Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01814-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-01814-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01814-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
17 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01814-00
Demandante: Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 11001-03-15-000-2019-01814-00
Demandante: Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S. y otro.
Demandado: La Nación-Rama Judicial; Fiscalía General de la Nación;
Ministerio de Defensa-Policía Nacional-.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011).
Tema: Recurso extraordinario de revisión - causales previstas en los numerales 1º y 5º del artículo
250 del CPACA.
Subtema 1: Causal primera de revisión – debe tratarse de una prueba documental que existía con
anterioridad a la sentencia, pero que fue recobrada o encontrada con posterioridad a ella, y no
pudo aportarse al proceso primigenio por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
Subtema 2: Causal quinta de revisión - es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los hechos
por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas y con la falta de consideración
de alguno de los elementos probatorios, porque de admitir tales reclamaciones entraría a
desconocer, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso de revisión.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
parte accionante contra la sentencia proferida por la Subsección “A” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018, que confirmó el fallo
desestimatorio dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 7 de marzo
de 2012, dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 25000-23-
26-000-2007-00166-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Luego de proferirse el fallo de segunda instancia por parte de la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que puso fin al proceso de reparación directa
iniciado por la Sociedad Diseño y Oro Orfebres Ltda. y el señor Juan Carlos Díaz
Fleing en contra de la Nación- Rama Judicial; Fiscalía General de la Nación; Ministerio
de Defensa-Policía Nacional- con el propósito de que estas entidades fueran
declaradas responsables por los perjuicios derivados del hurto ocurrido el 29 y 30 de
diciembre de 2004 en las instalaciones de la mencionada empresa, la parte actora
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la decisión judicial, con fundamento
en las causales previstas en los numerales 1° y 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA).
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión1
1 Los antecedentes que se relatan en este acápite son tomados de la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión que ocupa en este asunto la atención de la Sala, providencia que, conforme al
artículo 243 del Código General del Proceso (CGP), es un documento público que, en aplicación del artículo
257 ejusdem, hace “fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario
que los autoriza”.
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Demandante: Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S y otro
El 19 de diciembre de 2006, la Sociedad Diseño y Oro Orfebres Ltda. y el señor Juan
Carlos Díaz Fleing, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación; Rama Judicial y Policía
Nacional, con la pretensión de que se les declarara responsables por los perjuicios de
orden material, moral y daños a la vida de relación que dijeron haber sufrido por los
hechos, omisiones y operaciones en los que, a su juicio, incurrieron dichas entidades
con ocasión del hurto ocurrido el 29 y 30 de diciembre de 2004 en las instalaciones
de la mencionada empresa.
Tanto la demanda, como su reforma, fueron admitidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca a través de auto notificado en debida forma. Las entidades
accionadas se pronunciaron oportunamente frente al escrito inicial y a su adición.
Posteriormente, fueron decretadas las pruebas y, una vez vencido el periodo
probatorio, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas
alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo. La Nación – Fiscalía
General de la Nación; Policía Nacional y la parte demandante, hicieron uso de esta
oportunidad procesal, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en
sentencia del 7 de marzo de 2012, negó las pretensiones de la demanda. Como
sustento de su decisión, precisó que el señor Pedro Nel Manrique Medina fue el
único, entre los sujetos sindicados del hurto en la investigación objeto de reproches,
que tenía relación con la Policía Nacional, y que este resultó condenado penalmente
mediante providencia del 23 de octubre de 2006. Agregó, que el uniformado participó
en el ilícito luego de terminar su turno como miembro de la institución policial y actuó
bajo su ámbito personal, desligado de las labores propias del servicio y de alguna
directriz impartida por la entidad, sin involucrar instrumentos propios de dotación
como armas o vehículos.
Denotó que la Fiscalía General de la Nación conoció que el 29 de diciembre de 2004
se realizaría un hurto, sin que hubiese podido determinar con total seguridad el sitio
en que este se llevaría a cabo.
En ese orden, estableció que la autoridad instructora desplegó actuaciones
tendientes a evitar la consumación de aquella conducta punible, al punto que capturó
en flagrancia a varios de los delincuentes que, posteriormente, resultaron
condenados. Además, advirtió que, dado el origen del daño en el hecho de un
tercero, se quebró el nexo causal frente a la Fiscalía General de la Nación.
Inconforme con esta determinación la parte demandante formuló recurso de
apelación. Aseguró que el nexo causal y la falla del servicio fueron acreditados en el
proceso con los siguientes medios de prueba: (i) las interceptaciones telefónicas
realizadas desde el 22 de octubre de 2004 por la Fiscalía 287 Seccional Delegada
ante la Dirección Nacional del C.T.I; (ii) el informe de fecha 21 de abril de 2005 de la
Policía Metropolitana de Bogotá; (iii) el Oficio No. 283661 del 24 de abril de 2006 y
(iv) el Oficio 1231/ARCH COPER2 del Comandante de la Estación Cuarta de Policía
de Bogotá. A su juicio, con las pruebas mencionadas, se acreditaron las siguientes
situaciones:
En primer lugar, que la Fiscalía, con suficiente anterioridad y certeza, estableció la
posibilidad de que se perpetrara el daño por parte de la banda liderada por el sujeto
Ary Fabian Romero Mora, y que, pese a ello, no actuó con diligencia y operatividad
para prevenir el hecho punible. Estimó, entonces, que, si la entidad demandada
hubiera actuado con anterioridad a la consumación del hurto, este no hubiese
acaecido y que, fue la tardía intervención, sin lugar a duda, la causa idónea, eficiente
y preponderante para la ocurrencia del daño.
