Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-03060-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-03060-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-03060-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
9 de agosto de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – No se puede acudir a la tutela si no se demuestra el interés directo en la pretensión de amparo
En el caso en concreto, el señor Wilfrido Ortiz Arias solicita dejar sin efectos las sentencias proferidas dentro del expediente de tutela radicado 20001-23-33-004-2019-00008-00 (01 respecto de la segunda instancia), a pesar de quien fungió como tutelante en ese proceso fue la señora Jannyna Fuentes Peñate. Si bien, en esa ocasión las pretensiones se dirigían a dejar sin efectos la decisión de destituir e inhabilitar a 16 de los concejales de Valledupar electos para el periodo 2016-2019, lo cierto es que las pretensiones no fueron valoradas de fondo al haberse declarado la falta de legitimación en la causa de la parte actora. (…) En ese sentido, el accionante no demostró cuál es el interés directo que tiene al pretender que se deje sin efectos las sentencias de 29 de enero y 11 de marzo de 2019, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente; pues, a pesar de que él es un afectado directo con la decisión de destitución e inhabilidad proferida por la Procuraduría, los efectos jurídicos de las sentencias censuradas no guardan relación con esa pretensión o con él. (…) De la revisión de las providencias controvertidas se advierte que la declaratoria de improcedencia se hizo en virtud a que la accionante de ese proceso no demostró ser afectada con la decisión o haber votado en la elección que culminó con la designación de los concejales ahora sancionados. (…) En ese orden de ideas, la Sala debe concluir que el señor Wilfrido Ortiz Arias no está legitimado en la causa para solicitar que se dejen sin efectos las sentencias de 29 de enero y 11 de marzo de 2019, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respectivamente, ya que no demostró su interés directo en la pretensión de amparo, su calidad de agente oficioso o de apoderado. Por lo cual, la Sala declarará la improcedencia de la acción para la satisfacción de esta pretensión.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ORDINARIO – Medio de defensa judicial idóneo
Procede la Sala a analizar el segundo punto de debate de la presente acción, y en tal sentido se recuerda que el accionante adujo la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable con ocasión de las pretensiones de la referencia, con el fin de que se accediera al amparo como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales (…). Conforme a lo transcrito, el señor Ortiz Arias considera que el perjuicio irremediable del asunto de la referencia está asociado a que con la decisión se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de los concejales sancionados. A pesar de ello, con la solicitud no se anexó ninguna prueba que demostrara que en efecto el mínimo vital del accionante se ve afectado con la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, todo lo contrario, se afirma que algunos de los concejales inclusive tienen título de posgrado, por lo que no se puede presumir que el accionante y los otros miembros de la corporación pública, están en incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas. (…) Además, se advierte que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y, particularmente, de la figura jurídica de las medidas cautelares de urgencia, el mecanismo judicial dispuesto para la satisfacción de las pretensiones del accionante resulta idóneo para ello, pues cualquier perjuicio que pueda provenir de los efectos de los actos administrativos objeto de la presente acción de tutela, puede ser precavido en el trámite ordinario. (…) Lo mismo se puede decir respecto del argumento que se adujo para justificar la existencia de este requisito en la acción de tutela interpuesta por la señora Fuentes Peñate, ya que a pesar de estar cerca el vencimiento del periodo para el que fueron elegidos los miembros del cuerpo colegiado municipal, la celeridad del trámite cautelar de urgencia, garantiza que la decisión no sea inane. (…) La anterior consideración concuerda con lo ya expuesto por la Sala en la sentencia de 11 de abril de 2019, en la que se consideró improcedente la acción respecto de básicamente la misma causa petendi. (…) En el entendido que respecto de las dos pretensiones analizadas se verificó su improcedencia, en la parte resolutiva se hará referencia a esa situación en un solo numeral. (…) NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 1437 DE 2011.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03060-00(AC)
Actor: WILFRIDO ORTIZ ARIAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Y OTROS
La Sala procede a decidir la acción de tutela formulada por el señor Wilfrido Ortiz Arias, con el fin de: i) dejar sin efectos las sentencias de tutela de 29 de enero y de 11 de marzo de 2019 proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del expediente 20001-23-33-000-2019-00008-00 - y 01- en las cuales no se había accedido a las pretensiones; y ii) se deje sin efectos la sanción disciplinaria impuesta a 16 de los concejales electos para el periodo 2016-2016 en el municipio de Valledupar, en los actos administrativos de 12 de diciembre de 2018 y de 7 de mayo de 2019, proferidos por la a Procuraduría Regional del Cesar y por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El señor Wilfrido Ortiz Arias interpuso la acción de tutela de la referencia, sin embargo, no hizo alusión precisa de las entidades demandadas, porque las pretensiones fueron redactadas en forma equívoca. Con todo de la interpretación de las mismas se puede colegir que se dirige en contra de la Presidencia de la República, el Congreso, la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Quinta de esta Corporación y la Procuraduría General de la Nación.
En relación con la pretensión de dejar sin efectos las decisiones proferidas dentro del expediente 20001-23-33-000-2019-00008-00 - y 01 los argumentos aducidos tienen que ver con la falta de pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales sobre el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para afectar los derechos políticos de servidores públicos elegidos por voto popular.
Además de lo anterior, tampoco son claros los motivos que se adujeron como violatorios de los derechos fundamentales respecto de la decisión disciplinaria, aunque siempre se hace alusión a la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para suspender los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular y la buena fe de los concejales del municipio de Valledupar, Cesar, cuando realizaron el nombramiento como contralor municipal del señor Omar Javier Contreras Socarras, al haber actuado conforme a la orden judicial dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 19 de julio de 2018 dentro del expediente con radicado 20001-23-39-003-2017-00147-01.
HECHOS
De conformidad con lo ya señalado, la solicitud de la referencia resulta bastante confusa por lo que la relación fáctica que se hará tendrá en cuenta lo allí señalado, pero cotejado con las pruebas del expediente:
El Congreso de la República expidió el Acto Legislativo Nº2 de 2015 que dispuso, en su artículo 23 -modificatorio de los incisos 4º y 8º del artículo 272 de la Constitución-, que los contralores territoriales serían elegidos “…mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género…”.
