Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-02188-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela en concurso de méritos: convocatoria 27 Rama Judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-02188-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-02188-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Várgas(e)
13 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 Rama Judicial / CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS - Norma reguladora / RECURSO DE REPOSICIÓN – Convocatoria dispuso el correo electrónico para su interposición / MENSAJE DE DATOS – Contentivo del recurso de reposición se envió a correo electrónico que no fueron asignados tal fin / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[E]l [actor] afirmó que envió el recurso de reposición contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 a las direcciones de correo electrónico carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y juruncsj.fchbog@unal.edu.co ; sin embargo, revisado el contenido de la Convocatoria Nº 27 (Acuerdo Nº PCSJA 18-11077 de 16 de agosto de 2018), se advierte que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, dispuso el buzón electrónico convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co, para recibir peticiones relacionadas con la Convocatoria Nº 27. Adicionalmente, se tiene que en la página de la Rama Judicial, en el link de la Convocatoria Nº 27, se informó que “TODOS LOS RECURSOS Y PETICIONES DEBEN SER REMITIDOS ÚNICAMENTE AL CORREO ELECTRÓNICO convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co”, por lo que se evidencia que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial dispuso un buzón electrónico especial para recibir todas las solicitudes y recursos relacionados con el concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27. En este orden, se observa que la supuesta ausencia de respuesta al recurso de reposición interpuesto por el [actor], el 1 de febrero de 2019 y la falta de citación e inclusión en el listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019, no fue una irregularidad que se le pueda atribuir, exclusivamente a la administración, pues resulta evidente que el accionante no fue diligente con la presentación del escrito de impugnación, pues remitió el mensaje de datos a direcciones electrónicas que formalmente no fueron asignadas para la recepción de peticiones y recursos interpuestos por los participantes en el trámite del concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27, ocasionando que las entidades accionadas no se enteraran oportunamente de la reclamación del actor y por lo tanto, no se pronunciaran sobre sus argumentos, ni lo citaran e incluyeran en la actividad practicada el 14 de abril de 2019. (…) la Sala considera necesario aclarar que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, una vez se enteró del recurso de reposición propuesto por el actor, procedió a expedir el oficio CJO19-3622 de 29 de mayo de 2019, con el cual le manifestó al [actor] el carácter reservado del material que conforma las pruebas de los concursos de mérito y, a su vez, le indicó que, mediante comunicación de 17 de mayo de 2019 se informó a la comunidad sobre la recalificación de la prueba de aptitudes, por lo que esa situación le permite a los aspirantes presentar las solicitudes que consideren pertinentes y desarrollar una nueva jornada de exhibición de los documentos de la prueba, con ocasión del trámite de la etapa probatoria de los recursos, a la cual puede acudir
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VÁRGAS(E)
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02188-00(AC)
Actor: JOSÉ ÓSCAR LESMES MONTENEGRO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Óscar Lesmes Montenegro, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
ANTECEDENTES
La solicitud y pretensiones
El señor José Óscar Lesmes Montenegro, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que estimó lesionados por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, i) al no resolver el recurso de reposición interpuesto contra los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos desarrollada dentro del concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nº 27); y, ii) omitir su citación a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“(…) 1.- Tutelar en mi favor los derechos fundamentales reseñados en precedencia.
2.- Ordenar a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL; al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA -, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA-, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo que su digno despacho haya de emitir, resuelva mi recurso de Reposición al que he hecho alusión en esta acción constitucional.
3.- Que en caso de no ser repuesto el puntaje obtenido, se me exhiban personalmente, tal y como lo hicieron con otros concursantes, los cuadernillos contentivos de las preguntas de aptitudes y conocimientos, la hoja de respuesta por mi marcada, la plantilla de hojas de respuestas de la Universidad Nacional de Colombia; tal y como lo peticioné en la demanda de Acción de Tutela.
4.- Que efectuada la exhibición de dichos documentos, se me conceda el término de 10 días para sustentar o adicionar el recurso de Reposición, tal y como de forma igual (sic) lo han hecho con los concursantes a quienes ya les fueron exhibidos los documentos y se les otorgó el aludido término de 10 días.
5.- Requerir a las entidades accionadas para que en el curso del cronograma de las Fases I y II, me garanticen y protejan mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza y buena fe en la administración de justicia (…)”.
Los hechos y consideraciones del actor
El accionante expone, como fundamento de la solicitud de amparo, los hechos y consideraciones que se resumen a continuación (fols 1 - 4):
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera judicial, mediante el Acuerdo Nº PCSJA 18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Señaló que se inscribió en el referido concurso de méritos (Convocatoria Nº 27), para optar por el cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Expresó que el 2 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la prueba de aptitudes y conocimiento, diseñada por la Universidad Nacional de Colombia, en la cual obtuvo un puntaje, respectivamente, de 241.51 y 5553.24, para un total de 794.74, según la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, impidiéndole continuar en el proceso de selección, debido a que se requería un resultado mínimo de 800 puntos para seguir en la siguiente fase del concurso de méritos.
