Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-02929-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-02929-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-02929-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
8 de agosto de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO - Interpretación desfavorable de la norma / IMPOSICIÓN DE CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO INBUDIO PRO OPERARIO - Por tratarse de un asunto relativo al reclamo de una reliquidación pensional / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[S]e observa que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al no interpretar de manera favorable el artículo 188 CPACA, con lo que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor (…) la interpretación en materia de costas en el caso del [actor], debió acompasarse con el principio de favorabilidad (in dubio pro operario), por cuanto se trata de un asunto relativo al reclamo de una reliquidación pensional en la que tenía la expectativa de recibir un fallo favorable a sus pretensiones, pues en el momento de presentar la demanda se aplicaba el criterio jurisprudencial de la sentencia de 4 de agosto de 2010. Lo anterior, no implica que en todos los asuntos relativos a seguridad social deba efectuarse la misma interpretación, pues ello dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, las cuales deberán ser valoradas por el juez ordinario en cada caso (…) Por otro lado, aun cuando esta Sala, en alguna oportunidad ha negado el amparo solicitado en casos de condena en costas al trabajador o pensionado vencido en el proceso, lo cierto es que en esos eventos, el análisis se efectuó a la luz del defecto por desconocimiento del precedente , circunstancia que difiere de la aquí estudiada, en la que se analizó como defecto sustantivo, pues no cabe duda que sobre la condena en costas, como ya se indicó, no existe un criterio unificado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, especializada en asuntos de carácter laboral y pensional. En consecuencia, la Sala accederá al amparo del derecho fundamental al debido proceso por cuanto se comprobó que la autoridad judicial demandada interpretó de forma desfavorable el artículo 188 del CPACA
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365 - NUMERAL 8
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y / INGRESO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición pensional / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[N]o es acertado afirmar que el fallo de 24 de enero de 2019, se dictó omitiendo tener en cuenta las pruebas allegadas, pues es claro que el Tribunal Administrativo del Tolima analizó el acto de reconocimiento de la prestación vitalicia (Resolución Nº 23721 de 23 de mayo de 2007). Cuestión diferente es que aplicó el IBL previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, que ha sido precisado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), acogido por esta Corporación en sentencia de 28 de agosto de 2018. Finalmente, se observa que la tesis que venía sosteniendo la Sala es que debía acogerse la regla señalada por nuestro Tribunal Constitucional, esto es, que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, el mismo se establece en los términos del inciso 3 de ese artículo en concordancia con el 21 de la misma ley, y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado (…) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado replanteó en [sentencia del 28 de agosto de 2018] la tesis que había adoptado la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio. Consideró la Sala Plena que ese criterio interpretativo traspasaba la voluntad del legislador que, en virtud de su libertad de configuración, enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base. Al respecto, la Sala debe precisar que en el caso del [actor] la decisión del Tribunal guarda consonancia no solo con la regla establecida por la Corte Constitucional, sino con la posición que asumió la Sala Plena de esta Corporación, en el sentido de que para establecer el IBL de quienes aplica la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen de transición, se hace en los términos de la Ley 100 de 1993 y solo se tienen en cuenta factores sobre los que se hubiera cotizado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02929-00(AC)
Actor: RAFAEL TAFUR GUZMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por reliquidación pensional. Desconocimiento del precedente judicial. Determinación del IBL para beneficiarios del régimen de transición pensional. Condena en costas en asunto de seguridad social debe verificarse en cada caso atendiendo el principio de interpretación pro homine
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por Rafael Tafur Guzmán, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, así como los principios de la inescindibilidad de la norma, favorabilidad e irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad, en razón a que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
I. ANTECEDENTES
Hechos
De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan los siguientes hechos relevantes:
El actor manifestó que nació el 25 de diciembre de 1950 y laboró por más de 20 años en el sector público, entre el 21 de abril de 1975 hasta el 5 de febrero de 2009.
En Resolución Nº 23721 de 23 de mayo de 2007, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal –EICE, le reconoció la pensión de vejez, teniendo como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años de servicio anterior al estatus de pensionado, para lo cual tuvo en cuenta la asignación básica.
