Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-00990-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Control inmediato de legalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-00990-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2020-00990-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
1 de julio de 2021
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE INTERNET / ACCESO A INTERNET / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Corresponde a la Sala Especial de Decisión determinar si las resoluciones 5951 y 5969 de 2020, expedidas por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se encuentran o no ajustadas al ordenamiento jurídico. […]. [L]as resoluciones (…), corresponden a medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020 expedidos durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, particularmente, sus artículos 1 y 4. De igual forma, considera que las medidas consistentes en: i) la implementación de medidas de gestión de tráfico de internet y aquellas relacionadas, como la información sobre el comportamiento del tráfico de redes, su almacenamiento y reporte, según sea el caso; ii) la garantía del acceso a internet de todos sus usuarios; y iii) la prohibición a los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a internet y los operadores de televisión por suscripción de no generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte de los usuarios: superan el examen sobre los aspectos formales y materiales y, en ese sentido, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha considerado que son atribuibles al control inmediato de legalidad las siguientes características: 1) Se trata de un proceso jurisdiccional “[…] habida cuenta de que el examen del acto respectivo se realiza a través de un proceso judicial, de suerte que la naturaleza jurídica de la decisión mediante la cual se resuelve el asunto es una sentencia y los efectos propios de este tipo de providencias serán los que se produzcan en virtud de la decisión que adopte la Jurisdicción acerca de la legalidad del acto controlado […]”. 2) El control es automático porque “[…] no se requiere de una demanda de nulidad para que la jurisdicción asuma el control. Por el contrario, la jurisdicción aprehende el acto, para controlarlo, aún contra la voluntad de quien lo expide, y sin limitación en cuanto a la legitimación por activa o por pasiva, ya que quien ordena hacer el control es la ley misma, no una demanda formal […]”. 3) El control es inmediato, para lo cual se impone “[…] el deber legal […] a las autoridades que expidan el correspondiente acto administrativo para efecto de que lo remitan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición […]”. 4) El control es oficioso porque, “[…] si la entidad autora del acto incumple con el precitado deber de envío del mismo a esta Jurisdicción, el juez competente queda facultado para asumir el conocimiento de las decisiones respectivas de forma oficiosa […]”. 5) El control es autónomo en la medida en que “[…] resulta “posible realizar su revisión antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan”; lo anterior sin perjuicio de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte […]”. 6) El control es integral por cuanto “[…] es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción […]”. 7) La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa, en los términos del artículo 189 de la Ley 1437. En consecuencia, la medida de carácter general puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en ejercicio de otros medios de control, por aspectos diferentes a los estudiados en el marco del control inmediato de legalidad. 8) Por último, el control inmediato de legalidad es compatible y coexistente “[…] con los cauces procesales ordinarios a través de los cuales resulta posible que cualquier ciudadano cuestione la legalidad de los actos administrativos, de conformidad con lo establecido […]” en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. NOTA DE RELATORIA: Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado: Sala Plena 16 de junio de 2009; Ponente: Enrique Gil Botero; Radicación: 110010315000200900305-00 y de 9 de diciembre de 2009, Ponente: Enrique Gil Botero, Radicación 11001031500020090073200. Providencias reiteradas de Sección Primera; de 26 de septiembre de 2019; Radicación 11001032400020100027900, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sala Plena sentencia de 31 de mayo de 2011; Radicación 110010315000201000388-00. Ponente: Gerardo Arenas Monsalve de 16 de junio de 2009; Radicación 11001031500020090030500. Ponente: Enrique Gil Botero y de 5 de marzo de 2012; Radicación 110010315000201000369-00; Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
PROCEDENCIA DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LAS RESOLUCIONES / ACCESO A INTERNET / GESTIÓN DE TRÁFICO DE INTERNET
La Sala [estudia] la procedencia del control inmediato de legalidad de las resoluciones 5951 y 5969 de 2020 (…). […], las resoluciones objeto de control contienen unas medidas de carácter general toda vez que sus efectos son objetivos, impersonales y abstractos, y están dirigidos a los usuarios del servicio de internet, comoquiera que, por un lado, buscan mantener y garantizar el acceso a internet de los usuarios y, por el otro, que no se generen cobros asociados a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente. […]. La Sala considera que las resoluciones se expidieron en ejercicio de la función administrativa por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con base en las facultades constitucionales, legales y reglamentarias. […]. las resoluciones indicadas (…) en sus partes resolutivas se adoptaron medidas que desarrollan los artículos 1 y 4 de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, las cuales se concretan en: i) la posibilidad de implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias para garantizar el acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales; y aquellas relacionadas, como la información sobre el comportamiento del tráfico de redes, su almacenamiento y reporte, según sea el caso; ii) mantener el acceso a internet de todos los usuarios mientras se aplican las medidas de priorización y gestión de tráfico; y iii) la prohibición de generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario. Por lo anterior, esta Sala considera que los actos objeto de control se expidieron como desarrollo de dos de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Excepción, comoquiera que, las resoluciones: i) se fundamentaron en los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020; ii) en sus considerandos los invocó; y ii) en sus partes resolutivas se adoptaron medidas que los desarrollan. […]. [L]a Sala Especial de Decisión considera que las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020 son unas medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de dos de los decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción indicado supra; por lo que procede el control inmediato de legalidad y, en consecuencia, la Sala realizará el examen sobre los aspectos formales y materiales de los actos administrativos.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / ASPECTOS FORMALES DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FORMALES PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS RESOLUCIONES
[E]n relación con la competencia de la autoridad que dictó los actos, […]. [E]sta Sala considera que la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al expedir las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020, actuaron en cumplimiento de sus competencias legales y, por lo tanto, se cumple el primero de los requisitos del examen formal de validez. [E]n relación con el cumplimiento de las condiciones formales, se deberá, por una parte, analizar el objeto, causa y finalidad de los actos administrativos; y, por la otra, verificar si contienen todos los elementos que permitan su identificación. En cuanto al objeto, atendiendo a las medidas adoptadas, mencionadas en el numeral 93 supra, la Sala considera que se trata de un objeto posible, que, prima facie, no resulta contrario a la naturaleza ni a la razonabilidad del Estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. En cuanto a la causa, está relacionada directamente con las medidas que fueron ordenadas por los artículos 1 y 4 de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, los cuales establecieron como un servicio público esencial, entre otros, los servicios de telecomunicaciones y, en ese sentido, se prohibió su suspensión y se ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicación que defina las reglas en relación con la priorización y garantía del acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Bajo este marco, se trata de motivos serios, justificados y reales que dieron lugar a la expedición de los actos. En cuanto a la finalidad, se concretan en garantizar la conectividad de la ciudadanía a internet para el acceso a la información referente a la educación, salud y al sector público; y el efectivo ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, se considera que las resoluciones objeto de control contienen, cada una, todos los elementos necesarios que permiten su identificación: encabezado, número, fecha, competencia expresa de las facultades que se ejercen, contenido material, parte resolutiva y firma de quien suscribe los actos administrativos objeto de control. Por lo anterior, la Sala Especial de Decisión considera que las resoluciones satisfacen el cumplimiento de los criterios formales de validez y, en ese sentido, superan el examen formal.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / VALIDEZ MATERIAL DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES / PRINCIPIO DE CONEXIDAD / ACCESO A INTERNET
El examen de la validez material de las medidas contenidas en los actos, se concreta en estudiar si las resoluciones no contradicen los principios de conexidad, proporcionalidad y sujeción al ordenamiento superior. La Sala precisa que el marco normativo que sirve como parámetro de control de la Resolución se compone de estas disposiciones: el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137, el Decreto 417 de 2020 y los decretos legislativos 464 y 555 de 2020. En primer lugar, en relación con el juicio de conexidad, (…), las resoluciones objeto de estudio contienen unas medidas que desarrollan los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020, particularmente sus artículos 1 y 4. (…). La Sala precisa que los dos decretos legislativos reproducen la misma disposición normativa y la diferencia es que la vigencia del Decreto Legislativo 464 de 2020 dependía de la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica; y la del Decreto Legislativo 555 de 2020 de la emergencia sanitaria. […]. En este sentido, las medidas adoptadas son un desarrollo estricto de algunos de los mecanismos adoptados en el marco del Estado de excepción declarado y, en ese sentido, la Sala considera que las medidas adoptadas se encuentran relacionadas con la situación de crisis declarada en el Estado de emergencia en tanto buscan priorizar y mantener el acceso al internet de la población, con la finalidad de garantizar la continua y oportuna comunicación entre las autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a implementar, los canales de atención, los beneficios que serán entregados, entre otra información útil. Así las cosas, la Sala considera que se supera el juicio de conexidad entre el contenido de las medidas adoptadas en los actos objeto de control, y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / VALIDEZ MATERIAL DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / ACCESO A INTERNET
[L]a Sala considera que la medida de permitir al usuario tener acceso a internet durante un periodo en el cual se encuentra restringida su movilidad por las circunstancias especiales e imprevistas, son proporcionales y razonables con el Estado de emergencia y garantizan los derechos de los usuarios. Asimismo, el hecho de exigir a los operadores de servicios de telecomunicaciones y, en especial, aquellos que prestan el servicio de internet, que se priorice y mantenga el acceso de usuarios a dicho servicio y que no se generen cobros por interés de mora, no es una carga desproporcional que los afecte económicamente, en primer lugar, porque no implica la condonación de las deudas de quienes entren en mora y, en segundo lugar, tienen un límite temporal, esto es, inicialmente, el término de duración del estado de emergencia económica, social y ecológica y, posteriormente, hasta el 31 de mayo de 2020. Así, la adopción de las medidas resulta necesaria para conjurar la crisis derivada de la pandemia. Las resoluciones objeto de estudio adoptan unas medidas razonables que se enmarcan dentro de los propósitos del Estado de excepción declarado. Bajo este escenario, resultan igualmente necesarias dada la gravedad y dimensión de la crisis causada por la COVID-19. La Sala considera importante destacar que, las medidas no suspenden, ni limitan derecho fundamental alguno. Por el contrario, su expedición busca salvaguardar el derecho fundamental de la población a acceder a los servicios de salud, educación, a que se les proporcione información necesaria para acceder a servicios sanitarios, etc. En conclusión, las disposiciones analizadas resultan proporcionales al Estado de excepción declarado mediante el Decreto 417 de 2020. Así las cosas, la Sala considera que las medidas adoptadas se ajustan al principio de proporcionalidad.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / VALIDEZ MATERIAL DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES / JUICIO DE SUJECIÓN AL ORDENAMIENTO SUPERIOR / ACCESO A INTERNET
[L]a Sala Especial procederá a verificar si las medidas se ajustan o no al ordenamiento superior. Prima facie, no se evidencia que la manifestación de la voluntad de la Sesión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones implique la expedición de unos actos administrativos que sea contrarios a los contenidos normativos que le sirven como parámetro de control. […], las medidas adoptadas en las resoluciones materia de control, no desconocen las reglas de derecho internacional sobre los derechos humanos, los cuales prevalecen de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 137. De igual forma, los enunciados normativos de los artículos mencionados anteriormente no modifican o afectan alguno de los derechos intangibles señalados en el artículo 4 de la Ley 137, como tampoco suspenden derechos humanos o libertades fundamentales. Asimismo, del contenido de las medidas adoptadas no se evidencia que exista algún tipo de discriminación por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, artículo 14 supra. En relación con la vigencia de las medidas, la Sala precisa, en primer lugar, que la Resolución 5951 de 2020 estableció en el artículo 4 que durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020 los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción no podían generar cobro alguno asociado a intereses por mora, lo cual fue ampliado hasta el 31 de mayo de 2020 en la Resolución 5969 de 2020. Y, en segundo lugar, que respecto de las demás medidas adoptadas no se determinó la duración de las mismas. Por lo anterior, la Sala considera, en primer término, que la vigencia de la medida consistente en el no cobro de intereses por mora tenía, inicialmente, una duración equivalente al estado de emergencia económica, social y ecológica, lo cual guarda concordancia con el Decreto Legislativo núm. 464 de 2020; y, posteriormente, “hasta el 31 de mayo de 2020”, fecha en que finalizaba inicialmente la declaratoria de emergencia sanitaria, lo cual guarda igualmente concordancia con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo núm. 555 de 2020; por lo que, la Sala declarara la legalidad del término de vigencia de dicha medida en los actos administrativos objeto de control. Y, en segundo término, que la vigencia de las demás medidas contenidas en los actos administrativos objeto de control, concretamente las de gestión de tráfico de internet y garantía del acceso a internet de todos sus usuarios durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con incidencia en la República de Colombia, debe entenderse en los mismos términos expuestos por la Corte Constitucional, esto es, “[…] entendiendo que la vigencia de esta medida será mientras se mantenga la emergencia sanitaria […]”y, en ese sentido, se declarará la legalidad de la medida. NOTA DE RELATORÍA: Corte Constitucional, sentencia C-151 de 27 de mayo de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5951 DE 2020 (No anulada) / RESOLUCIÓN 5969 DE 2020 (No anulada) / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 15
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00990-00(CA)
Actor: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Demandado: RESOLUCION 5951 DE 26 DE MARZO DE 2020 Y 5969 DE 17 DE ABRIL DE 2020
Referencia: Medio de control inmediato de legalidad
(Acumulado 11001031500020200171800)
Tema: Procedencia del control inmediato de legalidad las medidas consistentes en la implementación de medidas de gestión de tráfico de internet, la garantía del acceso a internet de todos sus usuarios y la prohibición a los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a internet y los operadores de televisión por suscripción de no generar cobro alguno asociado a intereses por mora, desarrollo de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, legalidad de los actos administrativos.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión núm. 15 procede a realizar el control inmediato de legalidad de las resoluciones 5951 de 26 de marzo de 2020, “[…] [p]or medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 464 de 2020, y se dictan otras disposiciones […]”, y 5969 de 17 de abril de 2020, “[…] [p]or medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.° del Decreto 555 de 2020, se subroga la Resolución CRC 5951 de 2020 y se dictan otras disposiciones […]”, expedidas por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, declaró que el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión.
Resolución 385 de 12 de marzo de 2020
El Ministro de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, “[…] [p]or la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus […]”.
Decreto 417 de 17 de marzo de 2020
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional […]”.
Decreto 464 de 23 de marzo de 2020
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 464 de 23 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 […]”,
Resolución núm. 5951 de 26 de marzo de 2020
La Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidieron la Resolución núm. 5951 de 26 de marzo de 2020, “[…] Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4o del Decreto 464 de 2020, y se dictan otras disposiciones […]”.
Decreto Legislativo 555 de 15 de abril de 2020
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 555 de 15 de abril de 2020, “[…] [p]or el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 […]”.
Resolución núm. 5969 de 17 de abril de 2020
La Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidieron la Resolución 5969 de 17 de abril de 2020, “[…] [p]or medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.° del Decreto 555 de 2020, se subroga la Resolución CRC 5951 de 2020 y se dictan otras disposiciones […]” (Destacado fuera de texto).