A pesar de lo anterior, a fecha de hoy no se ha expedido una normatividad específica en lo pertinente, sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1904 de 27 de junio de 2018, el procedimiento establecido para la elección del Contralor General de la República resulta aplicable a la elección de los homólogos territoriales de este empleo público, mientras no se expida una regulación especial. Con todo, antes de la entrada en vigencia de la norma en cuestión, el referido trámite se surtía con fundamento en el Concepto con radicado 2274 de 10 de noviembre de 2015 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Circular Conjunta 100-005-2015 el 24 de noviembre de 2015 proferida por el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP.
Con fundamento en lo anterior, el Concejo Municipal de Valledupar abrió convocatoria pública para la elección del contralor que le correspondía mediante la Resolución Nº044 de 18 de diciembre de 2015.
Conforme a las reglas establecidas para la determinación de los puntajes de la convocatoria anotada en el numeral anterior, los señores Omar Javier Contreras Socarrás (89.65%), Jorge Arturo Araújo Ramirez (88.20%) y Álvaro Luis Castilla Fragozo (80.45%) ocuparon los tres primeros lugares.
El Concejo Municipal de Valledupar escogió como contralor municipal para el periodo 2016-2019 al señor Álvaro Luis Castilla Fragoso en sesión de 7 de enero de 2016.
Omar Javier Contreras Socarrás interpuso demanda de nulidad electoral en contra del acto administrativo referido en el numeral anterior, tramitada bajo el radicado 20001-23-33-000-2016-00089-00. El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar, que mediante sentencia de 21 de septiembre de 2016 decidió negar la pretensión de nulidad electoral, porque el trámite para la elección de los personeros territoriales resulta aplicable por analogía al de contralores de la misma estirpe y, conforme al mismo, el Concejo Municipal tiene la facultad de escoger a cualquiera de los que ocupó los tres primeros lugares de la convocatoria pública.
La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión referida en el numeral anterior, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016. En sustento de la decisión, afirmó que si se tiene en cuenta que la duma municipal había indicado en la norma de la convocatoria que se sometería a las reglas de los concursos de méritos, al no haber nombrado a quien ocupó el primer lugar del concurso infringió la ley de la convocatoria y procedía la declaratoria de nulidad del nombramiento efectuado. Sin embargo, la decisión solo quedó ejecutoriada después del auto que resolvió abstenerse de adicionar, complementar o aclarar el referido fallo, proferida el 26 de enero de 2017.
El señor Castilla Fragoso presentó renuncia al cargo de contralor municipal el 16 de enero de 2017, que fue aceptada por el Alcalde de Valledupar mediante la Resolución No. 000139 de 18 de enero de 2017.
El Concejo Municipal de Valledupar eligió al señor Omar Javier Contreras Socarrás como contralor de esa entidad territorial en sesión de 28 de febrero de 2017. Se debe señalar que en sesión del día anterior, el señor Aldemar Montero Marín, en su calidad de asesor externo de la corporación pública, rindió un concepto en el que les explicó a los concejales que la postura vigente del Consejo de Estado en materia de inhabilidades implicaba que el señor Contreras Socarrás se encontraba inmerso en esa circunstancia, por lo que no podía ser nombrado.
Los señores Alvaro Luis Castilla Fragozo y Carlos Alberto Pallares Buelvas interpusieron demanda electoral en contra del acto administrativo enunciado en el numeral anterior, porque: i) se presentó una vacancia absoluta, por lo cual se debió realizar una nueva convocatoria pública para la nueva provisión; ii) el posesionado se encontraba desempeñando el cargo de Defensor del Pueblo de la Regional Cesar hasta el día antes de ser nombrado, cuestión que en opinión de los accionantes cabe en la inhabilidad contenida en el inciso 8° del artículo 272 constitucional; y iii) el posesionado es sobrino de quien fungía como alcalde de Valledupar en el periodo 2014-2017. Este proceso contencioso administrativo se tramitó bajo el radicado 20001-23-39-003-2017-00147-00.
El conocimiento de la demanda referenciada le correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, que decidió denegar las pretensiones de nulidad mediante sentencia de 21 de septiembre de 2017.
Los dos demandantes interpusieron recurso de apelación en contra del fallo referido, cuyo conocimiento le correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado. La Sala correspondiente profirió sentencia de segunda instancia el 19 de julio de 2018, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de esa determinación, señaló que el empleo público de Defensor del Pueblo Regional se subsume a los criterios de la inhabilidad dispuesta en el inciso 8° del artículo 272 constitucional.
Con ocasión del fallo referido, la Procuraduría Regional del Cesar inició, de oficio, trámite disciplinario en contra de los señores: Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendis Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Valera, Leonardo José Mestre Socarrás, Gabriel Muvdi Aranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alexa Pana Zarate, Carlos Julián Picón Cortes, Luis Miguel Santrich Díaz, Yesith Triana Amaya, Roberto Carlos Castro Romero y Wilfrido Ortiz Arias. Los ciudadanos indicados fungían como concejales del municipio de Valledupar el día 28 de febrero de 2017 y votaron a favor de la elección del señor Omar Javier Contreras Socarrás como contralor municipal, por lo que la conducta endilgada correspondía a la de elegir a una persona en la que concurra una inhabilidad. El trámite en cuestión se surtió bajo el radicado IUS E-2018-342653.
El 12 de diciembre de 2018 la Procuraduría Regional del Cesar profirió fallo disciplinario de primera instancia en el asunto arriba referido, allí decidió declarar probado el cargo endilgado y, en consecuencia, impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años. El argumento principal de defensa de los disciplinados consistió en que se había nombrado al señor Contreras Socarrás, porque el fallo que declaró la nulidad de la primera elección había ordenado el nombramiento de quien había obtenido el mejor puntaje y así se procedió, en contraposición a este argumento la autoridad disciplinaria señaló:
“[…] Cabe precisar que, la elección no impide que al momento de escoger entre las opciones posibles, se analicen las circunstancias morales y legales de las personas ubicadas en la lista de elegibles, lo importante es que, ante lo evidente, ante lo cuestionado, ante el debate, ante dos posiciones jurídicas, y a sabiendas de la responsabilidades (sic) que demanda esa relación de sujeción especial, se debe optar por aquella decisión que permita cumplir en debida forma con el deber funcional de elegir.