Sostuvo que mediante correo electrónico enviado a los buzones HYPERLINK "mailto:carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co" carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y HYPERLINK "mailto:juruncsj.fchbog@unal.edu.co" juruncsj.fchbog@unal.edu.co, el 1 de febrero de 2019 presentó recurso de reposición contra la referida resolución, solicitando que: i)“Se realice nuevamente la revisión y/o verificación manual de mi examen tanto en lo atinente a la prueba de conocimientos, como al ítems de prueba de aptitudes, incluido el cuadernillo de pruebas y la hoja de respuestas” y ii) “(…) comedidamente me suministren copia del formulario contentivo de las preguntas de los dos componentes, así como el de respuestas por mi marcadas”. Lo anterior, con el fin de disponer de elementos de juicio suficientes para ajustar y adicionar la reclamación, que garantizara sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción.
Informó que la Unidad de Administración de la Carreja Judicial, en atención al cronograma de la Convocatoria Nº 27, expidió la Resolución Nº CSJ19-0632 de 29 de marzo de 2019, resolviendo los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, sin pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, que presentó, ni lo identificó por nombre y cédula, como uno de los sujetos destinatarios de la decisión adoptada por la entidad.
Adujo que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el 18 de marzo de 2019 publicó en la página web de la Rama Judicial, un aviso, indicando que “(…) quienes solicitaron la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el desarrollo de la Convocatoria N° 27, que la misma se llevará a cabo el domingo 14 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá”.
Dijo que las entidades accionadas no le enviaron citación y lo excluyeron del listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, pese a que interpuso, oportunamente, el recurso de reposición, solicitando la revisión y verificación manual del examen y hojas de respuestas y preguntas, impidiéndole, reunir los argumentos necesarios para adicionar la impugnación, como lo disponía el instructivo publicado, para la exposición de las pruebas escritas.
Expuso que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, mediante Resolución Nº CJR19-063 de 8 de mayo de 2019 se volvió a pronunciar sobre algunos recursos, sin referirse al escrito de reposición interpuesto por él.
Manifestó que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, porque no se pronunciaron sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, relacionada con los resultados de la prueba de aptitudes conocimientos desarrollada dentro del concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nº 27).
Así mismo, resaltó que las autoridades demandadas desconocieron sus derechos constitucionales, al no enviarle citación e incluirlo en el listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
Trámite
Mediante auto de 20 de mayo de 2019 (fol. 59) se admitió la demanda, se ordenó la notificación a las autoridades accionadas, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia (fols 61 - 65), para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.
Intervenciones
4.1 La Unidad de Administración de Carrera Judicial (fols. 67 – 69) solicitó que se rechace por improcedente el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:
Indicó que la entidad mediante oficio CJO19-3622 de 29 de mayo de 2019, dio respuesta a las peticiones elevadas por el accionante en el recurso de 1º de febrero de 2019, el cual fue remitido a la dirección de correo electrónico suministrado por el accionante para recibir notificaciones, por lo que se configura una carencia de objeto por hecho superado que impide acceder al amparo de los derechos fundamentales invocados.
Resaltó que mediante comunicado conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, publicado el 17 de mayo de 2019, en la página web de la Rama Judicial, se informó a la comunidad que se realizará la recalificación de la prueba de aptitudes, cuyo resultado se publicará el 10 de junio de 2019.
Sostuvo que la recalificación de la prueba, concede la oportunidad a los aspirantes de interponer los recursos o presentar los derechos de petición que consideren pertinentes, y adicionalmente establece una nueva jornada de exhibición de los documentos de la prueba con ocasión del trámite de la etapa probatoria de los recursos para el día 10 de agosto de 2019.
Expresó que la entidad ha tomado las medidas necesarias tendientes a garantizar a todos los aspirantes sus derechos en igualdad de condiciones, pues se dispuso la recalificación de los exámenes, por lo que no se evidencia una actuación que afecte los derechos invocados del accionante.
Agregó que la parte actora en el presente trámite de tutela, no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de tutela
4.2 La Universidad Nacional de Colombia solicitó que se declare improcedente o en su defecto se niegue el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente (fols. 88- 93):
Indicó que de acuerdo con la base de datos de derechos de petición allegados a la Universidad Nacional de Colombia, a la fecha no se registra solicitud alguna del accionante, por lo que no resulta oponible la reclamación formulada por el actor, sin embargo, se advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de oficio CJO19-3622 de 29 de mayo de 2019, le dio respuesta a los argumentos expuestos por el tutelante en el escrito de 1º de febrero de 2019.
Adujo que al haber una respuesta a la petición formulada por el accionante, se configura una carencia de objeto por hecho superado que impide acceder a la protección de los derechos invocados.
Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, “Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado”, lo cual fue declarado exequible mediante sentencia C – 037 de 1996.
Explicó que la condición de reserva de la prueba de los concursos de méritos ha sido resaltada por la Corte Constitucional, en sentencia T – 180 de 2015 y, adicionalmente, encuentra su justificación en lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.
Expresó que la entidad en aras de garantizar los derechos de los aspirantes de la Convocatoria 27, se dispuso levantar parcialmente la reserva de los documentos del concurso, a través de la diligencia de exhibición de documentos realizada el 14 de abril de 2019, con el fin de permitirles a los participantes que solicitaron en debida forma y en término, conocer el material de la prueba de aptitudes y conocimientos, para que pudieran ampliar su recurso de reposición, como garantía de acceso a la información.
