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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01834-00

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01834-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Martha Cecilia García por encontrar configurados los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia y, NEGAR el amparo en relación con el defecto fáctico alegado relativo a la falta de valoración del memorial aportado el 4 de mayo de 2017, por las razones esbozadas. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 5 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria en el marco de la acción de reparación directa radicada con el número 50001-33-31-002-2011-00408. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia, esto es, determine con sustento en todo el material aportado al proceso la fecha en la que los familiares pudieron verificar que el fallecimiento de la víctima era imputable a los agentes del Estado o se desvirtuó la presunción según la cual la persona muerta en combate realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impidiera a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-01834-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

6 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Solicitud de indemnización de daños por presuntas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia. No existe criterio unificado sobre la caducidad del medio de control de reparación directa por daños derivados de delitos de lesa humanidad / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Conducta autónoma e independiente de la desaparición forzada / PRINCIPIO DE IURA NOVIT CURIA - Aplicación / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Debe adelantarse conforme a las características propias del presunto delito y con parámetros que garanticen los derechos de las víctimas de graves infracciones del DIH / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD – Para establecer un término inicial del conteo es indispensable que se determine el momento en el que el daño se torna antijurídico / DAÑO ANTIJURÍDICO - Cuando logra comprobarse que la persona fue dada de baja aun cuando no hacía parte de las hostilidades o conflicto y por lo tanto era una persona protegida o cuando se desvirtúa la presunción según la cual la persona muerta realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades / IMPUTACIÓN – Se debe comprobar la situación fáctica y jurídica / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a Sala debe hacer mención a las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, en la sentencia de 5 de junio de 2018 mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia. En la mencionada providencia la autoridad, tal como lo indica la demandante, aplicó el término de caducidad previsto en el Decreto 01 de 1984 por considerar que el caso NO era de desaparición pues el cadáver nunca estuvo desaparecido y que, por el contrario, los demandantes siempre conocieron del fallecimiento del señor [A.A.S.G.] la fecha de ocurrencia de los hechos y la autoría de los mismos. (…) Lo primero que advierte la Sección, es que en la demanda de reparación directa no se alegó únicamente la ocurrencia de hechos constitutivos de desaparición forzada sino que, además y de manera enfática, se señaló que el señor [A.A.S.G.] fue víctima del delito de ejecución extrajudicial. Recuerda la Sala que conforme la Resolución 67/168 de 2012 de la Asamblea General de Naciones Unidas, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, lo que permite concluir que se trata de una categoría específica y diferente a la del delito de desaparición forzada. En tal sentido lo primero que encuentra la Sección es que aplicación del principio de iura novit curia el caso no podía analizarse a la luz de los parámetros del artículo 134 numeral 8° inciso 2° del CCA y, mucho menos de conformidad con un criterio inflexible de las reglas del inciso 1° de la misma norma. Es decir, a la autoridad le era exigible dadas las particularidades del caso analizar más allá de la simple fecha del acaecimiento del hecho dañino o la aparición del cuerpo, cuando de conformidad con las pruebas aportadas al proceso se tuvo la certeza de que el daño sufrido –la ejecución extrajudicial- por los familiares de la víctima era antijurídico e imputable al Estado. Frente al particular se recuerda que conforme al artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado esté llamado a responder es inexorable que se compruebe el daño antijurídico “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho” (con todos sus elementos: personal, cierto y subsistente) y la imputación –fáctica y jurídica- entendida como “el fundamento o razón de la obligación de reparar[lo]” , o “las circunstancias en virtud de las cuales es posible establecer una relación entre el daño y el sujeto imputado que justifica atribuir a éste el deber de reparación que la antijuridicidad del daño impone” .En tal sentido, encuentra la Sección Quinta que le asiste la razón a la parte actora en señalar que aún cuando desde el 2005 conoció del asesinato del señor [A.A.S.G.] a efectos de establecer una fecha cierta a partir de la cual la parte demandante tuvo certeza de que el daño irrogado era imputable al Estado no podía partir de la simple manifestación de la señora [M.C.G.] en los escritos presentados ante las autoridades públicas, para el efecto al juez de lo contencioso administrativo le correspondía corroborar teniendo como sustento la demás pruebas aportadas al proceso en qué momento los familiares pudieron verificar que el fallecimiento de la víctima era imputable a los agentes del Estado. Para el efecto, debió valorar los medios de prueba obrantes en los procesos disciplinarios y penales adelantados en contra de los miembros de la fuerza pública como consecuencia de los mismos hechos.

Admitir lo contrario, es decir, que la antijuricidad del hecho depende de las simples afirmaciones de la señora [M.C.G.] carecería de sustento jurídico y probatorio, pues como se dijo anteriormente a efectos de establecer un término inicial del conteo de la caducidad, es indispensable que se determine el momento en el que el daño se torna antijurídico y, ello ocurre, cuando logra comprobarse que la persona fue dada de baja aún cuando no hacía parte de las hostilidades o conflicto y por lo tanto era una persona protegida o, cuando se desvirtuó la presunción según la cual la persona muerta en combate realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impidiera a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado. (…) concluye la Sala que si bien en el caso no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente en la medida en que no existe una posición unificada en las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la inoperancia del fenómeno de caducidad de las acciones de reparación directa, cuando se persigue la reparación de daños derivados de conductas supuestamente constitutivas de lesa humanidad. Sí se materializó el defecto sustantivo, en la medida en que los jueces de instancia abordaron el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en cuenta las particularidades del caso, a efectos de garantizar el derecho de las víctimas de graves infracciones al DIH, no solo de acudir a la administración de justicia sino a ver satisfechos sus derechos, entre otros, el de obtener una reparación, si se puede, integral, como lo exigen los instrumentos internacionales.

FUENTE FORMAL: CONVENIO DE GINEBRA Y SUS PROTOCOLOS ADICIONALES - ARTÍCULO 3 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia toma como criterio auxiliar de interpretación la sentencia T-237 de 2017 en la que la Corte Constitucional se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos en los casos de ejecución extrajudicial, la reparación del daño antijurídico, el alcance de los indicios para atribuir responsabilidad al Estado y el deber del juez de alcanzar la justicia material, ameritan que el juez constitucional no se soporte en criterios formales y habilite el examen de fondo, con el fin de hacer prevalecer la vigencia de un orden justo, la primacía de los derechos de la persona y la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales y la SU-035 de 2018 en las que la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de flexibilizar los estándares probatorios aplicables en asuntos donde se debatan graves violaciones a los derechos humanos y las facultades oficiosas de los jueces para garantizar la justicia material

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01834-00(AC)

Actor: MARTHA CECILIA GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SALA TRANSITORIA

TEMA: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y fáctico – Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa cuando se reclama la indemnización por conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Cecilia García en contra del Tribunal Administrativo – Sala Transitoria.

ANTECEDENTES

Solicitud

La señora Martha Cecilia García, mediante escrito radicado el 3 de mayo de 2019 en la Secretaría General del Consejo de Estado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria autoridad judicial que conoció del proceso de reparación directa radicado con el número 50001-33-31-002-2011-00408-00 iniciado en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional.

Lo anterior, por considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia fueron vulnerados con la expedición de la providencia de 5 de junio de 2018, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2014, con la que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Villavicencio, declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 9 de septiembre de 2011 la señora Martha Cecilia García y sus hijos menores de edad presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor Ángel Alberto Sánchez García, quien en vida fue su compañero permanente y padre, respectivamente.

A juicio de los demandantes el fallecimiento de la víctima correspondió a un desaparecimiento y una ejecución extrajudicial “falso positivo” por parte de las fuerzas militares “… quienes presentaron 3 guerrilleros dados de baja en combate en la vereda del Triunfo dentro de los cuales se encontraban Egrelio García, Arnobio de Jesús García y un NN, el cual correspondía al cuerpo de Ángel Alberto Sánchez Gómez. Estas personas eran campesinos, trabajadores, reconocidos en toda la región y tenían sus familias”.

En la demanda se pidió que se decretaran como pruebas las copias de las investigaciones (i) penal adelantada por la Fiscalía 62 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Juzgado 62 Penal Militar, adelantada por la desaparición y muerte del señor Ángel Alberto Sánchez García; (ii) disciplinaria radicada con el número 036-001524-2008 a cargo de la Procuraduría Regional del Guaviare; las dos iniciadas en contra de los miembros del Ejército Nacional, Batallón Joaquín París de la Brigada Móvil No. 7, al mando del Subteniente Dagoberto Cárdenas Naranjo.

El proceso fue radicado con el número 50001-33-31-002-2011-00408 y su conocimiento en primera instancia le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Villavicencio, que con sentencia de 30 de septiembre de 2014 declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción.

Al efecto, expuso que el caso no se trataba de una desaparición forzada pues, analizada la totalidad del material probatorio, en específico de la valoración de la investigación penal adelantada por la Fiscalía, “… se observaba que nunca se desconoció que entre las personas que resultaron muertas el 11 de agosto de 2005, estuviera ÁNGEL ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ, identidad que se determinó el 29 de diciembre de 2005”.

En consecuencia el cómputo del término de caducidad debía hacerse conforme lo disponía el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984 - en el artículo 136 numeral 8°, esto es, a partir de que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor Ángel Alberto Sánchez García, lo que ocurrió el 13 de enero de 2006, cuando la señora Martha Cecilia García presentó un oficio pidiendo a la Fiscalía o al Juez Penal de San José del Guaviare que le prestaran colaboración para trasladar el cuerpo de su compañero permanente a la ciudad de Villavicencio.

