Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-04038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-04038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-04038-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
22 de mayo de 2024
Radicado: 11001 03 15 000 2019 04038 00
Demandante: Licoantioquia S.A. en Liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 15 000 2019 04038 00
Demandante: LICOANTIOQUIA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y OTROS
Tesis: No hay lugar a infirmar la sentencia cuando no se
advierte incongruencia entre la parte motiva y
resolutiva.
SENTENCIA
Corresponde a la Sala1 decidir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Licoantioquia S.A. en liquidación contra la sentencia
proferida el 6 de septiembre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso que cursó con el radicado 2003-01891-012.
1
Por auto del 2 de febrero de 2021 la Sala Especial de Decisión declaró infundadas las
manifestaciones de impedimento presentadas por los Consejeros de Estado Oswaldo
Giraldo López y Rocio Araújo Oñate para conocer de este recurso extraordinario de
revisión, sustentadas en el caso del Consejero Oswaldo Giraldo López, en que profirió en
el proceso ordinario, en sede de apelación, los autos de 12 de enero de 2018 y del 29
de mayo de 2018, por los cuales se negó la petición de la Sociedad Centro de
Recuperación y Administración (CRA S.A.S) de actuar como cesionaria de la Sociedad
Cóndor S.A. – Compañía de Seguros Generales, y el de la Consejera Rocio Araujo Oñate,
porque hizo parte de la sala de decisión que profirió la sentencia del 6 de septiembre de
2018, cuyo estudio se pretende a través del presente recurso.
2
El asunto fue fallado por la Sección Quinta a raíz del Acuerdo nro. 357 del 5 de diciembre
de 2017, suscritos por las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación con el
propósito de contribuir a la descongestión en la Sección Primera.
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Radicado: 11001 03 15 000 2019 04038 00
Demandante: Licoantioquia S.A. en Liquidación
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1. La demanda
1.1. La parte actora, actuando por conducto de apoderado, formuló las
siguientes pretensiones3:
“PRIMERO. Proceder a revisar, declarándola nula con fundamento en
la causal 5 del C. de P. A. y de lo CA (Ley 1437 de 2011), configurada
conforme lo señalado en este escrito de demanda, la sentencia de
segundo grado, ejecutoriada dictada el seis (6) de septiembre de
dos mil dieciocho (2018), por la SECCIÓN QUINTA, de la SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del Honorable
CONSEJO DE ESTADO, en acción de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por LICOANTIOQUIA S.A. en contra de la
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA (…).
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar la
cesación de todos sus efectos legales, en especial, el de cosa juzgada
material.
TERCERO. Como consecuencia de la anulación del fallo revisado,
dictar el fallo correspondiente solicitado, confirmando la
sentencia de primer grado dictada por al (sic) Honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia”. (mayúsculas y negrillas
originales)
1.2. Fundamento fáctico
Como sustento de lo anterior se extraen los siguientes hechos4:
La sociedad Licoantioquia S.A. formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría General de
Antioquia solicitando la nulidad del fallo nro. 019 expedido el 3 de mayo
de 2002 por el director y la profesional universitaria de la dirección de
responsabilidad fiscal de dicho ente de control5, que declaró fiscalmente
responsable a Licoantioquia S.A. en cuantía de $15.847´388.207, a favor
del departamento de Antioquia, y en contra de los autos mediante los
3
Folio 29 del cuaderno 1.
4
Folios 1 a 28 cuaderno 1.
5
Acto que fue firmado conjuntamente por los citados funcionarios.
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Demandante: Licoantioquia S.A. en Liquidación
cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.
Las razones por las cuales se declaró la responsabilidad fiscal se
sustentaron en “(…) la conducta irregular derivada del contrato en este
caso el Acta de acuerdo del 15 de noviembre de 2000 que absorbía los 8
contratos iniciales cedidos a la Sociedad Licoantioquia S.A. y la
mencionada empresa, es sujeto de responsabilidad fiscal, por lo que
dispuso de bienes que eran de propiedad del Estado”.
El fallo de responsabilidad fiscal explicó que “(…) se desprende de las
pruebas obrantes en el proceso como lo es la carta dirigida por el señor
gerente de LICOANTIOQUIA S.A. al señor Gobernador de Antioquia (…)
donde se manifiesta la acción esto es conducta positiva de contraordenar
el pago de los cheques por valor de $15.480.955, 293, así como la
manifestación de no retirar licor que a la fecha no se le había entregado
(…)”.
