Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-03335-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-03335-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-03335-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
30 de agosto de 2022
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: PETRUS MARÍA FLORACK
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA.
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, mediante apoderado
judicial, por el señor Petrus María Florack contra la sentencia del 18 de julio del 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que confirmó el fallo del 17 de
octubre de 2013, del Tribunal Administrativo de Santander, en el cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
El señor Petrus María Florack presentó las siguientes declaraciones de impuesto
sobre la renta y complementarios: (i) la del año gravable 2002, el 23 de abril de 2003,
por un valor a pagar de $126.706.000; (ii) la del año gravable 2003, el 23 de abril de
2004, por un valor a pagar de $244.806.000; (iii) la del año gravable 2004, el 22 de
abril de 2005, por un valor a pagar de $208.325.000; y, (iv) la del año gravable 2005,
el 27 de abril de 2006, por un valor a pagar de $127.807.000.
El 21 de abril de 2009, el señor Florack solicitó la devolución de los valores que pagó
en las declaraciones tributarias referidas, al considerar que la DIAN debió aplicar el
inciso 2 del artículo 9 del E.T., porque es un extranjero, sus rentas y ganancias era
de fuente extranjera, por lo que solo estaba obligado al pago del impuesto de renta y
complementarios a partir del quinto año o periodo gravable de residencia en
Colombia.
La DIAN mediante Resoluciones nro. 003, 004, 005 y 006 de 3 de junio de 2009,
rechazó las solicitudes de devolución. Contra esas decisiones se interpusieron
recursos de reconsideración, los cuales se resolvieron de manera desfavorable el 13
de mayo de 2010, en Resoluciones nro. 001018, 001019, 001020 y 001021,
respectivamente, al considerar que el señor Florack para esos años residía en el
país, por consiguiente estaba obligado a declarar, los salarios recibidos por un
trabajador extranjero como retribución por la prestación de los servicios laborales en
Colombia se consideran de fuente nacional y están sujetos a impuesto de renta, y
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
acorde con lo previsto en el artículo 714 del E.T., para el 21 de abril de 2009, las
declaraciones de renta de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 ya habían quedado en
firme.
El señor Florack promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los anteriores actos administrativos, al considerar que los ingresos se originaron de
un contrato laboral con la compañía holandesa Shell Global Solutions International
B.V. (en adelante Shell), el salario se pagó en euros a su cuenta personal en
Holanda, por lo que considera que se trató de ingresos de fuente extranjera. Precisó
que, aunque la residencia constituye un presupuesto para determinar la obligación de
declarar, el artículo 9 del E.T. establecía que para la época en que se causó la
obligación tributaria, que los extranjeros residentes son responsables del impuesto
sobre la renta a partir del quinto año de permanencia en el país.
Además, aseguró que fue seleccionado por su empleador, la compañía Shell, para
realizar las actividades de asesoramiento y consultoría, junto con otros elementos
denominado know how a Ecopetrol en virtud de un contrato de cooperación suscrito
entre las dos sociedades, pero ello no implicó la modificación en la naturaleza de los
pagos que recibió o la existencia de una relación laboral con Ecopetrol.
Mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Santander concluyó que las solicitudes de devolución del pago de lo no debido por
concepto de las declaraciones de renta de los años gravables 2002, 2003, 2004 y
2005, presentadas por el señor Florack el 21 de abril de 2009 ante la DIAN son
extemporáneas. Que está probado que, durante esos años gravables, el señor
Florack residió en Colombia y que los salarios percibidos durante el tiempo que
trabajó en el país son de fuente nacional, por lo que al tenor de lo dispuesto en el
inciso 3° del artículo 9 del Decreto 624 de 1989, está sujeto al impuesto sobre la
renta y complementarios respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional.
El señor Petrus María Florack interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al considerar que las declaraciones privadas no se encontraban en firme,
pues los pagos de lo no debido se encuentran regulados en el Decreto 1000 de 1997
y, en el caso concreto, como las sumas carecen de fundamento jurídico y
obedecieron a un error del demandante, el plazo para pedir la devolución es el de la
acción ejecutiva y se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se realizó el
pago.
Aseguró que los ingresos laborales se originaron en actividades desarrolladas en
diferentes partes del mundo, en virtud del contrato de trabajo con la sociedad Shell y
se liquidaron y pagaron en Holanda. Que el a quo aplicó la teoría de la territorialidad
objetiva del tributo, al considerar que el demandante debió declarar renta por los
ingresos originados en la actividad desarrollada en el país, sin tener en cuenta que
son ingresos de fuente extranjera que no se pueden gravar en Colombia.
