Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01899-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01899-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-01899-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / SENTENCIA ALEGADA COMO DESCONOCIDA NO CONSTITUYE UN PRECEDENTE - Aplicable al caso concreto
Para resolver la presente acción, la Sala: Se pronunciará sobre el defecto fáctico alegado por la actora. Resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Incurre en desconocimiento de precedente la sentencia que en un proceso de reparación directa confirma el fallo que negó la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la libertad, al considerar que en aquellos casos en que dicha medida no se materializa porque su destinatario evade su cumplimiento no se puede alegar un daño antijurídico imputable al Estado? (…) [L]a Sala evidencia que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, pues, tal como se observa en los argumentos transcritos, las autoridades judiciales accionadas sí realizaron un análisis sobre los hechos (…) [L]o cual permite aseverar que las autoridades demandadas no actuaron de forma arbitraria ni caprichosa. (…) De otro lado, aduce que se incurrió en defecto fáctico, porque no se efectuó en la sentencia un análisis del hecho de que la orden de captura en contra de la señora [T.C.R.] seguía vigente a pesar de que dentro del proceso penal en primera instancia se le había absuelto del delito que se le imputaba. (…) Según advierte la Sala, la providencia judicial citada por la actora no constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, como quiera que en ella se define una regla jurisprudencial para los casos de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad en aquellos casos en los que a pesar de que se libró la medida preventiva de privación de la libertad ésta no se hizo efectiva materialmente por ser beneficiario de la libertad provisional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01899-00(AC)
Actor: TILZA CASTELLANOS ROJAS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA y JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Tilza Castellanos Rojas y otros, por intermedio de apoderado judicial, en contra del fallo proferido el 8 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Tolima, dentro del proceso de reparación directa bajo radicado número 73-001-33-33-007-2014-00557-01.
SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Tilza Castellanos Rojas, Mónica Matyuri Mogollón Castellanos, Nidia Castellanos Rojas, Melba castellanos Rojas, Gildardo Castellanos Rojas, Duvan Alberto Trujillo Castellanos, Maribel Castellanos Rojas, Víctor Eliel Castellanos Rojas, Ricardo Castellanos Rojas, Duvan Leandro Trujillo Castellanos, Luis Eduardo López Martínez y Rosalba Castellanos Rojas, por medio de apoderado judicial, solicitaron la tutela de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad en conexidad con la libre locomoción, a la familia, al trabajo y a una vida digna, que estimaron vulnerados con ocasión de las providencias del 24 de junio de 2016 y 8 de noviembre de 2018, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, por medio de las cuales se negaron las pretensiones elevadas en ejercicio del medio de control de reparación directa (radicado 73001 33 33 007 2014 00557 00) interpuesto por aquellos contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Presidencia de la República, con el objeto de que se declarara responsables a las autoridades demandadas de los daños causados por el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron dichas entidades dentro del proceso penal que se adelantó en contra de la señora Tilza Castellanos, por el delito de rebelión.
Estiman que las providencias censuradas incurrieron en defecto fáctico por las siguientes razones:
No se realizó pronunciamiento respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió la Fiscalía General de la Nación consistente en omitir el hecho de que “la Sra. Tilza había sido secuestrada por miembros de las Farc, forma esta que dio origen al servicio que prestaba la Sra. Tilza ante las Farc, pero configurándose entonces el eximente de responsabilidad de insuperable coacción ajena”, lo que generó que se dejara de aplicar el artículo 356 de la Ley 600 del 2000, conforme al cual “no procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”;
No se efectuó un análisis del hecho de que la orden de captura en contra de la señora Castellanos Rojas seguía vigente a pesar de que dentro del proceso penal en primera instancia se le había absuelto del delito que se le imputaba, perpetuando una presunción de culpabilidad. Específicamente, aducen que no se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas: a) pronunciamientos de la Policía Nacional en el que señala que para el 2 de marzo de 2010 aún se encontraba vigente la orden de captura en contra de la señora Tilza Castellanos Rojas; b) derecho de petición presentado por la señora Castellanos el 11 de agosto de 2011 ante la Fiscalía 16 Especializada, solicitando que se aclare su situación judicial; y c) reporte de la SIAN – Sistema de Información de Anotaciones Nacional, Fiscalía General de la Nación, de 14 de junio de 2011, que da cuenta de la vigencia de la orden de captura en contra de la señora Castellanos Rojas.
De igual forma, consideran que las providencias cuestionadas incurren en desconocimiento de precedente, defecto éste que sustentan en los siguientes términos: “En el presente caso el precedente desconocido ha sido el alcance del derecho fundamental al debido proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a que “toda persona se presume inocente mientras que no se le haya declarado judicialmente culpable”. Sobre la Sra. Tilza se mantuvo una orden de captura que no debía existir pues su presunción de inocencia no fue derrotada, ya que había sido absuelta judicialmente, como ordena la Constitución. De esta forma la limitación al derecho fundamental al debido proceso se desarrolla a través de la violación a la libertad, libre locomoción, a conformar una familia, a una vida digna, y la posibilidad de fijar una residencia”. Agregó que, como lo ha señalado la jurisprudencia, “la limitación de la libertad no constituye “una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar […] habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado”; en ese sentido, concluyeron que la imposición de la medida privativa de la libertad en el caso particular constituyó una carga que la señora Castellanos Rojas no estaba obligada a soportar, en la medida que, si bien la privación de la libertad no se configuró materialmente, sí le acarreó todos los efectos de ésta. Para el efecto, citó la sentencia de 26 de agosto de 2015, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado, expediente 38912.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
El 13 de mayo de 2019 el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, y comunicar a los señores Humberto Castellanos Gamboa, María Concepción Rojas de Castellanos, Juana Rojas de Rojas, Luis Alberto Castellanos Rojas y Sirley Yuleni Mogollón Castellanos; a la Fiscalía General de la Nación, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Presidencia de la República, y al representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estos últimos en atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso.
