Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05087-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05087-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-05087-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2019-05087-00 (6428)
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Asunto: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 – violación
al debido proceso y reconocimiento del derecho pensional con
exceso en la cuantía fijada en la norma
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014)
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2010-01059-01.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
1.1. El dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), la señora Martha Molano de
Cadena presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la
anulación del acto presunto a través del cual la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL)
le negó la petición de reliquidación de su pensión de jubilación1.
1 Se extrae de lo consignado en los folios 203 a 205 del Cuaderno A del Anexo 2.
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Como sustento fáctico de su demanda, narró que mediante Resolución No 23969 de
12 de noviembre de 2004, CAJANAL le reconoció pensión de jubilación en cuantía de
tres millones siete mil novecientos seis pesos ($3.007.906), que se hizo efectiva el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil cinco (2005), cuando le fue aceptada la
renuncia al cargo que desempeñaba como juez de la República.
Indicó que formuló derecho de petición a CAJANAL el primero (1°) de noviembre de
dos mil cinco (2005), solicitando la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos
los factores dispuestos en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, esto es, teniendo en
cuenta todo lo percibido con ocasión de su relación legal y reglamentaria y no
solamente con base en la asignación básica mensual, sin que a la fecha de
presentación de la demanda la referida entidad hubiere dado respuesta a su solicitud.
En este contexto, solicitó la anulación del acto ficto o presunto por el cual se le negó
la reliquidación pensional y, como restablecimiento del derecho, que se ordenara la
consecuente reliquidación con la inclusión de todos los factores de que trata el artículo
6º del Decreto 546 de 1971.
1.2. El veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en descongestión, dictó
sentencia de primera instancia en la cual declaró la configuración del silencio
administrativo negativo y la nulidad del acto ficto, ordenó a CAJANAL reliquidar el valor
de la mesada pensional con su respectiva indexación y dispuso la prescripción de las
diferencias de las mesadas reliquidadas causadas con anterioridad al dieciséis (16) de
noviembre de dos mil siete (2007)2.
Para sustentar tal determinación, concluyó que la demandante sí era beneficiaria del
régimen de transición, por lo que, al tenor de lo previsto en el Decreto 546 de 1971, su
mesada pensional debía ser el equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiera devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los
factores que constituyeran salario. Así, como en el reconocimiento pensional la entidad
no incluyó la duodécima parte de las primas de servicios, navidad y vacaciones ni la
bonificación por actividad judicial, advirtió necesario disponer la reliquidación de la
pensión a fin de que se tuvieran en cuenta esos conceptos.
2 Folios 203 a 215 del Cuaderno A del Anexo 2.
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1.3. Inconformes con esta decisión, tanto la demandante como CAJANAL la apelaron.
La primera, por considerar que no había operado la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al dieciséis (16) de noviembre de dos mil siete (2007),
mientras que la entidad alegó que la reliquidación de la pensión se ciñó a la ley, la cual
no incluía para su cálculo la bonificación por actividad judicial ni las doceavas partes
de las primas de navidad, de servicios y vacaciones3.
1.4. Mediante sentencia de primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014), la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de
primer grado, excluyendo de la orden de reliquidación la bonificación por actividad
judicial4.
Como fundamento de su decisión, explicó que “[e]xiste amplia jurisprudencia del
Consejo de Estado, reiterada y constante, conforme la cual quien sea beneficiario del
régimen de transición dispuesto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
y lo ampare un régimen pensional especial, como es el caso de la Sra. Martha Molano
de Cadena, la aplicación de este debe hacerse en su integridad, en lo que atañe a la
edad, tiempo de servicios, monto de la pensión y el ingreso base para su liquidación,
sin que sea viable acudir al régimen general en alguno de estos aspectos, tal y como
lo hizo la entidad demandada en la Resolución (…) por medio de la que reconoce
pensión de jubilación a la actora”.
En este caso, al advertir que el régimen que amparaba a la demandante era el especial
consagrado en el Decreto 546 de 1971, la Subsección señaló que para determinar los
factores salariales a tener en cuenta a efectos de establecer el ingreso base de
liquidación, “debe acudirse a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
717 de 1978, modificado por el 4º del Decreto 911 del mismo año, del que se obtiene
que por tal debe entenderse, además de la asignación básica mensual fijada por la ley
para cada empleo, todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario
y empleado como retribución por sus servicios”.
