían liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó unas subreglas frente a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
En vista de que no existía una posición unificada sobre los factores salariales que se deben incluir para calcular el IBL a efecto de la liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a diferencia de lo que ocurre con los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió asumir el conocimiento de un proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de unificar la jurisprudencia. Si bien esta decisión fue proferida con posterioridad al fallo objeto de reproche constitucional, marca el acercamiento entre la postura de esta Corporación y la de la Corte Constitucional.
En el numeral primero de la parte resolutiva, la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, unificó la jurisprudencia sobre el tema, en los siguientes términos:
“De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones”.
Así las cosas, la sentencia acusada en el presente proceso de tutela, acogió uno de los criterios jurisprudenciales posibles y que, de hecho es aquel que actualmente ha acogido el Consejo de Estado de manera unificada, en lo que se refiere a los factores que se deben incluir en el IBL de las pensiones de docentes oficiales, sobre lo efectivamente cotizado.
5.2.2.3. Examen del requisito específico de procedibilidad por defecto sustantivo al apartarse del precedente judicial aplicable en el caso concreto
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que, sobre el salario base de liquidación, se presentan diferentes criterios expuestos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, lo que implica que no puede hablarse de un precedente aplicable y vinculante que determine la presencia o no de un defecto. Así las cosas, los órganos judiciales, en ejercicio de su autonomía, puedan adoptar, el criterio que de forma razonable se ajuste a las circunstancias fácticas de cada caso con la suficiente motivación.
En todo caso, se observa que la decisión reprochada se basó en criterios normativos razonables e incluso, acató la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la que coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU–395 de 2017, SU-631 de 2017, T-018 de 2018, T-039 de 2018 y SU-023 de 2018, que establecieron como criterio general que las pensiones de los docentes deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, en aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985.
En este contexto, revisada la sentencia del 14 de diciembre de 2018, la Sala observa que el Tribunal efectuó un adecuado análisis normativo y se fundamentó en el precedente del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo para negar la reliquidación que solicitó el accionante de su pensión de jubilación.
Así las cosas, la Sala considera que, en primer lugar, la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al apartarse de la sentencia del 4 de agosto de 2010 toda vez que este no es un precedente vinculante, y, en segundo lugar, porque fundadamente acogió la sentencia de unificación imperante actualmente, la cual es “obligatoria para todos los casos en discusión tanto en la vía administrativa como judicial (…)”.
En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda de tutela, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Januar Yecid Mosquera Moreno a través de apoderado judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que esta sentencia no fuere impugnada dentro del plazo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Fls. 1 a 32, c. 1. Fl. 35 a 37, c. 1. Ídem. Ídem. Fls. 19 a 20, c. del proceso ordinario. Fl. 18, c. del proceso ordinario. Fls. 41 a 51, c. 1. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. (0112-09). Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de noviembre de 2016, exp. (3413-13). Fls. 52 a 74, c. 1. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
“Primero: Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo siguiente: 1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. 2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia, en relación con los temas objeto de unificación, son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. Tercero: Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley. (…)”. Fls. 2 a3, c. 1. Fls. 84 a 86, c. 1. Publicado en el diario oficial No. 50.913 del 1º de abril de 2019. Corte Constitucional, SU-072 de 2018 del 5 de julio de 2018. Ref cita SU-632 de 2017.
“(…) La Corte [Constitucional] ha establecido que el defecto sustantivo parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que configura esta causal, a saber: (iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión.
Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU072-18.htm" \l "_ftn101" \o "" . Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T-010 de 2012, T-1090 de 2012, T-074 de 2012, T-399 de 2013, T-482 de 2013, T-509 de 2013, T-254 de 2014, T-941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. Exp. nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Fol. 1 del expediente de tutela. Corte Constitucional, T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicación: 11001031500020120220101 (IJ).
“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. 2. Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que la hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional”.
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.”
“Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003”.
“[…] Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: […] Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones […]". Sin embargo, se resalta, este régimen resulta aplicable por expresa disposición de la Ley 91 de 1989, sin que se pueda llegar a afirmar que la vigencia de la Ley 33 de 1985 respecto de los docentes oficiales sea consecuencia del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como se dijo, dicha legislación excluyó de forma expresa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 del 29 de abril de 2015. Corte Constitucional. Sentencia SU – 395 del 22 de junio de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01, Sentencia del 25 de febrero de 2016, Expediente: 25000-23-42-000-2013-01541-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de diciembre de 2016, Expediente: 11001-03-15-000-2016-01334. Actualmente en sede de tutela, las Secciones Primera y Segunda, no amparan los derechos deprecados en este tipo de asuntos. Ver entre otros, radicados número 11001-03-15-000-2018-02109-01, noviembre 19 de 2018, y 11001-03-15-000-2018-03531-00 del 21 de noviembre de 2018. Corte Constitucional. Sentencia T – 328 de 2018. “Existe un precedente constitucional consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la posibilidad de que se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se refiere a la tasa de remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la legislación vigente, esto es, el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio”. Consejo de Estado – Sección Segunda, radicado número 68001-23-33-000-2015-00569-01; auto del 31 de octubre de 2018, que avocó conocimiento para proferir sentencia de unificación. Radicado número: 680012333000201500569-01 (0935-2017). Leyes 43 de 1975, 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994; Acto legislativo 01 de 2005 y Decreto 1045 de 1978.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
INCLUDEPICTURE "cid:image001.jpg@01CC6BB9.4C5A9B70" \* MERGEFORMAT Radicado: 11001-03-15-000-2019-01780-00
Accionante: JANUAR YECID MOSQUERA MORENO
Acción de Tutela
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