Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-04250-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-04250-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-04250-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-04250-02
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: FERNANDO GALINDO GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL
Temas: Los efectos inter comunis de la sentencia SU-257 de 2021 no se
dirigieron al giro de anticipos de financiación para las elecciones
presidenciales.
Auto que resuelve incidente de desacato
La Sala decide el incidente de desacato presentado por los señores Enrique Gómez
Martínez y Juan Uribe Velásquez, como director y representante legal, respectivamente,
del partido Salvación Nacional contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por el
incumplimiento de la sentencia SU-257 de 2021, dictada por la Corte Constitucional.
ANTECEDENTES
1. La demanda y la sentencia de tutela
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, los señores Fernando Galindo González, Gloria
Pachón de Galán, Cecilia Fajardo Castro, Rafael Amador Campos, Andrés Talero
Gutiérrez, José Blackburn Cortés, Beatriz Góngora de García y José Encarnación
Corredor Núñez pidieron la protección del derecho fundamental al debido proceso, que
estimaron vulnerado por la sentencia del 16 de mayo de 2019, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que denegó las pretensiones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que pretendía la nulidad de los actos administrativos,
dictados por el Consejo Nacional Electoral, que había denegado personería jurídica al
partido político Nuevo Liberalismo.
1.2. La demanda de tutela correspondió a esta Sección, que, por sentencia del 6 de
noviembre de 2019, denegó las pretensiones al concluir que “(…) no hubo defecto fáctico,
toda vez que la Sección Quinta del Consejo de Estado no desconoció la violencia
padecida por los integrantes del Nuevo liberalismo y concluyó razonadamente que, en
todo caso, esta situación de violencia no fue la causa efectiva de la pérdida de personería
jurídica. En efecto, de acuerdo con lo demostrado en el proceso ordinario, el Nuevo
Liberalismo perdió su personería jurídica por su propia voluntad, ejercida con el fin de
reunificarse con el partido liberal”.
1.2.1. Que tampoco se desconoció el precedente judicial ni se violó directamente la
Constitución, pues la autoridad judicial demandada analizó pronunciamientos de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el alcance del Acuerdo Final y el Acto
Legislativo 02 de 2017, para concluir que la apertura democrática debe tener una
reglamentación legal.
1.3. La anterior decisión no fue impugnada.
1.4. Remitida a la Corte Constitucional, la acción de tutela fue seleccionada para revisión.
Por sentencia del 5 de agosto de 2021 (SU-257 de 2021), se resolvió:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
(…)
SEGUNDO. REVOCAR el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, del 6 de noviembre de 2019 y, en su lugar, TUTELAR el derecho
fundamental a fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, formar parte de ellos y
difundir sus ideas y programas en los términos de los artículos 1, 3, 40 numeral 3, 107 y 108 de
la Constitución, lo mismo que, conforme a los principios y reglas del Estado Social y Democrático
de Derecho, de los accionantes Fernando Galindo González, Cecilia Fajardo Castro, Rafael
Amador Campos, Andrés Talero Gutiérrez, Gloria Pachón de Galán y José Corredor Núñez.
TERCERO. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la Sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del 16 de mayo de 2019, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del expediente 11001-03-28-000-2018-
00022-00, en el que aparecen como demandantes José Encarnación Corredor Núñez y otros. Y,
además, DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones 794 del 13 de marzo de 2018, 2003
del 9 de agosto de 2018 y 0276 de 2019, dictadas por el Consejo Nacional Electoral.
CUARTO. ORDENAR al Consejo Nacional Electoral que, dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de esta Sentencia, reconozca la personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo.
QUINTO. Una vez sea reconocida la personería jurídica del Partido Nuevo Liberalismo, el nombre
y el símbolo registrados en el Consejo Nacional Electoral en 1986, deberá adecuarse a las reglas
previstas en el artículo 5 de la Ley Estatutaria 130 de 1994.
SEXTO. Con el objeto de garantizar la finalidad prevista, entre otros, en el numeral 2.3.1.1 del
Acuerdo Final, se exhorta al Congreso de la República a remover los obstáculos y hacer los
cambios normativos para que los Partidos y Movimientos Políticos obtengan y conserven su
personería jurídica impulsando las medidas allí previstas.
SÉPTIMO. Esta decisión producirá efectos inter comunis para las elecciones de 2022, frente a
aquellos terceros que hubieran estado en las mismas o similares condiciones del Partido Nuevo
Liberalismo expresamente analizadas en esta providencia.
