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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-03262-00

Acción de tutela contra providencia judicial: configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

Fecha
8 de agosto de 2019
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-03262-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Concédese el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración del Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. – DAS Fondo Rotatorio. En consecuencia, déjase sin efectos la providencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F para que, en su lugar, profiera una de reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este proveído, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-03262-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

8 de agosto de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial / RELIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIO DEL DAS - Inclusión de prima de riesgo

Para la parte actora, sus derechos fundamentales fueron desconocidos con ocasión de la providencia (…) proferida por la autoridad judicial acusada, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor [C.T.D.] contra la Fiduprevisora y su fondo rotatorio del extinto DAS y la Contraloría General de la República, tendientes a que se le reconociera la prima de riesgo devengada durante el tiempo que laboró para el extinto DAS, como un factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales distintas a la pensión. (…) [Para la Sala], sí le asiste razón al Patrimonio Autónomo Fiduprevisora en este caso, al precisar que la autoridad judicial acusada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente de esta Corporación, toda vez que, no podía reconocerse la reliquidación de las demás prestaciones sociales del señor [C.T.D.] con fundamento en la prima de riesgo, toda vez que, es la misma norma la que no le concedía la naturaleza de factor salarial a la mencionada prima y, la referida sentencia de unificación no contempló la posibilidad de efectuar un nuevo cálculo sobre haberes distintos a los pensionales. Como el señor [C.T.D.], se itera, no solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial constitutivo de su ingreso base de liquidación pensional, pues lo que pretendía era la reliquidación de prestaciones sociales con fundamento en dicho emolumento y que fueron liquidadas una vez fue retirada del extinto DAS sin tener en cuenta la pluricitada prima, no era de recibo acceder a tales pretensiones, en tanto que las normas y la jurisprudencia vigente para el momento en que se expidió la providencia acusada, era clara en señalar que procedía el reconocimiento de la prima de riesgo solo para efectos pensionales. Ahora, en lo que concierne a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, la Sala debe precisar que la misma no resulta aplicable al caso, pues, (…) no guarda relación fáctica con el caso bajo estudio, (…) la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 797 DE 2003 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 2646 DE 1994 / DECRETO 2546 DE 1994 - ARTÍCULO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03262-00(AC)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO PÚBLICO PAR FIDUPREVISORA DAS Y SU FONDO ROTATORIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la entidad actora, actuando mediante apoderada, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación, el 15 de julio de 2019, el Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y su fondo rotatorio, mediante su apoderada judicial, presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F, con ocasión de la sentencia del 15 de marzo de 2019, dictada por dicha autoridad judicial, mediante la cual se confirmó la providencia de primera instancia en la que se condenó al referido patrimonio autónomo a reliquidar las prestaciones sociales distintas de la pensión, del señor Camilo Torres Díaz , durante el tiempo que estuvo vinculado al extinto DAS, con la inclusión de lo percibido por concepto de prima de riesgo, como factor salarial.

Lo anterior en consideración a que, según lo sostiene la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en unos presuntos defectos: i) sustantivo, por indebida interpretación del artículo 53 de la Constitución Política y ii) por desconocimiento del precedente de esta Corporación.

En concreto, precisó lo siguiente:

«Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados:

PRIMERA: Respetuosamente solicito a su Despacho tutele los Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la administración de justicia, así como a los principios constitucionales de favorabilidad, eficacia, economía y celeridad, a los pronunciamientos del Consejo de Estado, y demás derechos fundamentales que están siendo vulnerados, por el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, en sentencia de segunda instancia de fecha 15 de marzo de 2019 notificada por correo electrónico el día 29 de mayo de 2019 dentro del expediente con radicado número de (sic) 11001333571820140008500, Demandante: Camilo Torres Díaz. Demandado: Contraloría General de la República, Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto Departamento Administrativo DAS y su Fondo Rotatorio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con ponencia del Magistrado Dr. Luis Alfredo Zamora Acosta, al resolver la apelación en contra de la providencia dictada en audiencia inicial por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el día 15 de marzo de 2019. Por considerar que dicha sentencia se fundamenta en una actuación arbitraria contraria al ordenamiento jurídico y al precedente jurisprudencial, que además de los derechos fundamentales vulnerados ya enunciados, desconoce normas de rango legal e interpreta indebidamente las mismas, desconoce los precedentes jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, viola directamente a (sic) Constitución Política de Colombia, al no tener en cuenta los parámetros ordenados por el Consejo de Estado, al confirmar la sentencia recurrida sin tener en cuenta el precedente jurisprudencial del 28 de agosto de 2018 y darle un alcance al artículo 4° del Decreto 2646 de 1994 que no tiene.