Sin embargo, precisó que la bonificación por actividad judicial “no puede ser
considerada para el cálculo de la pensión de jubilación (…), porque por disposición del
artículo 2º del Decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005, la misma no constituye factor
salarial ni prestacional”.
3 Se extrae de lo consignado en el folio 249 del Cuaderno A del Anexo 2.
4 Folios 247 a 262 del Cuaderno A del Anexo 2.
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2. El recurso extraordinario de revisión
El veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), a través de apoderada
judicial, la UGPP –en calidad de sucesora procesal de CAJANAL– formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el primero (1) de septiembre de
dos mil catorce (2014) por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, alegando la configuración de las causales de revisión contenidas en los
ordinales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, “[c]uando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”, y “[c]uando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”5.
A su juicio, en este caso se configuró la primera causal de revisión por vulneración al
debido proceso, “en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante
(sic) en los términos ordenados [en la sentencia impugnada] no le corresponde, pues
lo correcto es que tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y
21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que debe ser tenidos en cuenta”,
así como el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994, los cuales fueron
desconocidos por los jueces de instancia.
Para la entidad, como la señora Molano de Cadena era beneficiaria del régimen de
transición, ello le permitía pensionarse con la norma anterior pero únicamente en lo
concerniente a las condiciones de edad, tiempo y monto, pues respecto al ingreso base
de liquidación “sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón
por la cual la extinta Cajanal anteriormente había reconocido la pensión de vejez con
dichas condiciones”. Lo anterior, según afirma, porque las reglas para definir el ingreso
base de liquidación “no hacen parte del régimen anterior, sino de las disposiciones que
expresamente señala el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”6.
Esta situación, en su criterio, también dio lugar a la configuración de la causal prevista
en el ordinal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer un derecho que
excede lo debido de acuerdo con la normativa.
5 Folio 12 del PDF denominado “9_ED_CUADPPAL2019050” visible a índice 11 de SAMAI.
6Para sustentar su dicho, la recurrente afirmó que esa tesis es la que ha promulgado la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
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Finalmente, afirma que esto constituye “una grave afectación a la sostenibilidad
financiera del sistema toda vez que contribuye a aumentar para el caso concreto en
un 0,54262611079% la mesada pensional de la causante (sic) sin que exista
justificación legal ni jurisprudencial para ello”.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Mediante auto de nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021), el Despacho
inadmitió el recurso extraordinario de revisión7, el cual, luego de ser subsanado8, fue
admitido por providencia de veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022),
ordenándose notificar esta decisión a la señora Martha Molano de Cadena, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado9.
3.2. Dentro del término de traslado, la señora Martha Molano de Cadena se opuso a
la prosperidad del recurso por considerar que no se configuran las causales alegadas,
pues, a su juicio, lo expuesto por la recurrente solo plantea una disparidad frente al
criterio de la jurisprudencia reiterada y pacífica del Consejo de Estado vigente para el
momento en que se dictó la sentencia impugnada, según la cual el Decreto 546 de
1971 se aplicaba en su integridad para los beneficiarios del régimen de transición y no
de manera fragmentada. Así, aunque con posterioridad la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación de once (11) de junio de dos mil
veinte (2020) que recogió esa tesis, lo cierto es que en esta providencia la Sala
determinó que la nueva posición solo aplicaría a los casos pendientes de solución y
no a los que ya habían sido fallados y estaban amparados por la cosa juzgada, a partir
de lo cual es claro que la argumentación del recurso lo que busca es desatar una
tercera instancia, reabriendo un debate ya zanjado para lograr la aplicación de un
precedente que no existía para el momento en que se resolvió su caso concreto10.
Por su parte, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió el
Concepto No. 060 de 2022, solicitando que se declare infundado el recurso en tanto la
sentencia impugnada se basó en el criterio jurisprudencial imperante para ese
momento, según el cual el ingreso base de liquidación sí hacía parte del régimen de
7 Folio 70 del Cuaderno Principal.
8 Índice 12 de SAMAI.
