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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05176-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
6 de julio de 2021
Consejero ponente
Jorge Iván Acuña Arrieta (Conjuez)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05176-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR por ser improcedente el amparo solicitado conforme la parte motiva de esta providencia el fallo de (20) de febrero de dos mil veinte (2020) proferido por la Sección Tercer del Consejo de Estado – Subsección A, que resolvió negar el amparo pedido. SEGUNDO: DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-05176-01

Consejero ponente: Jorge Iván Acuña Arrieta (Conjuez)

6 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Por no acusar los actos administrativos susceptibles de control judicial / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para alegar la nulidad originada de la sentencia / DEFECTOS FÁCTICO, SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No acreditado

Observa el Despacho al realizar una revisión del escrito de la demanda que el actor en el acápite de pretensiones no individualizó de manera adecuada los actos administrativos a demandar, pues las pretensiones sólo están encaminadas a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 2277 de junio de 2006 que resolvió un recurso de apelación. (…) Tal como está planteada la pretensión, no le permitía al juez de conocimiento hacer un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006, pues acceder a lo pretendido en los términos de la demanda, dejarían imposibilitado al juzgador para pronunciarse del acto administrativo inicial que resolvió la petición de la accionante a la Dirección Seccional Administración Judicial, pues el fallo no surtiría los efectos requeridos el entendido que el dicho acto no sería objeto de declaratoria de nulidad conservando así su presunción de legalidad, quedando la situación jurídica en el mismo estado inicial, es decir, la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006 quedaría aún en firme, así las cosas, no se individualizaron debidamente los actos acusados, esto es, el acto inicial que resuelve la solicitud de la accionante a la Dirección Seccional Administración Judicial y el acto administrativo que decidió el recurso de apelación, motivos por los cuales no son procedentes los argumentos de la parte accionante. (…) Ahora bien, expresa la sentencia No. 17 que ni siquiera se tenía poder para demandar la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006, al respecto una vez verificado el expediente encuentra la Sala que, en efecto el poder especial otorgado al demandante obrante a folio 18 del expediente, se otorgó efectivamente sólo para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 2277 de junio de 2006, lo que significa que el apoderado judicial de la parte actora consintió en la existencia de tal irregularidad; además, sólo reposa poder que pretende la nulidad del acto que resolvió el recurso, mas no el acto principal. (…) En segunda medida y de forma consecuente atendiendo a los reclamos de la acción de tutela y escrito de impugnación no le asista razón al actor pues como ya se advirtió, la providencia No 17 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín y que se confirmara en providencia de 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se ajustan y atendieron a los procedentes jurisprudenciales y normativos, razón por la cual no encuentra esta sala que dichas decisiones se encuadren o configuran los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por la tanto, la misma no se hace procedente.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA (CONJUEZ)

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-05176-01(AC)

Actor: YOLANDA DE JESÚS VELÁSQUEZ ZULAICA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Procede la Sala a proferir fallo de segunda instancia dentro de la acción de tutela instaurada a través de apoderado por la señora YOLANDA DE JESÚS VELÁSQUEZ ZULAICA contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la cual solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, trabajo, seguridad social.

ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo constitucional

El día 10 de diciembre de 2019 el abogado Dumar Alberto Peláez Arias, quien dijo actuar en nombre y representación de Yolanda de Jesús Velásquez Zulaica, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, en procura de la protección del derecho fundamental al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, trabajo, seguridad social, que considera vulnerador con ocasión a la providencia del 13 de septiembre de 2019 en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, confirmó la decisión de primera instancia, es decir, el fallo del 25 de enero de 2012, proferido por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín que declaró, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, por tanto, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-31-031-2008-00078-00

1.1.- Hechos

El 21 de noviembre de 2006 a través de apoderado la señora YOLANDA DE JESÚS VELÁSQUEZ ZULAICA interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia- Rama Judicial del Poder Público y otro.