Mediante escrito de 20 de mayo de 2019 la apoderada judicial de la parte accionante allegó poderes conferidos por los señores Humberto Castellanos Gamboa, María Concepción Rojas de Castellanos, Luis Alberto Castellanos Rojas y Sirley Yuleni Mogollón Castellanos para la representación de sus intereses dentro de la presente acción constitucional.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué presentó informe en el que solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado, puesto que no se alegó dentro del trámite procesal ordinario el defecto que ahora invoca la parte accionante. Estimó que la alegación según la cual “[…] el hecho de que sobre la Sra. Tilza, una vez declarada inocente, se perpetuó una condición de acusada por el delito de Rebelión, hecho que produjo que la señora Tilza continuara privada de su libertad de locomoción y de su derecho a estar con su familia, pues existía siempre la posibilidad de salir a la calle y que fuese privada de su libertad en un centro carcelario por autoridades policiales”, sólo se presentó mediante el mecanismo de tutela casi un año después de haberse proferido la decisión judicial censurada, lo que implica que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional. Precisa que si la accionante consideraba que se había omitido emitir un pronunciamiento sobre un hecho en particular, debió hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 287 del C.G.P. y solicitar la adición de la sentencia, o haber puesto de presente dicha situación en el recurso de apelación o incluso en los alegatos de segunda instancia, situación que no ocurrió.
Así mismo, remitió en calidad de préstamo el expediente 73001-33-33-007-2014-00557-01.
La Fiscalía General de la Nación rindió informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción.
Así mismo, señaló que es improcedente el amparo constitucional al no sustentarse la causal alegada, toda vez que, a pesar de que el reproche es por un tema probatorio, la parte actora no identificó el error en que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar oficiosamente el defecto alegado.
Manifestó que tampoco se advierte un desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, en relación con el título de imputación aplicable para resolver los asuntos de privación injusta de la libertad, toda vez que según dicha providencia, para efectos de obtener una indemnización, el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración exige acreditar que la decisión que conllevó a la privación de la libertad fue una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales establecidos para el efecto, lo que en el presente caso, a su juicio, no se demostró.
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional presentó escrito en el que solicitó declarar la improcedencia del amparo solicitado, por considerar que no se fundamentó de manera suficiente el defecto fáctico que se invoca, pues no se señaló cuáles fueron las pruebas indebidamente valoradas por la autoridad judicial accionada en la providencia censurada. Así mismo, estima que no se está en presencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo excepcional.
El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del Magistrado Ponente de la providencia que puso fin al proceso de reparación directa, allegó contestación en la que solicitó negar el amparo de tutela, en razón a que lo que se pretende es una instancia adicional que permita reabrir términos, interpretaciones o valoraciones propias del juez natural, que no fueran planteadas oportunamente en el proceso ordinario.
Señala que en el caso concreto no se demostró la existencia del daño antijurídico, primer elemento para derivar la responsabilidad estatal, en tanto que no se acreditó la configuración de los cargos de imputación invocados -error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia-.
Asegura que después de haberse realizado el estudio minucioso del caudal probatorio allegado al expediente ordinario se encontró demostrado que las providencias y decisiones emitidas en el trámite del proceso penal no estuvieron inmersas en un error jurisdiccional, primero, porque se adoptaron en cumplimiento de las normas y la jurisprudencia aplicable; y segundo, porque las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación se adoptaron como consecuencia de las pruebas recaudadas, teniéndose en cuenta en ellas no solo los informes emitidos por la Policía Nacional, como lo señaló la demandante, sino además la investigación preliminar, dentro de la cual se ordenó la diligencia de ampliación de declaraciones de desmovilizados, informe y pruebas documentales, así como la indagatoria practicada a la sindicada; es decir, que la Fiscalía contaba con indicios suficientes para emitir la apertura e imponer la medida de aseguramiento, para lograr los fines del artículo 355 del Código Penal aplicable para la época de los hechos.
Afirma que en la sentencia se concluyó que el menoscabo alegado por la demandante no fue consecuencia del actuar de la Fiscalía, sino de una decisión deliberada de la demandante de evadir la justicia, y no cumplir con la carga pública que se encontraba en el deber de asumir, como cualquier ciudadano contra el cual se advierten serios indicios que comprometen su responsabilidad.