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Sostuvo, igualmente, que el señor Pedro Nel Manrique Medina formó parte de la
banda delincuencial y que, para la fecha del hurto: (i) era miembro activo de la Policía
Nacional; (ii) tenía conocimiento previo del delito a cometerse; (iii) el día de los
hechos, desde las 9:40 p.m., es decir, antes de dejar su turno y en circunstancias
vinculadas con el servicio que le correspondía prestar, sostuvo conversaciones con
los asaltantes; (iv) ofreció retirar dos contratistas haciendo alusión a unos escoltas
que se encontraban en el lugar y, (v) terminó condenado por porte de armas y hurto
calificado y agravado.
Por otro lado, como sustento de su recurso, sostuvo que la administración,
representada por el referido uniformado, no sólo conocía de la futura situación
dañosa sobre los bienes de la sociedad, sino que, adicionalmente, no tomó las
medidas necesarias para evitar la ocurrencia del hecho generador del daño,
incurriendo así en falla del servicio por omisión del deber constitucional y legal de
procurar la protección, salvaguarda de bienes, el bienestar y la tranquilidad de la
población civil.
Finalmente, afirmó que era obligación del mencionado policial dar aviso inmediato al
cuerpo de policía de los hechos delictivos sobre los cuales tenía conocimiento y que,
al omitir aquel su deber de denuncia comprometió la responsabilidad del Estado,
pues permitió que el riesgo se materializara para sacar provecho de él.
El 19 de abril de 2018, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al desatar la apelación interpuesta por los demandantes, confirmó el fallo
dictado por el Tribunal en primera instancia.
Como fundamento de su decisión consideró, entre otras razones, que en el proceso
no se acreditó cuál fue la participación específica del servidor de la Policía Nacional
Pedro Nel Manrique en el Hurto, esto es, si estuvo dentro de la joyería, si vigiló el
lugar de los hechos, si transportó a los ladrones antes o después de que tomaran su
botín, si utilizó su arma de dotación o puso a disposición de los delincuentes los
vehículos de la institución.
Remarcó que, aunque en el atraco se utilizaron herramientas sofisticadas, no se
demostró que estas fueron proporcionadas por el agente de la policía y, menos aún,
que pertenecían a esa institución. En otras palabras, no encontró probado que el
uniformado se hubiese valido de su investidura para cometer el hurto o que hubiere
utilizado elementos de propiedad del Estado.
Recordó que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que sólo es
posible atribuir el daño causado por un agente vinculado con el Estado cuando -ese
daño- hubiese tenido un vínculo o nexo causal con el servicio público que debía
prestar, en la medida que la simple calidad de funcionario público que ostentara el
autor del hecho, no vinculaba necesariamente a la administración, “habida cuenta de
que el servidor puede actuar dentro de su ámbito privado, separado por completo de
toda actividad pública”.
En lo concerniente a la omisión de denuncia, anotó que el agente de policía, al
conformar la organización criminal, no tenía la intención de poner en conocimiento de
las autoridades el hurto que pretendían ejecutar, porque este se llevó a cabo por
fuera de las funciones propias del cargo, sin la existencia de un nexo o vínculo
funcional o instrumental con el servicio.
Por último, destacó que las actuaciones del uniformado Manrique Medina
obedecieron a motivaciones personales dentro de su ámbito privado, que estuvieron
desligadas del servicio que como agente de la Policía Nacional estaba obligado a
prestar, “situación que no permite imputarle el daño a la Policía Nacional”.
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2.2. El recurso extraordinario de revisión
La Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S. y el señor Juan Carlos Díaz Fleing
presentaron, el 2 de mayo de 20192, recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación, el 19 de abril de
2018, con fundamento en las causales de revisión previstas en los numerales 1° y 5°
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), esto es, por haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y, además, por existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. En síntesis, la parte recurrente sostuvo que la providencia impugnada
debe ser declarada nula, por las siguientes razones:
En relación con la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011:
En primer lugar, afirmó que la sentencia recurrida aceptó, como prueba trasladada,
los expedientes penales que se tramitaron en el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Bogotá en contra de los sujetos que cometieron el hurto por el que se demandó en
reparación directa.
En ese orden, adujo que el fallador de segunda instancia, en el proceso de
responsabilidad estatal, tomó en cuenta la actuación penal adelantada contra los
delincuentes y el ex agente de la Policía Nacional con todos los elementos de
investigación en criminalística y los soportes de prueba que le dieron contenido a la
instrucción criminal. Sin embargo, a su juicio, tanto la transcripción de parte de los
audios integrantes del proceso penal que sirvieron para condenar a Pedro Nel
Manrique Medina, como la sentencia proferida el 23 de octubre de 2006 por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, no fueron analizados en el juicio de
responsabilidad.