2. El incidente de desacato
2.1. Los señores Enrique Gómez Martínez y Juan Uribe Velásquez, en calidad de director
y representante legal, respectivamente, del partido Salvación Nacional presentaron
incidente de desacato contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil para que le sean aplicados
los efectos inter comunis de la sentencia de la Corte Constitucional SU-257 del 5 de
agosto 2021 y se autorizara el giro de anticipos para la campaña presidencial del señor
Enrique Gómez Martínez.
2.2. Expuso que la sentencia SU-257 de 2021 estableció una serie de mandatos legales,
en aras de configurar la participación integral y genuina en política de los nuevos partidos
políticos que recibieran la personería jurídica. Que, entre tales mandatos, se destacó el
de la garantía de acceder a la financiación estatal, dado que prescribió: “(…) tendrán
derecho a recibir, a partir del reconocimiento de su personería jurídica, los anticipos de
financiación para las elecciones congresariales y presidenciales a celebrarse en 2022
(…)”.
2.3. Que, adicionalmente, la citada sentencia señaló la necesidad de que las autoridades
garantizaran la igualdad y el pluralismo político.
2.4. Adujo que el partido político Movimiento de Salvación Nacional cuenta con
personería jurídica vigente desde el 1º de diciembre de 2021. Que el 14 de marzo
solicitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la financiación estatal previa y que
esa cartera ministerial respondió con la lista de documentos que se debían aportar para
acceder a los anticipos. Que el 23 de marzo siguiente se remitió a dicho ministerio la
documentación solicitada, con la salvedad de que, debido a la precaria vida jurídica del
partido político, no era factible aportar la “certificación del Consejo Nacional Electoral o
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que conste el cumplimiento de los
requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 996 de 2005, en los
términos definidos en el numeral 1 artículo 1 del Decreto 863 de 2006”, disposiciones
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
que señalan como requisitos para el derecho al anticipo: (i) haber obtenido el 4 % de la
votación en la elección anterior a la inscripción del candidato presidencial y (ii)
certificación emitida por el Consejo Nacional Electoral con la liquidación de los recursos
de funcionamiento del partido político, durante los cuatro años subsiguientes.
2.5. Que no era factible para el Movimiento de Salvación Nacional demostrar un 4 % de
la votación en las elecciones inmediatamente anteriores a la inscripción de candidatos a
la Presidencia de la República, por cuanto la elección para validar el cumplimiento de
esa exigencia era la del Congreso del año 2018, momento para el cual la colectividad
política no existía.
2.6. Respecto del segundo requisito, adujo que si bien el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público permitía optar por un contrato de pignoración de los recursos ciertos, acudir a
garantía o póliza, tales recursos debían sumar como mínimo el equivalente al valor
autorizado por el CNE para anticipos presidenciales $ 7.769.654.881, valor que conforme
con la certificación emitida por la directora del Fondo de Campañas Políticas, tampoco
se cumplía.
2.7. Que, siendo así, las exigencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
desconocían la orden de la sentencia y los fines de la misma, que eran los de habilitar la
participación en igualdad de condiciones a los restantes partidos políticos ya existentes.
3. El trámite del incidente de desacato
3.1. Previo a decidir sobre la apertura del incidente de desacato, mediante auto del 5 de
mayo de 2022, el despacho sustanciador requirió al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al Registrador Nacional del Estado Civil y a los magistrados del Consejo
Nacional Electoral, para que rindieran informe sobre el cumplimiento de la sentencia de
tutela del SU-257 de 2021, dictada por la Corte Constitucional. Específicamente, en lo
relacionado con la petición elevada por el señor Juan David Uribe Velásquez, como
representante legal del partido Salvación Nacional, para que le sean aplicados los
efectos inter comunis de dicha providencia y se autorizara “el giro de los anticipos para
la campaña presidencial del Dr. Enrique Gómez Martínez, avalado por el partido político
MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL”.
3.2. El Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Registraduría Nacional del Estado Civil rindieron informes. El Consejo Nacional Electoral,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se refirieron a los requisitos legales para
acceder a los anticipos de financiación estatal, y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitó la desvinculación por falta de competencia.
3.3. Por auto del 23 de mayo de 2022, el despacho sustanciador dio apertura al incidente
de desacato y ordenó correr traslado para que el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
el Registrador Nacional del Estado Civil y los magistrados del Consejo Nacional Electoral
se pronunciaran respecto del cumplimiento de la sentencia SU-257 de 2021, dictada por
la Corte Constitucional.
