Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01896-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01896-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-01896-00
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - De la Ley 100 de 1993 / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional en las sentencia C-258 de 2013 SU-230 de 2015 SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018 / INGRESO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición pensional / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en la SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21). De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable (…) Por su parte, el [actor] se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia supone que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. (…) En ese orden, la autoridad judicial accionada concluyó que, la prestación le fue reconocida al accionante por la extinta Cajanal, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el [actor] contaba con más de 40 años de edad y había prestado sus servicios por más de 15 años al 1° de abril de 1994, adquiriendo su estatus de pensionado el 10 de febrero de 2003, en ese sentido, es claro que la prestación económica no podía ser liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales devengados por el, durante el último año de servicio, toda vez que la norma ejusdem prevé dicha liquidación sobre el salario promedio de los últimos 10 años previos al retiro. Así, frente a este reparo, es evidente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no desconoció el precedente aplicable al caso
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – No hubo desconocimiento del acervo probatorio / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se configura
[S]e desprende del análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que con base en los mismos actos administrativos que el tutelante señaló como no valorados, fue dictada la decisión en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que el juez a quem advirtió que la prestación del [actor] fue reconocida de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en esa medida, el IBL debe ser liquidado en los mismos términos. Finalmente, respecto al cargo por violación directa de la Constitución (…)es preciso señalar que esta censura tampoco tiene vocación de prosperidad por cuanto está acreditado en el presente proveído que la decisión que se demanda a través de este mecanismo constitucional, fue proferida con observancia de la normatividad vigente, y el precedente judicial aplicable al caso concreto, en el marco de los principios del debido proceso y autonomía del juez natural, de tal manera que luego del análisis del fondo del asunto, se arribó a la conclusión que la providencia reprochada no adolece de los defectos señalados por la parte actora en el libelo introductorio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01896-00(AC)
Actor: JULIO CALERO URRUTIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente, defectos sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución. Principio de congruencia. Niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el actora, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
Solicitud
El señor Julio Calero Urrutia, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela ante la Secretaría General de esta Corporación el 7 de mayo de 2019, para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, derechos adquiridos y a la favorabilidad laboral.
Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad que mediante la sentencia de 26 de octubre de 2018 revocó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado 5º Administrativo de Cali el 16 de agosto de 2016, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número 76001-33-33-005-2013-00030-01, promovida por el actor contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en adelante UGPP –.
Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Mediante Resolución No. 8173 de 15 de marzo de 2004 proferida por la extinta Cajanal, le fue reconocida la pensión al señor Calero Urrutia en cuantía de $387.406,36, a partir del 1º de marzo de 2003.
Con la Resolución No. 19890 de 28 de abril de 2006, se reliquidó la prestación, quedando en cuantía de $424.064,81, a partir del 1º de enero de 2005, sin la inclusión de todos los factores salariales devengados por el accionante.
Solicitó una nueva liquidación de la pensión el 22 de enero de 2009 sobre el 75% de todos los factores salariales devengados, lo cual le fue resuelto de manera negativa con la Resolución No. PAP 043757 de 11 de marzo de 2011.
Luego de una fallida conciliación extrajudicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que correspondió en primera instancia al Juzgado 5º Administrativo de Cali, autoridad que con sentencia de 16 de agosto de 2016, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones, en el sentido de ordenar la liquidación de la prestación sobre el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, excepto el «el quinquenio, con prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 22 de enero de 2006, autorizando el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.».
Inconforme con lo anterior, tanto la parte demandante como la demandada elevaron el recurso de alzada, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 26 de octubre de 2018, por medio de la cual dicha autoridad judicial resolvió revocar la decisión del juez a quo, con fundamento en el criterio de la Corte Constitucional contenido en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, igualmente recogido por el Consejo de Estado en la Sentencia de 28 de agosto de 2018, consistente en que solo pueden ser incorporados los factores sobre los cuales se hubiesen realizado los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social «en los últimos 10 años o el tiempo que faltare para adquirir el estatus de pensionado si fuere más favorable.»