Anotó que, las razones que fundamentaron la decisión recurrida extraordinariamente
no podían sostenerse si el fallador hubiese tomado en cuenta las pruebas de
criminalística del proceso penal trasladado, “pues con los audios y las evidencias de
los procesos penales, la fuerza pública policial y la Fiscalía General de la Nación,
resultan fuertemente comprometidas por omisión en la ocurrencia del delito de
concierto para delinquir y complicidad en la ejecución del hurto agravado
respectivamente; con lo que ocurre un imposible lógico reconocer que la Fiscalía
General de la Nación no estaba en condiciones de saber donde iba a ocurrir el asalto,
y que la Policía Nacional, como Institución representada a través de sus efectivos no
puede comprometerse en los términos del art. 90 de la Carta”3.
Finalmente, concluyó que el alcance de la revisión resultaba típico, pues el recobro
de pruebas que hacen parte de la actuación, pero, que no fueron tomadas en cuenta
por el juzgador, conduce a una decisión ciertamente diferente a la adoptada en la
sentencia impugnada por la vía extraordinaria.
Frente a la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011:
El recurrente señaló que el contenido material de la impugnación para sustentar la
causal, “tiene que ver con la omisión en la práctica de la prueba documentaria,
aludida en la primera causal de este recurso, en tanto la omisión en que incurre el
2 Folios 1 a 133 C. Ppal.
3 Folio 28 C. Ppal.
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fallador de segunda instancia, construye un contenido negativo por defecto, en la
práctica de una prueba legal del proceso, oportunamente solicitada y oportunamente
decretada, y que literalmente resultó ignorada como sí las mismas no hicieran parte
del contenido probatorio de la actuación”4.
Así pues, para estructurar lo que denominó nulidad por deficiente aplicación de la
prueba, trajo a colación algunos apartes de la sentencia recurrida extraordinariamente
que la Sala se ocupará de citar a efectos de referir, metodológicamente, el reproche
expuesto por el demandante en sede de revisión.
Aparte de la sentencia objeto del Cargo formulado por la parte
recurso de revisión que transcribe el recurrente.
extremo impugnante5.
“aunado a ello, no se acreditó cual fue la Afirmó que este juicio emitido en la
participación especifica (sic) del sentencia comprueba la omisión probatoria
mencionado servidor dentro del hurto, esto documental, en “tanto los elementos
es, si estuvo dentro de la joyería, si vigilo extraídos del proceso penal con carácter
(sic) el lugar de los hechos, si transportó a documental, definen claramente que la
los ladrones, antes o después de que participación de los efectivos de la policía
tomaran el botín, si utilizó su arma de en la división del trabajo criminal, apuntaba
dotación o si puso a disposición los a operar pasivamente el hecho criminoso,
vehículos de la institución”6. con lo que desde el punto de vista
procesal, la forma racional del fallo es
enteramente anticonstitucional y contraria
a los postulados normativos sobre el
manejo probatorio que le incumben a los
jueces de la república”7.
“En el atraco se utilizaron herramientas A su juicio, este argumento representa un
sofisticadas, no obstante, no se demostró raciocinio con premisa falsa, dado que la
que estas fueron proporcionadas por el estructura probatoria de lo ocurrido le
agente de la policía y, que pertenecía a asignó al agente condenado y a sus
esa institución, en otras palabras, no esta compañeros la única misión de ignorar los
(sic) probado que el uniformado se hubiera estruendos y las movilizaciones de los
valido de su investidura de agente de asaltantes, “pero de ninguna manera que
policía para cometer el hurto, tampoco la Policía Nacional facilitara elementos de
esta (sic) probado de hubiera (sic) propiedad del Estado para, en forma
utilizados elementos de propiedad del directa consumar el atraco”9.
Estado”8.
Señaló, en este punto, que la falsedad de
la conclusión “la comprueba de manera
sencilla reconocer que el Estado
compromete su responsabilidad, en este
caso, tan solo con omitir la labor de
vigilancia, actividad negativa de tanto
significado, que desde el punto de vista
axiológico indispensable para configurar
un juicio de responsabilidad, basta con
reflexionar en el sentido de concluir que,
de haber mediado la vigilancia normal
propia del servicio público de Policía
imputada a la demandada en el proceso,
sencillamente el daño no se produce”10.
4 Folio 31 C. Ppal.
5 Los apartes citados en este acápite se transcriben tal como fueron narrados por la parte impugnante en el
recurso extraordinario.
6 Folio 36 C. Ppal.
7 Folio 37 C. Ppal.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
5
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“La Sección Tercera de la Sala de lo Al respecto, dijo que de dicho argumento
Contencioso Administrativo del Consejo de utilizado por la sentencia se derivaba un
Estado ha sostenido que solo es posible juicio contra fáctico, porque el nexo
atribuir el daño causado por un agente instrumental echado de menos es
vinculado por el Estado cuando -este justamente el servicio de policía en su fase
daño- ha tenido un vinculo o un nexo con de vigilancia atribuido a la Policía
el servicio público, que debía prestar, toda Nacional.
vez que la simple calidad del funcionario
público que ostente el autor del hecho no
vincula necesariamente a la
administración, habida cuenta de que el
servidor puede actuar dentro de su ámbito
privado, separado por completo de la
actividad pública”11.