4. Intervenciones
4.1. El subdirector jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público rindió informe
en el siguiente sentido:
4.1.1. Sostuvo que, en el marco de las competencias constitucionales y legales de esa
cartera ministerial, no se encuentra la de autorizar giros o recursos o expedir
certificaciones para reconocimientos económicos a partidos y movimientos políticos,
como tampoco la de reconocer y otorgar personería jurídica a los distintos movimientos
políticos. Que, en ese sentido, no ha incurrido en desacato alguno de las órdenes
contenidas en la sentencia SU-257 de 2021, ni ha entorpecido, demorado o dilatado el
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades o entidades llamadas a su
cumplimiento.
4.1.2. Que, además, la sentencia SU-257 de 2021 no impuso una orden expresa al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para autorizar giro y que el cumplimiento de esa
decisión debía articularse con lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 10 de la Ley 996
de 2005, “concluyendo que para tener derecho a los anticipos o cualquier otro
reconocimiento económico deben previamente contar con la respectiva certificación y
viabilidad expedida por el Consejo Nacional Electoral, condiciones legales que no fueron
modificadas por el fallo judicial, ni tampoco exceptuadas en su aplicabilidad para los
terceros que hubieran estado en las mismas o similares condiciones del Partido Nuevo
Liberalismo”.
4.1.3. Que la anterior posición era concordante con la asumida por la Sala Plena del
Consejo Nacional Electoral, que, en comunicación CNE-PR-CAAM-004-2022 del 28 de
abril de 2022, emitida como respuesta al gerente de la campaña presidencial de Enrique
Gómez Martínez, informó que “(…) la financiación Estatal del candidato inscrito por el
Movimiento Salvación Nacional, al no cumplir con los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico para acceder a los anticipos, será a través de la reposición de
votos, siempre y cuando obtenga la votación requerida en los términos del artículo 12 de
la Ley 996 de 2005 (…)”.
4.1.4. Resaltó que si bien la sentencia SU-257 de 2021 señaló que, a partir del
reconocimiento de la personería jurídica, dichos partidos o movimientos gozarían de los
mismos derechos y obligaciones de las demás organizaciones políticas –entre los
derechos, el de acceder a la financiación previa– lo cierto es que al hacerlos sujetos no
solo de derechos sino también de obligaciones, los mismos deberían dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 996 de 2005 y
las normas reglamentarias.
4.1.5. A partir de todo lo expuesto, insistió en que ese ministerio no ha desconocido o
incumplido orden que se hubiera impartido en la sentencia cuyo desacato se reprocha y
que tampoco ha omitido atender ningún deber legal en cuanto al papel de hacer giros
por concepto de financiación de campañas electorales a los que llegare a tener derecho
el Movimiento de Salvación Nacional, si así lo certifica el Consejo Nacional Electoral.
4.2. El apoderado del Consejo Nacional Electoral rindió informe en el que afirmó que
debía cerrarse el incidente de desacato de la referencia, por las razones que la Sala
resume a continuación:
4.2.1. Que los ciudadanos Enrique Gómez Martínez, Hugo Villegas Gómez y Juan Pablo
Riveros Lara solicitaron ante esa Corporación, el reconocimiento de personería jurídica
al Movimiento de Salvación Nacional, como consecuencia de la aplicación del efecto inter
comunis de la sentencia de la Corte Constitucional SU-257 de 2021.
4.2.2. Que por Resolución No. 8804 del 1º de diciembre de 2021, la Sala Plena del
Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al Movimiento Salvación
Nacional.
4.2.3. Por otro lado, precisó que la financiación de campañas presidenciales era otorgada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual debería solicitarse por el gerente
de campaña del partido o movimiento político, previo al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 1º del artículo 10º, artículo 11° de la Ley 996 de 2005 y
Decreto 863 de 2006.
4.2.3.1. Que la competencia del Consejo Nacional Electoral frente a la financiación
estatal previa para las campañas presidenciales, se focalizaba única y exclusivamente
en el aporte de una certificación dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
el que se determine el lleno de requisitos previstos en la normatividad, por parte del
movimiento político que lo solicita.
4.2.4. En ese orden, sostuvo que si bien era cierto que la sentencia SU-257 de 2021
previó que el partido Nuevo Liberalismo y los demás terceros beneficiarios a los que se
les aplique la misma “(…) tendrán derecho a recibir, a partir del reconocimiento de su
personería jurídica, los anticipos de financiación para las elecciones congresariales y
presidenciales a celebrarse en 2022 (…)”, también lo era que, para acceder a la misma,
se debía cumplir con los requisitos de ley.