Afirmó que debe aplicarse la excepción prevista en el literal b) del artículo 25 del
E.T., según la cual los ingresos por servicios de adiestramiento de personal
prestados desde el exterior a entidades del sector público, no se consideran de
fuente nacional.
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Indicó que conforme con el artículo 408 del E.T. no debe declarar renta en el país
porque actuó en nombre de una multinacional sin domicilio ni residencia en
Colombia, la cual estaba obligada a declarar renta por los pagos de Ecopetrol, quien
efectuó las respectivas retenciones en la fuente, por lo que las declaraciones
presentadas por el demandante no tienen efecto legal y los pagos realizados por
estas constituyen pago de lo no debido.
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 18 de julio de 2018, confirmó
la sentencia de primera instancia, al considerar que no existió el pago de lo no
debido alegado por el demandante, por el contrario tenía el deber formal y sustancial
de declarar y pagar el impuesto de renta de los años gravables cuestionados, por lo
siguiente:
Está probado que durante los años 2002 a 2005 el demandante tuvo una
permanencia continua y discontinua en el país superando el término previsto por la
legislación para ser considerado residente, razón por la cual está sujeto al impuesto
de renta respecto de las rentas o ganancias ocasionales de fuente nacional, entre las
que se encuentran las rentas laborales derivadas de servicios prestados en el país.
Acorde con lo previsto en el numeral 5 del artículo 24 del E.T., las rentas de las
personas naturales extranjeras residentes y no residentes, que en ejecución de un
contrato entre su empleador extranjero y una empresa colombiana desarrollan sus
actividades dentro del país, se consideran de fuente nacional.
Al interponer el recurso de apelación, el demandante indicó que obtuvo ingresos por
actividades desarrolladas en diferentes partes del mundo, señalando como prueba el
informe migratorio, pero de ese documento solo se evidencia que permaneció en el
país la mayor parte de los años gravables 2002 a 2005, pero no que realizó
actividades en otros países.
Concluyó que “(…) de la valoración de dicho informe y de las demás pruebas que
obran en el proceso, como son la cédula de extranjería (donde consta que el
demandante es de nacionalidad holandesa), el RUT con el registro de la actividad
010, la Visa de Trabajo como Empleado, el numeral 15.3 del acuerdo de cooperación
y las declaraciones tributarias presentadas, se observa que durante los periodos
señalados el actor desarrolló actividades laborales de las que obtuvo sus ingresos en
Colombia, al formar parte del personal que la empresa Shell dispuso para ejecutar el
acuerdo de cooperación con Ecopetrol, lo que hace que tales ingresos se consideren
de fuente nacional (…)”.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
El señor Petrus María Florack interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección
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Demandante: Petrus María Florack
Cuarta, que confirmó la decisión de negar las pretensiones de nulidad contra los
actos administrativos que negaron la devolución de los valores que pagó por
concepto de impuesto de renta de los años gravables 2002 a 2005.
A su juicio, la sentencia objeto de revisión se encuentra incursa en la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. Basó sus argumentos en tres puntos, así:
Contradicción entre la parte motiva y la resolutiva, porque en la sentencia recurrida
se citaron argumentos de la sentencia C-527 de 2003, en la cual se estableció el
concepto de territorialidad y se determinó que cuando los pagos provienen del
exterior y los beneficiarios de servicios prestados no residen en el territorio, las
rentas de los extranjeros son rentas de fuente extranjera. Sin embargo, no se le dio
una aplicación integral al referido precedente, porque se acogió doctrina de la DIAN,
que no tiene criterio vinculante, así como jurisprudencia del Consejo de Estado, las
cuales son posteriores a la ocurrencia de los hechos. Precisó que en la sentencia C-
527 de 2003 no se fijó el alcance del ordinal 5 del artículo 24 del Decreto 624 de
1989, norma con la cual se determinó que las rentas percibidas por el demandante
eran de fuente nacional y por ende sujetas al impuesto de renta.
