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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-03076-01

Acción de tutela

Fecha
23 de enero de 2020
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-03076-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2019, por medio del cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-03076-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

23 de enero de 2020

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA - Comunidad Afrodescendiente de Roche y sus órganos directivos / PROTOCOLIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA – Acta firmada por Representante Legal sin autorización para tomar decisiones / PRINCIPIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y DE ENFOQUE DE DIVERSIDAD Y AUTONOMÍA – Rectores en la interpretación y aplicación de normas y principios asociados con la garantía de los derechos de las comunidades

[E]sta Sala, en el acápite de acervo y análisis probatorios, apreció las pruebas decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza y, al respecto, advierte que, contrario a lo manifestado por la parte actora, no se observa que la Asamblea General hubiere autorizado al señor [R.R.D.] para adoptar la decisión consignada en el Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018. (…) En ese sentido, una vez analizado el marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la Consulta de las comunidades afrodescendientes se establece que los trámites de consulta previa se deben realizar a través de las instituciones representativas de la comunidad, dentro de las cuales se encuentra el Consejo Comunitario que está conformado por una Asamblea General y una Junta Directiva y el cual cuenta con un Representante Legal, que lo representa en cuanto a persona jurídica. (…) Así las cosas, se observa que, con fundamento en el principio de representatividad y el enfoque de diversidad y autonomía, elemento principal de interpretación y aplicación de normas y principios asociados con la garantía de los derechos de estas comunidades, no se podría concluir que el Representante Legal del Consejo Comunitario pueda tomar las decisiones sin tener en cuenta la opinión de la propia colectividad de la Comunidad Afrodescendiente de Roche y sus órganos directivos (…) En atención a lo anterior, se resalta que en la reunión de 4 de mayo de 2018, en la cual se determinó el número de 33 familias beneficiarias, por parte de la comunidad asistió el señor [R.R.D.], en su condición de Representante Legal del Consejo Comunitario, y el señor [P.O.], en su calidad de apoderado; sin embargo, en las reuniones de 19 de diciembre de 2018, 23 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 22 de mayo de 2019 y 25 de julio de 2019, en las cuales se manifestó “[…] no estar de acuerdo con la protocolización del proceso de consulta con los 33 beneficiarios […]” asistieron los miembros de la Junta Directiva y los integrantes de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, razón por la cual se consideró que no existía una vulneración de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03076-01(AC)

Actor: Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas

Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira, Nación – Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa y Empresa de Carbones El Cerrejón Limited

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2019, por medio de la cual se negaron las solicitudes de desvinculación propuestas por la Autoridad Nacionales de Licencias Ambientales – ANLA y los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía y se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

El señor Roberto Ramírez Díaz, en su condición de Presidente y Representante Legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, La Guajira, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Nación – Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa y la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited, porque a su juicio, al no protocolizar el “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS - DEFINICIÓN DEL UNIVERSO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CACERÍO DE ROCHE Y LA EMPRESA DE CARBONES CERREJÓN LTDA. ANEXO 3 […]” de 4 de mayo de 2018, vulneraron los derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

Señaló que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, mediante Resolución núm. 797 de 23 de junio de 1983, otorgó licencia ambiental a Colombia Resources Corporation – INTERCOR para realizar actividades y obras del Proyecto Carbonífero El Cerrejón Zona Norte en su etapa de montaje en los municipios de Urbilla, Maicao y Barrancas del Departamento de La Guajira.

Indicó que la Nación – Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Resolución 670 de 27 de julio de 1998, estableció un Plan de Manejo Ambiental para las empresas Carbones de Colombia S.A. – CARBOCOL e International Colombia Resources Corporation – INTERCOR, para el proyecto de apertura y operación de las Nuevas Áreas de Minería en los municipios de Hato Nuevo, Maicao y Barrancas del Departamento de La Guajira.

Refirió que la Nación – Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Resolución 561 del 22 de junio de 2001, autorizó una cesión de derechos de la empresa International Colombia Resources Corporation – INTERCO a la Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. – C.Z.N.S.A y ordenó que el nuevo beneficiario debía tramitar ante la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA la modificación de las decisiones por medio de las cuales se les otorgó permisos, concesiones o autorización.

Adujo que la Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. – C.Z.N.S.A, teniendo en cuenta el impacto ambiental que se generaría en el territorio del Municipio de Barrancas por la operación minera, adquirió derechos sobre algunas de las áreas donde se encontraba asentada la Comunidad Afrodescendiente de Roche.

Refirió que el Alcalde del Municipio de Barrancas, mediante la Resolución 306 de 10 de junio de 2003, entre otras, determinó el perímetro urbano del Caserío de Roche; estableció un listado predial y de poseedores del caserío, en el que se incluyeron 292 personas sin tener en cuenta “[…] los lotes comprados por la empresa Carbones del Cerrejón LLC y que hacían parte del caserío […]” y determinó como Áreas Institucionales Municipales en el Caserío de Roche el templo, la escuela, la inspección, el cementerio, el puesto de salud, la cancha de fútbol, la planta eléctrica y el sistema de acueducto.

Afirmó que, en su condición de Presidente y Representante Legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, La Guajira, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y la Empresa de Carbones Cerrejón ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, con el fin de que se le ampararan los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la consulta previa de esta comunidad; proceso que se identificó con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 00.

Al respecto, argumentó que la Comunidad Afrodescendiente de Roche se fundó a finales del siglo XIX y se asentó en el Municipio de Barrancas, La Guajira, en un territorio ancestral de 4.000 hectáreas; sin embargo, como consecuencia de la explotación de carbón por parte de la Empresa de Carbones del Cerrejón, el pueblo fue reubicado en un territorio nuevo llamado Nuevo Roche.

Explicó que el reasentamiento Nuevo Roche fue construido en un área pequeña, de 12 hectáreas, que: no permitía la consolidación de la Comunidad ni la realización de actividades ancestrales como la agricultura y el pastoreo; se estableció como propiedad horizontal, un régimen que no se ajustaba a sus necesidades por romper su tejido social y poner en riesgo su supervivencia, en la medida que algunos de los inmuebles eran habitados por particulares que no compartían sus usos y costumbres, y tenía un administrador y una junta de copropietarios, lo cual contrariaba el reconocimiento del Consejo Comunitario.

Agregó que, en el proceso de reasentamiento, la implementación de los programas sociales dependía de la discrecionalidad de la empresa y no se respetó el enfoque diferencial, toda vez que no se efectuaron programas de salud, educación, cultura, agricultura y medio ambiente, que garantizaran el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y no se trasladó el cementerio de la comunidad, ni se indemnizó a la comunidad por ello.

Señaló que la Comunidad Afrodescendiente de Roche presentó varias peticiones ante la Empresa de Carbones del Cerrejón, por medio de las cuales solicitó que se incluyeran nuevas familias nativas que no habían sido reasentadas ni indemnizadas ante la perdida de su propiedad colectiva, las cuales fueron resueltas.

En ese sentido, la Comunidad Afrodescendiente de Roche planteó las siguientes pretensiones en el escrito de tutela:

“[…] 1.- Tutelar los derechos constitucionales a la consulta previa, debido proceso y el derecho a la igualdad de los miembros de la Comunidad Afrodescendiente del Caseríode Roche Municipio de Barrancas La Guajira, violados por el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa Carbones del Cerrejón.

2.- Ordenar al Ministerio del Interior, realizar el proceso de CONSULTA PREVIA entre la Empresa Carbones del Cerrejón y los miembros de la Comunidad Afrodescendiente del Caseríode Roche, municipio de Barrancas La Guajira.

3.- Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspender el Acto Administrativo por medio del cual se otorgó Licencia Ambiental para la Exploración y Explotación de carbón a la empresa Carbones del Cerrejón en el territorio ancestral del Antiguo Roche, hasta tanto no se efectué el proceso de consulta previa con la Comunidad Afrodescendiente de Roche.

4.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón cambiar el tipo de propiedad horizontal que tiene actualmente el nuevo Roche y colocarle el establecido por la autonomía de esta comunidad afrodescendiente que es el Caseríodel municipio de Barrancas en zona urbana que pueden realizar sus actividades ancestrales.

5.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón trasladar los seres queridos que se encuentran en el cementerio ubicado en el antiguo Roche, y llevarlos al cementerio nuevo de Roche, cumpliendo con el derecho de indemnización de los mismos.

6.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón indemnizar materialmente, moralmente y fisiológicamente a todos los habitantes afrodescendientes del Caseríode Roche, por los daños y perjuicios ocasionados por la empresa Cerrejón.

7.- Ordenar reasentar a las familias afrodescendientes del Caseríode Roche, que aún no han sido reubicadas en el nuevo Roche de una manera digna.

8.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón reajustar a un precio real el valor que cuesta el antiguo territorio ancestral del Caseríode Roche y entregar el excedente a sus miembros.

9.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón implementar los programas sociales de Educación, Cultura, Deporte, Salud, Medio ambiente, Agricultura, Adultos Mayores y Empleos, con enfoques diferenciales y que sea obligatorio y no discrecional para la comunidad afrodescendiente del Caseríode Roche […]”.

Sentencia proferida el 7 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 00

El Tribunal Administrativo de La Guajira amparó el derecho fundamental a la consulta previa invocado por la Comunidad Afrodescendiente de Roche y, en consecuencia, ordenó a la Empresa de Carbones del Cerrejón que, en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir de la notificación de la decisión, instalara una mesa de trabajo y de socialización, con presencia de la comunidad, a través de las cuales se verificara el cumplimiento de lo pactado y se procediera al traslado de los restos mortales que se encontraban en el antiguo cementerio del Caserío de Roche.

Al respecto, señaló que la acción de tutela era procedente, a pesar de haber transcurrido un lapso importante de tiempo, porque los derechos que se alegaban como vulnerados incluían no solamente el derecho a la consulta previa sino también el derecho a la integridad territorial, cuya violación sería actual, constante y permanente dada la condición que alegaban y las comunidades afrodescendiente tenían una condición especialísima por los fenómenos socio – económicos que permitían establece un estado de indefensión.

El Tribunal decidió no acoger la solicitud de inclusión de las nuevas unidades familiares en el plan de reubicación, por considerar que la Empresa de Carbones del Cerrejón propendió por la realización de una verdadera consulta previa con las familias que se encontraban para la época de la socialización y la reubicación asentadas en el territorio influenciado por el proyecto minero, por cuanto realizaron varias reuniones y por la “[…] asunción de toda la temática relacionada con el desarrollo del proyecto y la reubicación de que sería objeto la comunidad, se resalta además la apreciable […] la apreciable participación de la población en todas las políticas que fueron sugeridas, como los aspectos a evaluar para integrar el grupo pasible de reubicación y como aspecto de mucha trascendencia el amplio período en el que fueron ejecutadas la totalidad de las etapas de la consulta […]”.

Asimismo, explicó que no había lugar al pago adicional de los derechos de posesión que fueron cedidos a la Empresa de Carbones del Cerrejón, debido a que la manifestación de los habitantes de la comunidad de asentir en los términos de la consulta y los pagos derivados de la reubicación imposibilitaba el reclamo de valores adicionales.

Concluyó que aun cuando la Empresa de Carbones del Cerrejón había allegado los documentos en los que se observaba el cumplimiento de las etapas de la consulta previa, no había acreditado la materialización de políticas del plan de mejoramiento ofrecido a la Comunidad Afrodescendiente de Roche. Así como tampoco habían aportado los estudios en los cuales fundamentaban que el traslado del antiguo cementerio del Caserío de Roche no se había realizado por el incumplimiento de los requisitos preestablecidos sobre los restos de los familiares de la comunidad.

Sentencia proferida el 9 de diciembre de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 01

La parte resolutiva de la sentencia dispone:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia proferida el 7 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 7 de abril de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que amparó el derecho a la consulta previa, pero por las razones expresadas en precedencia.

TERCERO: ADICIONAR el citado fallo, en el sentido de ordenar a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, se incluya a los pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón desde el año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el cual se evaluarán y definirán las medidas que deban adoptarse para que los beneficios, compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos integrantes de la comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el principio de igualdad.

CUARTO: ORDENAR que con la participación de los 25 grupos familiares reasentados en el predio denominado San Francisco, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de éste fallo, se adelante un proceso consultivo en el que, con respeto por el derecho al consentimiento previo, libre e informado, se llegue a un acuerdo sobre la forma de propiedad que adoptará el nuevo asentamiento, de una manera que consulte el principio de igualdad, tenga en cuenta su identidad social y cultural y garantice la subsistencia de la comunidad de afrodescendientes de Roche.

QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior que coordine y haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo del proceso de consulta previa que se ordena realizar, haga las recomendaciones respectivas y rinda informes mensuales al juez de tutela de primera instancia sobre el avance del proceso de consulta previa y la implementación de los compromisos asumidos por la empresa Carbones del Cerrejón. […]”.

Explicó, respecto a la realización de la consulta previa a la Comunidad Afrodescendiente de Roche, que la Alcaldía del Municipio de Barrancas, mediante Resolución núm. 306 de 10 de junio de 2003, incluyó al Caserío de Roche en el Plan de Ordenamiento Territorial, con un área de 14 hectáreas, equivalentes a 2.611 metros cuadrados, en el cual se identificaron 292 lotes. Al respecto, aclaró que Carbones del Cerrejón Limited adquirió los derechos de posesión sobre los predios baldíos del Caserío de Roche a los poseedores identificados en el acto administrativo referido.

Señaló que Carbones del Cerrejón Limited realizó un trabajo para identificar los miembros de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, como establece el Acta de 17 de junio de 2008, en la cual se advierte que el proceso de reasentamiento incluyó a 15 familias identificadas el realizar el levantamiento topográfico que se elaboró para expedir la Resolución 306 de 10 de junio de 2003, por medio del cual se incluyó al Caserío del Roche en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancas, y diez (10) familias más, las que fueron incorporadas en virtud de un acuerdo suscrito por la comunidad, Carbones del Cerrejón Limited y representantes de la Alcaldía y la Personería del municipio de Barrancas, en el año 2008.