9 Índice 14 de SAMAI.
10Índice 28 de SAMAI, documento descrito como “18RECIBEMEMORIALESPORCORREOELE
CTRONICO_20203334CONTESTACIOND ELRECURSODEREVISION(.pdf) NroActua 13”.
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transición pensional, por lo cual dicha providencia está ajustada al contexto normativo
y jurisprudencial vigente para la época11.
Por último, la ANDJE se abstuvo de intervenir en esta oportunidad.
3.3. Posteriormente, por auto de siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022),
el Despacho decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales
aportadas con el recurso, estas son, el expediente prestacional de Martha Molano de
Cadena, la sentencia impugnada y la certificación de los pagos efectuados a la
pensionada12.
3.4. Agotados los trámites de ley, el proceso ingresó al Despacho para adoptar la
decisión que en derecho corresponda13.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA14, en concordancia con
lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 ⎯Reglamento
Interno de la Corporación15⎯, la Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para
resolver este recurso extraordinario de revisión, por dirigirse contra una sentencia
dictada por una Subsección del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida en segunda instancia por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2010-01059-01, se
11 Índice 22 de SAMAI.
12 Índice 32 de SAMAI. De estos documentos se corrió traslado a las partes el dieciséis (16) de
septiembre de dos mil veintidós (2022), tal y como consta a índice 36 del aplicativo SAMAI, sin que
estas emitieran pronunciamiento alguno.
13 Índice 37 de SAMAI. Mediante memorial del 22 de agosto de 2023, la parte recurrente presentó
solicitud de impulso procesal (índice 38 de SAMAI).
14 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
15" ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.
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encuentra incursa en las causales de revisión contenidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y las causales señaladas por la parte
recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el
debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico16, siempre que
se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley17. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
16 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de
la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso
concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
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partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario18.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que “[c]omo dicho recurso
afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones
que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional,
restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley,
con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”19 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o
crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la
excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad
jurídica.
4. Las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
4.1. Tratándose del reconocimiento de sumas periódicas y con el propósito de
preservar la integridad del erario y velar por la sostenibilidad del sistema general de
pensiones, el legislador estableció que las sentencias, actos conciliatorios o
transacciones que reconozcan una prestación periódica o pensiones a cargo del
presupuesto público, pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o por la Corte
Suprema de Justicia, según sus competencias. Así, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé:
“Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-03791-00.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”
En sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional señaló que dicha norma establece
una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las siguientes características:
(i) está restringido a una parte activa calificada, es decir, solo determinadas entidades
tienen legitimación para instaurarla; (ii) procede únicamente por las dos causales
específicas previstas en la ley, con las cuales se busca la protección y recuperación
del patrimonio público, y (iii) su objeto es delimitado, por lo que el análisis debe dirigirse
a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas20.
Así, en esta clase de procesos lo que se busca es determinar la legalidad del
reconocimiento efectuado, bajo la premisa de que se debe salvaguardar el erario de
prestaciones ilegales o reconocidas de forma errónea y que esa labor corresponde no
solo a las autoridades administrativas, sino también a las judiciales. Por ello, la
jurisprudencia ha entendido que esta acción especial tiene como fin último preservar
el patrimonio público, lo que impone que se examine desde esa perspectiva21.
4.2. De conformidad con el inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
primer requisito de procedibilidad de esta acción especial de revisión es que exista una
sentencia, conciliación o transacción en la que la autoridad respectiva haya
reconocido, reajustado o liquidado alguna prestación periódica con cargo a fondos
públicos. Sobre el punto, la Sala Especial de Decisión N° 6 del Consejo de Estado
indicó:
“Al revisar con detenimiento el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se advierte
que la acción de revisión especial procede contra sentencias que hayan
decretado (i) un reconocimiento que imponga la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o, (ii) una pensión de cualquier naturaleza. Así mismo,
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 30 de noviembre de 2021,
radicación 11001-03-15-000-2017-01538-00.
21 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N° 21, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2016-02514-00.