Afirmó que, el Consejo Superior de la Judicatura en conjunto con la Universidad Nacional publicaron un aviso, el 17 de mayo de 2019, comunicando que debido a una imprecisión de las preguntas y las claves de respuesta de las prueba de aptitudes, era necesario recalificar el examen, cuyo resultado se publicaría, el 10 de junio de 2019, contra los cuales procedería el recurso de reposición y en su momento se realizaría una nueva jornada de exhibición de documentos para los fines pertinentes, lo cual sería informado en el nuevo cronograma del proceso de selección.
Aseveró que los hechos que supuestamente vulneraban los derechos fundamentales del accionante, han desaparecido, pues las entidades accionadas tomaron las medidas necesarias para corregir a favor del tutelante y de todos los concursantes que estimaron que hubo un error en la calificación de la prueba de aptitudes, explicando en forma clara y concreta en qué consistió el yerro, lo cual se dio a conocer con el comunicado de 17 de mayo de 2019. Así mismo, se indicó que se procedería a la recalificación del examen, cuyos resultados son susceptibles de recurso, para lo cual se citará a una nueva jornada de exhibición de documentos, como lo reclama el actor, por lo cual se extingue el objeto actual de la tutela y se hace inocua cualquier orden que se pudiera dar al respecto por parte del juez constitucional, siendo improcedente el amparo de tutela invocado por el señor José Oscar Lesmes Montenegro.
4.3 El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria (fols. 94 – 96) manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, para responder por las pretensiones expuestas por el accionante en el escrito de tutela, como quiera que los hechos se dirigen a cuestionar actuaciones suscitadas al interior de un concurso de méritos de la Rama Judicial, frente a las cuales no tiene competencia, por ser un asunto propio de la Sala Administrativa de la Corporación, por lo que solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad del señor José Óscar Lesmes Montenegro, con el trámite dado al recurso de reposición interpuesto por el actor contra los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos.
Así mismo, se debe establecer si las entidades accionadas desconocieron los derechos del actor, al omitir enviar la citación e incluirlo en la lista de personas habilitadas para acceder a la diligencia de exhibición de documentos, programada por el 14 de abril de 2019.
La procedencia de la acción de tutela en los concursos de méritos
Los concursos de méritos para la provisión de empleos en el sector público, comportan una de las instituciones más significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que se constituyen en la herramienta más transparente para obtener un empleo en condiciones dignas.
De ahí que el juez de tutela al momento de analizar situaciones surtidas al interior de los concursos de méritos que afecten el derecho al trabajo y acceso a cargos públicos, debe analizar con mayor rigor constitucional, cada caso particular para velar por la adecuada protección de los derechos invocados.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que las controversias que en materia de derechos fundamentales se susciten dentro de un concurso de méritos exigen soluciones prontas, eficientes y eficaces, que en la mayoría de los casos únicamente se logran a través de la jurisdicción constitucional por vía de tutela; y, que si bien habría de seguirse la regla general de improcedencia del amparo decantada por la Corte Constitucional, también era cierto que debían tenerse en cuenta excepciones más allá de la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual, bajo criterios abiertos, estableció como parámetros a seguir que el amparo es improcedente: 1) Contra el acto de convocatoria y contra la lista de elegibles, sobre este último salvo que: 1.1) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro forzoso o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria; y, 1.2) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer; y, 2) contra los actos distintos a los antes mencionados, que no impliquen la eliminación o exclusión del proceso.
Acorde con lo mencionado, la Corte Constitucional ha considerado:
“[…] En múltiples oportunidades esta Corporación ha precisado que la acción de tutela es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto. Dicha improcedencia responde a los factores característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional.
3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.
La Corte ha aplicado ésta última subregla cuando los accionantes han ocupado el primer lugar en la lista de elegibles y no fueron nombrados en el cargo público para el cual concursaron, circunstancia ésta en la que ha concluido que el medio idóneo carece de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral y, por ende, ha concedido la protección definitiva por vía tutelar. En este último caso, corresponde al juez de tutela evaluar si el medio alternativo presenta la eficacia necesaria para la defensa del derecho fundamental presuntamente conculcado.
Centrando nuestro estudio en la primera subregla antedicha, esto es, cuando la tutela procede excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta Corporación ha sido constante en afirmar que, tratándose de la provisión de cargos públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. Si el accionante no demuestra que el perjuicio se enmarca en las anteriores condiciones, la tutela deviene improcedente y deberá acudir a las acciones contencioso-administrativas para cuestionar la legalidad del acto administrativo que le genera inconformidad.
3.3. En este orden de ideas, podemos concluir que en materia de acción de tutela contra actos administrativos, la regla general es la improcedencia, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez pueda conceder la protección transitoria en forma de suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto […]”.
De acuerdo con lo anterior, si el afectado no demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción de tutela resulta improcedente aun cuando fuere invocada como mecanismo transitorio, toda vez que en atención al carácter subsidiario, residual y proteccionista de derechos fundamentales que la Constitución asignó a la tutela, no es posible pasar por alto u obviar los otros medios de defensa con que cuenta el interesado, máxime cuando se trata de acciones contenciosas administrativas en las cuales se puede solicitar como cautela la suspensión del acto cuestionado en procura de hallar idoneidad y eficacia suficiente para evitar la consumación de un posible daño.
