Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-01194-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Control inmediato de legalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-01194-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2020-01194-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de agosto de 2021
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / RESOLUCIÓN 126 DEL 25 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN 130 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCIÓN 170 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 Y RESOLUCIÓN 252 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Expedidas por el Fondo Adaptación / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Alcance, objeto y finalidad / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisitos de procedencia
[S]e trata de un medio de control específico a través del cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo efectúa el análisis automático de la legalidad de las medidas generales adoptadas por las autoridades del orden nacional al amparo de un estado de excepción, medio a través del cual se busca evitar que durante las condiciones de excepcionalidad se presente una extralimitación en el ejercicio de las competencias asignadas a las autoridades públicas, así como evitar la puesta en vigencia de normas que amenacen o vulneren los derechos de los administrados. […] De acuerdo con las disposiciones que regulan la materia, la procedencia de este medio de control está supeditada a que: (i) se trate de una medida adoptada por una autoridad del orden nacional en ejercicio de función administrativa; (ii) tenga carácter general; y (iii) haya sido expedida como desarrollo de decretos legislativos durante el estado de excepción. Para analizar el cumplimiento de la primera exigencia, la autoridad judicial debe cerciorarse, de un lado, de la naturaleza de la autoridad que expide el acto y, del otro, de que se profiera en ejercicio de la función administrativa y no de otra para cuyo ejercicio el ordenamiento jurídico prevea otros medios de control, como sería el caso, por ejemplo, de la función legislativa. Respecto al segundo de los requisitos, esto es, que la medida tenga carácter general, resulta necesario verificar que se trate de un acto administrativo que contenga decisiones que generen efectos jurídicos de carácter general, lo cual se contrapone tanto a aquellas manifestaciones a través de las cuales la administración se limita a plasmar recomendaciones, instrucciones o sugerencias, como a aquellas que solo están llamadas a afectar situaciones particulares y concretas. Finalmente, y frente al tercero de los presupuestos necesarios para proceder con el control inmediato de legalidad, se trata de establecer que la medida haya sido adoptada al amparo del Estado de Excepción, guardando relación con los hechos de excepcionalidad y constituyendo un verdadero desarrollo de sus preceptos. Debido a la excepcionalidad de este mecanismo, todas las circunstancias antes anotadas deben concurrir en cada caso para que el Consejo de Estado pueda aprehender el conocimiento de determinado acto.
FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Características
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido entonces una serie de características propias que definen este medio de control, así: a) Es realmente un proceso judicial, cuya competencia se encuentra definida por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, proceso en el que se prevé la participación de la comunidad en el estudio de legalidad de la medida dictada, bien sea para defender el acto general o para cuestionarlo. b) Se trata de un control automático o inmediato, de manera que una vez se expida el acto, éste debe ser remitido dentro de las 48 horas siguientes a esta jurisdicción para adelantar el estudio de su legalidad, a riesgo de que la autoridad jurisdiccional a quien corresponde revisar el apego de la normatividad al ordenamiento jurídico asuma de manera oficiosa su estudio; (…). c) Es autónomo, lo que implica que sea posible adelantar el control de los actos administrativos aún antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el Estado de Excepción o respecto de los decretos legislativos que lo desarrollan. d) Es integral, ya que comprende tanto la revisión del cumplimiento de los requisitos formales para la expedición del acto como los materiales. (…). e) En concordancia con lo señalado, la sentencia que decide este proceso hace tránsito a cosa juzgada relativa, en tanto solo opera frente a los supuestos de ilegalidad analizados y decididos por el juez de conocimiento. (…). f) El hecho de que se trate de decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada relativa, implica entonces que cualquier ciudadano pueda acudir a las acciones de simple nulidad o de nulidad por inconstitucionalidad para cuestionar estos mismos actos administrativos por la violación de normas que no hayan sido invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal. g) Finalmente, este medio de control no impide que la medida o el acto sean ejecutados, porque mientras no sean anulados ellos conservan la presunción de validez propia de los actos administrativos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del medio de control inmediato de legalidad, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 28 de enero de 2003, radicación 1100103150002002-0949-01; 7 de octubre de 2003, radicación 11001-03-15-000-2003-0472-01. En cuanto a que la sentencia en el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2015-02578-00.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULOS 212 A 215 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / DECRETO 417 DE 2020 / DECRETO 637 DE 2020 / DECRETO 440 DE 2020 / DECRETO 537 DE 2020 / DECRETO 491 DE 2020 / DECRETO 539 DE 2020
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Cumplimiento de los requisitos de procedencia
la Sala advierte que el Fondo Adaptación es una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo establece el artículo 1 del Decreto-Ley 4819 de 2010, de manera que, en efecto, se trata de una autoridad del orden nacional. Además, al revisar el texto de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020, se encuentra que aquellas fueron expedidas en ejercicio de funciones administrativas en tanto se relacionan con la organización de la entidad, ordenación del gasto, gestión contractual y la prestación del servicio, razón por la cual el primer requisito se encuentra satisfecho. Ahora bien, frente al segundo de los requisitos, la Sala observa que esta declaración unilateral de la voluntad de la administración produce innegables efectos jurídicos de carácter general, toda vez que son medidas abstractas y genéricas dirigidas en general a todos los empleados y contratistas de la entidad, y a todas las personas -naturales o jurídicas- que participan en los procesos disciplinarios o contractuales del Fondo o deban presentar comunicaciones o peticiones, o, en general, solicitar servicios de los que allí se prestan. (…). Por tanto, como las Resoluciones que aquí se analizan están creando situaciones abstractas e impersonales dirigidas a todos quienes participen en las actuaciones administrativas y contractuales del Fondo, es claro para la Sala que se cumple cabalmente el segundo requisito exigido en los artículos 111.8 y 136 del CPACA y 20 de la Ley 137 de 1994. También se encuentra satisfecho el tercero de los presupuestos para aprehender el control de legalidad de las Resoluciones objeto de estudio, pues se expidieron con fundamento y en desarrollo, según allí mismo se adujo, de los Decretos Legislativos 417, 637, 440, 537, 491 y 539, todos expedidos en el año 2020. En consecuencia, teniendo en cuenta que se cumplen todos los requisitos previstos tanto en la Ley 137 de 1994 como en la Ley 1437 de 2011, debe concluirse que los aludidos actos sí están sujetos a control inmediato de legalidad.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 4819 DE 2010 – ARTÍCULO 1 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 111 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 /
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Cumplimiento de los requisitos formales / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Cumplimiento de los elementos formales de existencia y validez
En el presente caso, se advierte que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto Legislativo 4819 de 29 de diciembre de 2010, como una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…). El objeto inicial del Fondo fue brindar una respuesta institucional a la problemática generada por el fenómeno de “La Niña”, mediante la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas; posteriormente, la Ley 1753 de 2015 dispuso que éste entraría a hacer parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y se lo facultó para estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. (…). Así las cosas, es claro que el Gerente del Fondo está facultado para adoptar, mediante acto administrativo, medidas de ordenación, organización y garantía de funcionamiento de la entidad, lo cual incluye la posibilidad de impartir directrices en materia de suspensión de términos, actuaciones contractuales sancionatorias, trámites asociados a la gestión predial, contratación, pagos, prestación del servicio y organización interna del personal a su cargo. En consecuencia, dicho funcionario, como primera autoridad ejecutiva de la entidad y en cumplimiento de sus funciones de dirección, sí tenía competencia para adoptar medidas como aquellas que se encuentran previstas en las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 que aquí se analizan. (…). En este caso se encuentra que para la expedición de estas resoluciones por parte del Fondo Adaptación no se cuenta con un procedimiento especial, de manera que a este trámite le resultan aplicables las normas generales previstas en el CPACA, en particular, las reglas para la expedición de decisiones discrecionales por parte de la administración (art. 44), sin evidenciar que estas hubieran sido desconocidas. Por lo demás, se advierte que en este caso se cumplieron los elementos formales del acto, ya que las resoluciones cuentan con encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias objeto de regulación, referencia expresa a las normas en las que se funda, contenido de las materias reguladas, disposiciones de la parte resolutiva y la firma de quien puede comprometer a la entidad
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 4819 DE 2010 / LEY 1753 DE 2015 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 78
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Examen material de legalidad y de proporcionalidad de las Resoluciones sub examine / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Suspensión de términos de actuaciones administrativas y su posterior levantamiento / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Actuaciones contractuales sancionatorias / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Contratación pública / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Gestión contractual / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Trámite de pagos / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Trabajo en casa / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Vigencia de las normas / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Legalidad condicionada
La suspensión de términos de actuaciones administrativas y su posterior levantamiento (artículo 1 de la Resolución 126 -excluyendo el parágrafo tercero-, artículo 1 de la Resolución 130 y artículos 1 y 3 de la Resolución 170). (…). La Sala encuentra que la medida de suspensión de los trámites administrativos y contractuales señalados no afectó ninguna de las garantías que hacen parte del núcleo fundamental del derecho al debido proceso administrativo, sino que, por el contrario, lo protegió, garantizando que los administrados pudieran ejercer con plenitud las prerrogativas fundamentales. (…). Ahora bien, en cuanto al juicio de proporcionalidad, la Sala encuentra que las medidas adoptadas en los artículos que aquí se analizan se muestran razonables en el contexto en el que se expidieron, atendiendo directamente a los hechos y circunstancias que pretendían conjurar. Con ellas, no se afectaron sustancialmente los tiempos en los que debían resolverse los procedimientos administrativos a cargo del Fondo pero sí se mitigaron las causas que dieron origen al estado de excepción y se evitó la extensión de sus efectos. (…). Por todo lo anterior, se concluye que las medidas analizadas en este acápite satisfacen el juicio de legalidad y de proporcionalidad que corresponde a este medio de control. Actuaciones contractuales sancionatorias(parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 126, artículo 2 de la Resolución 130, artículo 2 de la Resolución 170 y artículo 1 de la Resolución 252). El procedimiento sancionatorio contractual se encuentra previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y constituye una manifestación del ius puniendi del Estado, que se ejerce con la finalidad de conjurar incumplimientos del contratista y satisfacer los fines de la contratación pública. (…). Los actos controlados están conformes con lo establecido por el legislador excepcional para el trámite de los procedimientos sancionatorios contractuales, normas que la Corte Constitucional encontró exequibles en tanto responden a la necesidad de prevenir la expansión de la pandemia acudiendo al uso de herramientas electrónicas, facilitar que la administración dirija y gestione la contratación pública de una manera ágil y expedita y garantizar el derecho a la vida, a la salud y al debido proceso de los involucrados. En el mismo sentido, la Sala advierte que estas disposiciones son respetuosas del ordenamiento superior, pues se trata, en suma, de garantizar la continuidad de los procesos mediante el uso las tecnologías de la información y de las comunicaciones, al tiempo que se exige la verificación de que los afectados puedan ejercer a plenitud sus derechos. (…). Tampoco se encuentra que dichas normas comporten transgresión alguna a las disposiciones de la Ley Estatutaria que rigen los estados de excepción, en particular, frente a los derechos fundamentales intangibles (artículos 4 y 5), el mantenimiento de las funciones básicas del Estado y los derechos sociales de los trabajadores (artículo 50). (…). En consecuencia, se concluye que estas normas son respetuosas de las normas superiores en las que debían fundarse y resultan proporcionales respecto de la gravedad de los hechos que buscaban superar. Contratación pública (artículo 2 de la Resolución 126, artículo 3 de la Resolución 130, artículo 4 de la Resolución 170 y artículo 2 de la Resolución 252). Bajo el título de contratación pública, en las resoluciones analizadas se incluyeron disposiciones tendientes a establecer reglas particulares para los procesos que, en esa materia, adelantara la entidad. (…).
En cuanto a la habilitación para que los ordenadores del gasto tramiten el inicio de procesos de contratación o de modificación contractual mediante el uso de herramientas tecnológicas, a la posibilidad de adelantar audiencias por medios virtuales o proceder a su reprogramación, en caso de que no se pudieran adelantar por dichos medios y a la habilitación para recibir ofertas por correo electrónico para los contratos tramitados bajo el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019, es claro que con estas medidas se buscó proteger la salud y la vida tanto de los funcionarios y contratistas de la entidad, como de los posibles oferentes o interesados en participar de ese tipo de procesos o audiencias, así como garantizar que, pese a la crisis, se pudieran adelantar las actividades que fueran necesarias en esta materia. (…). Teniendo en cuenta que el servicio público no se detuvo y que a pesar de la crisis había actuaciones y procedimientos que podían continuar mediante el empleo de medios virtuales, se encuentra que estas medidas fueron respetuosas de las normas superiores, especialmente del debido proceso. Además, ellas se ajustaron al marco establecido en los Decretos 440 y 537 de 2020, los cuales propendieron por evitar el contacto físico entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, permitiendo acudir a herramientas tecnológicas y adelantar audiencias virtuales. (…). Finalmente, respecto de la posibilidad de adelantar la verificación y evaluación de propuestas de manera digital, empleando el SECOP II, se trata, de nuevo, de la utilización de medios tecnológicos, esta vez, a través de una plataforma transaccional de contratación estatal que opera en línea y que genera acciones en tiempo real, dejando la trazabilidad de todo lo que se realice en ella con el fin de dar la seguridad de que todo queda allí registrado. (…). Por todo lo anterior, la Sala encuentra que estas disposiciones normativas son respetuosas del ordenamiento superior. En cuanto a la proporcionalidad, ellas se muestran acordes con la gravedad de los hechos que busca conjurar, ya que, como se ha explicado, acudir a herramientas tecnológicas para adelantar la función contractual resultaba adecuado, idóneo y necesario dadas las condiciones sanitarias del país. Adicionalmente, tienen una finalidad constitucionalmente válida, pues buscan garantizar la prestación del servicio sin sacrificar la salud de los servidores ni de los ciudadanos. Gestión contractual (artículo 3 de la Resolución 126; artículo 4 de la Resolución 130; artículo 5 de la Resolución 170 y artículo 3 de la Resolución 252). A través de los referidos artículos, el Gerente del Fondo Adaptación estableció algunas reglas generales para la gestión contractual. Dentro de tales reglas, se les otorgó a los ordenadores del gasto de la entidad la facultad de establecer cuáles contratos debían ser suspendidos y, además se regló el procedimiento que debían seguir aquellos negocios jurídicos que, por estar contemplados en las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, podían o debían seguir ejecutándose. (…). En este contexto, debe resaltarse que el plazo de ejecución de un contrato, en principio, debe ser respetado a cabalidad so pena de que sea posible declarar su incumplimiento. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias se ha aceptado la suspensión de las obligaciones contractuales, bien por acuerdo entre las partes o bien ante el acaecimiento de circunstancias externas al querer de los contratantes que impiden el desarrollo del objeto contractual. (…).