Finalmente, expuso que era claro que los demandantes tuvieron certeza del daño desde el 13 de enero de 2006 y, por lo tanto, a partir del día siguiente comenzó a contar la caducidad “… es decir, el 14 de enero de 2006, por lo que la demanda debía ser presentada hasta el 14 de enero de 2008, pero la misma se radicó el 9 de septiembre del año 2011, por lo que la acción estaba caducada”.

La parte actora presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Alegó que por tratarse de un caso de ejecución extrajudicial precedido de desaparición forzada, el término de caducidad debía estudiarse con criterios más amplios y flexibles.

El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo – Sala Transitoria mediante auto de 30 de septiembre de 2016, corrió traslado a las partes por un término de 10 días para alegar de conclusión, decisión que fue notificada mediante anotación en el estado de 4 de octubre de 2016.

Mediante memorial allegado al proceso el 4 de mayo de 2017 el apoderado de la parte demandante indicó que se permitía allegar escrito “… en los términos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo legislación bajo la cual se tramita este proceso, prueba documental que no se pudo solicitar ni introducir en la oportunidad debida en primera instancia, pues evidentemente se trata de un hecho transcurrido mucho tiempo después, incluso después de proferirse fallo por el juez a quo”

Aportó copia del Oficio radicado No. 2179490007521 de 20 de abril de 2017, mediante el cual el Fiscal 209 Grupo Interno de Trabajo Búsqueda Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas dio información a la señora Martha Cecilia García sobre el cuerpo del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez, se expuso que los restos óseos de la víctima serían entregados el 28 de abril de 2017 y que por lo hechos en los que aquél perdió la vida se adelantaba investigación en el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar en el municipio de San José del Guaviare.

El Tribunal Administrativo – Sala Transitoria con sentencia de 5 de junio de 2018 confirmó la decisión de primera instancia.

Como fundamento de su decisión expuso que la demandante siempre supo que su compañero permanente había fallecido, la fecha de ocurrencia de los hechos y la autoría de los mismos, cuestiones que podían extraerse de los siguientes medios de prueba:

(a) La denuncia de 17 de agosto de 2005 presentada por la señora García en la que indicó que “… el mismo día [11 de agosto de 2005] los cuerpos sin vida de los señores Gricelio, Arnobio, y Ángel fueron trasladados en un helicóptero del Ejército de la Compañía Héroes de Mitú No. 61 y llevados con rumbo a San José del Guaviare”.

(b) La comunicación de 13 de enero de 2016 mediante la que la demandante solicitó la colaboración de la Fiscalía o al Juez Penal de San José del Guaviare para trasladar el cuerpo de su compañero permanente a la ciudad de Villavicencio en que expuso “… quien fue asesinado el día 11 de agosto de 2005 por el Ejército Nacional Brigada 61 Héroes de Mitú, en la Vereda El Triunfo, Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare y su cadáver fue reconocido por mi hijo Pedro Antonio Rangel y sepultado en un cementerio en San José del Guaviare como N.N.”.

(c) El memorial de 14 de marzo de 2006 por medio del cual el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar le informó a la actora que debía probar su calidad de cónyuge o compañera permanente para proceder a la entrega del cadáver.

(d) La petición de 12 de agosto de 2008 por medio de la cual la señora García pidió al Director de Justicia Penal Militar información acerca del lugar en el que fue sepultado el señor Sánchez Gómez.

(e) El informe de 29 de agosto de 2008, con el que el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar expresó que era de conocimiento de la señora García que el cuerpo de la víctima fue enterrado en el cementerio de San José del Guaviare y que desde el año 2006 se le indicó que para poder reclamar el cuerpo de la víctima requería acreditar la documentación correspondiente.

Agregó que el caso no era de desaparición pues el cadáver nunca estuvo desaparecido y que teniendo en cuenta todas las fechas reseñadas era “…. posible concluir que al presentarse la solicitud de conciliación el 15 de julio de 2011 ante la Procuraduría Judicial I para asuntos administrativos y la demanda el 9 de septiembre de 2011, (…) los dos años para operara la caducidad ya estaban ampliamente vencidos”.

Finalmente destacó que la señora García pudo solicitar la entrega del cuerpo del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez “… lo que no hizo en su momento, ni solicitó la exhumación de manera posterior”.

Esta decisión fue notificada mediante edicto fijado entre el 6 y el 8 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Tribunal Administrativo del Meta.

Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al proferir la providencia de 5 de junio de 2018, mediante la cual confirmó la declaratoria de caducidad de la acción de reparación directa.

De un lado, aseguró que la autoridad acusada incurrió en un defecto sustantivo al estructurar su decisión bajo el criterio de caducidad ordinaria que se aplica a los casos de reparación directa, previsto en el artículo 136 numeral 8° del CCA, sin tener en cuenta que el caso que se estudiaba se relacionaba con la comisión de un crimen de lesa humanidad, lo que en, criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado implica un análisis más amplio de la caducidad en atención a la gravedad de los hechos.

Agregó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico porque omitió tener en cuenta la prueba aportada el 4 de mayo de 2017 “… separándose de hechos que encuentran plenamente probados que evidencian una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial de mi cónyuge que conllevó mi desplazamiento y el de mis hijos, lo cual evidencia que el material probatorio no fue valorado adecuadamente de manera integral, desconociendo que la desaparición de mi esposo cesó en abril de 2017 fecha en la cual me fue entregado el cuerpo luego de un cotejo de laboratorio realizado por medicina legal”.

Aseguró que hasta el 28 de abril de 2017, fecha en la que se entregó el cadáver, su esposo fue víctima de desaparición forzada. En consecuencia, no había cesado el delito de lesa humanidad y tampoco acaecido la caducidad de la acción, pues en esta clase de eventos la caducidad debe ser interpretada de manera diferente por la gravedad de los hechos.
Indicó que el Tribunal acusado contabilizó el término de caducidad desde la fecha de la muerte de su esposo, teniendo como sustento para el efecto que conocía que había sido asesinado por el Ejército desde 2005 “… pero sin tomar en cuenta que nunca tuve certeza al respecto, pues todas mis actuaciones para obtener el cuerpo las realicé bajo suposiciones y basada en información de terceros mas no porque yo realmente tuviera la certeza del homicidio, las circunstancias o causas del mismo, ya que no se ha proferido sentencia penal o del lugar donde se encontraba sepultado mi esposo (sic)”.

Finalmente, indicó que el caso se materializó un desconocimiento del precedente.

1.3.3.1. Citó como desconocidas las sentencias del Consejo de Estado de:

(i) 11 de septiembre de 2013, Rad. No. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), Sección Tercera, Sala Plena, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, en la que el definieron las ejecuciones extrajudiciales o los falsos positivos como “… la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria se le quita la vida a una persona que, por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional”.

(ii) 27 de abril de 2016, Rad. No. 25000-23-26-000-2011-00479-01(50231), Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, en la que la Sección Tercera, Subsección “A” precisó que las ejecuciones extrajudiciales ponen de presente “… la falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves de derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado Colombiano” que evidencia la “…ausencia de un riguroso control dentro de la institución policial, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los policiales, falencias éstas que debilitan su estructura y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”.

(iii) 10 de noviembre de 2016, Rad. No. 19001-23-31-000-2010-00115-01(56282), Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), Sección Tercera, Subsección “C”. En esta providencia se indicó que el juzgamiento de las conductas constitutivas de lesa humanidad que comprometen la responsabilidad del Estado no puede realizare conforme la regla de caducidad de 2 años establecido en el Decreto 01 de 1984, artículo 138 numeral 8°, pues estos casos trascienden los intereses individuales e incluso el derecho interno al afectar valores que importan a la humanidad misma.

La parte actora transcribió los siguientes apartes de la sentencia

“… con los compromisos internacionales del Estado colombiano, que parten de la premisa de que las hipótesis de daño antijurídico acaecidos con ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención involucran…”.

(iv) 5 de septiembre de 2017, Rad. No. 73001-23-31-000-2008-00561-01(38058) Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sección Tercera, Subsección “C”, en la que se dijo que:

“… justamente esta Corporación ya ha hecho eco de la aplicabilidad oficiosa e imperativa del control de convencionalidad conforme a la cual ha sostenido el deber de los funcionarios en general, y en particular de los jueces, de proyectar sobre el orden interno y dar aplicación directa a las normas de la Convención y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tales cuestiones han sido abordadas en aspectos tales como los derechos de los niños, la no caducidad en hechos relacionados con actos de lesa humanidad, los derechos a la libertad de expresión y opinión, los derechos de las víctimas, el derecho a la reparación integral, el derecho a un recurso judicial efectivo, el derecho al a protección judicial, entre otros asuntos.

1.3.3.2. Finalmente, la parte actora indicó que la Corte Constitucional en sentencia T-352 de 2016 expuso que darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.4. Pretensiones:

A título de amparo se formuló la siguiente:

“1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso reconocido en el Artículo 13 y 29 de la Constitución Política, en conexidad con el acceso efectivo a la administración de justicia y el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; vulnerados a los demandantes, con la decisión del 5 de junio de 2018 tomada por el Tribunal Administrativo del Meta (sic) en la cual confirmo, la providencia del 30 de septiembre de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Del Circuito de Villavicencio mediante la cual fueron negadas las súplicas de la demanda por defecto factico por la no valoración de la prueba allegada el 4 de mayo de 2017.