Manifestó, respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que la parte recurrente lo fundamentó en la presunta captura ilegal que padeció la señora Castellanos Rojas, pues precisó que había sido arrestada sin que mediara flagrancia u orden de captura judicial por autoridad competente. En ese sentido, señaló que después de haber valorado los medios probatorios, el Tribunal consideró que las autoridades obraron conforme los parámetros legales, pues al momento en que la señora Castellanos Rojas fue aprendida mediaba orden de captura 0420340, proferida por la Fiscalía 40 Seccional de Ibagué, por lo que no era posible endilgar responsabilidad estatal alguna.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio frente a las pretensiones del accionante.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto por el numeral segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La Sala encuentra que la presente acción cumple con los requisitos generales para su examen, en razón a que: i) la argumentación expuesta plantea una discusión de orden constitucional relativa a la posible vulneración del derecho fundamental a la igualdad; ii) la parte actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, toda vez que se surtieron las dos instancias del proceso de reparación directa y contra la providencia que se cuestiona no procede recurso adicional; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, ya que se radicó el 7 de mayo de 2019, es decir, cinco (5) meses y dieciséis (16) días después de notificada la providencia que se ataca; iv) la irregularidad que se le endilga a la providencia, esto es, el defecto fáctico y el desconocimiento de precedente, afectan la decisión de fondo, por cuanto tienen un efecto decisivo y determinante en la sentencia; y v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela. Igualmente, con excepción de uno de los motivos en que se sustenta el defecto fáctico invocado, la solicitud cumple con el requisito consistente en identificarse de forma razonada los hechos y los derechos en que se fundamenta la solicitud de amparo, y que dicha alegación se haya efectuado en el proceso judicial, de haber sido posible. En relación con dicho motivo, la solicitud deviene improcedente, conforme se examinará más adelante.
3.3. HECHOS
El 24 de enero de 2005, la Dirección Central de la Policía Judicial – Área Investigativa delitos contra la vida ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación rindió informe en el que solicitó adelantar las investigaciones en contra de los frentes 21, 66 José Losada, Compañía Móvil Daniel Aldana y Compañía Móvil Héroes de Marquetalia de las FARC, grupos subversivos que hacían presencia en el municipio de Planadas; así como de las personas que presuntamente apoyaban a dichas organizaciones subversivas, entre quienes se encontraba la señora Castellanos Rojas, quien fue señalada por desmovilizados como la persona que se desplazaba a los campamentos con el fin de atender y suministrar medicamentos a enfermos y heridos, y brindar capacitaciones sobre planificación familiar a los integrantes de dicha organización.
La Fiscalía 40 Seccional de Ibagué profirió el 8 de agosto de 2006 resolución de apertura de instrucción en contra de la señora Tilza Castellanos Rojas y otros, por el presunto delito de rebelión. Así mismo, se ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria y se dispuso librar orden de captura.
El 12 de agosto 2006 nueve personas fueron capturadas en un operativo, entre ellas la señora Castellanos Rojas, quien rindió indagatoria el 14 del mismo mes y año, en la que adujo ser auxiliar de enfermería del Hospital del municipio de Planadas y señaló que en una ocasión estuvo en un campamento de un grupo de insurgentes, en contra de su propia voluntad y bajo amenazas de muerte, aplicando líquidos a algunos guerrilleros, lo que hizo porque en el año 1997 había sido secuestrada por el mismo grupo armado ilegal. La señora Castellanos Rojas fue dejada en libertad, previa suscripción de compromiso de comparecer ante las autoridades competentes cuando se le requiriera.
Mediante providencia de 23 de agosto de 2006 la Fiscal 17 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Ibagué resolvió la situación jurídica de la señora Castellanos Rojas, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de rebelión. Esta medida finalmente no se materializó.
El 8 de octubre de 2007 se expidió resolución de acusación contra la señora Castellanos Rojas por el delito de rebelión, al considerar que era, bajo su propia voluntad, auxiliadora, colaboradora y/o miliciana del movimiento guerrillero, decisión que fue confirmada por la Fiscalía 26 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de enero de 2008.
Una vez surtido el proceso penal, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué profirió fallo el 16 de diciembre de 2009, mediante el cual absolvió a la señora Castellanos Rojas del delito que se le imputaba, en razón a que se encontró probada la causal eximente de responsabilidad penal de insuperable coacción ajena.
El 19 de septiembre de 2012 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Sala de Decisión Penal, al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia.
El 27 de febrero de 2014 la señora Tilza Castellanos Rojas y otros promovieron acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por considerar que con las decisiones adoptadas dentro del proceso penal se incurrió en error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que les causó a ella y a su familia un daño antijurídico que no estaban en el deber de soportar, puesto que como consecuencia de aquellas se vio obligó a desplazarse y separarse de su familia y de sus bienes.
Mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2016, proferida por el Juez Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, se negaron las pretensiones de la demanda, en consideración a que la investigación penal que se adelantó en contra de la señora Tilza Castellanos Rojas se inició con base en el ejercicio legítimo de las facultades conferidas por el Estado a las entidades demandadas, y las actuaciones surtidas en la misma están revestidas de legalidad, sin que se evidencie vulneración alguna a los derechos fundamentales de la demandante. Así mismo, se señaló que la señora Castellanos Rojas eligió evadir su deber de acudir a la justicia, por lo que el daño que manifiesta sufrió deviene de dicha decisión y no del actuar de las entidades demandadas, de suerte que no resulta antijurídico.