4.2.5. Que en la sentencia SU-257 de 2021 nada se dijo respecto a que para la
financiación en comento debieran obviarse los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico o hiciera excepciones que desnaturalicen las garantías que se
deben suplir en la inversión de los recursos públicos.
4.2.6. Finalmente, sostuvo que esa corporación cumplió el fallo y decidió de fondo la
solicitud elevada por el Movimiento de Salvación Nacional y que, además, ha brindado
toda la información respecto a la financiación de partidos y campañas electorales,
advirtiendo que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el que autoriza los
anticipos de las campañas presidenciales, así como los requisitos que deben cumplir
para la expedición de la certificación, “por lo que el Fondo Nacional de Financiación
Política mediante oficio CNE-S-FNFP-2114-2022-FNFPCE-900 remitió certificación No.
FNFP-C-Nº 037 de fecha 5 de abril de 2022, en relación con la proyección de los recursos
para la financiación del funcionamiento que le correspondería al Movimiento Nacional
durante los 4 años subsiguientes”.
4.3. El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil informó
que esa entidad carece de competencia constitucional y legal en lo relacionado con girar
recursos a la campaña presidencial del candidato del partido político del Movimiento de
Salvación Nacional, por cuanto los recursos se entregan por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, pidió la desvinculación del trámite incidental.
5. Pronunciamiento adicional de los solicitantes
5.1. Los señores Enrique Gómez Martínez y Juan Uribe Velásquez se pronunciaron
frente a los informes rendidos por las autoridades demandadas, para insistir en que no
se ha dado cumplimiento a la sentencia SU-257 de 2021, en cuanto al giro de los
anticipos para financiar la campaña presidencial del candidato del Movimiento Salvación
Nacional. Además, alegaron que las autoridades desconocían la obligación de cumplir la
sentencia de unificación con la interpretación de la Ley 996 de 2005, la cual era restrictiva
y poco garantista para un partido político que empezaba su vida jurídica.
CONSIDERACIONES
1. Del cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
1.1. El trámite de la acción de tutela puede terminar con una sentencia que adopte
medidas tendientes a proteger el derecho vulnerado o amenazado. Esas medidas
pueden ser de acciones o de abstenciones. En ambos casos, las órdenes deben estar
claramente definidas en la sentencia de tutela, de manera que la autoridad o particular
demandado sepa con certeza la orden que debe cumplir.
1.2. Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento
por parte de los funcionarios públicos o por los particulares, según el caso. Para que los
mandatos sean cumplidos cabal y oportunamente, la ley contempla mecanismos que
tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, la
sanción de los responsables del desacato.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
1.3. Esos mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo 1 y el desacato2. El juez
que conoce del incidente de desacato o de las solicitudes de cumplimiento deberá
determinar si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa. Y, si
existe incumplimiento, deberá determinar si el funcionario actuó de manera culposa o
dolosa3.
1.4. El desacato, por tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad
subjetiva del funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las
órdenes dadas en el fallo de tutela. Ahí sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
2. De las órdenes de la sentencia SU-257 de 2015 y su alcance
2.1. La sentencia SU-257 de 2021, dictada por la Corte Constitucional, amparó “el
derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, formar
parte de ellos y difundir sus ideas y programas en los términos de los artículos 1, 3, 40
numeral 3, 107 y 108 de la Constitución, lo mismo que, conforme a los principios y reglas
del Estado Social y Democrático de Derecho, de los accionantes Fernando Galindo
González, Cecilia Fajardo Castro, Rafael Amador Campos, Andrés Talero Gutiérrez,
Gloria Pachón de Galán y José Corredor Núñez”. En consecuencia, entre otras cosas,
ordenó al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica al Partido Nuevo
Liberalismo.
2.2. Adicionalmente, en el numeral séptimo de la sentencia SU-257 de 2021, la Corte
Constitucional dispuso que la decisión ahí adoptada “producirá efectos inter comunis
para las elecciones de 2022, frente a aquellos terceros que hubieren estado en las
mismas o similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas
en esta providencia”.