Bajo ese entendimiento, es claro que las diversas reglas relacionadas con el tratamiento de la gestión contractual previsto en las disposiciones antes reseñadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, habida cuenta que, ante el acaecimiento de una situación imprevisible e irresistible como la aparición de la enfermedad COVID-19 y las consecuentes medidas adoptadas para evitar su propagación tales como el distanciamiento social y el aislamiento preventivo obligatorio que limitaban la circulación de los ciudadanos, se materializó una situación externa al querer de las partes que justificaba que el Fondo autorizara no solo revisar los contratos a su cargo sino suspender aquellos que, dadas esas limitaciones, no podían iniciar su ejecución o continuarla, garantizando condiciones mínimas de salud de los contratistas. En ese sentido, la medida de suspensión de contratos resulta respetuosa del derecho del debido proceso de las partes, al atender la imposibilidad física de continuar con su cumplimiento. Y lo propio debe concluirse respecto del procedimiento previsto para aquellos eventos en los que la ejecución del contrato sí era factible, pues dicho trámite no solo tuvo en cuenta las excepciones contempladas en la normativa que decretó aislamientos obligatorios en todo el país, a efectos de evitar sanciones para quienes debían movilizarse a ejecutar el contrato, sino que, además, contempló medidas de salud y seguridad en el trabajo, así como la adopción de protocolos de bioseguridad para que la ejecución no pusiera en riesgo la vida y la salud de quienes debían desempeñar tal labor. (…). Para evitar que bajo cualquier otra interpretación pudiera incurrirse en la vulneración de las normas de rango superior, con la consecuente violación o amenaza de los derechos de los contratistas, se declarará la legalidad condicionada de esta medida, de manera que se entienda que la facultad de revisión de contratos y la consecuente suspensión de los mismos asignada a los ordenadores del gasto no incluye la posibilidad de suspender los negocios jurídicos de los que tratan los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020. (…).Por último, esta colegiatura encuentra satisfecho el juicio de proporcionalidad respecto de las citadas disposiciones, toda vez que la suspensión de los contratos resulta razonable en atención a la gravedad de la situación que se debía atender, así como adecuada y apta para proteger los fines esenciales del Estado. Además, resulta igualmente razonable que se hubieran excluido de la suspensión aquellos contratos que, pese a las restricciones impuestas, podían seguirse ejecutando, pues respecto de ellos no podía predicarse situación externa alguna que afectara su desarrollo o cumplimiento. Trámite de pagos (artículo 4 de la Resolución 126, artículo 5 de la Resolución 130, artículo 6 de la Resolución 170 y artículo 4 de la Resolución 252); y atención al público de forma virtual (artículo 5 de la Resolución 126, artículo 6 de la Resolución 130, artículo 7 de la Resolución 170 y artículo 5 de la Resolución 252). A través de los artículos 4 de la Resolución 126, 5 de la Resolución 130, 6 de la Resolución 170 y 4 de la Resolución 252, todas de 2020, el Fondo Adaptación, de manera coincidente para todos los actos administrativos, dispuso la posibilidad de que para el pago de facturas y cuentas de cobro generadas durante el periodo de aislamiento se utilizaran herramientas tecnológicas que garantizaran las validaciones internas necesarias, así como el trámite oportuno de la solicitud. (…). Al contrastar los citados artículos con las normas superiores constitucionales, la Sala encuentra que estos son respetuosos del debido proceso reglado en el artículo 29 ibidem, así como de los principios que rigen la función pública contemplados en el artículo 209 Superior, habida cuenta que permite el desarrollo de las actividades estatales, esta vez a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (…).
Finalmente, para la Sala estas medidas resultan proporcionales respecto de los hechos que buscan conjurar, y son idóneas y adecuadas para salvaguardar la salud y la vida de las personas que intervienen en el trámite del pago de facturas y cuentas de cobro a cargo del Fondo y, en general, de todos los ciudadanos que acuden a la entidad, dando aplicación a las medidas sanitarias que organismos internacionales han recomendado para evitar la propagación del virus tales como el distanciamiento social, aislamiento preventivo obligatorio y la reducción del contacto físico. Trabajo en casa (artículo 6 de Resolución 126, artículo 7 de la Resolución 130 y artículo 8 de la Resolución 170). Mediante los artículos 6 de la Resolución 126, 7 de la Resolución 130 y 8 de la Resolución 170, todas de 2020, la entidad dispuso que mientras durara el periodo de aislamiento se implementaría la modalidad de trabajo en casa, como una medida temporal y extraordinaria que debía ser supervisada por los subgerentes, directivos y líderes de equipo, haciendo uso de las herramientas de la comunicación e informática. Los artículos referenciados no riñen con la Constitución Política ni tampoco con los derechos fundamentales de quienes se vieron cobijados por dicha medida. (…). Tales disposiciones también resultan ser proporcionales frente a la gravedad de los hechos que se pretenden conjurar, pues tienen una finalidad constitucionalmente válida, al querer salvaguardar la prestación del servicio, pero sin sacrificar la salud de los servidores del Fondo. Además, el trabajo en casa es una medida que viene siendo avalada por organismos como la Organización Internacional del Trabajo – OIT, por resultar idónea para proteger el empleo y la salud de los trabajadores. Resulta igualmente proporcional, en los términos del artículo 13 de la Ley 137 de 1994, que se prevea la obligación de establecer un plan de actividades que pueda ser monitoreado por las instancias superiores de la entidad, pues con esto se garantiza el cumplimiento de la función pública. (…). Las restantes disposiciones de la Resolución 252 de 2020, relativas a las comunicaciones de la entidad y el retorno seguro a actividades presenciales (artículos 6 y 7). En el artículo 6° de la Resolución 252 de 2020, en términos generales, se estableció que las comunicaciones del Fondo se realizarían bien a través de la herramienta denominada “INFODOC” o bien a través de correo electrónico; por su parte, en el artículo 7° ejusdem se dispuso el retorno seguro y gradual de los trabajadores, de forma que la medida de trabajo en casa solo persistiría para aquel grupo poblacional que presentare mayores riesgos ante la enfermedad. (…). Al confrontar estas disposiciones con la Carta Política se encuentra su conformidad con las normas superiores, pues aquellas no riñen con el articulado constitucional. (…). Ahora bien, la medida de retorno a la presencialidad gradual de colaboradores del Fondo no comporta vulneración al derecho a la salud o la vida de los mismos, toda vez que el mismo acto contempla que esa medida aplica únicamente a los colaboradores que no residan en zona de “alerta naranja” y que no se encuentren en aquellos grupos de riesgos para la infección severa de COVID-19. (…). Finalmente, la Sala observa que estas disposiciones también superan el juicio de proporcionalidad de que trata el artículo 13 de la Ley 137 de 1994. (…). Tampoco puede considerarse como discriminatorio que solo cierto grupo poblacional pueda permanecer en la modalidad de trabajo en casa, porque esta diferenciación obedece a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos que por su edad, condición médica, entre otros, tienen mayor riesgo de agravarse en caso de contagio. Vigencia (artículo 7 de la Resolución 126, artículo 8 de la Resolución 130, artículo 9 de la Resolución 170 y artículo 8 de la Resolución 252).
En el caso concreto, todas las resoluciones examinadas establecieron, en los artículos en cita, que entrarían a regir desde su “expedición”. Lo anterior resulta contrario a la regla prevista en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…). Por tal razón, en aras de proteger el imperio del ordenamiento jurídico, se declarará la legalidad condicionada de estos artículos, bajo el entendido de que dichos actos administrativos solo podían regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial tal y como lo dispone el artículo 65 del CPACA.
FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 – ARTÍCULO 86
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisito de conexidad
El análisis de conexidad entre la regulación contenida en los actos objeto de control y la declaratoria del estado de excepción, debe efectuarse específicamente frente a las causas que dieron origen a este último, es decir, frente a los motivos que generaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Igualmente, debe analizarse la conexidad entre el contenido de los actos administrativos y los decretos legislativos en los que estos se fundan. (…). La regulación contenida en las resoluciones objeto de control, guarda conexidad con los motivos del estado de excepción, pues con ellas se buscó, precisamente, limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus COVID-19 y cumplir con las medidas de distanciamiento social, pero garantizando también la protección de los derechos de los administrados, en particular, de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como adelantar las actuaciones contractuales por medios virtuales e implementar el denominado trabajo en casa. En este contexto, resulta claro que tanto los actos administrativos analizados como los decretos legislativos antes anotados comparten entonces unos mismos móviles, partiendo del reconocimiento de unas circunstancias extraordinarias que exigían que las entidades adecuaran sus procedimientos administrativos de conformidad con las nuevas realidades.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el análisis de conexidad, consultar: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 31 de mayo de 2011. Radicación: 11001-03-15-000-2010-00388-00(CA); Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 3 de mayo de 1999; Radicación: CA- 011.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 126 DE 2020 (25 de marzo) FONDO DE ADAPTACIÓN (Legalidad condicionada / Ajustado a derecho) / RESOLUCIÓN 130 DE 2020 (13 de abril) FONDO DE ADAPTACIÓN (Legalidad condicionada / Ajustado a derecho) / RESOLUCIÓN 170 DE 2020 (12 de junio) FONDO DE ADAPTACIÓN (Legalidad condicionada / Ajustado a derecho) / RESOLUCIÓN 252 DE 2020 (1 de septiembre) FONDO DE ADAPTACIÓN (Legalidad condicionada / Ajustado a derecho)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISÉIS ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01194-00(CA) (2020-01508-00, 2020-02733-00 y 2020-03955-00)
Actor: FONDO ADAPTACIÓN
Demandado: RESOLUCIÓN 126 DEL 25 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN 130 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCIÓN 170 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 Y RESOLUCIÓN 252 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Referencia: Control Inmediato de Legalidad de las Resoluciones No. 126 de 25 de marzo, 130 de 13 de abril, 170 de 12 de junio y 252 de 1 de septiembre de 2020, emitidas por el Fondo Adaptación
Sentencia de Única Instancia
La Sala Especial de Decisión No. 16, profiere sentencia de única instancia dentro del proceso que se adelanta en virtud del medio de control inmediato de legalidad de las Resoluciones No. 126 de 25 de marzo, 130 de 13 de abril, 170 de 12 de junio y 252 de 1 de septiembre, todas del año 2020, proferidas por el Gerente del Fondo Adaptación.
I. ANTECEDENTES
1.1. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el virus COVID-19 como una pandemia de carácter mundial, cuyas afectaciones no solamente involucran la salud pública sino también otros sensibles sectores de la sociedad.
1.2. Teniendo en cuenta esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó que se debían adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y con su mitigación. Bajo tal consideración, dicha entidad expidió la Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, a través de la cual declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adoptó medidas sanitarias de prevención.
1.3. Posteriormente, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, “para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.
1.4. El 25 de marzo de 2020, el Gerente del Fondo Adaptación profirió la Resolución No. 126, mediante la cual se establecieron medidas administrativas extraordinarias. Copia de este acto fue remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado, a través del Oficio No. E-2020-002354, para efectos de que, de ser el caso, se adelantara el control inmediato de legalidad; de acuerdo con las reglas de reparto previstas en el Reglamento de esta Corporación, este asunto fue repartido a este Despacho.
1.5. El día 23 de abril de 2020, el Despacho profirió auto mediante el cual avocó conocimiento y ordenó notificar de esa decisión al Fondo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como dar aviso a la comunidad e invitar a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y a las Universidades de Manizales, de Antioquia y Pontificia Universidad Javeriana de Cali para que, de ser del caso, se pronunciaran acerca de puntos relevantes para efectos de adelantar el presente examen. Finalmente, dispuso notificar de esta providencia al Ministerio Público para efectos de que rindiera el concepto a su cargo.
1.6. A través del Decreto No. 637 de 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República nuevamente declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, debido a que “a pesar de las medidas contenidas en los decretos legislativos dictados en el marco de la Emergencia declarada por el decreto 417 de 2020, todas ellas referidas a proveer soluciones para enfrentar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, la situación económica generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha superado cualquier estimación”, razón por la que se consideró menester adoptar decisiones extraordinarias y prontas para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.
1.7. Mediante auto de 30 de junio de 2020, el Consejero César Palomino Cortés remitió a este Despacho los procesos de Control Inmediato de Legalidad con radicado 11001-03-15-000-2020-01508-00 y 11001-03-15-000-2020-02733-00, contentivos de las Resoluciones 130 y 170 de 2020 dictadas por el Fondo Adaptación, para efectos de que se analizara su posible acumulación.
1.8. A través de providencia de 22 de julio de 2020, este Despacho decretó la acumulación de los expedientes 11001-03-15-000-2020-01508-00 y 11001-03-15-000-2020-02733-00, al proceso radicado con el número 11001-03-15-000-2020-01194-00, a fin de que se tramitaran conjuntamente.
