Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-01832-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-01832-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-01832-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-01832-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2019-01832-00 (208)
Recurrente: ELMER CASTAÑEDA CARVAJAL
Asunto: Causal de revisión de nulidad originada en la sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión No. 16 decide en única instancia el recurso extraordinario
de revisión formulado por Elmer Castañeda Carvajal contra la sentencia proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el doce (12) de abril
de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 11001-03-25-000-2013-00831-00 (1699-2013).
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 11001-03-25-000-2013-00831-00 (1699-2013).
1.1. El cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011), el señor Elmer Castañeda Carvajal
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la anulación
de lo que denominó como “acto administrativo complejo” expedido por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares – CREMIL, relacionado con el desarrollo de un proceso
disciplinario adelantado en su contra y con la sanción de destitución del cargo e
inhabilidad general que finalmente le fue impuesta, acto que, según adujo, estaba
integrado por los siguientes documentos1:
1
Folios 61 a 71 del documento descrito como “7_CONSTANCIASECRETARIAL_EXPDIG
ITA_1699201(.pdf) NroActua 36”, índice 36 de SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
“- Oficio No. 671-170 contentivo del PLIEGO DE CARGOS proferido por el
Grupo de Control Interno Disciplinado (sic) de la demandada, de fecha 03
de Mayo de 2010.
• Oficio No. 671-170 contentivo del (sic) NULIDAD PLIEGO DE CARGOS
(03 de Mayo de 2010) proferido por el Grupo de Control Interno Disciplinado
(sic) de la demandada, en fecha 17 de Junio de 2010.
• Oficio No. 671-170 contentivo del PLIEGO DE CARGOS proferido por el
Grupo de Control Interno Disciplinado (sic), de la demandada de fecha 23
de Junio de 2010.
• Oficio No. 670-170, Asunto: CONTENIDO FALLO, Consecutivo 38430 del
29 de Julio de 2010, suscrito por la Dra. Esther Julia Hernández López,
Coordinadora grupo Control Interno Disciplinario, de la demandada.
• Resolución No. 2561 del 06 de Agosto de 2010, suscrita por el
Director General de la demandada.
• Oficio 671-170, Asunto: CONTENIDO ADICIÓN FALLO, Consecutivo
40536 del 09 de Agosto de 2010, suscrito por la Dra. Esther Julia
Hernández López, Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario y
por los actos complementarios tales como el Edicto y la constancia de
notificación y ejecutoria, los cuales no le fueron suministrados al
Demandante por la demandada y que deberán ser allegados por la misma
a su despacho”. (Subrayado propio del texto).
Adicionalmente y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo
que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría sin solución de continuidad y
el reconocimiento de los salarios y emolumentos dejados de percibir debidamente
indexados.
Como sustento fáctico de su demanda, manifestó que en el año dos mil nueve (2009),
mientras se desempeñaba como auxiliar para apoyo de seguridad y defensa en la
CREMIL, presentó varios episodios de salud que le impidieron reincorporarse en
tiempo luego de disfrutar un periodo de vacaciones, así como presentar las respectivas
incapacidades a su empleador, razón por la cual la Caja inició una investigación
disciplinaria en su contra. Dicha investigación terminó con fallo de veintisiete (27) de
julio de dos mil diez (2010), adicionado el nueve (9) de agosto de la misma anualidad,
mediante el cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por diez (10)
años. Esta sanción se hizo efectiva mediante Resolución No. 2561 de seis (6) de
agosto de dos mil diez (2010), con la cual fue desvinculado del servicio.
A juicio de la parte actora, en este proceso CREMIL actuó con abuso de autoridad y
desviación de poder, toda vez que el juicio disciplinario se soportó en pruebas
irregulares.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
1.2. Mediante sentencia de única instancia de doce (12) de abril de dos mil dieciocho
(2018), la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado empezó por
señalar que solo podían ser objeto de control de legalidad el fallo disciplinario
sancionatorio proferido el veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010) y su adición
de nueve (9) de agosto de ese mismo año, teniendo en cuenta que los actos
administrativos pasibles de control judicial son únicamente los definitivos y no los
preparatorios, conocidos como de trámite o de ejecución2.
