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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-04999-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-04999-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de diciembre de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-04999-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2019-04999-01
Accionante: Javier Bravo Silva
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica. Inclusión
del subsidio familiar en la asignación de retiro de los soldados
profesionales. Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019. Partidas computables. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Javier Bravo Silva, mediante
apoderado judicial, en contra de la sentencia del 18 de diciembre de 2019 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se negó el amparo
invocado.

CUESTIÓN PREVIA

El expediente pasó al despacho del consejero ponente el 5 de marzo de 2026 y del
informe de la Secretaría General de esta corporación, índice 33 de SAMAI, así como
del estudio del asunto, se observa que los integrantes de la Sala de la Sección
Segunda, Subsección A para el año 2020 manifestaron impedimento para conocer
de recurso, por lo que, el proceso pasó a conjueces, se manifestaron varios
impedimentos por parte de aquellos a quienes le fue asignado y, finalmente, la
Secretaría lo ingresó a este despacho por instrucción del presidente de esta
subsección; teniendo en cuenta la conformación actual de la Sala. Debido a lo
anterior, hasta ahora se procede a resolver el recurso.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por
la autoridad judicial accionada, con la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida

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dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76001-33-33-010-2013-00069-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que en el año 2013 el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), para
que se reliquidara su asignación de retiro, incluyendo la partida del subsidio familiar.

Que le correspondió al Juzgado 10º Administrativo Oral del Circuito de Cali, quien
en providencia del 3 de febrero de 2015 accedió a las pretensiones y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, revocó la decisión y en su
lugar las negó, para lo cual aplicó la posición unificada del Consejo de Estado1, en
la que se estableció que «para quienes causaron su derecho a la Asignación de
Retiro [sic] con anterioridad al mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida
computable para la liquidación de esa prestación».

Estima que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente que era
aplicable al caso, esto es, la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se
estableció que «la exclusión del subsidio familiar como partida computable para la
asignación de retiro de los soldados profesionales atenta contra el derecho a la
igualdad» y desconoce la finalidad de este emolumento.

Afirma el actor que el Tribunal no debió aplicar la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, en vista de que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se radicó en el año 2013, fecha para la cual estaba vigente la posición
anterior. Adicionalmente, citó varias providencias que se refieren al precedente
judicial, pretendiendo soportar su argumento.

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos la sentencia del 30 de
agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en
consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que dentro del término de
ocho (8) días hábiles emita un nuevo fallo «acorde con el criterio anterior del
Consejo de Estado referente al tema del subsidio familiar para los soldados
profesionales».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de noviembre de 2019, el consejero sustanciador admitió la tutela y vinculó al
Juzgado 10º Administrativo del Circuito de Cali y a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL).

1 Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, radicado 85001-33-33-002-2013-00237-01, consejero
ponente William Hernández Gómez, Sección Segunda, Subsección A.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que no existe la violación
que alega el actor, en la medida que se aplicó la tesis del Consejo de Estado que
estaba vigente, esto es, la providencia del 25 de abril de 2019.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, bajo el entendido que, la sentencia cuestionada
no fue proferida de forma caprichosa ni arbitraria; por el contrario, se ajustó al
ordenamiento jurídico aplicable al caso.

El Juzgado 10º Administrativo del Circuito Judicial de Cali, fue debidamente
notificado de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de diciembre
de 2019 negó la acción de tutela, bajo el entendido que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no desconoció precedente alguno, sino que dio aplicación a la
tesis establecida por el Consejo de Estado, la cual estaba vigente para la época en
la que la autoridad judicial accionada emitió fallo.

El juez constitucional consideró que no se le trasgrede al actor las expectativas o
derechos adquiridos, ya que el derecho no estaba consolidado, porque se
encontraba en discusión; de ahí que, «se justifica que el juez resuelva el asunto
conforme con el precedente vigente al momento de fallar, que para el sub examine,
lo constituye la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado».

IMPUGNACIÓN

El accionante argumentó que el legislador contempló que el derecho a la partida del
subsidio familiar sería incluido únicamente en la asignación de retiro de los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional y no para los soldados profesionales; cuando
estos últimos eran los que más necesitaban dicho beneficio.

Indicó que el Consejo de Estado en la tesis anterior determinó la inclusión del
subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
profesionales en aplicación del principio de igualdad. En relación con la posición
vigente adujo que «si bien el juez puede innovar las interpretaciones del derecho, lo
cierto es que debe hacerlo con sindéresis y con cuidado de no afectar derechos
fundamentales»; para lo cual propone que:

«[…] En efecto, puede ocurrir que la nueva regla no pueda aplicarse de
manera inmediata, porque, de hacerlo, se afectarían expectativas
legítimas de los asociados. En ese caso, es conveniente adoptar

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medidas para proteger esas expectativas. Esas medidas de protección
deben aplicarse en los casos en los que se cambia de criterio
jurisprudencial respecto de derechos de carácter laboral o pensional,
pues, como se sabe, esos tipos de derechos procuran la satisfacción de
necesidades básicas de las personas más necesitadas. Esa clase de
derechos gozan de una fuente constitucional».

Además, citó las siguientes sentencias: del 4 de abril de 2013 del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 4 de septiembre de 2017 de la misma
corporación radicado 2009-00295 y del 5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional,
que se refieren al principio de la igualdad y la seguridad jurídica y a la prohibición
de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se conceda el amparo invocado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...].

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
[...]

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...].»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como

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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

El accionante impugna la sentencia de primer grado considerando que se hizo una
aplicación retroactiva del precedente, en este caso, la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, lo que le viola los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y a la seguridad jurídica, ya que para la fecha en que radicó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, estaba vigente la posición anterior del
Consejo de Estado que incluía la partida del subsidio familiar en la asignación de
retiro de los soldados profesionales.