Pretendía en su oportunidad:

“(…) Que sea declarada la nulidad del acto administrativo contenido en la RESOLUCIÓN No 2277 del 27 junio de 2006, notificada el día 3 de agosto de 2006 y por medio del cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial, confirma la decisión contenida en la resolución No 2868 de febrero 20 de 2006 proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia- Chocó. (…)”

En efecto, mediante auto de fecha 9 de marzo de dos mil siete (2007) el Juzgado Administrativo de Turbo, admitió la demanda y ordenó la notificación a la Entidad demandada.

Una vez surtidas las respectivas etapas procesales, mediante fallo de 25 de enero de 2012, el Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín declaró, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, argumentando entre otras cosas que “no se demandó la Resolución No., 2846 del 20 de febrero de 2006 respecto de la cual debió ejercerse el control de legalidad, y ni siquiera se tenía poder para ello con lo cual el actor no manifestó su voluntad en este sentido, tal omisión impide al Despacho hacer un pronunciamiento de fondo.

Con ocasión de la mencionada decisión, el accionante interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con sustento en el artículo 288 de la constitución política, al considerar que se le dio prevalencia al derecho formal sobre el sustancial.

En providencia de 13 de septiembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no se demandaron todos los actos que resolvieron la vía gubernativa especialmente la resolución 2846 razón por la cual le era imposible resolver la controversia de fondo.

Con base en lo narrado en precedencia, el apoderado del accionante interpuso acción de tutela por considerar que las decisiones antes anotadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, trabajo, seguridad social.

1.2 Fundamentos del amparo

El solicitante aseguró que a su representado le fue vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, de 13 septiembre de 2019, está inmersa en una vía de hecho por incurrir en las causales establecidas por la jurisprudencia para catalogarla como tal.

Adicionalmente, adujo que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, en defecto factico, defecto procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad.

Indicó el actor entre otras que, fue desconoció el alcance dado, tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional, a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 228, 229 y 53 de la Constitución Política vigente.

Además, estima que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cumplió con los mínimos requisitos legales para ser admitida, tramitada y que le permitiera a la judicatura tomar una decisión de fondo.

2.- Trámite de la acción de tutela y contestaciones

El día 11 de diciembre de 2019 fue presentado escrito de tutela por la señora Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica, a través de apoderado judicial ante el consejo de Estado, correspondiéndole por reparto a la Sección Tercera de esta corporación.

Mediante auto del 13 de diciembre de 2029, el Ponente admitió la acción tuitiva, y ordenó que se vinculara a la Nación — Rama Judicial, como tercero interesado en y que las partes fueran debidamente notificadas.

Una vez notificadas las partes las mismas guardaron silencio.

3.- Sentencia impugnada

Mediante providencia de veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), la Sección Tercera – Subsección A, resolvió la acción de tutela declarándola improcedente al considerar que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión.

CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017.

2.- Problema Jurídico

De conformidad con lo expuesto por el actor en el escrito introductorio del presente proceso constitucional y de las pruebas obrantes en el respectivo expediente, el problema jurídico a resolver es el siguiente:

¿La providencia de 13 de septiembre de 2019 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no se demandaron todos los actos que resolvieron la vía gubernativa especialmente la resolución 2846 de 20 de febrero 2006, vulnera los derechos fundamentales invocados por el accionante?

¿Es procedente el amparo solicitado?

Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el interrogante planteado, se desarrollarán los siguientes temas: i) naturaleza y procedencia de la acción de tutela; ii) procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales; iii) requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; iv) Configuración de defecto Sustantivo, Fáctico y Procedimental; v) demanda de nulidad y restablecimiento del derecho - Individualización de los actos administrativos acusados; vi) recurso extraordinario de revisión y Sentencia Inhibitoria vii) análisis del caso concreto.

Naturaleza y procedencia de la acción de tutela.

La tutela fue concebida por el legislador como una acción subsidiaria, residual y autónoma, dirigida a permitir el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares.

La acción de tutela busca brindarle a toda persona la posibilidad de acudir a la justicia de una manera informal en procura de obtener protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades y aún, en ciertos casos, de los particulares, siempre que no disponga de otros medios de defensa judicial, a menos que busque evitar un perjuicio irremediable y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.