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la norma dispone que también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
Así las cosas, la acción de revisión exige que el reconocimiento pensional sea
otorgado en una sentencia, o sea el resultado de una transacción o
conciliación. Ahora, si bien el recurrente afirma que en este caso procede el
estudio puesto que al negarse las pretensiones de la demanda, se ‘mantiene’
el reconocimiento de la pensión, y por tanto hay lugar a estudiar: (i) si ese
reconocimiento pensional fue obtenido con violación al debido proceso, y (ii)
si la cuantía excede lo debido de acuerdo con la ley; debe precisarse que
dicha conjetura no está llamada a prosperar, puesto que como se dijo en
precedencia, la revisión es una acción especial, que tiene como objeto o
finalidad controvertir las sentencias, transacciones o conciliaciones que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público.
De manera que para la prosperidad de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, no es lo mismo el reconocimiento de una pensión a través de un
acto administrativo, que por medio de una sentencia; y mucho menos puede
equipararse una sentencia que niega las pretensiones de declarar la nulidad
de un acto que reconoce una pensión, con una sentencia que reconoce o
decreta una prestación o una pensión, para efectos de su estudio en sede del
recurso extraordinario de revisión.”22 (Negritas en original y subraya de la
Sala).
De ahí entonces que sea necesario, como primer presupuesto de prosperidad de la
acción contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se trate de una sentencia,
conciliación o transacción donde se haya efectuado un reconocimiento pensional.
4.3. De otra parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contempla dos causales de
revisión.
La primera, a la que se refiere el ordinal a) de dicha norma, que ocurre “[c]uando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”, frente a lo cual la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que se trata de afectaciones al
derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución, entendiéndolo
como “una garantía para equilibrar la relación autoridad – libertad que surge entre el
Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros
interesados en una actuación administrativa o judicial”23.
Ella comprende, fundamentalmente, tres garantías:
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 6, sentencia del 3 de noviembre de 2020, radicación
11001-03-15-000-2020-03047-00.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 9,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2019-01749-00(REV).
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Recurrente: UGPP
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, el derecho a la defensa técnica, a un proceso
público y sin dilaciones, a que se produzca una decisión motivada, a impugnar
la decisión, a la presunción de inocencia y la garantía del non bis in ídem.
La segunda, esta es, la prevista en el ordinal b) del artículo 20 ibidem, se refiere al
reconocimiento de una prestación periódica por encima de la cuantía prevista en la ley,
lo que implica que debe contrastarse la decisión de reconocimiento, reajuste o
liquidación con las normas que regulan la materia, a efectos de establecer si el monto
está ajustado o no a lo ordenado por el ordenamiento jurídico. En la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, se determinó
que ella obedecía a la necesidad “de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos”24.
Al respecto, esta Corporación ha sostenido:
“(…) la causal se erige como una herramienta legal útil, que persigue fortalecer
el principio de la moralidad administrativa y que permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del
gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular”.
Para su procedencia, debe demostrarse “i) que se trate de un derecho debido de
acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso
en la cuantía reconocida frente a ese derecho”25.
24 Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 23, sentencia de 6 de agosto de 2019, radicación
11001-03-15-000-2016-01280-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
Establecido lo anterior y con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la
Sala a realizar el análisis del caso concreto.
5. Caso concreto
Como se indicó en el acápite de consideraciones generales de esta providencia, el
reproche formulado por la parte actora se circunscribe a afirmar que, para efectos de
la determinación del ingreso base de liquidación (en adelante IBL), la autoridad judicial
debió aplicar lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y no lo previsto
en el Decreto 546 de 1971.
A partir de esa afirmación, sostiene que se configuró la causal prevista en el ordinal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la situación no se juzgó con base en el
derecho aplicable, y la causal del ordinal b) en tanto la prestación terminó
reconociéndose por encima de lo que correspondía de conformidad con la regulación
legal.
Pues bien, en lo que corresponde a la causal establecida en el ordinal a) del artículo
20 atrás señalado, la Sala advierte que, como se indicó en el acápite de
consideraciones generales de esta providencia, la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por esta causal está condicionada a la demostración de que
el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación del debido proceso, que se
materializa cuando existe falta de competencia, no se respetan las formas propias de
cada juicio o no se dan las garantías de audiencia y defensa. En este sentido, se
excluye la posibilidad de plantear cuestionamientos que conciernan al contenido de la
motivación misma o a la valoración probatoria, aunque se alegue que con ellas se
vulneró la garantía constitucional atrás señalada.