El trámite procesal
Resolución núm. 5951 de 26 de marzo de 2020
De conformidad con la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, en especial, el artículo 185, sobre trámite del control inmediato de legalidad de actos, el proceso de la referencia cumplió con el procedimiento establecido en la normativa aplicable.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado la Resolución objeto de control, mediante oficio de 1.° de abril de 2020, la cual fue repartida a este Despacho.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de abril de 2020: i) avocó conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad; ii) advirtió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, iii) ordenó la publicación del aviso por el término de diez (10) días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, iv) invitó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a Internet Society Capítulo Colombia, a la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet, a la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, a la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, a la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Asociación Nacional de Medios de Comunicación, a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, a la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, a la Confederación Colombiana de Consumidores, a la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Vocales Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a las siguientes instituciones de educación superior: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle y Universidad de Antioquia para que rindieran su concepto, v) ordenó notificar al Ministerio Público, y vi) requirió al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que allegara el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la resolución objeto de este proceso.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante mensaje de datos remitido al buzón de correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el 23 de abril de 2020, suscrito por la Coordinadora Ejecutiva, por una parte, informó sobre la publicación del auto en la página electrónica de la entidad, en cumplimiento de la orden impartida en el auto de 16 de abril de 2020; y, por otra parte, remitió el expediente administrativo.
Intervenciones
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios e Internet Society Colombia Chapter presentaron escritos.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano presentaron escritos de intervención de forma extemporánea.
La Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet, la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, las Asociación Nacional de Medios de Comunicación, la Confederación Colombiana de Consumidores, la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Vocales Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y las siguientes instituciones de educación superior: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle y Universidad de Antioquia a pesar de que fueron invitadas no presentaron escrito de intervención.
Intervención de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante escrito remitido vía mensaje de datos al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación el 6 de mayo de 2020, manifestó que la Resolución núm. 5951 de 2020 debe ser declarada ajustada al orden jurídico comoquiera que:
En primer término, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, según la normativa que regula la materia, detenta la competencia para expedir el acto administrativo objeto de control, fue publicado en el diario oficial y cumple con la totalidad de los requisitos formales, por lo que debe ser declarado ajustado al ordenamiento.
En segundo término, cumple con los requisitos materiales para ser declarado como ajustado al ordenamiento comoquiera que: i) guarda concordancia con el estado de emergencia económica, social y ecológica, ya que es un desarrollo del Decreto Legislativo 464 de 2020; y ii) las medidas de priorización de tráfico de internet son proporcionales y necesarias para conjurar las consecuencias de la emergencia.
Intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante escrito remitido vía mensaje de datos al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación el 26 de abril de 2020, precisó que teniendo en cuenta que el acto administrativo objeto de control establece una serie de medias relacionadas con los servicios de telefonía fija conmutada y telefonía móvil en el sector rural y que: i) dichos servicios, tal como lo disponen el inciso 3 del artículo 73 y el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 30 de julio de 2009 no les son aplicables los preceptos contenidos en la Ley 142 de 11 de julio de 1994; ii) teniendo en cuenta lo dispuesto la Ley 142, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de las actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible; y iii) tal como lo dispone el artículo 40 del Decreto 1130 de 29 de junio de 1999 es a la Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad que le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de las actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones.
Por todo lo anterior manifiesta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de un acto administrativo que no regula aspectos relativos a los servicios públicos domiciliarios.
Intervención de Internet Society Colombia Chapter
Internet Society Colombia Chapter, mediante escrito remitido vía mensaje de datos al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación el 1.° de mayo de 2020, indicó que su principal objetivo es que las personas a nivel global puedan acceder al internet, el capítulo Colombia impuso su meta al país, por lo que considera que las prácticas de gestión de tráfico y la priorización del acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones durante la ocurrencia de pandemias, como es el caso actualmente, no ameritan medidas necesarias al respecto, por cuanto los estudios y análisis realizados sobre el tema indican que no es necesario, y por el contrario limitan el libre acceso a internet.
Resolución 5969 de 17 de abril de 2020
De conformidad con la Ley 1437, en especial, el artículo 185, sobre trámite del control inmediato de legalidad de actos, el proceso identificado con el número de radicación 11001031500020200171800 cumplió con el procedimiento establecido en la normativa aplicable.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones remitió a la Secretaria General del Consejo de Estado la Resolución núm. 5969 de 17 de abril de 2020, mediante oficio de 5 de mayo de 2020, la cual, por reparto, correspondió al Despacho del Consejero de Estado, Doctor Martín Bermúdez Muñoz, quien, mediante auto de 12 de mayo de 2020, dispuso “[…] REMITIR por Secretaría el expediente con radicado 11001-03-15-000-2020- 01718-00 al Despacho del Consejero de Estado, doctor Hernando Sánchez Sánchez, para que estudie la posibilidad de acumularla al expediente 11001-03-15-000-2020- 00990-00 a su cargo […]”.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2020: i) acumuló el proceso identificado con el número único de radicación 11001031500020200171800 al proceso identificado con el número único de radicación 1001031500020200099000; ii) suspendió el proceso identificado con el número único de radicación 11001031500020200099000; iii) avocó conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad; iv) advirtió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, v) ordenó la publicación del aviso por el término de diez (10) días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, vi) invitó al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a Internet Society Capítulo Colombia, a la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet, a la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, a la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, a la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Asociación Nacional de Medios de Comunicación, a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, a la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, a la Confederación Colombiana de Consumidores, a la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Vocales Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a las siguientes instituciones de educación superior: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle y a la Universidad de Antioquia para que rindieran su concepto, vii) ordenó notificar al Ministerio Público, y viii) requirió al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que allegara el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la resolución objeto de este proceso.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante mensaje de datos remitido al buzón de correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el 11 de agosto de 2020, informó sobre la publicación del auto en la página electrónica de la entidad, en cumplimiento de la orden impartida en el auto de 31 de julio de 2020; y, por otra parte, remitió el expediente administrativo.
Intervenciones
La Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron escritos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó escrito de intervención de forma extemporánea.
El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Internet Society Capítulo Colombia, la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet, Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, la Confederación Colombiana de Consumidores, la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Vocales Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y a las siguientes instituciones de educación superior: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle y a la Universidad de Antioquia, a pesar de que fueron invitadas, no presentaron escrito de intervención.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante escrito remitido vía mensaje de datos al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación el 28 de agosto de 2020, manifestó que la Resolución 5969 de 2020 debe ser declarada ajustada al orden jurídico comoquiera que:
En primer término, señaló que se trata de la Resolución núm. 5969 de 2020 la cual subrogó la Resolución núm. 5951 de 2020 que implementó medidas para flexibilizar algunas normas en materia de servicio de telecomunicaciones relacionadas con: i) prácticas de gestión de tráfico, ii) priorización del acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones durante la ocurrencia de pandemias, iii) obligaciones de reporte de información durante la pandemia, y iv) no cobro de intereses por mora para los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción hasta el 31 de mayo de 2020.
En segundo término, la Resolución núm. 5969 de 2020 busca salvaguardar los derechos de los usuarios al suspender el cobro de intereses por mora en servicios de telecomunicaciones, y al permitir la implementación de prácticas en materia de gestión de tráfico de servicios de internet para que los usuarios puedan disfrutar de servicios relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, todo esto durante la ocurrencia de pandemias.
Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó que la Resolución núm. 5969 de 2020 sea declarada como ajustada al ordenamiento jurídico.
Intervención de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante escrito remitido vía mensaje de datos al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación el 28 de agosto de 2020, manifestó que la Resolución núm. 5969 de 2020 debe ser declarada ajustada al orden jurídico comoquiera que:
En primer término, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, según la normativa que regula la materia, detenta la competencia para expedir el acto administrativo objeto de control, fue publicado en el diario oficial y cumple con la totalidad de los requisitos formales, por lo que debe ser declarado ajustado al ordenamiento.
En segundo término, cumple con los requisitos materiales para ser declarado como ajustado al ordenamiento comoquiera que: i) guarda concordancia con el estado de emergencia económica, social y ecológica, ya que es un desarrollo del Decreto Legislativo 464 de 2020; y ii) las medidas de priorización de tráfico de internet son proporcionales y necesarias para conjurar las consecuencias de la emergencia.
Concepto del Ministerio Público
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de marzo de 2021, decretó la reanudación del proceso identificado con el número de radicación 11001031500020200099000 y resolvió sobre el decreto de pruebas y el traslado al Ministerio Público para rendir concepto respecto de las resoluciones núms. 5951 de 26 de marzo de 2020 y 5969 de 17 de abril de 2020.
El Ministerio Público rindió concepto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, en los siguientes términos:
Frente a la procedencia del control inmediato de legalidad expresó que se satisfacen los tres (3) requisitos, al ser un acto de contenido general, expedido en ejercicio de función administrativa y en desarrollo de normas de carácter legislativo dictadas en el marco del Estado de excepción.
En relación con el examen formal, señaló que la resolución materia de control cumple con los datos mínimos que permiten su identificación como lo es el número, la fecha, las facultades que se ejercen, el objeto de las mismas.
Frente al examen material, determinó que las medidas adoptadas en materia de reporte y gestión de tráfico de internet, como la orden a los operadores de televisión por suscripción de no generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios no vulneró ni limitó el núcleo esencial de algún derecho fundamental, toda vez que se trata de medidas necesarias para proteger derechos fundamentales como la dignidad y el mínimo vital y garantizar la prestación de servicios de salud, educación y bienes de primera necesidad.
Resaltó que, con el fin de priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, educación y bienes de primera necesidad, era indispensable establecer un sistema de reporte y gestión del tráfico de telecomunicaciones a efectos de garantizar la mayor efectividad y eficiencia en el desarrollo de actividades laborales y de educación.
Indicó que la Resolución atiende al criterio de proporcionalidad, por cuanto regula aspectos muy técnicos y la manera como se deben realizar los reportes de gestión de tráfico, estableciendo una obligación de reporte especial cuando existan este tipo de pandemias y, estableciendo la prohibición de suspender los servicios y el cobro, sin que ello implique condonación de la deuda.
En su criterio, las resoluciones cumplieron el requisito de finalidad de las medidas, porque lo regulado tiene como objetivo principal maximizar el bienestar de los usuarios y atender la situación excepcional generada con la pandemia.
Finalmente, indicó que las resoluciones no contradicen mandatos legales y constitucionales, además de encontrarse conforme a los lineamientos la Ley 137 de 12 de junio de 1994.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala Especial de Decisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo, constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción; iv) el Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, v) el Decreto Legislativo núm. 464 de 23 de marzo de 2020 y su sentencia de constitucionalidad; vi) el Decreto Legislativo 555 de 15 de abril de 2020 y su sentencia de constitucionalidad; vii) el marco normativo internacional; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el control inmediato de legalidad; ix) la Resolución núm. 5951 de 216 de marzo de 2020; x) la Resolución 5969 de 17 de abril de 2020; xi) el análisis del caso concreto; y xii) las conclusiones.
Competencia de la Sala Especial de Decisión
Vistos los artículos: i) 237 de la Constitución Política, sobre atribuciones del Consejo de Estado; ii) 20 de la Ley 137, sobre control inmediato de legalidad; iii) el numeral 2 del artículo 37 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, sobre la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; iv) 111, numeral 8; 107 y 136 de la Ley 1437, sobre funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, integración y composición del Consejo de Estado y control inmediato de legalidad; y v) 28 y 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019; y en la decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sesión Virtual núm. 10 de 1.° de abril de 2020: la Sala Especial de Decisión núm. 15 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
Agotados los procedimientos inherentes al control inmediato de legalidad de las resoluciones 5951 y 5969 de 2020 y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
Problema Jurídico
Corresponde a la Sala Especial de Decisión determinar si las resoluciones 5951 y 5969 de 2020, expedidas por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se encuentran o no ajustadas al ordenamiento jurídico.
En este sentido, se analizará: i) si las resoluciones adoptan medidas que se subsumen dentro de los supuestos fácticos previstos para ser objeto de control inmediato de legalidad; ii) los respectivos aspectos formales y materiales; y iii) si se encuentran ajustadas o no al Decreto 417 de 2020, a los decretos legislativos 464 y 555 de 2020 y demás normas superiores.
Marco normativo, constitucional y legal, y desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción
Vistos los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, sobre los estados de excepción de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública.
La Corte Constitucional ha considerado, sobre los estados de excepción, en sentencia C-004/92, lo siguiente:
“[...] La regulación constitucional de los estados de excepción - estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia - responde a la decisión del Constituyente de garantizar la vigencia y eficacia de la constitución aún en situaciones de anormalidad. La necesidad no se convierte en fuente de derecho y en vano puede apelarse, en nuestro ordenamiento, al aforismo salus reipublicae suprema lex esto, cuando, ante circunstancias extraordinarias, sea necesario adoptar normas y medidas que permitan enfrentarlas. Los Estados de Excepción constituyen la respuesta jurídica para este tipo de situaciones. La particular estructura, naturaleza y limitaciones de la respuesta que ofrece el ordenamiento constitucional, obedece a que ella es precisamente una respuesta jurídica.
9. Los estados de excepción delimitan los escenarios de la normalidad y de la anormalidad, en los que la constitución actuará como pauta fundamental del comportamiento colectivo. Las hipótesis de anormalidad son portadoras de excepciones y limitaciones de diverso género e intensidad respecto del régimen constitucional de la normalidad, que se consideran necesarias para regresar a tal situación, en la cual la constitución adquiere su pleno sentido normativo y que constituye, por lo tanto, el campo preferente y natural de aplicación de la misma. Los principios generales, en cierta medida comunes a los estados de excepción, encuentran explicación en su definición a partir de la idea de normalidad y en su función como medio para retornar a ella. Para corroborar el anterior aserto basta detenerse a analizar tales principios comunes a los diferentes estados de excepción, predicables igualmente del estado de emergencia.
10. En tanto que la normalidad no necesita definición ya que como presupuesto material de la constitución se supone corresponde a lo existente, la anormalidad sí debe ser definida a partir de las hipótesis que el constituyente de manera circunscrita y taxativa determina, precisamente como alteraciones extraordinarias de la normalidad. Según este numerus clausus propio de la anormalidad, el régimen de excepción sólo podrá destinarse a conjurar las siguientes situaciones de anormalidad previstas expresamente por el constituyente:
• guerra exterior.
• grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional del estado, su seguridad o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.
• Ocurrencia de hechos diferentes de los anteriores, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública.
11. El ingreso a la anormalidad en el orden constitucional debe venir precedido de una específica declaración que suscribe la Presidente y los Ministros y en la que se expresa la correspondiente situación de anormalidad (guerra exterior, conmoción interior o emergencia). Este principio de formalidad cumple variados propósitos: 1) notificar a la población la situación de anormalidad y la consiguiente entrada en vigor en el territorio nacional o en parte de él, de un régimen de excepción; 2) expresar la verificación de una situación de anormalidad contemplada como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda, en las condiciones y en los términos de la constitución, ejercer la función legislativa y expedir decretos legislativos; 3) dar curso a los controles de tipo jurídico y político sobre el Gobierno por parte de las restantes ramas del poder público (Congreso y Corte Constitucional). Tan pronto cesa la anormalidad - guerra exterior o conmoción interior -, según el principio de paralelismo de las formas, se declara dicha circunstancia, y el régimen de la normalidad sustituye nuevamente al de la anormalidad. Por su parte, en el estado de emergencia, en el mismo decreto que la declara se establece su duración [...]”.
Normativa constitucional y legal sobre el estado de emergencia económica, social y ecológica, o que constituyan grave calamidad pública
Visto el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan hechos distintos de aquellos previstos para el estado de guerra exterior y de conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
La Corte Constitucional ha considera, sobre este Estado de Excepción, en sentencia C-252/10, lo siguiente:
“[…] 4.1. La naturaleza del estado de emergencia.