Esta acción está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 1° establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado; El segundo, por su parte condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la Acción de Tutela contra Providencias Judiciales

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y con el inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional sostuvo que “salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales”.  Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró esta postura. En la cual sostuvo que “(…) los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela (…) la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”.

Aunque inicialmente se permitía la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de La Carta Magna en contra de providencias judiciales de manera general, ya sean autos o sentencias, la sentencia C-543 de 1992 declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, para convertir ésta figura en una excepción, es decir, que la tutela contra sentencias judiciales era procedente en casos excepcionales.

Así las cosas, la sentencia T- 173 de 1993 consideró:

“las actuaciones judiciales Cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte – pese a su forma – en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tiene el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucional conferida a la autonomía funcional del juez

(…)

De los párrafos transcritos aparece claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función Judicial y respecto de las cuales existen, dentro de los respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico – y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta la realidad de los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnera en cambio los derechos básicos de las personas.

En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan con los presupuestos contemplados en el Artículo 86 de la Constitución porque no existía otro medio al alcance afectado para defensa de su Derecho”

Dicho precedente abrió la probabilidad de impetrar la acción de tutela contra fallos judiciales cuando se evidenciaba una flagrante violación de la Constitución Política.

Así mismo la Honorable Corte Constitucional mediante la sentencia de Unificación SU-913 de 2009 estableció que esta acción procede cuando se presenta por parte del Juez, en su autonomía, ciertos defectos que inciden en la decisión adoptada;

“(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”

Todo lo anterior fue recogido en sentencia T - 125 de 2012, cuyo Magistrado ponente fuese el Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, el cual se refirió en tal sentido, a saber:

“Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso concreto.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica.

No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden desconocer derechos fundamentales, para lo cual admitió como única excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía de hecho.

A partir de este precedente, la Corte ha construido una línea jurisprudencial sobre el tema, y ha determinado progresivamente los defectos que configuran una vía de hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”. En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.

En virtud de esta línea jurisprudencial, se ha subrayado, que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que uno de los efectos de la categoría Estado Social de derecho en el orden normativo está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente están obligados a respetar los derechos fundamentales.

Por un amplio periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de tal manera el concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.

Con el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005 y SU-913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente no “(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”

De esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, los requisitos de carácter general orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos de procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico, centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas -requisitos de procedibilidad-.”

(Subrayado fuera de texto para destacar)

Por otro lado, a través de la sentencia T-231 de 1994, se establecen los defectos para la procedencia de la tutela por vía de hecho, los cuales constan de Defecto Sustantivo, Defecto Fáctico, Defecto Orgánico y Defecto Procedimental.

Requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Mediante Providencia C-590 del 8 de junio de 2005 y SU-913 de 2009, la Corte Constitucional hizo alusión a los requisitos generales para que sea procedente de forma excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia estableció:

“(…)

Que la cuestión que se discute, resulte de evidente relevancia constitucional.

Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.

Que se cumpla el requisito de la inmediatez.

Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible

Que no se trate de sentencias de tutela…”.

Requisitos especiales del amparo de tutela contra sentencia judiciales.

En la misma sentencia, la Honorable Corte Constitucional además de los requisitos generales, se señalan las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar contra las sentencias judiciales. Estas son:

“… para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”

(Subrayado fuera de texto para destacar)

Configuración del defecto sustantivo, fáctico y procedimental.

Defecto Material o Sustantivo

La Constitución Política establece que las sentencias y demás providencias judiciales deben sujetarse “al carácter normativo de la Constitución” , ahora si en contravía de lo anterior, un operador judicial desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo procedente la acción de tutela para que se corrija el error judicial.