Lo trascendente y para efectos de la responsabilidad individual, es que la elección debía hacerse observando para ello el régimen de inhabilidades, y no actuar con desconocimiento de dicho régimen, como sí lo hicieron las personas que decidieron votar por OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS quien para ese momento estaba cuestionado respecto a su habilitación constitucional para acceder al cargo de Contralor Municipal, dado que desempeñó el cargo de Defensor Regional Cesar dentro del año anterior a su elección, lo que lo hacía incurrir en la inhabilidad establecida en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política […] ».
Los condenados interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión anterior.
Durante el trámite de la segunda instancia del proceso disciplinario, el 16 de enero de 2019, la señora Jannyna Fuentes Peñate interpuso una acción de tutela en contra de “EL PRESIDENTE IVAN DUQUE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTATNTES, EL PRESIDENTE DEL SENADO, CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN LA PROCURADORA REGIONAL DEL CESAR”, con el fin de que se dejara sin efectos la decisión disciplinaria que destituyó e inhabilitó a 16 de los concejales electos para el periodo 2016-2019 en el municipio de Valledupar. La acción fue interpuesta como un mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, en sustento de la pretensión, se adujo que la Procuraduría no tenía competencia para suspender los derechos políticos de servidores públicos elegidos por voto popular por ser una autoridad administrativa, ya que ello infringe el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La acción de amparo arriba referida fue tramitada, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Cesar bajo el radicado 20001-23-33-004-2019-00008-00. Esa autoridad decidió declarar improcedente la acción, porque la tutelante no estaba legitimada en la causa por activa, pues ella no era una afectada directa con la decisión disciplinaria y, porque el principio de informalidad no implica que se pueda asumir de manera ilimitada la representación de un tercero.
La segunda instancia de esa acción de tutela le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que decidió confirmar en todas sus partes la decisión de primera instancia en fallo de 11 de marzo de 2019. Lo anterior, en virtud a que la accionante: i) no había demostrado que contara con poder especial para actuar en representación de los afectados; ii) no acreditó su calidad de abogada inscrita; iii) no realizó ninguna manifestación de acudir en calidad de agente oficioso; iv) ni tampoco probó haber ejercido su derecho al voto en las elecciones que culminaron con la designación de los concejales sancionados.
El señor Wilfrido Ortiz Arias interpuso la acción de tutela de la referencia por ser un afectado directo con la sanción disciplinaria. El fundamento de la misma es que la responsabilidad por la designación del señor Omar Javier Contreras Socarras radica en la falta de expedición de la normatividad para el efecto y que, en cualquier caso, la Procuraduría General de la Nación no contaba con competencia para proferir la decisión, debido a que la conducta disciplinable no se trata de un acto de corrupción que afecte el patrimonio público. Bajo ese entendido, quien tenía la facultad de suspender sus derechos políticos era la jurisdicción penal, por ser un servidor público de elección popular. También se hizo referencia a que el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación no había cumplido con la obligación impuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de 15 de noviembre de 2017, relacionada con la implementación de las reformas necesarias para que el régimen disciplinario nacional tuviera en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
LAS PRETENSIONES
La parte actora solicitó en su demanda lo siguiente:
“[…] PRIMERO PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA CONTRA LA SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA EXPEDIDA EL 11 de junio DEL 2019 RADICADO No 2019-00008 POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION B DEL DEL (sic) CONSEJO DE ESTADO CONFIRMA (sic) LA SENTENCIA DE TUTELA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR EL 29 DE ENERO DEL 2019 Y CONTRA LA SENTENCIA NO 00147 DEL 2018 EXPEDIDA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI8NISTRATIVO (sic) SECCIÓN QUINTA SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DEL 2019, RADICACIÓN NO 2017-00147, debido que por culpa de esta sentencia sancionaron a los 16 concejales de Valledupar a ver por esta sentencia DECLARO IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA, POR FALTA DE LEGISTIMACIÓN (sic), POR NO SER EL FALLO DE LA PROCURADURIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y POR NO ESTABLECER EN LA SENTENCIAS (sic) SI LA PROCURADURIA DE LA NACION EN ESTE CASO TENIA COMPETENCIAS PARA SANCIONAR A LOS 16 CONCEJALES DE VALLEDUPAR CONFORME ALARTICULO (sic) 23 DE LA CONVENCION AMERICANA, ADEMAS NI EL TRIBUNAL Y EL CONSEJO DE ESTADO SE PRONUNCIARON SOBRE LAS SENTENCIAS DE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO Y LA CORTES (sic) CONSTITUCIONAL, TAMBIEN SE QUEDAron cayada (sic) y no se pronunciaron sobre la recomendaciones realizada (sic) por la comisión americana de derechos humanos, y por la sala plena del consejo de estado sentencia del 17 de noviembre de 2018, PARA QUE SEA REVOCADA, POR SER UNA CLARA VIA DE HECHO POR VIOLACION a los precedentes de la cortes (sic) constitucional y el consejo de estado que conforme con los artículo (sic) 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011debe hacerse extensiva de conformidad con las sentencia (sic) t-093/18, su627/15,.t-272/14 (sic), revoque la sentencias de segunda instancia contra el PRESIDENTE IVAN DUQUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Y ORDENE AL CONGRESO DE COLOMBIA EXPEDIR LA LEY QUE MODOFICA (sic) LA ELECCION DE PERSONERO Y CONTRALOR , (sic) ASI MISMO MODIFICAR EL CODIGO UNICO DISCPLINARIO DE ACUERDO A LA RECOMENDANCIONES REALIZADA POR LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHO HUMANO (sic) Y LAS DOS SENTENCIA (sic) EXPEDIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO ASI MISMO ORDENAR A LA PROCURADURIA DEL CESAR A NULAR (sic) la providencia DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON RADICACIÓN IUS E-2018-342653 POR MEDIO DE LA CUAL LA PROCURADURIO REGIONAR (sic) DEL CESAR RESOLVIO DESTITUIR E INHEBILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE DOCE (12 (sic) AÑOS, A 16 CONCEJALES DE LOS 19 QUE TIENE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, MANIFESTANDO QUE YA LA PROCURADURIA DE SEGUNDA INSTANCIAS (sic) CONFIRMA LA DESTITUCIÓN SEGÚN EL RADICADO IUC D-20108-1147187…
SEGUNDO QUE LA SALA PLENA ORDENE AL PRESIDENTE IVAN DUQUE AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION LA PROCURADORA REGIONAL DEL CESAR, ADARLE (sic) CUMPLIMIENTO, A LO ORDENADO POR LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO QUE exhortar (sic) al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que en un término razonable, de dos (2) años, procedan a responder ante dicho Sistema, a evaluar y a adoptar las medidas que fueren pertinentes, en orden a armonizar el derecho interno con el convencional y a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos,, (sic) ASI MISMO expidan la ley estatutaria por medio de la cual se reglamenta la elección de contralor municipal y departamental de las entidades territoriales ordenada por el acto legislativo No 2 del 2015, y así evitar que se siga destituyendo a los concejales por falta de legislación violando el principio de legalidad, tipicidad, e igualdad, confianza legítima […] ».