1.9. Mediante auto de 20 de noviembre de 2020, la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez remitió a este Despacho el proceso No. 11001-03-15-000-2020-03955-00, correspondiente al análisis de legalidad de la Resolución No. 252 de 1 de septiembre de 2020 expedida por el Fondo Adaptación, “Por la cual deroga la Resolución 170 de 2020 y se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”, con el fin de que se estudiara la viabilidad de acumularlo también al proceso de la referencia.
1.10. En auto de 11 de diciembre de 2020, el Despacho resolvió que era procedente la acumulación del expediente 11001-03-15-000-2020-03955-00 al proceso 11001-03-15-000-2020-01194-00.
1.11. Surtidas las notificaciones y comunicaciones del caso, el expediente entró nuevamente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponde.
II. TEXTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DE REVISIÓN
Para determinar el contenido de los actos objeto de control se transcribe el texto de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020, proferidas por el Gerente del Fondo Adaptación, conforme a su publicación en la página web de la entidad:
“RESOLUCIÓN No. 0126
"Por la cual se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública"
El GERENTE DEL FONDO ADAPTACIÓN
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 de la Constitución Política, 9 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4819 de 2010 y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 4580 de 2010 y con base en el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos derivados del fenómeno La Niña 2010-2011.
Que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto 4819 de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en su artículo 1 con la finalidad de "la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo".
Que la Ley 1753 de 2015, en el artículo 155, determinó: "El Fondo Adaptación, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, hará parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012.", y precisó que "El Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos sectores, además de los que se deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado."
Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide "El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", en el artículo 46, modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, reiterando que el Fondo Adaptación hace parte del "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012", y estableció que: "Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación a/ cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores."
Que, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantan de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 11 de marzo de 2020 el Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020" en atención a la pandemia declarada y ordenó a los Representantes Legales de los centros laborales públicos y privados adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 e impulsar la prestación del servicio a través del trabajo realizado desde la casa.
Que mediante Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días" con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme el principio de solidaridad social.
Que en el Decreto Ley 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID19 en el marco de la emergencia sanitaria declarada, se encuentra en cabeza del Presidente de la República y se estableció que se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de los Gobernadores y Alcaldes, las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República.
Que mediante Decreto Ley 457 de 2020 el Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó "el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00: 00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19", limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que a través del Decreto Ley 440 de 2020, el Presidente de la República adoptó medidas en materia de contratación estatal con ocasión del Estado de Emergencia declarado, estableciendo que las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección pueden hacerse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control y a cualquier ciudadano interesado en participar.
Que dicho Decreto estableció para las actuaciones contractuales de carácter sancionatorio, que las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través de mecanismos electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de sus garantes, sin perjuicio de lo cual, el ordenador del gasto o el funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia del mencionado Decreto.
Que el Decreto Ley 440 de 2020 estableció la obligación de las Entidades Públicas de implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas por medios electrónicos.
Que por todo lo anterior se hace indispensable adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo relacionadas con la mitigación del riesgo de expansión del COVID-19 y garantizar de esta manera la protección de la salud de los funcionarios públicos y los contratistas, así como sus familias.
Que la actual situación del país a nivel sanitario constituye un hecho de fuerza mayor, extraordinario, irresistible e imprevisible por lo que corresponde a la Gerencia del Fondo Adaptación tomar las medidas necesarias que garanticen la salud de los colaboradores de la entidad, el respeto por la seguridad jurídica, el debido proceso de los contratistas y ciudadanos y el cumplimiento de la misión a cargo de la Entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENSIONES. Ordenar para las siguientes actuaciones del Fondo Adaptación, desde la fecha y hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00, o hasta la fecha que se indique por parte del Presidente de la República:
1. La prórroga de la suspensión de los procedimientos de carácter disciplinario.
2. La suspensión de términos en las liquidaciones de Contratos.
3. La suspensión de suscripción de actas de inicio de contratos misionales, salvo aquellos casos en que se solicite la suscripción por parte del Ordenador del Gasto, previa validación. En los contratos de prestación de servicios con persona natural y los contratos de funcionamiento, cada ordenador determinará la viabilidad o no de suscribir las actas de inicio.
4. La suspensión de trámites asociados a gestión predial de los proyectos a cargo del Fondo.
Parágrafo Primero. Lo anterior sin perjuicio de que, durante el término de la suspensión, se puedan atender peticiones o consultas, así como de la continuidad en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios y obligaciones contractuales de los contratistas de la Entidad desde sus hogares y bajo la orientación de sus superiores o supervisores respectivamente.
Parágrafo Segundo. La suspensión de términos no se aplicará respecto de la atención de requerimientos de autoridades, respuestas a solicitudes en ejercicio del derecho de petición, ni trámites que involucren la garantía de derechos fundamentales.
Parágrafo Tercero. Para el caso de las actuaciones contractuales sancionatorias, las mismas podrán iniciarse o continuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos, siempre y cuando se pueda garantizar la participación por medios virtuales del contratista y de su garante, el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de contradicción.
Para el caso de los procedimientos administrativos contractuales de carácter sancionatorio que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia del Decreto 440 de 2020 bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el funcionario delegado podrá decretar la suspensión de términos por el tiempo que dure el estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.
ARTICULO SEGUNDO: CONTRATACIÓN PÚBLICA. Por el periodo del aislamiento decretado, en los procesos de Contratación Pública se seguirán las siguientes reglas:
1. Solicitudes de Contratación. Los ordenadores de gasto podrán tramitar ante la Secretaría General las solicitudes de inicio de procesos de contratación y celebración de contratos que sean requeridos, así como las solicitudes de modificación contractual utilizando las herramientas tecnológicas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales.
2. Audiencias Públicas. Si durante el periodo previsto en el Decreto Ley 457 de 2020 o cualquier otra medida que limite la movilidad de las personas, estuviere programada una audiencia pública dentro de los procesos de selección que adelanta la Entidad, la misma podrá adelantarse por medios virtuales o ser reprogramada, para lo cual se deberán respetar los términos de ley.
3. Suspensión de procedimientos de selección de contratistas. La Entidad, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia podrá suspender el procedimiento de selección, emitiendo y publicando de manera oportuna el correspondiente acto administrativo
4. Recepción de Ofertas. Para aquellos procesos de selección de contratistas que se sigan adelantando bajo el régimen previsto en el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide "El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', que modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, se habilitará una dirección de correo electrónico para que las propuestas puedan allegarse de manera virtual.
5. Verificación y Evaluación de Propuestas. Para aquellas evaluaciones de propuestas de procesos de selección de la Entidad realizadas en el periodo de aislamiento, la Entidad podrá adelantar la evaluación de manera digital utilizando la plataforma transaccional SECOP II bajo los lineamientos que defina la Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO: GESTIÓN CONTRACTUAL. Cada Ordenador de Gasto hará la revisión completa de los contratos que se encuentran a su cargo y deberá determinar cuáles se deben suspender, por no encontrarse expresamente regulados en el artículo 3 del Decreto Ley 457 de 2020 y adelantar el trámite de las respectivas suspensiones por los mecanismos tecnológicos disponibles.
En caso de considerar que uno de sus contratos debe continuar, por encontrarse en alguna de las 34 causales establecidas en el Decreto Ley 457 de 2020, adelantará el siguiente procedimiento:
1. Las autoridades territoriales correspondientes deberán elevar solicitud escrita al Fondo Adaptación, en donde se manifieste que de acuerdo con los Decretos expedidos en el marco de la emergencia, es indispensable la culminación y entrega del proyecto, explicando por qué lo considera esencial. Así mismo, deberán indicar de forma expresa que autorizan que la obra continúe su ejecución y que permiten la movilidad que se requiera para dicha labor en su jurisdicción.
2. Al Contratista y al Interventor de la obra se les solicitará que informen por escrito cuál será el protocolo que seguirán para garantizar las normas de seguridad y sanidad pública, que para el caso específico del control de la expansión del Coronavirus van a aplicar.
3. El Subgerente y el Líder Sectorial del Fondo Adaptación emitirán un concepto técnico en donde se argumente que el proyecto se encuentra incluido en el marco de las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional. Con base en este, la Secretaría General presentará concepto jurídico.
4. Con los documentos que resulten de los numerales anteriores, se radicará ante el Ministerio del Interior la solicitud de permiso para que se autorice, dentro del marco de las excepciones previstas en el Decreto 457 de 2020, culminar y entregar la obra.
ARTICULO CUARTO: TRÁMITE DE PAGOS. Para el trámite de pago de facturas y cuentas de cobro en el periodo del aislamiento se podrán utilizar herramientas tecnológicas que garanticen la realización de las validaciones internas necesarias y la oportuna atención del trámite, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, la seguridad jurídica y contractual, las cuales serán coordinadas por el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y los Ordenadores del Gasto.
ARTÍCULO QUINTO. ATENCIÓN AL PÚBLICO. Durante el periodo del aislamiento, la recepción y radicación de todas las comunicaciones de los ciudadanos, entidades y público en general que requieran información pertinente a la gestión del Fondo o que deseen hacer una solicitud, petición, requerimiento, queja o felicitación, se realizará exclusivamente a través de los siguientes canales:
1- Correo electrónico institucional:
2- Peticiones en la página web www.fondoadaptacion.gov.co en la pestaña atención a la
ciudadanía opción peticiones quejas y reclamos.
3- Línea telefónica (1) 432 5400 con las siguientes opciones: Si desea información sobre programas de vivienda marque 113, si desea conocer el estado de su cuenta de pago marque 125 0 marque 100 para hablar con la operadora.
ARTÍCULO SEXTO. TRABAJO EN CASA. Durante el periodo del aislamiento, los Subgerentes, Jefe de Planeación, demás directivos y líderes de equipo, podrán establecer, con carácter temporal y extraordinario, acuerdos sobre actividades, entregables y productos diarios con cada uno de los funcionarios y contratistas bajo su cargo y responsabilidad para que desempeñen sus funciones y/o obligaciones desde la casa, orientado a mantener la productividad, calidad del servicio y sinergia de los procesos institucionales, haciendo uso de todo tipo de herramientas de comunicación e informática.
ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos los actos anteriores que le sean contrarios.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
A los 25 días de marzo de 2020 (…)”
“RESOLUCIÓN No. (130)
Por la cual se deroga la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020 y establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública"
El GERENTE DEL FONDO ADAPTACIÓN
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 de la Constitución Política, 9 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4819 de 2010 y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 4580 de 2010 y con base en el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos derivados del fenómeno La Niña 2010-2011.
Que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto 4819 de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que la Ley 1753 de 2015, en el artículo 155, determinó: "El Fondo Adaptación, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, hará́ parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012.", y precisó que "El Fondo Adaptación podrá́ estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos sectores, además de los que se deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado."
Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide "El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", en el artículo 46, modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, reiterando que el Fondo de Adaptación hace parte del "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012", y estableció que: "Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptación podrá́ estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores."
Que, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantan de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020" en atención a la pandemia declarada y ordenó a los Representantes Legales de los centros laborales públicos y privados adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 e impulsar la prestación del servicio a través del trabajo realizado desde la casa.
Que la organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 11 de marzo de 2020 el Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta dl 30 de mayo de 2020” en atención a la pandemia declarada y ordenó a los Representantes Legales de los centros laborales públicos y privados adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 e impulsar la prestación del servicio a través del trabajo realizado en casa.
Que mediante Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días" con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme el principio de solidaridad social.
Que en el Decreto Ley 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció́ que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria declarada, se encuentra en cabeza del Presidente de la República y se estableció́ que se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de los Gobernadores y Alcaldes, las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República.
Que mediante Decreto Ley 457 de 2020 el Presidente de la República impartió́ instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó "el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas {00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de fa emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19", limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que con fundamento en el Decreto Ley 457 de 2020, fue expedida la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020, mediante la cual se "establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública".
Que mediante Decreto Ley 531 de 2020 el Presidente de la República impartió́ instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó "el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19"', limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el artículo tercero del citado Decreto.
Que en dicho artículo se incluyeron como excepciones, entre otras, la No. 13 que establece: "Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19 y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado” y la No. 18 que establece: “La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas”.
Que a través del Decreto Ley 537 de 2020, el Presidente de la República adoptó medidas en materia de contratación estatal con ocasión del Estado de Emergencia declarado, estableciendo que las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección pueden hacerse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control y a cualquier ciudadano interesado en participar.
Que dicho Decreto estableció́ para las actuaciones contractuales de carácter sancionatorio, que las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través de mecanismos electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de sus garantes, sin perjuicio de lo cual, el ordenador del gasto o el funcionario competente podrá́ decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia del mencionado Decreto.
Que el Decreto Ley 537 de 2020 estableció́ la obligación de las Entidades Públicas de implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas por medios electrónicos.
Que por todo lo anterior se hace indispensable derogar la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020, y adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo relacionadas con la mitigación del riesgo de expansión del COVID-19 en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley 531 de 2020 y garantizar de esta manera la protección de la salud de los funcionarios públicos y los contratistas, así́ como de sus familias.
Que la actual situación del país a nivel sanitario constituye un hecho de fuerza mayor, extraordinario, irresistible e imprevisible por lo que corresponde a la Gerencia del Fondo Adaptación tomar las medidas necesarias que garanticen la salud de los colaboradores de la entidad, el respeto por la seguridad jurídica, el debido proceso de los contratistas y ciudadanos y el cumplimiento de la misión a cargo de la Entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENSIONES. Ordenar para las siguientes actuaciones del Fondo Adaptación, desde la fecha y hasta el 27 de abril de 2020 a las 00:00, o hasta la fecha que se indique por parte del Presidente de la República:
1. La prórroga de la suspensión de los procedimientos de carácter disciplinario.
2. La prórroga de la suspensión de trámites asociados a gestión predial de los proyectos a cargo del Fondo.
Parágrafo Primero. Lo anterior sin perjuicio de que, durante el término de la suspensión, se puedan atender peticiones o consultas, así́ como de la continuidad en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios y obligaciones contractuales de los contratistas de la Entidad desde sus hogares y bajo la orientación de sus superiores o supervisores respectivamente.