El 5 de junio de 2015, el demandante solicitó a la UGPP la reliquidación de su pensión con todos los factores que constituyen salario y que fueron devengados en el último año de servicio. Mediante Resolución Nº RDP042456 de 15 de octubre de 2015, se resolvió negar la reliquidación de la pensión de vejez solicitada.
Inconforme con la decisión, el actor elevó recurso de reposición que fue resuelto el 29 de diciembre de 2015, por Resolución Nº RDP056051, en el sentido de confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución Nº RDP042456 de 15 de octubre de 2015.
El accionante acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar a la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nº RDP042456 de 15 de octubre de 2015 y la Nº RDP056051 de 29 de diciembre de 2015 y, como consecuencia, se ordenara el reajuste a la pensión de vejez reconocida, con base en todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, así como el pago de la suma a la que resulte condenada conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué mediante sentencia de 22 de febrero de 2018, declaró la nulidad de las Resoluciones Nº RDP042456 de 15 de octubre de 2015 y Nº RDP056051 de 29 de diciembre de 2015, actos administrativos por medio de los cuales se negó la reliquidación de la pensión de vejez al señor Rafael Tafur Guzmán. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP reajustar la pensión de vejez teniendo en cuenta el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, esto es, teniendo en cuenta además de la asignación básica, el subsidio de alimentación, el subsidio de transporte y una doceava parte de la bonificación especial, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, y reconocer y pagar las diferencias existentes entre lo pagado y debido, desde el 5 de junio de 2012 hasta el día en que se incorpore en la mesada pensional el respectivo reajuste.
Contra la anterior decisión, las partes presentaron recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 24 de enero de 2019, en el sentido de revocar la decisión del a quo, al considerar que “(…) el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social en pensiones en el nivel nacional) tenía más de 40 años de edad, le es aplicable el régimen anterior en lo atinente al tiempo de servicio, monto de la pensión y edad, pero no para el cómputo de la base salarial a tener en cuenta, pues para estos efectos, le es aplicable el promedio del tiempo que le hacía falta para consolidar su status pensional entre el 01 de enero de 1996 y el 30 de diciembre de 2005, anteriores al reconocimiento de la pensión, y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994”.
Fundamentos de la acción
El demandante afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, así como los principios de la inescindibilidad de la norma, favorabilidad e irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad, toda vez que incurrió en vía de hecho “por violación directa de la Constitución por desconocimiento del bloque de constitucionalidad y los preceptos de derecho internacional ratificados por el Congreso que son de obligatorio cumplimiento por encima del ordenamiento interno”, a lo que agregó que desconocieron los artículos 29, 48 y 53 de la Carta Política.
Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al interpretar erróneamente los preceptos normativos, además, agregó que se presenta una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión del fallo objeto de tutela y concluyo que “este defecto se presenta porque precisamente la sentencia objeto de tutela hizo retroactiva la sentencia C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y retrospectiva la misma sentencia del 28 de agosto de 2018, para el caso aquí debatido, desconociendo que mi mandante tenía un derecho adquirido”.
Sostuvo que “se incurre en defecto fáctico en una dimensión negativa, porque el fallo objeto de tutela omitió tener en cuenta que estaba probado en el expediente, con los certificados de tiempo de servicios y las resoluciones de pensión, entre otra la Resolución Nº 23721 del 23 de mayo de 2007, que mi mandante tenía más de 20 años de servicios para el 25 de julio de 2005 (Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el Art. 48 de la C.N.) por lo que tenía una expectativa legítima y un derecho adquirido”.
Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció que estaba probado en el expediente que tenía acreditado más de 20 años de servicio antes de la expedición de las sentencias C-258 de 2013 y SU-320 de 2015 de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Señaló que se incurre en defecto procedimental absoluto “porque el ad quem al aplicar de manera retroactivas las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y la C-230 de 2013 y la sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, desconoció que el accionante tenía un derecho adquirido y por lo tanto no se le podía aplicar las mencionadas sentencias debido a que eran posteriores a la adquisición del derecho aquí debatido y trataban situaciones fácticas y jurídicas distintas a las aquí debatidas”.