La sentencia de primera instancia proferida el 22 de septiembre de 2010
y aclarada el 24 de marzo de 2011, acogió las pretensiones; decisión que
fue apelada por la parte demandada, y la Sección Quinta, en sentencia
del 6 de septiembre de 2018, revocó lo resuelto por el a quo.
1.3. La causal de revisión
La parte recurrente manifestó que se configuró la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista en el numeral quinto del artículo 250
del CPACA6, y que la providencia cuestionada está afectada de las
siguientes nulidades que califica de insubsanables:
6
El artículo 250 del CPACA dispone: “Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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Demandante: Licoantioquia S.A. en Liquidación
Primera nulidad. “Contradicción evidente en la parte motiva de la
sentencia que sirve de fundamento esencial o único para revocar el fallo
de primera instancia”.
Alegó que la sentencia es contradictoria en la parte motiva porque no
puede afirmar que el licor se le vendió y entregó a Licoantioquia S.A. y
luego señalar que, como no se pagó de manera efectiva, sigue siendo de
propiedad estatal.
Indicó que la parte resolutiva dio por sentado que el departamento de
Antioquia- Fábrica de Licores de Antioquia S.A. debía previamente vender
y entregar el licor a Licoantioquia S.A. para que ésta lo pudiera
comercializar enajenándolo a terceras personas, y a renglón seguido,
contradiciéndose, señaló que, como el licor no fue pagado de manera
efectiva, no abandonó el patrimonio público para pasar al patrimonio de
Licoantioquia S.A.
Concluyó que “entró el fallo en una contradicción insalvable, puesto que
no puede afirmar simultáneamente que el licor fue vendido a
Licoantioquia S.A. (título jurídico) y entregado materialmente (modo de
tranferir el dominio), pero que sigue (sic) un bien fiscal porque no se pagó
de manera efectiva. O lo uno o lo otro, pero no se puede transferir y a la
vez no hacerlo”.
Añadió que “es una sentencia contradictoria en su parte motiva, lo cual
contamina inmediatamente la parte resolutiva, porque vulneró principios
básicos de nuestro ordenamiento jurídico positivo, principios de la “Teoría
del Negocio Jurídico”, principios modulares de las obligaciones, y,
especialmente, de la lógica jurídica”.
Segunda nulidad. “inexistencia del silogismo jurídico en el fallo.
Incumplimiento del deber de fallar en derecho”.
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Se sustentó en que es axioma del derecho que al juez se le presentan los
hechos para que él otorgue el derecho y que la labor sentenciadora se
puede simplificar en que se deben subsumir los hechos alegados y
probados por las partes en los supuestos fácticos de la norma de decisión
que considera aplicable para el caso concreto y de esa confrontación
“conceder o no los efectos normativos de la norma sustancial”.
Expuso que en este caso, la sentencia que se solicita revisar, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se duele por la falta de ese
trabajo judicial. Dijo: “concretamente, si la sentencia que se revisa, se
percató que el licor vendido y entregado a LICOANTIOQUIA S.A. no se
había pagado de manera efectiva, razón por la cual seguía siendo de
propiedad del ente territorial, debió seleccionar la norma jurídica
sustancial o el convenio de parte que estableciera que bajo el supuesto
fáctico de no pagarse de manera efectiva un bien, la consecuencia
jurídica, sería que éste no pasa a integrar el patrimonio de otra persona,
o dicho de otra manera, que no hay lugar a transferir la propiedad”.
Agregó que no lo hizo, porque esa norma sustancial no existe en nuestro
ordenamiento positivo, las partes no convinieron al respecto, ni tiene
cabida en la teoría general de las obligaciones, por lo que se trata de una
sentencia que debe ser anulada y, consecuencialmente, dictar la
sentencia de instancia, confirmando la proferida por el a quo.