El 8 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, adicionó la sentencia recurrida en el sentido de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, confirmándola en lo demás. Las razones del Tribunal fueron las siguientes:
Respecto del supuesto error judicial en incurrió la Fiscalía General de la Nación al proferir las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación sin realizar una investigación integral, basándose únicamente en los informes de Policía Judicial, y sin que tuviera certeza sobre su contenido, señaló que no se logró demostrar que las providencias emitidas en el trámite penal estuvieran inmersas en él, en primer lugar, porque se adoptaron en cumplimiento de las normas y la jurisprudencia aplicable; y en segundo término, porque las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación se adoptaron como consecuencia de las pruebas recaudadas, teniéndose en cuenta en ellas no solo los informes emitidos por la Policía Nacional, como lo señaló la demandante, sino además la investigación preliminar (artículo 250 de la C.P.), dentro de la cual se ordenó la diligencia de ampliación de declaraciones de desmovilizados, informe y pruebas documentales, así como la indagatoria practicada a la sindicada; es decir, que la Fiscalía contaba con indicios suficientes para emitir la apertura e imponer la medida de aseguramiento, para lograr los fines del artículo 355 del Código Penal aplicable para la época de los hechos.
En ese sentido, el Tribunal concluyó que el menoscabo alegado por la demandante no fue consecuencia del error judicial en que se dice incurrió la Fiscalía, sino de una decisión deliberada de la demandante de evadir la justicia, y no cumplir con la carga pública que se encontraba en el deber de asumir, como cualquier ciudadano contra el cual se advierten serios indicios que comprometen su responsabilidad.
Así mismo, aseguró que la investigación y el proceso penal que se adelantó en contra de la señora Castellanos Rojas, que trajo consigo la medida de aseguramiento por el punible de rebelión, que no logró sus fines por la no materialización, contó con los medios de prueba pertinentes y necesarios producidos dentro del mismo, tales como testimonios, documentos e informes que ofrecían serios motivos de credibilidad e indicios, que señalaban la hipotética responsabilidad de ésta, por lo que no se logró demostrar el presunto error judicial que hubiera podido producir los daños alegados.
Frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que supuestamente incurrieron el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por la presunta captura ilegal de la señora Castellanos Rojas, en tanto que fue arrestada sin que mediara flagrancia u orden de captura judicial por autoridad competente, el Tribunal señaló que no se advierte que la Policía Nacional, quien ejerció funciones de apoyo en la investigación adelantada por la Fiscalía, hubiese actuado en contravía del ordenamiento legal, pues al momento en que fue aprehendida la señora Castellanos Rojas, sindicada por el delito de rebelión, mediaba orden de captura número 0420340 dispuesta por la Fiscalía 40 Seccional de Ibagué, por lo que no es posible endilgar responsabilidad estatal.
Por último, la Corporación accionada precisó que de la interpretación de la demanda y del recurso de apelación se deriva que los actores alegan como daño antijurídico el hecho de tener que soportar el proceso penal. Frente a ello, señaló que los ciudadanos colombianos se encuentran sometidos a la carga pública de asumir procesos judiciales que adelanten en su contra cuando existan serios indicios de su responsabilidad, salvo cuando se demuestre que la actuación haya acarreado daños antijurídicos que ameriten una indemnización de perjuicios por parte del Estado, tales como la privación injusta de la libertad, situación que en el presente caso no ocurrió. A este último respecto, precisó que la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesó en contra de la entonces sindicada no se materializó, teniendo en cuenta que ésta evadió la justicia y se ocultó para no soportar la actuación penal, lo que devino en la ineficacia de dicha medida, incumpliendo así con su deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Problema jurídico a dilucidar
Para resolver la presente acción, la Sala:
Se pronunciará sobre el defecto fáctico alegado por la actora.
Resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Incurre en desconocimiento de precedente la sentencia que en un proceso de reparación directa confirma el fallo que negó la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la libertad, al considerar que en aquellos casos en que dicha medida no se materializa porque su destinatario evade su cumplimiento no se puede alegar un daño antijurídico imputable al Estado?
3.5. ANÁLISIS DE LA SALA
3.5.1. El defecto fáctico
3.5.1.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, un defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales […].”
Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se configure el defecto fáctico, a saber:
Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión.
Bajo los parámetros judiciales anteriores y teniendo en cuenta que los asuntos fácticos que se debaten en un proceso corresponden a la prueba, la relevancia y la connotación jurídica de los hechos, el defecto fáctico puede configurarse cuando: a) se le da relevancia a un hecho jurídico que resulta irrelevante para la decisión del caso, o por el contrario, se considera irrelevante el hecho, cuando en uno u otro caso resulta determinante para la decisión; b) se considera probado un hecho concreto que en realidad no está probado, ya sea porque no hay constancia del mismo en el expediente, o porque la prueba se ha recaudado con violación al debido proceso, o porque lo acreditado en el proceso no tiene la virtud de prueba de acuerdo con la ley; o por el contrario, no se considera probado el hecho que en realidad sí lo está, o se omite indebidamente el decreto o práctica de una prueba, y es determinante para la decisión a tomar, y c) cuando a un hecho concreto debidamente probado, se le da una connotación jurídica que no le corresponde, o no estando probado se connota jurídicamente.
En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error debe ser flagrante, manifiesto y debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.
3.5.1.2. La parte actora alega que se incurrió en defecto fáctico en las providencias censuradas al no existir ninguna consideración respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió la Fiscalía General de la Nación al omitir el hecho de que se configuraba la causal eximente de responsabilidad de insuperable coacción ajena que impedía que se emitiera la medida preventiva de privación de la libertad, conforme lo establecido en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000.