Fundamentos de la solicitud
1.3.1. A juicio de la tutelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, al aplicar las sentencias de la Corte Constitucional C- 258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, pues a su juicio, tales decisiones no pueden ser aplicadas de forma retroactiva, y porque existía un derecho adquirido.
Al respecto, citó varias providencias, entre las que se destacan: i) Sentencia de 9 de septiembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado con el radicado número 25000-23-25-000-2007-00175-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y ii) sentencia de 20 de octubre de 2005, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado con el número de radicado 15001-23-31-000-1997-17518-01, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
1.3.2. Defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial reprochada no tuvo en cuenta que en el expediente del proceso ordinario obran los actos administrativos por medio de los cuales le fue reconocida y reliquidada la prestación económica, con lo que se prueba que el actor tenía más de 20 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y en ese sentido, tenía un derecho adquirido respecto a la reliquidación de la pensión.
1.3.3. En cuanto a los defectos sustantivo y procedimental, arguyó que con la aplicación retroactiva de las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015, y del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, se desconoció que tenía un derecho adquirido, por tanto «se presenta una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión del fallo objeto de tutela.»
1.3.4. Adujo que se incurrió en violación directa de la Constitución, al transgredir el artículo 53 superior que contiene el principio de favorabilidad, toda vez que «siempre ha existido duda en la interpretación del concepto de “monto” establecido en el inciso 2 del Art. (sic) 36 de la Ley 100 de 1993 respecto de si dicho concepto es contentivo, o no, del ingreso base de liquidación por lo cual es deber de los jueces hacer el análisis respectivo de conformidad con los principios y derechos constitucionales y los tratados internacionales contentivos del bloque de constitucionalidad para lograr establecer la interpretación que más favorezca al reclamante…»
Adicionalmente, advirtió la vulneración de los derechos al debido proceso, a la inescindibilidad de la Ley, y a la confianza legítima, por cuanto las normas tienen efectos hacia el futuro, por tanto, el caso concreto debía haberse resuelto con base en la ley y la jurisprudencia preexistente.
Petición de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
«1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como volados argumentando, en cada caso, por qué no se presentaría la violación, lo anterior, debido a que en tutelas anteriores no se ha estudiado de fondo cada uno de los derechos vulnerados pues se centran en la no existencia de violación del precedente jurisprudencial, dejando de lado, y sin estudio, los demás argumentos esbozados situación que conlleva a la violación del derecho de defensa y debido proceso del accionante.
2.- Que se ordene estudiar Tutelar el derecho fundamental del ACCIONANTE a la seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto fáctico, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la Constitución Política y las leyes 33 del 85 Art. 21 del C.S.T. y demás normas citadas.
3.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de conformidad con sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010… el cual ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGAN EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS.»
Trámite de la acción
Mediante auto de 10 de mayo de 2019, el Magistrado Ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, como terceros interesados, al Juzgado 5° Administrativo de Cali y a la UGPP.
En la misma providencia, se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado 5° Administrativo de Cali, con destino al proceso de tutela de la referencia, copia digital del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-005-2013-00030-01.
Contestaciones
1.6.1. Juzgado 5° Administrativo de Cali
El juez de primera instancia en el proceso ordinario, como primera medida, advirtió que la tutela de la referencia no tiene vocación de prosperidad por cuanto no es cierto que el actor a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, hubiese consolidado su derecho a la pensión de jubilación, y por tanto, este constituyera un derecho adquirido, «dado que para ese entonces solo había acreditado el requisito de 20 años de servicio.»
Adicionó que, de conformidad con el criterio de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-168 de 1995, «solo existe derecho adquirido a la pensión cuando se han cumplido todos los requisitos exigidos en la norma para gozar de tal derecho, esto es, edad y tiempo de servicio o semanas de cotización. Por tanto, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el accionante no tenía derecho adquirido, sino una expectativa, puesto que solo había cumplido el primero de los requisitos mencionados; lo cual implicaba que debía someterse al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo alcance ha sido interpretado suficientemente por los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones.»
