Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01847-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01847-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01847-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de marzo de 2022
1
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01847- 02 (ACUMULADOS)
Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2019 01847 02 (Acumulados)
Accionante: Lourdes Milena Sánchez Moscote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”
Incidentista : Gina Johana Valero Valero y Otros
Asunto: Incidente de Desacato - Declara Incumplimiento e
impone sanción.
___________________________________________________________
Este Despacho procede a resolver el incidente de desacato propuesto por la
señora Gina Johana Valero Valero, en relación con el fallo de tutela dictado
por la Sección Cuarta de esta Corporación, en segunda instancia, el 6 de
febrero de 2020, mediante el cual se amparó los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social reclamados por la incidentista; y
respecto a las demás solicitudes de amparo acumuladas, se confirmó la
decisión de primera instancia .
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
La señora Lourdes Milena Sánchez Moscote, junto con varios trabajadores
de Estudios e Inversiones Médicas ESIMED S.A, (en adelante ESIMED),
promovieron de manera masiva acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
invocando la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideraron vulnerados con
ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera, Subsección “A”, el 10 de abril 2019, en la
que ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud revocar la habilitación
otorgada mediante las resoluciones núm. 0973 y 1358 de 2008 a MEDIMÁS
E.P.S. S.A.S, dentro de la acción popular núm. 25-000-23-26-000-2016-
01314-00, promovida por el señor Aníbal Rodríguez Guerrero contra la
Superintendencia Nacional de Salud y CAFESALUD EPS S.A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-01847- 02 (ACUMULADOS)
Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
Acción de tutela
Mediante auto del 8 de mayo de 2019, este despacho admitió la acción de
tutela presentada por la señora Lourdes Milena Sánchez Moscote, negó la
medida provisional solicitada y dispuso la notificación del accionado.
Posteriormente, con auto de fecha 29 de julio de 20191, se admitió y ordenó
la acumulación de las acciones de tutela masivas al proceso 2019-01847-00
adelantado por la Lourdes Milena Sánchez Moscote; dentro de las
acumulaciones decretadas se encuentra la solicitud de amparo radicada con
el núm. 2019-02342-00 presentada por la incidentista Gina Johana Valero
Valero.
Una vez surtido el trámite procesal, mediante fallo de fecha 3 de septiembre
de 2019, esta Sección declaró improcedente la solicitud de amparo, por
considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Impugnación fallo de tutela de primera instancia
Dentro del término, el anterior fallo fue impugnado por las algunas
accionantes, Julieth María Bohórquez Yánez, Gina Johanna Valero Valero y
Rosalía Cabrera Suárez, en nombre propio, así como por el apoderado de
las sociedades Prestnewco S.A.S. y Prestmed S.A.S.
Fallo de tutela en segunda instancia
El 6 de febrero de 2020, la Sección Cuarta de esta Corporación, resolvió la
impugnación interpuesta en contra de la anterior decisión, en el sentido de
amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social
de la señora Gina Johana Valero Valero, y confirmó en lo demás el fallo
impugnado. Específicamente, en dicha providencia se ordenó:
«[…] Primero. - AMPÁRENSE los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de Gina Johana Valero Valero (expediente
2019-02342-00).
Segundo. - ORDÉNESE a ESIMED S.A. que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, en caso de
que no se hubiese realizado, efectúe el pago de las prestaciones sociales
y los salarios adeudados a Gina Johana Valero Valero, identificada con
cédula de ciudadanía N° 52.822.585.
1 Índice 44 de Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-01847- 02 (ACUMULADOS)
Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
El cumplimiento de esta orden está condicionado a la vigencia del vínculo
laboral entre Gina Johana Valero y ESIMED S.A., por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero. - CONFÍRMESE en lo demás el fallo Impugnado.
Ahora, para adoptar la decisión de amparar los derechos fundamentales
reclamados por la hoy incidentista, la Sección Cuarta de esta Corporación
realizó una valoración del acervo probatorio aportado con la solicitud de
amparo, así:
« […] En efecto, obra certificación de 22 de febrero de 2019, expedida
por la coordinadora de nómina de Esimed S.A., en la que informó lo
siguiente respecto de Gina Johana Valero Valero:
“ De acuerdo con los registros del aplicativo nomina
KACTUS (…) tiene registrado los siguientes contratos
laborales:
Con la empresa Corporación IPS SALUDCOOP (EN
LIQUIDACION) NIT 830.106.376-1 desde el 3 de febrero
de 2015 hasta el 31 de octubre de 2015 con el cargo de
AUXILIAR DE ENFERMERIA y contrato de trabajo a
TERMINO INDEFINIDO . Con ultima asignación
salarial. (…)
De acuerdo con la cesión de contrato de trabajo suscrita
entre la CORPORACION IPS SALUDCOOP y con la
empresa ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS ESIMED
S.A. NIT 800.215.908-8 desde el día 01 de noviembre
de 2015, con el cargo AUXILIAR DE ENFERMERIA y
contrato de trabajo a TÉRMINO INDEFINIDO por
cesión de contrato con última asignación salarial
mensual (…)” (negrillas por fuera del texto original)
También, fue aportada por la accionante certificación de 23 de mayo de
2018, en la que ESIMED S.A. certifica que Gina Johana Valero Valero
“labora con esta empresa desde el 3 de febrero de 2015 con contrato
INDIDEFINIDO. En la actualidad desempeña el cargo de AUXILIAR DE
ENFERMERIA (…)” (negrillas por fuera del texto original).