Revisado el expediente, se observa que en el fallo de primera instancia sobre el anterior cuestionamiento, se dijo lo siguiente:
“[…] esta falladora observa que -como ya se dijo- la resolución de apertura de instrucción en contra de la señora Tilza Castellanos, entre otros, por el punible de Rebelión, tuvo lugar más de un año después de haber sido solicitada la designación de un fiscal para el adelantamiento de la investigación y sólo después de escuchar en ampliación algunas declaraciones y luego de haberse recepcionado nuevos testimonios, entre otras probanzas; la imposición de la medida de aseguramiento que peso en contra de la señora Castellanos Rojas era procedente, con el fin de propender por el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 355 del C.P. vigente para la época de los hechos y conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 357 ibídem, toda vez que pese a que la imputada en su injurada manifestó haber actuado bajo insuperable coacción ajena, lo cierto es que no ofreció prueba alguna para probar su dicho (a manera de ejemplo nótese como en su indagatoria señaló a la –señora que cuidaba sus hijos- como una testigo directa de cuando fue abordada por el motociclista que la fue a buscar a su casa y que la llevó en contra de su voluntad a un campamento guerrillero para que aplicara líquidos y medicamentos a guerrilleros enfermos, pero ni siquiera suministró su nombre) pues, tal como lo señaló la fiscalía, enfilo su defensa en desacreditar a los testigos de cargo; igual situación se puede predicar de la resolución de acusación, toda vez que la providencia cumple con las previsiones de los artículos 397 y 398 ibídem pues la materialidad del hecho fue aceptada en parte por la imputada y existían testimonios que le ofrecían serios motivos de credibilidad al ente acusador y la providencia reunía los requisitos formales correspondientes. […]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Ahora bien, estudiado el recurso de apelación no se observa cuestionamiento alguno respecto de dicho punto en particular; sin embargo, en la sentencia de segunda instancia se señaló:
“[…] Finalmente, se precisa que esta instancia judicial comparte los argumentos trazados por la Operadora jurídico primaria, con relación a que el hecho de que la entonces sindicada – Tilza Castellanos Rojas, en su injurada hubiere aceptado haber ido y atendido a guerrilleros enfermos en uno de sus campamentos, así hubiese afirmado que fue en contra de su voluntad, ello conllevó a aceptar la materialidad del hecho o por lo menos le daba fuerza a las declaraciones de los testigos de cargo y no probar la causal eximente de responsabilidad que ella misma pregonaba, por lo que las providencias cumplían con lo previsto en los artículos 397 y 398 del C.P. vigente para la época de los hechos. Sin que por el hecho de haberse proferido sentencia absolutoria, se pueda predicar vulneración a los derechos fundamentales de la demandante. […]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
A partir de la lectura de los apartes trascritos, la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas sí valoraron el hecho de que desde el comienzo de la investigación penal se alegó la coacción ajena como una causal eximente de responsabilidad; sin embargo, se aclaró por aquellas que para ese momento procesal y teniendo en cuenta las demás pruebas que obraban en el expediente, dicha causal no se encontraba demostrada, en razón a que la defensa se encaminó principalmente a tratar de desacreditar el dicho de los testigos y no a probar dicha causal. Así mismo, se señaló que el hecho que posteriormente se profiera sentencia absolutoria no implicaba vulneración de sus derechos, en atención a que las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación habían sido expedidas en cumplimiento del ordenamiento legal. Por ello, a juicio de las autoridades accionadas, no era suficiente alegar la causal eximente de responsabilidad para exigir a la Fiscalía que se abstuviera de proferir la medida privativa de la libertad, más aún cuando de los otros medios probatorios que reposaban en la investigación se podía soportar válidamente su expedición.
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, pues, tal como se observa en los argumentos transcritos, las autoridades judiciales accionadas sí realizaron un análisis sobre los hechos que soportaban la causal eximente de responsabilidad al inicio del proceso penal, y fue precisamente de dicho estudio, que concluyeron que las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación se ajustaron al ordenamiento jurídico, lo cual permite aseverar que las autoridades demandadas no actuaron de forma arbitraria ni caprichosa.
Por consiguiente, en vista de que en el presente caso no se observa que la apreciación probatoria realizada represente un ejercicio arbitrario e irracional de la función encomendada a las autoridades judiciales accionadas, la Sala concluye que no se configura el defecto fáctico invocado.
3.5.1.3. De otro lado, aduce que se incurrió en defecto fáctico, porque no se efectuó en la sentencia un análisis del hecho de que la orden de captura en contra de la señora Tilza Castellanos Rojas seguía vigente a pesar de que dentro del proceso penal en primera instancia se le había absuelto del delito que se le imputaba, perpetuando una presunción de culpabilidad. Afirma que no se valoraron tres pruebas que, a su juicio, demostraban dicho hecho.
Revisada la actuación procesal, la Sala advierte que, respecto del último defecto fáctico alegado por la parte actora, no se cumple el requisito general para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales consistente en que la parte actora, además de identificar de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, hubiese alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que le fuere posible.
En efecto, el anterior requisito lo componen dos elementos: de un lado, deben identificarse de forma razonada los hechos y los derechos en que se fundamenta la solicitud de amparo; y de otro, que dicha alegación se haya efectuado en el proceso judicial, de haber sido posible.