“En lo que atañe a la omisión de denuncia, Sobre el particular, aseguró que la
vale anotar que, por obvias razones, el reflexión ofrecida por el fallador de
agente de Policía, al conformar la segundo grado sobre un punto central en
organización criminal, no tenía la intención la definición de la demanda, tergiversa el
de poner en conocimiento de las acervo probatorio “inaplicando la prueba
autoridades el hurto que pretendían que demostraba la conducta institucional
ejecutar, porque este se llevó a cabo por de la parte demandada, componente
fuera de las funciones propias del cargo, Policía Nacional, para justamente concluir
sin la existencia de un nexo o vinculo que tamaña omisión del servicio en que
funcional o instrumental con el servicio”12. incurrió la institución a través de sus
miembros, es el resultado de motivaciones
personales dentro de su ámbito privado
que estuvieron desligadas del servicio
como agente de la Policía Nacional”13,
situación que, a su juicio, impide
estructurar algún nexo frente a dicha
entidad.
Sostuvo, finalmente, que el manejo probatorio utilizado por el sentenciador fue
ineficiente ya que, a su juicio, este “debería haber sido útil para encartar la
responsabilidad de la Fiscalía, dado que lo que las pruebas demostraron si se
hubieran aplicado bien, era sin duda todo lo contrario, que el ente Investigador estuvo
ante una asociación para delinquir y no obstante omitió sus funciones”14.
2.3. Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión
Esta Corporación, por auto del 29 de julio de 201915, admitió el recurso
extraordinario de revisión y ordenó su notificación personal a las entidades
demandadas, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito del 27 de agosto de 201916,
contestó oportunamente el recurso extraordinario de revisión. Sostuvo que, los
hechos alegados por la parte demandante no se adecuan a las causales establecidas
en los numerales 1° y 5° del artículo 250 del CPACA, pues, a su juicio, el juez ad
quem realizó el análisis de las pruebas mencionadas por el recurrente y se pronunció
sobre las interceptaciones telefónicas allegadas al plenario. Además, recordó que,
contrario a lo pretendido por el accionante, el recurso extraordinario de revisión no
11 Folio 38 C. Ppal.
12 Ibid.
13 Folios 38 a 39 C. Ppal.
14 Folio 39 C. Ppal.
15 Folios 136 a 140 C. Ppal.
16 Folios 163 a 188 C. Ppal.
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puede convertirse en una tercera instancia para revivir el debate de la responsabilidad
que se surtió en el proceso primigenio.
Por su parte, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional presentó el 30 de agosto de
201917 escrito de contestación, oponiéndose a las pretensiones formuladas en el
recurso de revisión. Argumentó que el actor no demostró el carácter decisivo de los
supuestos documentos encontrados o recobrados y que, en el recurso olvidó
mencionar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiesen
impedido aportar las pruebas en el proceso inicial.
Aseguró que, el supuesto fáctico descrito por la parte impugnante como fundamento
de la causal de revisión, no correspondía a ninguno de los motivos de nulidad
taxativamente señalados en el artículo 133 del Código General del Proceso y, menos
aún, a aquel establecido en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política.
Adicionalmente, destacó que las inconformidades expuestas por el accionante
comportaban un cuestionamiento sobre la apreciación de los medios probatorios
(error in iudicando) que no podía efectuarse por vía de la revisión.
La Rama Judicial por medio de escrito presentado el 30 de septiembre de 201918, se
pronunció oportunamente frente al recurso de revisión. Sostuvo que, conforme a la
demanda extraordinaria, no existía mérito para advertir que la sentencia impugnada
hubiese incurrido en alguna de las causales de nulidad enunciadas de manera
taxativa en el ordenamiento procesal y que, el revisionista, buscaba reanudar la
controversia decidida en el proceso de reparación directa en el que le fueron negadas
sus pretensiones.
Con auto del 4 de octubre de 202119, esta Corporación ofició al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, para que
remitiera, en calidad de préstamo, la totalidad del expediente correspondiente al
proceso ordinario en el que se profirió la sentencia cuestionada a través del recurso
extraordinario de revisión. La documentación requerida fue allegada el 25 de octubre
de 202120.
Agotadas las etapas en cuestión, el asunto ingresó al Despacho para adoptar la
decisión que en derecho corresponda.
III. PROBLEMA JURÍDICO
¿Es procedente infirmar el fallo proferido por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018, con fundamento en las causales previstas
en los numerales 1º y 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, acorde con lo establecido por los
artículos 10721 y 24922 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
17 Folios 189 a 198 C. Ppal.
18 Folios 199 a 206 C. Ppal.
19 Índice número 29 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
20 Folio 212 C. Ppal.
21 “(…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que
esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la
conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y
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Administrativo (CPACA) y, a través de las Salas Especiales de Decisión
implementadas mediante el Acuerdo No. 321 de 2014 de esta Corporación23, reiterado
a través de Acuerdo No. 80 de 201924, es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto, por cuanto se trata de una providencia
ejecutoriada que fue dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
4.2. Oportunidad para la interposición del recurso
La parte recurrente invocó como causales de revisión las señaladas en los numerales
1° y 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). Por tanto, conforme al artículo 251 ejusdem25,
contaba con el término de un (1) año a partir de la ejecutoria de la sentencia
impugnada para la interposición del recurso.
En el sub examine, la sentencia objeto de reproche fue proferida por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018, y quedó
ejecutoriada el 4 de mayo de ese mismo año26, por lo que el término para ejercer el
recurso extraordinario estaba vigente hasta el 5 de mayo de 2019. Como la
impugnación se presentó el 2 de mayo de esa anualidad27, la Sala constata que su
formulación fue oportuna.