La actora afirmó que desde marzo de 2018, la empresa Esimed S.A. dejó
de pagar los salarios y prestaciones sociales lo que causó una grave
afectación. Ello porque desde julio de esa anualidad inició un embarazo
de alto riesgo que no fue atendido debidamente por causa de la mora en
el pago de las cotizaciones a la E.P.S. Agregó que tuvo que acudir a
distintas instancias para que se garantizara la atención médica que
requería su embarazo, la cual se garantizó finalmente hasta el 6 de abril
de 2019, cuando se dio de alta de hospital luego de un proceso de
hospitalización después del parto.
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
En efecto, la actora aportó con la solicitud dirigida a Esimed S.A. radicada
el 2 de octubre de 2018, en la que pone de presente su condición médica
y la falta de atención por la omisión en los pagos. Esta petición fue
reiterada el 9 de noviembre de la mima anualidad.
Asimismo, aportó con la solicitud de amparo la petición elevada ante el
Ministerio de Trabajo el 26 de noviembre de 2018, en la que pone de
presente su condición de salud y la omisión en el pago de salarios y
prestaciones sociales por parte de Esimed S.A.
Esta misma petición fue elevada al ministerio de Salud el 22 de octubre
de 2018, a la Procuraduría General de la Nación el 26 de noviembre de
2018, a la Personería de Bogotá en esa misma fecha.
Relató la actora que su esposo falleció durante el embarazo y su hijo de
nueve meses de nacido ha presentado complicaciones de salud, pues
presenta paladar hendido y un síndrome denominado “ojos de gato”.
Actualmente no percibe ningún ingreso económico que le permita
garantizar su sostenimiento y el de su menor hijo, dada la situación que
atraviesa la compañía en la cual se encuentra vinculada laboralmente.
Agregó que ha tenido que asumir de manera particular los gastos
médicos de su hijo porque no puede acceder al servicio de salud a través
de la E.P.S por cauda de la mora en los aportes en la que incurrió el
empleador.
Manifestó que depende de la vinculación laboral con Esimed S.A. para
garantizar el sustento de ella, de su hijo y de su madre.
Esa información fue ratificada por la actora a través de la comunicación
telefónica establecida con ella por un funcionario del despacho de la
Magistrada Sustanciadora, en la que se le preguntó si la situación
relatada en la solicitud de amparo habría presentado cambios, y la
respuesta fue negativa.
Asimismo, mediante auto de 6 de noviembre de 2019, la Magistrada
Sustanciadora dispuso oficiar a la empresa Esimed S.A para que brindara
la siguiente información:
“ (i) Si tuvo o tiene algún vinculo contractual con la señora
Gina Johana Valero Valero, identificada con cedula de
ciudadanía Nº 52.822.585, para lo cual deberá precisar si
actualmente se encuentra vinculada a esa sociedad.
(ii) si en el marco de la vinculación contractual que ha
tenido la señora Gina Johana Valero Valero, esa compañía
ha efectuado el pago de los aportes a la EPS a la que se
encuentra afiliada.
(iii) Cuales han sido las gestiones administrativas que ha
adelantado esa sociedad, con el fin de que se garantice el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a la
señora Gina Johana Valero Valero.”
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
Sin embargo, no se obtuvo respuesta por lo que resulta procedente dar
aplicación a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991
que expresa lo siguiente:
“ si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa.” […]»
Después del análisis del acervo probatorio, el ad- quem encontró que la
accionante, hoy incidentista, e hijo recién nacido, eran sujetos de una
protección constitucional reforzada, teniendo en cuenta la edad del menor,
su estado de salud y la condición de madre cabeza de hogar de la
accionante.
Concluyendo la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que: “La Sala
presume que Gina Johana Valero Valero actualmente se encuentra vinculada
a Esimed S.A., por lo tanto, la obligación en el pago de los salarios y
prestaciones sociales por parte de la compañía respecto de la actora
persiste. Sin embargo, tales deberes no están siendo cumplidos por Esimed
S.A., lo que causa un grave perjuicio a la actora y a su menor hijo quien se
encuentra enfermo, pues la mora en el pago de prestaciones sociales
impiden el acceso a los servicios médicos que requiere para el manejo de
las patologías que presenta el menor : paladar hendido y síndrome de “ojos
de gato”.
De igual manera precisó que, para efectos del cumplimiento de la orden
relacionada con el pago de las prestaciones sociales y salarios adeudados a
la accionante, la misma está condicionada a la vigencia del vínculo laboral
entre Gina Johana Valero Valero y Esimed S.A., “lo que no fue desvirtuado
por la entidad accionada dentro del trámite de la acción de tutela pese a que
fue requerida para que informara sobre ese particular”, por lo que dio
aplicación al principio de veracidad consagrado en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991.
De la solicitud de incidente de desacato
La señora Gina Johana Valero Valero manifestó, mediante escrito remitido
al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el
incumplimiento de la sentencia de tutela del 6 de febrero de 2020. En
consecuencia, solicitó sancionar por DESACATO a ESIMED S.A., por
incumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo de la providencia
proferida en segunda instancia.
Finalmente indicó que, hasta la fecha de presentación del incidente, la
empresa ESIMED S.A. incumplió la orden impartida en el mencionado fallo
de tutela.
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Trámite del incidente a partir de lo dispuesto por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
El Consejero Ponente, mediante auto2, ordenó notificar al representante
legal de Estudios e Inversiones Médicas S.A. (ESIMED S.A) 3, para que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia,
rindiera informe sobre la actuación desplegada con el fin de dar
cumplimiento al fallo de segunda instancia de fecha el 6 de febrero de 2020,
proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación. Sin embargo, la entidad
guardo silencio ante el requerimiento.