SEGUNDA: Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F acoja el pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018 del H. Consejo de Estado referente a que con la sentencia proferida el 15 de marzo de 20189 notificada por correo eléctrico el día 29 de mayo de 2019 dentro del expediente con número radicado 11001333571820140008500 por cuanto se está desconociendo la potestad de configuración legislativas que tiene el Congreso toda vez que el Decreto 2646 de 1994 señala claramente en su artículo 4° que la prima de riesgo no constituye factor salarial y que en razón a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de Consejo de Estado hubo cambio de escenario jurisprudencial con ocasión a la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018.

TERCERA: En consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el fallo proferida (sic) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, sentencia de segunda instancia de fecha 15 de marzo de 2019 notificada por correo electrónico el día 29 de mayo de 2019 dentro del expediente con número de radicado 11001333571820140008500 Camilo Torres Díaz. Demandado: Contraloría General de la República, Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto Departamento Administrativo DAS y su Fondo Rotatorio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con ponencia del magistrado Dr. Luis Alfredo Zamora Acosta al resolver la apelación en contra de la providencia dictada en audiencia inicial por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, del día 01 de noviembre de 2017 notificada por correo electrónico día 07 de noviembre de 2017.

CUARTA: Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales de mi poderdante, se ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo de tutela, se disponga DEJAR SIN EFECTOS, el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, sentencia de segunda instancia de fecha 15 de marzo de 2019 notificada por correo electrónico el día 29 de mayo de 2019 dentro del expediente con número de radicado 11001333571820140008500. Demandante: Camilo Torres Díaz. Demandado: Contraloría General de la República, Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del Extinto Departamento Administrativo DAS y su fondo rotatorio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con ponencia del magistrado Dr. Luis Alfredo Zamora Acosta, al resolver la apelación en contra de la providencia dictada en audiencia inicial por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el día 01 de noviembre de 2017 notificada por correo electrónico el 07 de noviembre de 2017, y en efecto ordenar sustituir por otra providencia en la cual se ordene aplicar y darle el alcance que debe tener el precedente judicial contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2048 (sic) del H. Consejo de Estado».

La solicitud tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos

Indicó que el señor Camilo Torres Díaz, por intermedio de apoderado judicial, presentó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Bogotá demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y por reparto correspondió al Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.

Comentó que dentro de las pretensiones de la demanda antes mencionada solicitó que se declare la nulidad del oficio E – 2310, 18-2014105863 del 4 de abril de 2014 proferido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS – suprimido, el cual negó al señor Camilo Torres Díaz el reconocimiento y pago como factor salarial de la denominada prima de riesgo en la liquidación de las prestaciones sociales.

Anotó que mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2016 notificado por estado del 16 de noviembre de 2016, el Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá ordenó tener como sucesor procesal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE al PAP Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. defensa jurídica del extinto Departamento Administrativo DAS y su Fondo Rotatorio.

Sostuvo que en la audiencia inicial llevada a cabo el día 1° de diciembre de 2016 el Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. defensa jurídica del extinto Departamento Administrativo DAS y su fondo rotatorio interpuso recurso de apelación contra el auto que declaró no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de este patrimonio autónomo.

Precisó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, resolvió de manera desfavorable y confirmó la decisión adoptada en audiencia inicial por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá mediante auto de 26 de abril de 2017, notificado por estado del 27 de abril de 2017.

Anotó que el juzgado de conocimiento, mediante auto del 16 de junio de 2017 notificado por estado del 20 de junio de 2017, fijó nueva fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial para el 1º de noviembre de 2017.

Señaló que el Juzgado 57 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, el 1° de noviembre de 2017, continuó con la audiencia inicial, en la cual tanto el Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. defensa del extinto Departamento Administrativo DAS y su Fondo Rotatorio y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentaron alegatos de conclusión y solicitaron que la prima de riesgo no se tenga como factor salarial al liquidar las prestaciones sociales del demandante por cuanto el Decreto 2646 de 1994 de manera expresa sostiene que la misma no es factor salarial.

Apuntó que el referido juzgado dictó sentencia el 7 de noviembre de 2017 en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al PAP Fiduprevisora S.A. disponiéndose: i) declarar probada la excepción de prescripción trienal del reajuste solicitado, ii) inaplicar en virtud de la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4° de la Constitución Política el artículo 4° del Decreto 2646 de 1994 pero solo al subrayado “no” en lo atinente a que “la prima de riesgo no constituye factor salarial” por hallarse en contradicción y violar el artículo 53 de la Carta Política, iii) declarar la nulidad del acto administrativo acusado, iv) reliquidar desde el 31 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013 las prestaciones sociales causadas y debidamente certificadas que haya percibido el señor Camilo Torres Díaz con inclusión de la prima de riesgo como factor salarial, en el porcentaje de 30% que devengó durante su vinculación laboral, v) condenó en costas y agencias en derecho a la Fiduprevisora S.A.

Relató que el 10 de noviembre de 2017, la accionante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión.

Sostuvo que el 15 de marzo de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, profirió sentencia de segunda instancia en el sentido de revocar la condena en constas y confirmar la decisión apelada en lo demás.

3. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que se vulneraron sus garantías constitucionales, pues a su juicio, con la providencia cuestionada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Argumentó que la autoridad judicial demandada desconoce la normatividad contenida en disposiciones sustantivas de alcance nacional que regulan que la prima de riesgo no es constitutiva de factor salarial.

Indicó que igualmente desconoce el precedente del Consejo de Estado que resolvió lo concerniente a las controversias sobre prima de riesgo como factor salarial, distinguiendo que en una época esa prima era factor para el IBL de las pensiones de quienes se encontraban en el régimen de transición.

Sostuvo que, asimismo, se desconoce el precedente de esta Corporación que establece que la prima de riesgo no es factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales distintas de la pensión.

Mencionó que la providencia enjuiciada, desconoce normas que de manera expresa y concreta establecen que la prima de riesgo de los trabajadores del extinto DAS, no constituye factor salarial, como las siguientes:

-El Decreto 1933 del 23 de agosto de 1989, disposición general mediante la cual se reglamentó el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, precisó que los funcionarios pertenecientes a las áreas de la dirección superior, operativa y los conductores del área administrativa adscritos a los servicios de escolta, a las unidades de operaciones especiales y a los grupos de antiexplosivos tendrían derecho a percibir mensualmente una prima de riesgo equivalente al 10% de su asignación básica.

-El Decreto 132 del 17 de enero de 1994, otorgó a los servidores públicos que prestan servicios de conducción a los ministros y directores de Departamento Administrativo, una prima mensual de riesgo equivalente al 20% de su asignación básica mensual la cual no tendría carácter salarial.

-El Decreto 1137 de 2 de junio de 1994, creó una prima especial de riesgo con carácter permanente para los empleados del DAS que desempeñaran los cargos de detective especializado, profesional, agente, criminalista especializado, profesional o técnico que no estén asignados a tareas administrativas y los conductores quienes tendrían derecho a percibir mensualmente una prima especial de riesgo equivalente al 30% de su asignación básica mensual. Igualmente, el inciso 2 del artículo 1 señaló que esta prima no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con las primas de que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994.

-El Decreto 2646 de 29 de noviembre de 1994, por el cual se estableció la prima especial de riesgo para los empleados del DAS, en su artículo 1º preceptuó que los empleados que desempeñen cargos de detective especializado, profesional, agente, criminalístico especializado, profesional o técnico y los conductores tendrían derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una prima especial de riesgo equivalente al 35% de su asignación básica mensual. Asimismo, en el artículo 4 se previó que la prima a la que se refería ese decreto no constituiría factor salarial y no podría percibirse simultáneamente con la prima que trataba el artículo 2 del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994.

Alegó que, la judicatura demandada desconoció las anteriores disposiciones, lo que constituye un defecto material de la providencia acusada.

Sustentó que es notoria la falta de aplicación de las referidas normas que son claras en establecer que la prima de riesgo no es factor salarial, no solo actualmente para liquidar el IBL de las pensiones, sino en la liquidación de otras prestaciones distintas de la pensión, existiendo precedente del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la materia.

Citó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Cesar Palomino Cortes, proceso 52001-23-33-000-2012-00143-01, en el cual fungió como demandante la señora Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, ex funcionaria del DAS, para precisar que, con fundamento en dicho precedente se modificó la postura jurisprudencial que hasta el momento existía sobre el IBL pensional de cara al régimen de transición.

Refirió la providencia del 2 de julio de 2019, dictada por la Sección Tercera de esta Corporación, en la acción de tutela 11001-03-15-000-2019-01685-00, para señalar que, en ésta, se define claramente que la prima de riesgo no es factor salarial para liquidar prestaciones distintas de la pensión, pues esta tesis se encontraba vigente incluso antes de la sentencia de unificación antes anotada.

Explicó que frente a la vigencia de las normas sustanciales de alcance nacional que el Tribunal demandado ha desconocido, es evidente que procede el amparo solicitado porque es ostensible su vulneración.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto de 18 de julio de 2019, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a la accionante, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F, al juez Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al señor Camilo Torres Díaz, al contralor General de la República y al representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como demandados y terceros con interés en las resultas del proceso (ff. 82 y 83).

5. Argumentos de defensa

5.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F

Pese a que las autoridades judiciales acusadas se notificaron en debida forma, no contestaron la acción de tutela de la referencia.

5.2 Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La autoridad judicial vinculada al trámite de tutela contestó la misma en los siguientes términos:

Anotó que el despacho en comento no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, en sede de primera instancia, comoquiera que en la decisión cuestionada se aplicó el precedente contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida por la Sección Segunda el 1 de agosto de 2013, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, dentro del radicado 441001-23-31-000-2008-00150-01.