Determinó que no se había desarrollado una consulta previa acorde con la normativa vigente, pues si bien a partir del 2008 se habían adelantado unas reuniones permanentes y fructíferas con las 25 familias que fueron reconocidas como destinatarias de las medidas de reasentamiento del Caserío de Roche (las 15 incluidas en la Resolución 306 de 2003 y 10 seleccionadas en el año 2008), lo cierto era que no se había incluido en esta gestión consultiva a toda la Comunidad Afrodescendiente de Roche (como lo eran los miembros que vendieron sus predios y no fueron incorporados en el listado contenido en la Resolución 306 de 2003) y, ello había ocurrido, a pesar de las solicitudes de la comunidad excluida, lo cual había llevado al desconocimiento a un grupo de los nativos de Roche de los derechos fundamentales a la consulta previa y a la igualdad.

Sobre el particular, resaltó que la empresa encargada del proyecto minero había contrariado las reglas fijadas a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT y la normativa vigente, al excluir de todo el trámite de consulta a los miembros de la Comunidad de Roche que vendieron sus predios antes de la expedición de la Resolución 306 de 2003 y les había negado el derecho a participar en el desarrollo del proceso de reasentamiento, desconociendo que la participación de la comunidad afectada debía garantizarse, tanto en la etapa previa como en las revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo.

Refirió que la enajenación de derechos referida, de acuerdo con lo acreditado dentro del expediente, no se había realizado mediando un consentimiento previo libre e informado, pues, según lo expresado en el escrito de tutela, el ofrecimiento de compra por parte de la empresa había llegado acompañado del anuncio que el predio, de otra forma, sería expropiado.

En ese sentido, recordó que una simple reunión informativa sobre las condiciones de la compraventa no constituía una consulta real y que debía informarse previamente a las comunidades sobre alternativas al reasentamiento, sus derechos y beneficios, lo cual en el asunto bajo examen había iniciado años después a la apertura del proceso de adquisición de los predios a los pobladores del Caserío de Roche.

Afirmó que no había evidencia de que la comunidad étnica del Caserío Roche que no había sido reubicada en el predio San Francisco del municipio de Barrancas, hubiere recibido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento, como era necesario.

Sostuvo que como lo señaló la Alcaldía del Municipio de Barrancas en la Resolución 306 de 2003 los registros de las personas de la Comunidad de Roche eran inconsistentes, pues las distintas fuentes presentan un número diferente de pobladores, razón por la cual no podía señalar que los únicos habitantes y afectados por la decisión de la empresa eran los incorporados en dicho acto administrativo.

Indicó que el proceso de consulta previa no había culminado, pues una parte de él era la revisión y el seguimiento de las medidas adoptadas y estableció órdenes, con el fin de hacer los ajustes para lograr el reasentamiento y la estabilización económica de la población afectada. De igual forma, señaló:

“[…] En este orden, es necesario que se adelante un proceso concertado de revisión de las condiciones en que fueron entregados los predios por las personas nombradas en el listado y en las copias de los derechos de petición allegadas con el escrito de tutela, con el fin de realizar los ajustes que sean del caso con el fin de garantizar que las medidas indemnizatorias adoptadas atiendan a unos parámetros o criterios uniformes aplicables a todos los destinatarios de las medidas de reasentamiento. […]”.

Refirió que no había evidencia de que la empresa Carbones del Cerrejón Limited hubiere violado el derecho a la propiedad colectiva, cuya consolidación en el Caserío de Roche, no estaba demostrada, en la medida que la aplicación del régmen de propiedad horizontal había sido aceptado por las 25 familias que habían sido reasentadas.

En ese sentido, precisó que ese era un asunto que debía ser objeto de consulta previa en el cual participaran todos los que para el momento que inició el proceso de reasentamiento hacían parte de la ocupación colectiva. Asimismo, advirtió:

“[…] Es preciso advertir que la eventual transformación del modelo de propiedad acogido por la comunidad negra no puede implicar la pérdida de los predios recibidos del Carbones del Cerrejón Limited, por el incumplimiento de una de las cláusulas de los contratos de transacción que obliga a adoptar este modelo de propiedad, toda vez que esta condición si desconoce el derecho de la comunidad afrodescendiente de Roche, como sujeto étnico colectivo a la propiedad colectiva de su territorio. […]”.

Auto proferido el 10 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del primer trámite incidental de desacato de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 01

La parte actora, mediante escrito de 16 de junio de 2017, solicitó dar apertura al trámite incidental de desacato, por el presunto incumplimiento de la orden de tutela anteriormente citada. En ese sentido, expuso que las entidades encargadas de cumplir la sentencia de tutela, en las reuniones llevadas a cabo el 5, 6, 20 de abril y 25 de mayo de 2017 aseguraron que el grupo reasentado de 25 familias únicamente tenía derecho a que se le consultara el régimen de propiedad (horizontal o colectiva) lo que trasgredía la identidad social, cultural y subsistencia de la comunidad.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de auto de 10 de julio de 2017, decidió:

“[…] PRIMERO. Abstenerse de abrir el incidente de desacato de la referencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto. […]”.

Al respecto, consideró que según el acervo probatorio obrante en el expediente se podía evidenciar que la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited estaba adelantando las medidas para llevar a cabo la consulta previa y el proceso de socialización, a través de acercamientos con la comunidad y la disposición de espacios de diálogo, y que se debía tener en cuenta que para el cumplimiento del fallo se debían agotar varias etapas y gestiones.

Explicó que era pertinente “[…] dilucidar un aspecto controversial que se suscitó, tendiente a la interpretación de las órdenes tutelares dictadas por el H. Consejo de Estado, pues los actores consideraban que la participación del grupo que ya fue reasentado no se limita a la definición de la forma de propiedad del nuevo Roche, como se ha dejado entrever en la etapa de pre-consulta por parte de las entidades accionadas, especialmente en la reunión surtida el 25 de abril de [2017] […]”.

Sobre el particular, indicó que era necesario remitirse a las consideraciones de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales resultaba claro que en el trámite de consulta previa debía participar la comunidad en pleno para resolver asuntos relativos a: i) la implementación efectiva de las políticas sociales, educativas y económicas “[…] que se ofrecieron para proceder al reasentamiento del primer grupo; (ii) las condiciones de traslado de los restos mortales del cementerio; (iii) la inclusión de los miembros de la comunidad que vendieron sus derechos y que no participaron en el proceso consultivo y (iv) la forma de propiedad del nuevo asentamiento […]”.

Aclaró que la participación en el proceso consultivo no implicaba la obtención de beneficios económicos adicionales para quienes eran parte del primer grupo beneficiado. Asimismo, aseguró que las entidades condenadas debían procurar que las medidas indemnizatorias se otorgaran conforme con criterios uniformes y equitativos, sin desmedro de ninguno de los grupos de la comunidad.

Auto proferido el 7 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del segundo trámite incidental de desacato de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 01

La parte actora solicitó nuevamente dar apertura al trámite incidental de desacato, por el presunto incumplimiento de la orden de tutela anteriormente citada. En ese sentido, argumentó que “[…] se estaba desconociendo el censo interno que la misma comunidad había elaborado y en el que se encontraban enlistadas 514 familias nativas de la comunidad de Roche […]” que debían ser objeto de la consulta previa por ser los pobladores que vendieron sus derechos entre 1997 y 2003. Frente al asunto, la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited argumentó que de las 514 familias solo 27 cumplían con los requisitos de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado.

El Tribunal, mediante auto proferido el 7 de noviembre de 2017, resolvió:

“[…] PRIMERO. Abstenerse de abrir el incidente de desacato de la referencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO. Ínstese a Carbones de Cerrejón Limited y al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa, para que observen los parámetros fijados en precedente en torno al cumplimiento de la orden tutelar examinada en precedencia […]”.

Aclaró que ninguna de las posturas asumidas por las partes para determinar quiénes eran los miembros de la Comunidad de Roche resultaban acertadas irrestrictamente, en la medida que por el contexto en que se habían realizado, los censos y registros elaborados perdían idoneidad, teniendo en cuenta que todo aquel que vendió su predio o cedió la posesión del mismo, dejó el caserío y constituyó un lugar de habitación diferente, lo cual sucedió en diferentes momentos desde 1997 hasta el 2003.

En ese sentido, puntualizó que “[…] los elementos para definir a los beneficiarios del proceso consultivo ordenado por el H. Consejo de Estado deberán ser los siguientes […]”:

“[…]
• Haber sido poblador[es] el antiguo Roche.
• Haber tenido derecho de propiedad o posesión de los lotes o predios que conformaban el antiguo Roche.
• Haber vendido el predio o haber cedido derechos de posesión sobre el mismo (sic) a Carbones del Cerrejón, indistintamente de su tenía o no mejoras antes de 10 de junio de 2003[…]”.

Señaló que en los casos en los que no pudiera probarse la calidad referida, debían consultarse fuentes consensuadas o, en su defecto, estudios sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad cultural de la comunidad proveniente. Finalmente, advirtió que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior debía asumir con mayor vehemencia la labor de orientación y seguimiento que le había sido impuesta.

Auto proferido el 30 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del trámite de verificación de cumplimiento de las órdenes proferidas dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 44001 23 33 000 2016 00058 01

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto proferido el 30 de julio de 2018, resolvió:

“[…] PRIMERO: Declarar que hechas las verificaciones correspondientes, no hay razones para declarar el incumplimiento del fallo de tutela de fecha 9 de diciembre de 2016 dictado por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado dentro del expediente de la referencia, que confirma y adicional el fallo de 7 de abril de 2016 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.

SEGUNDO: Como acto de dirección, ordenar a Carbones del Cerrejón Limited, Ministerio del Interior – Director de Consulta Previa y al Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, que rindan informe mensual, individual o conjuntamente, sobre los avances y definiciones que con su conducta diligente, coordinada, consensuda y respetuosa de principios como la participación y la buena fe, alcancen en pro del cabal cumplimiento del citado fallo, especialmente de la orden tercera del mismo.

TERCERO: Por Secretaría ofíciese a Carbones del Cerrejón Limited, Ministerio del Interior – Director de Consulta Previa y al Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, informándoles de la orden dada en el anterior numeral de este auto. Pásese el expediente en su oportunidad legal, con el respectivo reporte. […]”.

Expuso que existía una gran controversia al interior de la comunidad y del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche en torno al cumplimiento de la tercera orden de la sentencia de tutela.

Señaló que la comunidad estaba en total desacuerdo con que el universo de beneficiarios fuera de tan solo 33 “[…] personas […]”, pues inicialmente se había indicado que serían 514 las personas favorecidas. Agregó que las discrepancias al interior de la comunidad debían ser zanjadas a través del diálogo interno, teniendo en cuenta que son “[…] ello mismos, que son quienes más que nadie tienen conocimiento sobre las personas que habitaban el Caserío Roche, acuerden y señalen quienes son verdaderamente los beneficiarios de la orden tercera del fallo y una vez hecho esto, en diálogo con el Cerrejón Limited – quienes además cuentan con información sobre las personas a las que se les compró los predios desde el año 1997 – procedan a evaluar y definir las medidas que deban adoptarse para otorgar los beneficios […]”

Agregó que no era procedente ordenar al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa protocolizar el presunto acuerdo de 4 de mayo de 2018 porque se quebrantaría el elemento de la consulta previa de participación activa y efectiva de los pueblos interesados, teniendo en cuenta que todos los miembros del Caserío de Roche debían participar en la definición de los beneficiarios del numeral tercero de la sentencia de tutela, como se expone a continuación:

“[…] En ese sentido, no podría proceder el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa, a protocolizar el presunto acuerdo donde se definió entre el Representante Legal de la comunidad y el Cerrejón Limited que el universo de beneficiarios estaría conformado por 33 personas, pues esto quebrantaría uno de los elementos sobre los cuales se estructura la consulta previa, que es asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados, lo que según lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia arriba citada, no equivale a la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas con los miembros de la misma, siendo evidente que el universo de beneficiarios de 33 personas fue definido entre el Representante Legal de la comunidad – sin que hubiere probanzas de directrices dadas en ese sentido por la asamblea a su vocero legal – y el Cerrejón Limited, excluyéndose a las demás personas que hacen parte de la comunidad y que deben ser oídos y deben tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas.

Se reitera, que el acuerdo de la comunidad es imprescindible para la continuación del proceso de consulta previa, porque las divergencias presentadas pueden terminar en el fracaso de la misma, lo cual es una posibilidad en todo proceso de consulta previa, en las cuales al no poder obtenerse […]”.

Actuaciones posteriores

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 24 de septiembre de 2018, se pronunció sobre las solicitudes e informes rendidos por los sujetos procesales, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: No acceder a las peticiones de ordenar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que proceda a protocolizar los acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018 firmados entre las 33 familias de la comunidad de Roche y la empresa Carbones del Cerrejón Limited, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. En su lugar y en torno a las demás solicitudes elevadas en sede de actuación posterior a la decisión de la presente verificación, se adoptan las siguientes medidas, en consonancia con los antecedentes y consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto:

SEGUNDO: Ordenar a Carbones del Cerrejón; a la comunidad de negros afrodescendientes del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira, representada por el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche y a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que como directos partícipes del procesos de consulta previa ya iniciado, ejerzan el rol que a cada uno compete para que éste avance y logre su cometido, debiendo ceñirse con ese fin a la normativa y parámetros fijados en la doctrina constitucional recogida entre otros, en los fallos citados a lo largo de esta providencia.