Tercera nulidad. “Falsa motivación de la sentencia”
Arguyó que “consecuencialmente con las dos nulidades anteriores, la
parte motiva, que revoca el fallo, es producto de una falsa motivación. Si
el fallador plural no acertó en primer lugar en determinar jurídicamente
que en razón de un título (compraventa) y de un modo (entrega material)
el licor vendido por el ente territorial departamental, más concretamente
por la FLA, pasó inmediatamente a ser propiedad privada de
LICOANTIOQUIA S.A., lo cual excluía cualquier gestión fiscal que
legitimara la intervención de la Contraloría General de Antioquia, y
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tampoco atinó que en que el pago efectivo del precio del licor en ningún
momento impide la transferencia de la propiedad pública a la privada,
necesariamente la sentencia está mal o falsamente motivada, razón para
que adolezca de nulidad y no sea posible sostener en derecho su parte
resolutiva, porque en esencia, en el único pilar que sustenta el fallo
revocatorio, si LICOANTIOQUIA S.A. pasó a ser propietario legítimo del
licor comprado, no quedaba otro camino al fallador colegiado de segundo
grado que confirmar la sentencia de primer grado, sin que tuviera espacio
legal alguno para revocarlo como lo hizo alegando una gestión fiscal
inexistente”.
2. Oposición al recurso extraordinario
2.1. La Contraloría General de Antioquia, actuando por conducto de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y para ello
expuso7:
Consideró que la decisión de segunda instancia aquí cuestionada cumplió
los parámetros legales y constitucionales.
Expuso que “la Contraloría General de Antioquia reitera su posición frente
a las consideraciones jurídicas esbozadas en los escritos de contestación
de la demanda, alegatos de conclusión de primera y segunda instancia y
en la sentencia de segunda instancia, además, con base en la nutrida
jurisprudencia y material probatorio obrante en el expediente. // (…)
Conforme a lo anterior, nuevamente me opongo a las pretensiones del
Recurso Extraordinario de Revisión, al considerar lo que expresa el
contratista LICOANTIOQUIA S.A, que no ejerció gestión fiscal por no ser
sujeto del proceso de Responsabilidad Fiscal”.
7
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2019 04038 00.
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Señaló que “el contrato firmado entre el Ente Departamental y la empresa
Licontioquia S. A. no es igual al contrato firmado entre el IDEA y Baan
Colombia Ltda y que es citado en el fallo como sustento para la decisión
adoptada”, y que el departamento de Antioquia, al ceder parcialmente la
distribución de los licores a un particular, le transfirió la calidad de gestor
fiscal, para manejar y disponer de los bienes estatales, en este caso, el
licor que produce el departamento de Antioquia.
Concluyó que “en consecuencia, de todo lo anterior, la Contraloría General
de Antioquia considera que en el proceso de la referencia se reunieron los
presupuestos suficientes para poder declarar la responsabilidad fiscal de
la firma LICOANTIOQUIA S.A y así fue confirmado en fallo de segunda
instancia”.
2.2. El departamento de Antioquia, actuando también por conducto de
apoderado8, manifestó que se oponía a las pretensiones del recurso y que
la decisión cuestionada no incurrió en ninguna de las causales de nulidad
alegadas por Licoantioquia S.A.
Alegó que la sentencia analizó de manera clara y amplia las características
y particularidades de la relación contractual atípica que ataba a
Licoantioquia S.A. con el ente territorial, concluyendo que el contratista
ejecutaba actos propios de gestor fiscal, razón por la cual las acciones
ejercidas en el marco de la relación contractual estaban sujetas al control
fiscal que ejerce la Contraloría de Antioquia, encontrando que la actuación
administrativa que declaró la responsabilidad fiscal estaba ajustada a
derecho.
3. Concepto del Ministerio Público
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2019 04038 00.
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El señor agente del Ministerio Público en el concepto emitido consideró
que el recurso debía declararse infundado, comoquiera que en este caso
no se configuró la causal quinta del artículo 250 del CPACA9.
Para ello hizo referencia al objeto del recurso extraordinario de revisión,
a las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, a la situación fáctica
del caso concreto y que el recurso no constituía una oportunidad para
reabrir un debate propio de las instancias, ni se trata de un medio para
cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias.
Luego de citar apartes de la sentencia proferida en segunda instancia por
la Sección Quinta de esta Corporación, concluyó que no existía nulidad
originada en la sentencia, “sino que se ventilan dos cargos ya resueltos
por la Sección Quinta al proferir la providencia que se cuestiona ahora”,
por lo que la inconformidad del demandante estaba dirigida al juicio de
valor emitido por el juzgador.