Sin embargo, la Sala debe precisar que tratándose de concursos de méritos las acciones contenciosas administrativas son procedentes, cuando se cuestionan actos administrativos susceptibles de control judicial, es decir, decisiones definitivas que tengan la potencialidad de definir la situación particular del aspirante; pero cuando se hace referencia a actos expedidos durante el transcurrir de una convocatoria de un concurso de méritos, que dan impulso al mismo, la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado, han concluido que son actos de trámite que no pueden ser estudiados por el juez de lo contencioso administrativo; en tal evento la acción de tutela se constituye en el mecanismo judicial idóneo y eficaz para examinar la presunta vulneración de derechos fundamentales, salvo que estos actos se constituyan en decisiones definitivas para el participante.
El derecho al debido proceso en materia de concurso de méritos
El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determine el mérito, las capacidades, la preparación, la experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, con el único fin de escoger al mejor, apartándose de toda consideración subjetiva o de influencia de naturaleza política o económica.
En este sentido, dentro de los principios que inspiran todo proceso de selección, están el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, por consiguiente, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso, en aras de respetar todas y cada una de las garantías que rodean el concurso de méritos, previstas en la convocatoria y demás normas concordantes.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-133 de 1998, explicó lo siguiente:
“[…] La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado.
Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, numeral 7, C.P.), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático […].”
Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:
“[…] El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección.
El resultado de la participación en el concurso de méritos es la lista de elegibles, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas, para acceder a los respectivos cargos. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación ha sostenido que la provisión de cargos para la carrera administrativa, debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales.
Ahora bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación jurídica concreta.
De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho conculcado […].” (El resaltado es nuestro)
Los concursos de méritos adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura conforme a las facultades conferidas para reglamentar la carrera judicial.
El artículo 125 de la Constitución Política estableció que los empleos en los órganos y Entidades del Estado son de carrera a excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás determinados en la Ley. Así mismo estableció que el ingreso y ascenso en los cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados en la Ley.
Respecto al régimen de carrera de la Rama Judicial, la Constitución Política, en el numeral 1º del artículo 256, atribuyó su administración al Consejo Superior de la Judicatura. Aunado a lo anterior, respecto a las funciones de esa Corporación dispuso:
“(…) ARTICULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
(…)
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador (…)”.
En tal sentido, las disposiciones Constitucionales mencionadas fueron desarrolladas en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), que en los numerales 17 y 22 del artículo 85 otorgó la función de administrar y reglamentar el régimen de carrera de la Rama Judicial a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 270 de 1996, el régimen de carrera se fundamenta “(…) en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio (…)” y, de conformidad con el artículo 257 de la citada Ley está orientado “(…) a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento (…)”. Tales disposiciones deben ser acatadas por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus funciones.
En consonancia con la normativa analizada se encuentra que a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde regular la forma, clase, contenido, alcance y cada una de las etapas de los procesos de selección para acceder a los cargos de Carrera Judicial, al tenor de lo establecido en el parágrafo del artículo 162 de la Ley 270 de 1996. De tal manera, en el artículo 164 Ibídem se reglamentaron, en términos generales, los Concursos de Méritos en la Carrera Judicial, como a continuación se observa:
“[…] Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos…
[…]
PARÁGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. […]”.
En tal sentido, el artículo 160 de la citada Ley, además de los requisitos exigidos en normas generales, dispone algunos requisitos especiales para acceder a los cargos de Carrera Judicial, como el haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la Ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Caso concreto
El señor José Óscar Lesmes Montenegro plantea la vulneración de sus derechos al debido proceso e igualdad, porque considera que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, no se pronunciaron sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, relacionada con los resultados de la prueba de aptitudes conocimientos desarrollada dentro del concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nº 27).
Así mismo, señaló que las autoridades demandadas desconocieron sus derechos constitucionales, al no enviarle citación e incluirlo en el listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
Con el fin de resolver la inconformidad de la parte actora, la Sala considera necesario precisar los siguientes aspectos:
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a un proceso de selección con el fin de proveer las vacantes existentes al interior de la Rama Judicial, entre los cuales se encontraba el de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al cual optó el accionante.
El mencionado acto administrativo contiene las reglas, directrices y parámetros con los que se diseñó el concurso de méritos; en ese sentido, estipula los requisitos que debían cumplir quienes pretendían participar, sus etapas, la forma en que se debían surtir las notificaciones de las decisiones emitidas, los recursos que procedían contra estas entre otros asuntos, siendo entonces una hoja de ruta que debe ser respetada por el Consejo Superior de la Judicatura y por las personas inscritas en aplicación del principio de legalidad, el cual tiene el objetivo de garantizar la existencia de reglas uniformes y claras, que deben ser utilizadas dentro del normal devenir del concurso de méritos.
Así pues, el numeral cuarto del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 prevé las etapas del concurso, señalando lo siguiente:
“(…) El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación.
Etapa de Selección.
Comprende la Fase I – Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II – Verificación de requisitos mínimos y la Fase II – Curso de Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio (Artículos 164 – 4 y 168 LEAJ).
Fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos
Los aspirantes inscritos al concurso serán citados a presentar las pruebas, en la forma indicada en el numeral 5.1 del presente acuerdo, las cuales evaluaran los siguientes atributos: (i) aptitudes y (ii) conocimientos. La prueba de conocimientos se encuentra construida por dos componentes: uno general y otros específicos relacionados con la especialidad seleccionada (…)
Etapa Clasificatoria
Comprende los siguientes factores: i) Pruebas de aptitudes y conocimientos, ii) Prueba psicotécnica; iii) Curso de formación judicial inicial; iv) Experiencia adicional y docencia y v) Capacitación adicional.
La puntuación se realizará así:
Prueba de aptitudes y conocimientos. Hasta 500 puntos.
A los concursantes que obtengan 800 puntos o más en las pruebas de aptitudes y de conocimientos, se les aplicará una nueva escala de clasificación entre 300 y 500 puntos así: el menor puntaje de los aspirantes que superen las pruebas de aptitudes y conocimientos (800) será ahora de 300/500 y el mayor (1.000) será de 500/500. Los demás puntajes se asignarán proporcionalmente (…)”.
Entre tanto, el numeral 5.3 del acuerdo de la convocatoria Nº 27, al referirse a los recursos procedentes contra las decisiones dictadas dentro del concurso de méritos, dispuso lo siguiente:
“(…) 5.3 Recursos
Solo procede recurso de reposición contra los siguientes actos:
Resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos, el cual será resueltos por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
Eliminatorios de cada una de las sub fases, general o especializada, dentro del Curso de Formación Judicial Inicial, los cuales serán resueltos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por delegación.
Acto administrativo que contiene el puntaje obtenido por los aspirantes en la etapa clasificatoria, el cual será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
El recurso deberá presentarse por escrito, por parte de los interesados, ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, según sea el caso, dirigido al correo electrónico dispuesto para el efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
No procederá recurso contra los puntajes que de conformidad con este reglamento, ya hubieren sido objeto de un recurso anterior (…)” (negrilla fuera de texto).
El acuerdo de la convocatoria Nº 27 menciona que la dirección electrónica para recibir solicitudes relacionadas con el concurso de méritos, es convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co.
De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente de tutela se observa que, el accionante, el 2 de diciembre de 2018 presentó la prueba de aptitudes y conocimiento, cuyos resultados fueron publicados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en la página web de la Rama Judicial, a través de la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, en la que consta que el señor José Óscar Lesmes Montenegro obtuvo un puntaje, de 794.74, impidiéndole continuar en el proceso de selección, debido a que se requería un resultado mínimo de 800 puntos para seguir en la siguiente fase del concurso de méritos.
El señor José Óscar Lesmes Montenegro, con el fin de disponer de elementos de juicio suficientes para ajustar y adicionar la reclamación, que garantizara sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, mediante escrito enviado el 1 de febrero de 2019, a las direcciones de correo electrónico HYPERLINK "mailto:carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co" carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y HYPERLINK "mailto:juruncsj.fchbog@unal.edu.co" juruncsj.fchbog@unal.edu.co, presentó recurso reposición contra la referida resolución, solicitando lo siguiente:
“Primero: Se realice nuevamente la revisión y/o verificación manual de mi examen en lo atinente a la prueba de conocimientos, como al ítems de prueba de aptitudes, incluido el cuadernillo de preguntas y a la hoja de respuestas.
Segundo: Que en mi favor, se sume un puntaje adicional a la pregunta 85 (el asignado por la Universidad para esa pregunta y respuesta), esto es, como si la hubiese contestado acertadamente acorde con la respuesta signada por la Universidad.
Tercero: Que se reconsidere o recalcule el puntaje de todas las respuestas del componente prueba de conocimientos, únicamente, en lo favorable para incrementar mi puntaje, y se me asigne un nuevo puntaje que, por favorabilidad, en su línea o diagrama de sumatoria supere los 800 puntos exigidos para aprobar el examen.
Cuarto: Colorario de lo anterior, SE REPONGA – parcialmente -, en mi caso particular- la Resolución Nº CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018, a través de la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondientes a la Convocatoria 27 del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, donde me fue asignado como aspirante a proveer el cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, un puntaje de 794.84, no aprobatorio del examen; reposición que ha de hacerse, por carecer de enunciados y respuestas relacionadas con el área jurídica y diferentes a los temas señalados par al GRUPO 6 de las opciones de los componentes fijados; como por la ambigüedad de otras y, por la subjetividad de las respuestas y criterios de calificación – línea o diagrama – por la Universidad Nacional, en el componente de prueba de aptitudes (sic).
Quinto: Efectuada la verificación anterior, y realizada la nueva lectura óptica, manual y comparativa con miras a que se me asigne – de manera favorable – un nuevo puntaje acorde con las respuestas marcadas acertadamente, se reponga la resolución en comento y, se me otorgue el status aprobatorio de la prueba de aptitudes y conocimientos, en aras de poder continuar haciendo parte de las demás etapas del concurso publico de méritos.
Sexto: Finalmente, acorde con la sentencia T – 180-05, en relación con el tema de acceso a documentos públicos del concurso de mérito, le solicito comedidamente me suministren copia del formulario contentivo de las preguntas de los dos componentes, así como el de respuesta por mi marcadas, e igualmente, me suministren copia del cuadernillo de respuestas marcadas por el aspirante identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.539.319.