4.3. Legitimación para la causa
La Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S. y el señor Juan Carlos Díaz Fleing, son
las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en esta actuación,
pues constituyeron la parte demandante en el proceso de reparación directa dentro
del que se dictó la providencia objeto de impugnación extraordinaria y, en
consecuencia, están legitimados en la causa por activa. Por su parte, la Nación-
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, están legitimados en la causa por pasiva, toda vez que integraron el
extremo demandado en ese asunto.
4.4. En relación con el problema jurídico formulado
4.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de la Corporación ha señalado la naturaleza restrictiva,
extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión, teniendo en cuenta
que su finalidad está orientada a permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser
analizadas nuevamente e invalidadas en los casos en que esté acreditada la
configuración de alguna de las causales que expresamente señala el artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA)28, conservando, en todo caso, el interés de preservar el
valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada 29.
funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.
22 “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión”.
23 Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
24 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado”.
25 “Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia” (…).
26 Folios 136 a 140 C. Ppal.
27 Folios 1 a 133 C. Ppal.
28 “Ley 1437 de 2011. Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la
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De conformidad con el artículo 252 ejusdem, para la formulación de este recurso
deben atenderse no sólo los requisitos de las demandas ordinarias, sino que el
recurrente tiene el deber de señalar con precisión y justificar la causal o las causales
que fundamentan el recurso y aportar las pruebas necesarias.
En este sentido, la naturaleza excepcional del recurso exige que haya una
correspondencia entre los argumentos que lo fundamentan, la causal invocada y las
alegaciones expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a este,
formular juicios orientados a reprochar las motivaciones jurídicas que soportaron la
decisión adoptada ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia
parte en trámite del proceso, como si fuera una tercera instancia 30.
Así, el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a
su procedencia, pues está sujeto a las causales enlistadas. Por ello, en este
escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el
recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada
dentro de un estricto entorno de interpretación31.
Por último, para un mejor entendimiento de esta característica, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado que el recurso extraordinario de revisión permite el
ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la
justicia material del caso concreto32; así mismo, permite “(…) respetar la firmeza de
los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que
acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°,
29 y 230 C.P.”33.
4.4.2. Las causales de revisión invocadas y su análisis en el caso concreto
4.4.2.1. La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)
El numeral 1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -invocado por la parte recurrente-, contempla como causal
de revisión la de “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria”.
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia del 2 de abril de 2019, exp. 11001-03-15-000-2018-03162-00 (REV).
32 Corte Constitucional, Sentencia C-418 de 1994.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-966 de 2005.
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De la lectura de la norma se desprende que, para la configuración de la causal, se
requiere la concurrencia de varios elementos que esta Corporación ha explicado de la
siguiente manera34:
(i) Que se trate de una prueba documental. Entonces, queda excluida la posibilidad de
estructurar la causal con fundamento en otros medios probatorios, como, por ejemplo,
testimonios.
(ii) Que la prueba documental tenga el carácter de encontrada o recobrada35. El verbo
‘recobrar’36 implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera, de
manera que solo es viable hablar de prueba recobrada cuando ella existía pero se
encontraba extraviada o refundida, la cual luego se recupera y, por ello, el
demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso.
(iii) Que el documento se hubiera recobrado después de proferida la sentencia objeto
del recurso de revisión extraordinaria.
(iv) Que la prueba recobrada sea decisiva, de modo que hubiera conllevado una
decisión diferente. Es decir que tenga el valor suficiente para transformar el sentido
del fallo objeto de impugnación.
(v) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por “fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria”, hipótesis que implica que, a través del
recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad probatoria o la
negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.
En otras palabras, “es indispensable entonces que los documentos aportados con la
demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso,
pero que sólo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse después de la
sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados, ocultos,
escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados durante el
trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria”37.
34 Al respecto, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C. Sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 52001-23-31-000-2005-01230-01 (38749); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de octubre
de 2019, exp. 47001-33-33-005-2013-00049-01 (59663), Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 23 Especial de Decisión. Sentencia del 3 de abril de 2018, exp.
11001031500020160205700.
35 “Corresponde determinar el alcance del concepto de prueba ‘encontrada’ o prueba ‘recobrada’, para lo cual,
es necesario recordar que en el CPACA se verificó una ampliación, en relación con la norma precedente del
CCA, en la medida en que ésta última sólo se refería a las pruebas recobradas. Semánticamente, el término
‘encontrar’ alude a una cosa o a una persona que se halla, bien sea por una actividad consciente -dirigida a
buscarla- o no. Al tiempo que ‘recobrar’ alude a una búsqueda consciente de algo que se tuvo y se perdió.
Frente a ambas acepciones, tenemos que la cosa o la persona de que se trata no está dentro del dominio o
percepción de quien la busca; pero quien ‘encuentra’ puede estar consciente o no de su existencia y de su
pérdida, al tiempo que quien ‘recobra’ siempre es consciente de su existencia y de su pérdida. Así, la
diferencia entre ambos vocablos descansa en la consciencia de la existencia de la cosa o de la persona y de
su búsqueda. En consecuencia, se trata de vocablos complementarios, pues ‘encontrar’ sin consciencia de la
existencia de la cosa o de la persona y de su búsqueda nunca supondrá ‘recobrar’, mientras que ‘encontrar’
con consciencia de la existencia de la cosa o de la persona y de su búsqueda siempre supondrá ‘recobrar’”.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de julio de 2019, exp. 47314.