2. DECLARAR nula y sin valor ni efecto, la decisión judicial proferida por la Tribunal Administrativo del Meta (sic), proferida el 5 de junio de 2018 dentro del proceso con radicado 50001333100220110040800 de Reparación Directa promovida por Martha Cecilia García contra Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. 3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta en un término prudencial contados a partir de la notificación del fallo de tutela, dicte una nueva sentencia con base en los lineamientos que para el efecto se realice”.

Trámite de la acción

El Despacho Ponente con auto de 7 de mayo de 2019 admitió la tutela y ordenó su notificación a la peticionaria y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, en calidad de autoridades judiciales demandadas, para que en un término de 2 días rindieran informe sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo.

En la misma providencia se vincularon, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y al Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Villavicencio. Finalmente se requirió a los jueces ordinarios la remisión de la copia digital del expediente.

1.6. Contestaciones

Ordenada la notificación y surtidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes intervenciones:

El Tribunal Administrativo del Meta

La Secretaría General del Tribunal remitió copia digital del expediente de reparación directa. Sin embargo no se presentó intervención relativa a los hechos materia de tutela.

Ministerio de Defensa

La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad, presentó escrito el 20 de mayo de 2019. Pidió que se negara la acción de tutela.

De un lado, aseguró que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional “… en la medida en que pese a que enuncia la vulneración de derechos fundamentales” la supuesta vulneración tiene origen en la inconformidad de la accionante respecto de la aplicación correcta de normas sobre la caducidad del medio de control de reparación directa y además, no se demostró el perjuicio irremediable.

En lo que se refiere al cargo de defecto fáctico, por la omisión en la valoración de la prueba aportada el 4 de mayo de 2017, expuso que la parte actora no aportó el elemento probatorio en la oportunidad procesal debida por ello el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, no estaba en deber de valorarla.

Además, aseguró que para expresar esta inconformidad cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión previsto con sustento en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA que dispone “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

De otra parte, indicó que de conformidad con las pruebas aportadas al proceso se pudo concluir que el homicidio de la víctima no se dio en el marco de un ataque sistemático o generalizado, por lo que no había lugar a aplicar la excepción relativa a la caducidad. A lo que se suma que los demandantes tuvieron conocimiento del homicidio y desaparición de su familiar desde el 11 de agosto de 2005.

Expuso que de atenderse lo pedido por la accionante se abriría la posibilidad para que las demandas de reparación se pudieran presentar en cualquier tiempo, generando incertidumbre jurídica.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los argumentos expuestos en el escrito de tutela, el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora al declarar la caducidad de la acción de reparación directa presentada con el fin de que se declarara administrativa y extracontractualmente a la Nación – Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor Ángel Alberto Sánchez García víctima de “desaparecimiento y ejecutado extrajudicialmente”.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala precisa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia que se censura corresponde a una decisión proferida en el marco de un proceso de reparación directa promovida por la desaparición forzada y muerte del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez.

Ahora bien, en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, tampoco existe reparo alguno, toda vez que la providencia de segunda instancia, acusada como vulneradora de derechos fundamentales, fue proferida el 5 de junio de 2018, notificada mediante edicto fijado entre el 6 y el 8 de noviembre de 2018 y cobró fuerza de ejecutoria el 14 de noviembre de 2018 y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 3 de mayo de 2019, lo que para la Sala es un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela

2.4.3. Por otra parte, en consideración a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la sentencia de segunda instancia pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales.

Esto teniendo en cuenta que en contra de la sentencia de segunda instancia no procede ningún recurso ordinario y que los cargos alegados por la parte actora no encajan en las causales que hacen procedente los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.

Superado lo anterior, corresponde a la Sección analizar los cargos propuestos en la tutela por la parte actora.

Caso concreto

Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del fenómeno de la caducidad en los procesos de reparación directa, en donde se alega la vulneración por parte del Estado, del Derecho Internacional Humanitario. A continuación se reiterarán algunos de sus argumentos:

2.5.1. El fenómeno de la caducidad de los medios de control en la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a determinadas conductas

Según lo ha indicado la Corte Constitucional, el instituto de la caducidad tiene como principal fundamento la necesidad de dotar las relaciones entre particulares y los de estos con el Estado de seguridad jurídica, para que, transcurrido un determinado tiempo o plazo, se tenga la certeza por unos y otros, que no se podrá acudir a la administración de justicia para la resolución de sus conflictos, porque se pierde la oportunidad para el efecto.

En ese sentido, en sentencia C-832 de 2001, sobre la constitucionalidad del precepto que consagraba la caducidad de los medios de control en vigencia del C.C.A, señaló:

“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad  por parte del conglomerado social de obtener seguridad  jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden  público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La fijación de los términos de caducidad corresponde al legislador que, en desarrollo de su libertad de configuración normativa, puede establecer plazos diferenciados según la acción de que se trate. El único límite que tienen esa libertad son los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, deben ser analizados en cada caso para no hacer nugatorios derechos como el de acceso a la administración de justicia, que es el primer derecho fundamental que resulta limitado con la aplicación de este instituto procesal.

En relación con este punto, el Tribunal Constitucional ha determinado que:

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en virtud de la cláusula general de competencia, al legislador le corresponde regular en su totalidad los procedimientos judiciales y administrativos, por lo que goza de un amplio margen de autonomía o libertad de configuración normativa para evaluar y definir sus etapas, características, formas y, específicamente, los plazos y términos que han de reconocerse a las personas en aras de facilitar el ejercicio legítimo de sus derechos ante las autoridades públicas. Tal autonomía sólo se ve limitada por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, principios que constituyen el límite a los quehaceres del legislador, en cuanto los mismos han de servir para la realización material de los derechos sustanciales.”

En este orden de ideas, si bien el legislador puede válidamente establecer límites temporales a los ciudadanos para acceder a la justicia, en aras de asegurar la vigencia de la seguridad jurídica (finalidad de la medida) también lo es que esta debe resultar necesaria, idónea y adecuada para alcanzar dicho fin, la que, si bien en términos generales puede considerarse legítima, no siempre resulta necesaria o adecuada, según el caso de que se trate.

En otros términos, no se discute la finalidad y la importancia de la figura de la caducidad de las acciones. La que, se repite, en términos generales, resulta adecuada a su finalidad: dotar de seguridad jurídica las relaciones entre particulares y la de estos con el Estado.

Su regulación, entonces, no resulta discutible en la generalidad de los casos, no obstante surgen dudas cuando se trate de hechos que exceden lo que podríamos denominar el marco de “normalidad” que rige el tráfico de las relaciones, en especial, aquellas que se dan entre el Estado y los particulares, eventos en los cuales correspondería al legislador en forma abstracta consagrar un tratamiento diverso y/o al juez, en los casos sometidos a su conocimiento, establecer y determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de caducidad o la forma en que se contabiliza, para no hacer nugatorio o restringir de forma desproporcionada un conjunto de derecho fundamentales de quienes pretenden acudir a la administración de justicia.

Es, en este contexto, en donde se pregunta si el juez contencioso debe hacer un análisis diferenciador dependiendo de las conductas que, según los afectados, puedan generar una responsabilidad del Estado, en el marco del artículo 90 de la Constitución.

2.5.2. De las llamadas ejecuciones extrajudiciales como falsos positivos o infracciones, en el contexto colombiano, a las normas del Derecho Internacional Humanitario

En cuanto a la diferencia entre la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales basta señalar que las Naciones Unidas, en 1980, Resolución 20 (XXXVI) de 29 de febrero de 1980, estableció el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

Los trabajos de este grupo llevaron a que dos años más tarde, la HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm"Comisión de Derechos Humanos, en la Resolución 1982/29 de 11 de marzo de 1982, recomendara al Consejo Económico y Social nombrar un relator especial para determinar la existencia y alcance de la práctica de ejecuciones sumarias o arbitrarias. Dicha resolución fue adoptada por el Consejo Económico y Social en Resolución 1982/35, que estableció un mandato para el Relator Especial de ejecuciones sumarias o arbitrarias, diferenciado del grupo de las desapariciones forzadas o involuntarias, con el fin de establecer sus características y elementos.

Este Relator, en cumplimiento de su mandato, visitó Colombia en 2009, y sobre los llamados “falsos positivos”, señaló:
“10. El fenómeno de los llamados "falsos positivos" —ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate las pruebas documentales indican… que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004.
11. La dinámica fáctica de estos casos está bien documentada, por lo que solo será́ necesario aquí́ delinear las pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos, un "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí́, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las victimas también pueden ser escogidas por "informantes", que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes”
En cuanto a su denominación, la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 67/168 de 2012, indicó que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Con esa especificación, en criterio de la Sala, se buscaba darle una autonomía a esta conducta frente a la de la desaparición forzada.

Para hablar de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario se requiere, en el ámbito interno, de la existencia de un conflicto armado dentro del territorio de un Estado, para distinguirlo de los conflictos armados internacionales. En ambos conflictos, la primera prohibición expresa que se impone es la de dirigir las acciones militares contra objetivos o personas que no tengan, tomen o hagan parte de las hostilidades.

El Estado Colombiano es parte de los Convenios de Ginebra de 1949, Ley 6 de 1960, y de los Protocolos Adicionales I y II de 1977, Leyes 11 de 1992 y 171 de 1994. Igualmente, ha reconocido la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de conformidad con el Artículo 90 del Protocolo Adicional I de 1977 y adhirió a la Convención de Bienes Culturales de 1954 y la Convención de Armas Biológicas de 1972, entre otros.