Bajo esa premisa, lo que se encuentra es que, en este caso, si bien la recurrente
manifestó que la reliquidación de la pensión de la señora Molano de Cadena fue
expedida con violación del derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que los
argumentos planteados por ella no se dirigen a formular un verdadero cargo por
vulneración de esa garantía en alguna de las manifestaciones anotadas, sino a
cuestionar el régimen normativo aplicable por el fallador para la determinación del
porcentaje del IBL y los factores tenidos en cuenta al momento de liquidar la
prestación, asunto que, como se anotó, resulta extraño a la causal prevista en el ordinal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
Ahora bien, ese mismo argumento es utilizado para fundar la alegada configuración de
la causal la contenida en el ordinal b) del artículo en cuestión, la cual se refiere a que
“la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, al considerar que el IBL debió
liquidarse conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no en el
Decreto 546 de 1971, como, según la entidad, lo determinó la Corte Constitucional en
las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, así como en providencias posteriores
a la expedición de la sentencia acusada26.
Por su parte, la señora Molano de Cadena y el Ministerio Público coinciden en señalar
que este cargo se dirige a cuestionar la aplicación de la ley derivada de una
interpretación jurisprudencial, advirtiendo que la decisión judicial acusada atendió la
regla de unificación fijada por el Consejo de Estado para el momento en que se falló
este proceso, lo que descarta la prosperidad de la causal alegada.
En este escenario, el análisis del asunto puesto a consideración de esta Sala evidencia
que, ciertamente, para el primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014), fecha
en la que se expidió la providencia acusada, se encontraba vigente la tesis planteada
en la sentencia de unificación de cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010) proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación27, según la cual, el ingreso base de
liquidación en el régimen de transición debía reconocerse y liquidarse con base en la
norma anterior, que, para este caso concreto, era el Decreto 546 de 1971.
Además, para ese momento lo dicho en las sentencias de la Corte Constitucional C-
168 de 1995 y C-258 de 2013 no tenía el alcance que pretende atribuirle la parte
recurrente, pues mientras que en la primera lo que se analizó fue la constitucionalidad
de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993 ꟷdeclarando la exequibilidad del primero
y la inexequibilidad del aparte final del inciso tercero del artículo 36 por consagrar una
discriminación irrazonable e injustificada entre los trabajadores del sector público y del
privadoꟷ, con la segunda providencia lo que se estudió fue el régimen especial de los
congresistas, declarando la inexequibilidad de algunos apartes del artículo 17 de la
Ley 4 de 1992, por cuanto “[las] reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL)
aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en
26 Así, el recurrente se refiere a las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-
395 de 2017 y SU-631 de 2017, y a los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
27 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”, sin que
para esa fecha se hubiere determinado una aplicación extensiva de esa premisa a los
demás regímenes pensionales especiales28.
Ya la Sala Plena de esta Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a
recursos promovidos por la UGPP en muy similares términos a los que aquí se analizan
y frente a casos que comparten los supuestos fácticos del presente asunto,
concluyendo que el argumento de la aplicación indebida de la tesis planteada por la
Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación de cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010), no puede configurar la causal de revisión prevista en el
ordinal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200329, pues mientras que frente al IBL “no
[había] sido pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
sobre si éste hace o no parte, del régimen de transición”, el “Consejo de Estado, en
cambio, había sentado su postura, de forma contundente y con alcance de unificación,
desde la providencia de 4 de agosto de 2010 (…) [acerca de que] el IBL también hacía
parte del régimen de transición”30.
En ese sentido, es claro que la sentencia acusada no desconoció la ley en punto de la
orden de reliquidación de la pensión, pues el ad quem atendió el precedente obligatorio
que se había definido para ese momento en el Consejo de Estado en relación con cuál
era la norma aplicable para la determinación del ingreso base de liquidación en estos
casos, de manera que dicha providencia “se encontraba amparada por la
jurisprudencia vigente del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa”31.