Dijo que se desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, previsto en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, donde se ordenó tener en cuenta, respecto de los factores salariales para el cálculo de Ingreso Base de Liquidación (IBL) de los empleados que se hallen en el régimen de transición aludido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes se les aplica la Ley 33 de 1985, el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
Manifestó que debido al cambio jurisprudencial respecto de la reliquidación pensional de los empleados públicos, “me permito solicitar de manera respetuosa que se amparen los derechos de mi mandante a la igualdad, al acceso a la justicia, el principio de gratuidad y el derecho de acción, y como consecuencia de esto, se ordene revocar cualquier condena en costas con motivo de la acción de nulidad y restablecimiento impetrada por el accionante, y que ahora es objeto de esta tutela”.
Aseguró que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin trámites dilatorios, fundado en una orientación jurisprudencial favorable y vigente para el momento en que inició la acción. Afirmó que la condena en costas resulta contraria a lo indicado en el artículo 365 numeral 8º del Código General del Proceso.
Aseveró que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 7 de septiembre de 2018 (exp. Nº 08001-23-31-000-2005-03027-01 (0036-13), C.P. César Palomino Cortés), sobre el tema dijo: “Frente a la solicitud de condena en costas y agencias en derecho propuesta por la Contraloría Distrital de Barranquilla en el escrito de apelación se tiene que, la condena en costas y agencias en derecho a la parte vencida en un proceso no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. En razón de lo anterior y atendiendo a que en el actuar de las partes, no se observa una actitud temeraria ni dilatoria, dado que durante el trámite del proceso tanto la parte demandante como la entidad demandada participaron de las etapas procesales pertinentes, se negará la petición y no se condenará a la parte vencida”.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como violados argumentando, en cada caso, por qué no se presentaría la violación. Lo anterior, debido a que en tutelas anteriores no se ha estudiado de fondo cada uno de los derechos vulnerados pues se centran en la no existencia de violación del precedente jurisprudencial, dejando de lado, y sin estudio, los demás argumentos esbozados situación que conlleva a la violación del derecho de defensa y debido proceso del accionante.
2.- Que se ordene tutelar el derecho fundamental del ACCIONANTE a la seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto fáctico, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1, 13, 29, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política y las leyes 33 del 85 Art. 21 C.S.T. y demás normas citadas.
3.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de conformidad con sentencia de unificación del 4 de Agosto de 2010 Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Expediente Nº 25000232500020060750901 Número Interno: 0112-2009 Actor: Luis Mario Velandia Demandada: Caja Nacional de Previsión Social el cual ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS.
4.- Que se ordene tutelar el derecho fundamental del ACCIONANTE al principio de acceso a la justicia, gratuidad, legítimo derecho de acción y demás normas citadas en esta tutela y como consecuencia de esto se ordene proferir nuevo fallo, revocando las condenas en costas interpuestas”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó, en calidad de préstamo, el expediente original del trámite ordinario con radicado Nº 73001-33-33-003-2016-00207-00, demandante: Rafael Tafur Guzmán, demandado: UGPP.
5. Trámite procesal
En auto de 21 de junio de 2019, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, así como a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 64974 a 64978, todos de 2 de julio de 2019, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.
Mediante escrito de 22 de julio de 2019, el magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez solicitó a esta Sala la aceptación del impedimento, en el que adujo encontrarse incurso en las causales previstas en el artículo 141-1 del CGP y 56-1 del CPP “interés indirecto en el resultado del proceso”, por su calidad de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esa solicitud fue resuelta mediante auto de 5 de agosto de 2019, en el entendido de declarar infundada la manifestación de impedimento.
6. Intervenciones
6.1 Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
En memorial de 4 de julio de 2019, el director jurídico y apoderado judicial de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, toda vez que la reliquidación de la pensión de vejez presentada por el señor Rafael Tafur Guzmán no cumple el requisito de perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad social, pues sus derechos fundamentales se encuentran protegidos en razón del pago mensual de su pensión, lo que prueba la inexistencia de una presunta vulneración de derechos.