Se vulneró el principio de tempus regit actum, porque la decisión recurrida se fundó
en la sentencia17942 de 2012 y en los conceptos de la DIAN 054399 de 2008,
Oficios 006882 de 2008 y 011214 de 2008, los cuales son posteriores a los hechos y
por tanto, no era válido aplicarles el principio de retroactividad. Aseguró que se trata
de un cambio jurisprudencial que ocurrió seis años después de los hechos, que se ve
reflejado en el fallo del Consejo de Estado que se tomó como fundamento en la
providencia cuestionada, que entre otros aspectos, modificó el concepto DIAN
019909/06 numeral 2, que de forma expresa cobija a los extranjeros no originarios de
los países miembros de la CAN.
En el fallo se hicieron dos afirmaciones: (i) al demandante no le es aplicable la ley
vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, por no ser nacional de un país
miembro de la CAN; y, (ii) la residencia del demandante en Colombia implica per se
una vinculación con Ecopetrol. Sin embargo, asegura que son equivocas y de ningún
modo corrigen los yerros en los que incurrió la sentencia.
Omisión en el pronunciamiento de argumentos del recurso de apelación, porque la
sentencia de primera instancia expresamente reconoció el derecho que tiene el
demandante a obtener el pago de lo no debido, sin embargo, negó las pretensiones
de la demanda, al confundir la petición con la solicitud de devolución de saldos a
favor y, en consecuencia, determinó que las declaraciones estaban en firme y no
procedía la devolución solicitada. No se resolvió uno de los puntos del recurso de
apelación, que consistía en determinar la oportunidad de la reclamación a la DIAN de
la devolución del pago de lo no debido.
Que hay un incumplimiento imputable al Estado, porque el fallo acusado contraviene
los postulados previstos en los Convenios Internacionales de la OIT, en los cuales
expresamente obligan a Colombia a reconocer el derecho de trabajadores
migratorios a exenciones tributarias aplicables, como ocurre en el presente caso.
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
2. Trámite procesal
En auto del 10 de diciembre de 2019, se admitió la demanda del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Petrus María Florack, se
ordenaron las notificaciones de rigor1 y, por secretaría, se solicitó al Tribunal
Administrativo de Santander la remisión del expediente, en calidad de préstamo,
dentro del cual se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número: 68001233100020110047100.
3. Contestación al recurso
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN solicitó que se declare
infundado el recurso porque los tres vicios invocados como nulidad originada en la
sentencia son improcedentes, pues no corresponden a los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, para la procedencia de la
causal. Además, con los argumentos de inconformidad expuestos pretende que se
constituya una tercera instancia.
Con la supuesta incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la decisión, se
pretende reabrir el debate judicial del proceso de determinación. El ad quem no
incurrió en un yerro susceptible de nulidad al no adoptar la totalidad de las
consideraciones de la sentencia C-527 de 2003, pues tal referencia se hizo para
definir el principio de territorialidad para el caso particular. Adicionalmente, en ese
precedente se declaró la legalidad del numeral 8 del artículo 24 del Decreto 624 de
1989, y no la del ordinal b), el cual se usó para definir que las rentas obtenidas por el
demandante eran de fuente nacional.
La decisión no fue contraria al principio de tempus regit actum, pues la fuente auxiliar
de interpretación judicial no podía aplicarse al caso particular, porque los supuestos
de hecho no guardan relación con los expuestos en el concepto. Además, la doctrina
está orientada a trabajadores de un país miembro de la CAN y, en todo caso, acorde
con lo previsto en el artículo 230 de la Constitución Política, no se puede pretender la
nulidad de un fallo judicial, porque a su parecer no aplicó un concepto de la DIAN.
Si el recurrente consideraba que la sentencia omitió desarrollar alguno de los puntos
de la litis, dentro del término de ejecutoria, debió solicitar ante el Consejo de Estado
su adición, con el fin de que se pronunciara sobre esos aspectos y no a través del
recurso extraordinario de revisión, pues dada su naturaleza, este último solo procede
cuando se demuestre la ocurrencia de una causal taxativamente señalada por el
legislador.
En el recurso de apelación no se hizo ninguna referencia al incumplimiento imputable
al Estado Colombiano en contra de los Convenios Internacionales del Trabajo OIT
que hacen parte del bloque de constitucional, por lo tanto, al ser un argumento nuevo
que se trae en el recurso extraordinario de revisión no es procedente pronunciarse,
pues no es una instancia adicional en donde se pueda reabrir el debate judicial ni
subsanar deficiencias de la actividad procesal.