Previo a dar apertura al incidente, el despacho requirió4 a la
Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que, dentro del término
concedido, informará:
1. El estado actual de la sociedad Estudios e Inversiones Médicas ESIMED
S.A, indicando si sobre la misma existe o se encuentra vigente alguna
medida administrativa de control o intervención.
2. La dirección o direcciones de notificación judicial de la sociedad
Estudios e Inversiones Médicas ESIMED S.A que registren en las bases
de datos de dicha entidad.
3. Qué personas ejercen actualmente la representación legal de la
sociedad Estudios e Inversiones Médicas ESIMED S.A. teniendo en
cuenta que las personas que obran en el certificado de cámara y
comercio renunciaron a dicho cargo.
Por intermedio de la asesora del despacho, la citada autoridad señaló que:
“[…] a la fecha no se le ha informado a la Supersalud sobre la designación
de representante legal de ESIMED S.A, razón por la cual cuando llega algún
tipo de solicitud relacionado con dicha entidad se le hace el traslado a
PRESTMED SAS como socio mayoritario de ESIMED S.A. […]”. Así mismo,
indicó que PRESTMED S.A.S. se encuentra “[…] representada legalmente
por Andrés Fernando Ruge y registra como dirección la Carrera 45 No. 108-
27 Edificio Paralelo 108, Bogotá. Tel: 057 1 6571384, 3058169445. Email:
notificacionesjudiciales@prestmed.com; […]”.
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud allegó comunicación 5
suscrita por el representante legal del Prestmed S.A.S., en la que informó a
dicha entidad, de un lado, que el 10 de diciembre de 2020 se realizó la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Esimed S.A. en la que se
nombró a los miembros de la Junta Directiva6 y al Revisor Fiscal7,
nombramientos que están en trámite de inscripción en el registro mercantil;
2 15 de febrero de 2021 y notificado 23 de febrero de 2021
3
Índice 6 de SAMAI
4 Auto de fecha 5 de marzo de 2021
5
Comunicación No. PMD-147-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020.
6
Se designó a los señores Alirio Hernández Tovar, Alberto José Sánchez Piñeros y Carlos Eliécer Gómez Zárate.
7
Se nombró al señor Juan Carlos Fajardo Castellanos.
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
y de otro, que, de acuerdo con los estatutos de la sociedad, el encargado de
elegir al gerente y sus suplentes es la Junta Directiva.
En virtud de la respuesta emitida por la Superintendencia Nacional de Salud,
el despacho, antes de dar apertura al presente incidente, requirió 8
nuevamente a la Superintendencia de Salud, así como al representante legal
de PRESTMED S.A.S., para que indicaran los correos electrónicos de
notificación de los miembros de la nueva junta directiva de ESIMED S.A.,
nombrada el 10 de diciembre de 2020.
Consultado los índices 18 y 19 del sistema de gestión judicial -SAMAI-, se
advierte que la secretaría general de esta Corporación requirió en dos
ocasiones9 a la Superintendencia de Salud y al representante legal de
PRESTMED S.A.S, con el fin de que dieran cumplimiento a lo dispuesto por
el despacho sustanciador, el 26 de abril de 2021.
A través del representante legal, PRESTMED S.A.S10 suministró los correos
electrónicos de cada uno de los miembros de la junta directiva de ESIMED
S.A.
Por lo anterior, el despacho dispuso requerir11 a los miembros de la junta
directiva de ESIMED S.A., con el fin de que informaran:
1. Si a la fecha ya se efectúo la designación del representante legal de
dicha sociedad, evento en el cual, se deberá señalar su nombre,
identificación y correo electrónico de notificación, además, deberán
instarlo para que rinda informe a este Despacho sobre las actuaciones
desplegadas por ESIMED S.A. para dar cumplimiento al fallo de tutela
proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación el 6 de febrero de
2020 dentro del trámite de 11001 03 15 000 2019 01847 01, e informe
al Despacho dentro de los tres (3) días aquí previstos.
2. En caso de que la Junta Directiva no hubiese designado aún al
representante legal, los miembros de dicho órgano societario, en su
condición de administradores12, informen a este Despacho sobre las
actuaciones desplegadas por ESIMED S.A. para dar cumplimiento al fallo
de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación el 6 de
febrero de 2020 dentro del trámite de 11001 03 15 000 2019 01847
01, dentro de los tres (3) días aquí previstos .
8
auto de fecha 26 de abril de 2021 y notificado el 3 de mayo de 2021
9
días 20 y 26 de mayo de 2021
10
Oficio PMD-063-2021 del 2 de junio de 2021
11
auto del 2 de julio de 2021 y notificado el 14 de julio de 2021
12 Ley 222 de 1992. “Artículo 22. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros
de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.”
Código de Comercio. Artículo 438. “ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Salvo disposición estatutaria en
contrario, se presumirá que la junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre
cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en
orden a que la sociedad cumpla sus fines.”
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
Con auto del 13 de septiembre de 2021 13, el despacho dio apertura al
incidente de desacato presentado por la señora Gina Johana Valero Valero
en contra de los miembros de la Junta Directiva de Estudios e Inversiones
Médicas S.A. ESIMED S.A, por el presunto incumplimiento de la sentencia
de 6 de febrero de 2020, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación.
Asimismo, ordenó notificar a los miembros de la Junta Directiva de Estudios
e Inversiones Médicas S.A. (ESIMED S.A) para que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación, rindieran informe sobre la actuación
desplegada tendiente al cumplimiento del fallo de tutela, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación el 6 de febrero de 2020.