Conforme la Jurisprudencia Constitucional, el defecto material o sustantivo se materializa cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica

Es así como la Corte Constitucional en la Sentencia SU-515 de 2013, sintetizó los supuestos que pueden configurar este defecto, en éstos términos:

i.    La decisión tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que no es pertinente, ha perdido su vigencia por haber sido derogada, es inexistente, ha sido declarada inexequible o, pese a que la norma esté vigente, su aplicación no resulta adecuada en el caso concreto.

ii.    La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de un margen razonable, o el funcionario hace una aplicación inaceptable de la disposición.

iii.    No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes.

iv.    La disposición se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución.

v.    La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho.

vi.    Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.

vii.    El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde.

En ese orden y conforme lo anterior, cuando los jueces ignoran las normas aplicables al asunto sub examine, sus decisiones son susceptibles de ser cuestionadas en sede de tutela, pues constituyen una violación al debido proceso.

Defecto Fáctico

La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)”

Así mismo la Corte Constitucional a través de la sentencia T-393 de 21 de junio de 2017 precisó que este defecto comprende dos dimensiones, a saber:

Estableció la Corte Constitucional que se presenta cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón da por no probado el hecho o la circunstancia que es evidentemente claro y objetivo. Este criterio comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos.

La segunda, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión vulnerando así la Constitución Política.

Defecto Procedimental

Este tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.

A través de la sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016 la Corte Constitucional explicó que este defecto se presenta cuando el fallador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial, bien sea por no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate, o cuando excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho.

Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la Individualización de los actos administrativos acusados.

El presente título se desarrollará necesariamente bajo cuatro (04) ópticas que son necesaria para resolver el problema jurídico; i) De la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ii) Requisitos de presentación de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. iii) Individualización de los actos que se administrativos que se demandan. iv) Poder para demandar.

De la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.), dispone que toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto y se le restablezca en su derecho, pudiendo solicitar así mismo, que se le repare el daño. Se trata pues, de la acción procedente para todos aquellos casos en los cuales, el particular sufre un daño cuyo origen se halla en un acto administrativo, generalmente de carácter particular y concreto, con la observación adicional de que debe tratarse de un acto administrativo que se considere ilegal, puesto que la acción procede, precisamente, para que se declare por el juez administrativo la nulidad del acto demandado y como consecuencia de tal declaratoria, que ordene el restablecimiento del derecho conculcado, vulnerado o desconocido y/o la indemnización de los perjuicios causados con dicho acto ilegal, siendo requisito sine qua non la declaratoria de nulidad del acto demandado para obtener dicho restablecimiento.

Requisitos de presentación de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Los requisitos de la demanda se encuentran establecidos en el título V, capito III, articulo 162 y ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El legislador ha establecido los requisitos que debe reunir toda demanda presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa, entre los cuales se encuentra la debida individualización de las pretensiones y exposición de los fundamentos de derecho de las mismas, que, en el caso de la impugnación de actos administrativos, reviste una mayor exigencia, en la medida en que se impone la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de la violación, lo que significa expresar de manera concreta cuáles son los artículos y de qué ley, que se consideran vulnerados por el acto administrativo demandado y explicar en qué consiste dicha violación, es decir por qué se considera que el acto administrativo vulnera esas normas. Y este planteamiento de los cargos, constituye el marco de acción del juez, quien deberá resolver sobre la validez del acto demandado dentro de esos precisos límites establecidos en la demanda, es decir con fundamento en los cargos allí esgrimidos. En relación con la presentación de la demanda de impugnación de actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo también exige como un requisito de la misma, la correcta individualización de las pretensiones, al establecer en el artículo 163 del CPACA.

Individualización de los actos administrativos que se demandan.

Partiendo de la Premisa “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.” Se tiene que conforme a lo establecido en el Artículo 163 del CPACA, las pretensiones de la demanda se deberán individualizar en debida forma, indicando en su parte pertinente lo siguiente:

“ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron (…)”.

En efecto, a partir de lo citado, es necesario individualizar con precisión el acto administrativo cuya nulidad se demanda y las decisiones que lo modifican o confirman. Aunado a lo anterior, es preciso recordar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya es lo suficientemente garantista con el acceso a la Administración de Justicia y por ello, si se demanda un acto de carácter particular debe especificarse cuales son los actos principales y, si fue objeto de recursos individualizar el acto definitivo. Igualmente, debe singularizarse aquel acto que lo modificó o confirmó.