Sin embargo, establecido lo anterior la Sala concluyó que en este caso no se había
agotado “el requisito de procedibilidad de la conciliación previo a instaurar demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho”, así como tampoco el “correspondiente al
agotamiento de la vía gubernativa como lo exigen los artículos 63 y 135 del Código
contencioso Administrativo”, lo cual resultaba obligatorio en tanto las decisiones
acusadas eran susceptibles del recurso de apelación.
En consecuencia, en la parte resolutiva de la providencia se declaró probada la falta
de agotamiento de estos requisitos.
2. El recurso extraordinario de revisión
El tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el abogado José Hipólito Padilla
Oviedo, aduciendo actuar como agente oficioso del señor Elmer Castañeda Carvajal3,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de única instancia
proferida el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, alegando la materialización de la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”, pues, a su juicio, esa decisión carece de congruencia.
Como fundamento del recurso, afirma que “no es viable proferir un fallo inhibitorio
esgrimiendo como argumento la carencia de un presupuesto procesal que el juzgador
debió puntualizar mediante auto inadmisorio”, explicando que como la demanda fue
admitida “por reunir los requisitos legales”, sin haber echado de menos el agotamiento
de la vía gubernativa ni la conciliación prejudicial, “cualquier exigencia posterior
2
Folios 407 a 425 del documento descrito como “7_CONSTANCIASECRETARIAL_EXPDIG
ITA_1699201(.pdf) NroActua 36”, índice 36 de SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
3
Folios 1 al 12 del cuaderno principal.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
adicional constituye violación al debido proceso y al derecho de defensa por
incongruencia entre los autos admisorios de la demanda y su aclaración, y las
argumentaciones esgrimidas en el fallo”. En ese sentido, en su criterio, admitida la
demanda el juez estaba en la obligación de decidir de fondo y no le era dable volver a
pronunciarse sobre aspectos que debieron ser estudiados al momento de la admisión.
Finalmente y sobre el fondo de los asuntos advertidos por la autoridad judicial en la
sentencia acusada, el recurrente sostiene que el señor Castañeda “no agotó la
conciliación prejudicial antes de promover la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en consideración a que la actuación de la demandada ‘CREMIL’ fue
abusiva y arbitraria conforme se evidencia en el acervo probatorio, motivo por el cual
por sustracción de materia es inocuo el trámite de la respectiva conciliación”, y que, en
el mismo sentido, “la carencia de agotamiento de la vía gubernativa es inocua en razón
a que precisamente la falta de acción por parte del actor es una de las tantas secuelas
de su ‘disminución capital’” (subraya en texto).
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019) el recurso fue
inadmitido4. Una vez subsanado5, fue admitido con providencia del nueve (9) de
diciembre de esa anualidad, en la que se ordenó la notificación personal de quien había
fungido como demandado dentro del proceso ordinario, así como del Ministerio Público
y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6.
Además, se tuvo como agente oficioso al abogado José Hipólito Padilla Oviedo,
advirtiéndole que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esa
providencia el señor Castañeda Carvajal debía ratificar el contenido del recurso, y se
dispuso la suspensión del proceso una vez practicada la notificación del auto admisorio
y hasta que se produjera la ratificación de la actuación o el vencimiento del plazo legal
previsto para que ello tuviera lugar.
3.2. La notificación personal a la CREMIL, al Ministerio Público y la ANDJE se surtió el
dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), sin que ninguno de ellos
presentara intervención7.
4
Folios 15 al 18 del cuaderno principal.
5
Escrito de nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019) obrante a folio 20 del cuaderno principal.
6
Folios 22 al 25 del cuaderno principal.
7
Folios 27 a 31 del cuaderno 1.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
3.3. El veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020), el abogado Padilla Oviedo allegó
el poder que le fue conferido por el señor Elmer Castañeda Carvajal8. En
consecuencia, mediante auto de diez (10) de febrero de ese mismo año se levantó la
suspensión del proceso9.
3.4. Por auto de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Despacho
decretó las pruebas del proceso, ordenando a la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado allegar a este trámite el expediente contentivo de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-2013-00831-00 (1699-
2013)10, requerimiento que fue atendido.