Además, señaló que, si bien es dable cambiar la jurisprudencia, lo cierto es que se
deberían implementar medidas que protejan las expectativas de quienes se podrían
ver afectados con el cambio de criterio, en especial de los derechos de carácter
laboral o pensional, teniendo en cuenta que dichas garantías procuran la
satisfacción de necesidades básicas de las personas más necesitadas.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.

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En vista de que, en esta instancia no se está discutiendo el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, se tienen por superados, tal como lo consideró el juez constitucional de
primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 30 de agosto de
2019 expresó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 estableció:

«[…] En ese orden, las partidas computables para la asignación de retiro
de los soldados son únicamente las siguientes:

1.1. Aquellas enlistadas de manera expresa en el artículo 13.2 del
Decreto 4433 de 2004, esto es, el salario mensual y la prima de
antigüedad.

1.2. Todas aquellas partidas que el legislador o el gobierno en uso de sus
facultades constitucionales o legales lo disponga de manera expresa,
respecto de las cuales, en atención a lo establecido en el Acto Legislativo
núm. 1 de 2005, a los artículos 1 y 49 de la Constitución Política y a los
numerales 3.3. y 3.4 de la Ley 923 de 2004 deben realizarse los
correspondientes aportes.

2. Los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de
retiro a partir de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el
subsidio familiar como dicha partida computable en prestación, así: en el
porcentaje del 30% para quienes al momento de su retiro estén
devengado [sic] el subsidio familiar regulado en el Decreto 1794 de 2000
en porcentaje del 70%, para el personal de soldados profesionales que
no percibía tal partida.

3. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con
anterioridad al mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida
computable para la liquidación de esa prestación, toda vez que no estaba
definido en la ley o decreto como tal».

Aunado a lo anterior, citó el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 que estableció la
forma de liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales, dentro de los
cuales no se incluyó el subsidio familiar como partida computable.

Descendiendo al caso concreto, el Tribunal encontró probado que: 1) el demandante
fue soldado profesional del 1º de noviembre de 2003 hasta el 1º de marzo de 2011,
fecha de su retiro; 2) de la «hoja de servicios se evidencia que estando en actividad,
el demandante devengó el correspondiente sueldo básico, subsidio familiar, prima
de antigüedad, subsidiado y bonificación por orden público»; 3) CREMIL mediante
Resolución núm. 29771 del 27 de abril de 2011 reconoció la asignación de retiro,
teniendo como partidas computables únicamente el 70% del salario mensual en los
términos del inciso 1° del artículo 10 del Decreto 1794 de 2000, esto es, 1 SMLMV
incrementado en un 40% del mismo; y el 38.5% de la respectiva prima de
antigüedad y 4) el 8 de mayo de 2012, el actor solicitó la reliquidación de su
asignación con base en la partida del subsidio familiar, petición que fue negada.

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Concluyó que de acuerdo con la sentencia de unificación, la norma aplicable al caso
es el «artículo 13 del Decreto 4433 de 2004», según el cual, el subsidio familiar no
es una partida computable en la asignación de retiro de los soldados profesionales.

Por lo anterior, la autoridad judicial decidió revocar la sentencia del 3 de febrero de
2015, proferida por el Juzgado 10º Administrativo del Circuito de Cali y, en su lugar,
negar las pretensiones.

Al respecto, la Sala precisa que los jueces están en la obligación de resolver los
asuntos aplicando la tesis o posición unificada que esté vigente al momento de
dictar el fallo y, no la que regía para la fecha en que se radicó la demanda, esto, en
aras de garantizar la seguridad jurídica.

Así las cosas, se observa que el Tribunal no desconoció precedente alguno, sino
que aplicó la tesis establecida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia del 25 de abril de 2019, la cual estaba vigente para el momento en que
la autoridad judicial accionada resolvió el recurso de apelación en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En relación con las sentencias del 4 de abril de 2013 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, del 4 de septiembre de 2017 de la misma corporación
radicado 2009-00295 y del 5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional, estas se
refieren a la prohibición de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, no se
observa que este sea el caso, como se explicó anteriormente.

El actor alega que la aplicación del precedente le frustra su expectativa del derecho
a la reliquidación de la asignación de retiro incluyendo la partida del subsidio
familiar. Sobre el particular, la Sala estima conveniente señalar la diferencia que
existe entre los derechos adquiridos, las expectativas legítimas y las meras
expectativas.

La primera: se entiende que se adquiere por haber cumplido los requisitos y las
condiciones que establece la ley para su adquisición; en estos casos, se garantiza
su protección. La segunda: es cuando el individuo no ha cumplido aún los requisitos
necesarios para la obtención del derecho, pero se halla muy próximo a lograrlo. La
tercera: es aquella esperanza o probabilidad que tiene una persona de adquirir en
el futuro un derecho, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento
jurídico. Estos no gozan de protección.

Precisado lo anterior, se advierte que el actor tenía una mera expectativa, bajo el
entendido que el Decreto 4433 de 2004 no contemplaba el subsidio familiar como
una partida computable para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
profesionales, sino que dicho derecho lo estableció el Consejo de Estado en la
sentencia del 17 de octubre de 2013.

Así las cosas, al no ser un derecho adquirido la expectativa que tenía el actor podía
ser afectada ante un cambio de postura, como así ocurrió, por lo que, la aplicación
del precedente no es irracional y tampoco transgrede los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

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En consecuencia, se confirmará la sentencia del 18 de diciembre de 2019 que negó
el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de diciembre de 2019 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que negó la acción de tutela, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

9

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