Al respecto el Consejo de Estado también ha precisado que, a pesar de no haberse individualizado el acto administrativo debidamente, cuando resulta clara la intención de la parte demandante de demandar el acto administrativo principal no se le puede negar el acceso a la justicia en aras de garantizar este derecho. Para el caso el acto administrativo principal en el caso de la demandante si quiera es enunciado en los hechos de la demanda.

Poder para demandar.

El artículo 74 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A., dispone lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 74. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos sólo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (…)”. (Negrillas de la Sala)

Como puede apreciarse, dicha norma establece que, en los poderes especiales, se deben determinar claramente los asuntos para los cuales fue otorgado y, el apoderado no pude ir más allá de las facultades otorgadas en el mismo.

Recurso Extraordinario de Revisión y Sentencia Inhibitoria.

El recurso extraordinario de revisión es un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, que procede, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales contempladas en el artículo 250 del CPACA, y es requisito fundamental que el recurrente indique con precisión la causal por la cual está interponiendo el recurso y justifique las razones en que se funda tal o tales causales.

Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”, en caso de prosperar el recurso, “hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada”

Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” .

Son susceptibles de este recurso aquellas que son emitidas por las secciones o subsecciones de alguna sala del Consejo de Estado, las dictadas por los Tribunales Administrativos en única, primera o segunda instancia y, las emitidas por los jueces administrativos en primera o segunda instancia (art. 240 del CPACA)

El recurso debe ser resuelto por el superior jerárquico que en cada caso corresponda y en la sala según la materia.

Ahora bien, en sentencia del 8 de mayo de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estableció que las causales de revisión no son taxativas, en razón a que pueden llegar en cada caso a presentarse factores o causas que den lugar a la revisión, a saber:

“(…)

En consecuencia, es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, 56 Sentencia T-280 de 1998. 57 Sentencia C-426 de 2002, C-207 de 2003, Auto 227 de 06, entre otras providencias. 58 Sentencia T-678 de 2003. equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso. Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia.

6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia.

Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos. Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

(Subrayado fuera de texto para destacar)

En ese orden y visto lo anterior se tiene que, cuando un fallo judicial está incurso en una violación de derechos fundamentales, tales como el debido proceso que amenaza la seguridad jurídica y a una real y efectiva administración de justicia, y en virtud de tal violación se profiera sentencia inhibitoria, la misma es susceptible de recurso de revisión en los términos del fallo en cita y bajo las causales del artículo 250 No 5º del CPACA. Sobre esta causal se establece un requisito objetivo, el cual consiste en que la sentencia no sea susceptible de apelación; y uno subjetivo, que trata de que la nulidad tenga origen en la sentencia que puso fin al proceso. Merece hacer mención sobre esta causal al tratarse de un articulado en blanco, en vista de que allí no se mencionan los eventos en que se genera la nulidad de la sentencia y es la jurisprudencia la que ha precisado su alcance para evitar que mediante esta causal se pretenda revivir el litigio ya terminado.

Análisis del caso concreto.

En el presente caso se cuestionan por vía de tutela las decisiones contenidas en la sentencia No. 17 de veinticinco (25) de Enero de dos mil doce (2012) proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín dentro del proceso ejercido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-31-031-2008-00078-00 en el cual se declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, en razón a que “no se demandó la Resolución No. 2846 del 20 de febrero de 2006 respecto de la cual debió ejercerse el control de legalidad, y ni siquiera se tenía poder para ello con lo cual el actor no manifestó su voluntad en este sentido, tal omisión impide al Despacho hacer un pronunciamiento de fondo y la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 13 de septiembre de 2019 que confirma la decisión contenida en la sentencia No. 17. Razón por la cual el apoderado de la accionante considera que dichas decisiones vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, trabajo, seguridad social, por habérsele dado prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

Entre de los argumentos del juez de instancia para resolver la decisión objeto de tutela fue que no se demandaron todos los actos administrativos, al respecto se tiene que mediante la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006 “Por medio de la cual se resuelve un derecho de petición” la Dirección Seccional Administración Judicial Antioquia — Chocó, resolvió NO acceder al reconocimiento de la bonificación de Actividad Judicial como factor salarial. Decisión que fue objeto de recurso de apelación, el cual se resolvió a través de la Resolución No. 2277 de junio de 2006, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resolvió un recurso de Apelación.