28 Así, en la sentencia del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 6, de 5 de febrero de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-01943-00, se precisó que la sentencia C-168 de 1995 “no [fijó] reglas
jurisprudenciales sobre cómo se debía entender el IBL en el régimen de transición” y que la sentencia
C- 258 de 2013 solo se refirió al “régimen de transición en pensiones de los Congresistas”. Además, a
pesar de que con la sentencia SU-230 de 2015 la Corte precisó que “(…) aunque la interpretación de
las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C- 258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen
especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, (…) ello no excluye la interpretación en
abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el
IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se
pertenezca […]”, lo cierto es que esta sentencia también es posterior a la que aquí es objeto de revisión.
29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 11, sentencias de 16 de diciembre de 2022,
radicación 11001-03-15-000-2020-05060-00, y de 25 de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2018-02503-00. Además, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 5, sentencia de 30 de junio
de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-02238-00; y Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia de
30 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2017-01538-00.
30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia de 2 de julio de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01883-00.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia de 30 de noviembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-01538-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
Así, si bien el Consejo de Estado posteriormente modificó su posición con la
expedición de las sentencias de unificación de veintiocho (28) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), radicación 52001-23-33-000-2012-00143-01, y de once (11) de junio
de dos mil veinte (2020), radicación 15001-23-33-000-2016-00630-01, para entender
que el IBL no forma parte del régimen de transición, esto no puede servir de argumento
para fundar el cargo propuesto pues, como se dispuso expresamente en esa última
providencia, “[no] puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho
o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con
fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci (sic) aquí expuesta,
prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales
de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA” (resaltado fuera de texto).
Así las cosas, como la causal de revisión invocada se dirigió a cuestionar la forma
como fue calculado el IBL con base en la alegada inobservancia de las sentencias C-
168 de 1995 y C-258 de 2013, se concluye que este cargo no está llamado a prosperar,
toda vez que la sentencia impugnada observó las normas que según la jurisprudencia
vigente debían ser aplicadas a efectos de liquidar la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición y, en ese sentido, no puede predicarse que la “cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.
En mérito de lo expuesto y al no configurarse los supuestos de las causales de revisión
alegadas por la recurrente, el presente recurso deberá declararse infundado.
6. Costas
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece: “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”32.
32 Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se formuló antes de la
expedición de la Ley 2081 de 2021, para resolver sobre las costas debe darse aplicación al texto del
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
A partir de esta disposición, la Sala considera que en este caso no resulta procedente
imponer condena en costas, pues, como lo ha reconocido esta Corporación33, cuando
las entidades estatales acuden a la acción especial de revisión prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, buscan preservar el erario y la legalidad de las prestaciones
periódicas reconocidas, de manera que se entiende que en esta clase de procesos se
ventila un interés público.
7. Otras determinaciones
Finalmente, visto el memorial obrante a índice 40 del aplicativo SAMAI y dado que se
cumplen los requisitos establecidos en los artículos 74 del Código General del
Proceso34 y 5 de la Ley 2213 de 202235 para la representación judicial, se le reconocerá
personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 32.412.769 de Medellín y la tarjeta profesional No. 10.254 del Consejo
Superior de la Judicatura36, como apoderada de la UGPP, en los términos y para los
efectos del mandato conferido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena, a través de la Sala
Especial de Decisión No. 16, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el primero (1) de septiembre de
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo vigente antes de la
modificación introducida por dicha ley.
33 Al respecto consultar entre otras: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9, sentencia del
22 de noviembre de 2021, radicado N°11001-03-15-000-2019-01749-00.
34 “ARTÍCULO 74. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán
conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por
documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados. (…)”.
35 “ARTÍCULO 5o. PODERES. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán
conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán
auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. // En el poder se indicará
expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en
el Registro Nacional de Abogados.// Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro
mercantil deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir
notificaciones judiciales”.
36 Según consta en la página https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, y en la página
https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/, la apoderada tiene su tarjeta profesional vigente
y no reporta sanciones disciplinarias.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05087-00
Recurrente: UGPP
dos mil catorce (2014) por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-
25-000-2010-01059-01.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.412.769 de Medellín y la tarjeta
profesional No. 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la
UGPP dentro del presente asunto.
CUARTO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones
pertinentes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero Consejera
Salvamento parcial de voto
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
Aclaración de voto
17
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