Séptimo: Se me suministre o indique uno a uno el puntaje diagramal asignado tanto a las preguntas por mi marcadas, como al puntaje de cada una de las preguntas marcadas por el también aspirante en el GRUPO 6, identificado con la C.C. 79.539.319.. Esto, como miras a poder por mí de primera mano el cuaderno comparativo de preguntas acertadas y tanto de calificación o puntaje diagramalmente.
Octavo: Se resuelva y de respuesta de manera – particular – a mi recurso de reposición, es decir, no se me otorgue respuesta de manera unificada con otros aspirantes que hayan podido interponer recurso de reposición contra el mismo aludido acto administrativo. Lo anterior, como quiera que mis argumentos y pretensiones son diferentes a los planteados y peticionados por las demás personas que eventualmente hayan recurrido dicha Resolución. (…)”.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el 18 de marzo de 2019 publicó en la página web de la Rama Judicial, un aviso informando, “(…) a quienes solicitaron la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el desarrollo de la Convocatoria N° 27, que la misma se llevará a cabo el domingo 14 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá”.
El 17 de mayo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, expidieron un comunicado, informando lo siguiente:
“(…) En el marco del concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del Consejo Superior de la Judicatura, la Universidad Nacional de Colombia ha revisado la correspondencia ente las preguntas y las claves de respuestas de la prueba, en su calidad de contratista para el diseño, estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y/o aptitudes.
Como resultado de esta revisión, se evidenció que en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos fue necesario modificar el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes. Sin embargo, durante el procedimiento de calificación, no se actualizaron las claves de respuesta, cuestión que produjo imprecisiones en la calificación de los examinados.
Esa falta de actualización de las claves de respuesta por parte de la Universidad Nacional de Colombia, sólo afectó la evaluación de las preguntas del componente de aptitudes, y no las contenidas en los componentes de conocimientos generales, conocimientos específicos, como tampoco la prueba psicotécnica.
Dicha inconsistencia fue puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura en sesión del día 8 de mayo pasado, frente a lo que se acogió la propuesta técnica presentada por la Universidad Nacional de Colombia, en el sentido de calificar nuevamente la prueba de aptitudes para superar esa situación, cuyo resultado se publicará, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo en menciono (…)”.
El 24 de mayo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial publicó la modificación al cronograma de la Convocatoria Nº 27 Fases I y II etapa de selección, de la cual se advierte lo siguiente:
“(…)
Modificación del Cronograma convocatoria 27
FASES I y II DE LA ETAPA DE SELECCIÓN
CRONOGRAMA CONVOCATORIA 27
Actividad
Fecha inicial
Fecha final
(…)
(…)
(…)
Resolución mediante la cual se publican los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos
10 de junio de 2019
10 de junio de 2019
Notificación de la resolución con los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos
11 de junio de 2019
17 de junio de 2019
Término para la interposición de recursos de reposición contra la resolución que pública resultados de aptitudes y conocimientos
18 de junio de 2019
3 de julio de 2019
Jornada de exhibición
11 de agosto de 2019
11 de agosto de 2019
Ampliación del término para sustentar los recursos de quienes participaron en la exhibición
12 de agosto de 2019
26 de agosto de 2019
Resolución que resuelve los recursos de reposición interpuestos contra la resolución que publica resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos
28 de octubre de 2019
28 de octubre de 2019
Notificación de la resolución que resuelve los recursos de reposición interpuestos contra la resolución que publica resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos
29 de octubre de 2019
29 de octubre de 2019
Resolución mediante la cual se publica la relación de admitidos
18 de noviembre de 2019
18 de noviembre de 2019
(…)”
La Unidad de Administración de Carrera Judicial, en atención a la petición (recurso de reposición) al que hizo alusión el accionante en el escrito de tutela, expidió el oficio CJO19-3622 de 29 de mayo de 2019, comunicándole al señor José Oscar Lesmes Montenegro, lo siguiente:
“(…) En atención a la solicitud de la referencia, presentada en el marco de la Convocatoria 27 para funcionarios de la Rama Judicial, relacionada con la entrega de copia de los cuadernillos del examen, hojas de respuestas y claves de respuesta, es necesario precisar, que con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de los aspirantes a ocupar cargos de carrera de la Rama Judicial, el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, estableció: Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado”, respecto de esta normativa la Corte Constitucional en la sentencia C – 037 de febrero 5 de 1996 preciso (…)
Con base en el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional no es dable levantar la reserva una vez aplicadas las pruebas de conocimientos, pues tales cuestionarios hacen parte de un Banco de Preguntas que puede ser utilizado en posteriores concursos.
(…)
En virtud de lo anterior, en ejercicio de esa potestad Constitucional y legal, y dado el carácter reservado de las pruebas y sus estadísticas, aplicadas en las convocatorias que realiza el Consejo Superior de la Judicatura para proveer cargos de carrera judicial, no es posible realizar entrega material, procedimientos o elementos que la constituyen.
Por su parte, mediante comunicado conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, publicado el día 17 de mayo de 2019, en la página web de la Rama Judicial, se informó a la comunidad en general que se realizará la recalificación de la prueba, cuyo resultado se publicara el 10 de junio del presente año, atendiendo al cronograma que fue modificado el 24 de mayo de 2019, el que puede ser consultado en el siguiente link (…).