Indicó que en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que, por el contrario, la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.
Manifestó que la presente acción es improcedente, porque lo pretendido por el actor es sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa.
Señaló que al accionante se le debe aplicar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual la norma a regir su pensión es la contenida en la Ley 33 de 1985, como así lo señaló el estrado judicial accionado, pero solo en lo que respecta a edad, tiempo y monto, pero para efectos del Ingreso Base de Liquidación debe aplicarse el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que el IBL no es objeto de aplicación del régimen especial anterior.
6.2 Memorial allegado por el accionante
En escrito allegado el 12 de julio de 2019, el actor adicionó la solicitud de tutela solicitando que al momento de resolver la misma se tenga en cuenta lo siguiente:
“1.- Que está probado en el expediente de la UGPP mediante la resolución Nº 23721 del 23 de mayo de 2007, se le reconoció pensión sometida a retiro del servicio y que solo le tuvieron en cuenta para liquidarle la pensión los factores salariales devengados entre el 1996 a 2005. (Ver Pág. 2 y 3 de la Resolución mencionada)
2.- Que se tenga en cuenta que está probado con las certificaciones que aparecen en el expediente de la UGPP y con el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima en “II ANTECEDENTES numeral 2. INCISO 2.” Que mi mandante laboró hasta el 5 de febrero de 2009 (Ver respaldo de la Pág. 1 del fallo del Tribunal)
3.- Como quiera que mediante la Resolución Nº 23721 del 23 de mayo de 2007, se le reconoció pensión con factores salariales devengados entre el 1996 a 2005 y mi mandante laboró hasta el 5 de febrero de 2009, tiene derecho a la reliquidación de así sea con los factores salariales sobre los cuales cotizó y con los últimos 10 años como lo ha ordenado los fallos de la Corte Constitucional y la sentencia del 28 de agosto de 2018.
4.- De acuerdo a lo anterior, a mi mandante se le violó el derecho adquirido a la reliquidación de la pensión hasta la fecha de retiro del servicio, que le fue negada por la UGPP y por el fallo objeto de tutela, así sea con los fallos de la Corte y del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
El demandante cuestiona la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada: primero, porque no accedió a la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con lo indicado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, incurriendo en su sentido en un defecto sustantivo, a lo que agregó que esa determinación configuró un defecto fáctico y procedimental absoluto. En tal virtud, se analizarán estos defectos de manera conjunta. Segundo, aun cuando el actor invoca desconocimiento del precedente en relación con la condena en costas la Sala lo abordará como un defecto sustantivo, lo cual guarda consonancia con lo decidido en ocasiones anteriores.
Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales del accionante con la decisión de negar la reliquidación pensional y con la condena en costas impuesta como parte vencida.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viiii) Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si con la decisión de 24 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró al demandante los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, así como los principios de la inescindibilidad de la norma, favorabilidad e irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad; (ii) contra la providencia atacada no procede otro recurso, por lo que no cuenta con otro medio de defensa judicial; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia se dictó el 24 de enero de 2019, notificada por correo electrónico el 29 de enero del mismo año. Como la acción de tutela se presentó el 20 de junio de 2019, transcurrieron cuatro (4) meses y veintidós (22) días después de la notificación de la providencia reprochada, dentro del término de los seis (6) meses que ha precisado esta Corporación, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal modo que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la providencia que se ataca se profirió dentro de un proceso ordinario, es decir, no se trata de tutela contra tutela.
Constatado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, pasa la Sala a efectuar el estudio de fondo.
5.2. La acción de tutela se debe negar respecto de la pretensión de reliquidación pensional
5.2.1. Como se indicó en precedencia, la Sala estudiará de manera conjunta los defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto en relación con la decisión de determinar el IBL de la pensión de vejez del accionante con base en la Ley 100 de 1993.