El Convenio de Ginebra, sus protocolos adicionales como el artículo 3 común, parten de reconocer que todas las personas y bienes que no hagan o tomen parte en las hostilidades son protegidos, lo que se conoce como el principio de distinción, según el cual ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades, las que por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas. Se habla así, de los civiles.

En este punto cobra importancia el artículo 3 común a los convenios de Ginebra aplicable a los conflictos internos cuya vigencia y obligatoriedad es independiente de su reconocimiento por las partes involucradas en ellos.

Es decir, son vinculantes tanto para el Estado como para los grupos que se enfrenten con este, pese a que estos no hayan expresado su voluntad de acogerse a sus términos y condiciones; como tampoco cambia el estatus de aquellos, dado que el reconocimiento o aplicación de este precepto, no muda ni se puede entender como la aceptación del carácter beligerante de las fracciones enfrentadas en el territorio del Estado.

El mencionado precepto consagra lo siguiente:

“ARTÍCULO 3 DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles.
“…
“La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.” (Negrilla fuera de texto)

Esta normativa hace parte de lo que se denomina el Derecho Internacional Humanitario –DIH-, como reglas mínimas que deben ser tenidas en cuenta en el marco de un conflicto de carácter interno.

Por lo que se reitera, todas las personas civiles que no toman parte directamente del conflicto son, en aplicación del principio de distinción, personas protegidas por las normas internacionales en la materia.

En efecto, en estos casos, como lo reconoció el Relator Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, en su informe sobre Colombia, las fuerzas militares muestran a civiles como muertos en combate, como una forma de demostrar resultados positivos frente a la guerrilla, es decir, entiende la Sala que el mismo Estado reconoce a estos grupos armados como objetivos que deben ser combatidos, es decir, que existe conflicto.

Estos homicidios, entonces, parten de reconocer que hay fuerzas legítimas del Estado enfrentadas a grupos armados. Se lee en el mencionado informe:
“20. Muchos expertos e interlocutores con experiencia —incluidos los de las fuerzas militares— me confirmaron que en las unidades militares se ejercía cierta presión para "mostrar resultados" y demostrar que el ejército seguía ganando terreno a la guerrilla y a los delincuentes. Si bien algunos altos funcionarios del Gobierno refutaron esta idea y recalcaron que el homicidio de civiles no aumentaba la seguridad, es evidente que entre los militares el resultado satisfactorio solía medirse en términos del "número de bajas" del enemigo, es decir, de miembros de las FARC y de otros grupos muertos en combate. “
En ese orden de ideas, más allá de la discusión sobre si el Estado Colombiano está o estaba inmerso en un conflicto armado interno cuando se presentaron los hechos que dieron origen al proceso de reparación, para poder reconocer entonces, la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario –DIH-, en especial el artículo 3 común, cuestión que fue objeto de álgidos debates, en especial entre los años 2002-2010, lo cierto es que hoy esa discusión se superó con la expedición de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que, en su artículo 3, expresamente consagra que:

“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” (Negrilla fuera de texto)

Es decir, el propio Estado en esta ley no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno -1985- sino la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en especial, el artículo 3 común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, que, se insiste, a partir del principio de distinción, condena, entre otros el homicidio de todas aquellas partes que no han tomado parte en las hostilidades.

Debe aceptarse, en ese sentido, que cuando el Ejército Colombiano reporta en sus informes de acciones que ha dado de baja a actores armados, como lo hizo en el caso que se analiza, se parte de dos supuestos como mínimo i) que la operación militar que arrojó ese resultado, lo fue en desarrollo del conflicto armado interno que tiene el Estado con facciones armadas y ii) que las personas que murieron en su accionar contra el Estado no eran personas protegidas y, por tanto, su deceso hace parte de las hostilidades, frente a las cuales el Estado no tiene ninguna responsabilidad.

Estas connotaciones, obligaban, se repite, por lo menos desde las circunstancias descritas en los hechos de la demanda de reparación a un análisis diferente sobre la caracterización de la conducta y la forma de contar la caducidad del medio de control para lograr la reparación por parte del Estado, pues, en principio, a partir de los informes oficiales no se puede hablar de un hecho del cual pueda deducirse responsabilidad del Estado, del cual, por demás, pueda predicarse la caducidad del medio de control de reparación directa. Veamos:

Es claro para la Sala de Sección que, casos como los que fueron puestos a conocimiento de la jurisdicción contenciosa, en los que se alega que la persona que el Ejército colombiano presentó como un guerrillero no lo era, mientras los agentes estatales lo presentaron como persona que tomaba parte de las hostilidades y, que por tanto, no era objeto de protección del artículo 3 común, el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación no puede, por esa sola circunstancia, ser analizada bajo raseros iguales al de otras conductas, pues aquella, por sus connotaciones, ha de tener un tratamiento diverso, con el objeto de lograr la garantía de los derechos de las víctimas de estos.

En el plano interno, por ejemplo, prescripciones más prolongadas y, en algunos casos, imprescriptibilidad que impone al Estado ejercer su función de investigación y juzgamiento en cualquier tiempo en aplicación de la normativa internacional que integra el bloque de constitucionalidad.

En efecto, a diferencia del delito de desaparición, en estos homicidios, a partir de los informes que rinden los miembros de las fuerzas legítimas del Estado, en los que se muestra a la persona como miembro de un grupo enfrentado con estas, hace que surja la presunción que el Estado actuó en ejercicio de sus deberes, lo que excluye la posibilidad de exigirle alguna responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, por cuanto no existe un daño antijurídico que resarcir.

Es decir, el daño antijurídico en estos casos, se materializa cuando el Estado establece que la persona que se dijo fue muerta por tratarse de un actor armado, en realidad, no hacía parte de las hostilidades, y, por tanto, fue involucrada en el, desconociendo todas las prescripciones internas e internacionales sobre el particular.

En otros términos, dadas las características y connotaciones de la conducta denominada homicidio en persona protegida y/o ejecución extrajudicial, no parece suficiente, por lo menos para efectos de contar la caducidad que “aparezca la víctima”, como lo señaló el legislador para el caso de las desapariciones forzadas o del acaecimiento del hecho, según lo advertía el artículo 164 del CPACA, pues, se repite, en estos sucesos, se parte del dicho del Estado, afirmación que admite prueba en contrario, según la cual, la persona que murió por el accionar de las fuerzas estatales, hacía parte de un grupo armado frente al cual, en muchos casos, existían supuestos informes de inteligencia que daban cuenta de sus actividades delictivas. Es decir, no se puede hablar de un daño antijurídico y por tanto de responsabilidad del Estado cuando se produce una “confrontación” y uno o varios miembros “del grupo armado” mueren como producto del “enfrentamiento” con la fuerza pública.

En estos casos, el solo hecho de la muerte no puede generar la caducidad, porque, en principio, no hay daño frente al cual se pueda reclamar, pese a que los familiares tengan el convencimiento que la persona señalada de pertenecer a las fuerzas armadas ilegales no lo era, en contraposición a los informes oficiales.

En ese sentido, insiste la Sala de Sección que, en razón de la naturaleza de esta conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, con el fin de garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino la garantía de otros derechos, igualmente fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda limitado.

El juez contencioso administrativo, como garante de los derechos fundamentales, debe procurar la realización efectiva de estos, haciendo uso de los distintos instrumentos para el efecto, entre otros, la interpretación sistemática del ordenamiento y la aplicación de las teorías que se han venido desarrollando en la misma jurisdicción, entendiendo que de él hace parte, como norma de carácter constitucional y prevalente, para estos casos, las normas del Derecho Internacional del Derecho Humanitario, en los términos de los artículo 93 y 214, numeral 2 de la Constitución.

E insiste la Sala que esta discusión sobre la caracterización de la conducta que dio origen al proceso de reparación, es de suma importancia, por cuanto si se repara en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 67/168 de 2012, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, pueden, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

Sobre el particular, por ejemplo, según lo estipulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 472 de 2002 y vinculante para él a partir del 1 de noviembre de ese año, define qué delitos son de su competencia y así distingue entre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, los de guerra y el de agresión.

En ese sentido, es importante advertir que este estatuto, que no se puede aplicar en el orden interno por consagrar tratamientos diferentes a los que prevé la Constitución y, por ende, solo pueden activarse cuando actúe la Corte Penal Internacional, define, se repite, para efectos de la competencia de esa Corte como crímenes de guerra en el artículo 8, literal c) las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, entre ellas, los dirigidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades como los i) actos de violencia contra la vida y la persona, en particular, el homicidio en todas sus formas.

Y, en los elementos de los crímenes, documento que fue aprobado por la Asamblea de los Estados Partes en septiembre de 2002 y que hace parte del Estatuto de Roma, en relación con el homicidio en persona protegida que se configura cuando: i) el autor haya dado muerte a una o más personas; ii) que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles…iii) que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición, iv) que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado no internacional y relacionado con él y v) que el autor haya sido consciente sobre la existencia de un conflicto armado.

Sobre este particular, la Sala quiere resaltar que la jurisdicción no ha sido ajena al conflicto que de tiempo atrás vive el Estado y a partir de los diferentes tipos de imputación de responsabilidad, ha dado respuesta a la exigencia de justicia que se le ha presentado, y, en numerosos casos, ha realizado una interpretación maximizando las garantías propias del Estado Social de Derecho que nos rige, conforme, por demás, con las cláusulas convencionales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a partir de la integración que estipula el artículo 93 constitucional.