3.5. De dicha prueba se corrió traslado a las partes mediante fijación en lista del
veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022)11. El día veintinueve (29) de ese
mismo mes y año, el recurrente se pronunció sobre las pruebas allegadas12.
3.6. El dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), el proceso entró al Despacho
para adoptar la decisión que en derecho corresponda13.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el presente
recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)14, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 29 del
8
Folios 34 a 35 del cuaderno 1.
9
Folio 37 del cuaderno 1.
10
Índice 27 de SAMAI.
11
Índice 38 de SAMAI.
12
Índice 39 de SAMAI. La Sala advierte que en este escrito el apoderado del recurrente planteó nuevos
argumentos relacionados con una alegada indebida valoración probatoria en la que se habría incurrido
en la sentencia acusada. Sin embargo, como quiera que i) en materia del recurso extraordinario de
revisión no procede la reforma de la petición inicial; ii) que el juez no está facultado para modificar la
causa petendi, y iii) que su valoración, a pesar del planteamiento tardío, implicaría una vulneración de
los derechos y garantías fundamentales de las demás partes del proceso, la Sala efectuará el análisis
de este asunto a partir de los argumentos y alegaciones inicialmente planteados en el escrito del recurso
y en su subsanación.
13
Índice 40 de SAMAI.
14
“ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporación15ꟷ, por tratarse de un
recurso contra una sentencia dictada por una subsección del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos
mil dieciocho (2018) por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-
2013-00831-00 (1699-2013), se encuentra incursa en la causal 5ª de revisión
contemplada en el artículo 250 del CPACA, esta es, “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente,
a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Del recurso extraordinario de revisión
Tenemos que el recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y
de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada
sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional al concluir que
se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico
sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la
Constitución”16.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico17, siempre que
15
“ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-090 de 1998.
17
Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del
caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en
casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
6
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley18. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la
sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una
instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o
argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario19.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 5° del artículo 250 del CPACA contempla como causal de revisión la de
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de
un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que
contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador
no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado
una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de
Estado la que ha dotado de contenido esta disposición20.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013,
radicado 11001031500020120023100.
19
Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00 (REV).
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001031500020170251900.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad
sustantiva propia de la actuación”21.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado esto implica
corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se
materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal
magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta22.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla
general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas
en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código
General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez
de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia’”23. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando
esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora
debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la
sentencia24: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo,
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001333103520080018001.
22
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18
de noviembre de 2018, radicado 11001032500020150099600; y Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001031500020140309300.
23
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001031500020150249300.
24
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26, sentencia del 3 de febrero de
2015, radicado 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001031500020150234200, y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de octubre de 2019, radicado 11001031500020130221600.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la
vulneración del artículo 29 Superior25.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas
en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo,
a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto
en la garantía del debido proceso26, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta
vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración
probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad
procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor
o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos
diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vi) cuando se
dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; vii) cuando el
demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; viii) cuando la sentencia
carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa27.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001031500020120023000.
26
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
27
Consejo de Estado, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001031500020090049400;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado
20083531900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016,
radicado 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del
14 de agosto de 2018, radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001031500020180434500; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de
octubre de 2019, radicado 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001032500020140032500; y Consejo
9
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que la
congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación28, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones
y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que
la ley otorga al juzgador29. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código
General del Proceso30 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”,
en las sentencias de segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando
existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la
sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde
a una invocación del derecho sustancial controvertido.”31.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no se
resuelve algún asunto debidamente planteado32. De fondo, la razón por la cual procede
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-032500020130083800.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001032600020190010000 (64246).
30
“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001020300020120212600 N° interno SC4415-2016.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto
de 2002, radicado 76001232400019970434501.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia,
es porque en estos casos el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada33.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que
el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso
de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las
que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en
la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sub examine.
5. Caso concreto
De conformidad con lo expresado en el acápite que precede, corresponde establecer
si en la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia
de la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual se sustentó
en la alegada “incongruencia entre los autos admisorios de la demanda y su
aclaración, y las argumentaciones esgrimidas en el fallo” respecto de la falta de
agotamiento de los requisitos de conciliación prejudicial y vía gubernativa, al no haber
sido advertidas tales circunstancias en el auto admisorio de la demanda sino en la
sentencia.