Precisó que el criterio jurisprudencial sostenido por dicho juzgado, continua vigente en los precedentes del máximo órgano de lo contencioso administrativo y sobre su fuerza vinculante se explicó ampliamente en la sentencia dictada por esa autoridad.

5.3 Agencia de Defensa Jurídica del Estado

La autoridad vinculada al presente trámite contestó la tutela en los siguientes términos:

Comentó que el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado es una de las causales establecidas como supuesto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Refirió el fallo de tutela del 2 de julio de 2019 proferido por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en el expediente 2019-01685-00, en el que se precisó con claridad que en ese evento en particular, de similares supuestos fácticos y jurídicos al que ahora se estudia, que se había desconocido el precedente de Consejo de Estado, dictado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la que se expresó que lo factores salariales que se debía incluir en el IBL deben ser los establecidos taxativamente en la norma, dentro de los cuales no se encuentra la prima de riesgo.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado en la demanda de tutela, dado que si bien es cierto, los empleados del extinto DAS tenían un régimen especial y que el Consejo de Estado aceptó en algunas oportunidades la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial del IBL, lo cierto es que dicho criterio sufrió una reciente modificación, en la cual, en virtud del principio de solidaridad en materia de seguridad social, para todos los regímenes, especial o no, se tendrían como factores salariales los enlistados en la norma, entre los cuales no se encuentra la prima de riesgo.

Solicitó que se acceda a las pretensiones de amparo de la acción de tutela impetrada comoquiera que, en efecto, se desconoció el precedente de esta Corporación.

5.4 Camilo Torres Díaz

El tercero con interés vinculado al trámite tutelar, contestó la demanda en los siguientes términos:

Señaló que la decisión objeto de tutela fue sustentada de manera clara, suficientes y razonada expresando los motivos por los cuales la prima de riesgo es factor salarial, de acuerdo con el concepto y significado que nuestro ordenamiento jurídico le otorga al término “salario” de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado que indica que “deben ser integradas todas las sumas pagadas de manera habitual, generadas como contraprestación de la labor ejecutada por el empleado sin importar las denominaciones asignadas por la ley o las partes contratantes”.

Indicó que las Secciones Segunda y Tercera del Consejo de Estado, en acciones de tutela presentadas por supuestos fácticos similares, ha denegado el amparo bajo el argumento según el cual, no se incurrió en defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente judicial por las autoridades judiciales demandadas, pues la decisión que ordenó reliquidar las prestaciones causadas, incluyendo la prima de riesgo como factor salarial, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

Solicitó denegar la acción de tutela, en tanto que la sentencia acusada fue proferida en derecho e igualmente, los principios de la realidad sobre las formas, el contrato realidad y el concepto de salario establecido por el Consejo de Estado son de obligatorio acatamiento, como así lo hizo el Tribunal demandado, al considerar que estaban acreditados los elementos jurisprudencialmente reconocidos y reiterados para considerar cuándo un pago constituye salario.

5.5 Contraloría General de la República

La entidad vinculada al trámite tutelar, pese a haber sido notificada en debida forma, no intervino.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 y al artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015 y el Acuerdo Nº 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento, al proferir la providencia del 15 de marzo de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente de esta Corporación, al confirmar la providencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se concedieron las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Camilo Torres Díaz, ex funcionario del DAS y actualmente empleado de la Contraloría General de la República, tendiente a que se le reconociera la “prima de riesgo” devengada en el extinto DAS, como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales distintas a la pensión.

Sin embargo, previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados, se estudiará iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012), mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Ahora, es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

En efecto, es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En tales condiciones, se verificará en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de requisitos.

En primer término, cabe resaltar que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues las providencias que censura el Patrimonio Autónomo accionante se profirieron en el trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el señor Camilo Torres Díaz contra la parte actora.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la providencia mediante la cual se agotó el recurso de apelación y que puso fin al proceso que se cuestiona, data del 15 de marzo de 2019, y sin que sea necesario verificar la fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte un oportuno ejercicio de la solicitud de amparo constitucional, por cuanto la demanda de tutela fue presentada el 15 de julio de 2019, esto es, tan solo cuatro meses después de proferido el fallo cuestionado, lapso que la Sala considera prudente y razonable.

Finalmente, la Sala encuentra que contra la providencia tutelada la parte accionante no cuenta con medio de impugnación ordinario o extraordinario para su defensa, pues no se advierte que se acrediten los presupuestos legales para la procedencia de los mismos.

Ello por cuanto que, si bien en este caso el Patrimonio Autónomo reclama la aplicación de una sentencia de unificación, lo cierto es que, en este caso no se cumple con los presupuestos legales para la procedencia del recurso extraordinario con ese propósito de unificación, pues no se cumple con la cuantía exigida.