5.2.2. La autoridad judicial accionada previo al estudio del caso concreto se refirió al marco normativo aplicable a la pensión de jubilación ordinaria de los empleados oficiales, para enseguida indicar que la postura de 4 de agosto de 2010, emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue recogida en decisión de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Al resolver el caso del demandante, concluyó que no era procedente acceder a la reliquidación de la pensión de vejez, con sustento en lo siguiente:
“Ahora bien, sea lo primero precisar que en el presente asunto no se discute si el señor RAFAEL TAFUR GUZMAN, se encontraba o no cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues tanto en el acto de reconocimiento de la prestación vitalicia, como de lo manifestado en la contestación de la demanda, se colige que se le tuvo como beneficiario de dicho régimen, por cuanto a la entrada en vigencia del Sistema General, el actor contaba con más de 40 años de edad, ya que nació el 25 de diciembre de 1950, habiéndose vinculado al servicio el 21 de abril de 1975.
Así pues, del acervo probatorio allegado al sub-lite se tiene, que la entidad accionada reconoció la prestación pensional del demandante, de conformidad con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, tal como se extrae del acto de reconocimiento pensional y de los actos que negaron la reliquidación pensional.
Si bien, en principio podría considerarse que en el presente caso es procedente la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados dentro del último año de servicios, en aplicación de la tesis que sobre el asunto había sentado el H. Consejo de Estado en la sentencia del 04 de agosto de 2010, y que el despacho que proyecta esta decisión había prohijado, debe tenerse en cuenta que la nueva Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto del año anterior por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, debe aplicarse en lo sucesivo, acatando a lo dispuesto en el ordenamiento segundo de dicha sentencia, en el sentido que la misma aplica a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias.
(…)
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social en pensiones en el nivel nacional) tenía más de 40 años de edad, le es aplicable el régimen anterior en lo atinente al tiempo de servicio, monto de la pensión y edad, pero no para el cómputo de la base salarial a tener en cuenta, pues para estos efectos, le es aplicable el promedio del tiempo que le hacía falta para consolidar su estatus pensional entre el 01 de enero de 1996 y el 30 de diciembre de 2005, anteriores al reconocimiento de la pensión, y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
Desde esa perspectiva, es evidente que la actora no tiene derecho a que se le reliquide la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, pues al momento de efectuar dicha liquidación la entidad demandada ha debido dar aplicación a lo dispuesto en los artículo 21 y 36 de la ley 100 de 1993, en la medida que debía tener en cuenta el periodo liquidable y aquellos factores establecidos en el Decreto 1045 de 1978, ya que, se repite, el causante no se encontraba inmerso en el régimen de transición de la ley 33 de 1985, sino en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 ”.
Descendiendo al caso objeto de análisis, la Sala evidencia que el tribunal administrativo en la providencia motivo de tacha constitucional, hizo referencia al marco normativo especial aplicable a los empleados oficiales en el ámbito pensional, para luego indicar que si bien con antelación acudió a los criterios contenidos en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, en cuanto a que es procedente la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados dentro del último año de servicios, lo cierto es que también precisó que la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado recogió dicha postura, por lo que definió el caso del accionante con aplicación a la norma que regula el régimen de transición, esto es, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respecto al IBL acudió al artículo 21 de la misma ley y al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada analizó la legalidad del acto administrativo demandado en contraste con la Ley 100 de 1993, y concluyó con base en las pruebas oportunamente allegadas al proceso, que no había lugar a declarar su nulidad y reliquidar la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, por cuanto se debió dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la referida ley, a lo que agregó que los factores que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación pensional son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
En ese orden de ideas, no es acertado afirmar que el fallo de 24 de enero de 2019, se dictó omitiendo tener en cuenta las pruebas allegadas, pues es claro que el Tribunal Administrativo del Tolima analizó el acto de reconocimiento de la prestación vitalicia (Resolución Nº 23721 de 23 de mayo de 2007). Cuestión diferente es que aplicó el IBL previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, que ha sido precisado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), acogido por esta Corporación en sentencia de 28 de agosto de 2018.