4.1.1. Modalidades de órdenes protegidos. Las alteraciones del orden que el Constituyente de 1991 encuentra deben ser conjuradas por medio del estado de emergencia (art. 215 superior) son, en su orden: i) la económica, ii) la social, iii) la ecológica y iv) la grave calamidad pública. En esa medida, son hechos distintos a los que dan lugar al estado de guerra exterior (art. 212 superior) o de conmoción interior (art. 213 superior). Además, la Corte ha señalado que se pueden congregar dichas modalidades cuando los hechos sobrevinientes perturban de forma simultánea los distintos órdenes protegidos por el artículo 215 de la Constitución.
[...]
4.1.3. Presupuestos para la declaración. Los presupuestos para la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, o de grave calamidad pública, establecidos en el artículo 215 constitucional, en concordancia con la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, son los siguientes:
(1) El presupuesto fáctico alude a hechos sobrevinientes distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que alteren el orden económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública. Además, deben ser de carácter extraordinarios.
(2) El presupuesto valorativo refiere a la perturbación o la amenaza de perturbación en forma grave e inminente del orden económico, social y ecológico, o de grave calamidad pública.
(3) El juicio sobre la suficiencia de los medios ordinarios que dispone el Estado para conjurar la perturbación o amenaza del orden económico, social y ecológico, o de grave calamidad pública.
4.1.4. Las facultades excepcionales del Presidente de la República y sus ministros. Conforme al texto constitucional (art. 215), podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Además, los decretos deben referirse a materias que tenga relación directa y específica con el estado de emergencia.
Ello significa que las facultades excepcionales del Gobierno son de carácter restrictivo, toda vez que se limitan a aquellas estrictamente indispensables para de esta forma impedir un uso excesivo de las atribuciones extraordinarias y proscribir el empleo de funciones que no resulten necesarias para remediar la crisis e impedir la continuación de sus efectos. Finalmente, los decretos legislativos que se dicten tienen carácter permanente, excepto las normas que establezcan nuevos tributos o modifiquen los existentes, caso en el cual dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
[…]”
Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que este Estado de Emergencia se debe circunscribir a “[…] aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente […] el orden económico, social o ecológico […]”.
Los estados de excepción indicados fueron regulados mediante la Ley 137, en la cual se establecieron importantes precisiones que serán tenidas en cuenta para resolver el caso sub examine y que se exponen a continuación.
El artículo 46 de la Ley 137, sobre la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 46. DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyen grave calamidad pública, podrá la Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En el decreto declarativo el Gobierno deberá establecer la duración del Estado de Emergencia, que no podrá exceder de treinta días y convocará al Congreso, si no se halla reunido para los 10 días siguientes al vencimiento del término de dicho Estado.
De conformidad con la Constitución, en ningún caso, los Estados de Emergencia sumados podrán exceder de noventa días en el año calendario […]”.
Asimismo, el artículo 47 dispuso que en este estado de excepción el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y que, además, deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado. En efecto, en la norma se estableció:
“[...] ARTÍCULO 47. FACULTADES. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho Estado.
PARÁGRAFO. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente [...]”.
Por último, los artículos 48, 49 y 50 regularon: i) el deber de que el Gobierno rinda informe motivado sobre las causas de la declaratoria del estado de emergencia, ii) la reforma, adición o derogación de las medidas adoptadas por parte del Congreso; y iii) la prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores.
El Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto núm. 417 de 2020
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto núm. 417 de 2020, por medio del cual declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El Decreto, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.
Artículo 2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, el artículo 1 del presente decreto y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis.
Artículo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, ademas (sic) de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este dectreto (sic), todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas acabo (sic).
Artículo 4. El Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación […]”.
En su parte considerativa indicó: i) el presupuesto fáctico; ii) el presupuesto valorativo; y iii) la justificación de la declaratoria de estado de excepción y las medidas.
Presupuesto fáctico
En el presupuesto fáctico se consideró, por un lado: i) la situación de salud pública nacional e internacional derivada del brote de enfermedad por coronavirus, COVID-19, ii) las medidas adoptadas al interior del Estado colombiano con el objeto de afrontar la situación de salud pública derivada de la pandemia, en especial, las resoluciones 380 de 10 de marzo de 2020 y 385 de 12 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de las cuales se dispuso, respectivamente, la adopción de medidas preventivas sanitarias y la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, iii) el reporte de 17 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, según el cual en Colombia se confirmaron 75 casos positivos del nuevo coronavirus COVID-19 y, a nivel mundial, 180.159 casos de contagio confirmados y 7.103 muertes; iv) la tasa de contagio del 2,68 y el porcentaje de afectación de la población colombiana con mayor riesgo; y v) los costos de la atención en salud.
Y, por el otro: i) el impacto económico en los ámbitos nacional e internacional derivados de la pandemia por el nuevo coronavirus, Covid-19, que, según señaló, sería “[…] de magnitudes impredecibles e incalculables […]”, ii) las medidas adoptadas en el orden internacional y nacional con el objeto de superar la crisis, iii) la urgente necesidad de apoyo fiscal al sistema de salud, iv) el posible incumplimiento de pagos y obligaciones por la reducción de los flujos de caja de personas y empresas; v) la ruptura no prevista del acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP+ y su menor demanda mundial lo cual implicó un desplome del precio del petróleo, para la referencia Brent; vi) el alza del precio del dólar en los mercados emergentes y países productores de petróleo, como el colombiano, lo que a su vez genera una afectación de diferentes sectores y viii) la necesidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias, puesto que las adoptadas no han sido suficientes.
Presupuesto valorativo
En el presupuesto valorativo se consideró que la situación a la que está expuesta actualmente la población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que se hace absolutamente necesario contar con las herramientas legales para enfrentar de manera eficaz la actual situación. Por tal razón, es necesario atender oportunamente a los afectados tanto en materia sanitaria como económica.
Justificación de la declaratoria de Estado de Excepción
La justificación de la declaratoria de Estado de excepción se fundamentó en que “[…] ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional, en particular, aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos económicos que está enfrentando el país […]”. Además, la adopción de medidas de rango legislativo, autorizada por el estado de emergencia, buscó fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía del país.
En ese orden de ideas, era necesario, por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico, recurrir a las facultades del estado de emergencia con el fin de dictar decretos con fuerza de ley que permitieran conjurar la grave crisis generada por la propagación y mortalidad de la Covid-19, y las medidas de contención decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación.
Sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-145 de 2020, declaró exequible el Decreto 417 de 2020, en la cual consideró que:
El Gobierno Nacional utilizó las atribuciones ordinarias para atender las dimensiones sanitarias, económicas y sociales de la pandemia desde múltiples frentes, antes de declarar el estado de emergencia.
“[…] hubo un desbordamiento de la capacidad institucional para enfrentar la actual coyuntura, que al impactar fuertemente diversos campos de manera simultánea, hacían exigible respuestas de la mayor contundencia, inmediatez y eficacia para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos […]”. Agregó que, el tamaño de la crisis, las implicaciones sanitarias, económicas y sociales, y la extensión de sus efectos son circunstancias que exigían la adopción de medidas de impacto general más profundas que las que podrían adoptarse en desarrollo de la facultad reglamentaria o en despliegue de las funciones regulares administrativas.
El análisis de las medidas anunciadas: i) debe ser global y no detallado porque corresponde a la Corte realizar un estudio detallado de los decretos legislativos que se expidan en desarrollo del estado de excepción; ii) el Decreto núm. 417 de 2020 anunció, en términos generales, tres grandes tipos de medidas: de orden económico, de orden social, y algunas de salud pública, iii) las medidas legislativas que se profieran, además de estar dirigidas de manera exclusiva a solucionar la crisis y a evitar la extensión de sus efectos, deben respetar el criterio de conexidad material con el decreto declaratorio del estado de emergencia y cumplir con, entre otros, los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación; y iv) la “[…] razonable relación causal y finalística, que conecte las motivaciones del decreto matriz con todos y cada uno de los decretos legislativos que adopten los remedios que pretenden conjurar la crisis, sin que sea exigible que cada medida haya sido anunciada en el decreto matriz, pero tampoco al punto de que no sea exigible la anotada conexión […]”. Agregó que, en este caso, lo inusitado, extraordinario e impredecible de esta crisis, hace complejo el anuncio de la totalidad de los remedios que se estiman suficientes, eficaces y necesarios.
La Corte concluyó que “[…] el Gobierno nacional acreditó […] que por la magnitud y la gravedad de la crisis humanitaria resultante de la pandemia del COVID-19, no podía ser conjurada en esta oportunidad con el ejercicio de las atribuciones ordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al resultar insuficientes y no permitir responder con inmediatez las muchas áreas puntuales que requieren medidas específicas de nivel legislativo y no solo administrativas, haciendo necesarias medidas extraordinarias para atender la calamidad sanitaria y los efectos negativos al orden económico y social […]”.
Decreto Legislativo 464 de 2020 y su sentencia de constitucionalidad
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 464 de 23 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 […]”.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-151 de 27 de mayo de 2020, declaró exequible el Decreto núm. 464 de 2020, en los siguientes términos:
La Corte Constitucional consideró, que:
“[…] la Corte revisó de manera específica cada una de las medidas adoptadas por el referido decreto. En este ejercicio, estableció que la declaratoria como servicio público esencial del servicio de telecomunicaciones, dentro del cual se incluyen los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales (art. 1), era compatible con la Constitución. A esta conclusión se llegó al considerar que la propia Carta (art. 67 CP) faculta al legislador para definir los servicios públicos esenciales; que el legislador ordinario, en diversas oportunidades, ha calificado a las telecomunicaciones como un servicio público esencial; y que, en la coyuntura generada por el COVID-19 y, en particular, en el contexto de las medidas sanitarias de distanciamiento social y de mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, se encuentra que dichos servicios tienen, la condición de herramientas esenciales, durante el período de vigencia del Decreto Legislativo 464 de 2020, que es, según lo previsto en su artículo 7, “desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá por el término que se mantenga el Estado de emergencia.”.
“[…] Por otra parte, la Corte encontró que, pese a algunos reparos que se habían presentado sobre la constitucionalidad del artículo 2 debido a las diferencias de trato entre distintos actores que contiene la regulación allí prevista, esas medidas también resultaban acordes con la Constitución. Para la Corte las distintas categorías de sujetos objeto de regulación no son equiparables, sino que presentan diferencias significativas, en función de las cuales resulta admisible un tratamiento diferenciado […]”
“[…] En cuanto que tiene que ver con las medidas de priorización, adoptadas en el comercio electrónico, la logística en los envíos y en el acceso a internet (art. 3 y 4), para favorecer lo relativo a bienes de primera necesidad (alimentos, medicinas, equipos de comunicaciones) y lo relacionado con servicios de salud, páginas gubernamentales, actividades laborales, educación y el ejercicio de derechos fundamentales, respectivamente, se encontró que estos canales de comercio y comunicación también eran herramientas esenciales, en el contexto de la crisis causada por el COVID-19. Respecto de la priorización en el acceso a internet, el tribunal destacó la importancia constitucional de principio de neutralidad de la red y, al mismo tiempo, las prohibiciones, cautelas y límites previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 464 de 2020, para que de manera excepcional y con estrictos controles, pueda operar la priorización allí prevista […]”.
“[…] [l]os beneficios otorgados a los prestadores del servicio de telecomunicaciones: suspender transitoriamente los pagos a su cargo (art. 5) y flexibilizar, sin afectar la calidad de prestación del servicio, el cumplimiento de algunas de sus obligaciones (art. 6), se encontraron como medidas proporcionales a las cargas que les corresponden a dichos prestadores (art. 1 y 2), en la medida en que pueden compensar las eventuales dificultades en el equilibrio de caja que pueden tener durante la vigencia del Decreto 464 de 2020.
“[…] Por último, la vigencia del Decreto 464 de 2020, al estar circunscrita a la duración del estado de emergencia declarado en el Decreto 417 de 2020, además de ser conforme con la Constitución, fue un elemento relevante para el análisis de algunas de las medidas adoptadas en el mismo. […]”.
Por las anteriores razones, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto legislativo objeto de control.
Decreto Legislativo 555 de 2020 y su sentencia de constitucionalidad
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 555 de 15 de abril de 2020, “[…] [p]or el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 […]”.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-209 de 1.° de julio de 2020, declaró exequible el Decreto núm. 555 de 2020, en los siguientes términos:
La Corte Constitucional consideró, que:
“[…] En este ejercicio, estableció que la vigencia de las medidas adoptadas en el Decreto 555 de 2020, que se prolonga hasta tanto se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del COVID-19, era razonable y en ella no se aprecia un error manifiesto de juicio. Al mantenerse la crisis sanitaria, se mantiene también la necesidad de atender a medidas sanitarias básicas como la del distanciamiento social y la de mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Las medidas previstas en el decreto en comento, son elementos idóneos para cumplir con dichas medidas sanitarias […]”.
“[…] [e]n cuanto a la adición hecha en el numeral 3 del artículo 2, se destacó que el beneficio de navegación gratuita al dominio, subdominio y páginas adyacentes al portal https://movil.colombiaaprende.edu.co/, al igual que las demás medidas previstas en el resto del artículo, supera todos los juicios materiales de constitucionalidad y, en especial, contribuye de manera eficaz a garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la educación de los niños […]”.
“[…]” [e]n cuanto al artículo 7 del Decreto 555 de 2020, se puso de presente que su contenido normativo armoniza con el previsto en el artículo 2 ibídem, en la medida en que permite una comunicación fluida y amplia entre las autoridades y las personas, por medio de mensajes que pueden ser recibidos por cualquier tipo de equipo de telefonía celular, incluso por los más antiguos […]”.
Por las anteriores razones, la Corte Constitucional declaró exequible decreto legislativo objeto de control.
Marco normativo internacional
Vistos los artículos 9 y 93 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 137, la Sala considera que los estados de excepción se rigen, entre otros, por los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, se proclamó bajo el ideal común de que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades establecidas en esa declaración y aseguren, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado en Colombia por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de octubre de 2019, consideró que “[…] en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, […] la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, [son] instrumentos que hacen parte de la denominada Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, [los cuales] establecen mecanismos para la aplicación e interpretación de los Derechos Humanos de manera amplia o extensiva en tratándose de su reconocimiento y restringida cuando lo pretendido sea su limitación […]” (Destacado fuera de texto).
De igual modo, en el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos hacen parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derecho Humanos.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948. Esta Declaración resalta que los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima del derecho americano.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobado mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972.
Estos instrumentos, como parte de un Bloque de Internacionalidad, contienen principios y normas de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, que constituyen parámetros para la aplicación e interpretación de las normas en el marco de los estados de excepción.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre el control inmediato de legalidad
Visto el artículo 20 de la Ley 137, sobre el control de legalidad, que establece:
“[…] Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición […]”.
Visto el artículo 136 de la Ley 1437, sobre el medio de control inmediato de legalidad, el cual dispone:
“[…] Artículo 136. Control Inmediato de Legalidad: Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento […]”.
De conformidad con la normativa indicada, las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-179 de 13 de abril de 1994, realizó la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 91/92 Senado y 166/92 Cámara, “Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia”, y, en relación con el artículo 20, consideró que “[…] el control automático de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República durante los estados de excepción, el cual será ejercido por la jurisdicción contencioso administrativa, […] no atentan contra la Ley Suprema y, por el contrario, encajan dentro de lo contemplado en el artículo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la ley […]”. En dicha sentencia, la Corte consideró que el control inmediato de legalidad constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas y constituye una “[…] medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales […]”.
Características del control inmediato de legalidad
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha considerado que son atribuibles al control inmediato de legalidad las siguientes características:
Se trata de un proceso jurisdiccional “[…] habida cuenta de que el examen del acto respectivo se realiza a través de un proceso judicial, de suerte que la naturaleza jurídica de la decisión mediante la cual se resuelve el asunto es una sentencia y los efectos propios de este tipo de providencias serán los que se produzcan en virtud de la decisión que adopte la Jurisdicción acerca de la legalidad del acto controlado […]”.