En iguales términos tampoco procede el recurso extraordinario de revisión, en tanto que no se encuentra acreditada ninguna de las causales taxativamente previstas por la ley para su procedencia, pues si bien se reclama por parte del Fondo Rotatorio del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduprevisora de los remanentes del extinto DAS, la revisión de las sumas por concepto de la prima de riesgo reconocida al señor Camilo Torres Díaz, como un factor salarial para la liquidación de sus prestaciones distintas a las pensión, lo cierto es que ello no configura la causal que probablemente procedería conforme con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues no se cumple con los presupuestos previstos por la norma y, en todo caso, el patrimonio autónomo no se encuentra legitimado en la causa por activa para formular dicho recurso.

Es del caso aclarar que, si bien esta Sala de decisión, en providencia del 20 de junio de 2019 en el expediente con radicado 11001-03-15-000-2019-02280-00, en un asunto similar al que ahora se estudia advirtió que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, en tanto que el Patrimonio Autónomo contaba con el recurso extraordinario de revisión para discutir las sumas periódicas que habían sido reconocidas, como consecuencia de la declaración de la prima de riesgo como factor salarial, lo cierto es que, dicha postura debe rectificarse, comoquiera que: i) la liquidación de las prestaciones sociales diferentes a la pensión no imponen al tesoro público el pago periódico de una suma de dinero y, ii) aun cuando se tratara de una prestación relativa a la pensión, lo cierto es que el Patrimonio Autónomo de la Fiduprevisora S.A. no es un fondo de pensiones, lo que conlleva a que no esté legitimado en la causa por activa para formular el recurso extraordinario de revisión por la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

5. Caso concreto

Para la parte actora, sus derechos fundamentales fueron desconocidos con ocasión de la providencia del 15 de marzo de 2019, proferida por la autoridad judicial acusada, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Camilo Torres Díaz contra la Fiduprevisora y su fondo rotatorio del extinto DAS y la Contraloría General de la República, tendientes a que se le reconociera la prima de riesgo devengada durante el tiempo que laboró para el extinto DAS, como un factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales distintas a la pensión.

Lo anterior, en consideración a que, en criterio de la demandante la providencia acusada incurrió en unos presuntos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente de unificación de esta Corporación, por cuanto, tuvo en cuenta consideraciones jurisprudenciales que no resultaban aplicables al caso del señor Camilo Torres Díaz, en tanto que, en la actualidad él sigue laborando para la Contraloría General de la República, de manera que, los análisis en torno a la prima de riesgo como factor salarial para la inclusión del mismo en el IBL pensional, no resultan de recibo, pues en este momento el señor Camilo Torres Díaz aún no está pensionado y sus pretensiones se dirigieron únicamente a que se tuviera en cuenta la prima en comento, como un factor salarial para la liquidación de las demás prestaciones laborales.

En ese orden de ideas, la parte actora alega que, la autoridad judicial acusada incurrió en una interpretación errónea de la normativa aplicable, en tanto que las disposiciones legales establecían con meridana claridad que la prima de riesgo no constituye factor salarial.

Por su parte, la autoridad judicial acusada se abstuvo de contestar la acción de tutela de la referencia. Con todo, la Fiscalía General de la Nación intervino para señalar que la acción de tutela resultaba improcedente por cuanto no se cumplía con el requisito de la subsidiariedad -análisis que ya quedó agotado en el acápite anterior-.

Con la claridad anterior, la Sala pasará a realizar el análisis de los defectos alegados que, de acuerdo con la argumentación ofrecida por la parte actora, pueden catalogarse como un yerro sustantivo y desconocimiento del precedente.

Al respecto, la Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

En el caso bajo estudio, la parte accionante señala que la autoridad judicial demandada desconoció los decretos que pacífica y reiteradamente señalaron que la prima de riesgo, como una prerrogativa reconocida a algunos funcionarios del extinto DAS, no configuraba un factor salarial y, por ende, no era susceptible de incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de estos trabajadores.

En efecto, en el proceso ordinario objeto de debate, el tercero con interés solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial, con el fin de obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales causadas en el interregno en que estuvo vinculado con el extinto DAS, la cual fue negada por los actos administrativos que fueron objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo estudio.

El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, consideró que, conforme con el precedente del Consejo de Estado, la prima de riesgo que devengó el demandante sí reunía la condición de ser constitutiva de salario, por ser un valor habitual y periódico que percibió la trabajadora en razón de su servicio, por lo que atendiendo el principio de primacía de realidad sobre las formas, era necesario inaplicar el artículo 4 del Decreto 2546 de 1994, que expresamente señaló que la prima de riesgo no constituía factor salarial.