Parágrafo Segundo. La suspensión de términos no se aplicará respecto de la atención de requerimientos de autoridades, respuestas a solicitudes en ejercicio del derecho de petición, ni trámites que involucren la garantía de derechos fundamentales.
ARTICULO SEGUNDO: ACTUACIONES CONTRACTUALES SANCIONATORIAS. Para el caso de los procedimientos administrativos contractuales de carácter sancionatorio, los mismos podrán iniciarse o continuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, incluso para el caso de los procedimientos administrativos contractuales de carácter sancionatorio que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de los Decretos 440 y 537 de 2020 bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el funcionario delegado podrá́ decretar la suspensión de términos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.
ARTÍCULO TERCERO: CONTRATACIÓN PÚBLICA. Por el periodo del aislamiento decretado, en los procesos de Contratación Pública se seguirán las siguientes reglas:
1. Solicitudes de Contratación. Los ordenadores de gasto podrán tramitar ante la Secretaria General las solicitudes de inicio de procesos de contratación y celebración de contratos que sean requeridos, así́ como las solicitudes de modificación contractual utilizando las herramientas tecnológicas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales.
2. Audiencias Públicas. Si durante el periodo previsto en el Decreto Ley 531 de 2020 o cualquier otra medida que limite la movilidad de las personas, estuviere programada una audiencia pública dentro de los procesos de selección que adelanta la Entidad, la misma podrá́ adelantarse por medios virtuales o ser reprogramada, para lo cual se deberán respetar los términos de ley.
3. Suspensión de procedimientos de selección de contratistas. La Entidad, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia podrá́ suspender el procedimiento de selección, emitiendo y publicando de manera oportuna el correspondiente acto administrativo.
4. Recepción de Ofertas. Para aquellos procesos de selección de contratistas que se sigan adelantando bajo el régimen previsto en el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide "El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", que modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, se habilitará una dirección de correo electrónico para que las propuestas puedan allegarse de manera virtual.
5. Verificación y Evaluación de Propuestas. Para aquellas evaluaciones de propuestas de procesos de selección de la Entidad realizadas en el periodo de aislamiento, la Entidad podrá́ adelantar la evaluación de manera digital utilizando la plataforma transaccional SECOPII bajo los lineamientos que defina la Secretaría General.
ARTÍCULO CUARTO: GESTIÓN CONTRACTUAL. Cada ordenador del gasto hará la revisión completa de los contratos que se encuentran a su cargo y deberá determinar, previo concepto de las interventorías y los supervisores, cuáles se deben suspender, por no encontrarse expresamente regulados en el artículo 3 del Decreto Ley 531 de 2020 y adelantar el trámite de las respectivas suspensiones por los mecanismos tecnológicos disponibles.
Para los contratos que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto Ley 531 de 2020, previo acuerdo con el contratista y con las autoridades regionales y locales, para que pueda continuarse la ejecución del objeto, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Los contratistas deberán presentar en los ocho (8) días hábiles siguientes a la expedición de la presente Resolución, para aprobación de la Interventoría, el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 3 del decreto Ley 531 de 2020 y los actos administrativos que lo desarrollen, la manera en que darán cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y las medidas que se tomarán para evitar la propagación del COVID-19.
2. El Fondo Adaptación, el contratista, la interventoría y las autoridades territoriales correspondientes deberán coordinar los mecanismos mediante los cuales se acreditarán e identificarán las personas que adelantarán los trabajos en campo y que por tanto tienen que movilizarse.
3. Para dar cumplimiento al numeral anterior, los líderes Asesores Sectoriales o de Macroproyectos, el contratista y la interventoría, deberán realizar, entre otras, las siguientes actividades:
(i) Realizar la actualización y adaptación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-ssn, en el cual se adopten las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 establecidas en las circulares conjuntas;
(ii) Acreditar las notificaciones de dicha actualización del SG-SST ante la Administradora de Riesgos Labores - ARL;
(iii) Acreditar la disponibilidad inmediata de su personal mínimo y personal calificado y no
calificado (acorde con la programación de obra), para la reanudación de las actividades de
obra;
(iv) Acreditar que sus proveedores (cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento y transporte), se encuentran activos y con la capacidad operativa de suministrar los bienes y servicios que requiera la obra para su correcta ejecución. En estos bienes se deben contemplar los elementos de bioseguridad que se suministrarán al personal del contratista; y
4. El Contratista suscribirá́ un compromiso sobre el cumplimiento de los anteriores numerales, el cual reposará en el expediente contractual.
Parágrafo Primero. Para todos los efectos entiéndase como obra pública todos los contratos celebrados por el Fondo Adaptación para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Parágrafo Segundo. Los gastos que se ocasionen para el cumplimiento de la presente obligación son costos asociados al rubro de seguridad industrial integral de cada contrato.
Parágrafo Tercero. Las actas de inicio, de aprobación de pólizas, modificaciones contractuales, liquidaciones y demás actuaciones en el marco de la gestión contractual podrán adelantarse de manera virtual a través de medios electrónicos por parte de los funcionarios delegados.
Lo anterior sin perjuicio de que una vez superada la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y en especial el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, se deba proceder a la suscripción de los documentos originales, para su posterior remisión al expediente contractual.
ARTÍCULO QUINTO: TRÁMITE DE PAGOS. Para el trámite de pago de facturas y cuentas de cobro en el periodo del aislamiento se podrán utilizar herramientas tecnológicas que garanticen la realización de las validaciones internas necesarias y la oportuna atención del trámite, así́ corno el cumplimiento de las disposiciones legales, la seguridad jurídica y contractual, las cuales serán coordinadas por el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y los Ordenadores del Gasto.
ARTÍCULO SEXTO. ATENCIÓN AL PÚBLICO. Durante el periodo del aislamiento, la recepción y radicación de todas las comunicaciones de los ciudadanos, entidades y público en general que requieran información pertinente a la gestión del Fondo o que deseen hacer una solicitud, petición, requerimiento, queja o felicitación, se realizará exclusivamente a través de los siguientes canales:
1- Correo electrónico institucional: atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co.
2- Peticiones en la página web www.fondoadaptacion.gov.co en la pestaña atención a la ciudadanía opción peticiones quejas y reclamos.
3- Línea telefónica (1) 432 5400 con las siguientes opciones: Si desea información sobre programas de vivienda marque 113, si desea conocer el estado de su cuenta de pago marque 125 o marque 100 para hablar con la operadora.
4- La entrega de copias autenticadas se realizará dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al levantamiento de la orden de aislamiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO. TRABAJO EN CASA, Durante el periodo del aislamiento, los Subgerentes, Secretario General, Jefe de Planeación, demás directivos y líderes de equipo podrán establecer, con carácter temporal y extraordinario, acuerdos sobre actividades, entregables y productos diarios con cada uno de los funcionarios y contratistas bajo su cargo y responsabilidad para que desempeñen sus funciones y/o obligaciones desde la casa, orientado a mantener la productividad, calidad del servicio y sinergia de los procesos institucionales, haciendo uso de todo tipo de herramientas de comunicación e informática.
ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA, La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos los actos anteriores que le sean contrarios.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
A los 13 días de abril de 2020 (…)”
“RESOLUCIÓN No. 0170 de 2020
(12 de junio de 2020)
"Por la cual deroga la Resolución 130 de 2020 y se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”
El GERENTE DEL FONDO ADAPTACIÓN
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 de la Constitución Política, 9 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4819 de 2010 y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 4580 de 2010 y con base en el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos derivados del fenómeno La Niña 2010-2011.
Que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto 4819 de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide "El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad en el artículo 46, modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, reiterando que el Fondo de Adaptación hace parte del "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012', y estableció́ que: "Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptación podrá́ estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores.
Que, en virtud del derecho fundamental al debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantan de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró "La emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” en atención a la pandemia declarada y ordenó a los Representantes Legales de los centros laborales públicos y privados adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 e impulsar la prestación del servicio a través del trabajo realizado desde la casa. Dicha medida fue prorrogada mediante Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 31 de agosto de 2020.
Que mediante Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días”, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme el principio de solidaridad social.
Que en el Decreto Ley 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció́ que la dirección del orden público, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria declarada, se encuentra en cabeza del Presidente de la República y se estableció́ que se aplicarían de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de los Gobernadores y Alcaldes, las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República.
Que mediante Decreto Ley 457 de 2020 el Presidente de la República impartió́ instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó "el aislamiento preventivo obligatorio de todas /as personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID- 19', limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que con fundamento en el Decreto Ley 457 de 2020, fue expedida la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020 en el Fondo Adaptación, mediante la cual se "establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública y posteriormente se expidió́ la Resolución 0130 del 13 de abril de 2020.
Que mediante Decreto Ley 531 de 2020 el Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causas del Coronavirus COVID.19”, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que la orden de aislamiento se ha prorrogado mediante los Decretos Ley 593, 636, 689 y 749 de 2020, medida extendida hasta el 1 de julio de 2020.
Que en cada una de estas prorrogas se han incluido nuevas excepciones para garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia", permitiendo la circulación para el desarrollo de actividades taxativamente establecidas.
Que ante las nuevas excepciones reguladas por el Gobierno Nacional, se hace necesario el levantamiento de la suspensión de términos en los tramites asociados a la gestión predial de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, con la finalidad de que en los proyectos que gestiona la Entidad se pueda continuar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a dicha gestión.
Que el Fondo Adaptación, en el marco de las excepciones establecidas mediante Decreto Ley 749 de 2020, se encuentra en proceso de reanudar las obras y retomar las actividades de los proyectos en ejecución, exigiendo a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Resoluciones 666 y 679 de 2020, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y, en especial la implementación de las respectivas medidas de bioseguridad y formular y adoptar protocolos de prevención y las medidas sanitarias de higiene, preventivas y de mitigación de riesgo. Así́ mismo, deberán atender las instrucciones para evitar la propagación del COVID-19 que adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.
Que el Gobierno Nacional expidió́ el Decreto Legislativo 491 de 2020, en aras de flexibilizar "la prestación del servicio a cargo de las entidades y organismos del Estado, a través de la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin afectar la continuidad y efectividad de la prestación de dichos servicios.
Que el artículo 6o del mencionado Decreto, dispone en su inciso segundo, que "la suspensión de los términos se podrá́ hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta'.
Que mediante la Resolución 126 del 25 de marzo de 2020, esta entidad prorrogó la suspensión de los términos en todas las actuaciones disciplinarias, hasta el 13 de abril de 2020, inclusive, y posteriormente, mediante Resolución 130 del 13 de abril, dispuso una segunda prórroga de la medida hasta el 27 de abril de 2020 o hasta la fecha que se indique por parte del Presidente de la República.
Que a través del Decreto Ley 537 de 2020, el Presidente de la República adoptó medidas en materia de contratación estatal con ocasión del Estado de Emergencia declarado, estableciendo que las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección pueden hacerse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control y a cualquier ciudadano interesado en participar.
Que dicho Decreto estableció para las actuaciones contractuales de carácter sancionatorio, que las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través de mecanismos electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de sus garantes, sin perjuicio de lo cual, el ordenador del gasto o el funcionario competente podrá́ decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia del mencionado Decreto.
Que en ese mismo sentido, en las consideraciones del Decreto Ley 537 de 2020 se estableció que de acuerdo con el principio de la eficiencia administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, resulta razonable y adecuado permitirle a las entidades públicas contratantes surtir por medios electrónicos los procedimientos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual o suspender los términos de los mismos para darle prioridad o prevalencia aquellas situaciones contractuales orientadas a mitigar la emergencia sanitaria o impedir la extensión de sus efectos.
Que desde la declaración de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se han llevado a cabo en el Fondo Adaptación doce (12) sesiones de audiencia de las que trata el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos garantizando cabalmente el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de los contratistas y sus garantes.
Que mediante el Decreto Ley 539 de 2020 se determinó que durante el término de fa emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será́ la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19".
Que mediante Resolución 666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento del Decreto Ley 539 de 2020, adoptó "e/ protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19".
Que para garantizar el cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, en especial las medidas adoptadas para garantizar el distanciamiento físico, no será posible realizar las audiencias de las que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en forma presencial y en esa medida es deber del Fondo Adaptación adelantar las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por el posible incumplimiento de sus contratos, en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas, respetando las debidas garantías procesales y dando aplicación a los principios constitucionales de la función administrativa, por lo que dichas audiencias se deberán realizar a través de medios electrónicos y solo de manera excepcional se podrá́ decretar la suspensión de términos, en aquellos casos que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la realización de la audiencia en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
Que el Decreto Ley 537 de 2020 estableció́ la obligación de las Entidades Públicas de implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas por medios electrónicos.
Que mediante Circular 14 de 2020, la Secretaria General del Fondo Adaptación expidió́ el Protocolo de Bioseguridad de la Entidad.
Que de conformidad con las modificaciones a las medidas de aislamiento, y dando aplicación a las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, deben adoptarse ajustes a las medidas administrativas extraordinarias por motivo de la Pandemia COVID-19 al interior del Fondo Adaptación.
Que mediante Decreto Ley 637 del 06 de mayo de 2020, el Presidente de la República declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días•, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que por todo lo anterior se hace indispensable adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo relacionadas con la mitigación del riesgo de expansión del COVID-19 y garantizar de esta manera la protección de la salud de los funcionarios públicos, los contratistas, así́ como sus familias y los ciudadanos.