El control es automático porque “[…] no se requiere de una demanda de nulidad para que la jurisdicción asuma el control. Por el contrario, la jurisdicción aprehende el acto, para controlarlo, aún contra la voluntad de quien lo expide, y sin limitación en cuanto a la legitimación por activa o por pasiva, ya que quien ordena hacer el control es la ley misma, no una demanda formal […]”.
El control es inmediato, para lo cual se impone “[…] el deber legal […] a las autoridades que expidan el correspondiente acto administrativo para efecto de que lo remitan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición […]”.
El control es oficioso porque, “[…] si la entidad autora del acto incumple con el precitado deber de envío del mismo a esta Jurisdicción, el juez competente queda facultado para asumir el conocimiento de las decisiones respectivas de forma oficiosa […]”.
El control es autónomo en la medida en que “[…] resulta “posible realizar su revisión antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan”; lo anterior sin perjuicio de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte […]”.
El control es integral por cuanto “[…] es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción […]”.
La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa, en los términos del artículo 189 de la Ley 1437. En consecuencia, la medida de carácter general puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en ejercicio de otros medios de control, por aspectos diferentes a los estudiados en el marco del control inmediato de legalidad.
Por último, el control inmediato de legalidad es compatible y coexistente “[…] con los cauces procesales ordinarios a través de los cuales resulta posible que cualquier ciudadano cuestione la legalidad de los actos administrativos, de conformidad con lo establecido […]” en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Resolución núm. 5951 de 26 de marzo de 2020
El primer acto objeto de control es la Resolución núm. 5951 de 26 de marzo de 2020, “[…] [p]or medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 464 de 2020, y se dictan otras disposiciones […]” expedida por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que se transcribe a continuación:
“[…] RESOLUCIÓN No. 5951 DE 2020
“Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 464 de 2020, y se dictan otras disposiciones”
LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 464 de 2020 concordado con el Decreto 417 de 2020 y
CONSIDERANDO
Que conforme a lo establecido en los artículos 22 y 53 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expedir la regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones, así como expedir el régimen jurídico de protección aplicable a los mismos.
Que el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, dispone que, en virtud del Principio de Neutralidad Tecnológica, el Estado debe fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia.
Que el artículo 3 de la Ley 1341 de 2009, reconoce el desarrollo de los contenidos y aplicaciones como uno de los pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento.
Que en ejercicio de sus facultades legales, la CRC expidió el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, el cual se encuentra recogido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Que el artículo 2.1.12.1 del citado régimen consagra la obligación a cargo de los usuarios de servicios de comunicaciones de pagar oportunamente la factura, y ante el no pago la posibilidad para los operadores de suspender la prestación de los mismos.
Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, la CRC mediante la Resolución 3502 de 20112 fijó las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet. Esta normativa, posteriormente fue compilada en el Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Que dentro del mencionado capítulo el numeral 2.9.1.3.2, establece el Principio de No Discriminación, según el cual “en todo momento, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un trato igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, en especial en razón al origen o propiedad de los mismos. En todo caso, conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación”.
Que por su parte el numeral 2.9.1.3.3 del citado capítulo, establece el Principio de Transparencia, según el cual “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet deben revelar sus políticas de gestión de tráfico a los usuarios y a otros proveedores que tengan acceso a su red”.
Que en virtud del artículo 2.9.2.2 de la referida normativa, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet tienen proscrito bloquear, interferir, discriminar, o restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, sin el consentimiento expreso del usuario.
Que según lo dispuesto en el artículo 2.9.2.4 del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet pueden implementar medidas de gestión de tráfico con tal de que estas sean razonables y no discriminatorias respecto de algún proveedor, servicio, contenido o protocolo específico.
Que a efectos de lo anterior se consideran razonables las prácticas de gestión del tráfico sobre redes que soportan la prestación del servicio de acceso a Internet destinadas a: i) reducir los efectos de la congestión de la red, ii) preservar la seguridad de las redes, iii) asegurar la calidad del servicio a los usuarios, iv) priorizar clases genéricas de tráfico en función de requisitos de calidad del servicio (QoS) propias de dicho tráfico, v) proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección de los usuarios.
Que el artículo 2.9.2.5 del artículo del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece la prohibición para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, de adelantar conductas de priorización, degradación o bloqueo que contravengan lo previsto en el referido capítulo.
Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de la República, podrá con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario.
Que el 17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 417 de 20203, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, justificado en “la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando en la última semana es un hecho que además, de ser una grave calamidad pública constituye en una grave afectación al orden económico y social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política”.
Que con el fin de atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 464 del 23 de marzo de 20204, declaró como servicios públicos esenciales los servicios postales, así como los servicios de telecomunicaciones incluidos dentro de estos los servicios de radiodifusión sonora y los de televisión5.
Que como consecuencia de dicha declaratoria, la prestación de dichos servicios no se suspenderá durante el estado de emergencia, y que por lo tanto “[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del mencionado Decreto 464 de 2020.
Que el artículo 4 del Decreto 464 del 23 de marzo de 2020, adicionó un nuevo parágrafo al artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, el cual dispuso que la CRC debe definir “las reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio, priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Que si bien la Comisión al regular las condiciones de neutralidad en Internet mediante Resolución CRC 3502 de 2011 estableció las razones por las cuales determinadas prácticas de gestión de tráfico pueden ser consideradas razonables y no discriminatorias en condiciones de congestión ordinarias, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de funcionamiento que en este momento están enfrentando las redes debido a las medidas de distanciamiento social y aislamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas en Colombia desde la declaratoria de emergencia Económica, Social y Ecológica, el Decreto 464 del 23 de marzo de 2020 dispuso la obligación en cabeza de la CRC de definir reglas y eventos bajo las cuales los proveedores de servicios de acceso a Internet podrán adoptar medidas de priorización de tráfico que garanticen a los usuarios el acceso a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Que el parágrafo segundo en mención consagra también que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan servicios de acceso a Internet deberán reportar a la CRC “el comportamiento del tráfico de sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas a implementar para priorizar contenidos o aplicaciones, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, deberán reportar la evidencia suficiente que justifique la priorización de las aplicaciones o contenidos antes mencionados, al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de la que trata el presente parágrafo transitorio. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio y la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, sin que pueda exceder la durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. En ningún caso, la priorización implicará el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley”.
Que a efectos de lo anterior y con el fin de determinar las condiciones relativas al reporte de la información asociada al comportamiento del tráfico de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que ofrecen acceso a Internet fijo y/o móvil, así como de las evidencias técnicas suficientes que justifiquen de manera rigurosa la priorización del tráfico cuando esta sea necesaria, la CRC implementará tres formatos de información para capturar las siguientes variables: i) Una línea base del tráfico de Internet correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la declaratoria de pandemia, en donde se indagará por el tráfico para diferentes destinos (internacional y nacional); ii) tráfico de Internet diario en hora pico en época de pandemia, discriminado por destino (internacional y nacional); y por último iii) priorización de tráfico de Internet en el cual se establecen unos parámetros mínimos de información, y se solicitan todas las evidencias que el proveedor considere suficientes para justificar la gestión de tráfico en favor de los contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Que dicho reporte deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso a Internet fijo y/o móvil, independientemente de la modalidad de pago, y que cuenten con más de 50.000 usuarios en todo el país, al paso que la información correspondiente al comportamiento del tráfico de los proveedores con menos de 50.000 usuarios en todo el país, tendrá que estar disponible en todo momento para su reporte en el evento en que la CRC la requiera para el ejercicio de sus funciones.
Que el diligenciamiento de los formatos a los que se ha hecho referencia en manera alguna releva a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) de su responsabilidad de entregar cualquier otra información adicional que no se encuentre cubierta con dichos formatos y que constituya una evidencia necesaria para justificar la diferenciación de tráficos aplicada en la priorización de las aplicaciones o contenidos.
Que el Decreto 464 de 2020 al adicionar el parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, consagra también que “[d]urante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, los servicios de reproducción de video bajo demanda sobre Internet priorizarán la transmisión de sus contenidos en formato de definición estándar, es decir, que no sea de alta definición ni superior”.
Que por otro lado, si bien en virtud del artículo 2.1.12.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los usuarios de los servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción se encuentran en la obligación de pagar oportunamente la factura por la prestación de estos servicios, durante el término
que perdure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, los operadores no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario.
Que previendo los efectos económicos negativos, con ocasión de las condiciones económicas que afrontará el país con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se genera una potencial imposibilidad para los usuarios de pagar oportunamente sus facturas, ante lo cual, en adición a las medidas impartidas por el Gobierno nacional, los operadores de servicios de telecomunicaciones podrán establecer planes de alivio financiero para el pago de las obligaciones insolutas que se generen con ocasión de la prestación de dichos servicios, como por ejemplo, la posibilidad de diferir en cuotas saldos pendientes de pago.
Que en atención a la situación de emergencia y la declaratoria de servicio público esencial prevista en el artículo 1° del Decreto 464 de 2020, se observa que se reúnen las condiciones de una de las excepciones contenidas en el artículo 2.2.2.30.4. del Decreto 1074 de 2015 que en sede del procedimiento de abogacía de la competencia exime el deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que “el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de (…) [g]arantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario”, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 de la mencionada disposición.
Que de otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 11.1.1.1.1 del artículo 11.1.1.1 del Capítulo 1 del Título XI de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es necesario aplicar el procedimiento dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, en cuanto a la publicidad de los proyectos de resoluciones de carácter general, cuando estas “deban ser expedidas para el cumplimiento de una orden judicial de carácter constitucional o cuando la norma legal o reglamentaria deba ser acatada en un término no mayor a un mes”, si se tiene en cuenta el plazo perentorio establecido en el artículo 4 del Decreto 464 de 2020, para la expedición de las medidas de que trata el presente acto administrativo.
Que teniendo en cuenta que la presente resolución se expide para desarrollar los mandatos contenidos en el Decreto 464 de 2020 antes mencionado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el presente acto administrativo será enviado al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición para que el mismo proceda a adelantar el control inmediato de legalidad.
Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta No. 1226 del 26 de marzo de 2020 y de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, el 26 de marzo de 2020 dicha instancia aprobó la expedición del mismo, tal y como consta en Acta No. 386.
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Subrogar el artículo 7 de la Resolución CRC 3502 de 2011, compilado en el artículo 2.9.2.4 del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2.9.2.4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias respecto de algún proveedor, servicio, contenido o protocolo específico.
Las prácticas de gestión de tráfico se considerarán razonables cuando estén destinadas a:
2.9.2.4.1. Reducir o mitigar los efectos de la congestión sobre la red;
2.9.2.4.2. Asegurar la seguridad e integridad de las redes;
2.9.2.4.3. Asegurar la calidad del servicio a los usuarios;
2.9.2.4.4. Priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de calidad de servicio (QoS) propias de dicho tráfico, tales como latencia y retardo de los mismos.
2.9.2.4.5. Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección de los usuarios, que atiendan los requisitos técnicos, estándares o mejores prácticas adoptadas por iniciativas de gobernanza de Internet u organizaciones de estandarización.
En todo caso, los proveedores del servicio de acceso a Internet deben aplicar únicamente prácticas de gestión de red que cumplan con lo previsto en la recomendación UIT-T X.700 y aquéllas que la complementen, modifiquen o sustituyan.
Los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los términos de lo previsto en el Decreto 464 de 2020 concordado con el Decreto 417 de 2020, podrán priorizar el tráfico, para garantizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en el ANEXO 2.9 DEL TÍTULO DE ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN CRC 5050 DE 2016.”
ARTÍCULO 2. Adicionar el Anexo 2.9 al Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 el cual quedará de la siguiente manera:
“
Anexo 2.9. Priorización del acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones durante la ocurrencia de pandemias
Parte A. Condiciones que habilitan la priorización.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 2.9.2.4 los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán priorizar el acceso a los contenidos o aplicaciones referidos en dicho inciso cuando concurran los siguientes eventos:
• Cuando se evidencien incrementos muy altos y recurrentes en la demanda de tráfico comparados con periodos similares de referencia.
• Cuando se evidencie una degradación recurrente de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios a nivel nacional o regional por efecto de haber superado la capacidad máxima de uno o más elementos de red.
• Cuando el proveedor del servicio de acceso a Internet haya realizado las demás acciones de gestión de tráfico previstas en el numeral 2.9.2.4.4. del artículo 2.9.2.4. de la presente resolución, sin que sea posible solucionar la degradación de calidad experimentada por los usuarios.
Adicionalmente los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet deberán acatar las siguientes reglas al aplicar la priorización de tráfico:
1. Al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de que trata el presente anexo, el proveedor deberá informar a la CRC sobre el inicio de la priorización del tráfico para garantizar el acceso de los usuarios a los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, para lo cual deberá anexar el reporte dispuesto en el Anexo 2.9 Parte C con la evidencia que justifica la priorización de tráfico a realizar. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio, así como la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, la cual en todo caso no podrá superar la fecha de finalización de la vigencia del periodo del estado de la emergencia económica, social y ecológica declarado.
2. El proveedor deberá priorizar las aplicaciones y contenidos de salud, gobierno, sector público, actividades laborales, educación, y derechos fundamentales e informar a la CRC para cada aplicación o contenido priorizado la categoría a la que pertenecen; así mismo se deberá incluir información que permita identificarlos (e.g. URL, Dominios, Direcciones IP, Nombres de aplicaciones).
3. El proveedor deberá demostrar que se han presentado incrementos muy altos en la demanda de tráfico a nivel nacional o regional comparados con periodos similares de referencia.
4. De cualquier forma, la discriminación de tráfico realizada no podrá implicar el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley de conformidad con el principio de libre elección dispuesto en el numeral 2.9.1.3.1. del artículo 2.9.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
5. Al implementar la priorización de la que trata el presente Anexo los prestadores de servicios de acceso a Internet garantizarán que las demás categorías equivalentes de tráfico que no son sujeto de priorización sean tratadas igual.
6. Mientras aplica las medidas de priorización y gestión de tráfico, el proveedor deberá mantener el acceso a Internet de todos sus usuarios.
7. Si alguno de los eventos que habilitan la priorización culmina, el proveedor deberá culminar también la priorización aplicada.
Parte B. REPORTE DE TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso a Internet fijo y/o móvil, independientemente de la modalidad de pago, y que cuenten con más de 50.000 usuarios en todo el país con corte al último periodo de reporte al Sistema de Información Integral- Colombia TIC. En lo que respecta a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), estarán sujetos a esta obligación si además de cumplir con las dos condiciones anteriores, cuentan con enlaces de conectividad a Internet de su propiedad o provistos por un operador distinto al OMR sobre el cual se aloja.
El proveedor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diligenciar el presente formato:
1. La CRC informará a través de su página web las instrucciones, formularios y mecanismos que deberán seguir los proveedores de Internet fijo y/o móvil para diligenciar el reporte de información.
2. La Tabla 1A deberá ser reportada solo una vez ante la ocurrencia de pandemias. Para el caso de COVID-19 se deberá reportar a más tardar el jueves 2 de abril del año 2020, y contendrá la información mensual del periodo: enero-marzo de 2020. Ante la ocurrencia de futuras pandemias, la CRC a través de una Circular informará la fecha en que los proveedores deben llevar a cabo este reporte de información.