Dentro del término14 establecido, los miembros de la Junta Directiva,
manifestaron que:
«[…] 1. Desde que fuimos designados como miembros de junta directiva
de Esimed, iniciamos todas las gestiones necesarias a fin de seleccionar
un nuevo representante legal para la entidad, no obstante, debido a los
riesgos propios del cargo y a la asignación salarial, ninguna persona
aceptaba ser vinculada en la empresa como representante legal o
gerente.
2. Pese a lo anterior, y luego de realizar un arduo proceso de selección,
en el mes de agosto de la presente anualidad, logramos que cinco
personas aceptaran parcialmente ser nombradas en dicho cargo, por ello
se decidió realizar una seria de entrevistas para escoger a la persona
que según su experiencia y capacidades se ajustara al perfil, dada la
responsabilidad que conlleva el detentar la representación legal de
Esimed.
3. Después de culminar con este proceso el día 20 de agosto mediante
acta No. 162 se designó a la Dra. KAROL ANDREA GONZÁLEZ MARÍN
como representante legal, la cual procedió a iniciar con el desarrollo de
sus funciones, sin embargo, debido a que ganó un concurso de méritos
en la Contraloría Distrital, tuvo que presentar su carta de renuncia.
4. En consecuencia, nuevamente tuvimos que iniciar el proceso de
selección de un de un nuevo Gerente, designando el día 15 de
septiembre al Dr. OSCAR FELIPE OSORIO GAVIRIA, el cual pese a la
difícil situación por la cual se encuentra atravesando la entidad, esta
presto a atender cualquier tipo de requerimiento.
5. Todo lo anterior, para poner en conocimiento de esta sala, las
gestiones que como miembros de junta directiva hemos desplegado, a
fin de nombrar un nuevo representante legal.
Ahora bien, con relación a la apertura de incidente de desacato en la cual
fuimos vinculados, nos permitimos solicitar a esta Honorable Sala la
13
Notificado el 21 de septiembre de 2021
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21 de septiembre de 2021
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
respectiva desvinculación por cuanto, en primer lugar, la junta directiva
como órgano principal de la entidad no cuenta con las funciones
necesarias para gestionar el cumplimiento de fallos de tutela, ya que sus
funciones son estrictamente relacionadas con el adecuado desarrollo del
objeto social de la entidad, así como por el cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, y el nombramiento del representante legal,
que como ya se puso de presente en apartados anteriores ya se realizó;
en segundo lugar, al existir un representante legal debidamente
nombrado y registrado en el certificado de existencia y representación
legal de la Cámara de Comercio, le corresponde a este atender los
requerimientos legales que se alleguen a Esimed. [ ]».
Finalmente, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Junta Directiva
de ESIMED S.A., el 26 de noviembre de 202115, el despacho ordenó vincular
al presente trámite incidental, al señor Oscar Felipe Osorio Gaviria, en
calidad de representante legal de ESIMED, concediéndosele el término de 2
días para que rindiera un informe, sobre las actividades desplegadas por la
entidad para dar cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia,
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.
El 2 de diciembre de 202116, la Secretaria General de esta Corporación,
procedió a notificar electrónicamente al representante legal de ESIMED, el
cual, mediante escrito17, refirió:
« [ ] 1.HECHOS QUE SUSTENTAN LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL
1. Como está evidenciado en el segundo semestre a finales del año 2018,
la entidad accionada empezó a presentar inconvenientes de flujo de caja,
lo cual la imposibilitó para realizar los pagos a sus trabajadores, a los
proveedores y al personal médico contratado por honorarios, como lo
venía haciendo.
2. ESIMED S.A., como consecuencia de la Medida de Vigilancia Especial
que adoptó la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la
Resolución 009642, debió realizar el cierre preventivo de todas las sedes,
lo que conllevó al cese en la facturación de cada una de las Clínicas.
3. Si bien es cierto dicha medida de Vigilancia Especial que adoptó la
Superintendencia Nacional de Salud fue levantada el 12 de diciembre de
2018 mediante la resolución 011465, también es cierto, que al
encontrarse cerradas las clínicas, dejo de existir fuente de financiación
para proceder con los pagos adeudados a los trabajadores a nivel
nacional y demás obligaciones que tiene ESIMED S.A.
4. ESIMED S.A., tiene como principio rector el respeto de la estabilidad
laboral de los trabajadores, razón por la cual, no se desconocen los
15
Notificada el 2 de diciembre de 2021
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Índice 47 de SAMAI
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3 de diciembre de 2021
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
derechos laborales y fundamentales que le asisten al accionante pese a
la difícil situación que atraviesa, en estos momentos, la entidad.
5. No obstante, adicionalmente a la inexistencia de flujo de caja para
cubrir con las diversas obligaciones en la actualidad existe una MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO, que está afectando la cuenta bancaria de
ESIMED S.A., cuenta bancaria utilizada para realizar los pagos de
nómina, lo que también ha imposibilitado poder disponer de los recursos
que se encuentran en la misma.
6. SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, en el año 2019, inició proceso de
restitución de dichos inmuebles donde ESIMED S.A. desarrollaba su
objeto social, lo que conllevo a que actualmente ESIMED no cuente con
ninguna clínica desde donde pueda prestar sus servicios, en
consecuencia, existiendo una imposibilidad de operar para así tener
fuente de financiación.
(…)
V. DE LA IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE CUMPLIMIENTO
En este punto, es importante resaltar el principio del derecho, por el
cual “NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE”, que señala que no se
puede exigir cumplimiento a quien físicamente no puede cumplir, incluso
si hay una norma.