Expuso que, “conforme a lo señalado en el fallo arriba citado, se pudo
determinar que en efecto LICOANTIOQUIA S.A. sí era susceptible de ser
objeto del control fiscal, dado que es evidente que se encargaba de la
distribución de bienes de naturaleza pública, como lo son los licores que
produce la FLA, configurándose el detrimento patrimonial del Estado en
el hecho probado de que la sociedad aquí recurrente recibió botellas de
licor en cuantía superior a los quince mil millones de pesos, las cuales no
pagó, pues es un hecho cierto y además admitido por la misma
LICOANTIOQUIA S.A. que esta última dio orden de no pago a los cheques
que giró en favor de la FLA para cubrir el importe de tales licores, sumado
al hecho de que no hizo devolución alguna de los productos que fueron
entregados -o por lo menos no se encuentra prueba de ello en el
expediente”.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2019 04038 00.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión es competente para conocer del presente
recurso extraordinario de revisión, acorde con lo previsto por el artículo
107 del CPACA y por el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo nro. 080 del
12 de marzo de 201910.
2. Oportunidad
En el caso concreto, la sentencia cuestionada fue proferida el 6 de
septiembre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, quedó
ejecutoriada el 25 de septiembre de 201811 y la presente demanda se
radicó el 5 de septiembre de 201912; por lo tanto, atendiendo lo señalado
por el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que dispone que el recurso debe interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, se
desprende que se interpuso en tiempo.
3. Análisis de la Sala
Para determinar si es procedente infirmar la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala
Especial de Decisión examinará: i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión; ii) la causal de revisión señalada en el numeral
quinto del artículo 250 del CPACA, y iii) el análisis de la causal de revisión
en el caso concreto.
10
Reglamento interno del Consejo de Estado.
11
Folio 182 expediente original de nulidad y restablecimiento con radicado nro. 05001
23 31 000 2003 01891 01, remitido en préstamo por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
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Folio 31 cuaderno 1.
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3.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio
de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material, ya que permite controvertir una providencia ejecutoriada
cuando se configure alguna de las causales expresamente previstas por
el ordenamiento jurídico.
Como lo ha señalado la Corporación, el legislador estableció las causales
que habilitan la procedencia de dicho recurso y ha precisado que 13 “(…)
tal medio de impugnación no constituye una tercera instancia dentro del
proceso, en la que se puede intentar una nueva valoración de la prueba
o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso.
Por el contrario, los errores de apreciación probatoria o sustantiva en que
haya podido incurrir el Tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues
este no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio”.
Adicionalmente, este mecanismo extraordinario de revisión tampoco tiene
como propósito corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio
precedente o mejorar el acervo probatorio o los argumentos desarrollados
en el trámite del proceso ordinario, sino que pretende garantizar de
manera plena el derecho al debido proceso14.
3.2. La causal de revisión prevista en el numeral quinto del artículo
250 del CPACA
Acorde con lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado, para la
configuración de esta causal deben estar reunidos los siguientes
presupuestos15:
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2021. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Expediente radicación nro. 11001 03 25 000 2018 00020 00 (0063-18).
Ibidem.
14
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
mayo de 2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01.
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(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el
recurso de apelación;
(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes,
ya que la proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas
de procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del
Proceso;
(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo 133
ibidem o alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más
gravosa la situación al demandante sin que exista demanda de
reconvención; en los eventos en que la providencia carezca de motivación;
cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso concluido con sentencia
en firme; si se procede a dictar sentencia cuando previamente se ha
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención; si se profiere fallo como única actuación; cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso; cuando se dicta sentencia después
de ocurrida alguna de las causales de interrupción o suspensión; cuando
existe un mayor o menor número de magistrados o de votos a los
previstos, u otras situaciones que comporten una violación del derecho
fundamental al debido proceso.
3.2.1. La nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso por falta de motivación
Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación,
esta Corporación ha precisado que16: “se presenta ante la carencia
absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho sirvieron de fundamento a la decisión17, o cuando se sustenta en
circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín.
Expediente radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827).
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de
octubre de 2009, rad. 2003-00133-00.
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dolosas18. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador19.