3. Para el caso de COVID-19, la Tabla 1B deberá ser reportada todos los lunes, miércoles y viernes desde el 1 de abril de 2020 hasta el fin del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. La información registrada los días lunes, debe incluir el tráfico del viernes, sábado y domingo inmediatamente anteriores; la del día miércoles, debe incluir el tráfico del lunes y martes inmediatamente anteriores; y la del día viernes debe incluir el tráfico del miércoles y jueves inmediatamente anteriores. Ante la ocurrencia de futuras pandemias, la CRC a través de una Circular informará la fecha en que los proveedores deben llevar a cabo este reporte de información.
TABLA 1A. TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE: LÍNEA BASE
En donde:
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de acceso a Internet fijo y/o móvil y reporta la información del presente Formato.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de acceso a Internet fijo y/o móvil y reporta la información del presente Formato.
[3] FECHA DE REPORTE: Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el presente reporte. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] MES DE TRÁFICO: Corresponde al mes para el cual se está realizando el reporte de tráfico de datos. Este campo debe guardar el formato aaaa/mm. Para el caso del COVID-19, los meses aquí registrados deberán corresponder solo al periodo comprendido entre enero y marzo de 2020.
[5] HORA PICO MES: Corresponde a un periodo continuo de una hora de duración, durante el cual se cursó el máximo volumen de tráfico de datos del mes (Uplink + Downlink) para el cual se está realizando el reporte. Debe indicarse el momento de inicio de la hora pico en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] FECHA EN QUE OCURRIÓ LA HORA PICO: Corresponde a la fecha del día del mes de reporte en el cual se presentó la hora pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[7] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: INTERNACIONAL (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, mediante conexiones internacionales propias del PRST, tales como cables submarinos, conexiones interfronterizas, conexiones satelitales, etcétera.
[8] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: NAP (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino hacia cualquier NAP (Punto de Intercambio de Tráfico donde 3 ó más PRST intercambian tráfico nacional de Internet) ubicado en Colombia.
[9] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: ACUERDOS DE TRÁNSITO O PEERING DIRECTO (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino hacia otros PRST nacionales con los cuales el PRST que realiza el reporte tenga Acuerdos de tránsito o Peering Directo.
[10] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: LOCAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino a servidores de contenidos y/o aplicaciones CDN (Content Delivery Network) tales cómo, WEB Hosting, Centros de datos, Servidores de correo, etcétera, que estén en la red propia del PRST o que tengan interconexión directa con esta y estén ubicados en Colombia.
[11] TRÁFICO DATOS: TOTAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante el mes del numeral [4] de la Tabla 1A del presente Formato, mediante las conexiones internacionales propias del PRST, hacia cualquier NAP ubicado en Colombia, a través de acuerdos de tránsito o peering, con destino a servidores de contenidos y aplicaciones, y en general a cualquier destino.
TABLA 1B. TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE
En donde:
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y reporta la información del presente Formato.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST)
que presta servicios de conexión a Internet y reporta la información del presente Formato.
[3] FECHA DE REPORTE: Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el presente reporte. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] FECHA DEL DÍA DEL TRÁFICO: Corresponde a la fecha del día en la que se cursó el tráfico de Internet que se está reportando en el presente Formato. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd. Debe enviarse un dato de tráfico por cada día reportado. Por ejemplo, si se está haciendo el reporte del lunes, este debe contener tres filas para incluir el tráfico del viernes, del sábado y del domingo.
[5] HORA PICO: Corresponde a un periodo continuo de una hora de duración, durante el cual se cursó el máximo volumen de tráfico de datos (Uplink + Downlink), considerando todas las franjas horarias del día que se está reportando. Debe indicarse el momento de inicio de la hora pico en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: INTERNACIONAL (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, mediante conexiones internacionales propias del PRST, tales como cables submarinos, conexiones interfronterizas, conexiones satelitales, etcétera.
[7] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: NAP (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, con destino hacia cualquier NAP (Punto de Intercambio de Tráfico donde 3 ó más PRST intercambian tráfico de Internet) ubicado en Colombia.
[8] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: ACUERDOS DE TRÁNSITO O PEERING DIRECTO (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, proveniente desde otros PRST nacionales con los cuales el PRST que realiza el reporte tenga Acuerdos de tránsito o Peering Directo.
[9] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: LOCAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, con destino a servidores de contenidos y/o aplicaciones CDN (Content Delivery Network) tales cómo, WEB Hosting, Centros de datos, Servidores de correo, etcétera, que tengan interconexión directa en la red propia de los PRST y ubicados en Colombia.
[10] TRÁFICO DATOS: TOTAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante el día del numeral [4] de la Tabla 1B del presente Formato, mediante las conexiones internacionales propias del PRST, hacia cualquier NAP ubicado en Colombia, a través de acuerdos de tránsito o peering, con destino a servidores de contenidos y aplicaciones, y en general a cualquier destino.
Parte C. GESTIÓN DE TRÁFICO EN EMERGENCIAS
Este formato deberá ser diligenciado por todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet fija y/o móvil y necesiten recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Los PSRT a los cuales les aplique el presente Formato, deberán reportar a la CRC al menos 24 horas antes de iniciar la priorización las evidencias suficientes que considere para justificar la priorización de tráfico, así como la siguiente información: (i) Fecha y hora del inicio de priorización de aplicaciones o contenidos; (ii) Fecha y hora de la finalización de priorización de aplicaciones o contenidos; (iii) Áreas geográficas donde se realizará la priorización, considerando que esta puede ser de carácter nacional (todo el país) o regional (un conjunto de municipios). En caso de que la priorización sea regional se debe informar: departamento y municipio; (iv) Tipo de red de acceso sobre la cual se aplicará la priorización (móvil y/o fija). Esto como se indica en el cuadro siguiente:
TABLA 2. PRIORIZACIÓN DE TRÁFICO DE INTERNET
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y necesita recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y necesita recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico.
[3] FECHA DE AVISO: Corresponde al día en que el PRST avisa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el inicio de la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] FECHA DE INICIO: Corresponde al día en que inicia la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[5] HORA DE INICIO: Corresponde a la hora del día del numeral [4] de la Tabla 2 del presente requerimiento, en la que se dará inicio a la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Debe indicarse la hora de inicio en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] FECHA DE FINALIZACIÓN: Corresponde al día en que finalizará la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[7] HORA DE FINALIZACIÓN: Corresponde a la hora del día del numeral [6] de la Tabla 2 del presente requerimiento, en la que se finalizará la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Debe indicarse la hora de finalización en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[8] MUNICIPIO: Corresponde al nombre del municipio en donde se va a realizar la priorización de tráfico. En caso de que la priorización de tráfico haya sido nacional, en este campo deberá diligenciar NACIONAL.
[9] DEPARTAMENTO: Corresponde al nombre del departamento en donde se encuentra el municipio descrito en el numeral [8] de la Tabla 2 del presente requerimiento. En caso de que la priorización de tráfico haya sido nacional, en este campo deberá diligenciar NACIONAL.
[10] RED DÓNDE APLICARÁ LA PRIORIZACIÓN: Corresponde al tipo de red sobre la que se realizará la priorización de tráfico:
• Móvil - 3G
• Móvil - 4G
• Fija
Adicionalmente, el proveedor deberá aportar la siguiente información:
1. Lista de contenidos y aplicaciones priorizados. El PRST deberá proporcionar una lista detallada indicando cuáles son los contenidos y aplicaciones que serán priorizados como parte de la aplicación de la medida, así como la categoría a la que pertenecen (salud, gobierno, sector público, actividades laborales, educación, derechos fundamentales) e incluir información que permita identificarlas (e.g. URL, Dominios, Direcciones IP, Nombres de aplicaciones).
2. Informe que justifique la medida de priorización. El PRST deberá presentar un informe detallado en formato libre, en el que se justifique técnicamente la medida, el cual deberá contener como mínimo:
a. Evidencia de la necesidad de la medida a partir de información de tráfico, bien sea a nivel nacional o regional y para cada tipo de red sobre la cual se aplicará la priorización (móvil y/o fija).
b. Evidencia de que el tráfico esté alcanzando o sobrepasando de manera recurrente la capacidad de tráfico máxima de la red sobre la cual se aplicará la priorización (móvil y/o fija).
c. Evidencia sobre la necesidad de extender la priorización por los días reportados.
d. Descripción de los efectos conseguidos con la medida de que trata este numeral por cada evento de aplicación.
3. Información adicional que puede ser solicitada por la CRC. En caso de considerarlo necesario, la CRC podrá solicitar información adicional, la cual deberá estar disponible si es solicitada, incluyendo:
a. Información detallada de tráfico, para los municipios donde se realizará la priorización.
b. Información detallada de capacidades de red para los municipios en los cuales se aplicará la medida, lo cual podrá involucrar, entre otros: red de acceso, red de transporte, red de core, capacidades en conexión a los NAP nacionales y capacidades en cable submarino.”
ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 5.1.6.4 a la Sección 6 del capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5.1.6.4. OBLIGACIÓN DE REPORTE DURANTE PANDEMIAS. Durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los términos de lo previsto en el Decreto 464 de 2020 concordado con el Decreto 417 de 2020, los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet que cuenten con más de 50.000 usuarios deberán reportar el comportamiento del tráfico de sus redes de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2.9 Parte B.
Los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet que cuenten con menos de 50.000 usuarios cumplirán con el reporte de información previa solicitud de la CRC por lo que la información correspondiente al comportamiento del tráfico de redes a la que hace referencia las Tablas 1A y 1B de la Parte B del Anexo 2.9, y reportar la misma, cuando esta Entidad así lo requiera para el ejercicio de sus funciones.
El reporte de la información a la que se ha hecho referencia, no releva a los mencionados proveedores de la responsabilidad de entregar cualquier información adicional que no se encuentre cubierta con los formatos contenidos en la Parte B del Anexo 2.9 dichos formatos sobre dicho comportamiento del tráfico, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 4 del Decreto 464 de 2020.
ARTÍCULO 4. Durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios. En ningún caso esto implica la condonación de las sumas que los usuarios adeuden al proveedor por la prestación del servicio.
ARTÍCULO 5. Se delega en el Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Comisionados de Comunicaciones, la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se lleve a cabo cualquier modificación, adición o sustitución de los formatos contenidos en las partes B y C del Anexo 2.9 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.
ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá D.C. a los 26 MAR 2020
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PAOLA BONILLA CASTAÑO CARLOS LUGO SILVA
Presidente Director Ejecutivo
[…]”.
Resolución núm. 5969 de 17 de abril de 2020
El segundo acto objeto de control es la Resolución núm. 5969 de 17 de abril de 2020, “[…] [p]or medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 555 de 2020, se subroga la Resolución CRC 5951 de 2020 y se dictan otras disposiciones […]” (Destacado fuera de texto), expedida por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que se transcribe a continuación:
“[…] RESOLUCIÓN No. 5969 DE 2020
“Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 555 de 2020, se subroga la Resolución CRC 5951 de 2020 y se dictan otras disposiciones”
LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 555 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que conforme a lo establecido en los artículos 22 y 53 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expedir la regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones, así como expedir el régimen jurídico de protección aplicable a los mismos.
Que el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, dispone que, en virtud del Principio de Neutralidad Tecnológica, el Estado debe fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia.
Que el artículo 3 de la Ley 1341 de 2009, reconoce el desarrollo de los contenidos y aplicaciones como uno de los pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento.
Que en ejercicio de sus facultades legales, la CRC expidió el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, el cual se encuentra recogido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Que el artículo 2.1.12.1 del citado régimen consagra la obligación a cargo de los usuarios de servicios de comunicaciones de pagar oportunamente la factura, y ante el no pago la posibilidad para los operadores de suspender la prestación de los mismos.
Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, la CRC mediante la Resolución 3502 de 2011 fijó las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet. Esta normativa, posteriormente fue compilada en el Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Que dentro del mencionado capítulo el numeral 2.9.1.3.2, establece el Principio de No Discriminación, según el cual “en todo momento, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un trato igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, en especial en razón al origen o propiedad de los mismos. En todo caso, conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación”.
Que por su parte el numeral 2.9.1.3.3 del citado capítulo, establece el Principio de Transparencia, según el cual “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet deben revelar sus políticas de gestión de tráfico a los usuarios y a otros proveedores que tengan acceso a su red”.
Que en virtud del artículo 2.9.2.2 de la referida normativa, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet tienen proscrito bloquear, interferir, discriminar, o restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, sin el consentimiento expreso del usuario.
Que según lo dispuesto en el artículo 2.9.2.4 del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet pueden implementar medidas de gestión de tráfico con tal de que estas sean razonables y no discriminatorias respecto de algún proveedor, servicio, contenido o protocolo específico.
Que a efectos de lo anterior se consideran razonables las prácticas de gestión del tráfico sobre redes que soportan la prestación del servicio de acceso a Internet destinadas a: i) reducir los efectos de la congestión de la red, ii) preservar la seguridad de las redes, iii) asegurar la calidad del servicio a los usuarios, iv) priorizar clases genéricas de tráfico en función de requisitos de calidad del servicio (QoS) propias de dicho tráfico, v) proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección de los usuarios.
Que el artículo 2.9.2.5 del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece la prohibición para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, de adelantar conductas de priorización, degradación o bloqueo que contravengan lo previsto en el referido capítulo.
Que el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud - OMS - declaró que el brote de coronavirus (COVID-19) se constituyó como pandemia, por lo cual instó a los países a adoptar medidas para mitigar su impacto.
Que, atendiendo a las directrices de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el artículo 1 de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el día 30 de mayo de 2020, con el fin de contener la pandemia del coronavirus COVID-19. Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de la República, podrá con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario.
Que el 17 de marzo de 2020 el señor Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, mediante el Decreto 417 de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, justificado en “la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando en la última semana es un hecho que además, de ser una grave calamidad pública constituye en una grave afectación al orden económico y social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política”.
Que, con el fin de atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el señor Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, a través del Decreto 464 del 23 de marzo de 20204, declaró como servicios públicos esenciales los servicios postales, así como los servicios de telecomunicaciones incluidos dentro de estos los servicios de radiodifusión sonora y los de televisión5.
Que como consecuencia de dicha declaratoria, la prestación de dichos servicios no se suspenderá durante el estado de emergencia, y que por lo tanto “[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio”, de conformidad con lo dispuesto en el el artículo 1° del mencionado Decreto 464 de 2020.
Que el artículo 4 del Decreto 464 del 23 de marzo de 2020, adicionó un nuevo parágrafo al artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, el cual dispuso que la CRC debe definir “las reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio, priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de Decreto 464 de 2020, la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC expidió la Resolución CRC 5951 del 26 de marzo 20206.
Que el señor Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, expidió el Decreto 555 del 15 de abril de 2020. En los considerandos del mencionado decreto se indicó que “mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró por el término de treinta (30) días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en virtud del cual se expidió el Decreto 464 del 23 de marzo de 2020, respecto del cual se hace necesario mantener las medidas adoptadas mientras dure el estado de emergencia por tornarse necesarias para garantizar las finalidades señaladas en los párrafos precedentes, las cuales atienden a conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”.