36 “la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser
decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo
presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto
implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el
fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello”. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12 de julio de 2005, exp. 1997-00143-02.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 2500023060001999003191.
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Al respecto, debe recordarse que, dada la excepcionalidad del recurso extraordinario
y sus precisas condiciones de procedencia, es menester que todos estos elementos
concurran de manera simultánea para entender configurada la causal.
Pues bien, descendiendo lo antes expuesto al caso concreto, observa esta Sala que
el recurso no satisface los requisitos legalmente establecidos para la prosperidad de
la revisión extraordinaria por vía de la causal 1° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA), tal como pasa a explicarse a continuación:
En primer lugar, los documentos en los cuales la parte recurrente hace descansar la
aludida causal de revisión, esto es, la transcripción de parte de los audios
correspondientes al proceso penal que sirvieron como elemento de prueba para
condenar a Pedro Nel Manrique Medina, así como la sentencia proferida el 23 de
octubre de 2006 por el Juzgado Penal del Circuito de Bogotá, no pueden calificarse
como pruebas encontradas o recobradas, toda vez que no estaban “perdidas,
extraviadas, ocultas o escondidas”, como lo exige la causal alegada.
Ciertamente, como lo reconocen los mismos demandantes en su escrito de
impugnación extraordinaria, dichos elementos hicieron parte de la actuación que dio
origen al fallo objeto de la pretensión revisoría y obraban en el expediente judicial. En
efecto, al examinar el proceso de reparación directa iniciado por los aquí
impugnantes, se observa que la sentencia de fecha 23 de octubre de 200638, a través
de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C., condenó al señor
Pedro Nel Manrique Medina a la pena principal de diez (10) años y ocho (8) meses de
prisión como coautor del punible de hurto calificado y agravado en concurso con el de
porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, fue allegada a ese plenario junto
con la actuación criminal cuya copia fue decretada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca39, como consecuencia de la solicitud elevada por la parte accionante
tanto en la demanda40 como en el escrito de adición a esta41.
Ahora bien, junto a aquella decisión penal que, cabe destacar, por razón de su
existencia en el litigio original no fue aportada por los recurrentes con la demanda de
revisión, al proceso ordinario fueron allegados, como prueba trasladada42, los
informes de policía judicial contentivos de las trascripciones relacionadas con las
grabaciones de las llamadas monitoreadas correspondientes a las líneas celulares
cuya interceptación ordenó la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las
investigaciones adelantadas contra las personas implicadas en el hurto por el que se
demandó en reparación43. Las transcripciones de los audios del proceso penal, que,
por demás, sirvieron de sustento al recurso de apelación presentado por los
demandantes contra la sentencia de primera instancia, fueron aportadas con el escrito
de corrección de la demanda de reparación directa44 y , además, descritas
ampliamente por los demandantes en esa oportunidad procesal45, circunstancia que
da cuenta que se trataba de documentos de fácil consecución46 y que, en todo caso,
38 Folios 165 a 192 C. de Pruebas 3, correspondiente al proceso ordinario en el que se profirió la sentencia
objeto de revisión.
39 Folios 156 a 158 C.1., correspondiente al proceso ordinario en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión.
40 Folio 9 C.1., correspondiente al proceso ordinario en el que se dictó la sentencia objeto de revisión.
41 Folio 122 C.1., correspondiente al proceso ordinario en el que se dictó la sentencia cuestionada por vía de
la revisión.
42 Folio 164 C.1., correspondiente al proceso ordinario en el que se dictó la sentencia objeto de revisión.
43 Al respecto, véanse los folios 106 a 201 C. de Pruebas 2, correspondiente al proceso en el que se dictó la
sentencia objeto de la pretensión revisoria.
44 Folios 39 a 64 y 69 C. de Pruebas 2, correspondiente al proceso en el que se dictó la sentencia objeto de la
pretensión revisoria.
45 Folios 258 a 263 C. de Pruebas 2, correspondiente al proceso ordinario en el que se dictó la sentencia
objeto de revisión.
46 “No se puede recobrar aquello que pudo ser solicitado por las partes durante las oportunidades procesales
correspondientes”. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14. Sentencia del 4 de febrero de 2020,
exp. 11001-03-15-000-2017-02615-00.
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como se ha dicho, tampoco eran extraños o ajenos al conocimiento de la parte
interesada dentro del presente proceso.
Entonces, la labor de los recurrentes en el trámite de este recurso extraordinario, lejos
de estar encaminada a demostrar el recobro o hallazgo de un documento nuevo que
no pudo ser aportado de manera oportuna en la contienda primigenia, se incardina a
explicar, bajo una interpretación errada -o quizás descontextualizada- del verbo
“recobrar”, una supuesta falta de análisis por parte de esta Corporación de los
elementos de prueba que ahora pretenden aducir bajo la aludida causal de revisión.
Se trata, pues, de argumentos dirigidos a cuestionar la valoración probatoria que
condujo a la confirmación de la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, denegatoria de las pretensiones de la demanda.