Pues bien, lo primero que debe indicarse es que los denominados presupuestos
procesales “constituyen el mínimo de requisitos para la rituación válida del proceso
contencioso-administrativo (…) que determinan su nacimiento legítimo, su desarrollo
normal y su culminación con sentencia”34. Al respecto, el Consejo de Estado ha
advertido que, “la necesidad de cumplir con los presupuestos procesales de la acción
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 13 de agosto de 2021, radicado 11001032600020190010000 (64246).
34
Palacio Hincapié, Juan Ángel (2021), Derecho Procesal Administrativo, Medellín, Editorial Jurídica
Sánchez R S.A.S.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
y de la demanda obedece al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de
establecer reglas estrictas para juzgar la validez de las actuaciones de las autoridades
(…)35”36.
Así, dentro de los presupuestos procesales para demandar establecidos en la
legislación vigente al momento de agotar el proceso ordinario donde se produjo la
sentencia objeto de revisión, se exigía la realización de una conciliación extrajudicial
(artículo 42A de la Ley 270 de 199637), así como el agotamiento de la vía gubernativa
(artículo 135 del CCA38).
Si bien estos asuntos deben ser revisados al momento de la admisión de la demanda,
el hecho de que en el examen efectuado en ese momento no se hubiera advertido su
incumplimiento no genera entonces una especie de saneamiento del vicio que implique
tenerlos por cumplidos y que impida su análisis posterior pues incluso, de haberse
llegado a la etapa de dictar sentencia, “el juez se vería abocado a aplicar la sanción
más grave, cual es dictar una sentencia inhibitoria en caso de ausencia de un
presupuesto procesal de connotada relevancia, como lo sería la caducidad de la
acción, la falta de agotamiento de vía gubernativa o la falta del requisito de la
conciliación prejudicial”39.
Sobre este punto, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al
asunto que aquí se analiza, expresamente establecía:
35
Pie de página de la cita: “Sentencia de 21 de junio de 2002, Exp. 12382, C.P. Dra. María Inés Ortiz
Barbosa”.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de
octubre de 2013, radicado 25000-23-27-000-2011-00023-01 (19368).
37
“ARTÍCULO 42A. CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA. <Artículo adicionado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es
el siguiente:> A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre
constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial.”. Al respecto, el artículo 85 citado en la norma, se refiere a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, la cual fue ejercida en el proceso que culminó con la sentencia que
ahora se impugna en este medio de control extraordinario.
38
“ARTICULO 135. POSIBILIDAD DE DEMANDA ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PARTICULARES. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley
1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el
siguiente:> <Subrogado por el artículo 22 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el
siguiente:> La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un
proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía
gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo. // El silencio negativo, en relación
con la primera petición también agota la vía gubernativa. // Sin embargo, si las autoridades
administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados
podrán demandar directamente los correspondientes actos”.
39
Ibídem píe de página 35.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
“En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la
contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término
de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la
pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la ‘reformatio in
pejus’." (Negrillas fuera de texto).
Al referirse al contenido de esa disposición, el Consejo de Estado señaló que el juez
está llamado a examinar el cumplimiento de los requisitos procesales incluso en la
misma sentencia; así, específicamente sobre el requisito de la conciliación prejudicial,
esta Corporación indicó:
“De conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo,
en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquier otra que el fallador encuentre probada.
(…) [Ante] el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial [se] configura la excepción de ‘falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación prejudicial’ e impide decidir de fondo.
(…) de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el
incumplimiento de este requisito no se subsana cuando el juez o Tribunal
admite la demanda sin advertir esta omisión.
(…) [Como] en esta etapa es necesario realizar un control de los
presupuestos procesales, la Sala revocará la sentencia proferida, en primera
instancia, y declarará probada de oficio la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, asimismo, se
inhibirá para resolver de fondo”40.