5.2.3. Finalmente, se observa que la tesis que venía sosteniendo la Sala es que debía acogerse la regla señalada por nuestro Tribunal Constitucional, esto es, que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, el mismo se establece en los términos del inciso 3º de ese artículo en concordancia con el 21 de la misma ley, y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado.
Esta era la razón por la que, cuando se cuestionaba a una autoridad judicial por aplicar el precedente de la Corte para negar la reliquidación de la pensión de un empleado público que tenía derecho al reconocimiento de pensión bajo la Ley 33 de 1985 por ser beneficiario del régimen de transición, esta Sala consideraba que no se incurría en desconocimiento del fallo de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
A idéntica conclusión, aunque con base en razones diferentes, en reciente decisión del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, adoptó dos subreglas para establecer el IBL de aquellos empleados públicos a quienes deba reconocerse pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen general de transición en pensiones, que son:
“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Con ocasión de esas subreglas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado replanteó en ese fallo la tesis que había adoptado la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio.
Consideró la Sala Plena que ese criterio interpretativo traspasaba la voluntad del legislador que, en virtud de su libertad de configuración, enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
Al respecto, la Sala debe precisar que en el caso del señor Rafael Tafur Guzmán la decisión del Tribunal guarda consonancia no solo con la regla establecida por la Corte Constitucional, sino con la posición que asumió la Sala Plena de esta Corporación, en el sentido de que para establecer el IBL de quienes aplica la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen de transición, se hace en los términos de la Ley 100 de 1993 y solo se tienen en cuenta factores sobre los que se hubiera cotizado.
Así las cosas, el demandante no demostró que la autoridad judicial accionada incurriera en el defecto alegado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas.
5.2.4. La providencia demandada incurrió en defecto sustantivo por la imposición de condena en costas a cargo de la parte actora
En el presente asunto, se observa que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al no interpretar de manera favorable el artículo 188 CPACA, con lo que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor. De este modo, se anticipa que accederá al amparo de dicha garantía ius fundamental, reiterando el precedente de esta Sala, con algunas precisiones adicionales.
Dado que la discusión gira sobre la interpretación que del artículo 188 del CPACA y del artículo 365 numeral 8º del CGP realizó la autoridad judicial accionada, la Sala considera pertinente traerlos a colación:
C.P.A.C.A. “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” (Negrillas de la Sala).
C.G.P. “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS.
(…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Ahora bien, en la sentencia de 24 de enero de 2019, objeto de reproche constitucional, se interpretó dicha norma a la luz del numeral 4 del artículo 365 del CGP, así:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., salvo en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy C.G.P.
A su turno, el artículo 365 del C.G.P., fija las reglas para la condena en costas, señalando en su núm. 4º que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
(…)
Así las cosas, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandante, siempre y cuando se hubieren causado y en la medida de su comprobación, evento en el cual se incluirá en la liquidación, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes por concepto de agencias en derecho, de conformidad con el Acuerdo Nº 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura”.
Visto lo anterior, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas debe ser un asunto sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso.
Sin embargo, esta Sala ha identificado en anteriores oportunidades que sobre la acepción del verbo disponer existen varias interpretaciones actuales y divergentes, dentro de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a saber:
“i) Por una parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reiterado que la imposición de costas en procesos contenciosos administrativos se rige por el criterio objetivo valorativo. Esta postura parte del verbo empleado en el artículo 188 referido. Para aquella, el significado del verbo disponer es semejante al de decidir. Quiere decir esto que en toda sentencia el juez tiene la obligación de decidir si imponer o no la condena en costas.
Que el legislador haya empleado ese verbo implica, según esa interpretación, la superación total del criterio subjetivo, en el que la conducta de las partes constituía el factor decisivo para la imposición de las costas.
A su vez, tal Subsección ha explicado que el carácter valorativo de este criterio se desprende del artículo 365 del Código General del Proceso -norma a la que remite la Ley 1437 de 2011-, en la que se establece que el juez debe revisar si las costas se causaron.
ii) A diferencia de tal postura, en algunas providencias la Subsección B de la Sección Segunda ha manifestado que el verbo disponer, empleado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, significa que el juez debe analizar diferentes aspectos, tales como la conducta de las partes y, principalmente, que estas aparezcan causadas y comprobadas en el expediente. Posición por la que dicha Subsección ha dicho que debe “desca[tarse] así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas””.