Respecto al argumento consistente en la aplicación retrospectiva de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 dictadas por la Corte Constitucional, y la sentencia de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, adujo que el tribunal censurado no podía desconocer el carácter vinculante y obligatorio de las mismas, máxime, por cuanto en la última providencia referida, ello se estableció.
Finalmente, arguyó que no se configuran las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y en ese sentido, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela de la referencia.
1.6.2. Librados los oficios correspondientes, y notificados en debida forma, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la UGPP, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la providencia de 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y, en el artículo 2º del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales del señor Julio Calero Urrutia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se revocó la decisión de primera instancia de 16 de agosto de 2016, emitida por el Juzgado 5° Administrativo de Cali, que había accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, para, en su lugar, denegarlas.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia; y de encontrarse superados (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.
Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)
A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actora tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala analizará si la presente acción cumple con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) la inmediatez; y iii) la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos que se dicen vulnerados.
2.4.1. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de tutela, puesto que la providencia judicial que censura la actora, fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP, dentro del proceso identificado con el radicado Nº. 76001-33-33-005-2013-00030-01.
2.4.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar el fallo proferido el 26 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual fue notificado por correo electrónico el 30 de noviembre de 2018, cobrando fuerza ejecutoria el 5 de diciembre de la misma anualidad, en los términos del artículo 302 del Código General del Proceso, por tanto, entre la fecha de la ejecutoria del fallo y la presentación de la acción de tutela, esto es, el 7 de mayo de 2019, no transcurrieron más de seis meses, es decir, se formuló dentro de un término que a juicio de la Sala resulta razonable.
2.4.3. Ahora bien, en lo que se refiere a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
En el caso bajo examen, el tutelante aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, por cuanto incurrió en una incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo censurado, por cuanto aplicó en forma retroactiva las pluricitadas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, omitiendo que el señor Calero Urrutia, a su juicio, tenía 20 de años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, que para el 1° de abril de 1994, el actor cumplía con los requisitos para acceder a la pensión, y por tanto se trataba de un derecho adquirido. En consecuencia, consideró violado el principio de congruencia de la sentencia.
Encuentra la Sección que este cargo planteado por la parte actora, encaja en una de las causales propias del recurso extraordinario de revisión, cual es la prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, que incluye temas tan importantes como la congruencia, por lo que este se erige en un mecanismo judicial idóneo como la sostenido en forma reiterada esta Sección.
El principio de congruencia debe existir en toda providencia judicial y está regulado en el artículo 281 del CGP, en los siguientes términos:
«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
Sobre el particular, el Consejo de Estado, por medio de sus Salas Especiales de Decisión, ha establecido que la nulidad originada en la sentencia se puede invocar como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, incluso por el vicio de incongruencia.
Al respecto, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 2 de febrero de 2016, al resolver el recurso extraordinario de revisión radicado con el No. 11001-03-15-000-2015-02342-00 y cuyo actor fue Luis Ángel Torres Gómez, sostuvo:
«2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.
…
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita…
Además, la congruencia también se puede calificar según las relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.
…
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio…».
En consonancia con lo anterior, para este juez constitucional es evidente que frente a los defectos sustantivo y procedimental, el tutelante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, por lo que puede acudir al recurso extraordinario de revisión que dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.5. Caso concreto
En el sub lite, la parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al revocar la sentencia de primera instancia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, derechos adquiridos y a la favorabilidad laboral.
i) Advirtió que se incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010, por aplicar las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015, y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, lo cual llevó a considerar que no le asistía el derecho a que su pensión fuera reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados, omitiendo que en el caso concreto se trataba de un derecho adquirido.