La Sección Primera del Consejo de Estado, frente a este requisito, ha sostenido lo siguiente: “[…] Ahora bien, en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial y de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, se exige, como requisito de procedibilidad, que quien solicita el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con la providencia judicial que controvierte, identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración, los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible […].”
Así pues, la exigencia de este requerimiento está orientada por la necesidad de que se identifiquen de manera clara los argumentos que se ponen de presente en la acción de tutela y que además hayan podido ser valorados por la instancia ordinaria correspondiente, siempre que ello fuese posible para la parte que impugna la decisión judicial mediante la mencionada acción.
En el presente asunto, al examinar la demanda de reparación directa, se advierte que ésta se fundamentó, en esencia, en lo siguiente:
“UN HECHO GENERADOR DEL DAÑO.
Es un hecho público y notorio que a partir del mes de agosto de 2006 hasta el mes de septiembre de 2012 la Sra. TILZA CASTELLANOS ROJAS se vio sometida a fuertes hostigamientos y señalamientos injustos en su contra, a través de una investigación penal que no contenía siquiera indicios de los cuales razonablemente se pudiera inferir la participación de la injustamente perseguida en delito o ilícito alguno; al contrario, se registró en sus vidas diversas afecciones a sus derechos a la familia, al trabajo, a la vida, entre otros, debido a su infundada vinculación a la referida instrucción penal a través de los señalamientos que tendían a vincular a la Srta. TILZA CASTELLANOS con un grupo insurgente y que nada tenían que ver con ella, tal y como se demostró en el curso del proceso penal, como lo es el de las FARC.
Del proceso penal aportado en calidad de prueba trasladada de ésta pretensión contenciosa, se puede inferir fácilmente que la Fiscalía General de la Nación tenía una evidente fascinación por privar injustamente de la libertad a la Sra. TILZA CASTELLANOS, al punto de decretar orden que le imponía medida de aseguramiento intramural la cual tuvo que ser evadida por la injustamente señalada, sabiendo que de cumplir con esta orden ella sería alejada de su núcleo familiar, el cual depende económica y moralmente de ella al ser una mujer madre cabeza de hogar.
Lo anterior se evidencia no sólo con las actuaciones procesales que se observan en el tránsito del proceso penal y adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, sino que tuvo que mediar orden judicial que hiciera ver el yerro en que caía la Fiscalía y de esta forma poder concluir que no había forma de inferir razonablemente que existiera un vínculo que relacionara a la Sra. TILZA CASTELLANOS con el grupo insurgente de las FARC.
Estas actuaciones corresponden a la investigación iniciada por la FISCALÍA 40 SECCINAL DE IBAGUÉ, posteriormente adelantada por la FISCALÍA 17 SECCIONAL DE IBAGUÉ – UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FÉ PÚBLICA, PATRIMONIO ECONÓMICO y dentro de la cual también tuvo actuaciones la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – DIRECCIÓN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO en contra de TILZA CASTELLANOS ROJAS y Otros; por el delito de Rebelión.
[…]
Todo lo anterior aunado a la narración descrita en el acápite No. III de “HECHOS” que se describió en esta demanda, permite fijar que la Sra. TILZA CASTELLANOS ROJAS se vio sometida a soportar el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión de las graves persecuciones a las que fue sometida, y que devino, entre otras, en el desplazamiento forzado al que se vio obligada para evitar que fuera aprehendida injustamente de su libertad, tal y como se expuso en los hechos. […]”
De otro lado, contra la sentencia de primera que negó las pretensiones de la demanda, la parte actora presentó recurso de apelación, cuyo sustento se concretó principalmente en lo siguiente: i) la pertinencia de la vinculación al proceso del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; ii) la responsabilidad de la Policía Nacional por la captura efectuada a la señora Castellanos Rojas; y iii) el error judicial en que incurrió la Fiscalía General de la Nación al proferir las resoluciones de apertura de instrucción y acusación sin el debido sustento probatorio; respecto de estos dos últimos argumentos señaló:
“4.2.2. La responsabilidad de la Policía Nacional:
[…], en donde se observa que la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS fue retenida por parte de la POLICÍA NACIONAL, inicialmente en una patrulla de esta institución durante un largo lapso, y posteriormente al interior de una estación de policial.
Debe considerarse que es ilegal la captura cuando es realizada por agentes de la POLICÍA NACIONAL, haciendo una detención sin que medie flagrancia u orden judicial expedida por autoridad competente, como ocurrió en el presente caso, y de los cual se desprendió la emisión de los informes policiales que llevaron a la persecución penal en contra de la señora CASTELLANOS, los cuales como se observa del acervo probatorio, dio origen a la investigación que culminó con el pronunciamiento judicial de absolución ante la comprobación de la inexistencia del hecho punible.