De conformidad con lo anterior, la mencionada recalificación y cronograma de la Convocatoria 27, concede la oportunidad a los aspirantes de interponer los recursos o presentar las solicitudes que consideren pertinentes y establece una nueva jornada de exhibición de los documentos de la prueba, con ocasión del trámite de la etapa probatoria de los recursos. De conformidad con lo anterior, atendiendo al nuevo cronograma será citado a la actividad (…)”.
El referido oficio fue enviado por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a la dirección de correo electrónico dispuesta por el peticionario en el escrito de recurso de reposición, para recibir comunicaciones, esto es, solucionesjuridicas.ol@hotmail.com.
La Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR19-0679.pdf/e0e4bb2f-c4f1-48bd-bf5d-c6d13fd9c550" \t "_blank" Resolución CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, publicada el 10 de junio de 2019, en la página web de la Rama Judicial, dispuso corregir la actuación administrativa surtida con la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 “para ajustar todo el trámite a derecho” con la publicación de la nueva calificación de la prueba de aptitudes y conocimientos adelantada dentro de la Convocatoria Nº 27, en cuyo contenido se advierte que el señor José Oscar Lesmes Montenegro obtuvo un puntaje de 663.16 impidiéndole continuar en el proceso de selección, debido a que se requería un resultado mínimo de 800 puntos para seguir en la siguiente fase del concurso de méritos.
Hechas las anteriores precisiones, es pertinente señalar, que de acuerdo con el escrito de tutela, la inconformidad del accionante, se centra en que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, de un lado, no se pronunció sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018; y por el otro, omitió enviarle citación e incluirlo en el listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019.
Sobre el primer aspecto, es importante señalar que el señor José Óscar Lesmes Montenegro afirmó que envió el recurso de reposición contra la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 a las direcciones de correo electrónico HYPERLINK "mailto:carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co" carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y HYPERLINK "mailto:juruncsj.fchbog@unal.edu.co" juruncsj.fchbog@unal.edu.co; sin embargo, revisado el contenido de la Convocatoria Nº 27 (Acuerdo Nº PCSJA 18-11077 de 16 de agosto de 2018), se advierte que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, dispuso el buzón electrónico HYPERLINK "mailto:convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co" convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co, para recibir peticiones relacionadas con la Convocatoria Nº 27.
Adicionalmente, se tiene que en la página de la Rama Judicial, en el link de la Convocatoria Nº 27, se informó que “TODOS LOS RECURSOS Y PETICIONES DEBEN SER REMITIDOS ÚNICAMENTE AL CORREO ELECTRÓNICO HYPERLINK "mailto:convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co" convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co”, por lo que se evidencia que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial dispuso un buzón electrónico especial para recibir todas las solicitudes y recursos relacionados con el concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27.
En este orden, se observa que la supuesta ausencia de respuesta al recurso de reposición interpuesto por el señor Lesmes Montenegro, el 1º de febrero de 2019 y la falta de citación e inclusión en el listado de personas habilitadas para acudir a la diligencia de exhibición de documentos, realizada el 14 de abril de 2019, no fue una irregularidad que se le pueda atribuir, exclusivamente a la administración, pues resulta evidente que el accionante no fue diligente con la presentación del escrito de impugnación, pues remitió el mensaje de datos a direcciones electrónicas que formalmente no fueron asignadas para la recepción de peticiones y recursos interpuestos por los participantes en el trámite del concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27, ocasionando que las entidades accionadas no se enteraran oportunamente de la reclamación del actor y por lo tanto, no se pronunciaran sobre sus argumentos, ni lo citaran e incluyeran en la actividad practicada el 14 de abril de 2019.
Bajo estas circunstancias, se advierte que los hechos alegados por el actor, que supuestamente afectaron sus derechos fundamentales, se derivaron de una actuación desplegada por el mismo tutelante, por lo que no se puede evidenciar una acción irregular por parte de las entidades accionadas, en la protección de las garantías constitucionales del señor José Óscar Lesmes Montenegro.
En este orden, la Sala considera necesario aclarar que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, una vez se enteró del recurso de reposición propuesto por el actor, procedió a expedir el oficio CJO19-3622 de 29 de mayo de 2019, con el cual le manifestó al señor José Óscar Lesmes Montenegro el carácter reservado del material que conforma las pruebas de los concursos de mérito y, a su vez, le indicó que, mediante comunicación de 17 de mayo de 2019 se informó a la comunidad sobre la recalificación de la prueba de aptitudes, por lo que esa situación le permite a los aspirantes presentar las solicitudes que consideren pertinentes y desarrollar una nueva jornada de exhibición de los documentos de la prueba, con ocasión del trámite de la etapa probatoria de los recursos, a la cual puede acudir.
Teniendo en cuenta la modificación realizada al cronograma de la Convocatoria Nº 27, para las fases I y II, se advierte que: i) la resolución con la que se comunican los nuevos resultados de prueba de aptitudes y conocimientos se publicó el 10 de junio de 2019; ii) el término para la interposición de los recursos de reposición contra el mencionado acto administrativo, se inicia el 18 de junio y vence el 3 de julio de 2019; iii) la jornada de exhibición de documentos se programó para el día 11 de agosto de 2019; y iv) la ampliación del término para sustentar los recursos de quienes participaron en la exhibición se surtirá entre el 12 y el 26 de agosto de 2019.