En sí, el reproche formulado por la parte actora radica en que la autoridad judicial cuestionada no accedió a la pretensión de reliquidación de la pensión teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, por dar aplicación a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional, y la sentencia de 28 de agosto de 2018 dictada por el Consejo de Estado, en la que se recogió el mismo criterio.
ii) Defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial reprochada no tuvo en cuenta que en el expediente del proceso ordinario obran los actos administrativos por medio de los cuales le fue reconocida y reliquidada la prestación económica, con lo que se prueba que el actor contaba más de 20 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y en ese sentido, tenía un derecho adquirido respecto a la reliquidación de la pensión.
iii) Violación directa de la Constitución, por cuanto a juicio del demandante, con la expedición de la sentencia de 26 de octubre de 2018, fueron transgredidos los principios superiores del debido proceso, favorabilidad, confianza legítima, e inescindibilidad de la ley, debido a que, existen interpretaciones diferentes en cuanto a la forma de liquidar el IBL, y en ese sentido, no era dable aplicar el criterio contenido en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, máxime, porque el actor había adquirido el estatus de pensionado con anterioridad al 1° de abril de 1994.
Ahora bien, para efectos de resolver el presente asunto constitucional, corresponde al Consejo de Estado, Sección Quinta determinar si en el caso la autoridad judicial incurrió en los defectos señalados por la parte actora. Frente a lo cual, anticipa la Sala, negará la solicitud de amparo, de conformidad con las razones que pasan a explicarse:
Para efectos de resolver el presente asunto constitucional, lo primero que debe abordar la Sección es la forma como las diferentes Corporaciones de cierre en lo ordinario, contencioso y constitucional, han analizado el tema referente a la normativa que debe aplicarse para fijar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición.
2.5.1. Criterio de las Altas Cortes en relación con la aplicación del IBL en el régimen de transición
A la pregunta sobre la normativa que debe aplicarse para fijar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición, debemos señalar que en un primer momento existían criterios encontrados entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así:
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008 ha mantenido una posición reiterada en relación con el tema, al indicar que:
“Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.
Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.
Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.
(…)
De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.
Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada”.
En sentido contrario, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, señaló:
“Régimen de transición.
La Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.
No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”.
Se observa, entonces, que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 y HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0062_1985.htm" \l "Inicio" 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación”.
Como se puede evidenciar, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Segunda del Consejo de Estado tenían posiciones contrarias, en relación con la aplicación del IBL a quienes se encontraban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Para la Corte Suprema de Justicia “el régimen de transición solamente mantuvo, de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones, tres aspectos concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; de tal modo que (…) la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, por el inciso 3 del artículo 36 [de la Ley 100 del 93]”.
En cambio, para el Consejo de Estado, el principio de inescindibilidad de la norma permite efectivizar los derechos y garantías constitucionales, por tanto, los factores salariales que componen la base de liquidación pensional son todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Conviene precisar que para esta Corporación el IBL también hace parte del régimen de transición.
Por su parte, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013, fijó la regla de aplicación del IBL en el siguiente sentido:
“En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.”
Así pues, aunque la Corte se ocupaba, en dicha oportunidad, de un asunto relacionado con el régimen de transición en pensiones de los Congresistas, lo cierto es que en materia de aplicación del IBL para efectos de la liquidación de la pensión, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición. Su estudio se basó en las normas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, e hizo el análisis correspondiente y adicionalmente señaló que esa interpretación permitía llenar el vacío que se produciría por la declaración de inexequibilidad que en este caso se estaba haciendo.
Es así como en posteriores decisiones, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Igualmente, en la sentencia SU - 230 de 2015, consideró que:
“(…)
Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:
“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación; en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ese artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013”.
3.2.2.2. Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”. (Negrilla por fuera de texto).
De lo transcrito, se concluye que las posiciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado son contrarias en cuanto a los factores y el período a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la primera, este no incluye el ingreso base de liquidación – IBL, y para el segundo, aquél sí es un ítem que está cobijado por este régimen.
Cabe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia T-615 de 2016, hizo referencia a cuándo debía o no aplicarse su precedente relacionado con el IBL. Al respecto señaló:
“Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.
Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. (Negrilla fuera del texto)
Ahora bien, esta Sala, con fundamento en la tesis expuesta en la sentencia T-615 de 2016, consideró en recientes providencias que, aunque prevalecía la posición de la Corte Constitucional, frente a las de las demás Altas Cortes, lo cierto es que en cada caso hay que aplicar la tesis vigente al momento de adquirir el derecho pensional, posición que debe ser modificada en consideración a que:
Dicha decisión fue declarada nula mediante Auto 229 de mayo 10 de 2017 (el cual se encuentra debidamente publicado), puesto que la Corte Constitucional consideró que este fallo no tuvo en cuenta el precedente contenido en las sentencias C-258/13, SU-230/15 y SU-405/16, según el cual el IBL de los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser el estipulado en el sistema pensional anterior al cual se encontraban afiliados, sino el previsto en el inciso tercero de esa norma. Además, el máximo tribunal constitucional advirtió sobre la obligación de acatar la línea jurisprudencial de las decisiones emitidas por la Sala Plena.
Si bien en esa posición se acepta que el precedente obligatorio es el de la Corte Constitucional, lo cierto es que condiciona su aplicación a que el derecho pensional se cause después de proferida la sentencia de unificación SU-230 de 2015, lo cual, implica que en la práctica el precedente de la Corte no es aplicable a ningún caso.
Lo anterior, toda vez que según el Acto Legislativo 01 de 2005, que establece el régimen de transición que trata la Ley 100 de 1993, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.
En ese orden de ideas, la última de las oportunidades para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición, fue para que aquéllas personas que, al 31 de diciembre de 2014, adquirieron su estatus pensional, pues después de esta fecha no es posible acogerse al régimen anterior, y empezó la aplicación plena de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, comoquiera que la referida sentencia de unificación, SU-230 de 2015 fue proferida el 29 de abril de 2015, y la última oportunidad para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, fue el 31 de diciembre de 2014, queda claro que la posición que ahora adopta la Sección Quinta según la cual, dicha sentencia solo aplica para los casos en los cuales se adquirió el derecho pensional con posterioridad a la providencia de unificación de la Corte Constitucional, no tiene un efecto útil, pues no hay ninguna posibilidad de que alguien adquiera su derecho, a la luz del régimen anterior, después del 6 de julio de 2015, que fue la fecha en que se publicó la sentencia SU-230 de 2015 que reiteró la tesis expuesta por la Corte Constitucional, frente a los congresistas, respecto del IBL, a todos los beneficiarios del régimen de transición.
Además, aceptar simetría y no supremacía de las providencias de constitucionalidad y de unificación de la Corte Constitucional con las del Consejo de Estado atenta contra la unidad y coherencia del sistema jurídico y, de contera, contra los principios de seguridad jurídica, igualdad, y por sobre todo, contra los fines funcionales del derecho: a) certeza y seguridad, a la vez que posibilidad de cambio; b) resolución de los conflictos de intereses; y c) organización, legitimación y restricción del poder político.
Finalmente, destaca la Sección que en reciente sentencia de unificación SU-395 de 2017, la Corte Constitucional consideró:
“… 8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.
8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.
8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo…”.
En concordancia con las consideraciones efectuadas en la providencia transcrita, se puede concluir que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en las providencias SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.5.2. Aplicación del precedente al caso concreto
2.5.2.1. Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en la SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).
De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable; consistente en que la interpretación correcta del mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha estado dirigida, entre otros a que el IBL para quienes estuvieron amparados por el régimen de transición quedará regido por la Ley 100 de 1993 (art. 21 y 36), y no por las normas de los sistemas pensionales antepuestos a la misma.
Lo anterior, toda vez que con éste se recoge cualquiera otra posición contraria, por el alcance que tienen, se reitera, las sentencias de constitucionalidad que dicta la Corte Constitucional, respecto de las cuales, criterios como el de favorabilidad, entre otros, no tienen aplicación, si se tiene en cuenta que es la sentencia de constitucionalidad la que fija el alcance de la norma y marca el sentido que siempre ha tenido la disposición que analiza.
Por su parte, el señor Julio Correo Urrutia, se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia supone que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia atacada concluyó lo siguiente:
« Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al actor le fue reconocida una pensión de jubilación a través de la Resolución 8173 de 2004 por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, en la que se expuso que “…la liquidación de efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años, 10 meses, 28 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 en la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 28 de febrero de 2003,…” (fls. 11-13 c2), reliquidada en la Resolución No. 19890 de 2005. (fls.19-21 c2).