La prerrogativa procesal contenida en el artículo 163 del C.P.A.C.A., hace referencia a la individualización de las pretensiones y establece que con el solo hecho de demandar un acto administrativo que fue objeto de recursos, (el acto administrativo inicial), aquellos que se expidan en virtud de la resolución de los mismos también se entenderán demandados. Como ya se enunció establece igualmente esta norma que cuando se pretende demandar en el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho un acto administrativo, éste se debe individualizar con toda precisión, deben estar plenamente identificados los actos administrativos susceptibles de control judicial, y que contra dicho acto se hayan ejercido los recursos obligatorios exigidos en la ley.

Conforme a lo anterior, observa el Despacho al realizar una revisión del escrito de la demanda que el actor en el acápite de pretensiones no individualizó de manera adecuada los actos administrativos a demandar, pues las pretensiones sólo están encaminadas a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 2277 de junio de 2006 que resolvió un recurso de apelación, a saber:

“1.- PRETENSIONES

1.- Que sea declarada la nulidad del acto administrativo contenido en la RESOLUCIÓN No 2277 del 27 junio de 2006, notificada el día 3 de agosto de 2006 y por medio del cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial, confirma la decisión contenida en la resolución No 2868 de febrero 20 de 2006 proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia- Chocó”

(Subrayado y negrilla fuera de texto para destacar)

Tal como está planteada la pretensión, no le permitía al juez de conocimiento hacer un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006, pues acceder a lo pretendido en los términos de la demanda, dejarían imposibilitado al juzgador para pronunciarse del acto administrativo inicial que resolvió la petición de la accionante a la Dirección Seccional Administración Judicial, pues el fallo no surtiría los efectos requeridos el entendido que el dicho acto no sería objeto de declaratoria de nulidad conservando así su presunción de legalidad, quedando la situación jurídica en el mismo estado inicial, es decir, la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006 quedaría aún en firme, así las cosas, no se individualizaron debidamente los actos acusados, esto es, el acto inicial que resuelve la solicitud de la accionante a la Dirección Seccional Administración Judicial y el acto administrativo que decidió el recurso de apelación, motivos por los cuales no son procedentes los argumentos de la parte accionante.

Al respecto cabe destacar que el juez no puede dentro del ámbito de su competencia solicitar al demandante ajustar las pretensiones de la demanda, esto sería un despropósito, pues lo mismo no tendría asidero jurídico, por tanto, los argumentos del tutelante no se ajustan a los requisitos legales de la normatividad en cita, el juez sólo está sujeto a la observancia del cumplimiento de los requisitos de la demanda.
En consecuencia, la inobservancia de los requisitos del demandante trajo como resultado la decisión objeto de tutela.

Ahora bien, expresa la sentencia No. 17 que ni siquiera se tenía poder para demandar la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006, al respecto una vez verificado el expediente encuentra la Sala que, en efecto el poder especial otorgado al demandante obrante a folio 18 del expediente, se otorgó efectivamente sólo para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 2277 de junio de 2006, lo que significa que el apoderado judicial de la parte actora consintió en la existencia de tal irregularidad; además, sólo reposa poder que pretende la nulidad del acto que resolvió el recurso, mas no el acto principal, a saber:

Considera la sala que además de desatender el accionante los requisitos del artículo 163 del CPACA, entre el poder y la demanda existe una insuficiencia, toda vez que tratándose de un poder especial, amplio y suficiente, el artículo 74 del C.G.P., exige que en el mismo se determine claramente los asuntos de modo tal que no puedan confundirse con otros, es decir, entre las pretensiones contenidas en el mandato y/o poder especial y lo consignado en el escrito de demanda se desprende que NO SE OTORGARON facultades para demandar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 2846 del 20 de febrero de 2006; tal como se observa de la literalidad de la norma esta no admite analogía. Dicha normatividad indica “los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.”