TERCERO: Requerir a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que asuma con mayor activismo sus competencias legales y reglamentarias, en especial las de supervisión, coordinación y seguimiento del proceso de consulta previa ya iniciado entre Carbones del Cerrejón Limited y la comunidad de negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, representada por el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche y para que conforme a los protocolos por ellos diseñados para casos como este, en el que se presentan conflictos al interior de la comunidad étnica, adopte las medidas que sean necesarias en aras de propiciar la continuidad del proceso y garantizar efectivamente el derecho a la consulta previa objeto del amparo, en lo tocante a la orden tercera aludida.

CUARTO: Instar a la Defensoría del Pueblo a que siga cumpliendo con el rol que tiene atribuido, siendo relevante para avanzar, su intervención mediadora y garante de los derechos humanos involucrados en el presente asunto. […]”.

Al respecto, el Tribunal resolvió no acceder a la solicitud de protocolización de los acuerdos de 4 de mayo de 2014, reiterando los argumentos expuestos en el auto de 30 de julio de 2018.

Asimismo, ordenó a los partícipes del proceso de consulta previa ejercer sus competencias para que avanzara el proceso y se lograra la finalización del trámite.

Finalmente, requirió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que asumiera mayor activismo de sus competencias legales y reglamentarias, en especial, las de coordinación y seguimiento del proceso de consulta previa “[…] para que conforme a los protocolos por ellos diseñados para casos como este, en el que se presenten conflictos al interior de la comunidad étnica, adopte las medidas que sean necesarias en aras de propiciar la continuidad del proceso y garantizar efectivamente el derecho a la consulta previa objeto de amparo”.

La parte actora, mediante memorial radicado el 8 de octubre de 2018 ante el Consejo de Estado, solicitó adoptar medidas para dar cumplimento a la sentencia de tutela.

La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de proveído de 18 de octubre de 2018, remitió el memorial al Tribunal Administrativo de La Guajira con el fin de que adoptara las medidas pertinentes para hacer cumplir la orden de amparo.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, en auto de 19 de marzo de 2019, resolvió:

“[…] PRIMERO: Conminar a Carbones del Cerrejón Limited; a la comunidad de negros afrodescendientes del Caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira y a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que como directos partícipes del proceso de consulta previa ya iniciado, ejerzan el rol que a cada uno compete, adoptando los correctivos necesarios para que éste avance y logre su cometido, debiendo ceñirse con ese fin a la normativa y parámetros fijados en la doctrina constitucional recogida entre otros, en los fallos citados a lo largo de esta providencia, así como observando las directrices fijadas en este auto en tomo al cumplimiento de las órdenes tutelares examinadas.

SEGUNDO: Requerir a Carbones del Cerrejón Limited y a la comunidad de negros afrodescendientes del Caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira para que retomen las mesas de trabajo y de socialización, y así se proceda a dar solución frente al traslado de los restos mortales que reposan en el antiguo cementerio de Roche.

TERCERO: Convóquese al Procurador General de la Nación al presente trámite de verificación de cumplimiento, para que ejerza labor de supervisión, acompañamiento y seguimiento. Lo anterior, dentro de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias que tiene asignadas.

CUARTO: Instar a la Defensoría del Pueblo a que siga cumpliendo con el rol que tiene atribuido, siendo relevante para avanzar, su intervención mediadora y garante de los derechos humanos involucrados en el presente asunto.

QUINTO: Requerir a Carbones del Cerrejón Limited para que dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba el necesario oficio proveniente de la Secretaría de este Tribunal, remita copia de los contratos en los que conste la adquisición de los derechos que sobre predios de la comunidad de Roche, hicieron Intercor y Carbones del Cerrejón, desde el año 1997 y hasta el 10 de junio de 2003, fecha esta última en que fue proferida la Resolución 306 de 2003 expedida por la Alcaldía del municipio de Barrancas.

SEXTO: Por secretaría ofíciese al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, informándole con ocasión del proceso de tutela bajo radicado 44001310700120190001100 que ante él cursa, que en este Tribunal se lleva a cabo el presente trámite, con las indicaciones señaladas en la parte motiva de este auto. Además, ejecútese lo ordenado, líbrese los oficios correspondientes, hágase su entrega por el medio más expedito, verifíquese su recibido y en la oportunidad legal pásese el expediente al Despacho, con el informe correspondiente. […]”.

Sobre el particular, el Tribunal explicó que la Corte Constitucional, mediante providencias T – 226 de 2 de mayo de 2016, T – 086 de 6 de febrero de 2003, SU – 123 de 15 de noviembre de 2018 y A – 096 de 28 de febrero de 2017, se refirió a las facultades del juez de tutela para hacer cumplir una sentencia de amparo.

En ese sentido, señaló que, la Corte Constitucional revisó el contenido del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que indica que el juez “[…] adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo […]” y consideró que el juez de tutela puede adoptar dos clases de medidas: i) las que no involucran la alteración del fallo y ii) las que involucran la alteración del fallo.

Refirió que el juez solo puede ajustar o modificar las ordenes de un fallo de tutela, a efectos de garantizar su cumplimiento, en tres eventos: i) cuando la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; ii) implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o iii) es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.

Indicó que, en el caso sub examine, no se habían configurado ninguno de los eventos referidos, en la medida que la discusión de fondo se había cerrado con la sentencia de tutela y la actuación de cumplimiento no era el escenario para volver a reabrir debates clausurados ni para alterar en aspectos sustanciales las órdenes adoptadas en la sentencia.

Adujo que adoptaría actos de dirección para que se materializara la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y explicó que la razón principal por la que no había logrado llevar a término la consulta previa era “[…] una grave controversia al interior del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, controversia que ha sido uno de los coadyuvantes que ha impedido que se avance y culmine el proceso de consulta previa originado como consecuencia de la orden tercera del fallo de fecha 9 de diciembre de 2016 dictado por el Consejo de Estado y de las demás ordenes de amparo otorgadas. Así, el principal problema de las órdenes de tutela impartidas, relativas a la realización de consulta previa con la comunidad afrodescendiente de Roche, ha versado, esencialmente, sobre la definición del universo de beneficiarios de la orden tercera del Consejo de Estado, es decir, sobre que familias de la comunidad recaerán los beneficios, compensaciones e indemnizaciones […]”.

Expuso que en el caso no era viable realizar una protocolización sin acuerdos, pues ello desconocería de manera flagrante la orden impartida en el sentencia de tutela, en los siguientes términos “[…] pone de relieve que si la protocolización sin acuerdos conlleva un actuar en sentido contrario a ese cardinal requisito, es claro que la misma no se podría surtir, por cuanto significaría que se dejaría sin medidas de reasentamiento e indemnizatoria a la población de la comunidad que ha sido objeto de la orden tercera dada por el Consejo de Estado, situación que lógicamente no podría ocurrir, en cuanto pondría en peligro la existencia de la comunidad étnica […]”.

Resaltó que los desacuerdos al interior de la comunidad debían ser resueltos por sus propios miembros, por cuanto eran ellos “[…] quienes más que nadie tienen conocimiento sobre las personas que habitaban el Caserío de Roche, acuerden y señalen quiénes son verdaderamente los beneficiarios de la orden tercera del fallo del Consejo de Estado, y una vez hecho esto, en diálogo con el Cerrejón Limited -quien además cuenta con información sobre las personas a las que se les compró los predios desde el año 1997, información en torno a la cual se dispondrá requerimiento probatorio en la parte resolutiva de este proveído - procedan a evaluar y definir las medidas que deban adoptarse para otorgar los beneficios […]”.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 8 de mayo de 2019, requirió los informes a las autoridades competentes de demostrar avances en el trámite de consulta.

En las reuniones realizadas el 22 de mayo y 25 de julio de 2019, en el marco del trámite de consulta previa, a título de conclusión, se indica que no ha sido posible llegar a un acuerdo entre los intervinientes a efectos de cumplir la orden tercera de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado.

La solicitud de tutela

Pretensiones

El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1-Tutelar los Derechos Constitucionales al Debido Proceso, Igualdad, Consulta Previa, de las 33 Familias Nativas de la Comunidad afrodescendientes de Roche Municipio de Barrancas La Guajira, violados por El Tribunal Contencioso Admirativo de La Guajira donde está cometiendo Perjuicios Irremediables y Vías de Hechos en contra de las 33 Familias Nativas de la Comunidad afrodescendientes de Roche.

2-Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que deje Protocolizar los Acuerdos de fecha 4 del Mes de Mayo del año 2018 Celebrados entre las 33 Familias Nativas de la Comunidad afrodescendientes de Roche y La Empresa Carbones del Cerrejón en el marco del Proceso de Consulta Previa en Presencia de las Instituciones del Estado Competentes y organismos de Derechos Humanos que estuvieron Presente, y además estos Acuerdos no han sido anulados por ninguna Autoridad Competentes y son Reconocidos por la Empresa Carbones del Cerrejón en todas las Reuniones de Consulta Previa.

3- Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que en las Reuniones de Consulta Previa solamente deben Participar las 33 Familias Nativas de la Comunidad afrodescendientes de Roche que Cumplen lo Ordenado por el Consejo de Estado en su Orden Tercera, y no Permitir que Participen Familias de otras Comunidades que son las que han creados el Conflicto y no dejan que Protocolicen los Acuerdos de las 33 Familias Nativas de la Comunidad de Roche, porque el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, lo está apoyando Erróneamente Violando los Derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Consulta Previa y Autonomía de las 33 Familias Nativas de la Comunidad étnica de Roche Reconocidas.

4-Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que deje que el Ministerio del Interior Dirección de Consulta Previa continúe con la etapa de Protocolización por que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira Ordeno mediante Auto Interlocutorio No.50 de fecha 19 del mes de Marzo del año 2019, que el Ministerio del Interior se regrese y efectué todo el Proceso de Consulta Previa de Nuevo, con esta Determinación está Violando el Debido Proceso, Igualdad, Consulta Previa y Violando el Convenio 169 de la OIT, Directivas Presidencial 01 del año 2010, y la Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente Dr. ROBERTO AGUSTO SERRATO VALDES fecha 9 del mes de Diciembre del año 2016 Radicación. No. 44001-23-33-000-2016-00058-01 […]”.

La parte actora señaló que los derechos fundamentales de la Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche invocados supra están siendo vulnerados por las actuaciones y las omisiones del Tribunal Administrativo de La Guajira, el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa y la empresa Cerrejón, en la medida que:

No se ha protocolizado el de 4 de mayo de 2018.

Lo anterior, teniendo en cuenta que: i) el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante autos número 23 de 30 de julio de 2018, número 67 de 24 de septiembre de 2018 y número 50 de 19 de marzo de 2019 negó las solicitud de protocolización del acta de 4 de mayo de 2018; ii) el Ministerio del Interior se niega a la protocolización, a pesar de haber asistido a la reunión de la fecha en la que se firmaron los acuerdos entre las 33 familias nativas de la comunidad y la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited; iii) la Empresa referida, no reconoce los acuerdos suscritos el 4 de mayo de 2018 “[…] donde de las 33 familias 16 familias han fallecido y están reclamando sus derechos los herederos y estos fueron reconocidos por la Empresa Carbones del Cerrejón, la cual en el mes de junio de 2019 comenzó a realizar los procesos de sucesiones de los herederos de las 16 familias fallecidas, las 17 restantes son todas de adultos mayores enfermos e indefensos ante el poder que posee la empresa demandada […]”.

Refirió que el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la sentencia SU 123 de 15 de noviembre de 2018 proferida por la Corte Constitucional establecen que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos que pueden resultar afectados directamente por medidas legislativas o administrativas.

Indicó que el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 27 de agosto de 1993 definió a las comunidades negras como el “[…] conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos […]”. Asimismo, afirmó que los artículos 1 al 7 les reconocen derecho sobre su territorio.

El Tribunal estaba obligado a ordenar la protocolización, el Ministerio a efectuarla y la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited a cumplir el Acuerdo de 4 de mayo de 2018.

Lo anterior, en atención a que el Acuerdo citado es un pacto plurilateral vinculante para las personas que lo suscribieron, en el cual el Consejo Comunitario Ancestral del Caseríos de Roche del Municipio de Barrancas asistió a las reuniones y demostró su voluntad de llevar a cabo el trámite de consulta previa, según lo establecido en la sentencia T – 002 de 17 de enero de 2017 proferida por la Corte Constitucional.

Argumentó que el Representante Legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, La Guajira, era la única persona autorizada para realizar un acuerdo a favor de la comunidad, razón por la cual ninguna de las autoridades estatales podía imponer cuáles eran las instituciones que los representaban, según lo establecido en las sentencias T – 256 de 5 de mayo de 2015 y T – 063 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional.

Adujo que las personas que se oponían a la protocolización no cumplían con los requisitos establecidos por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 9 de diciembre de 2016. En ese sentido, afirmó: “[…] no todas las personas que están reconocidas y registradas en el Libro de Censo Interno del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, cumplen con lo exigido en la orden tercera del Consejo de Estado, a pesar de que sí son de Roche, lo que sucede es que esas 25 familias de Roche ya fueron reasentadas e indemnizadas en el año 2008, por lo tanto para que el Acuerdo tenga efectos jurídicos, solo requiere de la voluntad de las 33 familias nativas de Roche que no han sido reasentadas ni indemnizadas por la Empresa de Carbones de Cerrejón […]”.

Aclaró que: i) la Resolución núm. 87 de 7 de marzo de 2008 expedida por el Alcalde Municipal de Barrancas, La Guajira, estableció las familias de la Comunidad de Patilla y Chancleta que fueron reubicadas e indemnizadas, en cumplimiento de la sentencia T – 256 de 5 de mayo de 2015; ii) los señores “[…] EDER AURELIO ARREGOCES PINTO Y JAIME ALFONSO ARREGOCES TORRES, quienes pertenecen a la Comunidad de Chancleta y son los líderes que no dejan que se protocolicen los acuerdos de las 33 familias nativas de la Comunidad de Roche […]”; iii) el señor Yoe Jefferon Arregoces Ustate que pertenece a la Comunidad de Nuevo Roche fue reasentado e indemnizado en el 2008 y iv) reposan en el expediente las Escrituras Públicas y Certificados de Libertad y Tradición de las Familias de la Comunidad de Roche que vendieron sus derechos desde 1997 hasta el 10 de junio de 2003.