TRÁMITE DE LA TUTELA
La solicitud de amparo se interpuso el 27 de junio de 2019 y fue admitida por el Despacho sustanciador respecto de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Cesar y de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante providencia de 4 de julio de 2019. En esa misma decisión, se resolvió vincular a la señora Jannyna Fuentes Peñate, al Concejo Municipal de Valledupar, a la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional del Cesar – Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa), a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, al Presidente de la República, a los concejales sometidos a la decisión disciplinaria sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación que no interpusieron la acción, a los señores Omar Javier Contreras Socarrás, Álvaro Luis Castilla Fragoso y Carlos Alberto Payares Buelvas, estos últimos por ser las personas que ocuparon los tres primeros puestos en la convocatoria pública para elegir al Contralor Municipal de Valledupar. A todos les solicitó rendir el informe previsto en el artículo 19 del decreto estatutario excepcional. Asimismo, solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar que remitiera los expedientes tramitados bajo los radicados: 20001-23-39-003-2017-00147-01 y 20001-23-33-000-2019-00008-00.
Por último, se negó la solicitud de medida provisional contenida en el escrito de apertura de este trámite.
INTERVENCIONES
V.1. El doctor Carmelo Perdomo Cuéter rindió informe de tutela, en su calidad de magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del expediente radicado 20001-23-33-000-2019-00008-01 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en el que manifestó que las consideraciones contenidas en la providencia son suficientes para que no se acceda a las pretensiones de la solicitud.
V.2. La doctora Rocío Araújo Oñate hizo lo propio mediante escrito fechado 10 de julio de 2019, en su calidad de magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia expedida en el proceso con radicación 20001-23-39-003-2017-00147-01 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. La conclusión del escrito referido fue pedirle a esta sala “… desestimar los pretendido con esta acción de tutela…”, en el entendido que la decisión tomada fue conforme a la regulación pertinente y, realmente, lo pretendido por la parte fue expresar sus inconformidades respecto de la decisión disciplinaria que afectó a los concejales electos del municipio de Valledupar para el periodo 2016-2019.
V.3. La Procuraduría General de la Nación rindió informe a través de una apoderada judicial, en el cual explicó que el accionante había agotado todos los mecanismos judiciales para resolver sus pretensiones y que en los trámites reseñados en la acción se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Además, manifestó que los hechos aducidos en la solicitud como violaciones a los derechos fundamentales del accionante no son atribuibles a la entidad, sino a la Rama Judicial.
Posteriormente, hizo referencia a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos de elección popular y señaló que esa entidad tiene la competencia de ejercer la vigilancia de la conducta de todos los que desempeñan funciones públicas, inclusive aquellos que lo hacen por haber sido electos democráticamente para el efecto, según lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución Política.
Luego, explicó que la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación tiene plena validez y no transgrede el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-028 de 2006.
Además, señaló que el Tribunal Constitucional precisó, cuando analizó una norma relacionada con inhabilidades de servidores públicos provenientes de este tipo de decisiones, que las restricciones al ejercicio de la función pública por la imposición de una sanción fiscal aplican a la totalidad de servidores públicos, en la sentencia C-101 de 24 de octubre de 2018.
Por último, aseveró que si se validan las afirmaciones del tutelante se harían nugatorios los pronunciamientos de la Corte Constitucional en lo pertinente e implicaría la imposición de un régimen de irresponsabilidad disciplinaria, ya que no existe ninguna otra autoridad pública con competencia para valorar las infracciones a los deberes funcionales de los servidores públicos.
Los anteriores argumentos le sirvieron de base al Ministerio Público para solicitarle a la Sala que declare la falta de legitimación respecto de ese órgano y la improcedencia de la acción de referencia.
V.4. El doctor Julián Andrés Prada Betancourt se pronunció sobre la tutela de referencia, en su calidad de Jefe de la División Jurídica del Senado de la República y afirmó que la vinculación se había realizado con el fin de que la autoridad se pronunciara sobre los hechos y no para que se defendiera, porque no había incidido en las sentencias censuradas en la acción de referencia.
Además, expresó que el accionante no había dirigido su solicitud en contra del Senado de la República, sino contra la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Quinta del Consejo de Estado, de lo que extrajo que se debía declarar su falta de legitimación en la causa.
V.5. El Contralor del municipio de Valledupar manifestó que la autoridad que él representa no tiene injerencia en la designación de su titular, sino que el Concejo Municipal debe surtir ese trámite, así como puso de relieve que la contraloría a su cargo no hizo ninguna solicitud con fundamento en ese argumento.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor Wilfrido Ortiz Arias en contra de la Presidencia de la República, el Congreso, la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Quinta de esta Corporación y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
Si bien las pretensiones relacionadas con las decisiones de la Procuraduría no deben ser conocidas por esta Corporación en primera instancia, en el entendido que una de las pretensiones es respecto de una decisión tomada en este foro la competencia emana de esa solicitud.
VI.2. Problema Jurídico
En el entendido que las pretensiones bajo análisis tienen objetivos diferentes, la determinación de los problemas jurídicos responderá a esa situación y se resolverán en forma particular. Conforme a lo anterior, a la Sala le corresponde establecer:
Si la solicitud de dejar sin efectos las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas dentro del expediente 20001-23-33-000-2019-00008-01(AC) es o no procedente;
Si la acción de la referencia procede para dejar sin efectos las decisiones disciplinarias que destituyeron e inhabilitaron a 16 de los concejales elegidos en el municipio de Valledupar para el periodo 2016-2019;
Solo de superarse los interrogantes anteriores, se verificará si las decisiones censuradas violaron los derechos fundamentales del accionante.