Sin duda, la construcción jurisprudencial de los regímenes de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, ha ido de la mano, en muchos asuntos, de la evolución del conflicto armado interno. Es decir, no se ha negado la existencia de aquel, y, por el contrario, ha intentado generar respuestas para compaginar el principio de justicia material con la realidad que vive el Estado Colombiano, lo que ha evitado, en muchos eventos, que los individuos no acudan a los sistemas de justicia internacional ante la ausencia de una respuesta y protección en el Estado colombiano.

Algunos casos emblemáticos fallados por la Sección Tercera a lo largo de su historia, han permitido que las víctimas de las hostilidades hayan encontrado en el juez administrativo la satisfacción de sus derechos fundamentales no solo el de acceso a la administración de justicia sino el de reparación, a partir de construcciones jurídicas en donde han prevalecido aquellos por encima de las interpretaciones formales de la ley.

En tal sentido, es válido afirmar que, más allá de las necesarias reparaciones administrativas de rango legal, las víctimas del conflicto armado colombiano, prácticamente desde sus primeras manifestaciones, han encontrado en la jurisdicción contenciosa, una instancia judicial presta a garantizar, en primer orden, su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, para garantizar por esa vía, la materialización de otros intereses igualmente fundamentales, como el de la reparación en el caso de las víctimas.

Así es que, la jurisdicción ha reconocido la existencia del conflicto armado y, por tanto, ello impone al juez de lo contencioso un examen más profuso de los elementos y circunstancias que rodean los hechos puestos a su conocimiento para satisfacer, se repite, no solo el derecho de acceso a la administración de justicia sino el de justicia y reparación, como derechos propios de las víctimas de ese conflicto e impedir así, que sean otras instancias, por ejemplo, las internacionales, las que tengan de emitir un pronunciamiento ante la ausencia de uno en el derecho interno.

En relación con este aspecto, basta señalar como, por ejemplo, en materia de violación de derechos humanos, la Ley 288 del 5 de julio de 1996, por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, introdujo el procedimiento a seguir para efectos de la conciliación prejudicial y judicial cuando el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyan respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que los correspondientes perjuicios deben ser indemnizados.

En esos eventos, después del concepto favorable de un grupo de instituciones a nivel interno sobre el cumplimiento de la decisión adoptada por el órgano internacional, se debe proceder a reconocer la indemnización, independientemente de si operó la caducidad del medio de control respectivo, en estos eventos, sin lugar a dudas, el de reparación directa, artículo 2, parágrafo 4.

Es decir, no es posible alegar por parte del Estado la caducidad, como medio para evitar el reconocimiento de su responsabilidad y la satisfacción por esa vía de los derechos de las víctimas de aquel.

2.5.3. Análisis de los defectos planteados en la acción de tutela

En el sub lite a juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al proferir la providencia de 5 de junio de 2018, mediante la cual confirmó la declaratoria de caducidad de la acción de reparación directa.

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado establecer si, de acuerdo con los cargos expuestos por la parte actora en el caso se configuraron las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Por efectos metodológicos la Sala abordará los cargos planteados por la actora así:

Primero (2.5.3.1.) estudiará de manera conjunta los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente por estar intrínsecamente relacionados.

Es decir, se determinará si la autoridad judicial aplicó indebidamente a su caso la regla de caducidad contenida en el artículo 136 numeral 8° del CCA, sin tener en cuenta que se estudiaba un hecho constitutivo de un delito de lesa humanidad, implicaba un análisis más amplio por la gravedad de los hechos. Y si desconoció el precedente alegado por la parte actora respecto de los pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Tercera en relación con la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado como consecuencia de actos constitutivos de delitos de lesa humanidad.

Luego (2.5.3.3.) se analizarán el defecto fáctico, relativo a la falta de valoración de la prueba aportada en el trámite ordinario de segunda instancia, de la que a juicio de la actora se desprende que “… hasta el 28 de abril de 2017, [el señor Ángel Alberto Sánchez Gómez] fue víctima de desaparición forzada”.

2.5.3.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente

A juicio de la parte actora en el presente asunto se configuró un defecto material o sustantivo porque el Tribunal aplicó el criterio de caducidad ordinario de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 numeral 8° del CCA, sin tener en cuenta que el caso que se estudiaba era de lesa humanidad, lo que en, criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, implica un análisis más amplio por la gravedad de los hechos.

Con el fin de estudiar este defecto es necesario trascribir la norma aplicada por la autoridad judicial:

“DECRETO 01 DE 1984

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Además, la parte actora invocó 4 pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Tercera que, a su juicio, fueron desconocidos por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, al momento de decidir su caso.

(i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena de 11 de septiembre de 2013, Rad. No. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

El 28 de marzo de 1993 el señor Italo Adelmo Cubides Chacón, de 22 años de edad, resultó muerto por acción de integrantes del Ejército Nacional, quienes presentaron al occiso como un guerrillero dado de baja durante un combate librado con una cuadrilla de la guerrilla de las FARC, supuestamente ocurrido en la vereda “El Cadillo” del municipio de Tello, Huila. Posteriormente logró establecerse que el mencionado señor no era guerrillero y que, antes bien, se trataba de un campesino conocido por personas de la región.

La Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional.

(ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” sentencia de 27 de abril de 2016, Rad. No. 25000-23-26-000-2011-00479-01(50231), Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

La señora Rosalba Quintero Prieto, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas menores Ingrid Julieth y Karen Dayana Mora Quintero, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional- con el fin de que se la declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición y posterior muerte del señor Juan de la Cruz Mora Gil, en hechos acaecidos el 7 de agosto de 2009 en la vía que de Bogotá D.C. conduce a Madrid, Cundinamarca, en los que estuvieron involucrados varios miembros de la Policía Nacional.

Con ocasión de tales hechos se adelantó el correspondiente proceso penal, el cual culminó con sentencia proferida el 10 de mayo de 2010 por el Juzgado Primero Penal Especializado de Descongestión de Cundinamarca (única prueba aportada de dicho proceso penal), a través de la cual se condenó al señor Jhon Ricardo Céspedes Gaviria, ex Agente de la Policía Nacional, a la pena principal de sesenta (60) años de prisión.

La decisión a la que acaba de hacerse referencia se fundamentó en la aceptación de los cargos que realizó el sindicado, quien afirmó que en acuerdo con varios miembros de la Policía Nacional planearon y ejecutaron doce (12) hurtos de camiones, actividad que convinieron cumplir bajo condición de ultimar a los conductores, como en efecto sucedió.

Precisó que las ejecuciones extrajudiciales ponen de presente “… la falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves de derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado Colombiano” que evidencia la “…ausencia de un riguroso control dentro de la institución policial, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los policiales, falencias éstas que debilitan su estructura y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”.

(iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Rad. No. 19001-23 31-000-2010-00115-01(56282), sentencia de 10 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

El señor Pedro Antonio Infante Largo se desempeñaba como técnico electricista en Santander de Quilichao y en razón de su trabajo, se desplazaba a otros municipios como Buenos Aires y Timba, Cauca y Timba, Valle.

El 17 de diciembre de 2007, el señor Infante Largo salió de su casa con destino al corregimiento la Ventura, de Timba, Cauca, con el objeto de reparar unos electrodomésticos a la señora María Omaira Castrillón de Atehortúa; en el camino, se encontró con el señor Yobanino Chocó Ararat, quien estaba varado en la vía, procedió a ayudarlo y lo llevó hasta la casa de la señora Castrillón, donde ambos pasaron la noche.

A las 4:00 am del día siguiente, los mencionados señores salieron de la casa de la señora Castrillón y minutos después fueron dados de baja.

Según los informes militares, los señores Infante y Chocó eran guerrilleros de las FARC- EP., el primero identificado como alias J.J. y el segundo como su escolta. Al darles muerte, a ambos, les pusieron armas de corte y mediano alcance así como granadas.

La señora Castrillón afirmó, en declaración dada ante la Fiscalía, que Pedro Antonio Infante y Yobanino Chocó no llevaban armamento al salir de su casa.

Como lo ha sostenido la Sala, la hipótesis de la sujeción del juzgamiento de las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad que comprometan la responsabilidad del Estado a la regla general de caducidad de los dos (2) años establecida en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo resulta insuficiente y poco satisfactoria, sobre todo cuando se hace manifiesta la presencia de situaciones fácticas que se enmarcan en hipótesis constitutivas de delitos que comprometen intereses y valores sustancialmente diferentes a los simplemente individuales; intereses y valores vinculados materialmente a la suerte de la humanidad misma, y que por lo tanto trascienden cualquier barrera del ordenamiento jurídico interno que fundada en razones de seguridad jurídica pretenda establecer límites temporales para el juzgamiento de los mismos, sea en el ámbito de la responsabilidad penal o de cualquier otro, como el de la responsabilidad del Estado.

Se hace preciso, pues, abordar el tema a partir de una hipótesis particular que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva, en aplicación del artículo 229 constitucional en armonía con el ordenamiento jurídico internacional [obligaciones convencionales consagradas en los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales] y con los compromisos internacionales del Estado colombiano, que parten de la premisa de que las hipótesis de daño antijurídico acaecidos con ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención involucran.