Así las cosas, se tiene que las circunstancias que dieron origen a la presente acción de tutela han desaparecido, como consecuencia de la recalificación de la prueba de aptitudes y conocimientos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por lo que surgió para el actor una nueva oportunidad para presentar en debida forma el recurso de reposición contra la HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR19-0679.pdf/e0e4bb2f-c4f1-48bd-bf5d-c6d13fd9c550" \t "_blank" Resolución CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, mediante la cual se corrigió la actuación administrativa contenida en la Resolución Nº CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, lo que implica una nueva jornada de exhibición de documentos a la que puede acudir, para recoger información que le permita adicionar o ajustar su impugnación.
En este orden de ideas, la Sala concluye que en el caso concreto no se evidencia una circunstancia o una acción particular desplegada por las autoridades accionadas que amenace o afecte los derechos fundamentales del accionante dentro del concurso de méritos de la Convocatoria Nº 27, como quiera que la recalificación de la prueba de aptitudes y conocimientos, obligó a las entidades a modificar el cronograma del proceso de selección, para reorganizar el trámite de los recursos, en el sentido de conceder de nuevo los términos, que les permita a los participantes presentar la impugnación contra la reciente resolución que publicó los nuevos resultados, lo que significa establecer otra oportunidad para desarrollar la actividad de exhibición de documentos.
En síntesis, se advierte que el accionante a partir de la expedición de la HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR19-0679.pdf/e0e4bb2f-c4f1-48bd-bf5d-c6d13fd9c550" \t "_blank" Resolución CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, por medio de la cual se publican los nuevos resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, puede ejercer oportunamente el recurso de reposición y solicitar la verificación del material del examen, para acudir a la próxima diligencia de exhibición de documentos, por lo que resulta que aun cuenta con las acciones pertinentes en sede administrativa para buscar y obtener la protección de sus derechos.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la actuación desplegada por las autoridades accionadas con relación al trámite desarrollado dentro de la Convocatoria Nº 27, no denota una vulneración de los derechos fundamentales del accionante, que imponga la intervención del juez de tutela, máxime cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda hacer procedente de manera transitoria el amparo constitucional.
III DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala negará el amparo de los derechos invocados por el señor José Óscar Lesmes Montenegro, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor José Óscar Lesmes Montenegro, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VÁRGAS (E)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.
“(…) a) En el concurso de méritos puede considerarse que existen dos actos que encierran el mismo, esto es el de convocatoria y el que conforma la lista de elegibles con el cual finalizan las etapas del proceso; en principio el amparo que pretenda enjuiciar estos, debe ser improcedente; en cuanto al primero porque ostenta naturaleza general, expresa las condiciones o reglas de juego que lo abarcan, el cual por si sólo no afecta una situación particular y concreta; en cuanto al segundo porque si bien es particular, dado que cobija un número determinable de individuos, para su enjuiciamiento existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho donde puede incluso solicitarse la suspensión provisional, salvo que: i) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y ii) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer, lo cual quiere decir que si se encuentra dentro de dicho ámbito y pretende discutir el mejoramiento de su posición, la acción devendrá improcedente.
b) Dentro del trámite del concurso propiamente dicho, existen etapas, fases o pruebas, algunas de ellas tienen carácter eliminatorio y otras clasificatorio, en consecuencia, el amparo será improcedente en relación con aquellos actos que para el demandante no impliquen la eliminación o exclusión del proceso, esto por cuanto al continuar en el mismo y pretender un mejoramiento de su posición tal asunto podrá ser discutido una vez configurada la lista de elegibles atendiendo a las reglas antes mencionadas(...)”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Esta subregla de procedencia excepcional de la acción de tutela la contempla el artículo 86 de la Constitución Política. En sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), se explicaron los elementos que ha de tener el perjuicio irremediable:
“ A)… inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)
“B).
Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (...)
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes.
“D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)
“De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”. Sentencias T-175 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-606 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-169 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa). Sentencia T-132 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), reiterada en las sentencias T-244 de 2010 y T-800A de 2011 (ambas MP Luis Ernesto Vargas Silva). Sobre los mismos requisitos se pueden consultar las sentencias T-629 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1266 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo). Corte Constitucional, Sentencia T – 090 de 26 de febrero de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T – 945 de 16 de diciembre de 2009. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 1 de septiembre de 2014, radicado núm. 05001-23-31-000-2008-01185-01(2271-10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. Estipula el artículo 29 de la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-982 de 2004. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2011. M.P. Dra. María Elizabeth García González. Ref: 2010-03113-01.
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”. El artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, establece que: “(…) El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administración, como para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo”.
Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria dela Administración de Justicia
HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
Folio 6
Folios 10 - 16
Aspirante del GRUPO 6, que al azar advierto aprobó el examen. HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11
Folio 71
Folio 70
Folio 74
Dicha publicación se efectuó en el link de concursos de méritos a nivel central- Convocatoria Nº 27 - HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
Folio 16
Dicha publicación se efectuó en el link de concursos de méritos a nivel central- Convocatoria Nº 27 - HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
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