Dicho enfoque no puede tener recibo, puesto que la estructuración de la causal
invocada por los impugnantes excluye la apreciación de toda prueba obrante dentro
del plenario cuya revisión se solicita47, en la medida que los calificativos del elemento
probatorio sobre los que se construye el supuesto normativo contenido en el numeral
1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), encuentran asidero en la recuperación de un documento
que, por imposibilidad, no fue oportunamente allegado al plenario, pues, se itera,
estaba extraviado y se recobró con posterioridad a la sentencia objeto de
impugnación. De manera que, como estos requisitos no se configuran en el presente
asunto, la Sala denegará la pretensión del recurrente, fundada en este cargo.
4.4.2.2. La causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)
El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -invocado por los recurrentes-, contempla como causal de
revisión la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
En relación con la referida causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
precisado que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir: (i) cuando el Juez
provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia; (ii)
cuando, sin ninguna actuación, dicta un nuevo fallo en proceso que terminó
normalmente por sentencia en firme; (iii) cuando sin más actuación, dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual aceptó el desistimiento, aprobó la
transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un
proceso legalmente concluido; (iv) cuando dicta sentencia como única actuación, sin
el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de
la instancia; (v) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en
ésta, (vi) cuando condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
pretermite íntegramente la instancia; (vii) cuando, sin más actuación, profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida48. Hay, también nulidad
originada en la sentencia, por ausencia de motivación o por falta de congruencia49. En
el primer caso, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta
de motivación, de la motivación deficiente o errada, denotando que, únicamente la
carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal de nulidad
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 38749.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de noviembre de 2008,
exp. 11001031500020030013501.
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de 2016, exp.
11001-03-15-000-2015-02342-00.
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originada en la sentencia y que, entonces, resulta improcedente la solicitud de revisión
con aducción de dicha causal, si para fundamento de esta se reprochan situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la
falta de consideración de alguna de las pruebas etc., porque admitir tales
reclamaciones vendría contrario al carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo
en otra instancia50.
Aunque, en principio, esta causal está limitada a los vicios procesales que surgen al
momento de la expedición de la sentencia51, la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación52 ha aceptado como hechos constitutivos de aquella, los vicios
procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado
demuestre no haber tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los
conoció cuando fue proferida la sentencia recurrida53. De lo contrario, la causal de
revisión en cuestión se tornará en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 del
Código General del Proceso (CGP) o para proponer nulidades que quedaron
saneadas en los términos del artículo 136 ibidem.
Así mismo, la jurisprudencia de la Corporación ha aceptado que la sentencia resulte
viciada por hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad
procesal, sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que
desconocería el artículo 29 de la Constitución. Por ejemplo, la sentencia que condena
a la parte que no fue vinculada al proceso; la sentencia dictada por una corporación
que no contó con el número de votos necesarios para la aprobación; la sentencia que
carece formal y materialmente de motivación; la sentencia que fue dictada pese a que
el proceso está legalmente suspendido o interrumpido, etc.
Por último, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia en la que reiteró lo
dicho anteriormente54, reconoció, como causa de nulidad originada en la sentencia, el
50 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 17 de diciembre de 1998, exp. 11942.
51 La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige que el vicio se
configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como causal del
recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte
que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación
previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ejusdem,
impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar sentencia’”. Sentencia
del 2 de marzo de 2010, exp. 11001-03-15-000-2001-0091-01.
52 En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31 de mayo de 2011,
expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente número
1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero de 2006,
expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-
03-15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-1996-0132-01.
53 “la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia
aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser
advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2001-0091-01.
54 “[…] es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos
judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita,
pues de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso
a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una
vulneración al debido proceso. Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento
válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia. […]
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia
de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia 54, no son taxativos. Así, por
ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial
efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los
litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando
se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada. La subregla
jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura,
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que, injustificada o caprichosamente, el juez restrinja los derechos de acceso a la
administración de justicia y, de paso, la garantía de tutela judicial efectiva, como
cuando, sin razón, dicta un fallo inhibitorio.
Analizados los argumentos que soportan el recurso extraordinario, considera la Sala
que éstos, más allá de demostrar alguno de los supuestos que la jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido para la configuración de la causal prevista en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), fungen como
instrumento excepcional para cuestionar, como si se tratara de una instancia
adicional, las razones que sirvieron, al juzgador de la responsabilidad patrimonial del
Estado en el proceso de reparación directa, para concluir que el comportamiento del
señor Pedro Nel Manrique Medina estuvo desligado del servicio que, como agente de
la Policía Nacional, estaba obligado a prestar y, que las actuaciones desplegadas por
la Fiscalía General de la Nación, en los hechos que motivaron la contienda ordinaria,
fueron efectivas en la medida de sus posibilidades. En síntesis, que el daño objeto de
la pretensión resarcitoria no era atribuible a las demandadas.
Así pues, los aquí demandantes, a manera de complemento del recurso de apelación
que interpusieron en el proceso primigenio contra la sentencia de primer grado que les
fue desfavorable, manifestaron su inconformidad con la labor analítica de las pruebas
en el fallo objeto de la pretensión de revisión, en relación con los hechos u omisiones
que los actores endilgaron en sede ordinaria, tanto a la Policía Nacional, como a la
Fiscalía General de la Nación, con ocasión del hecho dañoso padecido por la
Sociedad Diseño y Oro Orfebres y su representante legal, señor Juan Carlos Díaz
Fleing.