1
Se ordenó notificar personalmente del recurso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (folio 143 cp).
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Indicó que las nulidades alegadas en el recurso fueron objeto de tutela, la cual se
decidió desfavorablemente, concluyendo con el fallo de segunda instancia del 14 de
febrero de 2019, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
Solicitó que se aplique el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso
y, en consecuencia, se condene en costas al demandante, porque el recurso de
revisión no prospera al estar infundado.
4. Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado indicó que el recurso
extraordinario de revisión no se sustentó adecuadamente, por lo tanto, no debe
prosperar.
No existe un precedente vinculante susceptible de ser vulnerado por la sentencia de
segunda instancia, la cual en todo caso no contradijo la interpretación realizada por
la Corte Constitucional, en la sentencia C-527 de 2003, como lo pretende hacer ver
el recurrente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el expediente se acreditaron dos situaciones
en las cuales se basó la decisión objeto de análisis y que no se ponen de presente
por el recurrente: (i) que el señor Florack fue residente en Colombia en los años 2002
a 2005 y; (ii) que sus ingresos provinieron de Colombia.
No está probado el cargo de contradicción entre motivación y resolución, porque los
alegatos del recurrente se limitan a una inconformidad con la interpretación dada por
el ad quem, pero no contradijo lo previsto en la sentencia C-257 de 2003, respecto a
ingresos de fuente extranjera, pues en la referida providencia solo se habla de
ingresos de fuente nacional, por lo que los argumentos expuestos en el recurso
hacen parte de la interpretación del recurrente.
La sentencia refirió como sustento normativo los artículos 9, 10, 24, 24-5, 25 b) y 592
del E.T., los cuales se encontraban vigentes para la época de los hechos. Por otra
parte, señaló que el hecho de que en la sentencia cuestionada se haya hecho
referencia a conceptos de la DIAN que son posteriores a la ocurrencia de los hechos,
con ello no se vicia de nulidad las resoluciones por medio de las cuales se negó la
devolución del pago de lo no debido presentada por el demandante, toda vez que los
conceptos de la autoridad tributaria no limitan la facultad de los jueces para resolver
de fondo cada asunto.
En cuanto a la omisión de pronunciamiento respecto de argumentos del recurso de
apelación, no es cierta, pues la sentencia indicó que por no haber residido en el país
entre los años 2002 y 2005 y haber obtenido ingresos de fuente nacional estaba
obligado al declarar y pagar el impuesto de renta correspondiente a esos años, con
fundamento en ello, concluyó que no existió pago de lo no debido y, en
consecuencia, no era procedente la devolución reclamada.
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Demandante: Petrus María Florack
5. Intervención de los terceros con interés
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció respecto del
recurso extraordinario de la referencia.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Petrus María Florack contra la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó las pretensiones de nulidad
contra los actos administrativos que negaron la devolución de los valores que pagó
por concepto de impuesto de renta de los años gravables 2002 a 2005.
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 19 de julio de 20192, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia3.
2
Folio 1 y 101 del cuaderno principal.
3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 1° de agosto de
20184 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 19 de julio de 2019, es claro
que la demanda se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto del señor Petrus María Florack recae el interés jurídico que se debate en el
sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche. Por su parte, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, está legitimada, pues fue parte demandada en
dicho proceso.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de
recurso extraordinario de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal quinta del
artículo 250 del CPACA.
4. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA5.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material6, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres7, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
4
Según consta a folio 504 del cuaderno en préstamo.
5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
6
Sentencia C-418 de 1994.
7
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley8.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes9.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso10 –
8
Ibídem.
9
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
10
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
9
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política11, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones12.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión13, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
14
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
11
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
12
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de los contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
13
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
14
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
10
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
15
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0116, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva17.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
16
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
11
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada18. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 2005 , “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
19
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 18 julio de 2018, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número:
68001233100020110047100, está incursa en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
El señor Petrus María Florack invocó la causal quinta del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque considera
que la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, incurrió en tres irregularidades: (i) contradicción entre la parte motiva y la
resolutiva; (ii) vulneración del principio de tempus regit actum; y, (iii) omisión en el
pronunciamiento de argumentos del recurso de apelación.