Inconforme con la decisión, la Fiduprevisora S.A. como administradora del Patrimonio Público del extinto DAS, formuló recurso de apelación, argumentando que, si bien los empleados que ejercían funciones en el DAS se les aplicaba un régimen especial, ello no implicaba que podría aplicarse normas de uno u otro régimen dependiendo de la favorabilidad de cada uno, por lo que la aplicación jurisprudencial que hizo el a quo al caso concreto no era la adecuada, pues se refirió al IBL pensional y los precedentes que reconocían que, las personas en régimen de transición, tenían derecho a que se les reconociera en su liquidación pensional, todos los factores salariales devengados en el último año.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F consideró:

“Pese a que todas las normativas que conformaron el marco legal de la prima de riesgo, para los empleados que estuvieron vinculados al D.A.S., hasta antes de su supresión señalaron taxativamente que la misma no tenía la naturaleza de factor salarial, debe decirse que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado se encamina en sentido contrario, puesto que al analizarse las condiciones en que fueron devengadas por los empleados, cumplen todos los requerimientos para que sea calificada como emolumento salarial, de suerte que sí es posible dárselo para efectos de liquidación de derechos salariales y prestacionales. Así, sobre la particular premisa, la máxima Corporación se pronunció mediante sentencia de unificación, en los siguientes términos:

“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.

Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta corporación ha entendido por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual no solo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que este percibe lo que incide de manera directa en a forma como se establecen los ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional.

(…) Es precisamente este último principio, la primacía de la realidad sobre las formas, el que en este caso permite advertir que la prima de riesgo, de los empleados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, sí goza del carácter de factor salarial, independientemente de que el Decreto 2646 de 1994 le niegue tal condición en la medida en que, como quedó visto, la referida prima constituye en forma visible una retribución directa y constante a los detectives, criminalísticos y conductores en atención a las características especiales de la labor que desarrollaban.

Teniendo cuenta el carácter ordinario y dijo de la citada prestación, a juicio de la Sala no hay duda que la misma constituye salario, entendido este último como todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio lo que, en la práctica le permite satisfacer sus necesidades propias y familiares de donde, debe decirse, adquieren vital importancia los valores constitucionales a un orden laboral justo y a la dignidad humana”

Siendo así, la prima de riesgo devengada por el personal del extinto D.A.S., prevista por sus empleados que ocupaban los cargos reseñados en el cuadro atrás descrito hasta antes de la supresión de la institución, ostenta la condición de factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales que se causaron en virtud de los servicios prestados en la otrora entidad, en la medida que se tratan de derechos inalienables de los trabajadores, de carácter progresivos y no regresivos, que implica asegurar al empleado la integralidad de cada uno de los derechos laborales, entre ellos, el mínimo vital a partir de una interpretación extensiva de la noción de salario, todo esto bajo el amparo de la égida constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas”.

Como se lee, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente con radicado 4001-23-31-000-2008-00150-01, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, consideró que la prima de riesgo devengada por el personal extinto del DAS, prevista por sus empleados que ocupaban los cargos señalados por la norma, ostenta la calidad de factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales que se causaron en virtud de los servicios prestados en dicha entidad, en la medida en que se trata de derechos inalienables de los trabajadores.

Sin embargo, la parte actora en este caso sostiene que la autoridad judicial demandada desconoció los decretos invocados que consagran de manera expresa, que la prima de riesgo no constituía factor salarial, además de referir un precedente que no resultaba aplicable al caso, toda vez que, la sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013 antes anotada, estableció que dicho emolumento sí tenía carácter salarial, pero solo para determinar el ingreso base pensional. Como en este asunto, el señor Camilo Torres Díaz aún no se ha pensionado, pues todavía labora al servicio de la Contraloría General de la República, no resultaba aplicable dicho precedente, pues lo que pretendía la demandante en ese caso, era la reliquidación de otras prestaciones sociales diferentes a la pensión.

Indicó que, en todo caso, debió aplicarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, radicado 2012-00143-01, en la que se estudió el caso de una ex funcionaria del DAS contra la UGPP, y en la que se revaluó la postura de esta Corporación relativa a los factores salariales que deben incluirse para la liquidación pensional.

En iguales términos citó una sentencia de tutela del 2 de julio de 2019, dictada por la Sección Tercera, Subsección A, dictada en el expediente con radicado 11001-03-15-000-2019-01685-00, para destacar que, en esa oportunidad se aclararon los términos en que debía aplicarse el precedente concerniente a la prima de riesgo.

Al respecto debe aclararse que la sentencia de tutela que cita la parte actora no constituye un precedente vinculante que deba ser atendido por los jueces contenciosos administrativos, en tanto que, la facultad unificadora en materia de tutelas, recae únicamente en la Corte Constitucional.

Con todo, comoquiera que esta Sección resolvió un asunto similar al que ahora se estudia, en sede de tutela, en virtud de la transparencia e igualdad de las decisiones, resulta del caso aclarar que en esa oportunidad se precisó lo siguiente:

“Al respecto, la Sala encuentra que con la demanda ordinaria, la accionante solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo equivalente al 15% de su asignación básica mensual con carácter salarial, para todos los efectos legales, por considerarse contraprestación directa del servicio y, por ende, se ordene reconocer, reliquidar y pagar las diferencias que resulten en las siguientes prestaciones sociales causadas en su favor, por la relación laboral existente durante el periodo del 28 de junio de 1991 al 31 de diciembre de 2011: Bonificación por servicios prestados y por recreación, primas de servicios, vacaciones, navidad y clima, auxilios de alimentación, transporte y cesantías, viáticos, sueldo y factores por vacaciones.