Que la actual situación del país a nivel sanitario constituye un hecho de fuerza mayor, extraordinario, irresistible e imprevisible por lo que corresponde a la Gerencia del Fondo Adaptación tomar las medidas necesarias que garanticen la salud de los colaboradores de la entidad, el respeto por la seguridad, el debido proceso de los contratistas y ciudadanos y el cumplimiento de la misión a cargo de la Entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. PROCESOS DISCIPLINARIOS. Se levanta la suspensión de términos procesales para los procedimientos de carácter disciplinario del FONDO ADAPTACIÓN a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 y las normas que lo modifiquen.
Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo anterior, el operador disciplinario podrá́ decretar de manera excepcional la suspensión de términos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, siempre que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la correcta realización del proceso disciplinario en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
Parágrafo 2. Los funcionarios competentes para el trámite de las actuaciones disciplinarias deberán emplear en las actuaciones a su cargo y conforme a las herramientas y recursos de que dispongan, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión y trámite de los procesos disciplinarios, con el fin de facilitar, agilizar y permitir el acceso a los mismos.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACTUACIONES CONTRACTUALES SANCIONATORIAS. Para el caso de los procedimientos administrativos contractuales de carácter sancionatorio, los mismos podrán iniciarse o continuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, incluso para el caso de los procedimientos administrativos contractuales de carácter sancionatorio que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de los Decretos 440 y 537 de 2020 bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el funcionario delegado podrá́ decretar de manera excepcional la suspensión de términos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, siempre que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la realización de la audiencia en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
ARTÍCULO TERCERO: TRAMITES ASOCIADOS A GESTIÓN PREDIAL: Se levanta la suspensión de términos en los trámites asociados a la gestión predial de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: CONTRATACIÓN PÚBLICA. Por el periodo del aislamiento decretado a la fecha, o los que se llegaren a decretar, en los procesos de Contratación Pública se seguirán las siguientes reglas:
1. Solicitudes de Contratación. Los ordenadores de gasto podrán tramitar ante la secretaría General las solicitudes de inicio de procesos de contratación y celebración de contratos que sean requeridos, así́ como las solicitudes de modificación contractual utilizando las herramientas tecnológicas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales.
2. Audiencias Públicas. Si durante el periodo previsto en el Decreto Ley 531 de 2020 o cualquier otra medida que limite la movilidad de las personas, estuviere programada una audiencia pública dentro de los procesos de selección que adelanta la Entidad, la misma podrá́ adelantarse por medios virtuales o ser reprogramada, para lo cual se deberán respetar los términos de ley.
3. Suspensión de procedimientos de selección de contratistas. La Entidad, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia podrá suspender el procedimiento de selección, emitiendo y publicando de manera oportuna el correspondiente acto administrativo.
4. Verificación y Evaluación de Propuestas. Para aquellas evaluaciones de propuestas de procesos de selección de la entidad realizadas en el periodo de aislamiento, la Entidad podrá adelantar la evaluación de manera digital utilizando la plataforma transaccional SECOP II bajo los lineamientos que defina la Secretaría General.
ARTÍCULO QUINTO: GESTIÓN CONTRACTUAL Cada Ordenador de Gasto hará́ la revisión completa de los contratos que se encuentran a su cargo y deberá́ determinar cuáles se deben suspender, por no encontrarse expresamente regulados en las excepciones establecidas en el Decreto Ley 7 49 de 2020, o la norma que lo subrogue o modifique, y adelantar el trámite de las respectivas suspensiones por los mecanismos tecnológicos disponibles.
Para los contratos que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto Lay 7 49 de 2020, o la norma que lo subrogue o modifique, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Los contratistas presentarán en los ocho (8) días hábiles siguientes a la expedición de la presente Resolución, para aprobación de la interventoría, el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto Ley 749 de 2020, o la norma que lo subrogue o modifique, y loe acto, administrativos que lo desarrollen, la manera en que darán cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y las medidas que se tomarán para evitar la propagación del COVID-19.
2. El Fondo Adaptación, el contratista, la interventoría y las autoridades territoriales correspondientes deberán coordinar los mecanismos mediante los cuales se acreditarán e identificarán las personas que adelanten los trabajos en campo y que por tanto tienen que movilizarse.
3. Para dar cumplimiento al numeral anterior, los líderes Asesores Sectoriales o de Macroproyectos, el contratista y la interventoría, deberán realizar, entre otras, las siguientes actividades:
3.1. Realizar la actualización y adaptación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), en el cual se adopten las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 establecidas en las circulares conjuntas;
3.2. Acreditar las notificaciones de dicha actualización del SG-SST ante la Administradora de Riesgos Labores-ARL;
3.3. Acreditar la disponibilidad inmediata de su personal mínimo y personal calificado y no calificado (acorde con la programación de obra), para la reanudación de las actividades de obra;
3.4. Acreditar que sus proveedores (cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento y transporte), se encuentran activos y con la capacidad operativa de suministrar los bienes y servicios que requiera la obra para su correcta ejecución. En estos bienes se deben contemplar los elementos de bioseguridad que se suministrarán al personal del contratista; y
4. El Contratista suscribirá́ un compromiso sobre el cumplimiento de los anteriores numerales, el cual reposará en el expediente contractual.
Parágrafo Primero. Para todos los efectos entiéndase como obra pública todos los contratos celebrados por el Fondo Adaptación para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Parágrafo Segundo. Estas circunstancias, desde ningún punto de vista se considerarán como justificantes para que el contratista se niegue al inicio de la ejecución del contrato o a la continuidad de la misma, so pena de las acciones a que haya lugar. Ahora bien, si el contratista considera que tiene derecho a algún tipo de reconocimiento en el marco de la normatividad aplicable, deberá́ someterse al trámite de revisión y decisión del Fondo Adaptación, la reclamación respectiva, dando cumplimiento a las normas establecidas al efecto, acreditando suficientemente los insumos que pretende que le sean reconocidos y demostrando que no es posible su cubrimiento con el AIU. En ningún caso serán reconocidos elementos no probados en los protocolos de bioseguridad, ni elementos que ya hacían parte del desarrollo del contrato, ni cargas en la ejecución contractual que normativamente deban ser asumidas por el contratista.
Parágrafo Tercero. Las actas de inicio, de aprobación de pólizas, modificaciones contractuales, liquidaciones y demás actuaciones en el marco de la gestión contractual podrán adelantarse de manera virtual a través de medios electrónicos por parte de los funcionarios delegados.
Lo anterior sin perjuicio de que una vez superada la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID- 19) y en especial el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, se deba proceder a la suscripción de los documentos originales, para su posterior remisión al expediente contractual.
ARTÍCULO SEXTO. TRAMITE DE PAGOS. Para el trámite de pago de facturas y cuentes de cobro en el periodo del aislamiento se podrán utilizar herramientas tecnológicas que garanticen la realización de las validaciones internas necesarias y la oportuna atención del trámite, así́ como el cumplimiento de las disposiciones legales, la seguridad jurídica y contractual, las cuales serán coordinadas por el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y los Ordenadores del Gasto.
ARTÍCULO SÉPTIMO. ATENCIÓN AL PÚBLICO. Durante el periodo del aislamiento, la recepción y radicación de todas las comunicaciones de los ciudadanos, entidades y público en general que requieran información pertinente a la gestión del Fondo o que deseen hacer una solicitud, petición, requerimiento, queja o felicitación, se realizará exclusivamente a través de los siguientes canales:
1- Correo electrónico institucional: atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
2- Correo para notificaciones judiciales:notificacionesjudicieles@fondoadaptacion.gov.co
3- Peticiones en la página web www.fondoadaptacion.gov.co en la pestaña atención a la ciudadanía opción peticiones quejas y reclamos.
4- Línea telefónica (1) 432 5400 con las siguientes opciones: Si desea información sobre programas de vivienda marque 113, si desea conocer el estado de su cuenta de pago marque 125 o marque 100 para hablar con la operadora.
ARTÍCULO OCTAVO. TRABAJO EN CASA. Durante el periodo del aislamiento, los Subgerentes, Jefe de Planeación, demás directivos y líderes de equipo, podrán establecer, con carácter temporal y extraordinario, acuerdos sobre actividades, entregables y productos diarios con cada uno de los funcionarios y contratistas bajo su cargo y responsabilidad para que desempeñen sus funciones y/u obligaciones desde la casa, orientado a mantener la productividad, calidad del servicio y sinergia de los procesos institucionales, haciendo uso de todo tipo de herramientas de comunicación e informática.
ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga la Resolución No 130 de 2020, así́ como todos los actos administrativos anteriores que le sean contrarios.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
A los 12 días de junio de 2020 (…)”
“RESOLUCIÓN No. 0252 de 2020
(1 de Septiembre de 2020)
“Por la cual deroga la Resolución 170 de 2020 y se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”
El GERENTE DEL FONDO ADAPTACIÓN
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 de la Constitución Política, 9 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4819 de 2010 y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 4580 de 2010 y con base en el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos derivados del fenómeno La Niña 2010-2011.
Que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto 4819 de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que la Ley 1753 de 2015, en el artículo 155, determinó: “El Fondo Adaptación, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, hará́ parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012.”, y precisó que “El Fondo Adaptación podrá́ estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos sectores, además de los que se deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado.”
Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el artículo 46, modificó el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, reiterando que el Fondo Adaptación hace parte del “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012”, y estableció́ que: “Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores.”
Que, en virtud del derecho fundamental al debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantan de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” en atención a la pandemia declarada y ordenó a los Representantes Legales de los centros laborales públicos y privados adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 e impulsar la prestación del servicio a través del trabajo realizado desde la casa. Dicha medida fue prorrogada mediante Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 31 de agosto de 2020, y por el mismo Ministerio, hasta el 30 de noviembre de 2020, en virtud de la Resolución 1462 de 2020.
Que, el artículo 1 de la Resolución 1462 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid - 19, en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, y dispuso que ésta puede finalizar antes de la fecha señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si éstas persisten o se incrementan, el término podrá́ prorrogarse nuevamente.
Que mediante Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días”, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme el principio de solidaridad social.
Que en el Decreto Ley 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que la dirección del orden público, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria declarada, se encuentra en cabeza del Presidente de la República y se estableció́ que se aplicaran de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de los Gobernadores y Alcaldes, las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República.
Que mediante Decreto Ley 457 de 2020 el Presidente de la República impartió́ instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que con fundamento en el Decreto Ley 457 de 2020, fue expedida la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020 en el Fondo Adaptación, mediante la cual se “establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública” y posteriormente se expidieron las Resoluciones 0130 del 13 de abril de 2020, y 170 del 12 de junio de 2020.
Que mediante Decreto Ley 531 de 2020 el Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus (COVID-19) y el mantenimiento de orden público, y en especial ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las excepciones expresamente contenidas en el citado Decreto.
Que, la orden de aislamiento se prorrogó mediante los Decretos Ley 593, 636, 689, 749 de 2020, 990 de 2020, y 1076 de 2020 medida extendida hasta el 31 de agosto de 2020.
Que en cada una de estas prórrogas se han incluido nuevas excepciones para “garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia”, permitiendo la circulación para el desarrollo de actividades taxativamente establecidas.
Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, en aras de flexibilizar la prestación del servicio a cargo de las entidades y organismos del Estado, a través de la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin afectar la continuidad y efectividad de la prestación de dichos servicios, y entre estas medidas se resaltan las de:
Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos
Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones
Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
Artículo 11. De las firmas de los actos, providencias y decisiones.
Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder público
Que, mediante la Resolución 126 del 25 de marzo de 2020, esta entidad prorrogó la suspensión de los términos en todas las actuaciones disciplinarias, hasta el 13 de abril de 2020, inclusive, y posteriormente, mediante Resolución 130 del 13 de abril, dispuso una segunda prórroga de la medida hasta el 27 de abril de 2020 o hasta la fecha que se indique por parte del Presidente de la República.
Que, a través del Decreto Ley 537 de 2020, el Presidente de la República adoptó medidas en materia de contratación estatal estableciendo entre otros, que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado en participar.
Que el Decreto Ley 537 de 2020 estableció́ la obligación de las Entidades Públicas de implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas por medios electrónicos.
Que en ese mismo sentido, en los considerandos del Decreto Ley 537 de 2020 se estableció́ que de acuerdo con el principio de la eficiencia administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, resulta razonable y adecuado permitirle a las entidades públicas contratantes surtir por medios electrónicos los procedimientos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual o suspender los términos de los mismos para darle prioridad o prevalencia a aquellas situaciones contractuales orientadas a mitigar la emergencia sanitaria o impedir la extensión de sus efectos.
Que, así́ mismo, el Decreto 537 de 2020 estableció́ para las actuaciones contractuales de carácter sancionatorio, que las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través de mecanismos electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de sus garantes, sin perjuicio de lo cual, el ordenador del gasto o el funcionario competente podrá́ decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia del mencionado Decreto.
Que, el artículo 53 de la Ley 1437 de 2011, dispone: “Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá́ asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.”.
Que, desde la declaración de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se han llevado a cabo en el Fondo Adaptación treinta y ocho (38) sesiones de audiencia de las que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos garantizando cabalmente el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de los contratistas y sus garantes.
Que, mediante el Decreto Ley 539 de 2020 se determinó que “durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será́ la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.
Que, mediante Resolución 666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento del Decreto Ley 539 de 2020, adoptó “el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.
Que, para garantizar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, en especial las medidas adoptadas para garantizar el distanciamiento físico, no será́ posible realizar las audiencias de las que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en forma presencial y en esa medida es deber del Fondo Adaptación adelantar las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por el posible incumplimiento de sus contratos, en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas, respetando las debidas garantías procesales y dando aplicación a los principios constitucionales de la función administrativa, por lo que dichas audiencias se deberán realizar a través de medios electrónicos y solo de manera excepcional se podrá́ decretar la suspensión de términos, en aquellos casos que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la realización de la audiencia en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
Que, mediante Circular 14 de 2020, la Secretaria General del Fondo Adaptación expidió́ el Protocolo de Bioseguridad de la Entidad.