(…)
Aunado a lo anterior, es claro que el incumplimiento del fallo en comento
no se ha derivado de una actitud omisiva y/o negligente por parte de
ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS – ESIMED S.A., sino por
circunstancias que escapan de la órbita de control de la entidad, como lo
es el cierre de las sedes de esta entidad la cuales son fuente de
financiación, En consecuencia, sería desproporcionado acarrearle algún
tipo de responsabilidad subjetiva al ente que represento, quien ha sido
diligente y siempre presto a acatar las resoluciones judiciales.
Así las cosas, ante el sustento fáctico de cumplimiento al pago de fallo
judiciales, decae necesariamente la presunción que se aplicó, dando
lugar a la suspensión del trámite incidental por encontrarnos frente a
una IMPOSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO y a una DIFICULTAD
GRAVE SOBREVINIENTE.
Como queda demostrado con los argumentos dados y los soportes que
se anexan al mismo, esta entidad ha dado cumplimiento parcial al orden
judicial excepto en los pagos a los salarios por encontrarse primero la
cuenta Pignorada- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO y segundo al no
tener en estos momentos flujo de caja por las razones expuestas.
VI. DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
Acerca de la actuación procesal que nos ocupa, ha dicho la H. Corte
Constitucional: “Es el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por
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lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia
comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo
presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento.” (T-
763 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero) (Subrayado fuera del
texto)
Dicho criterio fue reafirmado por la misma Corporación en la sentencia
T-171 de 2009, en la que manifestó:
“Se encuentra que los jueces que decidieron el desacato, después de
constatar la existencia de un incumplimiento de la orden por parte del
peticionario, debieron verificar cuáles fueron las razones que produjeron
tal omisión, con el fin de establecer si debían tomarse medidas
sancionatorias. Sin embargo, se aplicó la sanción de arresto y multa al
accionante sin que existiera prueba de la responsabilidad subjetiva, sin
tener en cuenta que resulta inconstitucional presumir la responsabilidad
por el sólo hecho del incumplimiento.”
(…)
Así pues, vincular al representante legal al incidente de desacato resulta
improcedente por ausencia de prueba acerca de la responsabilidad
subjetiva imputable a alguno de los funcionarios de esta entidad, a través
de un juicio en el que se hubiera establecido con certeza los grados y
modalidad de culpa o negligencia de alguno de los funcionarios de la
entidad, y las posibles circunstancias de justificación, o atenuación de su
conducta, y, además, porque no se tomó en consideración el carácter
complejo de la sentencia. […]»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Esta Sala es competente para conocer del presente incidente de desacato
promovido por la señora Gina Johana Valero Valero, en contra de
ESIMED, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 .
Del incidente de desacato
Sobre el particular el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 prevé que, si el
particular o funcionario a quien se le expide un mandato judicial dentro de un
fallo de tutela no cumple con las órdenes impartidas, puede ser sancionado
por desacato.
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Ahora bien, no debe confundirse el incumplimiento del fallo con el desacato,
ya que se trata de dos instituciones jurídicas distintas, las cuales se diferencian
en diversos aspectos18:
“i) el cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía
constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento
disciplinario de creación legal; ii) la responsabilidad exigida para el
cumplimiento es objetiva, la exigencia para el desacato es subjetiva;
iii) la competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la
sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591. La base
legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado
decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos
de conjunción y de diferencia; iv) el desacato es a petición de la parte
interesada, el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado
por el interesado o por el Ministerio Público” 19.
Respecto a lo anterior, es aceptable manifestar que: “mientras que el
cumplimiento del fallo alude a una responsabilidad de tipo objetivo, es decir,
procede con la sola constatación de que la orden judicial de amparo no se ha
materializado, el desacato apunta a una responsabilidad de tipo subjetivo, esto es,
impone analizar el grado de culpabilidad en que haya incurrido el funcionario o
particular renuente, y las circunstancias que hayan rodeado su conducta”20.
De modo que el incidente de desacato es una herramienta de carácter
disciplinario con la que cuenta el juez de tutela para imponer sanción de
arresto o multa a quien de manera negligente e injustificada incumpla la orden
judicial de amparo y dado que el carácter de una de las sanciones que procede
por desacato es de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la
persona natural (funcionario o particular) encargada de acatar la decisión y
no la persona jurídica21.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que la
sanción por desacato no se puede imponer a la entidad sino a la persona
natural que ha sido vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta
responsable del incumplimiento del fallo de tutela.
“ Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino
a quien ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el
incidente. De ahí que no sea legitima la expresión “ o quien haga
sus veces”, pues bien podría tratarse de persona natural
18
Al respecto la sentencia T-1113 de 2005, la Corte Constitucional expresó: “ (…)existe una diferencia importante
entre las actuaciones encaminadas a lograr el cumplimiento de una decisión y el incidente de desacato, pues si bien
este último es una de las maneras más extremas para lograr el cumplimiento de la decisión, no agota la obligación
del juez de hacer cumplir la orden. Adicionalmente, como se mencionará adelante, no en todos los casos la
verificación de un incumplimiento supone necesariamente la imposición de una sanción por desacato. Paralelamente
al cumplimiento de la orden se puede iniciar el trámite incidental del desacato. Pero el desacato no puede desplazar
la principal obligación del juez constitucional que consiste en hacer cumplir la orden de tutela. Además el trámite del
cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento. Son
dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través de trámite de desacato se logre el
cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.
(…)”
19
Corte Constitucional, sentencias T-428 de 2003, T-744 de 2003 y Auto 045 de 2004
20
Consejo de estado, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp. 2016-00021-02 (AC)
21
Op cit.