Que, en consonancia con lo anterior, en el artículo 4 del Decreto 555 de 2020 se hizo referencia a la adición de un nuevo parágrafo al artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, según el cual, la CRC debe definir “las reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio, priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Que si bien la Comisión al regular las condiciones de neutralidad en Internet mediante Resolución CRC 3502 de 2011 estableció las razones por las cuales determinadas prácticas de gestión de tráfico pueden ser consideradas razonables y no discriminatorias en condiciones de congestión ordinarias, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de funcionamiento que en este momento están enfrentando las redes debido a las medidas de distanciamiento social y aislamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas en Colombia desde la declaratoria de emergencia Económica, Social y Ecológica, el Decreto 555 del 15 de abril 2020 dispuso la obligación en cabeza de la CRC de definir reglas y eventos bajo las cuales los proveedores de servicios de acceso a Internet podrán adoptar medidas de priorización de tráfico que garanticen a los usuarios el acceso a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Que, así mismo, el parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450, adicionado por el artículo 4 del Decreto 555 de 2020, consagra también que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan servicios de acceso a Internet deberán reportar a la CRC “el comportamiento del tráfico de sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas a implementar para priorizar contenidos o aplicaciones, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, deberán reportar la evidencia suficiente que justifique la priorización de las aplicaciones o contenidos antes mencionados, al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de la que trata el presente parágrafo transitorio. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio y la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, sin que pueda exceder la durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. En ningún caso, la priorización implicará el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley”.
Que, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 555 de 2020, dicho cuerpo normativo “rige a partir del 16 de abril de 2020 y estará vigente mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19”.
Que a efectos de lo anterior y con el fin de determinar las condiciones relativas al reporte de la información asociada al comportamiento del tráfico de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que ofrecen acceso a Internet fijo y/o móvil, así como de las evidencias técnicas suficientes que justifiquen de manera rigurosa la priorización del tráfico cuando esta sea necesaria, la CRC, por medio de la Resolución CRC 5951 de 2020, implementó tres formatos de información para capturar las siguientes variables: i) Una línea base del tráfico de Internet correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la declaratoria de pandemia, en donde se indagará por el tráfico para diferentes destinos (internacional y nacional); ii) tráfico de Internet diario en hora pico en época de pandemia, discriminado por destino (internacional y nacional); y por último iii) priorización de tráfico de Internet en el cual se establecen unos parámetros mínimos de información, y se solicitan todas las evidencias que el proveedor considere suficientes para justificar la gestión de tráfico en favor de los contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Que dicho reporte debe ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso a Internet fijo y/o móvil, independientemente de la modalidad de pago, y que cuenten con más de 50.000 usuarios en todo el país, al paso que la información correspondiente al comportamiento del tráfico de los proveedores con menos de 50.000 usuarios en todo el país, tendrá que estar disponible en todo momento para su reporte en el evento en que la CRC la requiera para el ejercicio de sus funciones.
Que el diligenciamiento de los formatos a los que se ha hecho referencia en manera alguna releva a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) de su responsabilidad de entregar cualquier otra información adicional que no se encuentre cubierta con dichos formatos y que constituya una evidencia necesaria para justificar la diferenciación de tráficos aplicada en la priorización de las aplicaciones o contenidos.
Que el Decreto 555 de 2020 al adicionar el parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, consagra también que “[d]urante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, los servicios de reproducción de video bajo demanda sobre Internet priorizarán la transmisión de sus contenidos en formato de definición estándar, es decir, que no sea de alta definición ni superior”.
Que por otro lado, si bien en virtud del artículo 2.1.12.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los usuarios de los servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción se encuentran en la obligación de pagar oportunamente la factura por la prestación de estos servicios, desde la fecha de expedición del presente acto administrativo y hasta el 31 de mayo de 2020, los operadores no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario.
Que previendo los efectos económicos negativos, con ocasión de las condiciones económicas que afrontará el país con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se genera una potencial imposibilidad para los usuarios de pagar oportunamente sus facturas, ante lo cual, en adición a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional, los operadores de servicios de telecomunicaciones podrán establecer planes de alivio financiero para el pago de las obligaciones insolutas que se generen con ocasión de la prestación de dichos servicios, como por ejemplo, la posibilidad de diferir en cuotas saldos pendientes de pago.
Que, de conformidad con todo lo expresado, es de señalar que las medidas adoptadas en el Decreto 555 de 2020 tienen vigencia mientras dura el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del artículo 1 de la Resolución 385 de 2020.
Que, en ese sentido, se hace necesario precisar las medidas adoptadas mediante la Resolución 5951 de 2020 cuya vigencia se supeditó a la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para así sintonizarlas con lo establecido en el Decreto 555 de 2020. Específicamente, se debe precisar lo establecido en el numeral 3 del acápite “Parte B” del anexo 2.9 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual fue adicionado por el artículo 2 de la Resolución CRC 5951 de 2020, en el sentido de señalar que para el caso de COVID-19, la Tabla 1B deberá ser reportada todos los lunes, miércoles y viernes desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020. Así mismo se debe precisar lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CRC 5951 de 2020 con el objeto de indicar que desde la entrada en vigor de la presente resolución y hasta el 31 de mayo de 2020, los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios.
Que, para efectos de realizar las anotadas precisiones, con fundamento en el Decreto 555 de 2020, se considera pertinente, mediante la presente resolución, subrogar en su totalidad la Resolución CRC 5951 de 2020, de manera que en este acto administrativo queden plasmadas las medidas establecidas en la Resolución CRC 5951 de 2020 y las modificaciones descritas previamente.
Que en atención a la situación de emergencia y la declaratoria de servicio público esencial prevista en el artículo 1° del Decreto 555 de 2020, se observa que se reúnen las condiciones de una de las excepciones contenidas en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015 que en sede del procedimiento de abogacía de la competencia exime el deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que “el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de (…) [g]arantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario”, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 de la mencionada disposición.
Que, de otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 11.1.1.1.2 del artículo 11.1.1.1 del Capítulo 1 del Título XI de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es necesario aplicar el procedimiento dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 20159, en cuanto a la publicidad de los proyectos de resoluciones de carácter general.
Que teniendo en cuenta que la presente resolución se expide para desarrollar los mandatos contenidos en el Decreto 555 de 2020 antes mencionado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el presente acto administrativo será enviado al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición para que el mismo proceda a adelantar el control inmediato de legalidad.
Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta No. 1231 del 17 de abril de 2020 y de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, del 17 de abril de 2020 dicha instancia aprobó la expedición del mismo, tal y como consta en Acta No. 389.
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Subrogar la Resolución CRC 5951 de 2020, la cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1. Subrogar el artículo 7 de la Resolución CRC 3502 de 2011, compilado en el artículo 2.9.2.4 del Capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2.9.2.4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias respecto de algún proveedor, servicio, contenido o protocolo específico.
Las prácticas de gestión de tráfico se considerarán razonables cuando estén destinadas a:
2.9.2.4.1. Reducir o mitigar los efectos de la congestión sobre la red;
2.9.2.4.2. Asegurar la seguridad e integridad de las redes;
2.9.2.4.3. Asegurar la calidad del servicio a los usuarios;
2.9.2.4.4. Priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de calidad de servicio (QoS) propias de dicho tráfico, tales como latencia y retardo de los mismos.
2.9.2.4.5. Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección de los usuarios, que atiendan los requisitos técnicos, estándares o mejores prácticas adoptadas por iniciativas de gobernanza de Internet u organizaciones de estandarización.
En todo caso, los proveedores del servicio de acceso a Internet deben aplicar únicamente prácticas de gestión de red que cumplan con lo previsto en la recomendación UIT-T X.700 y aquéllas que la complementen, modifiquen o sustituyan.
Los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los términos de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, adicionado por el Decreto 555 de 2020, concordado con el Decreto 417 de 2020, podrán priorizar el tráfico, para garantizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en el ANEXO 2.9 DEL TÍTULO DE ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN CRC 5050 DE 2016.”
ARTÍCULO 2. Adicionar el Anexo 2.9 al Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 el cual quedará de la siguiente manera:
“Anexo 2.9. Priorización del acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones durante la ocurrencia de pandemias
Parte A. Condiciones que habilitan la priorización.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 2.9.2.4 los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán priorizar el acceso a los contenidos o aplicaciones referidos en dicho inciso cuando concurran los siguientes eventos:
• Cuando se evidencien incrementos muy altos y recurrentes en la demanda de tráfico comparados con periodos similares de referencia.
• Cuando se evidencie una degradación recurrente de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios a nivel nacional o regional por efecto de haber superado la capacidad máxima de uno o más elementos de red.
• Cuando el proveedor del servicio de acceso a Internet haya realizado las demás acciones de gestión de tráfico previstas en el numeral 2.9.2.4.4. del artículo 2.9.2.4. de la presente resolución, sin que sea posible solucionar la degradación de calidad experimentada por los usuarios.
Adicionalmente los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet deberán acatar las siguientes reglas al aplicar la priorización de tráfico:
1. Al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de que trata el presente anexo, el proveedor deberá informar a la CRC sobre el inicio de la priorización del tráfico para garantizar el acceso de los usuarios a los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, para lo cual deberá anexar el reporte dispuesto en el Anexo 2.9 Parte C con la evidencia que justifica la priorización de tráfico a realizar. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio, así como la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, la cual en todo caso no podrá superar la fecha de finalización de la vigencia del periodo del estado de la emergencia económica, social y ecológica declarado.
2. El proveedor deberá priorizar las aplicaciones y contenidos de salud, gobierno, sector público, actividades laborales, educación, y derechos fundamentales e informar a la CRC para cada aplicación o contenido priorizado la categoría a la que pertenecen; así mismo se deberá incluir información que permita identificarlos (e.g. URL, Dominios, Direcciones IP, Nombres de aplicaciones).
3. El proveedor deberá demostrar que se han presentado incrementos muy altos en la demanda de tráfico a nivel nacional o regional comparados con periodos similares de referencia.
4. De cualquier forma, la discriminación de tráfico realizada no podrá implicar el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley de conformidad con el principio de libre elección dispuesto en el numeral 2.9.1.3.1. del artículo 2.9.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
5. Al implementar la priorización de la que trata el presente Anexo los prestadores de servicios de acceso a Internet garantizarán que las demás categorías equivalentes de tráfico que no son sujeto de priorización sean tratadas igual.
6. Mientras aplica las medidas de priorización y gestión de tráfico, el proveedor deberá mantener el acceso a Internet de todos sus usuarios.
7. Si alguno de los eventos que habilitan la priorización culmina, el proveedor deberá culminar también la priorización aplicada.
Parte B. REPORTE DE TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso a Internet fijo y/o móvil, independientemente de la modalidad de pago, y que cuenten con más de 50.000 usuarios en todo el país con corte al último periodo de reporte al Sistema de Información Integral- Colombia TIC. En lo que respecta a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), estarán sujetos a esta obligación si además de cumplir con las dos condiciones anteriores, cuentan con enlaces de conectividad a Internet de su propiedad o provistos por un operador distinto al OMR sobre el cual se aloja.
El proveedor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diligenciar el presente formato:
1. La CRC informará a través de su página web las instrucciones, formularios y mecanismos que deberán seguir los proveedores de Internet fijo y/o móvil para diligenciar el reporte de información.
2. La Tabla 1A deberá ser reportada solo una vez ante la ocurrencia de pandemias. Para el caso de COVID-19 se deberá reportar a más tardar el jueves 2 de abril del año 2020, y contendrá la información mensual del periodo: enero-marzo de 2020. Ante la ocurrencia de futuras pandemias, la CRC a través de una Circular informará la fecha en que los proveedores deben llevar a cabo este reporte de información.
3. Para el caso de COVID-19, la Tabla 1B deberá ser reportada todos los lunes, miércoles y viernes desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020. La información registrada los días lunes, debe incluir el tráfico del viernes, sábado y domingo inmediatamente anteriores; la del día miércoles, debe incluir el tráfico del lunes y martes inmediatamente anteriores; y la del día viernes debe incluir el tráfico del miércoles y jueves inmediatamente anteriores. Ante la ocurrencia de futuras pandemias, la CRC a través de una Circular informará la fecha en que los proveedores deben llevar a cabo este reporte de información.
TABLA 1A. TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE: LÍNEA BASE
En donde:
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de acceso a Internet fijo y/o móvil y reporta la información del presente Formato.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de acceso a Internet fijo y/o móvil y reporta la información del presente Formato.
[3] FECHA DE REPORTE: Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el presente reporte. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] MES DE TRÁFICO: Corresponde al mes para el cual se está realizando el reporte de tráfico de datos. Este campo debe guardar el formato aaaa/mm. Para el caso del COVID-19, los meses aquí registrados deberán corresponder solo al periodo comprendido entre enero y marzo de 2020.
[5] HORA PICO MES: Corresponde a un periodo continuo de una hora de duración, durante el cual se cursó el máximo volumen de tráfico de datos del mes (Uplink + Downlink ) para el cual se está realizando el reporte. Debe indicarse el momento de inicio de la hora pico en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] FECHA EN QUE OCURRIÓ LA HORA PICO: Corresponde a la fecha del día del mes de reporte en el cual se presentó la hora pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[7] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: INTERNACIONAL (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, mediante conexiones internacionales propias del PRST, tales como cables submarinos, conexiones interfronterizas, conexiones satelitales, etcétera.
[8] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: NAP (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino hacia cualquier NAP (Punto de Intercambio de Tráfico donde 3 ó más PRST intercambian tráfico nacional de Internet) ubicado en Colombia.
[9] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: ACUERDOS DE TRÁNSITO O PEERING DIRECTO (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino hacia otros PRST nacionales con los cuales el PRST que realiza el reporte tenga Acuerdos de tránsito o Peering Directo.
[10] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: LOCAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1A del presente Formato, con destino a servidores de contenidos y/o aplicaciones CDN (Content Delivery Network) tales cómo, WEB Hosting, Centros de datos, Servidores de correo, etcétera, que estén en la red propia del PRST o que tengan interconexión directa con esta y estén ubicados en Colombia.
[11] TRÁFICO DATOS: TOTAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante el mes del numeral [4] de la Tabla 1A del presente Formato, mediante las conexiones internacionales propias del PRST, hacia cualquier NAP ubicado en Colombia, a través de acuerdos de tránsito o peering, con destino a servidores de contenidos y aplicaciones, y en general a cualquier destino.
TABLA 1B. TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE
En donde:
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y reporta la información del presente Formato.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y reporta la información del presente Formato.
[3] FECHA DE REPORTE: Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el presente reporte. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] FECHA DEL DÍA DEL TRÁFICO: Corresponde a la fecha del día en la que se cursó el tráfico de Internet que se está reportando en el presente Formato. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd. Debe enviarse un dato de tráfico por cada día reportado. Por ejemplo, si se está haciendo el reporte del lunes, este debe contener tres filas para incluir el tráfico del viernes, del sábado y del domingo.
[5] HORA PICO: Corresponde a un periodo continuo de una hora de duración, durante el cual se cursó el máximo volumen de tráfico de datos (Uplink + Downlink), considerando todas las franjas horarias del día que se está reportando. Debe indicarse el momento de inicio de la hora pico en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: INTERNACIONAL (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, mediante conexiones internacionales propias del PRST, tales como cables submarinos, conexiones interfronterizas, conexiones satelitales, etcétera.
[7] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: NAP (GB): Corresponde al total de tráfico de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, con destino hacia cualquier NAP (Punto de Intercambio de Tráfico donde 3 ó más PRST intercambian tráfico de Internet) ubicado en Colombia.
[8] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: ACUERDOS DE TRÁNSITO O PEERING DIRECTO (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, proveniente desde otros PRST nacionales con los cuales el PRST que realiza el reporte tenga Acuerdos de tránsito o Peering Directo.
[9] TRÁFICO DATOS EN HORA PICO: LOCAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante la Hora Pico del numeral [5] de la Tabla 1B del presente Formato, con destino a servidores de contenidos y/o aplicaciones CDN (Content Delivery Network) tales cómo, WEB Hosting, Centros de datos, Servidores de correo, etcétera, que tengan interconexión directa en la red propia de los PRST y ubicados en Colombia.