Señaló que el Tribunal de la Guajira se contradijo al no ordenar la protocolización del Acuerdo de 4 de mayo de 2018, por cuanto “[…] el día 7 del mes de noviembre de 2017 el mismo Tribunal dejó sin efectos jurídicos el Listado de las 514 familias que dicen ser de la Comunidad de Roche cuando en realidad son de las Comunidades Étnicas de Chancleta, Patilla y Tabaco, estas familias lo único que tienen es que son parientes de las familias de la Comunidad de Roche […]”.

Manifestó que la acción de tutela era procedente contra autos interlocutorios, explicó los eventos en los que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional se materializaban los defectos procedimental absoluto, fáctico y decisión sin motivación, pero no indicó las razones por las cuales las decisiones judiciales del Tribunal habían incurrido en tales defectos.

Finalmente, afirmó “[…] el Ministerio del Interior y la Empresa Carbonera del Cerrejón violan el artículo 29 de la Constitución Política […]” y adujo que el procedimiento de consulta previa entre la Comunidad Afrodescendiente de Roche y la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited “[…] no se aplica el Principio del Test de Proporcionalidad porque en esta Consulta Previa siempre la Comunidad étnica de roche ha asistido a las Convocatorias fijadas por el Ministerio del Interior y en esta se firmó los Acuerdos el día 4 de mayo de 2018 y estos tienen plena validez y este proceso de Consulta Previa tiene más de un 90 por ciento de avances solo falta la Protocolización, Seguimiento y Cierre del Proceso, por lo tanto en este caso tampoco es aplicable la Directiva Presidencial No. 10 del año 2013. Además el Test de Proporcionalidad cuando es viable o es aplicable se debe tramitar o aplicar Realizando una Reunión donde estén Presente la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia bajo el Principio de los Derechos Fundamentales al Debido Proceso e Igualdad […]”.

Actuación

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 24 de julio de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de la Guajira, al Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Representante Legal de la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre el particular.

De igual manera, dispuso vincular a la Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energías, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la Gobernación del Departamento de La Guajira, a la Alcaldía del Municipio de Barrancas – La Guajira, a la Defensoría del Pueblo – Regional La Guajira, a la Procuraduría General de la Nación – Procurador Ambiental y Agrario de La Guajira; en calidad de terceros interesados, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre el particular.

Informes de las partes demandadas y las partes vinculadas

El Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira, mediante escrito de 1.º de agosto de 2019, indicó que ha venido participando en las reuniones de consulta previa del Ministerio del Interior.

56.1. Señaló que, en la reunión de 4 de mayo de 2018, el señor Roberto Ramírez Díaz, Representante Legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del Municipio de Barrancas, La Guajira, y su apoderado, Pablo Segundo Ojeda, informaron la existencia de amenazas en contra de sus vidas e integridad física, y la Empresa Cerrejón comunicó cuáles fueron los criterios utilizados para identificar el universo de las familias que cumplían los requisitos para ser beneficiarias de la sentencia, las cuales eran 33 de 481 aproximadamente.

56.2. Refirió que hay una división al interior de la Comunidad Afrodescendiente de Roche respecto a las familias beneficiarias, por cuanto un grupo mayoritario de la comunidad no acepta que únicamente se les reconozca a 33 familias los beneficios, las compensaciones o las indemnizaciones ofrecidas por la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited.

56.3. Advirtió que la falta de consenso para la protocolización de los acuerdos ha sido objeto de análisis del juez constitucional en las providencias proferidas en primera instancia, en los trámites de verificación de cumplimiento y en los incidentes de desacatos iniciados, como se observa en el auto de 19 de marzo de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio del cual se resume toda la actuación surtida hasta esa fecha y se evidencia que se ha dado aplicación al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, insistió en que el juez encargado de la verificación del cumplimiento de la sentencia no es el competente para imponer de manera coercitiva un acuerdo entre las partes, por cuanto desnaturalizaría el proceso de consulta previa.

56.4. Informó que con posterioridad a que el Tribunal profiriera el auto de 19 de marzo de 2019 y, en cumplimiento del mismo, fueron celebradas las siguientes reuniones:

56.5. Reunión de 23 de abril de 2019: en la cual, en cumplimiento de la orden tercera de la sentencia de tutela i) se socializó el auto de 19 de marzo de 2019; i) los miembros de la comunidad efectuaron un recuento de las actividades realizadas en la consulta previa y solicitaron ampliar los mecanismos para comunicar lo relativo a las convocatorias de las reuniones; iii) el vocero de la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited manifestó la disposición para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y en la providencia referida y iv) la comunidad se comprometió a realizar una asamblea general para intentar solucionar las diferencias internas, el 4 de mayo de 2019, para que, posteriormente fueran convocados por la Dirección de Consulta Previa, el 23 de mayo de la misma anualidad, con el propósito de continuar con el cumplimiento del auto.

56.6. Reunión de 22 de mayo de 2019: convocada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para abordar lo relativo al cumplimiento de la orden tercera de la sentencia de tutela, en la cual: i) se informó que en la reunión de 4 de mayo de 2019 no fue posible dar solución a las diferencias internas de la comunidad, por cuanto entre los asistentes, se encontraban personas que no hacían parte de la misma; ii) la comunidad solicitó la realización de un estudio etnológico y la exclusión del señor Roberto Ramírez de las deliberaciones, por cuanto había sido expulsado de la junta directiva; iii) el señor Roberto Ramírez Díaz entregó un documento que se anexó al acta de la reunión y; iv) el Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira solicitó dar cumplimiento al auto de 19 de marzo de 2019 en el sentido que la Defensoría del Pueblo debía mediar entre los dos sectores de la comunidad, para luego continuar con las reuniones de la consulta previa, razón por la cual, se estableció que la mediación de la Defensoría debía realizarse el 5 y el 10 de junio de 2019.

56.7. Reunión del 20 de junio de 2019: la cual se llevó a cabo con un sector de la comunidad para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo del auto de 19 de marzo de 2019, consistente en retomar las mesas de trabajo y de socialización, con el fin de dar solución al asunto del traslado de los restos que reposan en el antiguo cementerio de Roche. No obstante lo anterior, en esta oportunidad no fue posible lograr un acuerdo debido a que los integrantes de la comunidad manifestaron que este aspecto no debía abordarse en las mesas de trabajo de la consulta previa, en el marco de lo orden tercera de la sentencia. Sobre el particular, el Representante Legal de la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited advirtió que si bien tienen disposición para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, lo cierto era que “[…] la orden no faculta para incluir el tema en consulta previa […]”.

56.8. Reunión de consulta previa de 25 de julio de 2019: en la cual el Representante de la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la gestión de mediación realizada al interior de la comunidad, en el cual señaló que se citó a la comunidad en dos fechas diferentes pero se logró abordar lo relativo al cumplimiento de la orden tercera de la sentencia de tutela, por cuanto no asistieron la totalidad de los convocados.

56.8.1. Al respecto, señaló que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior informó que al no haberse logrado un acuerdo entre las partes adoptaría las medidas necesarias, en el marco de sus competencias, y según lo establecido en la Directiva Presidencial número 10 de 7 de noviembre de 2013, a través de la cual se fijaron los lineamientos de la consulta previa.

El Representante de la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited, mediante escrito de 1º de agosto de 2019, informó que acreditó el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de La Guajira en las sentencias de 7 de abril y 9 de diciembre de 2016.

57.1. Al respecto, explicó que “[…] actualmente se encuentra protocolizada sin acuerdos de conformidad con el acto de consulta previa de 19 de diciembre de 2019. Pese a esto el H. Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, a través del Pluricitado Auto Interlocutorio No. 50 de 19 de marzo de 2019, ordenó: «PRIMERO: Conminar a Carbones del Cerrejon Limited; a la comunidad de negros afrodescendientes del Caseríode Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira y a la Dirección de Consulta Previa, para que como directos partícipes del proceso de consulta previa ya iniciado, ejerzan el rol que a cada uno compete… para que éste avance y se logre su cometido» (sic) […]”.

57.2. Advirtió, en cuanto a la determinación del universo de beneficiarios de la orden tercera contenida en la sentencia de 9 de diciembre de 2016, lo siguiente:

57.2.1. El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, en sus pronunciamientos respectivos, definieron que el grupo de los beneficiarios del ordinal tercero de la sentencia de tutela estaba constituido por aquellas personas que vendieron y habitaron antes del 10 de junio de 2003 en el Caserío de Roche, los cuales, quedaron excluidos de la Resolución No. 306 de 10 de junio de 2003, por medio de la cual la Alcaldía del Municipio de Barrancas estableció un listado predial, en el cual identificó un grupo de 292 personas como poseedores del Caserío referido.

57.2.2. Una vez se tuvieron en cuenta a las personas que vendieron y habitaron desde 1997 hasta el 10 de junio de 2013 y luego de subsanar las variables de quienes habitaron el territorio en ese periodo, se determinó que las personas que acreditaran los requisitos de la sentencia de tutela eran los beneficiarios del proceso consultivo, razón por la cual la empresa únicamente había reconocido como beneficiarios a 33 grupos familiares, los cuales estaban conformados por un total de 236 personas.

57.2.3. Los señores Yoe Jefferson y Eder Arregocés ya habían sido reasentados, habían recibido sus indemnizaciones y compensaciones y continuaban siendo beneficiarios de los programas sociales atribuibles al proceso de reasentamiento y, por tanto, no podían resultar siendo beneficiados por la consulta previa.

57.2.4. La comunidad y la empresa acordaron la ruta metodológica con enfoque diferencial de las etapas del proceso de consulta previa definidas en la Directiva Presidencial 10 de 7 de noviembre de 2013 y coincidieron en que los criterios señalados por el Tribunal para definir el universo de quienes estaban en el marco de la consulta previa eran los pobladores que habitaron el Caserío de Roche y los que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón entre el año 1997 y el 10 de junio de 2003.

57.2.5. Las partes acordaron: i) realizar jornadas de trabajo entre la empresa y las autoridades representativas de la comunidad para avanzar en la definición de los beneficiarios y realizar las demás actividades establecidas en la ruta metodológica; ii) dar espacios de reflexión interna a la comunidad y iii) validar los acuerdos logrados en las mesas de trabajo, en una reunión plenaria en el marco de la consulta previa ante la Asamblea del Consejo Comunitario y los asistentes en general.

El Representante de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante escrito de 2 de agosto de 2019, señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que lo expuesto por la parte actora no tenía relación con las competencias que normativamente le habían sido atribuidas, a saber, otorgar o negar licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; efectuar el correspondiente seguimiento a estos trámites; administrar el Sistema de Información de Licencias Ambientales –SILA– y; adelantar y culminar el procedimiento de investigación, prevención y sanción en materia ambiental, entre otras funciones, establecidas en la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Agregó que “[…] de la lectura de los hechos del escrito de tutela, no se evidencia que la controversia entre las partes haya surgido como consecuencia de una materia objeto de competencia por parte de esta autoridad, sino como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de la Guajira, en virtud de las cuales negó la protocolización de los acuerdos de consulta previa celebrados entre las 33 familias del Consejo Comunitario Ancestral del Caseríode Roche y la empresa del Cerrejón […]”.

El Ministerio de Minas y Energía, mediante escrito de 2 de agosto de 2019, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de esta entidad, por cuanto la entidad encargada de decidir sobre la controversia era el Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1066 de 26 de mayo de 2015 “Reglamentario Único del Sector Interior”.

El Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante escrito de 9 de agosto de 2019, indicó que en cumplimiento del ordinal tercero de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 y según lo establecido en la Directiva número 10 de 7 de noviembre de 2013, ha realizado las siguientes actividades:

“[…] ACTIVIDAD
CONCLUSIONES
1. Se convocó y realizó la primera reunión de Coordinación y Preparación de consulta previa el 07 de marzo de 2017, reunión convocada mediante OFI17-6506-DCP-2500 del 28 de febrero de 2017.
En esta reunión se concluyó que era necesario adelantar otra reunión de coordinación y preparación para definir la mejor manera de adelantar el cumplimiento del fallo.
2. El día 14 de marzo de 2017, se llevó a cabo la segunda reunión de Coordinación y preparación, según lo pactado en la reunión anterior.
Como conclusiones de esta reunión se estableció que:
a- En tanto la orden judicial ordena realizar consulta previa en términos distintos, se estableció dar cumplimiento al Fallo del Consejo de Estado en dos procesos consultivos. Uno, en cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero, y otro en cumplimiento del numeral cuarto de la parte resolutiva. En consecuencia, la Dirección de Consulta Previa convocó a reunión a Preconsulta el día 06 de abril de 2017 de conformidad al numeral tercero del fallo de tutela.
3. Se convocó a través del OFI17-10229-DCP-2500 del 24/03/2017 a la primera reunión de Preconsulta en cumplimiento de la orden tercera, la cual se llevó a cabo el día 06 de abril de 2017.
En la reunión de Preconsulta adelantada el día 06 de abril de 2017, para el numeral tercer se estableció la Ruta Metodológica para el proceso consultivo.
4. El día 27 de abril de 2017 se realiza la reunión de consulta previa en etapa de Apertura.
En la reunión, el señor Roberto Ramírez, Representante Legal del Consejo Comunitario, manifestó que en el espacio autónomo, la comunidad en asamblea decidió parar la consulta previa hasta no llegar a acuerdos sobre la propuesta que hizo la comunidad sobre la logística y los asesores por un valor de $382.755.000.