[…]
4.3. De la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nacional
[…]
En otras palabras, los informes de policía, tal y como se dejo de presente en las actuaciones del proceso penal, no constituyen prueba y que la delegada de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN lo hiciera, muestra que es un error por parte de esta autoridad con funciones jurisdiccionales. Es decir, desde este momento observamos que se configura el error judicial en las resoluciones proferidas por dicha entidad y que desembocaron en los señalamientos en contra de la señora TILZAS CASTELLANOS ROJAS. […]
Es claro entonces que el fundamento de las diferentes resoluciones proferidas por parte de la Fiscalía General de la Nación constituye un error judicial por indebida aplicación de las normas contenidas en la Ley 600 de 2000 y por interpretación errónea de las pruebas arrimadas al sumario. […]
Para este caso, es claro que ninguno de los testimonios ofrece serios motivos de credibilidad, y que la [supuesta] prueba indiciaria que dio en llamar el ente acusador “cadena indiciaria”, no se encuentra suficientemente edificado en hechos indicadores que se encuentren establecidos y perfectamente determinados y separados probatoriamente, para que de allí, se pueda sostener válidamente que se encuentran suficientemente construidos indicios en contra de la aquí procesada; (subraya propia) en otras palabras no hay un indicio ni un testimonio que permita al ente acusador llegar al grado de certeza que pretendió llegar respecto a la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS, por lo cual, es evidente el error judicial y los consecuentes daños y perjuicios que han sido predicados a lo largo del proceso.
4.3.2.2. El principio de exhaustividad
[…]
En ese sentido, subsidiaria y complementariamente, el anormal o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se presenta en tanto que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como ente acusador y director de la investigación, no fue exhaustivo en su investigación, esto es: violó derechos fundamentales por la falta de averiguación de los hechos por los cuales fue procesada la víctima directa. En síntesis, la omisión por parte de la entidad reseñada constituye un defectuoso funcionamiento en el ejercicio de la función de impartir justicia, que la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS no estaba en el deber de soportar.” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Por su parte, en el escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia, mencionó lo siguiente:
“3.1 La responsabilidad de la FISCALÌA GENERAL DE LA NACIÓN y de la POLICÍA NACIONAL por la privación injusta de la libertad de la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS
La FISCALÌA GENERAL DE LA NACIÓN es responsable de los hechos que generaron el daño antijurídico en tanto orientó su acción investigativa a conseguir la privación de la libertad de la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS sin haber adelantado un recaudo probatorio suficiente, que de acuerdo con un programa metodológico y una teoría del caso consistente, lograra desvirtuar la presunción de inocencia de la investigada. Ello le llevaría a extralimitar sus funciones como ente investigador y acusado, el cual siempre tuvo la intención de privar injustamente de la libertad a la víctima directa dentro del presente proceso, frente a lo cual no fue suficiente el pronunciamiento del JUZGADO SEPTIMO DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ sino que este tuvo que ser apelado por parte de dicha entidad, a sabiendas de su actuar defectuoso.
3.2. La responsabilidad de la Policía Nacional por las capturas y persecución de la señora TILZA CASTELLANOS ROJAS
[…]
Debe considerarse que es ilegal la captura cuando es realizada por agentes de la POLICÍA NACIONAL, haciendo una detención sin que medie flagrancia u orden judicial expedida por autoridad competente, como ocurrió en el presente caso, y de lo cual se desprendió la emisión de los informes policiales que llevaron a la persecución penal en contra de la señora CASTELLANOS, los cuales, como se observa del acervo probatorio, dio origen a la investigación que culminó con el pronunciamiento judicial de absolución ante la comprobación de la inexistencia del hecho punible.[…]”. (Negrita y subrayas fuera del texto original)
De los apartes trascritos de los documentos citados, se observa que los cuestionamientos planteados por la parte actora dentro del proceso de reparación directa se fundamentaron en: primero, la supuesta captura ilegal de que fue objeto la señora Tilza Castellanos por parte de la Policía Nacional; y segundo, el error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por las decisiones adoptadas al interior del proceso penal, específicamente, las resoluciones de apertura de instrucción y de acusación proferidas por la Fiscalía General de la Nación, pues, en criterio de la parte demandante, se expidieron sin suficiente respaldo probatorio que permitiera inferir la participación de la señora Castellanos Rojas en el delito que se le imputaba.
En ese sentido, la Sala advierte que la ausencia de un pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al mantener vigente la orden de captura en contra de la señora Castellanos Rojas a pesar de que dentro del proceso penal en primera instancia ya se le había absuelto del delito que se le imputaba, no fue un defecto que se hubiere alegado por la parte accionante dentro del proceso, ni en la demanda ni en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia ni en los alegatos de conclusión en segunda instancia. Así, al no invocar dentro del proceso judicial tal omisión como un hecho que a su juicio generó la vulneración de sus derechos, así como tampoco poner de presente las pruebas que hoy advierte fueron dejadas de valorar, siendo esto posible, el amparo constitucional respecto de este cargo resulta improcedente.
3.5.2. Desconocimiento de Precedente
3.5.2.1. La Corte Constitucional, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
3.5.2.2. En el asunto sub examine la parte accionante manifiesta que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente referido a que la limitación de la libertad no constituye “una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar […] habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico”; en ese sentido, concluyó que la imposición de la medida privativa de la libertad constituyó una carga que no estaba obligada a soportar la señora Castellanos Rojas, en la medida que si bien la privación de la libertad no se configuró materialmente, sí le acarreó todos los efectos de ésta. La parte actora cita como desconocida la sentencia de 26 de agosto de 2015 proferida dentro del expediente 38912.
En orden a resolver el cargo planteado, conviene tener en cuenta que en la providencia que se dice desconocida, la Sección Tercera de esta Corporación resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que negó las pretensiones dentro de un proceso de reparación directa, por medio del cual se solicitó declarar responsables a Nación - la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de uno de éstos.