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diferente al momento de decidirse o quedar en firme el auto. No
se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como
autoridad, cumplir la orden.22”
Ahora bien, para efectos de establecer la responsabilidad que implica la
declaración de desacato, es necesario, como primera medida, establecer el
contenido preciso de las ordenes emitidas en el fallo cuyo incumplimiento se
alega. Una vez probado lo anterior, debe evaluarse la conducta subjetiva del
funcionario o particular obligado a atender la sentencia de amparo.
Entonces, es evidente que durante el trámite incidental debe garantizarse
en su mayor expresión el derecho al debido proceso y a la defensa de la
persona natural contra quien se dirige el incidente. Para tal efecto, el juez
de primera instancia que conozca debe actuar de la siguiente manera: 1)
identificar el funcionario o particular en quien recayó la orden u
órdenes judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al que se le
impuso la obligación de cumplirlas; 2) darle traslado al incidentado para
que presente sus argumentos de defensa; 3) si es necesario, practicar las
pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para emitir
decisión; 4) resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si la
orden judicial fue desacatada y, segundo, si la persona obligada a
cumplirla actuó con negligencia u omisión injustificada, para, en caso
afirmativo, imponer la respectiva sanción, y 5) siempre que haya
sancionado, enviar el incidente al superior para que se surta el grado
jurisdiccional de consulta.
Ahora, en cuanto a la responsabilidad frente al incumplimiento de una orden
judicial, se debe observar el elemento objetivo, el cual consiste en que el
juez debe determinar cuál fue la orden dada, quién o quiénes debían
cumplirla y el plazo previsto para hacerlo a efectos de verificar si el
destinatario la acató de forma oportuna y completa; mientras que en el
elemento subjetivo, se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad a
título de culpa o dolo, así como las posibles circunstancias de justificación,
agravación o atenuación de la conducta.
Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado que, al momento de
resolver el incidente de desacato, se verificará la concurrencia de dichos
elementos, así23:
“[…] Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables
como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia
de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las
órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del
órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la
competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
22
Consejo de estado, Sección Quinta, C.P. Álvaro Gonzalez Murcia, Exp. 2000-90021-01 (AC)
23
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del
obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado
demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que
los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la
función de verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras
circunstancias que le permitan evaluar la conducta del obligado en
relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela […]”.
En ese sentido, la sanción por desacato se enmarca en el régimen
sancionatorio, es decir, es personal y no institucional, “[e]n tanto que sólo
puede ser impuesta en consideración al sujeto procesal que tenga
la posibilidad de hacer efectiva la orden judicial objeto de la consulta
por desacato […]”24.(Se destaca), y, por ende, las sanciones que el Decreto
establece son para aquel que permite que los derechos sigan siendo
vulnerados o amenazados, esto es, que por ausencia de ejecución de la
orden impartida continúa con la violación a los derechos constitucionales
fundamentales amparados, con evidente desconocimiento de la protección
que les fue otorgada.
El caso concreto
La Sala analizará si se dan los presupuestos para determinar si el
representante legal de la entidad accionada, incurrió o no en desacato.
Con el fin de establecer la responsabilidad del incidentado, corresponde a la
Sala analizar el elemento objetivo, para determinar si a la fecha fue
acatada la orden impartida en el fallo de segunda instancia proferido por la
Sección Cuarta de esta Corporación, el 6 de febrero de 2020, en el cual se
ordenó:
« […]Primero. - AMPÁRENSE los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de Gina Johana Valero Valero (expediente
2019-02342-00).
Segundo. - ORDÉNESE a ESIMED S.A. que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, en caso de
que no se hubiese realizado, efectúe el pago de las prestaciones sociales
y los salarios adeudados a Gina Johana Valero Valero, identificada con
cédula de ciudadanía N° 52.822.585.
El cumplimiento de esta orden está condicionado a la vigencia del vínculo
laboral entre Gina Johana Valero y ESIMED S.A., por las razones
expuestas en esta providencia. […]»
Ahora bien, en el fallo para el cumplimiento de las acreencias laborales
adeudas, se condicionó su acatamiento a la vigencia del vínculo laboral con
24
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 20001-23-15-000-2003-01977-03(AP).
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ESIMED S.A., vínculo que en este escenario tampoco fue desvirtuado por el
representante legal de la entidad; es decir, que no existiese un vínculo
contractual vigente que impidiese dar cumplimiento a lo ordenado por el
Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia.
Cabe recordar que el ad quem, el 6 de noviembre de 2019, solicitó a la
entidad se informara “si tuvo o tiene algún vínculo contractual con la señora Gina
Johana Valero Valero, identificada con cedula de ciudadanía Nº 52.822.585, para
lo cual deberá precisar si actualmente se encuentra vinculada a esa sociedad”;
teniendo en cuenta que la entidad guardó silencio, se dio aplicación a lo
dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991, y el juez constitucional
dio por cierto los hechos.