Efectivamente en el acto administrativo anterior se indica que el demandante adquirió su status jurídico el 10 de febrero de 2003 y nació el 10 de febrero de 1948, es decir, que al 1 de abril de 1994 contaba con más de los 40 años de edad exigidos por la ley; adicional a ello, se tuvo acreditado que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, había prestado sus servicios al Estado por más de 15 años, desde el 1 de febrero de 1971 hasta el 28 de febrero de 2003, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, atendiendo al marco normativo y jurisprudencial anteriormente mencionado, señala la sala que, contrario a lo dispuesto por el a-quo, las pretensiones invocadas por el actor no tienen vocación de prosperar, en tanto del plenario fue posible establecer que la pensión de vejez aplicó las reglas del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y en la medida que no es factible jurídicamente tomar como ingreso base de liquidación de la pensión de vejez todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en tanto sólo pueden incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social en los últimos diez años o el tiempo que faltare para adquirir el status de pensionado si fuere más favorable.
Además, si en gracia de discusión se entendiera que los factores salariales devengados durante el último año de servicios deben incluirse como ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, no es posible confrontarlo con el supuesto de hecho aplicable y determinado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque sería necesario conocer si sobre los factores se cotizó en los últimos diez años o todo el tiempo que le faltó para obtener la pensión de vejez, asunto que es ajeno completamente a la pretensión de la demanda, por lo cual atendiendo al principio de congruencia previsto en el artículo 281 del C.G.P., no podría accederse a dicha petición.»
En ese orden, la autoridad judicial accionada concluyó que, la prestación le fue reconocida al accionante por la extinta Cajanal, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el señor Calero Urrutia contaba con más de 40 años de edad y había prestado sus servicios por más de 15 años al 1° de abril de 1994, adquiriendo su estatus de pensionado el 10 de febrero de 2003, en ese sentido, es claro que la prestación económica no podía ser liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales devengados por el, durante el último año de servicio, toda vez que la norma ejusdem prevé dicha liquidación sobre el salario promedio de los últimos 10 años previos al retiro.
Así, frente a este reparo, es evidente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no desconoció el precedente aplicable al caso, máxime, por cuanto la Corte Constitucional, al ser el órgano de cierre en materia Constitucional, estableció que, en beneficio del principio de sostenibilidad financiera del sistema, toda pensión debe liquidarse sobre los factores salariales efectivamente cotizados.
Sin perjuicio de lo expuesto en precedencia, es necesario precisar que recientemente la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre (i) la aplicación del IBL a los regímenes de transición y (ii) los factores salariales que se deben incluir para la liquidación de la pensión de vejez.
En dicha oportunidad, esta Corporación decidió “unificar jurisprudencia” y, en consecuencia, estableció las siguientes reglas:
“1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.”
De conformidad con lo expuesto, se podría concluir que el conflicto fue superado, sin embargo, tal y como se señaló, la Corte Constitucional ya había fijado un criterio sobre dichas materias, contenido en diversos pronunciamientos en los que ha reiterado que el IBL debe calcularse con el régimen consagrado en la Ley 100 de 1993, toda vez que ese aspecto no ingresó en el régimen de transición, es decir, con el promedio de los factores que constituyen salario según el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se haya efectivamente cotizado, durante los últimos 10 años de servicio.
En efecto, (i) no todos los jueces pueden generar reglas de derecho de obligatorio cumplimiento, en tanto, estas solo pueden provenir de los órganos de la administración de justicia que por disposición constitucional son órganos de cierre y; (ii) los jueces de inferior jerarquía no pueden apartarse de la regla expuesta por los órganos de cierre, así sea de forma motivada y razonablemente como lo ha aceptado desde sus inicios la Corte Constitucional, en tanto ello generaría una disparidad de criterios en contra de la igualdad y seguridad jurídica, que se pretenden satisfacer con la aplicación de la regla de derecho que ha generado el órgano de cierre.