La providencia antes citada explicó igualmente que20 “en cualquier caso,
la configuración de la causal de nulidad debe ser determinante en la
decisión, al punto que, de no haberse presentado aquella, esta hubiera
sido distinta21. En efecto, “no se trata de controvertir la corrección o
incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de
los hechos y/o de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera
podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en
un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los
hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada, sino de verificar que
se atiendan las reglas procesales propias de la sentencia que de
incumplirse viciarían su validez”22.
3.2.2. La nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso por falta de congruencia
El artículo 281 del Código General del Proceso prevé que “la sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley (…)”.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de
2015, rad. 2002-02456-01(35824), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
19
Ver, entre otras, sentencia de 16 de agosto de 2018, Sección Tercera, Subsección C,
exp. 2007-00107-01(47300), M.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 11 de
octubre de 2005, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 2003-0794-01
(Rev).
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín.
Expediente radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827).
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de
octubre de 2009. Rad. 2003-00133 y Sección Tercera Subsección B. Sentencia del 29
de abril de 2015, Rad. 2008-35319-00 (Rev.), entre otras.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de septiembre de
2013, exp. 2006-00568-01(33059). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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12
Radicado: 11001 03 15 000 2019 04038 00
Demandante: Licoantioquia S.A. en Liquidación
La jurisprudencia ha explicado que23 “(…) se desprende del artículo 29
constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo
respectivo, cuando la transgresión (…) se presente directamente en el
fallo, por ejemplo, cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, o se decide por fuera de los términos que originaron la
controversia”.
Así mismo ha indicado que24 “(…) el CPACA no trae una disposición
similar, sin que ello signifique que este principio no se exija, pues de
hecho el mismo se encuentra regulado en el artículo 305 del CPC y 281
del nuevo Código General del Proceso” y que, en términos generales, la
congruencia se entiende como el deber legal que tienen los funcionarios
judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita.
Frente a la congruencia ha dicho25 que puede ser externa o interna. La
primera se refiere a las relaciones que se produzcan entre la sentencia,
entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes. Mientras
que la congruencia interna es la coherencia que ha de existir ente lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
Finalmente, como lo ha precisado esta Corporación, la nulidad originada
en la sentencia se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna o la externa, caso en el cual “(…) el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio”26.
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de
abril de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000
2013 00358 00.
24
Ibidem.
25
Ibídem.
26
Ibidem.
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3.3. Análisis de la causal de revisión invocada en el caso concreto
En el presente evento, el recurrente invocó la causal de revisión prevista
en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA. Para fundamentar la
configuración, alegó que la sentencia habría incurrido en tres motivos de
nulidad; uno de ellos, relacionado con el que denominó “inexistencia del
silogismo jurídico en el fallo”; otro, la “falsa motivación”, y, por último, la
contradicción entre la parte motiva y resolutiva.
3.3.1. En cuanto a la “inexistencia del silogismo jurídico en el fallo”, lo
fundamentó en que no existía norma jurídica en la que se subsumieran
los hechos alegados y probados por las partes, en el sentido que “debió
seleccionarse la norma jurídica sustancial o el convenio de parte que
estableciera que bajo el supuesto fáctico de no pagarse de manera efectiva
un bien, la consecuencia jurídica, sería que éste no pasa a integrar el
patrimonio de otra persona, o dicho de otra manera, que no hay lugar a
transferir la propiedad”.
De este modo, lo que se advierte es que la parte recurrente pretende
controvertir la valoración de los hechos que dieron lugar a que no se
accediera a la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal y, de contera, a
la aplicación de las normas que llevaron a la Sección Quinta a adoptar
dicha decisión. Por lo tanto, dicha argumentación no encuadra dentro de
los eventos que la jurisprudencia ha señalado como constitutivos de la
causal de nulidad originada en la sentencia y, por el contrario, es un debate
propio de los jueces de instancia que no es procedente ventilarlo a través
del recurso extraordinario de revisión.
3.3.2. Igual situación ocurre con la alegada “falsa motivación”, dado que
tampoco encuadra en los casos que la jurisprudencia ha identificado dan
lugar a la causal de nulidad originada en la sentencia. En este punto, valga
destacar que la falta de motivación sí se trata de un hecho que configura
la precitada causal, que implica que la sentencia carezca absolutamente
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de un pronunciamiento sobre las razones de la decisión o cuando se
sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de
actitudes dolosas, no siendo en este caso lo argumentado.