[10] TRÁFICO DATOS: TOTAL (GB): Corresponde al tráfico total de datos (Uplink + Downlink), medido en GigaBytes, que se cursó durante el día del numeral [4] de la Tabla 1B del presente Formato, mediante las conexiones internacionales propias del PRST, hacia cualquier NAP ubicado en Colombia, a través de acuerdos de tránsito o peering, con destino a servidores de contenidos y aplicaciones, y en general a cualquier destino.
Parte C. GESTIÓN DE TRÁFICO EN EMERGENCIAS
Este formato deberá ser diligenciado por todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet fija y/o móvil y necesiten recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales.
Los PSRT a los cuales les aplique el presente Formato, deberán reportar a la CRC al menos 24 horas antes de iniciar la priorización las evidencias suficientes que considere para justificar la priorización de tráfico, así como la siguiente información: (i) Fecha y hora del inicio de priorización de aplicaciones o contenidos; (ii) Fecha y hora de la finalización de priorización de aplicaciones o contenidos; (iii) Áreas geográficas donde se realizará la priorización, considerando que esta puede ser de carácter nacional (todo el país) o regional (un conjunto de municipios). En caso de que la priorización sea regional se debe informar: departamento y municipio; (iv) Tipo de red de acceso sobre la cual se aplicará la priorización (móvil y/o fija). Esto como se indica en el cuadro siguiente:
TABLA 2. PRIORIZACIÓN DE TRÁFICO DE INTERNET
[1] NIT PROVEEDOR: Corresponde al Número de Identificación Tributaria del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y necesita recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico.
[2] PROVEEDOR: Corresponde al nombre del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presta servicios de conexión a Internet y necesita recurrir, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mecanismo de priorización de tráfico.
[3] FECHA DE AVISO: Corresponde al día en que el PRST avisa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el inicio de la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[4] FECHA DE INICIO: Corresponde al día en que inicia la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[5] HORA DE INICIO: Corresponde a la hora del día del numeral [4] de la Tabla 2 del presente requerimiento, en la que se dará inicio a la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Debe indicarse la hora de inicio en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[6] FECHA DE FINALIZACIÓN: Corresponde al día en que finalizará la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Esta fecha deberá guardar el formato aaaa/mm/dd.
[7] HORA DE FINALIZACIÓN: Corresponde a la hora del día del numeral [6] de la Tabla 2 del presente requerimiento, en la que se finalizará la priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Debe indicarse la hora de finalización en formato hh:mm, teniendo como referencia el formato de hora militar.
[8] MUNICIPIO: Corresponde al nombre del municipio en donde se va a realizar la priorización de tráfico. En caso de que la priorización de tráfico haya sido nacional, en este campo deberá diligenciar NACIONAL.
[9] DEPARTAMENTO: Corresponde al nombre del departamento en donde se encuentra el municipio descrito en el numeral [8] de la Tabla 2 del presente requerimiento. En caso de que la priorización de tráfico haya sido nacional, en este campo deberá diligenciar NACIONAL.
[10] RED DÓNDE APLICARÁ LA PRIORIZACIÓN: Corresponde al tipo de red sobre la que se realizará la priorización de tráfico:
• Móvil - 3G
• Móvil - 4G
• Fija
Adicionalmente, el proveedor deberá aportar la siguiente información:
1. Lista de contenidos y aplicaciones priorizados. El PRST deberá proporcionar una lista detallada indicando cuáles son los contenidos y aplicaciones que serán priorizados como parte de la aplicación de la medida, así como la categoría a la que pertenecen (salud, gobierno, sector público, actividades laborales, educación, derechos fundamentales) e incluir información que permita identificarlas (e.g. URL, Dominios, Direcciones IP, Nombres de aplicaciones).
2. Informe que justifique la medida de priorización. El PRST deberá presentar un informe detallado en formato libre, en el que se justifique técnicamente la medida, el cual deberá contener como mínimo:
a. Evidencia de la necesidad de la medida a partir de información de tráfico, bien sea a nivel nacional o regional y para cada tipo de red sobre la cual se aplicará la priorización (móvil y/o fija).
b. Evidencia de que el tráfico esté alcanzando o sobrepasando de manera recurrente la capacidad de tráfico máxima de la red sobre la cual se aplicará la priorización (móvil
y/o fija).
c. Evidencia sobre la necesidad de extender la priorización por los días reportados.
d. Descripción de los efectos conseguidos con la medida de que trata este numeral por cada evento de aplicación.
3. Información adicional que puede ser solicitada por la CRC. En caso de considerarlo necesario, la CRC podrá solicitar información adicional, la cual deberá estar disponible si es solicitada, incluyendo:
a. Información detallada de tráfico, para los municipios donde se realizará la priorización. b. Información detallada de capacidades de red para los municipios en los cuales se aplicará la medida, lo cual podrá involucrar, entre otros: red de acceso, red de transporte, red de core, capacidades en conexión a los NAP nacionales y capacidades en cable submarino.”
ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 5.1.6.4 a la Sección 6 del capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5.1.6.4. OBLIGACIÓN DE REPORTE DURANTE PANDEMIAS. Durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los términos de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, adicionado por el artículo 4 Decreto 555 de 2020 concordado con el Decreto 417 de 2020, los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet que cuenten con más de 50.000 usuarios deberán reportar el comportamiento del tráfico de sus redes de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2.9 Parte B.
Los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet que cuenten con menos de 50.000 usuarios cumplirán con el reporte de información previa solicitud de la CRC por lo que la información correspondiente al comportamiento del tráfico de redes a la que hace referencia las Tablas 1A y 1B de la Parte B del Anexo 2.9, y reportar la misma, cuando esta Entidad así lo requiera para el ejercicio de sus funciones.
El reporte de la información a la que se ha hecho referencia, no releva a los mencionados proveedores de la responsabilidad de entregar cualquier información adicional que no se encuentre cubierta con los formatos contenidos en la Parte B del Anexo 2.9 respecto del comportamiento del tráfico, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2° del parágrafo segundo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, adicionado por el artículo 4 del Decreto 555 de 2020.
ARTÍCULO 4. Desde la fecha de expedición de la presente resolución y hasta el 31 de mayo de 2020, los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios. En ningún caso esto implica la condonación de las sumas que los usuarios adeuden al proveedor por la prestación del servicio.
ARTÍCULO 5. Se delega en el Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Comisionados de Comunicaciones, la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se lleve a cabo cualquier modificación, adición o sustitución de los formatos contenidos en las partes B y C del Anexo 2.9 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.
ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
ARTÍCULO 2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acto administrativo será enviado al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición para que el mismo proceda a adelantar el control inmediato de legalidad.
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2020.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PAOLA BONILLA CASTAÑO CARLOS LUGO SILVA
Presidente Director Ejecutivo[…]”.
Análisis del caso concreto
El análisis del caso concreto se desarrollará en las siguientes sub partes: i) la procedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020; ii) el examen sobre los aspectos formales; y iii) el examen sobre los aspectos materiales.
Procedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en las resoluciones núms. 5951 de 26 de marzo de 2020 y 5969 de 17 de abril de 2020
La Sala procederá a estudiar la procedencia del control inmediato de legalidad de las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020, respecto de lo cual precisa que la normativa contenida en dichos actos administrativos refleja una cohesión y aplicación estricta del principio de unidad normativa, por lo que el análisis de procedibilidad se realizará de manera integral, así:
En primer orden, esta Sala considera que las resoluciones objeto de control contienen unas medidas de carácter general toda vez que sus efectos son objetivos, impersonales y abstractos, y están dirigidos a los usuarios del servicio de internet, comoquiera que, por un lado, buscan mantener y garantizar el acceso a internet de los usuarios y, por el otro, que no se generen cobros asociados a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente.
En segundo orden, vistos: i) el artículo 15 de la Ley 1978 de 25 de julio de 2019, la Comisión de Regulación de Comunicaciones “[…] es una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, la cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones […]”; y ii) los numerales 3 y 4 del artículo 19 ibidem establecen que: “[…] [s]on funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, respecto de la provisión de redes […] 3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con […] los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; […] 4. Regular el acceso y uso de todas las redes […]”;
La Sala considera que las resoluciones se expidieron en ejercicio de la función administrativa por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con base en las facultades constitucionales, legales y reglamentarias
En tercer orden, las resoluciones indicadas supra:
En primer lugar, se fundamentaron, entre otras normas, en los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020.
En segundo lugar, invocaron en sus considerandos los mencionados decretos legislativos.
Y, en tercer lugar, en sus partes resolutivas se adoptaron medidas que desarrollan los artículos 1 y 4 de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, las cuales se concretan en: i) la posibilidad de implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias para garantizar el acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales; y aquellas relacionadas, como la información sobre el comportamiento del tráfico de redes, su almacenamiento y reporte, según sea el caso; ii) mantener el acceso a internet de todos los usuarios mientras se aplican las medidas de priorización y gestión de tráfico; y iii) la prohibición de generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario.
Por lo anterior, esta Sala considera que los actos objeto de control se expidieron como desarrollo de dos de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Excepción, comoquiera que, las resoluciones: i) se fundamentaron en los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020; ii) en sus considerandos los invocó; y ii) en sus partes resolutivas se adoptaron medidas que los desarrollan.
En ese orden de ideas, la Sala Especial de Decisión considera que las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020 son unas medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de dos de los decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción indicado supra; por lo que procede el control inmediato de legalidad y, en consecuencia, la Sala realizará el examen sobre los aspectos formales y materiales de los actos administrativos.
Examen sobre los aspectos formales
El estudio de los aspectos formales de las medidas contenidas en los actos se circunscribe a revisar dos aspectos: i) la expedición de los actos por una autoridad competente y ii) el cumplimiento de las condiciones formales para su expedición.
Examen de la competencia
En primer lugar, en relación con la competencia de la autoridad que dictó los actos, la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quienes expidieron las resoluciones, manifestaron actuar en ejercicio de sus facultades legales. Al respecto, la Sala encuentra que:
El artículo 17 de la Ley 1978, sobre la composición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, prevé que: “[…] Para el cumplimiento de sus funciones, y como instancias que sesionarán y decidirán los asuntos a su cargo de manera independiente entre sí, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá la siguiente composición: 20.1 La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, y 20.2 La Sesión de Comisión de Comunicaciones […].
La Sesión de Comisión de Comunicaciones ejercerá las funciones que le asigne la Ley, con excepción de los numerales 25, 26, 27, 28 y 30 del artículo 22 de la Ley 1978; y contará con una Coordinación Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva y la Coordinación Ejecutiva, cumplirán sus funciones con el apoyo de grupos internos de trabajo, definidos en su reglamento interno.
Los numerales 3 y 4 del artículo 19 ibidem establecen que: “[…] Son funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, respecto de la provisión de redes […] 3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con […] los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; […] 4. Regular el acceso y uso de todas las redes […]”.
El artículo 24 de la Resolución 5917 de 18 de febrero de 2020, sobre los actos de las sesiones de la comisión de comunicaciones dispone que: “[...] [l]as decisiones que tome la Sesión de Comisión de Comunicaciones en ejercicio de sus funciones, se denominarán Resoluciones, las cuales serán numeradas de forma consecutiva y conjunta con las decisiones de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales y serán suscritas por el Presidente de la Sesión y el Director Ejecutivo de la CRC […]”.
Por lo anterior, esta Sala considera que la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al expedir las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020, actuaron en cumplimiento de sus competencias legales y, por lo tanto, se cumple el primero de los requisitos del examen formal de validez.
Examen de otros aspectos formales
En segundo lugar, en relación con el cumplimiento de las condiciones formales, se deberá, por una parte, analizar el objeto, causa y finalidad de los actos administrativos; y, por la otra, verificar si contienen todos los elementos que permitan su identificación.
En cuanto al objeto, atendiendo a las medidas adoptadas, mencionadas en el numeral 93 supra, la Sala considera que se trata de un objeto posible, que, prima facie, no resulta contrario a la naturaleza ni a la razonabilidad del Estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
En cuanto a la causa, está relacionada directamente con las medidas que fueron ordenadas por los artículos 1 y 4 de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, los cuales establecieron como un servicio público esencial, entre otros, los servicios de telecomunicaciones y, en ese sentido, se prohibió su suspensión y se ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicación que defina las reglas en relación con la priorización y garantía del acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales. Bajo este marco, se trata de motivos serios, justificados y reales que dieron lugar a la expedición de los actos.
En cuanto a la finalidad, se concretan en garantizar la conectividad de la ciudadanía a internet para el acceso a la información referente a la educación, salud y al sector público; y el efectivo ejercicio de derechos fundamentales.
Asimismo, se considera que las resoluciones objeto de control contienen, cada una, todos los elementos necesarios que permiten su identificación: encabezado, número, fecha, competencia expresa de las facultades que se ejercen, contenido material, parte resolutiva y firma de quien suscribe los actos administrativos objeto de control.
Por lo anterior, la Sala Especial de Decisión considera que las resoluciones satisfacen el cumplimiento de los criterios formales de validez y, en ese sentido, superan el examen formal.
Examen sobre los aspectos materiales
El examen de la validez material de las medidas contenidas en los actos, se concreta en estudiar si las resoluciones no contradicen los principios de conexidad, proporcionalidad y sujeción al ordenamiento superior.
La Sala precisa que el marco normativo que sirve como parámetro de control de la Resolución se compone de estas disposiciones: el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137, el Decreto 417 de 2020 y los decretos legislativos 464 y 555 de 2020.
Juicio de conexidad
En primer lugar, en relación con el juicio de conexidad, como se expuso previamente, las resoluciones objeto de estudio contienen unas medidas que desarrollan los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020, particularmente sus artículos 1 y 4.
El Decreto 464 de 2020, en su parte considerativa señaló, entre otras razones, la siguiente:
“[…] Que como se enuncia en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, una de las medidas adoptadas para conjurar la crisis, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos.
[…]
Que en esa medida los servicios de telecomunicaciones y postales se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de bienes jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad, por tanto, los servicios de telecomunicaciones y postales, revisten naturaleza de esenciales y debe garantizarse la adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida.
Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre las autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a implementar, los canales de atención, los beneficios que sean entregados, entre otra información útil, que debe estar disponible y ser transmitida mediante los servicios de telecomunicaciones incluyendo la televisión, así como los servicios postales, según la necesidad de difusión de la información por parte de las autoridades. […]
Que, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, especialmente el distanciamiento social, debido a la ocurrencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, es necesario adoptar acciones que permitan enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de comunicaciones y, especialmente, que permitan de manera prioritaria el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones y postales para el acceso a los servicios de salud, el desarrollo de actividades laborales y el ejercicio de derechos fundamentales, que prevalecen frente a servidos simplemente recreativos o de ocio […]” (Resaltado fuera de texto).
El Decreto 555 de 2020, en su parte considerativa señaló, entre otras:
“[…] Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.
[…]
Que en esa medida los servicios de telecomunicaciones y postales se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de bienes jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad, por tanto, los servicios de telecomunicaciones y postales, revisten naturaleza de esenciales y debe garantizarse la adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida, por lo que se hace necesario crear una norma en este sentido.
Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre las autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a implementar, los canales de atención, los beneficios que sean entregados, entre otra información útil, que debe estar disponible y ser transmitida mediante los servicios de telecomunicaciones incluyendo la televisión, así como los servicios postales, según la necesidad de difusión de la información por parte de las autoridades. […]
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró por el término de treinta (30) días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en virtud del cual se expidió el Decreto 464 del 23 de marzo de 2020, respecto de cual se hace necesario mantener las medidas adoptadas mientras dure el estado de emergencia sanitaria, por tornarse necesarias para garantizar las finalidades señaladas en los párrafos precedentes, las cuales atienden a conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos […]” (Resaltado fuera de texto).