VII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VI.4. Sobre la Legitimación en la causa por activa.
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.
Ello es así, porque en la acción de tutela la legitimidad para actuar, según lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción directamente o a través de apoderado.
En otras palabras, únicamente se entiende legitimado para actuar en la acción de tutela, la persona titular del derecho fundamental que se reputa como vulnerado o amenazado, que para demandar, podrá hacerlo por si misma o a través de apoderado, el cual deberá estar debidamente acreditado.
De la misma manera, el artículo 10 ibídem, previendo que existen casos en los cuales quien ostenta el derecho no se puede hacer presente para adelantar la acción ni otorgar poder, permite la figura de la agencia oficiosa, para lo cual establece como requisitos, el deber de manifestar que se actúa en tal condición y demostrar con suficiencia los motivos que le impiden presentarse al titular del derecho.
VIII.5 La procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
La Corte Constitucional tiene como postura reiterada que la acción de tutela resulta improcedente para amparar las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos que emanen de los efectos de un acto administrativo, bajo el entendido que el espacio natural para este tipo de controversias es el proceso contencioso administrativo.
En relación con este punto, la Corte Constitucional ha explicado que existen dos mecanismos judiciales ordinarios dispuestos para manifestar las inconformidades respecto de actos administrativos, a saber, el de nulidad y restablecimiento del derecho -cuando se trata de decisiones administrativas que tienen efectos particulares y concretos- o el de nulidad simple -cuando los efectos que se estiman como ilegales afectan a un número indeterminado de personas.
En cualquier caso, si lo que se pretende es evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de amparo procede como mecanismo transitorio para evitar su ocurrencia, pero tal situación debe estar debidamente probada. Al respecto la alta corte en cita ha señalado lo siguiente:
“[…] Conforme con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente y sumario, de protección de los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que estos se vean amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o excepcionalmente de un particular. Esta acción se caracteriza por ser subsidiaria y residual, lo cual implica que ella será procedente para la protección de derechos fundamentales siempre que (i) no exista un mecanismo de defensa judicial o que existiendo no resulte eficaz para su amparo; o (ii) que se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Con fundamento en la anterior regla, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra actos administrativos de contenido particular y concreto, toda vez que para controvertirlos judicialmente existe en el ordenamiento jurídico la acción de nulidad y reestablecimiento (sic) del derecho, gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. Esta Corporación también ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra estos actos cuando ellos vulneran derechos fundamentales y existe peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera que se haga necesaria una protección urgente de los mismos.
(…)
En desarrollo de la citada línea interpretativa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de empleados públicos a sus cargos, pues para controvertir los actos administrativos por medio de los cuales la administración ha tomado la decisión de separarlos de los mismos, existe la acción de nulidad y reestablecimiento (sic) del derecho, la cual desplaza a la acción de tutela dado que, como ya se dijo, tiene un carácter residual y subsidiario.
En el mismo sentido la Corte ha admitido la procedencia excepcional del amparo constitucional para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencie la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en razón a que en estos eventos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no proporcione una protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados […] ».
Con lo anterior como presupuesto, la procedencia de la acción de tutela respecto de actos administrativos se restringe a aquellos casos en los cuales la situación particular requiera de la actuación inmediata del juez constitucional, en ese sentido esta Sala expresó:
“[…] Así las cosas, la acción de tutela solo procede manera excepcional (sic) contra actos administrativos, es decir, cuando existe un perjuicio irremediable, el cual ha de ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Ahora bien, aun cuando es cierto que procede de manera excepcional la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte Constitucional ha establecido mediante pronunciamientos acogidos por la Sala Plena de esa corporación, que “la procedencia de la acción de tutela se encuentra condicionada a la previa utilización por el accionante de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”. Ello involucra que la tutela siendo un mecanismo residual y subsidiario, no puede reemplazar elementos procesales dirigidos a obtener la protección de los derechos y por tanto tampoco puede subsanar la desidia de las partes al omitir su uso […]».
Además de lo anotado, debe precisarse que la Sala ya ha considerado que con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se puede aducir que los medios de control ordinarios no son idóneos para la protección de los derechos vulnerados con ocasión de un acto administrativo; ya que, esa normatividad le dio celeridad al procedimiento contencioso administrativo con la implementación de la oralidad, así como dispuso de diferentes herramientas para que las decisiones que allí se tomen no resulten inanes, como la morigeración de los requisitos para que proceda la suspensión provisional o el establecimiento de las medidas cautelares de urgencia.
En ese orden, la sola manifestación de la parte de que la declaratoria de improcedencia de la acción conduciría a la configuración de un perjuicio irremediable, no es suficiente para que se conozcan de fondo sus pretensiones; el tutelante deberá probar que ni siquiera con la utilización de las medidas cautelares procedentes en el mecanismo judicial ordinario se evita la configuración del perjuicio irremediable.
VI.6. El principio de subsidiariedad de la acción de tutela y su procedencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la defensa de los derechos fundamentales. Su carácter eminentemente subsidiario deviene del hecho de que antes de acudirse a su ejercicio deben interponerse los medios ordinarios de defensa judicial, salvo que ellos no brinden un oportuno y eficaz amparo a los derechos amenazados o vulnerados. Lo anterior no descarta que la acción de tutela pueda ejercerse como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En atención al carácter subsidiario o residual de la acción de tutela, este mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial, por lo cual resulta improcedente para cuestionar la legalidad de los actos expedidos por una autoridad administrativa, respecto de los cuales se han previsto otros medios de defensa judiciales, salvo cuando sea imperioso evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En este sentido, cabe resaltar que, respecto de actos administrativos, los medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa ofrecen los mecanismos idóneos de defensa, tales como las medidas cautelares, para obtener la protección de los derechos que se estimen vulnerados por actos administrativos objeto de control judicial.
Así lo precisó esta Sala en un pronunciamiento que ahora se reitera, al señalar que:
“[…] La Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2015, al examinar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, señaló:
5.3.1. El ordenamiento vigente y, en particular, el actual artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece como uno de los medios de control de la actuación de las autoridades estatales, la nulidad y restablecimiento del derecho, confiriéndole a toda persona la posibilidad de solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo que lesiona un derecho subjetivo y le sea restablecido. Tal nulidad debe ser declarada cuando los actos se expidan (a) desconociendo las normas en que deberían fundarse, (b) por un órgano que carece de competencia, (c) de manera irregular, (d) violando el derecho de audiencia y defensa, (e) mediante falsa motivación o (f) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió (art. 137 inc. 2º).