En otras palabras, los recurrentes se ocuparon de reprochar los motivos que expuso
esta Corporación al resolver el asunto sometido a consideración en sede ordinaria,
calificándolos de anticonstitucionales, contrarios a los postulados normativos relativos
al manejo probatorio, y basados en falsas premisas, reproches a los que agregaron
cuestionamientos al precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fue
aplicado en la sentencia objeto de revisión para analizar la falla del servicio endilgada
a la institución policial.
Al efecto, los impugnantes recalcaron que los documentos contenidos en el
expediente penal adelantado por el hurto del que fueron objeto definían claramente la
participación de los policiales en la división del trabajo criminal y que, de haber
mediado la vigilancia normal propia del servicio público de policía, el daño
sencillamente no se hubiese producido. A su juicio, la estructura probatoria de lo
ocurrido le asignó al uniformado condenado y a sus compañeros la única misión de
ignorar los estruendos y las movilizaciones realizadas por los asaltantes para la
consumación del hecho punible y, por demás, permitió demostrar que el ente
investigador estuvo ante una asociación para delinquir y, pese a ello, omitió sus
funciones. Sin embargo, estos asertos resultan inanes en perspectiva de la causal
examinada, no solo por cuanto el juzgador del recurso extraordinario de revisión
carece de competencia para revisar la valoración probatoria o la actividad
interpretativa del juez de la reparación sino porque, a diferencia del entendimiento que
sobre el alcance de este instrumento procesal parece tener la parte demandante, la
naturaleza excepcional del recurso impide al recurrente formular juicios orientados a
contradecir las motivaciones jurídicas que soportaron, en este caso, la decisión
adoptada el 19 de abril de 2018 por la Sección Tercera de esta Corporación.
En este contexto, se hace necesario destacar que ninguno de los yerros
contemplados en los numerales del artículo 250 ejusdem, confrontan de manera
directa a la actividad analítica del juez, dado que en ningún caso cuestionan la labor
intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso”. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-03-
15-000-1998-00153-01.
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carácter procesal -numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8°, relativo al desconocimiento de la cosa juzgada-, o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión, dispuesto en los demás numerales;
circunstancias que, cabe decir, no aparecen configuradas en este asunto, pues la
parte demandante, al sustentar la causal de nulidad, volvió a presentar su propia
lectura en cuanto a los elementos de prueba aportados al proceso contencioso
administrativo ordinario para deducir, de acuerdo con su criterio y valoración, que el
manejo probatorio utilizado por el sentenciador debió haber sido útil para encartar la
responsabilidad de los entes demandados con ocasión del hurto ocurrido los días 29 y
30 de diciembre de 2004 en el establecimiento de comercio donde operaba la
sociedad demandante.
De manera que, los planteamientos expuestos por la parte interesada no
constituyen un auténtico asunto de nulidad de la sentencia, dado que no revelan
carencia absoluta de motivación. Por tanto, la Sala Especial declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto con fundamento en esta causal y, en
ese orden, se abstendrá de infirmar la providencia impugnada.
V. CONDENA EN COSTAS
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, establece que “Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente”.
A su vez, el artículo 361 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por
remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), prevé que las costas están integradas por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, así como por
las agencias en derecho. Para su liquidación, se observa lo señalado en el artículo
366 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), según el cual corresponde al magistrado
sustanciador fijar las agencias en derecho y a la Secretaría General de esta
Corporación liquidar los demás gastos procesales.
En el asunto de la referencia, las entidades demandadas se pronunciaron
oportunamente frente al recurso, actuación que por sí misma constituye prueba
suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, pues permite apreciar la
designación de apoderado para que estuviera atento al proceso.
De acuerdo con lo expuesto, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta providencia para cada entidad accionada, remitiéndose para el efecto al artículo
955 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201656, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone la tarifa máxima de agencias en
derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión en asuntos contencioso
administrativos.
VI. REPRESENTACIÓN JUDICIAL
La Sala admitirá la renuncia de poder presentada por la abogada María Isabel
Sarmiento Castañeda57, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.249.806 y
portadora de la tarjeta profesional No. 137.033 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial, por cumplir con los requisitos
previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso (CGP).
55 “Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”.
56 Teniendo en cuenta que el recurso se presentó el 2 de mayo de 2019.
57 Folios 209 a 210 C. Ppal.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01814-00
Demandante: Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto
por la Sociedad Diseño y Oro Orfebres S.A.S. y el señor Juan Carlos Díaz Fleing
contra la sentencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, el 19 de abril de 2018, de conformidad con los argumentos expuestos en
esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría General de
esta Corporación, LIQUÍDENSE los gastos procesales.
TERCERO: FÍJASE, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia para cada entidad accionada.
CUARTO: ADMÍTASE la renuncia de poder presentada por la abogada María Isabel
Sarmiento Castañeda58, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.249.806 y
portadora de la tarjeta profesional No. 137.033 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial, conforme a lo anotado en la
parte motiva de este proveído.
QUINTO: Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente recibido en préstamo al Tribunal de origen y ARCHÍVESE el presente
expediente.
Cópiese, Notifíquese Y Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente de la Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado
Firmado electrónicamente
58 Folios 209 a 210 C. Ppal.
16
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