Asimismo, reposa dentro del acervo probatorio las certificaciones laborales
aportadas por la accionante al trámite de tutela, así:
«[…] obra certificación de 22 de febrero de 2019, expedida por la
coordinadora de nómina de Esimed S.A., en la que informó lo siguiente
respecto de Gina Johana Valero Valero:
“De acuerdo con los registros del aplicativo nomina KACTUS (…) tiene
registrado los siguientes contratos laborales:
Con la empresa Corporación IPS SALUDCOOP (EN LIQUIDACION) NIT
830.106.376-1 desde el 3 de febrero de 2015 hasta el 31 de octubre de
2015 con el cargo de AUXILIAR DE ENFERMERIA y contrato de trabajo
a TERMINO INDEFINIDO. Con ultima asignación salarial. (…)
De acuerdo con la cesión de contrato de trabajo suscrita entre la
CORPORACION IPS SALUDCOOP y con la empresa ESTUDIOS E
INVERSIONES MEDICAS ESIMED S.A. NIT 800.215.908-8 desde el día
01 de noviembre de 2015, con el cargo AUXILIAR DE ENFERMERIA y
contrato de trabajo a TÉRMINO INDEFINIDO por cesión de contrato
con última asignación salarial mensual (…) ” (negrillas por fuera del texto
original)
También, fue aportada por la accionante certificación de 23 de mayo de
2018, en la que ESIMED S.A. certifica que Gina Johana Valero Valero
“labora con esta empresa desde el 3 de febrero de 2015 con contrato
INDIDEFINIDO. En la actualidad desempeña el cargo de AUXILIAR DE
ENFERMERIA (…)” (negrillas por fuera del texto original). […]»
Teniendo en cuenta las certificaciones laborales que en su momento fueron
valoradas por el juez de constitucional en segunda instancia, como el hecho
que dentro de la oportunidad concedida al representante legal de la entidad
para pronunciarse sobre el incidente de desacato, no desvirtuó el vínculo
laboral entre la accionante y la entidad, como tampoco aportó prueba alguna
en esta instancia que permita dar cuenta sobre la terminación del vínculo
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laboral, se da por acreditado el elemento objetivo correspondiente al
incumplimiento de la orden impartida.
En cuanto al elemento subjetivo, procede la Sala a estudiar la respuesta
dada por el representante legal de ESIMED, con el fin a determinar el grado
de responsabilidad.
De la lectura de la respuesta brindada por el representante legal de ESIMED
S.A., señor Oscar Felipe Osorio Gaviria, manifestó que, en su sentir, no
se encuentra configurada la responsabilidad subjetiva para imponer sanción
alguna, teniendo en cuenta que, a finales del año 2018, la entidad empezó
a presentar inconvenientes de flujo de caja, lo que conllevo a que no se
realizaran los pagos de los salarios a los trabajadores, proveedores y
personal médico.
Contó que la entidad fue objeto de medida de vigilancia especial adoptada
por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que conllevo a un cierre
preventivo de todas las clínicas a nivel nacional, afectando así su fuente de
financiación, lo que imposibilitó que se efectuaran el pago de salarios
adeudados a los trabajadores a nivel nacional.
De igual manera, resaltó que existe una medida cautelar de embargo
vigente que recae en la cuenta bancaria con la cual se pagaba la nómina, lo
que no le permite disponer de las sumas de dinero allí depositadas para
realizar el pago de las acreencias laborales adeudadas a los trabajadores.
Aunado a lo anterior, indicó que en el año 2019 Saludcoop E.P.S en
Liquidación, inició un proceso de restitución de los inmuebles donde ESIMED
desarrollaba su objeto social, por lo cual la entidad en la actualidad no
cuenta con ninguna clínica, existiendo una imposibilidad operativa para
obtener una fuente de financiación que permita dar cumplimiento a lo
ordenado por el ad - quem en el fallo de tutela.
Una vez analizada la respuesta dada y los documentos que soportan la
misma, no dan cuenta que en la actualidad el representante legal, desde su
nombramiento, haya trazado una estrategia o plan que permita a un corto
plazo dar cumplimiento a la orden de tutela; por el contrario, justifica el no
acatamiento a lo dispuesto en el fallo de tutela del 6 de febrero de 2020, en
el hecho de no contar con flujo de caja, como consecuencia del cierre de las
clínicas y del embargo de la cuenta bancaria dispuesta para el pago de
nómina, pero no aporta o solicita la práctica de prueba alguna que permita
corroborar lo dicho por él.
Tampoco es de recibo para esta Sala lo indicado en el escrito, cuando el
indiciado señaló que se ha “actuado de buena fe y con el objeto de estabilizar
la operación de la entidad, en este sentido la entidad ya inició proceso de
ejecución de Plan de Salvamento para Normalizar la Operación a nivel
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nacional, el cual consiste en dar reapertura de las clínicas, normalizar la
operación y reactivar la facturación, para de esta manera se tenga flujo de
caja y poder garantizar el pago de la licencia de maternidad de la señora
Maribel Henao Navarro”.
Menciona el representante legal de ESIMED que la entidad inició un proceso
de salvamento, que permitiría garantizar el pago de la licencia de
maternidad de la señora Henao; sin embargo, no aportó prueba alguna que
dé cuenta de la iniciación del plan de salvamento. Además, de la lectura se
entiende que la prioridad dentro del mencionado plan es el pago de la
licencia de maternidad de la señora Henao Navarro y no en el cumplimiento
de las órdenes del presente fallo de tutela, esto es, que se efectúe el pago
de las prestaciones sociales y los salarios adeudados a la incidentista,
señora Gina Johana Valero Valero.
Para la Sala, las órdenes que fueron impartidas al incidentado dentro del
trámite de la tutela por la sección cuarta de esta Corporación exigían que,
por lo menos, se acreditaran acciones para procurar su cumplimiento. No
obstante, nada de ello se ha presentado aquí, sino que, por el contrario, el
incidentado pretende justificarse en la situación general de la empresa que
administra, sin tener en consideración que la tutela ampara porque está de
por medio la defensa de derechos fundamentales de una persona que,
conjuntamente con su hijo enfermo, está en situación de vulnerabilidad.
Argumentar, en esos términos, que nadie está obligado a lo imposible, sin
exponer siquiera estados financieros que demuestren la total parálisis de la
empresa y la imposibilidad absoluta de cumplir con las órdenes que fueron
impartidas, ni acreditar acción alguna encaminada a atender a una persona
que requiere especial protección, es motivo suficiente para concluir que el
incidentado no ha atendido con la diligencia que es requerida lo exigido por
la justicia para amparar derechos fundamentales vulnerados.