[…]
5.3.5.2. La Ley 1437 de 2011 estableció en su artículo 231 una regulación diferente en materia de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Según esa norma podrá tomarse tal decisión cuando (i) se fundamente en la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en un escrito separado y (ii) cuando dicha infracción surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Prescribe además que (iii) si se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios es necesario que el solicitante pruebe, al menos sumariamente, su existencia.
En adición a lo anterior, la ley fijó un procedimiento claro con términos específicos para darle trámite a la solicitud de suspensión provisional –en tanto medida cautelar- (art. 233), así como una autorización especial para que la autoridad judicial, destaca la Corte, pueda acoger medidas cautelares de urgencia (art. 234) sin necesidad de agotar el trámite que como regla general se prescribe.
Es claro a partir de la nueva regulación que el acentuado rigor que gobernaba la procedencia de la suspensión provisional en vigencia del anterior Código -al exigirse no solo el planteamiento de la solicitud antes de ser admitida la demanda sino también la constatación de una manifiesta y directa infracción de las normas invocadas-, fue modificado sustancialmente al prescribirse ahora que podrá solicitarse en cualquier momento y que podrá prosperar cuando la violación “surja del análisis del acto demandado” y su confrontación –no directa- con las disposiciones invocadas. Que la violación justificatoria de la suspensión provisional pueda determinarse a partir del “análisis”, indica que la autoridad judicial tiene la competencia para emprender un examen detenido de la situación planteada, identificando todos los elementos relevantes para determinar si ocurrió una infracción normativa. No basta con una aproximación prima facie para afirmar o descartar la vulneración, en tanto el juez debe evaluar con detalle la situación y a partir de ello motivar adecuadamente su determinación.
[…]
Si bien la Corte reitera la regla de procedencia establecida en la SU-712 de 2013, su aplicación en el caso ahora estudiado no conduce a la misma conclusión a la que se arribó en aquella ocasión. En efecto, la regulación que en materia de suspensión provisional introdujo la Ley 1437 de 2011 y la comprensión que de ella ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, permiten a este Tribunal concluir que el accionante cuenta, prima facie, con un medio judicial no solo idóneo sino también temporalmente eficaz para debatir oportunamente la posible violación de sus derechos y plantear la adopción de una medida de protección si se cumplen las condiciones para ello.
[…]
5.3.7. En síntesis, con independencia del sentido que puedan tener en cada caso las decisiones del juez administrativo respecto de la solicitud de suspensión provisional, debe concluirse -en lo que resulta relevante para un juicio de subsidiariedad- que esa alternativa ofrece, en la actualidad, una amplia posibilidad de controlar en un término breve de tiempo los efectos de la decisión de la autoridad disciplinaria. En atención a ello no puede acogerse la misma decisión de la sentencia SU-712 de 2003, adoptada en vigencia del Decreto 01 de 1984.
En conclusión, la sentencia en cita, con motivo de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, modificó la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional había fijado en materia de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, y que hasta ese momento se encontraba resumida en la SU-712 de 2013, en el sentido de establecer que por regla general no procede la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio para cuestionar la validez constitucional de las decisiones adoptadas en sede administrativa. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Así las cosas, la regla general de improcedencia de la acción de tutela promovida en contra de actos administrativos tiene como excepción la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, por lo cual es necesario tener presente el alcance de dicho concepto y los criterios para determinar su existencia.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
Respecto de tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […]”
La jurisprudencia ha expuesto el alcance del perjuicio irremediable así:
“[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”
En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio dependerá de la valoración que el juez constitucional haga de las circunstancias específicas de cada caso, de la cual infiera la existencia de un perjuicio irremediable, mediante la constatación de la presencia concurrente de los requisitos que lo configuran y que corresponden a: i) la gravedad de las amenazas que se ciernen sobre los derechos fundamentales, ii) la inminencia del perjuicio que estas pueden causar a los derechos; iii) la impostergabilidad de las medidas de protección que deben tomarse y iv) la urgencia de las mismas.
Caso concreto
Conforme a lo expuesto, la controversia que nos ocupa tiene dos cuestiones que deben ser dilucidadas. En primer lugar, se debe determinar si la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación y el Tribunal Administrativo de Cesar vulneraron los derechos fundamentales del accionante en el expediente de tutela con radicado 20001-23-33-004-2019-00008-00 y 01 en la segunda instancia.
En segundo lugar, se deberá determinar si la acción de tutela procede para dejar sin efectos los actos administrativos mediante los cuales la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a 16 concejales del municipio de Valledupar, y si tal decisión vulnera los derechos fundamentales del accionante y de los otros sancionados que fueron vinculados al trámite disciplinario.
Falta de legitimación en la causa del accionante respecto de la pretensión de dejar sin efectos las sentencias proferidas en el expediente de tutela tramitado bajo el radicado 20001-23-33-004-2019-00008-00
Conforme a la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, la única persona legitimada para interponer una acción de tutela es la titular del derecho fundamental que se reputa como vulnerado o amenazado. Con todo, en aquellos casos en los que el legitimado no puede ejercer su derecho u otorgar poder para que un abogado lo haga por él, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso la figura del agente oficioso, que tiene como requisitos manifestar que se actúa en tal condición y demostrar con suficiencia los motivos que le impiden al titular del derecho acudir directamente.
En el caso en concreto, el señor Wilfrido Ortiz Arias solicita dejar sin efectos las sentencias proferidas dentro del expediente de tutela radicado 20001-23-33-004-2019-00008-00 (01 respecto de la segunda instancia), a pesar de quien fungió como tutelante en ese proceso fue la señora Jannyna Fuentes Peñate. Si bien, en esa ocasión las pretensiones se dirigían a dejar sin efectos la decisión de destituir e inhabilitar a 16 de los concejales de Valledupar electos para el periodo 2016-2019, lo cierto es que las pretensiones no fueron valoradas de fondo al haberse declarado la falta de legitimación en la causa de la parte actora.