2.3. Ahora, para entender de mejor manera los efectos inter comunis que otorgó la Corte
Constitucional, conviene decir que en esa sentencia se fijó una regla de unificación sobre
el derecho fundamental a fundar, organizar, desarrollar y mantener partidos,
movimientos y agrupaciones políticas, en el siguiente sentido:
4. Regla de unificación
Al momento de valorar el reconocimiento, pérdida o cancelación de la personería jurídica de un
partido o movimiento, el artículo 108 de la Constitución no puede interpretarse ni aplicarse
exegéticamente ni de manera aislada, sino que tiene que interpretarse y aplicarse de acuerdo con
el modelo democrático construido a partir de los principios y derechos que informan el Estado Social
y Democrático de Derecho y que constituyen la constitución democrática. En otros términos, el
artículo 108 y con él la regla del umbral debe interpretarse y aplicarse en forma tal que no afecte
otros valores o principios que la misma Constitución protege y garantiza.
1
Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras
cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato
al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
2 Artículo 52 del Decreto 2592 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.
3 Sentencia C - 367 de 2014 «(…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
Además, para el caso objeto de análisis y de los demás a los cuales se les pueda aplicar esta regla
como consecuencia de los efectos inter comunis, dicha interpretación tiene que partir de revisar el
modelo constitucional anterior y las normas que lo desarrollaron, en particular la Ley 58 de 1985,
que eran las normas vigentes cuando el Nuevo Liberalismo tramitó tanto la obtención como la
cancelación de su personería jurídica.
(…).
2.3.1. La Corte Constitucional explicó que la sentencia SU-257 de 2021 tendría efectos
inter comunis, para aquellos Partidos, Movimientos Políticos o terceros que hubieren
estado o estén en similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo, en los siguientes
términos:
417. Esta Sentencia producirá efectos inter comunis, para aquellos Partidos, Movimientos
políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares condiciones del Partido Nuevo
Liberalismo según los hechos de violencia iguales o parecidos a los que fueron analizados en
esta providencia y que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1988,
para que puedan hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.
Para tal efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el
Consejo Nacional Electoral además de reconocer la personería jurídica al Partido Nuevo
Liberalismo, deberá también reconocerla a los demás terceros beneficiarios a los que se les
aplique esta misma providencia. Frente a los partidos y movimientos que acrediten los elementos
para ser beneficiarios de la presente sentencia, el Consejo Nacional Electoral recibirá las
solicitudes como “aceptaciones” y procederá a decidir de fondo.
2.4. A partir de lo anterior, la Sala entiende que los efectos inter comunis se dieron
respecto de la regla de unificación que fijó la Corte Constitucional en cuanto al derecho
fundamental a fundar, organizar, desarrollar y mantener partidos, movimientos y
agrupaciones políticas. Y los beneficiarios de esos efectos serían los partidos o
movimientos políticos que se encuentren en similares condiciones a las analizadas en la
providencia para el partido Nuevo Liberalismo.
2.4.1. Es necesario precisar que, para la Sala, los efectos inter comunis no implican per
se el reconocimiento automático de la personería jurídica a los partidos y movimientos
políticos que así lo pidan, sino que los habilitó para presentar la solicitud correspondiente
y acreditar las condiciones dispuestas en la sentencia de unificación. En esos casos, la
autoridad electoral conserva la competencia para determinar si se cumplen o no las
condiciones expuestas en la sentencia de unificación para efectos de reconocer o no la
personería jurídica en cada caso.
2.5. Ahora, la Corte Constitucional determinó que a partir del reconocimiento de la
personería jurídica el partido Nuevo Liberalismo y los demás terceros beneficiarios de
los efectos inter comunis tendrían derecho a recibir los anticipos de financiación para las
elecciones de congresistas y las presidenciales. En lo pertinente, la sentencia dice:
415. El Partido Nuevo Liberalismo y los demás terceros beneficiarios a los que se les aplique esta
sentencia, tendrán derecho a recibir, a partir del reconocimiento de su personería jurídica, los
anticipos de financiación para las elecciones congresariales y presidenciales a celebrarse en 2022.
El Partido Nuevo Liberalismo y los demás terceros beneficiarios a los que se les aplique esta
sentencia, tendrán derecho a acceder a medios de comunicación para divulgación política a partir
del reconocimiento de su personería jurídica.
2.5.1. A juicio de la Sala, se trata del reconocimiento de una consecuencia propia del
reconocimiento de la personería jurídica, pero que por supuesto debe cumplir los
requisitos legales para el efecto.
3. Caso concreto
3.1. En el caso concreto, la Sala encuentra que mediante escritos radicados Nos. CNE-
E-2021-02118, CNE-E-2021-021724 y CNE-E-2021-021866 del 16 de octubre de 2021,
los señores Enrique Gómez Martínez, Hugo Villegas Gómez y Juan Pablo Riveros Lara,
como ex miembros de la junta directiva del Movimiento Salvación Nacional, solicitaron al
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de personería jurídica de ese extinto
partido político.