En efecto, la parte recurrente sustentó la “falsa motivación” en que la
sentencia objeto de revisión está mal o falsamente motivada debido a que
Licoantioquia S.A. no era gestor fiscal, análisis que es propio del debate
de los jueces de instancia; a lo que se suma que el recurso extraordinario
de revisión no está instituido para controvertir las razones en las que se
sustentó la sentencia.
3.3.3. Por último, el recurrente alegó que en la sentencia existe una
contradicción en la parte motiva que sirvió de fundamento para revocar
el fallo de primera instancia y para ello adujo que “(…) no puede afirmar
simultáneamente que el licor fue vendido a Licoantioquia S.A. (título
jurídico) y entregado materialmente (modo de tranferir el dominio), pero
que sigue (sic) un bien fiscal porque no se pagó de manera efectiva. O lo
uno o lo otro, pero no se puede transferir y a la vez no hacerlo”.
Al respecto, la Sala Especial observa que el recurrente no cuestiona
incongruencia alguna entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia,
pues deja en evidencia que su desacuerdo con ella está en el razonamiento
que utiliza para llegar a concluir, congruentemente en la decisión, que el
demandante ejercía gestión fiscal. Es decir, lo que se evidencia del cargo
que formula el demandante, es que no está de acuerdo con el análisis que
hizo la sentencia para afirmar que el demandante era gestor fiscal, pues
tal afirmación constituye el fundamento lógico y congruente de la decisión
final.
Entonces, si la sentencia afirma en su parte motiva que el demandante era
gestor fiscal, y como consecuencia de ello revoca la decisión de primera
instancia y niega las pretensiones, bien puede observarse que no hay
incongruencia interna, como tampoco la hay externa, pues la decisión que
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finalmente se toma surge claramente del razonamiento hecho en la parte
motiva. Asunto distinto es que el demandante insista en que no era gestor
fiscal y argumente supuestas contradicciones en el razonamiento que la
sentencia utiliza para llegar a la afirmación contraria; pero es claro que
ello no puede ser objeto de recurso de revisión, pues tales
argumentaciones simplemente pretenden reabrir el debate ya surtido en
el proceso ordinario.
Al efecto, en la sentencia objeto de revisión se explicó lo siguiente:
“[…] Se rescata que la gestión fiscal debe valorarse con base en las
especiales circunstancias que rodean cada caso. Conforme las reglas
contractuales que rigieron el acuerdo celebrado entre la FLA y
LICOANTIOQUIA S.A. como fuente primera de obligaciones ejercicio
que para esta Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia no realizó,
comoquiera que a lo largo del presente pronunciamiento se ha hecho
hincapié en la gestión fiscal como presupuesto determinante de la
responsabilidad fiscal.
En efecto, salta a la vista que se trató de un contrato cuyo objeto
consistió en la distribución de botellas de licor, del cual se desprende
que la obligación del fabricante fue garantizar una cantidad de
productos determinada; por su parte, el distribuidor se comprometió
a comprarlos, y a su vez, venderlos, por lo que con fundamento en
las pruebas arrimadas al proceso como de las particulares condiciones
que envuelven dicho negocio jurídico se evidencia que las bebidas
alcohólicas no pudieron entrar al patrimonio privado de la
distribuidora demandante, pues no se pagaron. Puede inferirse
entonces que estas nunca perdieron su connotación de bienes
públicos, lo cual a su vez da cuenta de su disposición y manejo, como
ingredientes normativos conformantes de la gestión fiscal.
Dicho de otro modo, LICOANTIOQUIA S.A. sí se comportó como un
gestor fiscal, en la medida que se abstuvo de cancelar las botellas de
licor – con carácter público- entregadas para su distribución, actividad
que entraña una obligación que según se desprende del clausulado
contractual no había terminado, al tiempo que, consecuencialmente ,
puso en entredicho los recursos departamentales, en tanto la FLA
desarrolla una actividad que se corresponde con el monopolio
rentístico establecido en la Constitución Política (…).