En ese sentido, el accionante no demostró cuál es el interés directo que tiene al pretender que se deje sin efectos las sentencias de 29 de enero y 11 de marzo de 2019, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente; pues, a pesar de que él es un afectado directo con la decisión de destitución e inhabilidad proferida por la Procuraduría, los efectos jurídicos de las sentencias censuradas no guardan relación con esa pretensión o con él.
De la revisión de las providencias controvertidas se advierte que la declaratoria de improcedencia se hizo en virtud a que la accionante de ese proceso no demostró ser afectada con la decisión o haber votado en la elección que culminó con la designación de los concejales ahora sancionados.
En ese orden de ideas, la Sala debe concluir que el señor Wilfrido Ortiz Arias no está legitimado en la causa para solicitar que se dejen sin efectos las sentencias de 29 de enero y 11 de marzo de 2019, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respectivamente, ya que no demostró su interés directo en la pretensión de amparo, su calidad de agente oficioso o de apoderado. Por lo cual, la Sala declarará la improcedencia de la acción para la satisfacción de esta pretensión.
Por último, si en gracia de discusión se estimara que el tutelante de la referencia si está legitimado en la causa, las sentencias censuradas fueron proferidas en un proceso de tutela, por lo que el único motivo que haría procedente un pronunciamiento de fondo, sería que las decisiones fueron fraudulentas. Si se tiene en cuenta que nada se dijo en relación con esto, de cualquier manera no procedería un pronunciamiento de fondo respecto de esta pretensión.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la pretensión de dejar sin efectos la sanción disciplinaria impuesta a los 16 concejales del municipio de Valledupar
Procede la Sala a analizar el segundo punto de debate de la presente acción, y en tal sentido se recuerda que el accionante adujo la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable con ocasión de las pretensiones de la referencia, con el fin de que se accediera al amparo como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, y al respecto señaló lo siguiente:
“[…] Con esta sanción disciplinaria por 12 años a 16 concejales al municipio de Valledupar sele (sic) causa un perjuicio irremediable debido que (sic) han estudiado toda su vida para ser funcionarios publica (sic) de entidades publica (sic) o de elección popular en este caso como concejal de Valledupar donde han invertido dinero en especializaciones posgrado, donde toda su familiar hijos-mujer y padres tiene (sic) su esperanza en ellos ya que los ayudan se perjudica la salud mínimo vital a su existencia la educación, esto produce un daño moral daño psicológico se viola el buen nombre el derecho a la honra por que (sic) salen del consejo (sic) como si fueran unos criminales causa angustia dolo depresión ano (sic) poder trabajar durante 12 años en el sector público en donde es muy difícil empezar en el sector privado adema (sic) ellos están preparados psicológicamente y moralmente para trabajar en el sector público además el que tiene la culpa de esta inhabilidad es el congreso, el presidente y el procurador general de la nació (sic) que no ha respetado la ley que reglamenta el cargo de personero y de contralor así mismo no le han dado cumplimiento al ordenado (sic) por la sala plena en sentencia del noviembre (sic) del 2017 donde se anuló la sanción disciplinaria al alcalde GUSTAVO PETRO donde esta sala exhorto (sic) a esta autoridades (sic) nacionales para que armonicen el código disciplinario con las recomendaciones dada (sic) por la comisión interamericana de derechos humanos (sic) ósea integrar el art. 23 de la convención americana de derechos humanos con la ley 734 […]».
Conforme a lo transcrito, el señor Ortiz Arias considera que el perjuicio irremediable del asunto de la referencia está asociado a que con la decisión se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de los concejales sancionados. A pesar de ello, con la solicitud no se anexó ninguna prueba que demostrara que en efecto el mínimo vital del accionante se ve afectado con la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, todo lo contrario, se afirma que algunos de los concejales inclusive tienen título de posgrado, por lo que no se puede presumir que el accionante y los otros miembros de la corporación pública, están en incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas.
Además, se advierte que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y, particularmente, de la figura jurídica de las medidas cautelares de urgencia, el mecanismo judicial dispuesto para la satisfacción de las pretensiones del accionante resulta idóneo para ello, pues cualquier perjuicio que pueda provenir de los efectos de los actos administrativos objeto de la presente acción de tutela, puede ser precavido en el trámite ordinario.
Lo mismo se puede decir respecto del argumento que se adujo para justificar la existencia de este requisito en la acción de tutela interpuesta por la señora Fuentes Peñate, ya que a pesar de estar cerca el vencimiento del periodo para el que fueron elegidos los miembros del cuerpo colegiado municipal, la celeridad del trámite cautelar de urgencia, garantiza que la decisión no sea inane.
La anterior consideración concuerda con lo ya expuesto por la Sala en la sentencia de 11 de abril de 2019, en la que se consideró improcedente la acción respecto de básicamente la misma causa petendi.
En el entendido que respecto de las dos pretensiones analizadas se verificó su improcedencia, en la parte resolutiva se hará referencia a esa situación en un solo numeral.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Wilfrido Ortiz Arias en contra de la Presidencia de la República, el Congreso, la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Quinta de esta Corporación y la Procuraduría General de la Nación porque la última de las entidades referidas destituyó a 16 concejales del municipio de Valledupar, Cesar en un proceso disciplinario.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: Si la presente decisión no es impugnada, dentro de los tres días siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, por la secretaría general de la Corporación DEVUÉLVASE al Tribunal Administrativo del Cesar los expedientes remitidos en calidad de préstamo correspondientes a los radicados 2001-23-39-003-2017-00147-00 (acumulado con el 2001-23-39-003-2017-00148-00).
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Expediente en el que se resolvieron las pretensiones de amparo de la señora Jannyna Fuentes Peñate, con las que se pretendía dejar sin efectos la decisión disciplinaria de primera instancia emitida en contra de 16 concejales del municipio de Valledupar. C.P. Rocío Araújo Oñate. Norma citada. Allí se señaló que el procedimiento establecido para la elección de personeros era aplicable por analogía al trámite de elección de contralores territoriales. El fundamento de esa decisión es el Concepto con radicado 2274 de 10 de noviembre de 2015 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Circular Conjunta 100-005-2015 el 24 de noviembre de 2015 proferida por el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP
“Entonces, recapitulando, bajo las reglas de la convocatoria establecida por la Resolución N° 044 del 8 de diciembre de 2015, expedida por el Concejo Municipal de Valledupar la elección del contralor debió recaer en el participante mejor puntuado, razón por la cual, esta Sala REVOCARÁ la decisión de negar las pretensión de la acción de nulidad electoral contenida en la sentencia del 21 de septiembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, accederá a declarar la nulidad del acto de elección contenido en el acta de sesión del 7 de enero de 2016, por las razones aquí expresadas”. Conforme a lo señalado en la sentencia de 19 de julio de 2018, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación dentro del expediente con radicado 20001-23-39-003-2017-00147-01 (C.P. Rocío Araújo Oñate).