A su vez, el Tribunal demandado al confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda ordinaria, consideró que dicho emolumento, por prohibición expresa legal, no constituía factor salarial para efectos prestacionales, distintos de aquellos de naturaleza pensional.

Asimismo, se indicó con la decisión demandada que, de conformidad con el criterio unificado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, plasmado en la sentencia del 1° de agosto de 2013, emitida dentro del expediente 44001-23-31-000-2008-00150-01, dicho emolumento sí tenía carácter salarial, pero solo para determinar el ingreso base pensional.

A su vez, la autoridad judicial demandada precisó que de ninguna manera se encontraba afectado el derecho al trabajo ni la situación más favorable de la demandante, puesto que era la misma Ley la que excluía la prima de riesgo como factor salarial para liquidar las demás prestaciones sociales, distintas de las pensiones.

Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que con la sentencia demandada no se desconoce la condición más favorable de la accionante o alguna otra prerrogativa contemplada en el artículo 53 superior ni las normas de orden internacional incorporadas al ordenamiento interno, que establecen el contemplan la naturaleza de salario, pues fue el mismo Legislador que le restó tal carácter a dicha prima, a través del Decreto 2646 de 1994 «por el cual se establece la Prima Especial de Riesgo para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».

Ello, por cuanto, para la Sala no se pueden desconocer las restricciones de tipo legal que se le atribuyan a ciertos emolumentos, que a pesar de ser periódicos o habitual no son contemplados como facto salarial, pues ello hace parte de la potestad que recae sobre el Gobierno, Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el literal e del numeral 19 del artículo 150 superior, de «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública», en consonancia con la Ley 4ª de 1992.

Ahora bien, a pesar de que la demandante no se refirió de forma expresa al posible desconocimiento de algún precedente judicial, se advierte que el Tribunal demandado sí sustentó su decisión conforme al criterio zanjado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 1° de agosto de 2013, emitida dentro del expediente 44001-23-31-000-2008-000150-01, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve.

Al respecto, encuentra la Sala que, efectivamente, con la citada sentencia del 1° de agosto de 2013, se estableció que la prima de riesgo constituía factor salarial para la liquidación de las pensiones de jubilación de algunos funcionarios del extinto DAS, y por tanto, debía ser incluida dentro del ingreso base de liquidación.”

En efecto, en esa oportunidad la Sala consideró que el Tribunal demandado no había vulnerado derecho fundamental alguno al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendiente a que se reconociera a la actora la prima de riesgo equivalente al 15% de su asignación básica mensual con carácter salarial, para todos los efectos legales, por considerarse contraprestación directa del servicio.

La razón de negar el amparo en esa oportunidad se sustentó en que, la decisión acusada tuvo fundamento en que no era posible aplicar la regla establecida en la sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, puesto que aquella se dirigió a una situación jurídico administrativa en concreto, a saber, la inclusión de la prima de riesgo dentro del ingreso base de liquidación pensional de algunos funcionarios del DAS, tales como detectives, agentes y criminalísticos.

Por tanto, la Sala concluyó en ese evento que no le asistía razón a la demandante en pretender la reliquidación de las demás prestaciones sociales con fundamento en dicho emolumento, toda vez que, i) es la misma norma la que no le concede la naturaleza de factor salarial a la mencionada prima y, ii) la referida sentencia de unificación no contempló la posibilidad de efectuar un nuevo cálculo sobre haberes distintos a los pensionales.

En el asunto bajo estudio, si bien tanto el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección F que confirmó la decisión de primera instancia, tuvieron en cuenta el precedente de unificación del 1 º de agosto de 2013 antes anotado, no lo aplicó en debida forma e interpretó de manera errónea la situación jurídica del señor Camilo Torres Díaz, tal y como lo advierte la parte actora.

Ello es así, toda vez que, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate debía determinarse si, la prima de riesgo devengada por el demandante constituía o no factor salarial para la liquidación de cada una de las prestaciones sociales ordinarias causadas y devengadas en el tiempo en que estuvo vinculado con el desaparecido DAS.

La solución que el Tribunal acusado le dio al problema jurídico planteado, se decantó por establecer que al señor Camilo Torres Díaz sí le asistía derecho a que se le reconociera e incluyera la prima de riesgo como factor salarial para efectos de la liquidación de los derechos prestacionales, lo que conllevó a la reliquidación de todos y cada uno de aquellos.

Es decir, concluyó que la prima de riesgo devengada por el actor durante el periodo que estuvo vinculado con el extinto DAS es elemento de salario y, por tanto, debía ser tenida en cuenta como factor salarial para el cómputo y liquidación de las prestaciones sociales.