Se canceló la reunión programada para el 28 de abril de 2017, convocada por la Dirección de Consulta Previa mediante OFI17-14205-DCP-2500 de abril 24 de 2017, manifestando la comunidad que no asistiría hasta tanto se acordaran los asuntos de tipo logístico y de apoyo a asesores para el proceso de consulta.
5. Se realizó la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.
Se concluyó en esta reunión, lo siguiente:
El señor, Roberto Ramírez, realizó entrega formal del listado oficial de las Familias de Roche que vendieron a partir del año 1997 hasta el 2017. En esta lista parcial se presentan un número de 460 familias. Este listado fue elaborado por el Consejo Comunitario, ya que el mismo consejo decidió suspender las reuniones que se venían trabajando con la empresa, el Representante Legal manifestó que estas reuniones – 3 en total – fueron suspendidas por falta de garantías.

Sin embargo, la empresa solicitó que el Consejo Comunitario entregara un listado final y no un listado parcial para que este analizado por la empresa ya que si el listado era parcial entonces las propuestas y análisis de la empresa siempre será parcial.

En la medida que el listado no fuera definitivo la empresa no podría pronunciarse de manera definitiva. Solicitó la empresa adicionalmente, que estos listados estén bien elaborados en el sentido que los nombres estuvieran completos y también los números de identificación.

El Representante Legal del Consejo Comunitario se comprometió a que 15 de agosto de 2017 realizaría entrega del listado definitivo a la empresa.

La empresa Cerrejón, manifestó que el trabajo que han venido realizando todo el tiempo, y con el listado definitivo que le entregaron haría el análisis con criterios claros. Y que entregarían el resultado a más tardar el día 8 de septiembre de 2017. Manifestó la empresa que después del día 15 de agosto, no recibirían otro listado más.
6. Se convocó a través del OFI17-31179-DCP-2500 a reunión de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo de Proceso de Consulta Previa.
Esta reunión se llevó a cabo el día 27 de septiembre de 2017. En ella se concluye que:

Manifestó la empresa que el listado presentado por la comunidad el 15 de agosto de 2015 está conformado por 526 personas, y es sobre este listado que se está realizando el análisis.

Revisión del listado presentado por parte de la empresa:

De las 526 personas del listado presentado por el Consejo Comunitario Ancestral de Roche se encuentran 12 nombres escritos dos veces; por lo tanto se sugiere excluir 12 registros quedando 514 efectivamente.
De los 514 revisados, 110 no firmaron contrato. Quedando así 404.
De los 404, 185 no tienen mejoras. Quedando así 219.
De los 219, 47 ya fueron reubicados. Quedando así 172.
De los 172, 141 no aparecen en los censos. Quedando así 31.
De los 31, 4 vendieron con posterioridad a 2003. Quedando así 27.

De los listados a entregar a futuro, la empresa está dispuesta a revisarlos con la comunidad y a trabajar con ellos en las mesas. Es lo que manifestó Cerrejón. Además solicitó al consejo ancestral se entreguen los listados por unidades familiares y no por personas para un mejor entendimiento de la población a evaluar.[…]”.

Adujo que se llevaron a cabo tres convocatorias para la realización de la etapa de protocolización: i) el 19 de octubre de 2018; ii) el 3 de noviembre de 2018; y iii) el 19 de diciembre de 2018 y que en ninguna de ellas fue posible llegar a un acuerdo.

Explicó que ante la falta de consenso respecto a la lista de beneficiarios de la consulta previa, se celebraron otras reuniones (las cuales se realizaron el 23 de abril de 2019, el 22 de mayo de 2019 y el 25 de julio de 2019), “[…] sin que las partes lograran un consenso frente a las propuestas de cada una para el cumplimiento del fallo de tutela […]”.

De conformidad con lo anterior, la entidad concluyó que había cumplido con su función de dirigir y coordinar el proceso consultivo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante escrito de 8 de agosto de 2019, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto lo solicitado en el escrito de tutela no tenía relación con las funciones que le estaban normativamente atribuidas.

Agregó que la solicitud de amparo no cumplía con los requisitos generales de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad.

La sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de agosto de 2019, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y; de Minas y Energía.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del Consejo Comunitario Ancestral del Caseríode Roche, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia. […]”.

Aclaró que si bien, en el escrito de tutela, el actor había hecho referencia a los defectos procedimental absoluto, fáctico y decisión sin motivación, lo cierto era que no había indicado las razones por la cuales las decisiones judiciales controvertidas estaban afectadas por las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial referidas, razón por la cual no cumplía con el requisito de carga mínima argumentativa.

Señaló que lo que le correspondía analizar era si el Tribunal Administrativo de La Guajira, como autoridad competente de adelantar el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, debía ordenar al Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa la protocolización del “ACTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS - DEFINICIÓN DEL UNIVERSO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CACERÍO DE ROCHE Y LA EMPRESA DE CARBONES CERREJÓN LTDA. ANEXO 3” de 4 de mayo de 2018.

Refirió, respecto a las competencias del juez del trámite incidental de desacato, que su ámbito estaba determinado y limitado por la parte resolutiva de la sentencia de tutela y que no podía pronunciarse sobre aspectos que pudieren llegar a reabrir el debate jurídico resuelto, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Explicó que el Tribunal Administrativo de La Guajira había realizado el trámite de verificación de cumplimiento de la sentencia de tutela, de forma proactiva, en la medida que, mediante autos de 10 de julio de 2017; 24 de abril, 30 de abril, 30 de julio y 24 de septiembre de 2018 y; 19 de marzo y 8 de mayo de 2019, había proferido órdenes de dirección para la materialización de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016.

Aclaró que, contrario a lo manifestado por el actor, al Tribunal Administrativo de La Guajira no le correspondía evaluar las escrituras públicas ni los certificados de libertad y tradición de las familias de la Comunidad Afrodescendiente de Roche que vendieron sus derechos desde 1991 hasta el 10 de junio de 2003, “[…] ni establecer si de conformidad con a la Resolución No. 087 de 7 de marzo de 2008 las familias de la comunidad de Patilla y Chancleta fueron reubicadas e indemnizadas por orden de la sentencia T-256 de 2015, ni determinar si los señores “EDER AURELIO ARREGOCES PINTO Y JAIME ALFONSO ARREGOCES TORRES, quienes pertenecen a la Comunidad de Chancleta y son los líderes que no dejan que se protocolicen los acuerdos de las 33 familias nativas de la Comunidad de Roche” o, si el señor YOE JEFFERSON ARREGOCES USTATE fue reasentado e indemnizado en el 2008 […]”.

Resaltó que no había contradicción entre la no protocolización del Acuerdo de 4 de mayo de 2018 por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira y el auto proferido el 7 de noviembre de 2017, debido a que el Tribunal en la providencia referida no dejó “[…] sin efectos jurídicos el Listado de las 514 familias que dicen ser de la Comunidad de Roche cuando en realidad son de las Comunidades Étnicas de Chancleta, Patilla y Tabaco, estas familias lo único que tienen es que son parientes de las familias de la Comunidad de Roche […]” sino que lo que decidió en estricto sentido fue abstenerse de abrir el incidente de desacato, al considerar que lo sostenido por el actor, respecto a que la comunidad debía realizar su censo interno sin intervenciones de la compañía, ni lo propuesto por la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited resultaba válido para definir los beneficiarios del proceso consultivo.

Respecto a la representación legítima de las comunidades negras y afrocolombianas, una vez revisado el marco normativo y jurisprudencial, determinó que: i) el trámite de consulta se adelanta mediante los representantes de la comunidad, no con la comunidad en pleno, toda vez que se entiende que estos han escogido su representante legítimos de manera autónoma y ii) los acuerdos a los que se llega en el marco del trámite de consulta previa son vinculantes, siempre que en ellos se materialice la voluntad de la comunidad a través de sus representantes legítimos.

Al respecto, señaló que, en el caso sub examine, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante providencias de 30 de julio y 24 de septiembre de 2018 y 19 de marzo de 2019, consideró que no existía un consenso entre los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario respecto a los beneficiarios del ordinal tercero de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016, razón por la cual no era procedente la protocolización del acta de 4 de mayo de 2018, en la medida que a dicha reunión solo había asistido el señor Roberto Ramírez Díaz como Representante Legal del Consejo Comunitario y los demás miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario se oponían a los acuerdos fijados en esa fecha, específicamente en lo relacionado con la identificación de las 33 familias beneficiarias de la orden de amparo.

En ese sentido, aclaró que los órganos de representación legítima de las comunidades NARP – Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, son: i) la Asamblea General, como máxima autoridad; ii) la Junta Directiva, autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna y iii) el Representante Legal, que representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.

Asimismo, destacó que de lo expuesto en la Resolución número 001 de 14 de marzo de 2019, por medio de la cual se resolvió dejar sin efectos las actas de 26 de mayo y 16 de junio de 2018, en las cuales la Asamblea Extraordinaria del Consejo Comunitario había revocado el mandato del señor Roberto Ramírez Díaz y había designado nuevos dignatarios de la Junta Directiva, se evidenciaba una pugna por la representación de los intereses de la colectividad que no le correspondía al juez de verificación de cumplimiento de la sentencia de tutela y en la cual no podían intervenir las demás entidades parte del trámite de consulta previa. En ese sentido, afirmó:

“[…] En tal sentido, evidencia la Sección que mientras no exista un consenso dentro de la propia forma de organización de la comunidad afrodescendiente, a las entidades administrativas encargadas de acompañar el trámite de consulta previa, a la empresa que a lo largo de todas las diligencias de cumplimiento del fallo se han mostrado dispuestos a cumplir la orden de amparo y al Tribunal Administrativo de La Guajira les resulta imposible ordenar la protocolización de acuerdo en el marco del trámite de consulta previa, al que no ha podido arribar la propia colectividad. […]” (Se resalta).

De conformidad con lo anterior, la Sala consideró que en el caso no se materializaba la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por cuanto el Tribunal no debía ordenar la protocolización del acta de 4 de mayo de 2018 si no existía un consenso en la propia colectividad de la Comunidad Afrodescendiente de Roche.

Refirió que el test de proporcionalidad era procedente en aquellos casos en los que no es posible llegar a un acuerdo en el proceso consultivo, caso en el cual: i) las comunidades no tenían un derecho de veto sobre las medidas o proyectos y ii) las autoridades no podían imponer decisiones desproporcionadas e irrazonables para las comunidades étnicas, ya que ello tornaría al proceso de consulta carente de efectividad.

En ese sentido, señaló que, en el presente asunto, la consulta previa ordenada, mediante sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, tenía el carácter de posterior, por cuanto por las particularidades del proceso no era posible adelantar una consulta que pudiera denominarse en estricto sentido “[…] previa […]”, teniendo en cuenta que la orden de amparo buscaba adoptar medidas de reparación para proteger los derechos de la comunidad afectados por la actividad extractiva que estaba en operación.

Finalmente, adujo que el derecho a la consulta previa se había amparado con el fin de que se iniciara un trámite que incluyera a los pobladores que vendieron sus derechos desde el año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, y en el cual se llegara a un acuerdo sobre la forma de propiedad que adoptaría el nuevo asentamiento, de manera que consultara el principio de igualdad y tuviera en cuenta su identidad social y cultural y se garantizara la subsistencia de la comunidad de afrodescendientes de Roche, de forma que, no sería procedente protocolizar la consulta previa sin acuerdos, “[…] en la medida en que existe una providencia de tutela con órdenes específicas de amparo a favor de la comunidad […]” y […] es el propio Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche a quien corresponde resolver sus controversias internas y así facilitar que el trámite de consulta previa finalice […]”.

La impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de 28 de agosto de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“[…] PETICIONES:
1- Solicitar al Superior Jerárquico de Segunda Instancia Tutelar los Derechos a la Consulta Previa, Debido Proceso, Igualdad y Autonomía de las 33 Familias Nativas de la Comunidad Étnica Afrodescendientes de Roche y en su defecto Revocar la Sentencia de Acción de Tutela de Primera Instancia Proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 29 del mes de agosto del año 2019.

2- Solicitar al Superior Jerárquico Valorar las Pruebas idóneas que existen y que se han presentado a lo largo de este Proceso y Decretar una Inspección Judicial para determinar en qué Comunidad están Reasentados las personas que dicen que son de la comunidad de roche, cuando en la realidad habitan en otras comunidades como en Chancleta y Patilla Municipio de Barrancas y Tabaco Municipio de Hatonuevo, La Guajira, las cuales ayudan a resolver el problema que existe en la comunidad étnica de roche con relación al Proceso de Consulta Previa orden tercera del fallo del Consejo de Estado, porque solo 33 Familias Nativas de Roche cumplen con lo ordenado en la Orden Tercera del Consejo de Estado, además con relación al Acuerdo de fecha 4 del mes de Mayo del año 2018, el Consejo de Estado, Sección Quinta, no tiene competencia para definir si es válido o no, además la asamblea general de la comunidad de Roche, autorizo por escrito mediante actas al Representante Legal ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ, para definir el universo de beneficiarios y socializar los Acuerdos y luego Protocolizado. […]”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018; y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión Previa

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 8 de noviembre de 2019, declaró fundados los impedimentos manifestados por la Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón; el Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés y el Conjuez, doctor Jaime Humberto Tobar Ordónez.

Problemas jurídicos

En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver, con fundamento en la impugnación interpuesta por la parte actora, consiste en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la solicitud de tutela y, de ser así, establecer si el a quo definió la validez del Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018, aun cuando el Representante Legal del Consejo Comunitario determinó los beneficiarios referidos en el ordinal tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en virtud a la autorización de la “[…] Asamblea General de la Comunidad de Roche […]”.

Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la Consulta Previa de las comunidades afrodescendientes; y iv) la solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya enunciados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Antes de que se realice un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C – 590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora a la consulta previa, al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía étnica y cultural y al territorio colectivo ancestral.

La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al acceso a la consulta previa, al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía étnica y cultural y al territorio colectivo ancestral y, además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible vulneración de sus derechos fundamentales.

Al respecto, es preciso señalar que si bien, en la solicitud de amparo, la parte actora hizo referencia a los defectos procedimental absoluto, fáctico y decisión sin motivación, lo cierto es que no indicó las razones por la cuales las decisiones judiciales controvertidas estaban afectadas por las requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial referidas.

No obstante lo anterior, es preciso indicar que el a quo, teniendo en cuenta lo anterior, señaló que lo que le correspondía analizar era si el Tribunal Administrativo de La Guajira, como autoridad competente de adelantar el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, debía ordenar al Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa la protocolización del Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018, cargo respecto al cual se plantearon argumentos en la solicitud de tutela y en la impugnación, razón por la cual se advierte el cumplimiento de este requisito general de procedibilidad.

Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

Cumplió con el principio de inmediatez

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.

En la acción de tutela se alega un defecto procedimental, pero no se argumentó, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela. Sobre el particular, hay que advertir que este mecanismo judicial de origen constitucional, por regla general, resulta improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1 de octubre de 2015, fijó la excepción de la precitada regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación previa o posterior al mencionado fallo.

En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) el fallo de tutela es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, concluyó que al efectuar el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le corresponde identificar, en primer momento, en que escenario se profirió la providencia judicial cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los parámetros excepcionales previstos en cada escenario.

Así las cosas, advirtiendo que la actuación alegada por la parte actora acaece con posterioridad a la sentencia de tutela, en el marco del trámite de verificación de cumplimiento e incidente de desacato, y tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales invocados supra, la Sala observa que la solicitud de amparo cumple con este requisito general de procedencia excepcional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la Consulta Previa de las comunidades afrodescendientes

A nivel constitucional, el derecho fundamental a la consulta previa tiene relación directa con el carácter democrático, participativo y pluralista de la Carta Poítica (artículo 1); el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (artículos 7, 8, 9 y 70); y los principios de autodeterminación (artículos 9 y 286), la propiedad colectiva de los territorios ancestrales (artículo 63), el reconocimiento del derecho propio (artículos 246 y 330) y la participación de los grupos indígenas y tribales en los asuntos públicos que les conciernen (artículos 40, 171, 176, 329 y 330).

Al respecto, es preciso indicar que vía bloque de constitucionalidad, en sentido estricto, el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual fue aprobado por Colombia, mediante la Ley núm. 21 de 4 de marzo de 1991, se convirtió en un mecanismo directo de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales.

Asimismo, este derecho fundamental guarda relación con otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que tratan sobre la libre autodeterminación de los pueblos, dentro de los cuales destacan el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica” y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Sobre el particular, se advierte que la Corte Constitucional, mediante sentencia T – 955 de 17 de octubre de 2003 sostuvo que el Convenio núm. 169 de la OIT y las disposiciones constitucionales que protegen a los pueblos indígenas y tribales reivindican con claridad “[…] el derecho de las comunidades afrocolombianas a ser tenidas como pueblos, atendiendo las condiciones sociales, culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional […]”.

En ese sentido, es preciso indicar que el artículo 6 del Convenio núm. 169 de la OIT dispuso:

“[…] 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. […]” (Se resalta).

El artículo 6º del Convenio referido no constituye una disposición aislada, teniendo en cuenta que debe leerse en armonía con el conjunto de sus disposiciones que se dirigen a asegurar la participación de las comunidades indígenas en toda decisión que les concierna y a fomentar relaciones de diálogo y cooperación entre los pueblos interesados y los Estados parte, entre las cuales se encuentran:

“[…] Artículo 4. […] 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. […].

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: (a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente […].

Artículo 7. […] 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. […]” (Se resalta).

El enfoque de diversidad y autonomía es uno de los elementos principales para una adecuada interpretación y aplicación de las normas y principios asociados con la garantía de los derechos de las comunidades cultural o étnicamente diversas, en la medida que dispone que las culturas indígenas o afrodescendientes poseen vocación de permanencia y que los Estados deben respetar al máximo su derecho a definir sus prioridades y asuntos propios, como manifestación del principio de autodeterminación de los pueblos.

De conformidad con lo anterior, se observa que el Convenio núm. 169 de la OIT establece que los lineamientos sobre cómo se debe realizar la consulta previa, entre los cuales se encuentran: i) la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; ii) los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; y iii) uno de los componentes importantes del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

En este orden, el derecho a la consulta previa impide que la sociedad mayoritaria adopte decisiones que tienen incidencia en la existencia y desarrollo de las comunidades étnicas, sin contar con su participación, y con ello se garantiza que estos grupos definan, en forma libre y autónoma, las medidas más convenientes para su supervivencia y para su desarrollo económico, social y cultural. También se logra que participen en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos directamente.

Sobre el particular, se advierte que en los términos planteados por la Corte Constitucional, en la sentencia T – 550 de 26 de agosto de 2015, “[…] el criterio más relevante para determinar si un pueblo o individuo puede ser considerado indígena o tribal es el de auto identificación. Como colectividades humanas, los pueblos indígenas y tribales tienen una trayectoria social propia que se adapta a los cambios históricos y se reconfigura continuamente y que los derechos concedidos a las colectividades étnicamente diferenciadas no se pierden por el hecho de que algunos de sus integrantes vivan con menos apego que otros a sus tradiciones culturales […]”.

De igual forma, la sentencia de unificación SU – 123 de 15 de noviembre de 2018 proferida por la Corte Constitucional resaltó que “[…] (i) el objetivo de la consulta previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo intercultural el consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii) por medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto; (vii) la consulta debe ser informada, esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes. […]”.

Al respecto, se resalta que este derecho se debe garantizar a las comunidades afrodescendientes en concordancia con lo establecido en la Ley 70 de 27 de agosto de 1993 HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-766-15.htm" \l "_ftn45" \o "" [45], por medio de la cual desarrolló el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y la cual tuvo como propósito, entre otros, establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

Asimismo, se debe observar lo previsto en el Decreto 1745 de 12 de octubre de 1995, "[…] por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones […]", en el cual se establece que: i) las comunidades negras podrán constituirse en Consejos Comunitarios, que como persona jurídica ejercer la máxima autoridad de administración interna dentro de la comunidad, los cuales están integrados por una Asamblea General y una Junta del Consejo Comunitario; ii) la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo que toma las decisiones por consenso y, de no lograrse, por la mayoría de los asistentes; iii) la Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad, integrado por miembros elegidos y reconocidos por éste; y iv) el Representante Legal del Consejo Comunitario representa a la comunidad, en cuanto a persona jurídica, como se expone a continuación:

“[…] Artículo 3º. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

Artículo 4º. La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto, la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno. La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el seguimiento y evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar el título colectivo o cuando lo estime conveniente.

Artículo 5º. Quórum de la Asamblea General. El quórum mínimo para sesionar la Asamblea General será de la mitad más uno de sus integrantes. En el evento de no existir quórum en la fecha y hora convocadas, los asistentes podrán fijar fecha y hora para una nueva Asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los asambleístas reconocidos y registrados en el censo interno.

Artículo 6º. Funciones de la Asamblea General: […]
6. Decidir sobre las temas que por mandato de este decreto y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia. […].
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las comunidades negras.

Artículo 7º. La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.

Artículo 12. Funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario. Son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante el Incora, previo aval de la Asamblea General y de la Junta del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuándose, los usos por ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables. 4. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno. 5. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. […]” (Se resalta).

Análisis del caso concreto

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en primera y segunda instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela e impugnación presentada por la parte actora.

Acervo y análisis probatorios

Copia de la Resolución núm. 306 de 10 de junio de 2003 expedida por la Alcaldía del Municipio de Barrancas, por medio del cual incluyó al Caserío de Roche en el Plan de Ordenamiento Territorial, con un área de 14 hectáreas, equivalentes a 2.611 metros cuadrados, en el cual se identificaron 292 lotes. Al respecto, es preciso indicar que Carbones del Cerrejón Limited adquirió los derechos de posesión sobre los predios baldíos del Caserío de Roche, a los poseedores identificados en el acto administrativo referido.

Copia de la constancia de inscripción del Consejo Comunitario Ancestral “[…] Afrodescendiente […]” del Caserío de Roche expedida por la Alcaldía de Barrancas, el 26 de febrero de 2018, en la cual se establece que, con fundamento en lo previsto en el Acta núm.1 de 15 de diciembre de 2017 de la Asamblea General, la Junta Directiva quedaría conformada así:

“[…] No.
NOMBRES
[…]
CARGO
1
Roberto Ramírez Díaz

Presidente
2
Eder Arregoces

Vicepresidente
3
Yoe Jefferson Arregoces

Secretario
4
Jaime Arregoces Torres

Tesorero
5
Luis Arregoces

Fiscal
6
Dorys Amaya Ramírez

Vocal 1
7
Eduardo Gil

Vocal 2 […]”.

Copia del censo interno del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche del año 2012, en el cual aparece el nombre de 190 personas aproximadamente.

Copia de los Estatutos del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, aprobados en reunión de la Asamblea General de 25 de junio de 2014, por medio de los cuales se establece su naturaleza jurídica, objeto y conformación, entre otros, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 2. ° Naturaleza. El Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche es una asociación étnico comunitaria integrada por familias Afrodescendientes, que han habitado ancestralmente la comunidad de Roche en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, es una entidad, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con personería jurídica y se regirá por las disposiciones colombianas establecidas por la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993 y las demás que hacen parte de la legislación especial que reconoce los derechos de las comunidades negras.

Artículo 5.° Objeto. El Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche tendrá como objeto primordial, el trabajar por la protección, defensa y desarrollo de los derechos humanos de las familias Afrodescendientes de la comunidad ancestral de Roche como grupo étnico territorial y por el crecimiento del patrimonio sociocultural, económico y ambiental del pueblo Afrodescendiente, promocionar sus deberes y derechos, individuales y colectivos, como estrategia fundamental para contribuir con un armonioso etnodesarrollo de sus conocimientos culturales.

Artículo 9.° Conformación. Son miembros del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche todas las familias afrodescendientes y pobladores tradicionales, oriundos y residentes del territorio ancestral de la comunidad que compartan la cultura, las prácticas y relaciones de producción afrocolombiana. […].

Artículo 13.° Órganos de Dirección. Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, tendrá los siguientes órganos de dirección y administración:

1. La Asamblea General.
2. La Junta Comunitaria o Junta Directiva.
3. El Representante Legal o Presidente.

Artículo 14.° Asamblea General. La Asamblea General constituye el órgano supremo del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche y estará conformada por sus miembros fundadores y activos reunidos con el quórum establecido en estos estatutos.

Artículo 15.° De la Asamblea. Son atribuciones de la Asamblea General: […].

6. Determinar las pautas generales a las cuales debe someterse El Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche con miras al logro de sus fines. […].

9. Ejecutar todas las demás funciones que le corresponda en su carácter de suprema autoridad del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche y del territorio. […].

Artículo 16.° Presidencia de la Asamblea General. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta Comunitaria o sea el mismo Representante Legal del Consejo Comunitario. […].

Artículo 20.° Decisiones de la Asamblea General. Las decisiones de la Asamblea General, deberán ser aprobadas por mayoría de votos y serán de carácter obligatorio. […].

Artículo 23.° La Junta Comunitaria. Es la misma junta directiva del consejo comunitario y estará compuesto por los siguientes miembros:

1. Presidente o Representante Legal.
2. Vicepresidente.
3. Secretario.
4. Tesorero.
5. Fiscal.
6. Vocales.

La Junta Comunitaria se integrará la primera vez por designación de los miembros fundadores. La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. […].

Artículo 24.° La Junta Comunitaria. Corresponde a la Junta Comunitaria ejercer todos los actos relacionados con la administración del consejo, que no estén asignados a la Asamblea General y especialmente […].

5. Decidir sobre el ingreso, suspensión o expulsión de los miembros en los casos señalados por el reglamento respectivo. […].

Artículo 28.° Del Presidente. Son funciones del Presidente del Consejo:

1. Ejecutar y hacer cumplir los estatutos del Consejo Comunitario resoluciones, reglamentos y demás órdenes de la Asamblea General y del Consejo Directivo. […].

6. Las demás que le señale la Asamblea General o el Consejo Directivo. […].

Los presentes estatutos fueron aprobados por la asamblea en reunión del día 25 de junio de 2014. […]” (Se resalta).

Copia del “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS - DEFINICIÓN DEL UNIVERSO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE Y LA EMPRESA DE CARBONES CERREJÓN LTDA. ANEXO 3 […]” de 4 de mayo de 2018, la cual señala:

“[…]
Municipio: Riohacha/ Departamento de La Guajira.
Fecha: 4 de mayo de 2018 […]
Proyecto: Cumplimiento del Fallo de Segunda Instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado – Decisión Orden Tercera – Proy. 01347

ASISTENTES POR LA COMUNIDAD
1
ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
2
PABLO OJEDA
APODERADO
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE […].
DESARROLLO
[…] El delegado del ministerio del interior manifiesta que el Convenio 169 de la OIT establece que los procesos consultivos se pueden adelantar con las autoridades representativas de las comunidades; e invita al apoderado de la comunidad a hacer llegar a la Dirección de Consulta Previa todos los soportes en lo referente a las denuncias con relación a las amenazas recibidas.

El señor Pablo Ojeda apoderado de la comunidad hace un recuento del procesos de definición del universo y destaca el hecho de que existen presuntos beneficiarios que no son aptos para recibir beneficios, ya sea porque pertenecen a otras comunidades o porque ya recibieron beneficios, estas personas no aptas han expresado su inconformidad con el proceso, finalmente se estableció que hay 33 familias que cumplen con los requisitos para tener beneficios.