“Continúo, diciendo entonces, que la descripción de esos razonamientos hermenéuticos que han venido construyéndose a partir del 28 de julio de 2016 por el Consejo de Estado y su socialización en el contexto de formación del juicio para el ejercicio de la competencia por parte de esta corporación activan el principio de responsabilidad, es decir, ponen en conocimiento del electoral (sic) la existencia de esa situación, que por la novedosa y también digamos apenas iniciada a construir se contrapone a la que el señor Omar Contreras expuso en esta tarde, esto es lo que ha concluido el Departamento Administrativo de la Función Pública. Porqué (sic) activa el principio de la responsabilidad? Porque el artículo 23 de la ley (sic) 734 de 2002, en interpretación con el artículo 22 de esa misma ley, que es el Código Disciplinario Único, eleva a la categoría de falta disciplinaria la violación de las prohibiciones establecidas en la constitución y en la ley y en ese contexto la inhabilidad del artículo 272 es una prohibición para acceder a los cargos públicos, eso, en un primer contexto. Pero en un contexto más especial, el numeral 17 del artículo 48 de esa, misma (sic)¸ley 734 de 2002, describe punitivamente, como falta gravísima el hecho de nombrar, designar, elegir, postular a una persona, muy a pesar de encontrarse en inhabilidad. Luego de manera concluyente, le preciso que el hecho de conocer esa situación, activa al elector, el principio de responsabilidad que surge del artículo 6 de la constitución política, en donde los servidores públicos, serán los responsables por la infracción de la constitución y la ley”[vto. Fl.143 expediente de tutela]. Contemplada en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. También se hizo referencia a los errores cometidos por el Consejo de Estado en la sentencia que anuló la elección del señor Omar Javier Contreras Socarrás, pero no se reiteraran esos argumentos en esta sede, por no resultar pertinentes al asunto. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad: 11001-03-25-000-2014-00360-00, C.P. César Palomino Cortés. La última parte reseñada en negrilla cuenta con un tamaño de letra más grande, sin embargo, para preservar el estilo de las providencias de la Sala se omite reiterar el yerro de la parte.
La pretensión continúa, a pesar de ello no se transcribe, porque son más argumentos para que se acceda a la pretensión y no una como tal. Se hizo la transcripción hasta esa parte para que el lector pudiera advertir la equivocidad del texto bajo análisis y más adelante entender la interpretación que la Sala hará de las pretensiones. Folios 62 a 64 del expediente de tutela. Los señores: Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendis Sierra, Jaime Eduardo Borrnacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Valera, Leonardo José Mestre Socarrás, Gabriel Muvdi Aranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alexa Pana Zarate, Carlos Julián Picón Cortes, Luis Miguel Santrich Díaz, Yesith Triana Amaya, Roberto Carlos Castro Romero
Folio 94 del expediente de tutela. Folio 97 del expediente de tutela. También se hizo referencia a la sentencia de 23 de agosto de 2018, proferida en el expediente 05001-23-33-000-2013-00127-01 por la Subsección de la Sección Segunda de esta Corporación (C.P. Gabriel Valbuena Hernández), en la que se señaló que “… la competencia del ente sancionador no puede cuestionarse bajo ningún motivo bajo el hipotético argumento de que la conducta estudiada no envuelve un acto de corrupción, como bien lo acabamos de analizar en el presente asunto preliminar porque las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos de elección popular no fueron restringidas, modificadas ni suprimidas mediante la sentencia del 15 de noviembre de 2017…”. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En las conclusiones del escrito anotado se afirmó lo siguiente:
“Acorde con lo expuesto en el acápite anterior, y en presencia de la Tutela impetrada, nuestra posición se encuentra limitada a lo ya esbozado, que no nos permite argumentar institucionalmente en un asunto en donde tuvimos incidencia para la consumación y perfeccionamiento del acto electivo del Contralor Municipal.
“No obstante, estaremos prestos y atentos a intervenir en lo que sea requerido por usted señor consejero, en la medida de nuestras competencias dentro del compendio de peticiones esbozadas en el escrito de tutela expresados por el accionante”.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. La Corte Constitucional en la sentencia T-416 de 1997 (M.P: Antonio Barrera Carbonell) precisó sobre la legitimación en la causa lo siguiente:
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito (…).” (subraya y negrilla fuera de texto original)
Ver entre otras la Sentencia T-016 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo
Corte Constitucional, sentencia T-012 de 19 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Nota al pie del texto original. “Ver sentencia SU-061 de 2001”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, rad:44001-23-40-000-2018-00062-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. En relación con este punto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, rad: 11001-03-15-000-2018-03842-01(AC); sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad: 11001-03-15-000-2018-03316-01(AC); sentencia de 19 de noviembre de 2019, rad: 25000-23-41-000-2018-00915-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
“…Así mismo, es pertinente advertir que con la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya no es de recibo alegar que los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
“En efecto, dicha norma, además de darle celeridad a los procesos al consagrar el principio de oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas con las que se pueden solicitar, entre otras cosas, algunas medidas cautelares como la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, etc., las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso, antes de que se profiera una decisión definitiva…”.
Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de 2015.
Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 11 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia SU-712 de 17 de octubre de 2013, Magistrado ponente doctor: Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-225 de 15 de junio de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mersa, reiterados en sentencia SU-617 de 5 de septiembre de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de abril de 2019, rad: 20001-23-33-000-2019-00040-01(AC), C.P. Oswaldo Giraldo López. En este asunto se discutió inclusive el mismo caso, pues el tutelante es el señor Luis Miguel Santrich Díaz quien también era concejal del municipio de Valledupar para el periodo 2016-2016 y fue vinculado al presente trámite en el numeral tercero de la parte resolutiva del auto de apertura.
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