Que, mediante Decreto Ley 637 del 06 de mayo de 2020, el Presidente de la República declaró “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días”, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que, mediante la Resolución 170 del 12 de junio de 2020, esta entidad levantó la suspensión de los términos en todas las actuaciones disciplinarias y regulo otras medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública, derogando la Resolución 130 de 2020.
Que, el artículo 5 del Decreto 1168 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, dispone:
“En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.”.
Que, el artículo 8 del Decreto 1168 del 2020 dispone que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.
Que, el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución 1462 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria, y señala: “(...) Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse distanciamiento físico de dos (2) metros como mínimo entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.”.
Que por su parte, la Directiva Presidencial 07 de 2020 establece que a partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa, indicando además que se deberá́ garantizar la prestación del servicio y, ante todo, preservar la vida y la salud en conexidad con la vida.
Que, en razón a lo anterior, la Entidad establecerá́ los lineamientos para el retorno seguro a actividades presenciales, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, para lo cual se tendrán en cuenta las condiciones de salud de la población vulnerable del Fondo Adaptación.
Que, de conformidad con las modificaciones a las medidas de aislamiento, y dando aplicación a las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, deben adoptarse ajustes a las medidas administrativas extraordinarias por motivo de la Pandemia COVID-19 al interior del Fondo Adaptación.
Que el objetivo del gestor documental para comunicaciones internas es el manejo del uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación y generar mayor ahorro de papel en comunicaciones internas que no requieren estar impresas.
Que, la actual situación del país a nivel sanitario constituye un hecho de fuerza mayor, extraordinario, irresistible e imprevisible por lo que corresponde a la Gerencia del Fondo Adaptación tomar las medidas necesarias que garanticen la salud de los colaboradores de la entidad, el respeto por la seguridad jurídica, el debido proceso de los contratistas y ciudadanos y el cumplimiento de la misión a cargo de la Entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACTUACIONES CONTRACTUALES SANCIONATORIAS. Para el caso de las actuaciones administrativas contractuales de carácter sancionatorio, las mismas podrán iniciarse o continuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, incluso para el caso de las actuaciones administrativas contractuales de carácter sancionatorio que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de los Decretos 440 y 537 de 2020 bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el funcionario delegado podrá́ decretar de manera excepcional la suspensión de términos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, siempre que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la realización de la audiencia en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONTRATACIÓN PÚBLICA. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el nuevo Coronavirus que causa la Covid – 19, en los procesos de Contratación Pública se seguirán las siguientes reglas:
Solicitudes de Contratación. Los ordenadores de gasto podrán tramitar ante la Secretaría General las solicitudes de inicio de procesos de contratación y celebración de contratos que sean requeridos, así́ como las solicitudes de modificación contractual utilizando las herramientas tecnológicas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales.
Audiencias Públicas. Si durante el periodo previsto en el Decreto Ley 531 de 2020 o cualquier otra medida que limite la movilidad de las personas, estuviere programada una audiencia pública dentro de los procesos de selección que adelanta la Entidad, la misma podrá́ adelantarse por medios virtuales o ser reprogramada, para lo cual se deberán respetar los términos de ley.
Suspensión de procedimientos de selección de contratistas. La Entidad, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia sanitaria podrá́ suspender el procedimiento de selección, emitiendo y publicando de manera oportuna el correspondiente acto administrativo.
Verificación y Evaluación de Propuestas. Para aquellas evaluaciones de propuestas de procesos de selección, la Entidad podrá́ adelantar la evaluación de manera digital utilizando la plataforma transaccional SECOP II bajo los lineamientos que defina la Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO: GESTIÓN CONTRACTUAL. Cada Ordenador de Gasto hará́ la revisión completa de los contratos que se encuentran a su cargo y deberá́ determinar cuáles se deben suspender, de conformidad con las autorizaciones del Ministerio de Interior y del Ministerio de Salud y Protección Social, dando aplicación a los protocolos establecidos en cada caso, de conformidad con lo ordenado en los artículos 3 y 4 del Decreto 1168 de 2020.
Parágrafo. Estas circunstancias, desde ningún punto de vista se considerarán como justificantes para que el contratista se niegue al inicio de la ejecución del contrato o a la continuidad de la misma, so pena de las acciones a que haya lugar. Ahora bien, si el contratista considera que tiene derecho a algún tipo de reconocimiento en el marco de la normatividad aplicable, deberá́ someterse al trámite de revisión y decisión del Fondo Adaptación, la reclamación respectiva, dando cumplimiento a las normas establecidas al efecto, acreditando suficientemente los insumos que pretende que le sean reconocidos y demostrando que no es posible su cubrimiento con el AIU y/o por el ítem de imprevistos. En ningún caso serán reconocidos elementos no aprobados en los protocolos de bioseguridad, ni elementos que ya hacían parte del desarrollo del contrato, ni cargas en la ejecución contractual que normativamente deban ser asumidas por el contratista. En todo caso la entidad se sujetará a las normas que sobre esta materia establezca el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO CUARTO. TRÁMITE DE PAGOS. De manera transitoria y durante la vigencia de la medida de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, se podrá́ tramitar el pago de las facturas y cuentas de cobro utilizando los medios virtuales y las herramientas tecnológicas disponibles, efectuando las validaciones internas necesarias y la oportuna atención de los trámites, así́ como el cumplimiento de las disposiciones legales, la seguridad jurídica y contractual, las cuales serán coordinadas por el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y los Ordenadores del Gasto.
ARTÍCULO QUINTO. ATENCIÓN AL PÚBLICO. Durante el periodo del aislamiento, la recepción y radicación de todas las comunicaciones de los ciudadanos, entidades y público en general que requieran información pertinente a la gestión del Fondo o que deseen hacer una solicitud, petición, requerimiento, queja o felicitación, se realizará exclusivamente a través de los siguientes canales:
Correo electrónico institucional: atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
Correo para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@fondoadaptacion.gov.co
Peticiones en la página web www.fondoadaptacion.gov.co en la pestaña atención a la ciudadanía opción peticiones quejas y reclamos.
Línea telefónica (1) 432 5400 con las siguientes opciones: Si desea información sobre programas de vivienda marque 113, si desea conocer el estado de su cuenta de pago marque 125 o marque 100 para hablar con la operadora.
ARTÍCULO SEXTO. COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD. Los documentos que se gestionen a nivel interno en Entidad deben utilizar la herramienta INFODOC y si se encuentran firmados no requerirán ser remitidos por el firmante mediante correo electrónico para la respectiva validación, la cual se entenderá́ dada con la respectiva firma del documento.
En cuanto al trámite de vistos buenos, se deberán tramitar por correo electrónico.
A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, las comunicaciones externas de la Entidad deberán tramitarse únicamente con firma digital o en su defecto con firma física.
ARTÍCULO SÉPTIMO. RETORNO SEGURO A ACTIVIDADES PRESENCIALES Y TRABAJO EN CASA: Durante el periodo de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable podrán continuar desarrollando actividades bajo la modalidad de trabajo en casa: mayores de 60 años, quienes presenten comorbilidades, mujeres en estado de gestación y residentes en zonas de alerta naranja, en caso que aplique; para lo anterior, los Subgerentes, la Secretaria General, el Jefe de Planeación y Cumplimiento, y demás directivos y líderes de equipo, podrán establecer, con carácter temporal y extraordinario, acuerdos sobre actividades, entregables y productos diarios con cada uno de los funcionarios y contratistas bajo su cargo y responsabilidad para que desempeñen sus funciones y/u obligaciones desde la casa, orientado a mantener la productividad en términos de resultados, calidad del servicio y sinergia de los procesos institucionales, haciendo uso de todo tipo de herramientas de comunicación e informática. Los demás colaboradores retornarán de manera gradual a actividades presenciales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones y obligaciones contractuales y de conformidad con los lineamientos que se expidan para tal fin.
ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga la Resolución 170 de 2020, así́ como todos los actos administrativos anteriores que le sean contrarios.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
a los 1 días de Septiembre de 2020 (…)”
III. INTERVENCIONES
Fondo Adaptación
Mediante escritos de 30 de abril, 6 de mayo, 31 de julio y 29 de septiembre de 2020, la entidad intervino a fin de defender la legalidad de las resoluciones sub examine, bajo la consideración de que ellas cuentan con el soporte normativo suficiente, sin exceder ni restringir las disposiciones legales o constitucionales que las fundamentan, siendo expedidas por el gerente del Fondo Adaptación quien, de acuerdo con los Decretos No. 4819 de 2010 y No. 4785 de 2011, en concordancia con la Ley 489 de 1998, está facultado para el efecto.
Luego de reseñar las normas mediante las cuales se declaró el estado de excepción y las que fueron dictadas a su amparo, indicó que las resoluciones analizadas atienden los presupuestos del artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 y constituyen medidas necesarias para enfrentar los efectos generados por la pandemia. Así, en suma, sostuvo que los actos sometidos a control jurisdiccional fueron emitidos con plena observancia de los requisitos de forma y fondo necesarios para su expedición, por lo que deben superar el examen de legalidad en esta instancia.
Universidad de Manizales
Mediante escrito del 8 de mayo de 2020, el rector de esa institución universitaria indicó que la Resolución 126 de 25 de marzo de 2020 reúne los requisitos necesarios para que se declare su legalidad, pues fue adoptada por una autoridad del orden nacional en ejercicio de función administrativa y con el fin de satisfacer las necesidades públicas e individuales. Además, la medida adoptada tiene carácter general y fue expedida en desarrollo de decretos legislativos dictados durante el estado de emergencia económica, ecológica y social, con el fin de atender las necesidades del Fondo Adaptación y guardando armonía tanto con la Constitución como con el ordenamiento jurídico.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Mediante los Conceptos No. 034, 073, 087 y 240 de 2020, el Ministerio Público consideró que, en términos generales, los actos sometidos a control judicial están ajustados al marco jurídico vigente. Sin embargo, consideró necesario precisar que lo dicho en la Resolución 126 de 2020 frente a la suscripción de las actas de inicio de los contratos de prestación de servicios, debe entenderse en consonancia con lo establecido el Decreto 491 de 2020 y que, para el caso de las Resoluciones 126, 130 y 170 de 2020, lo previsto frente a las actas de liquidación debe atender a la voluntariedad de las partes.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 tiene competencia para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 111.8 de la Ley 1437 de 2011, los cuales establecen que el conocimiento de estos procesos corresponde en única instancia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien, en sesión virtual del 1 de abril de 2020, definió que los controles inmediatos de legalidad serían decididos por las Salas Especiales de Decisión.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes anteriormente reseñados, corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, guardan conformidad -en sus aspectos formales y materiales- con las normas superiores que les sirvieron de fundamento y con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción bajo el cual se produjeron.
Para resolver este asunto, la Sala se referirá, en primer lugar, al objeto y alcance del medio de control inmediato de legalidad, así como a las declaratorias del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica efectuadas mediante los Decretos 417 y 637 de 2020 y a las medidas adoptadas mediante los Decretos Legislativos 440, 491 y 537 de 2020, para luego, a partir de esos presupuestos generales, entrar a efectuar el análisis específico de legalidad de los actos administrativos objeto de control, bajo la perspectiva del cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su expedición.
3. Del medio de control inmediato de legalidad
3.1. El artículo 20 de la Ley 137 de 1994 establece que “[l]as medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales”
En el mismo sentido, el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que:
“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código”.
Como se observa, se trata de un medio de control específico a través del cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo efectúa el análisis automático de la legalidad de las medidas generales adoptadas por las autoridades del orden nacional al amparo de un estado de excepción, medio a través del cual se busca evitar que durante las condiciones de excepcionalidad se presente una extralimitación en el ejercicio de las competencias asignadas a las autoridades públicas, así como evitar la puesta en vigencia de normas que amenacen o vulneren los derechos de los administrados.
3.2. De acuerdo con las disposiciones que regulan la materia, la procedencia de este medio de control está supeditada a que: (i) se trate de una medida adoptada por una autoridad del orden nacional en ejercicio de función administrativa; (ii) tenga carácter general; y (iii) haya sido expedida como desarrollo de decretos legislativos durante el estado de excepción.
Para analizar el cumplimiento de la primera exigencia, la autoridad judicial debe cerciorarse, de un lado, de la naturaleza de la autoridad que expide el acto y, del otro, de que se profiera en ejercicio de la función administrativa y no de otra para cuyo ejercicio el ordenamiento jurídico prevea otros medios de control, como sería el caso, por ejemplo, de la función legislativa.
Respecto al segundo de los requisitos, esto es, que la medida tenga carácter general, resulta necesario verificar que se trate de un acto administrativo que contenga decisiones que generen efectos jurídicos de carácter general, lo cual se contrapone tanto a aquellas manifestaciones a través de las cuales la administración se limita a plasmar recomendaciones, instrucciones o sugerencias, como a aquellas que solo están llamadas a afectar situaciones particulares y concretas.
Finalmente, y frente al tercero de los presupuestos necesarios para proceder con el control inmediato de legalidad, se trata de establecer que la medida haya sido adoptada al amparo del Estado de Excepción, guardando relación con los hechos de excepcionalidad y constituyendo un verdadero desarrollo de sus preceptos.
Debido a la excepcionalidad de este mecanismo, todas las circunstancias antes anotadas deben concurrir en cada caso para que el Consejo de Estado pueda aprehender el conocimiento de determinado acto.
3.3. A partir de las disposiciones legislativas que regulan la materia, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido entonces una serie de características propias que definen este medio de control, así:
Es realmente un proceso judicial, cuya competencia se encuentra definida por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, proceso en el que se prevé la participación de la comunidad en el estudio de legalidad de la medida dictada, bien sea para defender el acto general o para cuestionarlo.