Con todo, el Tribunal dejó de lado que, no era posible aplicar la regla establecida en el precedente de unificación del 1º de agosto de 2013 dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado al caso del señor Camilo Torres Díaz, puesto que aquella se dirigió a una situación jurídico administrativa en concreto, a saber, la inclusión de la prima de riesgo dentro del ingreso base de liquidación pensional de algunos funcionarios del DAS, tales como detectives, agentes y criminalísticos.

Efectivamente, con la citada sentencia del 1° de agosto de 2013, se estableció que la prima de riesgo constituía factor salarial para la liquidación de las pensiones de jubilación de algunos funcionarios del extinto DAS, y por tanto, debía ser incluida dentro del ingreso base de liquidación, así:

«… con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.

Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corporación… ha entendido por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional.

…

Así las cosas, y con el fin de unificar criterios en torno a la naturaleza de la prima de riesgo, concluye la Sala, teniendo en cuenta lo expresado en precedencia, dicha prestación sí goza de una naturaleza salarial intrínseca lo que permite que, en casos similares al presente, sea tenida en cuenta como factor salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y liquidación de la prestación pensional de los servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.»

Según se tiene, el señor Camilo Torres Díaz se vinculó al Departamento Administrativo de Seguridad ocupando el cargo de guardián 214-05 desde el 20 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2013, luego, en calidad de acogida, pasó a la planta de personal de la Contraloría General de la República, entidad en la que presuntamente continúa laborando.

Durante el periodo laborado en el extinto DAS, el señor Torres Díaz devengó la prima de riesgo contemplada en el Decreto 2646 de 1994, sin que la misma fuera incluida como factor salarial en la liquidación de sus prestaciones sociales, una vez fue retirado de la entidad por la supresión de dicho ente.

En consecuencia, el referido señor solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial, a efectos de obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales causadas en el interregno en que estuvo vinculado con el extinto DAS, la cual le fue negada.

Por tanto, sí le asiste razón al Patrimonio Autónomo Fiduprevisora en este caso, al precisar que la autoridad judicial acusada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente de esta Corporación, toda vez que, no podía reconocerse la reliquidación de las demás prestaciones sociales del señor Camilo Torres Díaz con fundamento en la prima de riesgo, toda vez que, i) es la misma norma la que no le concedía la naturaleza de factor salarial a la mencionada prima y, ii) la referida sentencia de unificación no contempló la posibilidad de efectuar un nuevo cálculo sobre haberes distintos a los pensionales.

Como el señor Camilo Torres Díaz, se itera, no solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial constitutivo de su ingreso base de liquidación pensional, pues lo que pretendía era la reliquidación de prestaciones sociales con fundamento en dicho emolumento y que fueron liquidadas una vez fue retirada del extinto DAS sin tener en cuenta la pluricitada prima, no era de recibo acceder a tales pretensiones, en tanto que las normas y la jurisprudencia vigente para el momento en que se expidió la providencia acusada, era clara en señalar que procedía el reconocimiento de la prima de riesgo solo para efectos pensionales.

Ahora, en lo que concierne a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, la Sala debe precisar que la misma no resulta aplicable al caso, pues, en efecto, en esa oportunidad el Consejo de Estado se ocupó de unificar lo concerniente a los factores salariales que integran el Ingreso Base de liquidación Pensional de quienes se encuentran en régimen de transición, lo cual no guarda relación fáctica con el caso bajo estudio, pues, se insiste, el señor Camilo Torres Díaz no solicitó la inclusión de la prima de riesgo devengada para efectos pensionales, sino para la liquidación de otras prestaciones sociales.

Visto así el asunto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. – DAS Fondo Rotatorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 22 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre para que, en su lugar, profiera una de reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Concédese el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración del Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A. – DAS Fondo Rotatorio.

En consecuencia, déjase sin efectos la providencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F para que, en su lugar, profiera una de reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este proveído, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (e)
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Ídem. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica. Ello sin perjuicio de la decisión del 28 de marzo de 2019, proferida por la plenaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 15001-23-33-000-2003-00605 01, en la que se aplicó la excepción de inconstitucionalidad de cara al requisito que la ley consagra sobre la cuantía del proceso. Esta Corporación ha sido enfática en señalar, a través de sus Salas Especiales de Decisión, que la legitimación por activa para formular el recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003, se encuentra en cabeza de las entidades públicas citadas en el artículo 20 de la referida ley y los fondos que realizan el reconocimiento de las pensiones públicas, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Al referirse al artículo 3° del Decreto 2646 de 1994, por el cual se establece la Prima Especial de Riesgo para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia 8 de marzo de 2018, expediente 11001-03-15-000-2018-00066-00. Magistrado ponente: Carlos Enrique Moreno

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