El apoderado de la comunidad realiza un recuento del proceso manifestando que primero se presenta la acción de tutela y la forma solo el representante sumado a que además era afectado. Se anexa la resolución 306 de 10 de junio de 2003, los delegados de la mesa técnica elaboraron unos listados y el Representante Legal se da cuenta que la mayoría de las personas ni siquiera son de La Guajira y asciende a 180 personas que no son de Roche, 145 que pertenecen a otras comunidades, otros que ya fueron indemnizados y se hace un análisis del mapa, del libro y unas pruebas que son idóneas y se demuestra que sólo 33 cumplen los criterios. El representante sabe quién pertenece a la comunidad y quien no, de allí se origina el conflicto entre él y los líderes.

El Sr. Andres Iguarán expresa su intención de continuar con el proceso y celebra el hecho de que existe un acuerdo, posterior se hace un recuento de cómo se estableció el número de beneficiario del proceso de consulta previa, concluyendo con los tres criterios para establecer los beneficiarios:
1. Todo aquel que tenga vivienda en el plano suministrado por la comunidad.
2. Todo aquel que estuviera registrado en la JAC de roche en 1996.
3. Las personas que hayan sido acreditadas como residentes.

El Sr. Andrés Iguarán expresa el hecho de que la comunidad al generar las listas iniciales de beneficiarios generó expectativas que han generado inconformidades en la población. […].

El Sr. Andrés Iguarán propone que quienes hicieron los listados deben informar a quienes no son aptos para beneficios porque no cumplen los requisitos, sin perjuicio de que la empresa haga la misma labor en posteriores etapas.

El Representante Legal del consejo está de acuerdo con la propuesta anterior y expresa su deseo de continuar con las 33 familias que conforman el universo del proceso de compensación de tal manera que el universo (sic) de manera autónoma e informada elija si quiere tomar el beneficio de manera individual o grupal. […].

Posterior la empresa expone como se definieron los integrantes del universo del presente proceso:
ANÁLISIS LISTADO PRESENTADO EN LA CONSULTA PREVIA DE ROCHE

DESCRIPCIÓN
CANT
COMENTARIOS

Total listado presentado por el Consejo Comunitario Afrodescendientes de Roche
526
Listado definitivo enviado el 15 de agosto de 2017, por los representantes del consejo comunitario ancestral de Roche.

Repetidos
12
Revisado el listado por parte del equipo del Cerrejón, asignado a esta tarea, se identificaron 12 personas con los mismos nombres y número de cédula.

Personas después de revisado el listado
514

No firmaron
110
Luego de revisados los listados en que se relacionaron las personas que firmaron contrato que tenían predios en Roche a partir de enero de 1997 hasta el 10 de junio de 2003 se encontró que 110 personas registradas en el listado definitivo no aparecen en nuestros listados y no tenemos soportes en nuestros archivos que hayan firmado o que se les haya pagado.

Subtotal
404

Fuera de fecha
231
Revisados los contratos de cesión de posesiones encontramos que 231 personas vendieron sus predios, posterior al 10 de junio de 2003.

Subtotal
173

Reubicados
24
Encontramos que 24 personas del listado definitivo hacen parte de hogares reubicados en las comunidades en reasentamiento, como el fallo ordena equipararlos a las familias reasentadas, ya con ellos la medida fue aplicada, para corroborar la información se revisaron los contratos de las familias reubicadas.

Subtotal
149

Tabaco
32
Al comparar con el listado de Tabaco, se encontró que 32 personas pertenecen a las familias de Tabaco.

Subtotal
117

Cifra a revisar
84
Revisados cada una de las 84 personas que cumplen con las condiciones, respaldados en el avalúo del IGAC de 1997 y el plano de la Alcaldía Municipal y IGAC del mismo año.

Subtotal
33

Total de Beneficiarios de la Orden Tercera
33
Revisadas estas personas si cumplen con los criterios establecidos entre el Consejo Comunitario Ancestral de Roche y Cerrejón.
1. Estar incluido en el plano elaborado por la Secretaría de Planeación del Municipio de Barrancas de año 1997 con mejoras.
2. Integrar el listado de la Junta de Acción Comunal de Roche 1996.
3. Tener la caracterización de residente en el informe elaborado para la Empresa. […]”. (Se resalta).

Copia del “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ETAPA DE PROTOCOLIZACIÓN EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA, CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE Y LA EMPRESA CARBONES CERREJON LTDA. […]” de 19 de diciembre de 2018, en la cual se estableció:

“[…] ASISTENTES POR LA COMUNIDAD
No.
NOMBRE
CARGO
REPRESENTA A
1
ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
2
EDGAR ARREGOCÉS
VICEPRESIDENTE
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
3
YOE ARREGOCÉS
SECRETARIO
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
4
JAIME ARREGOCÉS
TESORERO
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
DESARROLLO
[…] Se da lectura a las propuestas presentadas en la reunión:
ROBERTO RAMÍREZ, Representante Legal de la Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche solicita protocolizar el proceso de Consulta Previa con 33 familias beneficiarias.
EDER ARREGOCÉS, vicepresidente de la junta de la Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche manifiesta no estar de acuerdo con la protocolización del proceso de consulta con los 33 beneficiarios, por el contrario propone la suspensión del proceso consultivo, hasta cerrar las diferencias internas de la comunidad.
La empresa CARBONES DE CERREJÓN LIMITED, manifiestan estar de acuerdo con protocolizar con las 33 familias beneficiarias, conformadas por 236 personas; sin embargo, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por las diferencias internas existentes en la comunidad, solicitan al Ministerio del Interior, protocolizar sin acuerdos el proceso consultivo […].

5. VARIOS, CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
El delegado de la Dirección de Consulta Previa manifiesta que, es evidente la diferencia que sigue existiendo entre los miembros de la comunidad y así mismo, entre las partes, pues por más espacios que se han garantizado y propuestas para llegar a acuerdos, se avanza y retrocede en el proceso de consulta. Así mismo, manifiesta que ambas partes han expresado su deseo de dar cumplimiento a lo establecido en el fallo, sin embargo, no se logró el consenso entre la comunidad, motivo por el cual, se imposibilita llegar a acuerdos con la empresa Carbones del Cerrejón.
Conforme a lo anterior, se da por surtida la etapa de PROTOCOLIZACIÓN (sin acuerdos) del proceso de Consulta Previa en el marco del Cumplimiento del Fallo de Segunda Instancia […] toda vez que este proceso se vio ceñido a la concertación entre las partes, sin embargo, no se evidenció un acuerdo de voluntades entre los involucrados. (Se resalta).

Copia del escrito presentado el 11 de marzo de 2019 por la Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral de Roche, por medio del cual señalan que el Representante Legal del Consejo Comunitario debe actuar con fundamento en las directrices establecidas por la Asamblea y la Junta Comunitaria.

130.1. En ese sentido, indicó que, “[…] mediante Oficio radicado en el Ministerio del Interior con radicación EXTMI18-21712 de 29 de mayo de 2018, la Asamblea y la Junta del Consejo Comunitario expresaron en el encabezado del documento lo siguiente: “Asamblea General del Consejo Comunitario y poseedores de la Comunidad Ancestral Afrodescendiente de Roche, rechazan cualquier decisión unilateral que haya tomado el señor Roberto Ramírez en calidad de Presidente del Consejo Comunitario, con relación al universo de personas objeto de derecho en nuestra Comunidad Roche, así mismo, la Asamblea desautoriza al señor Roberto Ramírez, cualquier otra decisión que afecte a la colectividad, incluso para pactar acuerdos con cerrejón que afecten la comunidad” […]”.

Copia de la Resolución núm. 001 de 14 de marzo de 2019 expedida por el Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa del Municipio de Barrancas, por medio de la cual se dejaron sin efecto los actos administrativos en los que se había decidido revocar del cargo de Presidente del Consejo Comunitario al señor Roberto Ramírez Díaz y el nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva. En esta Resolución se explicaron las diferencias por parte de algunos miembros respecto a la persona que representaría a la comunidad, en cuanto a persona jurídica, como se expone a continuación:

“[…] El día 26 de mayo de 2018 una parte de los miembros del consejo se constituyeron en asamblea mediante acta extraordinaria decidieron revocar el mandato del señor Presidente ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ y otorgan facultades de presidente al señor vicepresidente a quienes invisten de presidente encargado y conformar una junta directiva en calidad de provisional. […].

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2018 el señor EDER ARREGOCES PINTO, actuando como presidente del consejo comunitario del Caserío de Roche, solicitó al secretario de gobierno y gestión administrativa la inscripción la nueva junta directiva elegida el día 15 de junio de 2018. […].

En tal sentido el señor presidente en este caso, ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ, por lo menos debió citarse a la reunión donde se iba a decidir su revocatoria, escuchar sus argumentos y darle la oportunidad de presentar descargos y que tanto el cómo los demás miembros de la junta directiva así como el resto de los miembros del consejo comunitario estuviesen enterados de la decisión que se estaba tomando […] (Se resalta).

Copia del “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, CON RADICADO […] 2016-00058-01 […] (ORDEN TERCERA) Y DEL AUTO 50 DEL 19 DE MARZO DE 2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA CON LA EMPRESA CERREJÓN LIMITED […]” de 23 de abril de 2019, en la cual se indicó que:

“[…] ASISTENTES POR LA COMUNIDAD
1
ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
2
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
DESARROLLO
“[…] La DCP solicita a las partes presenten sus propuestas sobre cómo lograr cumplir lo ordenado en el Auto de 19 de marzo […].
La comunidad, a través primero de uno de sus acompañantes manifiesta […].
Realizar una reunión de asamblea general para analizar y reflexionar con respecto a las diferencias internas del Consejo. De ésta, se generarían las estrategias para el desarrollo de la consulta previa. […].
También solicita que las convocatorias se hagan de manera más abierta para garantizar el bien del proceso y de la comunidad de la Roche. […].
El Representante Legal de la comunidad presenta otra nueva propuesta para el cumplimiento del Auto del 19 de marzo de 2019. Concuerda con la propuesta de la Asamblea, pero exige que se haga con los habitantes del Consejo Comunitario, no con personas externas ni mucho menos que hagan parte de otras comunidades étnicas.

Cerrejón saluda a los asistentes y expone su posición frente al Auto […].
2. Antes de plantear la posición de Cerrejón y luego del recuento que el Auto Interlocutorio No. 50 de 19 de marzo de 2019 realiza respecto de las etapas surtidas dentro del proceso de consulta previa, vuelve a exponer que los ejes centrales de las diferencias a lo largo del proceso de consulta previa, han sido tres:
Las diferencias en la interpretación en el alcance del fallo, problema que fue resuelto por los autos proferidos en respuesta a los incidentes de desacato presentados.
La definición del universo de beneficiarios, problema que fue resuelto por el acuerdo logrado entre las partes.
Las diferencias que se han presentado al interior de la comunidad. Debido a que hay un sector de la comunidad que se opone a la protocolización del acuerdo alcanzado. […].
Un miembro de la Junta del Consejo manifiesta que la posición de la empresa es la misma que se tenía en el pasado por lo cual, si no se modifica, no va a ser posible alcanzar los acuerdos que se buscan en el Auto.
De la lectura al aparte del Auto del 30 de julio de 2018 en el cual el Tribunal Administrativo de La Guajira en su página 10 manifiesta que no puede acceder a la petición de obligar al Ministerio del Interior a protocolizar el acuerdo que se tenía en mayo de 2018 […]”.
Un integrante de la Junta manifiesta que la mejor forma de definir el universo de beneficiarios es la elaboración de una matriz de impactos. Dicha propuesta la comunidad la realizó también en algunas reuniones de protocolización que se realizaron durante el año 2008.
Frente a la propuesta de realizar una herramienta como matriz de impactos para definir los beneficiarios, Cerrejón manifiesta que la definición de esas herramientas es válida, siempre que no se confunda con reabrir un proceso de consulta previa o con la exigencia de desarrollar las etapas de un nuevo proceso consultivo. En otras palabras, Cerrejón considera viable construir una herramienta para trabajar en el cumplimiento del auto que surja como resultado de la Asamblea. Una vez la comunidad tenga ese camino definido, se procederá a iniciar los trabajos con la empresa. Ésta reitera su disposición de revisar el número de beneficiarios que se presenten teniendo siempre como base para esa revisión lo estipulado en el Fallo y particularmente el Auto 50 del 19 de marzo de 2019.
Un integrante de la comunidad manifiesta que se debe establecer claramente el protocolo para definir el universo de beneficiarios. […]”. (Se resalta).

Copia del “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA […] (ORDEN TERCERA) Y DEL AUTO 50 DEL 19 DE MARZO DE 2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA CON LA EMPRESA CERREJÓN LIMITED […]” de 22 de mayo de 2019, en la cual se determinó lo siguiente:

“[…] ASISTENTES POR LA COMUNIDAD
1
ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
2
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
DESARROLLO
“[…] El consejo declara que aún no se han logrado acuerdos y afirma que lo que hay es contrario a la realidad así mismo, determinan que no debe participar el señor Roberto Ramírez en el proceso de consulta previa pues es excluido de la junta directiva.
El señor Roberto Ramírez toma la palabra y pide se haga la lectura del documento que el entrego a la DCP. Lectura que se realiza. […].
Un miembro de la comunidad indicó que se acogen a la propuesta de los entes de control para que se hagan reuniones internas entre la comunidad y ellos para tratar de tener (sic) de resolver sus conflictos internos. Así mismo, el Representante Legal acoge la propuesta y se definen las fechas para esos espacios […].
Otro miembro de la comunidad manifiesta que entre las 33 familias hay algunas que no tienen el derecho, manifestación que la volvió a recalcar otro miembro, en conclusión, una parte de la comunidad pretende se reconozcan 33 familias y otra parte 514 familias.
Se les permitió la palabra a todos los miembros, para que hicieran las manifestaciones de la asamblea del Consejo Comunitario. Los beneficiarios deberían salir de un estudio antropológico y sociológico propuesto […].