En este caso se evidencia con suma claridad que la poderdante sólo facultó a su apoderado para que solicite la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 2277 de junio de 2006 que resolvió un recurso de apelación, lo que se traduce en la insuficiencia del poder aportado como anexo de la demanda. Tal como propone la demanda; el Ad-quo y ad-quem no se podrían referir sobre la legalidad de los actos administrativos acusados y estos conservaría en principio la presunción de legalidad y, por tanto, quedaría en firme, ello porque el poder especial no faculta para demandar los demás actos referidos en la demanda (anexos) pues el mismo ni siquiera se relaciona en los hechos del escrito demanda. Siendo ello así, bien procedía proferir un fallo inhibitorio, pues por ese sólo hecho no se entiende que al admitir la demanda se considera que el poder aportado con ella facultaba al apoderado del actor para demandar los demás actos administrativos que no están enunciados en el poder, pues se desconocería el alcance de lo establecido al respecto en el C.G.P.

En tales circunstancias, la parte demandante debió corregir el poder conferido a efectos que no resulte insuficiente o en su caso el líbelo genitor, en el que se debería haber indicado con claridad, cuáles son los actos administrativos demandados, pues, este Despacho concluye que se trata de la solicitud de declaratoria de nulidad de actos diferentes a los facultados para demandar, por lo cual hay razones suficientes para establecer, sin asomo de duda, que se omitió cumplir dicha carga procesal. Razón por la cual se considera le asiste razón al Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín dentro del proceso ejercido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-31-031-2008-00078-00 y la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 13 de septiembre de 2019 que confirma la decisión contenida en la sentencia No. 17.

En efecto, tal como se advirtió en el fallo inicial, al considerar el actor que se incurrió en una causal de nulidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-31-031-2008-00078-00, debió acudir conforme a la jurisprudencia vigente, a agotar todos los medios de defensa, tal como se indica en el presente fallo.

Así se llega a concluir que el Primer problema jurídico se encuentra resuelto pues las decisiones del Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín y Tribunal Administrativo de Antioquia están ajustadas a derecho conforme lo parte motiva de esta providencia.

En segunda medida y de forma consecuente atendiendo a los reclamos de la acción de tutela y escrito de impugnación no le asista razón al actor pues como ya se advirtió, la providencia No 17 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Medellín y que se confirmara en providencia de 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se ajustan y atendieron a los procedentes jurisprudenciales y normativos, razón por la cual no encuentra esta sala que dichas decisiones se encuadren o configuran los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por la tanto, la misma no se hace procedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR por ser improcedente el amparo solicitado conforme la parte motiva de esta providencia el fallo de (20) de febrero de dos mil veinte (2020) proferido por la Sección Tercer del Consejo de Estado – Subsección A, que resolvió negar el amparo pedido.

SEGUNDO: DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente
ILVAR NELSON JESÚS AREVALO PICO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Folio 19.
Folio 25 a 31
Constitución Política Artículo 86.
Decreto 2591 de 1991 Artículo 5º y 6º.
. Sentencia de Unificación de Jurisprudencia de Sala Plena de la Corte Constitucional SU-1159 de 2003
. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.
Corte Constitucional, sentencia T- 125 de 2012 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
Constitución política artículo 4º
Sentencias SU-159 de 2002
15. Sentencias T-555 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo – Sentencia T-393 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

Sentencia T-781 de 20 de octubre de 2011. M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. <Numeral modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2080_2021.html" \l "35" 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. <Numeral adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2080_2021.html" \l "35" 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.

Consejo de Estado; Sección Cuarta Radicación número: 25000-23-24-000-2003-00956-01(21338) diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Consejero Ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Artículo 74 del Código General del Proceso.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1999-0194- 01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido. Sentencia de junio 1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002- 01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15-000- 2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Poder otorgado por la parte demandante.
Artículo 74 del Código General del Proceso.

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