Al respecto, se observa que, si bien, en principio, el cargo cumple con los requisitos
de procedencia de la causal, en tanto: la providencia recurrida mediante el recurso
extraordinario de revisión puso fin al proceso [del 18 de julio de 2018, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado]; contra esta decisión no procedía el recurso
de apelación, pues es una providencia de segunda instancia que resolvió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo del 17 de octubre de
2013 y, la nulidad alegada se invoca con ocasión a la sentencia, no antes, pues se
alega una presunta incongruencia. No ocurre lo mismo con los presupuestos de
fondo para declarar su prosperidad, como se pasa a explicar.
18
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
19
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
12
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
La Sala observa que la parte recurrente, por un lado, no explicó con suficiencia los
argumentos en que sustenta la causal invocada y, por el otro, se limitó a cuestionar
situaciones jurídicas que fueron objeto de pronunciamiento en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, cuya discusión pretende revivir y convertir el recurso
extraordinario de revisión en una nueva instancia. Asimismo, expuso argumentos,
que, en últimas conciernen a la legalidad de los actos administrativos que negaron la
devolución de los valores que pagó por concepto de impuesto de renta de los años
gravables 2002 a 2005.
En cuanto a la incongruencia entre los argumentos de la parte considerativa con la
parte resolutiva, considera que no se aplicó integralmente el precedente previsto en
la sentencia C-527 de 200320, concretamente hace referencia al acápite en el que se
determinó que son ingresos de fuente nacional los servicios cuyos beneficiarios son
personas residentes o se encuentran en Colombia y los pagos o abonos en cuenta
se realizan desde el país, que en consecuencia, aquellos que no cumplan esas
características, para efectos tributarios se consideran ingresos de fuente extranjera.
Que en el caso particular las rentas de trabajo percibidas por el señor Florack por
parte de la empresa Shell, provinieron y se efectuaron desde el exterior, por lo que
no estaba obligado al pago del impuesto de renta.
Al respecto, se debe indicar que en los fundamentos del fallo recurrido se hizo
referencia al precedente constitucional para definir el principio de territorialidad en
materia tributaria y del análisis hecho, no se advierte un desconocimiento de la
referida providencia. Además, la supuesta falta de aplicación total de los argumentos
expuestos en la sentencia C-527 de 2003, no constituye un error que invalide el fallo
cuestionado.
El problema jurídico propuesto en la sentencia objeto de análisis fue “(…) establecer
si los ingresos por rentas laborales obtenidos por el actor en los años gravables
discutidos constituyen renta gravable en Colombia”.
Para resolverlo, en el caso concreto, se hizo una referencia a las pruebas aportadas
al proceso y se señaló que la responsabilidad de las personas naturales, nacionales
o extranjeras está dada en función de la residencia fiscal y del origen de las fuentes
obtenidas. Al estudiar estos dos supuestos, concluyó que no había lugar a la
devolución de las sumas que pagó el señor Florack por concepto de impuesto de
renta en los periodos cuestionados, porque en el expediente está probado que
durante los años 2002 a 2005 fue residente en el país y, que los pagos que recibió
provenían de dineros que la compañía Shell recibió de Ecopetrol por la ejecución del
acuerdo de cooperación que suscribieron, por lo tanto, los dineros pagados salieron
de Colombia así se hubiera realizado desde y hacia cuentas en el exterior, por lo que
corresponde al pago del servicio prestado en el país de forma permanente.
Conforme con lo anterior, se evidencia que el problema jurídico planteado responde
a los argumentos del recurso de apelación y las consideraciones que se hicieron
guardan relación con el precedente de la sentencia C-527 de 2003. Luego, la
inconformidad del demandante, está en la valoración probatoria hecha por la Sección
20
En la cual se declararon exequibles el numeral 8º del artículo 24, el literal b), parcial, del artículo 25 y el inciso
2º del artículo 408 del Decreto 624 de 1989.
13
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Cuarta, que llevó a concluir que los pagos recibidos por el actor son de fuente
nacional, interpretación que no vicia de nulidad la decisión adoptada, pues hace
parte de la labor interpretativa del juez.
En cuanto a la vulneración del principio de tempus regit actum, por aplicación de
normas y doctrina posterior a la fecha de ocurrencia de los hechos. Debe indicarse
que, en el marco legal de la providencia, se citaron los artículos 24, 24-5, 25 literal b)
y 592 del E.T., que establecen respectivamente, los ingresos de fuente nacional, los
ingresos derivados de la prestación de servicios dentro del territorio nacional, los
ingresos que no se consideran de fuente nacional y la excepción al deber formal de
declarar, todas disposiciones vigentes para los periodos fiscales 2002 a 2005 que se
controvierten.