Es que, contrario a las afirmaciones esgrimidas por el a quo en sede
de instancia, el manejo o administración de recursos o fondos públicos
se concretó en la entrega del licor que FLA le hizo a LICOANTIOQUIA
S.A. donde, en consideración de esta Sala, no es suficiente que se
limite a guardarlo en bodegas sin que dichos productos sea objeto de
distribución, sino que el solo hecho de haberlos retirado, sin tener que
pagar por ellos, da cuenta evidentemente no solo de su manejo y
disposición, sino que dichos licores nunca perdieron la connotación de
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públicos pues la naturaleza del contrato de distribución supone que
los productos salgan del patrimonio público para que sean revendidos,
lo que reafirma la teoría según la cual ejecutó actos propios de un
gestor fiscal en consecuencia sometido a la competencia que por
disposición constitucional le fue asignada a las Contralorías.
Precisado lo anterior, claro es también, y según se desprende de las
valoraciones realizadas en los actos acusados, que la Contraloría
verificó cada uno de los elementos que deben concurrir para la
declaratoria de responsabilidad, en cuanto al desmedro patrimonial
sufrido como consecuencia de la negativa de LICOANTIOQUIA S.A. de
cancelar el licor retirado, materializado en el menoscabo de las rentas
del departamento, por lo que esta Sala no evidencia que los actos
aquí atacados merezcan ser declarados nulos […]”.
Conforme con lo anterior, esta Sala Especial de Decisión concluye que la
sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018 por la Sección Quinta no
incurrió en incongruencia entre la parte motiva y la considerativa, puesto
que en las consideraciones se explicaron las razones por las que era
posible catalogar a Licoantioquia S.A. como gestor fiscal, esto es, a raíz
del contrato de compraventa y de distribución que celebró con la fábrica
de Licores de Antioquia y el hecho de que los licores recibidos no hubieran
sido pagados, y, con fundamento en ello, revocó la decisión del a quo,
para en su lugar, denegar las pretensiones anulatorias de los actos
cuestionados que habían declarado fiscalmente responsable a
Licoantioquia S.A.
Por el contrario, la Sala estima que, cuando la parte recurrente alega que
en la sentencia objeto de revisión existe una incongruencia porque (…) no
puede afirmar simultáneamente que el licor fue vendido a Licoantioquia
S.A. (título jurídico) y entregado materialmente (modo de tranferir el
dominio), pero que sigue (sic) un bien fiscal porque no se pagó de manera
efectiva (…)”, lo pretendido en realidad es controvertir los razonamientos
expuestos por la Sección Quinta para no declarar la nulidad de los actos
demandados.
Por lo anotado, esta Sala Especial de Decisión declarará infundado el
presente recurso, habida cuenta que la sentencia objeto de revisión
sustentó con suficiencia los motivos por lo que consideró que
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Licoantioquia S.A. tenía la calidad de gestor fiscal y ahora a través de este
mecanismo extraordinario lo pretendido es insistir en que no fungía en
esa condición.
4. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 estableció que, “salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”.
El mencionado artículo fue adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, que previó que “en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.
A su turno, el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, dispuso que de declararse infundado
el recurso extraordinario de revisión se condenará en costas y perjuicios
al recurrente.
Finalmente, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Teniendo en cuenta las disposiciones aludidas y pese a que el recurso será
resuelto de manera desfavorable a quien lo propuso, comoquiera que no
está acreditada la causación de gastos procesales, esta Sala no condenará
en costas por dicho concepto.
En cuanto a las agencias en derecho, se evidencia que la Contraloría
General de Antioquia y el departamento de Antioquia comparecieron a este
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proceso por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto,
se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de
201627 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá
a favor de cada ente y a cargo de Licoantioquia S.A. en liquidación, la
suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, la Sala Dieciocho Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Licoantioquia S.A. en liquidación contra la sentencia
proferida el 6 de septiembre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
SEGUNDO: Ordenar a Licoantioquia S.A., pagar por concepto de agencias
en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente, tanto a favor de la Contraloría General de Antioquia como del
departamento de Antioquia, según lo explicado en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Devolver el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado nro. 05001 23 31 000 2003 01891
01, remitido en calidad de préstamo al despacho de origen del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
27
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Sala Especial
Consejero de Estado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto
MILTON CHAVES GARCÍA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Especial
de Decisión en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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