Por lo anterior, para la Sala se encuentra acreditado el elemento subjetivo
para declarar el desacato en el caso concreto y en ese orden sancionar al
señor OSCAR FELIPE OSORIO GAVIRIA, en su calidad de representante
legal de ESIMED S.A.
Acorde a lo anterior, corresponde a la Sala determinar la sanción
procedente, esto es, si procede una medida de arresto y multa, para lo cual,
según la jurisprudencia, se ha determinado que la sanción de arresto
procede en caso de incumplimiento reiterado de las ordenes impartidas.
Sobre el particular así se ha pronunciado esta Corporación25:
« […] El arresto como sanción impuesta al Brigadier General López Guerrero no
es una medida proporcional al desacato cometido, pues por tratarse de la
limitación a un derecho fundamental (la libertad), debe aplicarse bajo los
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp. 2016-00338-02 (AC)A.
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principios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional.
La Corte ha sido explícita en advertir que la imposición de una sanción de arresto
debe estar acompañada de un estudio de necesidad y proporcionalidad y
entenderse que se impone con el fin de proteger un derecho constitucional que ha
sido vulnerado, ya que, además de buscar que quien ha desacatado un fallo de
tutela, cumpla con lo que se ha impuesto en la respectiva sentencia.
En la sentencia T-889-11, dicha Corporación señaló que “… sin perjuicio de que
se sancione o no al responsable de la omisión, el juez tiene el deber de garantizar
su total cumplimiento, en razón a que en determinados eventos, la efectividad de
los derechos afectados, se obtiene mediante la adopción de medidas adicionales
a la sanción que resulta insuficiente para la ejecución de lo ordenado.”.
La Corte explica el principio de proporcionalidad de la pena o sanción diciendo que
“la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente
a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa
misma gravedad.” Además, en sentencia C-199 de 1998, en la cual se declaró la
constitucionalidad de la retención transitoria, señaló que esa sanción podrá
aplicarse “siempre que tenga carácter meramente preventivo o de protección y se
someta a los principios de última ratio, proporcionalidad y estricta legalidad.”
Respecto al principio de necesidad manifestó que “si la pena es la última ratio de
la actividad estatal, este instrumento de protección debe ser útil. De lo contrario,
sería suficiente con acudir a otros tipos de instrumentos jurídicos e incluso de
sanciones no tan drásticas como la pena.”
Adicionalmente, ha expresado que la privación de la libertad es una medida que
procede cuando se incumple de manera reiterada una orden impartida por
una autoridad judicial.
En este caso, para la Sala, la sanción de arresto no es necesaria ni proporcionada,
pues no es idónea para hacer cumplir lo estipulado en la sentencia del 12 de mayo
de 2016 debido a que existen otros mecanismos, como la multa, con los que se
puede hace cumplir el fallo, sin necesidad de utilizar sanciones que comprometan
la libertad personal. […]» (destaca la Sala)
Bajo estos parámetros, en atención a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad y teniendo en cuenta que en el caso concreto no se advierte
un incumplimiento reiterado de la orden definida en la decisión del 6 de
febrero de 2020, estima la Sala como sanción adecuada una multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales, que deberá
consignar en un terminó de diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente decisión, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura en la
cuenta prevista para tal efecto, la cual será suministrada por la secretaria
general de esta Corporación, dado que es poco tiempo que lleva el señor
Osorio Gaviria al frente de la entidad.
La Sala precisa que la anterior sanción impuesta al señor Oscar Felipe Osorio
Gaviria, en su condición de representante legal de ESIMED, es
proporcionada, teniendo en cuenta la actitud pasiva adoptada para dar
cumplimiento de manera oportuna al fallo, como quiera que han pasado más
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de dos años desde la orden impartida, así como ante la indiferencia frente
a los derechos fundamentales que le fueron reconocidos a la accionante,
quien es una madre cabeza de familia, con un hijo que requiere atención
médica, como lo son el derecho al mínimo vital y a la seguridad social, los
cuales, a la presentación de este incidente, persiste su vulneración.
Se advierte, además, que la anterior sanción no exonera a la parte
incidentada del cumplimiento de la decisión del fallo emitido por esta
Corporación en la acción de tutela. Asimismo se advierte al incidentado que
los dineros destinados para el pago de la sanción, deben ser de su propio
patrimonio, en razón a que se encuentra demostrada la responsabilidad
subjetiva del incidentado.26
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el señor Oscar Felipe Osorio Gaviria, en su
condición de representante legal de ESIMED, incurrió en desacato, en
razón del incumplimiento a las ordenes impartidas en el fallo de tutela de
fecha 6 de febrero de 2020 proferida en segunda instancia por la Sección
Cuarta de esta Corporación.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se sanciona al señor Oscar
Felipe Osorio Gaviria en su condición de representante legal de ESIMED,
con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales vigentes, los cuales
deberán ser consignados a la cuenta que la Secretaría General de esta
Corporación le indique, so pena de iniciar el respectivo cobro coactivo.
Suma de dinero que deberá ser consignada dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, advirtiendo al
incidentado que los dineros destinados al pago de la presenta sanción
deberán ser de su propio patrimonio.
TERCERO: Notifíquese de forma personal al funcionario sancionado y
remítase el expediente a la Sección Cuarta de esta Corporación, con el fin
de surtir el grado jurisdiccional de consulta.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
26 Sentencia T-763 de 1998. “Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad
de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona
para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento (..)”
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Demandante: Lourdes Milena Sánchez Moscote.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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