(…)

Al respecto, la Sala, al margen de la discusión en torno a los términos procesales para adicionar la demanda, considera que, tal como se desarrollará en acápites subsiguientes, el presente caso debe estudiarse como un evento de lesa humanidad dadas las circunstancias como se produjo la muerte del señor Infante Largo y por tanto, conforme a los criterios de convencionalidad y constitucionalidad expuesto, se concluye que no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad y no está llamada a prosperar la excepción invocada por la entidad demandada.

(iv) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 5 de septiembre de 2017, Rad. No. 73001-23-31-000-2008-00561-01(38058) Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

Los señores JOSE YINER ENRIQUEZ HOYOS, GERARDO ANTONIO MORENO GONZÁLEZ y JOSE NEVER RAMOS HENAO, eran unos ciudadanos de bien y cabezas de sus respectivas familias, los cuales se desempeñaban como comerciantes independientes vendiendo zapatos y ropa.

Los mencionados fueron contactados por un hombre desconocido en el barrio “Los Chorros de Cali”, quien les propuso viajar a una finca “para sacar una guaca ya que el dueño de la finca tenía dinero enterrado allí y había viajado al exterior, dejándola abandonada; aduciendo que era el capataz y por lo tanto tenían libertad de entrar a buscar.” En vista de tal proposición y de tener una oportunidad de sacar adelante a sus respectivas familias, los señores JOSE YINER ENRIQUEZ HOYOS, GERARDO ANTONIO MORENO GONZÁLEZ y JOSE NEVER RAMOS HENAO, decidieron aceptar la invitación y trasladarse hasta la finca en comento.

El 28 de febrero de 2008 las respectivas esposas de los señores se enteraron que a ellos los habían asesinado en extrañas circunstancias en hechos ocurridos en la vereda “potrerillo” municipio de Ibagué, toda vez “que el Ejército Nacional Batallón de Infantería No. 18 CR JAIME ROCKE manifiesta que los mataron en enfrentamiento…”.

“… justamente esta Corporación ya ha hecho eco de la aplicabilidad oficiosa e imperativa del control de convencionalidad conforme a la cual ha sostenido el deber de los funcionarios en general, y en particular de los jueces, de proyectar sobre el orden interno y dar aplicación directa a las normas de la Convención y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tales cuestiones han sido abordadas en aspectos tales como los derechos de los niños, la no caducidad en hechos relacionados con actos de lesa humanidad, los derechos a la libertad de expresión y opinión, los derechos de las víctimas, el derecho a la reparación integral, el derecho a un recurso judicial efectivo, el derecho al a protección judicial, entre otros asuntos.

La Sala puede extraer las siguientes reglas de derecho de las decisiones invocadas por la parte actora, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado:

Primera, la ejecución extrajudicial es una acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional.

Segunda, la ocurrencia de este tipo de conductas evidencia la existencia de una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves de derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado Colombiano.

Tercero, cuando se demanda al Estado con el fin de que se le condene por conductas relacionadas con la comisión de delitos de lesa humanidad no se puede aplicar raja tabla el término de caducidad previsto en el Decreto 01 de 198 –CCA- artículo 136 numeral 8°, al estar en juego intereses y valores tras individuales y que exceden el derecho interno.

Cuarto, el daño antijurídico acaecido con ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención involucran.

Si bien las mencionadas reglas se extraen de las sentencias citadas como desconocidas por la parte actora, en respeto al deber de transparencia el Consejo de Estado, Sección Quinta debe indicar que la cuarta regla relativa a la no aplicabilidad del término de caducidad de las acciones de reparación directa, cuando se persigue la reparación de daños derivados de conductas supuestamente constitutivas de lesa humanidad, no es pacífica en todas las Subsecciones de la Sección Tercera.

Lo anterior se debe en que algunos pronunciamientos de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha indicado que la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir los delitos de lesa humanidad no conlleva inexorablemente que el medio de control de reparación directa no caduque.

Así lo explicó la Sección Quinta en sentencia de tutela de 23 de agosto de 2018 Rad. No. 11001-03-15-2018-00895-01 en la que se señaló “… advierte la Sala que la autoridad judicial accionada, no se apartó de las mencionadas decisiones, pues dentro del margen de independencia y autonomía que le asiste, optó de manera procedente por un criterio interpretativo diferente, especialmente si se tiene en cuenta que a la fecha no existe un criterio unificado en la Sección Tercera, frente a la inoperancia del fenómeno de la caducidad cuando el daño antijurídico que se busca indemnizar es producto de la responsabilidad de la administración derivado de delitos de lesa humanidad”.

No obstante, lo anterior no es óbice para que en el caso el Tribunal Administrativo estudiara las circunstancias particulares que rodearon el deceso del señor Angel Alberto Sánchez Gómez, con el fin de establecer la fecha en la que los demandantes del proceso de reparación directa tuvieron la certeza del daño y a partir de esta fecha iniciar el conteo de la caducidad.

En relación con el asunto, la Sala trae a colación las sentencias: (i) T-237 de 2017, que se toma como criterio auxiliar de interpretación, en la que el Máximo Tribunal Constitucional concedió el amparo a los derechos fundamentales alegados por la parte actora y se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos en los casos de ejecución extrajudicial, la reparación del daño antijurídico, el alcance de los indicios para atribuir responsabilidad al Estado y el deber del juez de alcanzar la justicia material, ameritan que el juez constitucional no se soporte en criterios formales y habilite el examen de fondo, con el fin de hacer prevalecer la vigencia de un orden justo, la primacía de los derechos de la persona y la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales y (ii) SU-035 de 2018 en las que la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de flexibilizar los estándares probatorios aplicables en asuntos donde se debatan graves violaciones a los derechos humanos y las facultades oficiosas de los jueces para garantizar la justicia material, como por ejemplo: utilizar medios de prueba indirectos como los indicios.

Y en la misma línea, se recuerda que conforme a los parámetros expuestos en el acápite 2.5.2. de esta providencia sobre las ejecuciones extrajudiciales: (i) se trata de una conducta autónoma e independiente de la desaparición forzada; (ii) el análisis de la caducidad del medio de control debe adelantarse conforme a las características propias del presunto delito que se señaló como generador del daño; (iii) la fecha de la muerte o la fecha en la que aparece la víctima resulta insuficiente a efectos de establecer un término inicial del conteo de la caducidad, pues el daño se torna antijurídico cuando logra comprobarse que la persona fue dada de baja aún cuando no hacía parte de las hostilidades o conflicto y por lo tanto era una persona protegida; (iv) el juez administrativo debe emplear parámetros de caducidad que garanticen el acceso a la administración de justicia y la reparación de las víctimas como garante de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario; (v) la jurisdicción contenciosa administrativa no puede ser ajena al conflicto armado interno, sus connotaciones y consecuencias.

Con las pautas anteriores, la Sala debe hacer mención a las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, en la sentencia de 5 de junio de 2018 mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia.

En la mencionada providencia la autoridad, tal como lo indica la demandante, aplicó el término de caducidad previsto en el Decreto 01 de 1984 por considerar que el caso NO era de desaparición pues el cadáver nunca estuvo desaparecido y que, por el contrario, los demandantes siempre conocieron del fallecimiento del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez, la fecha de ocurrencia de los hechos y la autoría de los mismos.

Como sustento de lo anterior, el Tribunal tuvo en cuenta los siguientes documentos:

(a) La denuncia de 17 de agosto de 2005 presentada por la señora García en la que indicó que aquella“… el mismo día [11 de agosto de 2005] los cuerpos sin vida de los señores Gricelio, Arnobio, y Ángel fueron trasladados en un helicóptero del Ejército de la Compañía Héroes de Mitú No. 61 y llevados con rumbo a San José del Guaviare”,

(b) La comunicación de 13 de enero de 2016 mediante la que la demandante solicitó la colaboración de la Fiscalía o al Juez Penal de San José del Guaviare para trasladar el cuerpo de su compañero permanente a la ciudad de Villavicencio en que expuso “… quien fue asesinado el día 11 de agosto de 2005 por el Ejército Nacional Brigada 61 Héroes de Mitú, en la Vereda El Triunfo, Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare y su cadáver fue reconocido por mi hijo Pedro Antonio Rangel y sepultado en un cementerio en San José del Guaviare como N.N.”;

(c) El memorial de 14 de marzo de 2006 por medio del cual el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar le informó a la actora que debía probar su calidad de cónyuge o compañera permanente para proceder a la entrega del cadáver;

(d) La petición de 12 de agosto de 2008 por medio de la cual pidió al Director de Justicia Penal Militar información acerca del lugar en el que fue sepultado el señor Sánchez Gómez;

(e) El informe de 29 de agosto de 2008, con el que el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar confirmó a la señora García que el cuerpo de la víctima fue enterrado en el cementerio de San José del Guaviare.

Agregó que el caso no era de desaparición pues el cadáver nunca estuvo desaparecido y que teniendo en cuenta todas las fechas reseñadas era “…. posible concluir que al presentarse la solicitud de conciliación el 15 de julio de 2011 ante la Procuraduría Judicial I para asuntos administrativos y la demanda el 9 de septiembre de 2011, (…) los dos años para operara la caducidad ya estaban ampliamente vencidos”.

Finalmente destacó que la señora García pudo solicitar la entrega del cuerpo del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez “… lo que no hizo en su momento, ni solicitó la exhumación de manera posterior”.