Lo anterior, en razón de nuestra tradición y el carácter jerarquizado del sistema de administración judicial solo puede provenir de los órganos de cierre en las distintas jurisdicciones como una consecuencia de las funciones a ellos asignada por la Constitución y en razón del carácter del Estado Colombiano como una República Unitaria.
En ese sentido, si bien los jueces de inferior jerarquía al ejercer su función deben hacer interpretaciones que hagan compatible su decisión con los valores, principios y derechos que consagra la Constitución en razón del carácter normativo y vinculante de esta, ello no significa que estos, como sí sucede con los Altos Tribunales, tengan la facultad para crear interpretaciones vinculantes -sub reglas- que tengan la vocación de integrar el orden jurídico junto a la ley –en sentido formal-, es decir, normas en sentido material que, por tanto, generen el deber de garantizar su aplicación uniforme a efectos de preservar el principio de igualdad, garantizar la certeza –fin del derecho- y la seguridad jurídica, que permitan, por demás, mantener la coherencia en el ordenamiento.
En otros términos, el precedente es obligatorio porque proviene de los Altos Tribunales u órganos de cierre en Alto Tribunal como para los jueces de inferior jerarquía, quienes conociendo el precedente vertical están obligados a su aplicación.
Ahora surge el interrogante consistente en determinar cuál precedente prevalece cuando entre ese alto Tribunal y la Corte Constitucional hay una posición encontrada.
La forma de resolverlo encuentra respuesta en la fuerza y el carácter vinculante de la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, por las siguientes razones:
Las providencias que profiere la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia C-085 de 1995, son un criterio vinculante de la labor judicial.
En dicho fallo se definió con suma claridad que el juez constitucional como intérprete autorizado de la Constitución al desentrañar el sentido o contenido de una norma constitucional o al aplicarla directamente a un caso concreto genera lo que se denomina doctrina constitucional la que, por su naturaleza, tiene un carácter vinculante en razón del carácter normativo de la Constitución, pues en aquella se interpreta la norma fundamental, interpretación que debe ser acatada por los jueces, porque de no hacerlo, se desconocería la norma fundamental misma.
Lo anterior significa que cuando la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, fija el alcance de una norma a partir de los presupuestos constitucionales o la aplica de un determinado modo a un caso concreto, no está generando jurisprudencia, está fijando doctrina constitucional que, por envolver la interpretación de la Constitución, tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República, sin distingo alguno.
En ese sentido, el precedente generado en la Corte Constitucional es obligatorio y vinculante, tanto para las demás altas Cortes como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están obligados a su aplicación, en razón de su función de tribunal de cierre y unificación, en tanto están llamados a brindar coherencia al sistema jurídico.
En consecuencia, se debe entender que frente a criterios o posturas divergentes entre la Corte Constitucional y otra Alta Corporación, han de prevalecer los del Tribunal Constitucional, contenidos en sus sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela, siempre que la ratio decidendi se aplique al caso concreto y, por tanto, su desconocimiento configura el defecto de violación del precedente.
2.5.2.2. Defecto fáctico
Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 2016, estos aspectos tienen características que se transcriben a continuación:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
Conforme el anterior cuadro, la Sección señaló:
«Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.»
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la parte accionante cumplió con la carga de señalar, que la autoridad reprochada incurrió en defecto fáctico en la providencia de 26 de octubre de 2018, por cuanto dicha autoridad no valoró las Resoluciones Nros. 8173 de 15 de marzo de 2004 y 19890 de 28 de abril de 2006, por medio de las cuales le fue reconocida y reliquidada la pensión de vejez, y con las cuales se evidencia que contaba con 20 años de servicio a 1° de abril de 1994, y por tanto, debía liquidarse la prestación sobre el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Frente a este reparo, la Sala de Decisión señala de manera preliminar, que no le asiste razón a la parte accionante, en atención a que el Tribunal Administrativo sí tuvo en cuenta, dentro de la valoración del acervo probatorio, los actos administrativos que el señor Calero Urrutia aduce como omitidos.