Copia del Oficio número OFI19 – 23944 – DCP – 2500 de 8 de julio de 2019, por medio del cual la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior convocó al Representante Legal, a la Junta Directiva y a la Asamblea de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, entre otros, a una reunión de Consulta Previa, el 25 de julio de 2019, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, según lo dispuesto en el Auto Interlocutorio número 50 de 19 de marzo de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Copia del “[…] ACTA DE CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE, EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA […] (ORDEN TERCERA) Y DEL AUTO 50 DEL 19 DE MARZO DE 2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA CON LA EMPRESA CERREJÓN LIMITED […]” de 25 de julio de 2019, en la cual consta:

“[…] ASISTENTES POR LA COMUNIDAD
1
ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
2
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE
DESARROLLO
“[…] El señor Roberto Ramírez – Representante Legal del Consejo Comunitario –, allega a la presente diligencia oficio en cinco (5) folios útiles, en el que solicita la protocolización de acuerdos del 4 de mayo de 2018, respecto de las 33 familias reconocidas […].
Interviene el Representante de la Defensoría del Pueblo, a efectos de precisar que se convocó a los dos espacios de concertación y mediación previamente acordados en reunión del 22 de mayo de 2019, sin comparecencia de la totalidad de los convocados, haciendo énfasis en que en su rol de garante de derechos y en acatamiento del fallo judicial, ha adelantado las actuaciones pertinentes. […].
Posteriormente, se le concede el uso de la palabra al miembro de la comunidad – Eder Aurelio Arregoces, quien ostenta el cargo de vicepresidente del Consejo Comunitario de la Comunidad Ancestral de Roche, quien presenta la siguiente propuesta: Revisar los contratos de todo el que habitó y vendió el territorio del antiguo Roche desde el año 1997 hasta diciembre de 2005, además de ello revisar los casos de los que hayan vendido después de la fecha en mención sin recibir beneficios dentro del territorio […].
Después de presentadas las respectivas propuestas, que fueron adoptadas en el marco de la mesa de trabajo, esta Dirección lamenta que no se haya logrado acuerdo entre la Comunidad de Negros Afrodescendientes del Caserío de Roche y la empresa Cerrejón Limited, debido a que no fue posible establecer un criterio unánime entre los mismos, haciendo claridad en que la empresa ejecutora mantiene su posición de dar estricto cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado, debido a que se trata del acatamiento de una decisión judicial, y su accionar debe estar encaminado a dar cabal cumplimiento a la misma; y adicional a ello, habría violación del acuerdo alcanzado en la apertura del proceso de consulta previa. […]” (Se resalta).

Documento “[…] Bárbaros Hoscos: historia de la (des) territorialización de los negros de la comunidad de Roche […]”.

Solución del caso concreto

La parte actora manifestó en el escrito de impugnación que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en su calidad de juez de tutela, no podía definir la validez del Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que la Asamblea General del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche lo había autorizado, mediante actas, para determinar el universo de beneficiarios referidos en el ordinal tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Al respecto, es preciso aclarar que el a quo determinó que lo que le correspondía analizar, al resolver la sentencia de primera instancia, era si el Tribunal Administrativo de La Guajira, como autoridad competente de adelantar el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, debía ordenar al Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa la protocolización del “ACTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS - DEFINICIÓN DEL UNIVERSO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA CON LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CACERÍO DE ROCHE Y LA EMPRESA DE CARBONES CERREJÓN LTDA. ANEXO 3” de 4 de mayo de 2018.

Sobre el particular, el juez de tutela, en primera instancia, resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo, por considerar que el Tribunal no debía ordenar la protocolización del Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018 si no existía un consenso en la propia colectividad de la Comunidad Afrodescendiente de Roche.

En ese sentido, argumentó que, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial de la representación legítima de las comunidades negras y afrocolombianas, el trámite de consulta previa se debía adelantar por intermedio de los representantes de la comunidad y los acuerdos a los que se llegara en el marco del trámite referido eran vinculantes siempre y cuando fueran una materialización de la voluntad de la comunidad, a través de sus representantes legítimos.

Asimismo, el a quo determinó que, una vez revisado el acervo probatorio, se observaba que no existía un consenso entre los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario respecto a los beneficiarios del ordinal tercero de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016, razón por la cual no se había protocolizado el Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado no definió la validez del Acta referida sino que para resolver sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, analizó la importancia de la representatividad en los trámites de consulta previa y determinó que, en el caso sub examine, no se evidenciaba que este componente se viera reflejado en el proceso de decisión, por medio del cual se determinó que 33 familias componían el universo de beneficiarios del ordinal tercero de la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016.

Adicionalmente, la parte actora, en el escrito de impugnación, solicitó valorar las pruebas “[…] idóneas que existen y que se han presentado a lo largo de este proceso […]” y refirió que Asamblea General del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche lo había autorizado, mediante actas, para determinar el universo de beneficiarios referidos en el ordinal tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

En este aspecto, esta Sala, en el acápite de acervo y análisis probatorios, apreció las pruebas decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza y, al respecto, advierte que, contrario a lo manifestado por la parte actora, no se observa que la Asamblea General hubiere autorizado al señor Roberto Ramírez Díaz para adoptar la decisión consignada en el Acta de Consulta Previa de 4 de mayo de 2018.

En ese sentido, una vez analizado el marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la Consulta de las comunidades afrodescendientes se establece que los trámites de consulta previa se deben realizar a través de las instituciones representativas de la comunidad, dentro de las cuales se encuentra el Consejo Comunitario que está conformado por una Asamblea General y una Junta Directiva y el cual cuenta con un Representante Legal, que lo representa en cuanto a persona jurídica.

Así las cosas, se observa que, con fundamento en el principio de representatividad y el enfoque de diversidad y autonomía, elemento principal de interpretación y aplicación de normas y principios asociados con la garantía de los derechos de estas comunidades, no se podría concluir que el Representante Legal del Consejo Comunitario pueda tomar las decisiones sin tener en cuenta la opinión de la propia colectividad de la Comunidad Afrodescendiente de Roche y sus órganos directivos

En atención a lo anterior, se resalta que en la reunión de 4 de mayo de 2018, en la cual se determinó el número de 33 familias beneficiarias, por parte de la comunidad asistió el señor Roberto Ramírez Díaz, en su condición de Representante Legal del Consejo Comunitario, y el señor Pablo Ojeda, en su calidad de apoderado; sin embargo, en las reuniones de 19 de diciembre de 2018, 23 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 22 de mayo de 2019 y 25 de julio de 2019, en las cuales se manifestó “[…] no estar de acuerdo con la protocolización del proceso de consulta con los 33 beneficiarios […]” asistieron los miembros de la Junta Directiva y los integrantes de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, razón por la cual se consideró que no existía una vulneración de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela.

Finalmente, respecto a la solicitud de “[…] Decretar una Inspección Judicial para determinar en qué Comunidad están Reasentados las personas que dicen que son de la comunidad de roche […]”, es necesario señalar que i) visto el artículo 22 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, referente a las pruebas en la acción de tutela, según el cual “[…] el juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas […]”; ii) teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, mediante sentencias T – 074 de 28 de enero de 2000 y T – 699 de 29 de agosto de 2002, explicó que el juez de tutela tiene amplias facultades probatorias y tienen el deber de decretar y practicar pruebas de oficio cuando no obran suficientes elementos de juicio para decidir el asunto; y iii) atendiendo a que, una vez revisado el acervo probatorio se tienen elementos de prueba suficientes para resolver la impugnación; esta Sala considera que no resulta necesario el decreto de la inspección judicial solicitada en el escrito de impugnación.

Sobre el particular, es preciso resaltar que la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 034 de 3 de mayo de 2018, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato, razón por la cual no procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del trámite incidental.

Conclusiones de la Sala

En suma, la Sala confirmará lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia proferida, en primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2019, por medio del cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Consejero de Estado Conjuez

Esta calidad se acreditó a través de la Resolución No. 001 de 4 de marzo de 2019 expedida por la Alcaldía del Municipio de Barrancas – La Guajira y la “[…] Constancia de Inscripción del Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes ante la alcaldía municipal de Barrancas, departamento de La Guajira […]”, suscrita por el alcalde de la entidad territorial, el 17 de julio de 2019, en la que el actor figura como Presidente del Consejo Comunitario Ancestral.
“[…] Los pobladores usan el nombre Nuevo Roche para referirse al reasentamiento y mantienen el nombre de Roche para el antiguo asentamiento […]”, así lo refiere el Libro Bárbaros Hoscos: Historia de la (des)territorialización de los negros de la comunidad de Roche. Editorial: Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) y Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdéz. Corte Constitucional, Sentencia T – 226 de 2 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, Referencia: expediente T– 5010277. Corte Constitucional, Sentencia T – 086 de 6 de febrero de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Referencia: expediente T-650948. Corte Constitucional, Sentencia SU – 123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, Referencia: Expediente No. T- 4.926.682. Corte Constitucional, Auto A – 096 de 28 de febrero de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, Referencia Expediente T-3287521 (AC). Por medio del cual se hace seguimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia T-774 de 2015. Cfr. Folio 19
Corte Constitucional, Sentencia SU 123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, Referencia Expediente No. T- 4.926.682.
"Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”. Corte Constitucional, Sentencia T – 002 de 17 de enero de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos, Referencia: Expediente No. T- 5.635.565. Corte Constitucional, Sentencia T – 256 de 5 de mayo de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, Referencia: expediente T-4.587.990. Corte Constitucional, Sentencia T – 063 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. Referencia: Expediente T-4541143. Corte Constitucional, Sentencia T – 256 de 5 de mayo de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, Referencia: expediente T-4.587.990. Guía metodológica para la realización del proceso de consulta previa con comunidades étnicas. Desarrolla de forma delimitada los procesos de certificación de presencia o no de comunidades étnicas y el desarrollo metodológico de las consultas previas. Folios 253 a 255. Folios 256 a 259. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Folios 270 a 273. Folios 401 a 408. Folios 409 a 414. Cfr. Folios 74 a 78
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Los cuales fueron comunicados el 11 de diciembre de 2019. Al respecto, la providencia señaló: “[…] 9.

Atendiendo a que, en el presente caso, la Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón, como integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, suscribió la sentencia proferida, en primera instancia, el 28 de agosto de 2019, en la acción de tutela de la referencia cuando se encontraba en encargo del Despacho de que era titular el doctor Alberto Yepes Barreiro, la Sala considera que se configura la causal de impedimento establecida en el numeral 6.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. […] 10. el Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, como integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado suscribió la sentencia proferida, el 9 de diciembre de 2016 […] y el doctor Jaime Humberto Tobar Ordónez, fue apoderado de la Empresa “[…] Carbones del Cerrejón Limited […]”, la cual es parte demandada en la presente acción de tutela […]”. Sobre el particular, la parte actora en su escrito de impugnación señaló: “[…] con relación al Acuerdo de fecha 4 del mes de Mayo del año 2018, el Consejo de Estado, Sección Quinta, no tiene competencia para definir si es válido o no, además la asamblea general de la comunidad de Roche, autorizo por escrito mediante actas al Representante Legal ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ, para definir el universo de beneficiarios y socializar los Acuerdos y luego Protocolizado. […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que la solicitud de tutela se interpuso el 27 de junio de 2019, esto es, antes de que transcurrieran (6) meses después de proferido el auto de 19 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de La Guajira. Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550 01.
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”. Corte Constitucional, sentencia T – 002 de 17 de enero de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia: Expediente No. T- 5.635.565.

Los cuales fueron aprobados, mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". La cual fue aprobada, mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, “por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". La cual fue aprobada, mediante la Ley 22 de 22 de enero de 1981, “por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966”. Corte Constitucional, sentencia T – 955 de 17 de octubre de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Referencia: expediente T-562887. Corte Constitucional, Sentencia T – 766 de 16 de diciembre de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Referencia: expediente T-4.327.004. Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, la Corte sostuvo que respecto de los grupos tribales “Es la conciencia de la identidad colectiva la que se considera fundamental para identificar a los destinatarios de las disposiciones del Convenio”. Corte Constitucional, Sentencia SU – 123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, Referencia: Expediente No. T- 4.926.682.
“[…] Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. […]”. Cfr. Folio 33. Cfr. Folios 34 a 40. Cfr. Folios 53 a 57. Quien se desempeñaba como Supervisor de Gestión de Desarrollo de la Empresa de Carbones El Cerrejón Limited. Cfr. Folios 332 a 362. El documento lo suscribieron el señor Eder Aurelio Arregoces, Vicepresidente; Yoe Arregoces, Secretario; Eduardo Gil, Vocal; y Doris Amaya, vocal de la Junta Directiva del Consejo Comunitario. Cfr. Folios 479 a 515.
“[…] Por medio de la cual se resuelve una impugnación contra el acta número 1 de 26 de mayo de 2018 y del 16 de junio de elección de Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche Municipio de Barrancas – Departamento de La Guajira […]”. Cfr. Folios 146 a 155. El artículo 12 del Decreto 1745 de 1995 establece que el Representante Legal del Consejo Comunitario tiene como función “[…] representar a la comunidad, en cuanto a persona jurídica […]”. Cfr. Folios 156 a 161. Cfr. Folios 165 a 166. Cfr. Folios 382 a 389.
“[…] El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas […]” (Se resalta). Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Corte Constitucional, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Referencia: expedientes acumulados T-245219, T-245220 y T-242762. Corte Constitucional, M.P.

Alfredo Beltrán Sierra. Referencia: expediente T-587.248. Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia: Expediente T-6.017.539.

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