Lo primero que advierte la Sección, es que en la demanda de reparación directa no se alegó únicamente la ocurrencia de hechos constitutivos de desaparición forzada sino que, además y de manera enfática, se señaló que el señor Ángel Alberto Sánchez Gómez fue víctima del delito de ejecución extrajudicial.

Recuerda la Sala que conforme la Resolución 67/168 de 2012 de la Asamblea General de Naciones Unidas, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, lo que permite concluir que se trata de una categoría específica y diferente a la del delito de desaparición forzada.

En tal sentido lo primero que encuentra la Sección es que aplicación del principio de iura novit curia el caso no podía analizarse a la luz de los parámetros del artículo 134 numeral 8° inciso 2° del CCA y, mucho menos de conformidad con un criterio inflexible de las reglas del inciso 1° de la misma norma.

Es decir, a la autoridad le era exigible dadas las particularidades del caso analizar más allá de la simple fecha del acaecimiento del hecho dañino o la aparición del cuerpo, cuando de conformidad con las pruebas aportadas al proceso se tuvo la certeza de que el daño sufrido –la ejecución extrajudicial- por los familiares de la víctima era antijurídico e imputable al Estado.

Frente al particular se recuerda que conforme al artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado esté llamado a responder es inexorable que se compruebe el daño antijurídico “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho” (con todos sus elementos: personal, cierto y subsistente) y la imputación –fáctica y jurídica- entendida como “el fundamento o razón de la obligación de reparar[lo]”, o “las circunstancias en virtud de las cuales es posible establecer una relación entre el daño y el sujeto imputado que justifica atribuir a éste el deber de reparación que la antijuridicidad del daño impone”.

En tal sentido, encuentra la Sección Quinta que le asiste la razón a la parte actora en señalar que aún cuando desde el 2005 conoció del asesinato del señor Ángel Alberto Sánchez Gómez, a efectos de establecer una fecha cierta a partir de la cual la parte demandante tuvo certeza de que el daño irrogado era imputable al Estado no podía partir de la simple manifestación de la señora Martha Cecilia García en los escritos presentados ante las autoridades públicas, para el efecto al juez de lo contencioso administrativo le correspondía corroborar teniendo como sustento la demás pruebas aportadas al proceso en qué momento los familiares pudieron verificar que el fallecimiento de la víctima era imputable a los agentes del Estado. Para el efecto, debió valorar los medios de prueba obrantes en los procesos disciplinarios y penales adelantados en contra de los miembros de la fuerza pública como consecuencia de los mismos hechos.

Admitir lo contrario, es decir, que la antijuricidad del hecho depende de las simples afirmaciones de la señora Martha Cecilia García, carecería de sustento jurídico y probatorio, pues como se dijo anteriormente a efectos de establecer un término inicial del conteo de la caducidad, es indispensable que se determine el momento en el que el daño se torna antijurídico y, ello ocurre, cuando logra comprobarse que la persona fue dada de baja aún cuando no hacía parte de las hostilidades o conflicto y por lo tanto era una persona protegida o, cuando se desvirtuó la presunción según la cual la persona muerta en combate realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impidiera a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.

En tal sentido se cuestiona la Sección ¿En caso de que en los escritos aportados al proceso la actora indicara que conoció del hecho y su antijuridicidad, por ejemplo, hasta el año 2011, el juez tendría que tener esta fecha como límite inicial para el cómputo de la caducidad?, ¿Con el fin de que se declare la responsabilidad del Estado sería suficiente con la afirmación de los familiares de la víctima de que el daño es imputable a sus agentes? O, ¿Por el contrario debería analizar, conforme a la pruebas obrantes en el proceso, cuándo los familiares del señor Ángel Alberto Gómez Sánchez tuvieron o pudieron certeza de la antijuricidad del daño? A juicio de la Sala, la respuesta que se tiene como ajustada a los principios constitucionales es la segunda, esto es, corresponde al juez alcanzar la justicia material de acuerdo con sus facultades procesales y los estándares probatorios aplicables en asuntos donde se debatan graves violaciones a los derechos humanos.

Nótese por ejemplo que en los escritos citados por la autoridad como sustento de la caducidad la señora Martha Cecilia García hizo mención a que a su esposo lo había ejecutado extrajudicialmente “el Ejército Nacional Brigada 61, Héroes de Mitú”, y que al proceso ordinario fueron aportadas las copia de los procesos penales y disciplinarios adelantados en contra de los miembros del Ejército Nacional, Batallón Joaquín París de la Brigada Móvil No. 7 al mando del Subteniente Dagoberto Cárdenas Naranjo.

La Sala recuerda que la parte actora en la demanda pidió que se decretaran como pruebas las copias de las investigaciones (i) penal adelantada por la Fiscalía 62 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Juzgado 62 Penal Militar, adelantada por la desaparición y muerte del señor Ángel Alberto Sánchez García; (ii) disciplinaria radicada con el número 036-001524-2008 a cargo de la Procuraduría Regional del Guaviare; las dos indicadas en contra de los miembros del Ejército Nacional, Batallón Joaquín París de la Brigada Móvil No. 7 al mando del Subteniente Dagoberto Cárdenas Naranjo. Pruebas que fueron decretadas mediante auto de 16 de noviembre de 2012 (folio 52 y 53 del expediente ordinario) y aportadas al proceso y de cuya análisis podía extraerse cuando se tuvo certeza de la antijuridicidad del daño endilgado a las entidades demandadas.

Por tal razón, concluye la Sala que si bien en el caso no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente en la medida en que no existe una posición unificada en las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la inoperancia del fenómeno de caducidad de las acciones de reparación directa, cuando se persigue la reparación de daños derivados de conductas supuestamente constitutivas de lesa humanidad. Sí se materializó el defecto sustantivo, en la medida en que los jueces de instancia abordaron el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en cuenta las particularidades del caso, a efectos de garantizar el derecho de las víctimas de graves infracciones al DIH, no solo de acudir a la administración de justicia sino a ver satisfechos sus derechos, entre otros, el de obtener una reparación, si se puede, integral, como lo exigen los instrumentos internacionales.

2.5.3.2. Defecto fáctico

La parte actora indicó que se configuró porque el Tribunal omitió tener en cuenta la prueba aportada el 4 de mayo de 2017 “… separándose de hechos que encuentran plenamente probados que evidencian una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial de mi cónyuge que conllevó mi desplazamiento y el de mis hijos, lo cual evidencia que le material probatorio no fue valorado adecuadamente de manera integral, desconociendo que la desaparición de mi esposo cesó en abril de 2017 fecha en la cual me fue entregado el cuerpo luego de un cotejo de laboratorio realizado por medicina legal”.

Aseguró que hasta el 28 de abril de 2017, fecha en la que se entregó el cadáver, su esposo fue víctima de desaparición forzada. En consecuencia, no había cesado el delito de lesa humanidad y tampoco acaecido la caducidad de la acción, pues en esta clase de eventos la caducidad debe ser interpretada de manera diferente por la gravedad de los hechos.

Indicó que el Tribunal acusado contabilizó el término de caducidad desde la fecha de la muerte de su esposo, teniendo como sustento para el efecto que conocía que había sido asesinado por el Ejército desde 2005 “… pero sin tomar en cuenta que nunca tuve certeza al respecto, pues todas mis actuaciones para obtener el cuerpo las realicé bajo suposiciones y basada en información de terceros más no porque yo realmente tuviera la certeza del homicidio, las circunstancias o causas del mismo, ya que no se ha proferido sentencia penal o del lugar donde se encontraba sepultado mi esposo”.

Una vez revisada el expediente ordinario remitido en copia digital, observa la Sala que en el memorial de 4 de mayo de 2017, el apoderado de la parte demandante indicó lo siguiente “…me permito adjuntar este escrito en los términos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo legislación bajo la cual se tramita este proceso, prueba documental que no se pudo solicitar ni introducir en la oportunidad debida en primera instancia, pues evidentemente se trata de un hecho transcurrido mucho tiempo después, incluso después de proferirse fallo por el juez a quo”.

Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria en la sentencia de 5 de junio de 2018, ni en providencia separada, se refirió al memorial presentado por la parte actora el 4 de mayo de 2017 en el que se le solicitó tener en cuenta en el fallo de segunda de instancia el Oficio Rad. 20179490007521 de 20 de abril de 2017.

En tal sentido le asiste la razón a la parte actora al señalar que el documento no fue valorado por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria, sin embargo, lo anterior no es suficiente para que se acceda al amparo en relación con el defecto fáctico en la medida en que la valoración de la mencionada prueba no tendría influencia alguna en la decisión adoptada por el juez ordinario, en la medida en que con ella se pretendía acreditar la fecha en la que la señora Martha Cecilia García recibió los restos óseos de la víctima, mas no cuando se tuvo la certeza de la antijuridicidad e imputabilidad del daño.

Conclusión

En virtud de lo anterior, considera la Sección Quinta del Consejo de Estado que en el caso concreto debe accederse el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia solicitado por la parte actora, toda vez que se materializó el defecto alegado en la acción de tutela relativo al defecto sustantivo en la medida en que los jueces de instancia abordaron el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en cuenta las particularidades del caso y que se alegaba la presunta responsabilidad del Estado como consecuencia de una conducta supuestamente constitutiva de un delito de lesa humanidad, como lo es una ejecución extrajudicial.

No obstante, se negará el amparo en relación con el desconocimiento del precedente y el defecto fáctico alegado relativo a la falta de valoración del memorial aportado el 4 de mayo de 2017, por las razones esbozadas.