Lo anterior encuentra respaldo en la parte considerativa de la providencia de 26 de octubre de 2018, en la que la judicatura cuestionada señaló:
«Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al actor le fue reconocida una pensión de jubilación a través de la Resolución 8173 de 2004 por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, en la que se expuso que “…la liquidación de efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años, 10 meses, 28 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 en la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 28 de febrero de 2003,…” (fls. 11-13 c2), reliquidada en la Resolución No. 19890 de 2005. (fls.19-21 c2) »
Así las cosas, se desprende del análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que con base en los mismos actos administrativos que el tutelante señaló como no valorados, fue dictada la decisión en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que el juez a quem advirtió que la prestación del señor Julio Calero Urrutia fue reconocida de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en esa medida, el IBL debe ser liquidado en los mismos términos.
2.5.2.3. Finalmente, respecto al cargo por violación directa de la Constitución consistente en que, a juicio del demandante, con la expedición de la sentencia de 26 de octubre de 2018 fueron transgredidos los principios superiores del debido proceso, favorabilidad, confianza legítima, e inescindibilidad de la ley, debido a que, existen interpretaciones diferentes en cuanto a la forma de liquidar el IBL, y en ese sentido, no era dable aplicar el criterio contenido en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, máxime, porque el actor había adquirido el estatus de pensionado con anterioridad al 1° de abril de 1994, es preciso señalar que esta censura tampoco tiene vocación de prosperidad por cuanto está acreditado en el presente proveído que la decisión que se demanda a través de este mecanismo constitucional, fue proferida con observancia de la normatividad vigente, y el precedente judicial aplicable al caso concreto, en el marco de los principios del debido proceso y autonomía del juez natural, de tal manera que luego del análisis del fondo del asunto, se arribó a la conclusión que la providencia reprochada no adolece de los defectos señalados por la parte actora en el libelo introductorio.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia de la presente acción constitucional en relación con los defectos sustantivo y procedimental, por cuanto no superan el requisito adjetivo de procedibilidad de subsidiariedad, y negará la solicitud de amparo interpuesta por el señor Julio Calero Urrutia, comoquiera que se evidenció que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente, defecto fáctico y violación directa de la Constitución.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Calero Urrutia, en relación con el cargo consistente en los defectos sustantivo y procedimental por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, y NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto los demás cargos propuestos en la solicitud de amparo, por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Conforme al poder que consta a folios 15 y 16 del expediente.
Folios 1 al 13.
Folio 63.
Visto a folios 72 a 73 y 76 a 77 del expediente de tutela.
Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Consta a folios 22 a 27 del expediente ordinario.
Ver la sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Artículos 248 a 255 del CPACA.
Con ponencia del Magistrado Alberto Yepes Barreiro.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, Rad. 33343 sentencia de 17 de octubre de 2008, MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza.
CONSEJO DE ESTADO, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, sentencia de 16 de diciembre de 2009 (Rad. 34863), MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza.
Al efecto ver Sentencia T-078/14, MP. Dr. Mauricio González Cuervo.
Frente a las cuales el ponente de esta sentencia salvó el voto.
Luis Recasens Siches.
Consideraciones que fueron reiteradas en la sentencia SU-023 de 2018.
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo de 28 de agosto de 2018 Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01, MP. Dr. César Palomino Cortés.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-631 de 2012. En este fallo expresamente se indica que: “Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante”
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-085 de 1993. Magistrado Ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz.
La postura del Suscrito Ponente sobre el asunto, quedó plasmada en el salvamento de voto del fallo de 28 de agosto de 2018 Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01. En donde se indicó que resulta inocuo que la Sala Plena pretendiera a través de una sentencia modificar o apartarse del criterio ya establecido por la Corte Constitucional. Lo anterior, en atención a que el hecho de que la Sala Plena aceptara la posición de la Corte Constitucional respecto a la interpretación del IBL para las personas sujetas al régimen de transición, significó una reafirmación innecesaria, pues según el orden constitucional es a esa Corporación a la que corresponde fijar al alcance de las leyes, y por ende, resulta de perogrullo cualquier pronunciamiento que el Consejo de Estado hiciera al respecto.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01896-00
Demandante: Julio Calero Urrutia
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