Para la Sala “el anterior panorama evidencia que existe duda frente a la interpretación que debe dársele a la norma de la Ley 1437 de 2011 que regula las costas, dada la falta de consenso en materia de costas. Es por esto que resulta útil acudir al criterio de interpretación consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual, en caso de duda sobre el alcance de una norma debe primar aquella que favorezca en mayor medida al trabajador. No necesariamente, entonces, el principio de favorabilidad está sujeto al conflicto entre dos normas diferentes, pues es plausible que una sola disposición admita interpretaciones contrarias e igualmente razonables”.
Es procedente concluir, entonces, que la interpretación del artículo 188 del CPACA que mejor se acompasa con el respeto por el derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 Superior y el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 ibídem, específicamente en materia laboral y de la seguridad social.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de favorabilidad tiene un estrecha relación con la interpretación pro homine o pro persona, según la cual “las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de las personas”. Dicho criterio de interpretación configura un parámetro de constitucionalidad, pues impide “que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales”.
El principio pro homine o pro persona se fundamenta en las obligaciones constitucionales consagradas en los artículos 1, 2 y 93 de la Constitución Política, así como en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos dicho principio fue definido como “[Un] criterio fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro persona] […] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento la excepción”.
En este orden de ideas, se concluye que la interpretación en materia de costas en el caso del señor Rafael Tafur Guzmán, debió acompasarse con el principio de favorabilidad (in dubio pro operario), por cuanto se trata de un asunto relativo al reclamo de una reliquidación pensional en la que tenía la expectativa de recibir un fallo favorable a sus pretensiones, pues en el momento de presentar la demanda se aplicaba el criterio jurisprudencial de la sentencia de 4 de agosto de 2010.
Lo anterior, no implica que en todos los asuntos relativos a seguridad social deba efectuarse la misma interpretación, pues ello dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, las cuales deberán ser valoradas por el juez ordinario en cada caso.
Por otro lado, aun cuando esta Sala, en alguna oportunidad ha negado el amparo solicitado en casos de condena en costas al trabajador o pensionado vencido en el proceso, lo cierto es que en esos eventos, el análisis se efectuó a la luz del defecto por desconocimiento del precedente, circunstancia que difiere de la aquí estudiada, en la que se analizó como defecto sustantivo, pues no cabe duda que sobre la condena en costas, como ya se indicó, no existe un criterio unificado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, especializada en asuntos de carácter laboral y pensional.
En consecuencia, la Sala accederá al amparo del derecho fundamental al debido proceso por cuanto se comprobó que la autoridad judicial demandada interpretó de forma desfavorable el artículo 188 del CPACA. Por esta razón, se dejará sin efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. De igual modo, se negarán las pretensiones de la acción de tutela en relación con la reliquidación de la pensión de jubilación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del señor Rafael Tafur Guzmán, por las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia,
Segundo.- DÉJASE sin efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada con el N° 73001-33-33-003-2016-00207-02, demandante: Rafael Tafur Guzmán .
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Tolima, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia dicte una sentencia complementaria, de conformidad con lo expuesto.
Cuarto.- NIÉGASE la pretensión de la acción de tutela en relación con la reliquidación de la pensión de jubilación.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
ACLARA VOTO
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
SALVA PARCIALMENTE VOTO
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2019-02929-00
Demandante: RAFAEL TAFUR GUZMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO
1. Con el respeto acostumbrado, si bien comparto la decisión adoptada estimo necesario aclarar el voto respecto de las razones por las que se concedió el amparo por la condena en costas. En la sentencia objeto de esta aclaración se concluyó que el tribunal demandado «incurrió en defecto sustantivo al no interpretar de manera favorable el artículo 188 CPACA y al no tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 del artículo 365 del CGP». Sin embargo, a mi juicio, lo que hace viable el amparo no es la configuración de un defecto sustantivo, sino las particularidades del caso propuesto por el actor, concretamente, el cambio de jurisprudencia que terminó alterando la situación inicial del demandante, que tenía la expectativa de un fallo a favor.