En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 5 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria en el marco de la acción de reparación directa radicada con el número 50001-33-31-002-2011-00408.

Asimismo, teniendo en cuenta que el juez constitucional no puede reemplazar al ordinario, le ordenará al Tribunal Administrativo del Meta que profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia, esto es, determine con sustento en todo el material aportado al proceso la fecha en la que los familiares pudieron verificar que el fallecimiento de la víctima era antijurídico e imputable a los agentes del Estado o, dicho de otro modo, se desvirtuó la presunción según la cual la persona muerta en combate realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impidiera a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Martha Cecilia García por encontrar configurados los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia y, NEGAR el amparo en relación con el defecto fáctico alegado relativo a la falta de valoración del memorial aportado el 4 de mayo de 2017, por las razones esbozadas.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 5 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria en el marco de la acción de reparación directa radicada con el número 50001-33-31-002-2011-00408.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia, esto es, determine con sustento en todo el material aportado al proceso la fecha en la que los familiares pudieron verificar que el fallecimiento de la víctima era imputable a los agentes del Estado o se desvirtuó la presunción según la cual la persona muerta en combate realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impidiera a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Ver folios 1 del expediente de tutela.
Decreto 01 de 1984 “ARTICULO 214. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”

Esta Sala conoció del proceso en los términos del Acuerdo No. PCSJA18-10920 de 22 de marzo de 2018. Folio 28 del expediente de tutela. Véase, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 25 de mayo de 2011 (expediente 15838), sentencia de 25 de mayo de 2011 (expediente 18747), sentencia de 8 de junio de 2011 (expediente 19772), sentencia de 31 de agosto de 2011 (expediente 19195), sentencia de 1° de febrero de 2012 (expediente 21274), sentencia de 18 de julio de 2012 (expediente 19345), sentencia de 22 de octubre de 2012 (expediente 24070), sentencia de 19 de noviembre de 2012 (expediente 25506), sentencia de 27 de febrero de 2013 (expediente 24734), sentencia de 20 de junio de 2013 (expediente 23603), sentencia de 24 de octubre de 2013 (expediente 25981), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 40802), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 26013), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 25813), sentencia de 3 de marzo de 2014 (expediente 47868), sentencia de 26 de marzo de 2014 (expediente 29129), sentencia de 8 de abril de 2014 (expediente 28330), sentencia de 8 de abril de 2014 (expediente 28318), sentencia de 14 de mayo de 2014 (28618), sentencia de 9 de julio de 2014 (expediente 30823), sentencia de 9 de julio de 2014 (expediente 28318), sentencia de 12 de julio de 2014 (expediente 28433), sentencia de 28 de agosto de 2014 (expediente 26251), sentencia de 20 de octubre de 2014 (expediente 31250), sentencia de 12 de noviembre de 2014 (expediente 28505). Auto de 24 de septiembre de 2012 (expediente 44050), Auto de Sala Plena de Sección Tercera de 6 de diciembre de 2012 (expediente 45679), Auto de 17 de septiembre de 2013 (expediente 45092), Auto de Sala Plena de Sección de 17 de octubre de 2013 (expediente 45679), Auto de 26 de septiembre de 2013 (expediente 42402), entre otras providencias. Folio 1 del expediente de tutela. Folio 37 el expediente de tutela. De acuerdo con el oficio obrante a folio 44 del expediente se notificó de la existencia de la tutela al Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio. Folios 45 y 46 del expediente. Folios 48 a 51 del expediente. Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Folios 28 del expediente de tutela. Consejo de Estado, Sección Quinta. Fallos de 12 de febrero de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-00747-01 Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro y de 10 de mayo de 2018, Rad. No.

11001-03-15-000-2017-01905-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-644 de 2011.

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions/
HYPERLINK "http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791"http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791. Este informe fue presentado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en marzo de 2010, después de su visita a Colombia.

Ver historia del artículo 3 común a los convenios de Ginebra en HYPERLINK "https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm"https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm, que toma los comentarios al Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998.
Es importante señalar que a nivel internacional se viene haciendo un esfuerzo para distinguir entre las personas civiles protegidas por el DIH, en cuanto existe personal civil que toma indirectamente parte en los hostilidades, por ejemplo, aquellos que venden mercancía, enseres, provisiones a los grupos armados, pero que por esa sola circunstancia no pueden perder su condición de protegidas. Sobre el particular se puede consultar “El derecho internacional humanitario consuetudinario”. Volumen I. Jean-Marie Henckaerts y Louis Doswald-Beck. CICR. Págs 22 y siguientes.

HYPERLINK "http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791"http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791. Pág 13.
Es importante advertir que en las sentencias C-253 A y C-781 de 2012, la Corte Constitucional analizó el tema del conflicto armado interno en Colombia, para señalar, por ejemplo que “Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano.(...). Igualmente, en la sentencia C-250 de 2012, se declaró la exequibilidad del año 1985, como año a partir del cual las víctimas del conflicto armado pueden solicitar la aplicación de la llamada ley de víctimas.
Sobre el particular conductas calificadas como de lesa humanidad. Y la discusión que se abre en relación con las conductas cometidas como consecuencia del conflicto armado interno.
“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-578 de 2002. En la que se indicó que las “normas del Estatuto surten efectos dentro del ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional. Las disposiciones en él contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales de tal manera que a quien delinca en el territorio nacional se le aplicará el ordenamiento jurídico interno….” En esa medida, se señaló, por ejemplo, frente a la imprescriptibilidad de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que ese tratamiento diferenciado fue aceptado por el Acto Legislativo No. 02 de 2001, y que resulta contrario al artículo 28 de la Constitución que consagra la prescriptibilidad. Estos elementos fueron aprobados por el Estado colombiano por medio de la Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban “las reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional” aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002 y cuyo control de constitucional se verificó en la sentencia C-801 de 2009. Entre otros ver: Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 6 de octubre de 2005. Radicación número: 41001-23-31-000-2001-00948-01(AG). Actora: Natividad Oyola y otros. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional y Fuerza Aérea. Sección Tercera. M.P. Ruth Stella Correa. 28 de junio de 2006. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00196-01(16630). Actor: Andrés Hernando Marín. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional. SecCión Tercera. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 9 de abril de 2008. Expediente número: 18.769 (Acumulados 12.561, 12.581, 12.582) Actor: Álvaro Herrera González y otros. Demandado: Nación- Ejército Nacional. Sección Tercera, Subsección C. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 25 de mayo de 2011. Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados). Actor: José Ignacio Ibañez Díaz y otros. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional.
“PARÁGRAFO 4o. Habrá lugar al trámite de que trata la presente Ley incluso si hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para efectos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este artículo”. Esos requisitos, entre otros, tienen que ver con las pruebas tenidas en cuenta por el órgano internacional.

Véase, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 25 de mayo de 2011 (expediente 15838), sentencia de 25 de mayo de 2011 (expediente 18747), sentencia de 8 de junio de 2011 (expediente 19772), sentencia de 31 de agosto de 2011 (expediente 19195), sentencia de 1° de febrero de 2012 (expediente 21274), sentencia de 18 de julio de 2012 (expediente 19345), sentencia de 22 de octubre de 2012 (expediente 24070), sentencia de 19 de noviembre de 2012 (expediente 25506), sentencia de 27 de febrero de 2013 (expediente 24734), sentencia de 20 de junio de 2013 (expediente 23603), sentencia de 24 de octubre de 2013 (expediente 25981), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 40802), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 26013), sentencia de 12 de febrero de 2014 (expediente 25813), sentencia de 3 de marzo de 2014 (expediente 47868), sentencia de 26 de marzo de 2014 (expediente 29129), sentencia de 8 de abril de 2014 (expediente 28330), sentencia de 8 de abril de 2014 (expediente 28318), sentencia de 14 de mayo de 2014 (28618), sentencia de 9 de julio de 2014 (expediente 30823), sentencia de 9 de julio de 2014 (expediente 28318), sentencia de 12 de julio de 2014 (expediente 28433), sentencia de 28 de agosto de 2014 (expediente 26251), sentencia de 20 de octubre de 2014 (expediente 31250), sentencia de 12 de noviembre de 2014 (expediente 28505). Auto de 24 de septiembre de 2012 (expediente 44050), Auto de Sala Plena de Sección Tercera de 6 de diciembre de 2012 (expediente 45679), Auto de 17 de septiembre de 2013 (expediente 45092), Auto de Sala Plena de Sección de 17 de octubre de 2013 (expediente 45679), Auto de 26 de septiembre de 2013 (expediente 42402), entre otras providencias. Mediante esta sentencia la Corte Constitucional revocó una decisión proferida por la Sección Quinta el 17 de noviembre de 2016, mediante la cual se había declarado la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 2 de marzo de 2000. M.P. María Elena Giraldo Gómez. Exp. 11945, entre otras. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Aclaración de voto de Enrique Gil Botero de 30 de julio de 2008. Exp. 15726. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de julio de 1993. Rad. No. 7622. Pinzón Muñoz, Carlos Enrique. El derecho de daños en la responsabilidad extracontractual del Estado. Ediciones Doctrina y Ley LTDA. Bogotá. Colombia. 2015. Decreto 01 de 1984 “ARTICULO 214. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior.

Esta Sala conoció del proceso en los términos del Acuerdo No. PCSJA18-10920 de 22 de marzo de 2018.

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