Se trata de un control automático o inmediato, de manera que una vez se expida el acto, éste debe ser remitido dentro de las 48 horas siguientes a esta jurisdicción para adelantar el estudio de su legalidad, a riesgo de que la autoridad jurisdiccional a quien corresponde revisar el apego de la normatividad al ordenamiento jurídico asuma de manera oficiosa su estudio; esto, con independencia de que se hubiere hecho o no la publicación del mismo, puesto que se entiende que la medida o el acto existen aunque no se haya procedido con el trámite de su publicidad.
Es autónomo, lo que implica que sea posible adelantar el control de los actos administrativos aún antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el Estado de Excepción o respecto de los decretos legislativos que lo desarrollan.
Es integral, ya que comprende tanto la revisión del cumplimiento de los requisitos formales para la expedición del acto como los materiales.
Los primeros, hacen relación a la competencia para la expedición del acto, así como al cumplimiento de las formas propias previstas para el efecto. Los segundos, como lo ha establecido la Sala Plena del Consejo de Estado, se refieren a la “existencia de una relación de conexidad entre la regulación contenida en el acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica. Así mismo, se impone determinar su conformidad con las normas superiores que le sirven de fundamento, que son entre otras los mandatos constitucionales que regulan los estados de excepción (arts. 212 a 215), la Ley estatutaria de Estados de Excepción, el decreto de declaratoria del estado de excepción y -claro está- los decretos con carácter legislativo expedidos por el gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía excepcional”.
Además de la conformidad con las normas señaladas y la conexidad que debe guardarse con los motivos del estado de excepción, la jurisprudencia también ha entendido que el juez debe efectuar el análisis de proporcionalidad de las medidas adoptadas como mecanismo para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Esa integralidad, como lo ha precisado esta Corporación, no implica que la confrontación normativa comprenda todo el ordenamiento jurídico, cuya evidente extensión y complejidad dificultaría de manera muy importante la labor que está llamado a cumplir el juez de lo contencioso administrativo y constituiría un escollo en la garantía de celeridad que debe caracterizar el trámite de este mecanismo. En ese sentido, los parámetros de confrontación conforme a los cuales se adelanta el juicio de legalidad deben ser expresamente señalados por el juez de conocimiento, de manera que sea posible establecer con claridad el alcance de su pronunciamiento.
En concordancia con lo señalado, la sentencia que decide este proceso hace tránsito a cosa juzgada relativa, en tanto solo opera frente a los supuestos de ilegalidad analizados y decididos por el juez de conocimiento. Así, ha dicho el Consejo de Estado que “los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan solo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga omnes, esto es oponible a todos y contra todos, por otro lado, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, solo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia”.
El hecho de que se trate de decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada relativa, implica entonces que cualquier ciudadano pueda acudir a las acciones de simple nulidad o de nulidad por inconstitucionalidad para cuestionar estos mismos actos administrativos por la violación de normas que no hayan sido invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.
Finalmente, este medio de control no impide que la medida o el acto sean ejecutados, porque mientras no sean anulados ellos conservan la presunción de validez propia de los actos administrativos.
Establecidas las características fundamentales del medio de control inmediato de legalidad, pasa la Sala a efectuar algunas consideraciones generales respecto de las declaratorias de emergencia al amparo de las cuales se expidieron las resoluciones sub examine, y de los decretos legislativos que ellas adujeron desarrollar, lo que constituye un parámetro básico para el análisis de legalidad de las mismas.
4. Los decretos legislativos que sirvieron de fundamento y desarrollo para la expedición de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020
4.1. La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica efectuada mediante los Decretos 417 y 637 de 2020
4.1.1. La primera declaratoria del estado de excepción ocurrió el día 17 de marzo de 2020, mediante el Decreto 417, y la segunda el día 6 de mayo del mismo año, a través del Decreto 637. En las dos oportunidades, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros e invocando el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario.
El presupuesto fáctico de estas decisiones se hizo consistir en la emergencia sanitaria y social generada por la aparición del nuevo coronavirus – COVID 19, cuya atención requirió de la adopción efectiva e inmediata de medidas tendientes a proteger a toda la población. Adicionalmente, se adujo que esta situación podía generar en el sistema económico del país situaciones de magnitudes “impredecibles e incalculables”.
Por su parte, el presupuesto valorativo se fundó en la velocidad de expansión del virus y en la tragedia humanitaria por la pérdida de vidas a nivel mundial, aspectos que ponían de presente el grave riesgo para la vida y salud de todos los habitantes del territorio nacional, así como también para las condiciones de empleabilidad, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar general de la población.
Frente a la justificación de las declaratorias del estado de excepción, el Gobierno expuso que resultaban insuficientes las atribuciones legales ordinarias para hacer frente a las circunstancias imprevistas generadas por el COVID-19, por lo cual era necesario adoptar medidas extraordinarias para fortalecer las acciones dirigidas a conjurar sus efectos derivados de la pandemia.
4.1.2. Estos decretos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencias C-145 del 20 de mayo de 2020 y C-307 de 12 de agosto de la misma anualidad. De manera general, en estas decisiones la Corte consideró que las dimensiones de la calamidad pública sanitaria generada por la expansión del virus Covid-19 y los efectos en el orden económico y social, que amenazaban gravemente los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, justificaban las declaratorias del estado de excepción y el ejercicio de este mecanismo excepcional por parte del Gobierno Nacional.
En este sentido, consideró que estos decretos cumplieron con los requisitos formales, se expidieron tras una situación que configuró una auténtica emergencia y resultaban necesarios a efectos de adoptar medidas extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la crisis.
4.1.3. Ahora bien, en la parte considerativa de las Resoluciones que aquí se analizan la entidad adujo distintas disposiciones normativas como fundamento de su expedición; en particular, y para lo que interesa a la presente causa, el Fondo aludió a los Decretos Legislativos 440, 491, 537 y 539 de 2020, de manera que la Sala pasa a efectuar algunas breves consideraciones en relación con estas disposiciones.
4.2. Los Decretos 440 y 537 de 2020: medidas de urgencia en materia de contratación estatal
El 20 de marzo de 2020, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y alegando el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante la expedición del Decreto 440.
Según se indicó, lo anterior resultaba indispensable frente a la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos por el ordenamiento para conjurar la crisis y ante la necesidad de adoptar medidas para que las autoridades administrativas pudieran adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos con el fin de adquirir bienes, obras o servicios destinados a contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia. Así, dentro de esas medidas se previó la posibilidad de declarar la urgencia manifiesta para atender necesidades relacionadas con la pandemia, la facultad de suspender procedimientos referentes a asuntos contractuales y el uso de herramientas tecnológicas para adelantar los procesos sancionatorios y de selección de contratistas, los pagos y la realización de audiencias públicas.
La vigencia de este Decreto se ató a la declaratoria del estado de excepción, de manera que esa normatividad solo produjo efectos hasta el 16 de abril de 2020. Sin embargo, el 12 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 537 que mantuvo, en lo fundamental, las medidas adoptadas mediante el Decreto 440 y cuya vigencia se ató a la duración de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Mediante Sentencia C-162 de 4 de junio de 2020, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 440, al encontrarlo compatible con los límites aplicables a las normas legislativas adoptadas por el Gobierno Nacional durante los estados de excepción, pues contiene disposiciones que están dirigidas a conjurar las causas que dieron origen a su declaratoria y a impedir la extensión de sus efectos. De igual forma, el Decreto 537 de 2020 fue declarado exequible, mediante la Sentencia C-181 de 17 de junio de 2020.
4.3. El Decreto 491 de 2020: medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas
El 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491, mediante el cual se adoptaron “medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, norma cuya constitucionalidad fue analizada en sentencia C-242 de 2020.
Para el caso que atañe a la Sala, resulta relevante resaltar que en ese Decreto se previó la posibilidad de prestar la función pública utilizando las tecnologías de la información mediante la modalidad de “trabajo en casa” (artículo 3), medida que se declaró ajustada a la Carta Política por la Corte Constitucional al encontrarla idónea para mitigar las consecuencias de la aparición de la nueva enfermedad respiratoria y para propiciar el normal desarrollo de las actividades a cargo de las autoridades del Estado.
Además, se estableció que las declaratorias del estado de excepción y de la emergencia sanitaria no podían ser alegadas como causales para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado (artículo 16), con lo cual se buscó, en los términos de la Corte Constitucional, “proteger las garantías superiores a la remuneración y a la estabilidad propias del derecho al trabajo en favor de los servidores y contratistas del Estado en medio de la pandemia originada por la expansión del coronavirus COVID-19, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y 53 de la Constitución”, incluso si esa protección pasaba por la flexibilización de las obligaciones relacionadas con el desempeño de los compromisos pactados.
Y, adicionalmente, se autorizó a las entidades para proceder con la suspensión de términos dentro de las actuaciones administrativas, incluyendo los de prescripción, caducidad y firmeza de los actos, así como la suspensión del trámite de pago de sentencias judiciales (artículo 6). Sobre la constitucionalidad de esta medida, la Corte encontró que aquella se ajustaba a la Carta Política, salvo por lo relacionado con la suspensión de pagos de sentencias judiciales que fue declarado inexequible.
4.4. El Decreto 539 de 2020: los protocolos de bioseguridad
El 13 de abril de 2020 -estando vigente el Estado de Excepción declarado mediante Decreto 417 de 17 de marzo del mismo año-, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020, con el propósito, según allí mismo se indicó, de agrupar las competencias de las autoridades en materia de salud, evitar la duplicidad de funciones de las entidades encargadas de la adopción de protocolos de bioseguridad y salubridad, actuar de manera coordinada y unificada para mitigar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Para tales efectos, se facultó al Ministerio de Salud y Protección Social, durante el término de la emergencia sanitaria y con ocasión de la pandemia generada por la citada enfermedad respiratoria, para expedir “los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.”
Mediante sentencia C-205 de 2020, la Corte Constitucional encontró ajustada a la Carta Política esa norma, al constatar que la competencia otorgada al Ministerio de Salud “está encaminada a conjurar la grave situación generada por la pandemia, ya que la creación de estos instructivos es un presupuesto dirigido a controlar el contagio y minimizar los riesgos a los cuales se ve expuesta la población ante la reactivación de los sectores de la economía, la sociedad y la administración pública, con posterioridad al aislamiento preventivo obligatorio. De tal forma, esta medida persigue materializar la obligación del Estado de preservar el derecho a la salud, al trabajo en condiciones dignas y a la vida de los residentes en el territorio nacional frente al COVID-19”.
Establecido así el marco normativo de excepción en el que se dictaron las resoluciones sub examine, pasa la Sala a efectuar el análisis concreto de legalidad de estas disposiciones.
5. Caso concreto
5.1. De la procedencia del medio de control
Como atrás se indicó, para establecer si determinado acto administrativo es susceptible del medio de control inmediato de legalidad resulta necesario: (i) que se trate de una medida adoptada por una autoridad del orden nacional en ejercicio de función administrativa; (ii) que esa medida tenga carácter general; y (iii) que haya sido expedida en desarrollo de decretos legislativos durante el estado de excepción.
Sobre lo primero, la Sala advierte que el Fondo Adaptación es una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo establece el artículo 1 del Decreto-Ley 4819 de 2010, de manera que, en efecto, se trata de una autoridad del orden nacional. Además, al revisar el texto de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020, se encuentra que aquellas fueron expedidas en ejercicio de funciones administrativas en tanto se relacionan con la organización de la entidad, ordenación del gasto, gestión contractual y la prestación del servicio, razón por la cual el primer requisito se encuentra satisfecho.
Ahora bien, frente al segundo de los requisitos, la Sala observa que esta declaración unilateral de la voluntad de la administración produce innegables efectos jurídicos de carácter general, toda vez que son medidas abstractas y genéricas dirigidas en general a todos los empleados y contratistas de la entidad, y a todas las personas -naturales o jurídicas- que participan en los procesos disciplinarios o contractuales del Fondo o deban presentar comunicaciones o peticiones, o, en general, solicitar servicios de los que allí se prestan.
Sobre el punto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que los actos generales son aquellos que crean una situación jurídica abstracta e impersonal, sin que tenga incidencia el número de personas a los que esté dirigida o si se trata de un conjunto determinado o determinable de ellas.
Así, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 11 de marzo de 1994 precisó que “el carácter individual de un acto no está dado por la posibilidad de que los sujetos a los cuales él está dirigido sean fácil o difícilmente individualizables o identificables, sino que ellos estén efectivamente individualizados e identificados, de tal manera que el contenido del acto sea aplicable exclusivamente a esas personas y no a otras que puedan encontrarse en la misma situación. De no entenderse así, todos los actos podrían ser calificados de individuales o subjetivos en la medida en que, por principio, los actos de las autoridades públicas tienen vocación de aplicación individual a quienes se encuentren en la situación prevista por el acto”.
Por tanto, como las Resoluciones que aquí se analizan están creando situaciones abstractas e impersonales dirigidas a todos quienes participen en las actuaciones administrativas y contractuales del Fondo, es claro para la Sala que se cumple cabalmente el segundo requisito exigido en los artículos 111.8 y 136 del CPACA y 20 de la Ley 137 de 1994.
También se encuentra satisfecho el tercero de los presupuestos para aprehender el control de legalidad de las Resoluciones objeto de estudio, pues se expidieron con fundamento y en desarrollo, según allí mismo se adujo, de los Decretos Legislativos 417, 637, 440, 537, 491 y 539, todos expedidos en el año 2020.
En consecuencia, teniendo en cuenta que se cumplen todos los requisitos previstos tanto en la Ley 137 de 1994 como en la Ley 1437 de 2011, debe concluirse que los aludidos actos sí están sujetos a control inmediato de legalidad.
Finalmente, debe precisarse que pese a que, para este momento, las Resoluciones 126, 130 y 170 se encuentran derogadas, es posible adelantar respecto de ellas este medio de control, ya que mientras estuvieron vigentes produjeron innegables efectos jurídicos, circunstancia que, conforme a la posición mayoritaria de esta Corporación, faculta a la Sala a conocer de la legalidad del contenido normativo de los aludidos actos.