En esa oportunidad, esta Corporación revocó y declaró administrativamente responsables a las autoridades demandadas al considerar que los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido uno de los actores son imputables al Estado, pues, a pesar de que no existió una privación efectiva de la libertad física, en atención a que se concedió el beneficio de la libertad provisional, lo cierto es que esa medida sí implicó la restricción de derechos como la libre circulación, el libre desarrollo de la personalidad y la unidad familiar, entre otros. En dicha providencia se indicó:
“[…] Para la Sala resulta importante precisar que si bien la señora Leal Ruiz no fue privada efectivamente de su libertad física –pues en el momento en el que se le impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, también la fiscalía encargada de la investigación le concedió el beneficio de la libertad provisional-, lo cierto es que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva respecto de sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros, razón por la cual se considera que ella sí sufrió un daño antijurídico, el cual debe ser reparado. […]” (negrita y subrayas fuera del texto original)
Según advierte la Sala, la providencia judicial citada por la actora no constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, como quiera que en ella se define una regla jurisprudencial para los casos de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad en aquellos casos en los que a pesar de que se libró la medida preventiva de privación de la libertad ésta no se hizo efectiva materialmente por ser beneficiario de la libertad provisional, en tanto que en este asunto el supuesto fáctico de la pretensión del demandante es diferente, pues la medida preventiva de privación de la libertad no se pudo materializar por razones ajenas a la Administración de Justicia, particularmente por que su destinataria evadió su cumplimiento.
En ese sentido, la Sala estima que no puede alegarse desconocimiento de precedente, pues la providencia analizada difiere en cuanto a los hechos de la demanda de reparación directa incoada por el accionante.
Las consideraciones anteriores son suficientes para negar la solicitud de protección de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por cuanto se verifica que la providencia atacada no incurrió en los defectos analizados.
3.6. OTROS PRONUNCIAMIENTOS
Los señores Humberto Castellanos Gamboa, María Concepción Rojas de Castellanos, Luis Alberto Castellanos Rojas y Sirley Yuleni Mogollón Castellanos, a quienes se les comunicó sobre el presente trámite constitucional, intervinieron en éste confiriendo poder a la abogada María del Pilar Silva Garay, a quien se le reconocerá personería como su apoderada, en los términos de los memoriales vistos a folios 122 a 127 del expediente de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el defecto fáctico de que trata el numeral 3.5.1.3, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por los señores Tilza Castellanos Rojas Mónica Matyuri Mogollón Castellanos, Nidia Castellanos Rojas, Melba castellanos Rojas, Gildardo Castellanos Rojas, Duvan Alberto Trujillo Castellanos, Maribel Castellanos Rojas, Víctor Eliel Castellanos Rojas, Ricardo Castellanos Rojas, Duvan Leandro Trujillo Castellanos, Luis Eduardo López Martínez y Rosalba Castellanos Rojas, frente a la providencia proferida el 8 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa bajo radicado número 73001-33-33-007-2014-00557-01.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada María del Pilar Silva Garay de Humberto Castellanos Gamboa, María Concepción Rojas de Castellanos, Luis Alberto Castellanos Rojas y Sirley Yuleni Mogollón Castellanos, en los términos de los poderes a ella conferidos.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Ibídem, Folios 135 a 154. Cuaderno No. 2 del expediente en préstamo, folios 208 a 215. Respecto de la señora Juana Rojas de Rojas en el memorial se señaló que se adjuntaba certificado de defunción; no obstante, dicho documento no se aportó. Folios 130 y 131. Folios 143 a 144. Folios 133 a 139. No se refiere en particular en el escrito de tutela a ningún otro mecanismo judicial. Folios 140 a 142. Folios 149 a 150. Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. La providencia del 8 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima se notificó el 15 de noviembre de 2018. Ver folios 887 a 894 del expediente ordinario en préstamo. Folio 369 del expediente ordinario. Hecho 52 de la demanda de reparación directa. Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras. Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009. Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-401 del 31 de mayo de 2012. M.P. (e) Adriana María Guillén Arango. Actor: Clovis Barrios de Chicó. Demandado: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto sostuvo la Corte que: “[...] 3.6.1. Este requisito está encaminado a asegurar que quien interpone la acción de tutela identifique de manera clara y razonable cuáles fueron las actuaciones u omisiones que condujeron a la vulneración alegada. El segundo elemento que compone este criterio, es que dichos argumentos se hubiesen presentado de manera reiterada en el proceso judicial que fue impugnado con la tutela”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de julio 31 de 2012. Radicado: 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ). Consejera Ponente: María Elizabeth García González; y Sentencia del 05 de agosto del 2014. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de abril de 2018. CP. Oswaldo Giraldo López, Actor: Luz Nelly Moreno de Galvis, Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros, número de radicación 11001-03-15-000-2018-00124-00(AC). Folios 383 y 384 del cuaderno No.
1 del expediente ordinario en préstamo. Folios 813 a 816 del cuaderno No. 1 parte III del expediente ordinario en préstamo. Folios 842 a 844 del cuaderno No. 1 parte III del expediente ordinario en préstamo. Sentencia T-1033 de 2012. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia del 26 de agosto de 2015, radicado 68001-23-31-000-2003-01681-01(38912) Actor: Luz Dana Leal Ruiz y Otros, Demandado: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, C.P.: Hernán Andrade Rincón (E)
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