3.2. Mediante Resolución No. 8804 del 1º de diciembre de 2021, el Consejo Nacional
Electoral decidió de fondo la anterior solicitud y reconoció personería jurídica al
Movimiento de Salvación Nacional. En concreto, dicha Corporación precisó que el
artículo séptimo de la sentencia SU-257 de 2021 dispuso que la misma produciría efectos
inter comunis, para aquellos partidos, movimientos políticos o terceros que hubieren
estado o estén en similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo según los hechos
de violencia iguales o semejantes a los que fueron analizados en esa providencia y que
afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1988, a fin de que
pudieran hacer parte de la apertura democrática en las elecciones de 2022.
3.2.1. Al analizar el caso concreto, encontró que se presentaron similares condiciones
fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del Partido Nuevo
Liberalismo, respecto de los miembros de Salvación Nacional, que afectaron su
permanencia en las contiendas electorales a partir de 1988 y, por lo tanto, debían hacer
parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.
3.3. A juicio de la Sala, el CNE cumplió la orden dispuesta por la Corte Constitucional,
en cuanto a los efectos inter comunis dados a la sentencia de unificación, en razón a que
recibió, admitió y tramitó la solicitud presentada por los representantes del Movimiento
Salvación Nacional, para que le fuera reconocida la personería jurídica a ese partido
político.
3.4. Además, a simple vista, se advierte que la autoridad electoral tuvo en cuenta la regla
de unificación sentada en la SU-257 de 2021, pues analizó los argumentos y las pruebas
aportadas por el solicitante en aras de determinar si el Movimiento Salvación Nacional
cumplía o no con las condiciones dispuestas por la Corte Constitucional.
3.5. Lo anterior es suficiente para concluir que en el presente asunto no se incurrió en
un desacato de la SU-257 de 2021, por parte de la autoridad directamente obligada a
cumplir esa decisión.
3.6. Ahora, la parte actora alega que las autoridades demandadas no han dado
cumplimiento a los efectos inter comunis de la sentencia de la Corte Constitucional SU-
257 de 2021, en cuanto a la autorización del giro de anticipos para financiar la campaña
presidencial del señor Enrique Gómez Martínez, que deriva de los efectos inter comunis
de la sentencia de la Corte Constitucional SU-257 de 2021.
3.7. Al respecto, la Sala reitera que los efectos inter comunis que dispuso la sentencia
SU-257 de 2021, recaen únicamente respecto de la regla de unificación jurisprudencial
relativa a que al momento de valorar el reconocimiento, pérdida o cancelación de un
partido o movimiento, el artículo 108 de la Constitución Política deberá interpretarse y
aplicarse de modo que no se afecten otros valores y principios que la Constitución
protege. A partir de la anterior regla, fue que el CNE efectuó el análisis del caso particular
del Movimiento de Salvación Nacional al momento de determinar el reconocimiento de
la personería jurídica.
3.8. Luego, la orden de tutela no consistió en aspectos adicionales originados por el
reconocimiento de la personería jurídica, como lo es la autorización de anticipos para
financiar elecciones presidenciales.
3.9. De manera que si la parte actora está inconforme con las decisiones de carácter
particular que han negado el reconocimiento y pago de los mencionados anticipos, puede
optar por interponer los recursos procedentes contra los correspondientes actos
administrativos o demandarlos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Al juez
de tutela solo le corresponde verificar que se haya admitido y decidido la solicitud en los
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04250-02
Demandantes: Fernando Galindo González y otros
términos dispuestos por la sentencia de unificación, trámite que se advierte cumplido y,
por lo tanto, no hay lugar a imponer sanción por desacato.
3.10. Siendo así, como se demostró el cumplimiento de la orden de sentencia SU-257
de 2021, por parte del Consejo Nacional Electoral respecto de la solicitud presentada por
el Movimiento Salvación Nacional, no hay lugar a imponer ninguna sanción. Además, la
Sala no advierte ninguna orden específica respecto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público ni de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir de la cual se pueda
derivar un posible desacato.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Declarar cumplida la sentencia SU-257 de 2021, por parte del Consejo Nacional
Electoral, respecto de la solicitud presentada por el Movimiento Salvación Nacional,
por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito, conforme con el Decreto 2591 de
1991. Luego, archivar el presente expediente.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.