2. En efecto, cuando se inició la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el Consejo de Estado estaba vigente una tesis jurisprudencial que permitía la liquidación pensional con todas las sumas de dinero que devengó el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por los servicios prestados. Además, establecía que si respecto de esos factores no se hicieron aportes al sistema pensional, debían efectuarse los descuentos correspondientes. Eso quiere decir que cuando el señor Tafur Guzmán presentó la demanda tenía la convicción de que ganaría el proceso.
3. Pero ocurre que durante el trámite procesal, la Sala Plena del Consejo de Estado varió el anterior criterio jurisprudencial y ahora estima que la liquidación pensional solo puede realizarse con los factores taxativamente previstos en la Ley 33 de 1985 y respecto de los que se hubieren realizado las cotizaciones correspondientes, pues así lo establece el propio artículo 3 de la Ley 33 (norma que también resulta aplicable a los docentes). Precisamente ese cambio jurisprudencial conllevó a que el demandante perdiera el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. En esas condiciones, para este caso y con el fin de decidir sobre la condena en costas, ha debido tenerse en consideración esa circunstancia, en la medida en que el cambio de jurisprudencia terminó alterando la situación inicial de la demandante, que, como se dijo, tenía la expectativa de un fallo a favor.
4.1. Y es que no se puede desconocer que las reglas fijadas en la sentencia del 4 de agosto de 2010 —que luego resultaron modificadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018— justificaron que muchos docentes iniciaran las respectivas acciones administrativas y judiciales, toda vez que legítimamente estimaban que se les desconocía un derecho sustancial: reconocimiento de la pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
4.2. Justamente por esa particularidad, esto es, por tratarse de un cambio de jurisprudencia respecto de derechos pensionales, considero que resultaría desproporcionada la aplicación literal de las normas que regulan la condena en costas, pues se estaría condenando a pesar de que al momento en que se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, existía una expectativa razonable de éxito, expectativa que se extinguió con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
5. En aras de salvaguardar esa expectativa razonable y de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, comparto la decisión de conceder el amparo, no por un defecto sustantivo, sino por el cambio de jurisprudencia que se presentó en este asunto.
6. Esas son las razones de la aclaración de voto.
Julio Roberto Piza Rodríguez
Fecha ut supra.
Folio 13 a 16 del cuaderno de tutela. Así se indica en los actos administrativos que negaron la solicitud de reliquidación pensional.
Folio 2 y 3 del expediente trámite ordinario.
Folio 13 y 14 Ibíd.
Folio 18 y 19 Ibíd.
Folio 158 (reverso) Ibíd.
Folio 10 (reverso) cuaderno de tutela.
Folio 10 (reverso) y 11 del cuaderno de tutela.
Folio 45 del cuaderno de tutela.
Folio 48 a 51 Ibídem.
Cfr., Sentencia del 4 de julio de 2019, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2018 01774-01), actor: Jorge Ulises León Cuéllar, Sentencia del 25 de julio de 2019, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez (exp. Nº 2018-04424-00), actora: Margoth Rivera de Quevedo.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Radicación No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, CP. César Palomino Cortés. Fallo que fue notificado el 12 de septiembre de 2018.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-03536-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Proceso 23001-23-33-000-2012-00133-02(4744-15). Sentencia de 6 de diciembre de 2018. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-03536-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Ibíd.
Corte Constitucional, sentencia T-088 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
“Artículo 5. 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
“Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Oc-7/86 del 29 de agosto de 1986, “Exigibilidad del Derecho de Rectificación O respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Citado en: Ximena Medellín Urquiaga, Principio pro persona, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, disponible en: HYPERLINK "http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf" http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf.
y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de agosto de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00686-00, Actor Aura Alicia Arias de Córdoba, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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