Frente a los conceptos de la DIAN, la sentencia cuestionada indicó:
“(…) el Oficio DIAN 019909 de 7 de marzo de 2006 (relativo a los pagos laborales que se
rigen por el artículo 13 de la Decisión de la CAN 578 DE 2004 y los ingresos laborales del
trabajador que se consideran renta de fuente extranjera sujeta a imposición en el país de
su domicilio), se advierte que no es aplicable al caso, sino en el marco de la CAN, oficio
que por lo demás fue modificado por el Concepto 006882 del 18 d enero de 2008, cuya
legalidad fue avalada por esta Corporación en sentencia de 15 de marzo de 2012”.
Luego, la Sección Cuarta determinó con claridad la razón por la cual el concepto
referido por el demandante no resultaba aplicable a su caso particular, recuérdese
que el recurso extraordinario de revisión tampoco está dado para insistir en
argumentos que fueron analizados y despachados desfavorablemente por los jueces
de instancia.
Ahora bien, para determinar si las actividades laborales con base las cuales el actor
obtuvo sus ingresos fueron o no desarrolladas en el país, se hizo referencia a la
sentencia del 15 de marzo de 201221, en la cual el Consejo de Estado, Sección
Cuarta declaró la legalidad del Oficio 006882 de 2008 y del concepto 11214 de 2008
de la DIAN, que en efecto es posterior a la ocurrencia de los hechos debatidos en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero por esa razón no se vicia de
nulidad la decisión adoptada.
Por el contrario, en la medida en que esos conceptos se encontraron ajustados a
derecho, constituyen una interpretación válida de las normas bajo las cuales se
determinó que era responsable de declarar y pagar impuesto de renta durante los
años gravables 2002 a 2005 y resulta razonable que se acuda a ese precedente para
sustentar la decisión.
Por otra parte, se alega que en la sentencia recurrida no se resolvieron algunos
argumentos propuestos en el recurso de apelación, porque, en su entender, no se
analizó la oportunidad de la reclamación ante la DIAN de la devolución del pago de lo
no debido.
Tal y como se indicó en párrafos anteriores el recurso de revisión es de naturaleza
extraordinaria, por lo tanto, no es el mecanismo idóneo para solicitar que se
21
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de
2012, exp. 17942, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez.
14
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
pronuncien sobre argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues para ello
está prevista la solicitud la aclaración y/o adición de una providencia.
En todo caso, la Sala Especial advierte que los puntos objeto de apelación fueron
resueltos, pues el problema se centraba en determinar si el señor Florack era
responsable o no del pago del impuesto de renta durante los años 2005 a 2005.
Frente a ello, la providencia concluyó que el demandante por ser residente en
Colombia de los años referidos y haber percibido ingresos de fuente nacional, se
encontraba obligado a declarar y pagar impuesto de renta y complementarios por
esos años gravables, en consecuencia, concluyó que era improcedente la devolución
del pago de lo no debido que reclamaba el demandante.
Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que el recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.
En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Petrus María Florack,
contra la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Condena en costas
Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, no
sería aplicable la modificación que introdujo al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.
En esa medida, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas el Código
de Procedimiento Civil (…)”.
Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé:
15
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
(…)”
(Negrillas de la Sala).
Acorde con lo anterior, en el presente caso procede la condena en costas, teniendo
en cuenta que la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión no tiene
vocación de prosperidad y por tanto se declarará infundado.
En cuanto a la condena en costas por concepto de expensas, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, no hay
lugar a ellas porque no se encuentran causadas ni probadas en el expediente.
Como está probada la intervención de la DIAN, con el escrito de oposición del
recurso, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 366 del Código General del
Proceso, se condenará en costas por concepto de agencias en derecho, en suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se
profiere esta sentencia, atendiendo los criterios y tarifas establecidos por el numeral
9 del artículo 5 del Acuerdo número PSSAA16-10554 de 2016 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura22. Lo anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado de la demandada en el
trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Petrus María Florack contra la sentencia del 8 de julio de 2018, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con nro. 68001233100020110047100, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de
agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que
se profiere la presente sentencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.
22
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
16
Radicado: 11001 03 15 000 2019 03335 00
Demandante: Petrus María Florack
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES
17
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