Y, también en vigencia del CCA, en lo que se refiere al requisito de procedibilidad de
agotamiento de la vía gubernativa, el Consejo de Estado había indicado:
“[Se] configura la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa la
cual deberá declararse en el presente proceso de conformidad con el inciso
segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, al efecto es
preciso señalar lo siguiente:
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
noviembre de 2020, radicado 70001-23-31-000-2011-02016-01. En ese mismo sentido, ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia de 5 de
marzo de 2021, radicado 11001-03-26-000-2011-00050-00(41869).
13
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
(…) La Sala considera que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto
procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consiste, en
términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder
impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la Administración
tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de que
pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades
administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean
objeto de un proceso judicial. En efecto, se ha precisado en reiteradas
ocasiones41 que ‘La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento
deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la
administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos
y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar
motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del
caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para
juzgarla’”.42
Los pronunciamientos jurisprudenciales atrás citados dan cuenta de que es un “deber
del fallador verificar el cumplimiento de los presupuestos de la acción que ejercita el
demandante con el fin de despejar la existencia de hechos que impidan decidir sobre
el fondo de las pretensiones de la demanda, de manera que ante la presencia de
alguno, debe declararlo aún de manera oficiosa, en la sentencia”43, por lo que, en
contra de lo afirmado por el recurrente en este caso, lo cierto es que la Subsección A
de la Sección Segunda no solo estaba facultada sino que debía pronunciarse sobre
los presupuestos procesales de la acción, aunque previamente la hubiera admitido,
pues así lo contempló expresamente el legislador.
Bajo esa premisa, es evidente que la decisión judicial que resolvió esta situación por
la vía de la falta del ejercicio de instancias preprocesales, de manera alguna comportó
una afectación del principio de congruencia, el cual, como atrás se indicó, se refiere a
la correspondencia o bien entre la parte resolutiva del fallo y lo pedido en la demanda
y en su contestación44, o bien entre lo dicho en la parte motiva y en la resolutiva de la
providencia, pero no a lo afirmado en “los autos admisorios de la demanda y su
aclaración, y las argumentaciones esgrimidas en el fallo”, como equivocadamente se
alega.
41
Píe de página de la cita: “Ver sentencia Consejo de Estado, del 10 de febrero de 2011 Exp. 2007-
00191 C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia”.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de julio
de 2014, radicado 11001-03-24-000-2007-00342-00. A partir de esas consideraciones, en ese caso la
Sala decidió, luego de dar por probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la
vía gubernativa, declararse inhibida para decidir de fondo la pretensión de nulidad formulada.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1 de
noviembre de 2007, radicado 25000-23-24-000-2000-00521-02(15728).
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
Además, es claro que el auto que admite la demanda no constituye una actuación en
la que se fije o determine el derecho sustancial controvertido, sino apenas la actuación
procesal que da inicio al trámite de la causa.
En consecuencia, no resulta válido afirmar que la sentencia acusada incurrió en una
vulneración del principio de congruencia.
Por último, debe precisarse que no resultan de recibo las alegaciones planteadas en
el recurso extraordinario de revisión según las cuales tanto la conciliación prejudicial
como la vía gubernativa resultaban trámites inocuos en este caso ⎯bajo el entendido
de que ellos no habrían llevado a la solución de esta reclamación⎯, pues ellas, lejos
de justificar el incumplimiento de los requisitos que la ley previó para el ejercicio de las
acciones judiciales, terminan por reafirmar las conclusiones a las que llegó la autoridad
judicial que decidió el proceso ordinario.
Así las cosas, por todo lo anteriormente expuesto, este recurso debe declararse
infundado.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló antes de la expedición de la Ley 2080 de 202145, para resolver sobre las costas
debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo vigente antes de la modificación introducida por dicha ley,
en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General del Proceso.
Así, según lo establece el numeral 1° del artículo 365 del CGP, se condenará en costas
“a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto”, siempre que, en los términos del numeral 8° de esa misma disposición,
“en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
45
El inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 contempla: “En estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
15
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01832-00
Recurrente: Elmer Castañeda Carvajal
Dado que en el presente caso no se demostró que éstas se hubiesen causado ni
tampoco se encuentran acreditadas, en especial, porque la contraparte no concurrió
al proceso, no se impondrá condena por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, la Sala Especial de Decisión No. 16,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-2013-00831-
00 (1699-2013).
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejera Consejero
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
P13
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.