Los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, en sus artículos 1 y 4 de la parte resolutiva, dispusieron:
“[…] ARTÍCULO 1. Declaratoria de servicios públicos esenciales. Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio.
[…]
ARTÍCULO 4. Prioridad en el acceso. Adiciónese un parágrafo al artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014", así:
"PARÁGRAFO 2. La Comisión de Regulación de Comunicaciones definirá las reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio , priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet deberán reportar, mínimo cada dos días, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones el comportamiento del tráfico de sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas a implementar para priorizar contenidos o aplicaciones, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, deberán reportar la evidencia suficiente que justifique la priorización de las aplicaciones o contenidos antes mencionados, al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de la que trata el presente parágrafo transitorio. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio y la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, sin que pueda exceder la durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. En ningún caso, la priorización implicará el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley.
Durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, los servicios de reproducción de video bajo demanda sobre Internet priorizarán la transmisión de sus contenidos en formato de definición estándar, es decir, que no sea de alta definición ni superior." […]” (Resaltado fuera de texto).
La Sala precisa que los dos decretos legislativos reproducen la misma disposición normativa y la diferencia es que la vigencia del Decreto Legislativo 464 de 2020 dependía de la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica; y la del Decreto Legislativo 555 de 2020 de la emergencia sanitaria.
En dichos términos, con ocasión del Estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto núm. 417 de 2020, se adoptaron unas medidas en relación con esta materia. En particular, en los artículos 1 y 4 de los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020 respectivamente, por una parte, se declararon los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y “[…] [p]or tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia […]” y, por la otra, se ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones definir “[…] las reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio, priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud […]”.
En este sentido, las medidas adoptadas son un desarrollo estricto de algunos de los mecanismos adoptados en el marco del Estado de excepción declarado y, en ese sentido, la Sala considera que las medidas adoptadas se encuentran relacionadas con la situación de crisis declarada en el Estado de emergencia en tanto buscan priorizar y mantener el acceso al internet de la población, con la finalidad de garantizar la continua y oportuna comunicación entre las autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a implementar, los canales de atención, los beneficios que serán entregados, entre otra información útil.
Así las cosas, la Sala considera que se supera el juicio de conexidad entre el contenido de las medidas adoptadas en los actos objeto de control, y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020.
Juicio de proporcionalidad
En segundo lugar, la Sala Especial considera que las medidas consistentes en: i) la posibilidad de implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias para garantizar el acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales; y aquellas relacionadas, como la información sobre el comportamiento del tráfico de redes, su almacenamiento y reporte, según sea el caso; ii) mantener el acceso a internet de todos los usuarios mientras se aplican las medidas de priorización y gestión de tráfico; y iii) la prohibición de generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios, situación que, en ningún caso, esto implica la condonación de las sumas que los usuarios adeuden al proveedor por la prestación del servicio: son necesarias y razonables para conjurar la crisis por la cual se declaró el Estado de excepción.
Con ocasión de la crisis sanitaria causada por la Covid-19 se requiere la optimización en el acceso al servicio de internet de la población asegurando al máximo, con los recursos tecnológicos que se cuentan en el país, la conectividad entre los ciudadanos y las autoridades, con la finalidad de atender emergencias, mantener informada a la población o ejercer derechos fundamentales, como el de petición, etc.
En este sentido, la Sala considera que las medidas son proporcionales, comoquiera que, de una parte, el ordenamiento jurídico ordinario no contiene normativa alguna que autorice a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a regular la gestión del tráfico del internet en el país durante las pandemias y, de otra parte, resulta pertinente que los servicios de telecomunicaciones sean considerados un servicio público necesario para que la población pueda estar informada y se comunique.
En este sentido, la Sala considera que la medida de permitir al usuario tener acceso a internet durante un periodo en el cual se encuentra restringida su movilidad por las circunstancias especiales e imprevistas, son proporcionales y razonables con el Estado de emergencia y garantizan los derechos de los usuarios. Asimismo, el hecho de exigir a los operadores de servicios de telecomunicaciones y, en especial, aquellos que prestan el servicio de internet, que se priorice y mantenga el acceso de usuarios a dicho servicio y que no se generen cobros por interés de mora, no es una carga desproporcional que los afecte económicamente, en primer lugar, porque no implica la condonación de las deudas de quienes entren en mora y, en segundo lugar, tienen un límite temporal, esto es, inicialmente, el término de duración del estado de emergencia económica, social y ecológica y, posteriormente, hasta el 31 de mayo de 2020. Así, la adopción de las medidas resulta necesaria para conjurar la crisis derivada de la pandemia.
Las resoluciones objeto de estudio adoptan unas medidas razonables que se enmarcan dentro de los propósitos del Estado de excepción declarado. Bajo este escenario, resultan igualmente necesarias dada la gravedad y dimensión de la crisis causada por la COVID-19.
La Sala considera importante destacar que, las medidas no suspenden, ni limitan derecho fundamental alguno. Por el contrario, su expedición busca salvaguardar el derecho fundamental de la población a acceder a los servicios de salud, educación, a que se les proporcione información necesaria para acceder a servicios sanitarios, etc. En conclusión, las disposiciones analizadas resultan proporcionales al Estado de excepción declarado mediante el Decreto 417 de 2020.
Así las cosas, la Sala considera que las medidas adoptadas se ajustan al principio de proporcionalidad.
Juicio de sujeción al ordenamiento superior
En tercer lugar, la Sala Especial procederá a verificar si las medidas se ajustan o no al ordenamiento superior. Prima facie, no se evidencia que la manifestación de la voluntad de la Sesión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones implique la expedición de unos actos administrativos que sea contrarios a los contenidos normativos que le sirven como parámetro de control.
Asimismo, vistos los artículos 3, 4 y 14 de la Ley 137, sobre prevalencia de tratados internacionales, derechos intangibles y no discriminación, la Sala considera que se definen unos límites frente a la normativa de carácter legislativo o reglamentario que se expida en el marco del Estado de excepción.
Así las cosas, la Sala considera que las medidas adoptadas en las resoluciones materia de control, no desconocen las reglas de derecho internacional sobre los derechos humanos, los cuales prevalecen de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 137.
De igual forma, los enunciados normativos de los artículos mencionados anteriormente no modifican o afectan alguno de los derechos intangibles señalados en el artículo 4° de la Ley 137, como tampoco suspenden derechos humanos o libertades fundamentales.
Asimismo, del contenido de las medidas adoptadas no se evidencia que exista algún tipo de discriminación por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, artículo 14 supra.
En relación con la vigencia de las medidas, la Sala precisa, en primer lugar, que la Resolución 5951 de 2020 estableció en el artículo 4 que durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020 los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y los operadores de televisión por suscripción no podían generar cobro alguno asociado a intereses por mora, lo cual fue ampliado hasta el 31 de mayo de 2020 en la Resolución 5969 de 2020.
Y, en segundo lugar, que respecto de las demás medidas adoptadas no se determinó la duración de las mismas.
En este sentido, es necesario tener en cuenta que la Corte Constitucional en las sentencias C-151 y C-209 de 2020, respectivamente, por medio de las cuales se estudió la constitucionalidad de los decretos legislativos 464 y 555 de 2020, determinó que las medidas de gestión de tráfico de internet y garantía del acceso a internet de todos sus usuarios debían tener una vigencia respectivamente del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y de la emergencia sanitaria.
En efecto la Corte Constitucional en la sentencia C-151 de 2020 consideró:
“[…] Esta medida, si bien está prevista como una cláusula abierta, que parecería referirla también a cualquier evento de pandemia que pudiere llegar a ocurrir en el futuro, debe comprenderse, en su vigencia, a partir de la del decreto legislativo del cual hace parte. En efecto, en el artículo 4 del Decreto 464 de 2020 no se señala de manera expresa su vigencia, como sí se hace, por ejemplo, el artículo 5 ibidem. Al no existir esta previsión, debe seguirse la vigencia general prevista, para todas las medidas sub examine en el artículo 7[] del decreto. La vigencia de la medida en comento, es un factor relevante para juzgar su constitucionalidad, dado que extenderla en el tiempo, más allá de lo previsto en el referido artículo 7, como si se tratase de una norma permanente, no estaría justificado en el contexto de la crisis, en tanto y en cuanto dicha extensión no es necesaria para hacer frente a la actual crisis ni a sus efectos […]”.
A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2020 consideró:
“[…] Si bien la disposición del artículo 4 tiene una cláusula abierta, que parecería referirla también a cualquier evento de pandemia que pudiere llegar a ocurrir en el futuro, su vigencia debe comprenderse a partir de la del decreto legislativo del cual hace parte. Así lo asumió este tribunal en la Sentencia C-151 de 2020, al considerar el factor temporal como relevante para la valoración de la constitucionalidad de la medida, y así lo asume también en esta oportunidad, entendiendo que la vigencia de esta medida será mientras se mantenga la emergencia sanitaria […]”.
Por lo anterior, la Sala considera, en primer término, que la vigencia de la medida consistente en el no cobro de intereses por mora tenía, inicialmente, una duración equivalente al estado de emergencia económica, social y ecológica, lo cual guarda concordancia con el Decreto Legislativo núm. 464 de 2020; y, posteriormente, “hasta el 31 de mayo de 2020”, fecha en que finalizaba inicialmente la declaratoria de emergencia sanitaria, lo cual guarda igualmente concordancia con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo núm. 555 de 2020; por lo que, la Sala declarara la legalidad del término de vigencia de dicha medida en los actos administrativos objeto de control.
Y, en segundo término, que la vigencia de las demás medidas contenidas en los actos administrativos objeto de control, concretamente las de gestión de tráfico de internet y garantía del acceso a internet de todos sus usuarios durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con incidencia en la República de Colombia, debe entenderse en los mismos términos expuestos por la Corte Constitucional, esto es, “[…] entendiendo que la vigencia de esta medida será mientras se mantenga la emergencia sanitaria […]” y, en ese sentido, se declarará la legalidad de la medida.
Por último, la Sala precisa que los artículos 6 y 3 de las Resoluciones 5951 de 26 de marzo de 2020 y 5969 de 17 de abril de 2020, respectivamente, establecen que: “[…] ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial […]” y “[…] ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial […]”.
Conclusiones
La Sala Especial de Decisión considera que las resoluciones núms. 5951 y 5969 de 2020, expedidas por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, corresponden a medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de los Decretos Legislativos núms. 464 y 555 de 2020 expedidos durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, particularmente, sus artículos 1 y 4.
De igual forma, considera que las medidas consistentes en: i) la implementación de medidas de gestión de tráfico de internet y aquellas relacionadas, como la información sobre el comportamiento del tráfico de redes, su almacenamiento y reporte, según sea el caso; ii) la garantía del acceso a internet de todos sus usuarios; y iii) la prohibición a los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a internet y los operadores de televisión por suscripción de no generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte de los usuarios: superan el examen sobre los aspectos formales y materiales y, en ese sentido, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 15, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR ajustadas al ordenamiento jurídico las Resoluciones 5951 de 26 de marzo de 2020 y 5969 de 17 de abril de 2020: expedidas por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: COMUNICAR a los intervinientes, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Consejera de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado
EDISON ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)
Consejero de Estado
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado
El Convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Salud fue adoptado por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor internacional el 7 de abril de 1948. El Convenio fue aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 19 de 13 de mayo 1959; y está en vigor para el Estado colombiano. Modificada por la Resolución 407 de 13 de marzo de 2020, “[…] Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional […]”.
“[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [...]”
Los documentos digitales aportados al expediente fueron: i) Decreto 464 de 23 de marzo de 2020; ii) documento denominado “Certificado Acta No. 1226 del 26 de marzo de 2020 del Comité de Comisionados de Comunicaciones”; y iii) documento denominado “Certificado Acta No. 386 del 23 de marzo de 2020 de la Sesión de Comisión de Comunicaciones).
“[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas […]”. Los documentos digitales aportados al expediente fueron: i) documento denominado “Extracto del acta 1231 del 17 de abril de 2020 del Comité de Comisionados de la Sesión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”; ii) documento denominado “Extracto del acta 389 del 17 de abril de 2020 de la Sesión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”; y iii) Resolución CRC 5969 de 2020. Representado por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado
"[…] Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia […]"
“[…] Artículo 37. De la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: […]
2. Conocer de todos los procesos contencioso administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las Secciones […]”.
“[…] estatutaria de la Administración de Justicia […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Corte Constitucional, sentencia C-004 de 7 de mayo de 1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expediente R.E.001
Corte Constitucional, sentencia C- 252 de 16 de abril de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio; expediente: R.E. 152
Sentencia C-135 de 2009. Este punto habrá de profundizarse más adelante. Cfr. Sentencia C-135 de 2009. Corte Constitucional, sentencia C-145 de 20 de mayo de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
La publicación se realizó en el Diario Oficial núm. 51.259 el 17 de marzo de 2020. Corte Constitucional, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
“[...] Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966" [...]”. El Pacto se encuentra en vigor para el Estado colombiano.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201802616-01 (Acumulado 110010315000201802672-00).
“[…] Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 […]”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; sentencia de 22 de octubre de 2019; proceso identificado con el núm. único de radicación 110010315000201801294-01; C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Corte Constitucional. M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz. Véase, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16 de junio de 2009; Consejero Ponente: Enrique Gil Botero; número único de radicación: 110010315000200900305-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 9 de diciembre de 2009, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, número único de radicación 11001031500020090073200. Providencias reiteradas en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de septiembre de 2019; número único de radicación 11001032400020100027900, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 31 de mayo de 2011; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201000388-00. C.P. doctor Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16 de junio de 2009; proceso identificado con el número único de radicación 11001031500020090030500. C.P. doctor Enrique Gil Botero. Ibidem cita 21. Ibidem cita 21. Ibidem cita 21. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2012; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201000369-00; C.P. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Ibidem cita 21. Idem
“[…] Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones […]”.
"Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno de la Comisión de Regulación de Comunicaciones"
“[...] ARTÍCULO 3o. PREVALENCIA DE TRATADOS INTERNACIONALES. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen en el orden interno. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, como lo establece el numeral 2o. del artículo 214 de la Constitución. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. En caso de guerra exterior, las facultades del Gobierno estarán limitadas por los convenios ratificados por Colombia y las demás normas de derecho positivo y consuetudinario que rijan sobre la materia [...]”
“[...] ARTÍCULO 4o. DERECHOS INTANGIBLES.
De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus
Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados [...].
“[...] ARTÍCULO 14. NO DISCRIMINACIÓN. Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. Lo anterior no obsta para que se adopten medidas en favor de miembros de grupos rebeldes para facilitar y garantizar su incorporación a la vida civil. La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función constitucional, velará por el respeto al principio de no discriminación consagrado en este artículo, en relación con las medidas concretas adoptadas durante los Estados de Excepción. Para ello tomará medidas, desde la correctiva, hasta la destitución, según la gravedad de la falta y mediante procedimiento especial, sin perjuicio del derecho de defensa [...]”. Corte Constitucional, sentencia C-151 de 27 de mayo de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
“[…] ARTÍCULO 7. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá por el término que se mantenga el Estado de Emergencia […]”. Corte Constitucional, sentencia C-209 de 1.° de julio de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ibidem. De conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 sobre el deber de publicación de los actos administrativos de carácter general, establece que “[…] los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales, según el caso […]”.
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