Establecida la procedencia del medio de control, pasa la Sala a efectuar entonces el análisis de cumplimiento de los requisitos formales y materiales.
5.2. Cumplimiento de los requisitos formales
Como se advirtió en el acápite de consideraciones generales de esta providencia, la revisión de los aspectos formales del acto analizado implica la verificación, de un lado, de la competencia del funcionario que lo suscribe y, del otro, del cumplimiento de las exigencias de existencia y validez formales previstas en la ley.
5.2.1. Sobre lo primero, encuentra la Sala que la “competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función”, de manera que la falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía el poder para expedirlo.
En el presente caso, se advierte que el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto Legislativo 4819 de 29 de diciembre de 2010, como una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En los términos de la sentencia C-252 de 2011, mediante la cual se avaló el contenido del decreto en cuestión, con esta disposición el legislador extraordinario crea “un establecimiento público, señala sus objetivos y estructura (…) salvo el objeto particular y específico de la Corporación que se establece, su organización y funcionamiento, corresponde al esquema genérico de las entidades públicas de su clase”.
El objeto inicial del Fondo fue brindar una respuesta institucional a la problemática generada por el fenómeno de “La Niña”, mediante la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas; posteriormente, la Ley 1753 de 2015 dispuso que éste entraría a hacer parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y se lo facultó para estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.
Para el cumplimiento de sus funciones, en el acto de creación se habilitó a la entidad para adoptar los planes y proyectos que resultaren del caso, efectuar la contratación con personas públicas o privadas para el desarrollo de tales proyectos y darse una estructura interna, entre otros.
Por su parte, desde la norma en la que se estableció la estructura inicial del Fondo Adaptación -Decreto 2918 de 2011-, se previó que la dirección y administración del mismo estarían a cargo de un Consejo Directivo y de un Gerente, quien, además de ejercer la representación legal de la entidad, tiene como atribuciones:
“1. Ejecutar los planes y proyectos aprobados por el Consejo Directivo que deban celebrarse con cargo a los recursos del Fondo.
2. Celebrar como representante legal del Fondo los contratos previa autorización del Consejo Directivo, cuando ello sea necesario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2o del presente decreto.
3. Realizar los negocios fiduciarios que se requieran para el manejo y disposición de los recursos del Fondo y que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo.
4. Solicitar y revisar los informes de auditoría que le sean presentados al Fondo sobre los actos y contratos que realice el mismo.
5. Expedir los certificados correspondientes a las donaciones recibidas.
6. Celebrar los contratos o convenios para la participación del Fondo en aquellos Esquemas de participación público-privada aprobadas por el Consejo Directivo.
7. Celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los esquemas de financiación estructurados por el Consejo Directivo.
8. Hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento del Plan de Acción para la fase de recuperación, construcción y reconstrucción que sea aprobado por el Consejo Directivo.
9. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o por el Gobierno Nacional.”
Al ser un establecimiento público del orden nacional, el Gerente tiene, además, las funciones que se establecen en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, en particular, aquellas relacionadas con la organización y funcionamiento de la entidad, tales como las de dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal.
Así las cosas, es claro que el Gerente del Fondo está facultado para adoptar, mediante acto administrativo, medidas de ordenación, organización y garantía de funcionamiento de la entidad, lo cual incluye la posibilidad de impartir directrices en materia de suspensión de términos, actuaciones contractuales sancionatorias, trámites asociados a la gestión predial, contratación, pagos, prestación del servicio y organización interna del personal a su cargo. En consecuencia, dicho funcionario, como primera autoridad ejecutiva de la entidad y en cumplimiento de sus funciones de dirección, sí tenía competencia para adoptar medidas como aquellas que se encuentran previstas en las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 que aquí se analizan.
De manera adicional a estas prerrogativas, y como más adelante se analizará en detalle, los Decretos Legislativos 417, 440, 491 y 537 de 2020 consagraron también distintas autorizaciones para que las autoridades pudieran adoptar medidas tendientes a afrontar las consecuencias de la pandemia, en especial respecto al impacto que esta tuvo en la prestación de la función pública y en la actividad contractual de las entidades.
5.2.2. Establecido lo anterior, corresponde ahora determinar si se cumplieron los elementos formales de existencia y validez del acto administrativo.
Lo primero que debe indicarse es que este asunto, que ha sido analizado en distintas oportunidades por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se relaciona con una de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, esta es, la relativa a la expedición de “forma irregular” del acto administrativo.
En efecto, se trata de que para proferir el acto no se hayan desconocido los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para su formación y expedición, ya que si bien las autoridades administrativas han sido dotadas de determinadas competencias para adoptar decisiones de carácter obligatorio, dichas decisiones deben producirse mediante el agotamiento de la vía predeterminada por la ley y con la plena observancia de los requisitos formales previstos en ella, de manera que “el camino que conduce a un acto estatal no se halla a la libre elección del órgano competente para el acto, sino que está previsto jurídicamente, cuando, por tanto, el camino que se recorre para llegar al acto constituye aplicación de una norma jurídica que determina, en mayor o menor grado, no solamente la meta, sino también el camino mismo y que por el objeto de su normación se nos ofrece como norma procesal”.
La exigencia de formalidades en la toma de decisiones por parte de la administración pública obedece a la necesidad de rodear de seguridad jurídica tanto al administrado como a la propia administración, en la medida en que, de un lado, se garantiza que la autoridad seguirá un trámite objetivamente dispuesto que impedirá arbitrariedades y, de otro, se le brinda a la administración un sendero claro y concreto a seguir, que le permitirá actuar de manera eficaz y eficiente.
En el ámbito de la producción de medidas de carácter general, salvo casos muy específicos, el ordenamiento jurídico no hace exigencias procedimentales especiales, más allá de establecer la necesidad de que el acto sea proferido en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la respectiva autoridad. Así, el Título III de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece las reglas generales que rigen la actuación administrativa, es decir el procedimiento que, por defecto, deben seguir las autoridades estatales y los particulares que ejerzan funciones administrativas para la adopción de sus decisiones, en ausencia de uno especial establecido por el legislador.
En este caso se encuentra que para la expedición de estas resoluciones por parte del Fondo Adaptación no se cuenta con un procedimiento especial, de manera que a este trámite le resultan aplicables las normas generales previstas en el CPACA, en particular, las reglas para la expedición de decisiones discrecionales por parte de la administración (art. 44), sin evidenciar que estas hubieran sido desconocidas.
Por lo demás, se advierte que en este caso se cumplieron los elementos formales del acto, ya que las resoluciones cuentan con encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias objeto de regulación, referencia expresa a las normas en las que se funda, contenido de las materias reguladas, disposiciones de la parte resolutiva y la firma de quien puede comprometer a la entidad.
Establecido lo anterior, la Sala procederá a efectuar el estudio de cumplimiento de los aspectos materiales del acto.
5.3. Examen material de legalidad y de proporcionalidad de las Resoluciones sub examine
Como se indicó en el acápite de consideraciones generales de esta providencia, el examen de legalidad de los aspectos materiales del acto impone determinar su conformidad con las normas superiores, en particular con aquellas que le sirven de fundamento.
Se trata, específicamente, de analizar si este es respetuoso de las normas de la Carta Política, de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, del decreto de declaratoria del estado de excepción y de los decretos con carácter legislativo expedidos por el Gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía excepcional, así como de aquellas normas del ordenamiento jurídico que regulan los temas a que él se refiere. Además, resulta necesario establecer si la disposición de que se trata guarda conexidad con los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y si ella resulta proporcional como mecanismo para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en cada una de las Resoluciones se adoptaron disposiciones sobre, fundamentalmente, los mismos asuntos, la Sala procederá a efectuar el análisis conjunto de conformidad con las normas superiores y de proporcionalidad por temas (indicando para cada caso los artículos específicos que son objeto de pronunciamiento), y a continuación se abordará el aspecto de la conexidad.
Bajo ese esquema, el acápite siguiente se referirá a los siguientes asuntos: a) la suspensión de términos; b) las actuaciones contractuales sancionatorias; c) los procesos de contratación pública; d) la gestión contractual; e) los trámites de pagos y las reglas de atención al público; f) el trabajo en casa; g) las restantes disposiciones de la Resolución 252 de 2020 relativas a las comunicaciones de la entidad y el retorno seguro a actividades presenciales; y h) la vigencia de los actos.
Conformidad con las normas superiores en las que debían fundarse y proporcionalidad de las medidas
La suspensión de términos de actuaciones administrativas y su posterior levantamiento (artículo 1 de la Resolución 126 -excluyendo el parágrafo tercero-, artículo 1 de la Resolución 130 y artículos 1 y 3 de la Resolución 170)
De acuerdo con los textos de las normas analizadas, mediante el artículo primero de la Resolución 126 de 2020 se dispuso la suspensión de las actuaciones de los procesos disciplinarios, de las liquidaciones de los contratos, de la suscripción de actas de inicio de contratos misionales y de los trámites asociados a la gestión predial. Con la Resolución 130 de 2020, la entidad mantuvo esa suspensión solamente para los procesos disciplinarios y los trámites de gestión predial, medida que fue finalmente levantada mediante los artículos primero y tercero de la Resolución 170 de 2020.
Como en distintas oportunidades ha tenido la oportunidad de indicarlo esta Sala, la medida de suspensión se relaciona directamente con el derecho al debido proceso administrativo.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta prerrogativa es un derecho de estructura compleja que se compone de un plexo de garantías que tienen como propósito, de un lado, garantizar libertad y autonomía al ciudadano y, del otro, limitar el ejercicio del poder público, cuyas características esenciales incluyen “el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad”. Esos parámetros aluden principalmente al principio de legalidad, a la garantía de los derechos de defensa y contradicción, al derecho de la persona a ser escuchada y a la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos.
En este contexto, resulta claro que la medida de suspensión de términos en los procesos disciplinarios y en los trámites asociados a la gestión predial permitía garantizar ese derecho ante las condiciones generadas por la pandemia y frente a la necesidad de garantizar el aislamiento y el distanciamiento social. Así, lejos de vulnerar el debido proceso de los interesados, lo protegió, pues se garantizó que esas actuaciones administrativas solo proseguirían cuando se dieran las condiciones que permitieran retomarlas con total seguridad para la salud tanto de los administrados como de los servidores públicos, y, por ende, cuando pudieran ejercerse con plenitud los derechos de defensa, audiencia, contradicción y demás, propios de los procedimientos administrativos.
Además, ella constituyó un verdadero desarrollo de las disposiciones generales contenidas en el Decreto 417 de 2020, en tanto en él se anticipó, como medida a adoptar por parte de las entidades públicas, la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, lo cual generó unos innegables efectos en el desarrollo de los trámites internos y el funcionamiento de las entidades, que exigían la adopción, a la mayor brevedad, de los ajustes necesarios para afrontar esta contingencia.
Esta misma conclusión cabe frente a la suspensión prevista en la Resolución 126 de 25 de marzo de 2020 para los términos en las liquidaciones de contratos y la suscripción de actas de inicio de contratos misionales.
En primer lugar, porque, para el caso concreto, la posibilidad excepcional de adoptar una decisión de suspensión para estos dos eventos devenía también de la habilitación general del Decreto 417 de 2020, con la motivación de proteger la salud de funcionarios y contratistas, garantizando -al mismo tiempo- el distanciamiento social como mecanismo efectivo para reducir las posibilidades de propagación del coronavirus y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Evidentemente, en el contexto de expedición de esta disposición resultaba inadmisible exigir a los contratistas el agotamiento de trámites de liquidación o la presentación para la suscripción de actas de inicio de manera personal, así como requerir a los funcionarios encargados para que atendieran estos asuntos en las oficinas, sin haber dispuesto previamente condiciones que les permitieran hacerlo de manera segura y garantizando la preservación de su salud.
En segundo término -y sin desconocer que la naturaleza bilateral de estos actos indicaba como deseable que el primer recurso fuera el lograr el mutuo acuerdo de las partes respecto de estos asuntos-, porque la situación de anormalidad generada por la pandemia exigió de las entidades la adopción de decisiones inmediatas y eficaces a fin de conjurar y mitigar sus efectos. En ese sentido, la protección de los derechos de las personas involucradas en estos trámites -quienes, se repite, para la fecha de expedición de la Resolución 126 se encontraban cumpliendo una orden de aislamiento obligatorio-, hacía necesario que el Fondo, en aplicación de la autorización general que el legislador extraordinario había previsto para la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, adoptara una medida como la indicada.
Además, con esta decisión no solamente se evitó que pudieran generarse situaciones lesivas para los derechos de los implicados, como, por ejemplo, el vencimiento de términos contractuales o el incumplimiento de obligaciones previamente adquiridas, por cuenta de las circunstancias extraordinarias, sino también la puesta en riesgo de la vida, salud e integridad de todos los llamados a participar de estos trámites.
Y, finalmente, porque la suspensión en estas dos materias tuvo una vigencia muy breve -de apenas 20 días- que impidió la paralización de la actividad contractual o la afectación de los derechos de los contratistas involucrados, pero que sí le permitió a la entidad preparar las condiciones necesarias para retomar estas actuaciones una vez contó con las condiciones de bioseguridad y tecnológicas necesarias para el efecto.
Por lo anterior, la Sala encuentra que la medida de suspensión de los trámites administrativos y contractuales señalados no afectó ninguna de las garantías que hacen parte del núcleo fundamental del derecho al debido proceso administrativo, sino que, por el contrario, lo protegió, garantizando que los administrados pudieran ejercer con plenitud las prerrogativas fundamentales.
Ahora bien, como atrás se indicó, mediante la Resolución 130 de 13 de abril de 2020 la suspensión de términos se mantuvo únicamente para los procedimientos de carácter disciplinario y los trámites de gestión predial, medida que fue finalmente levantada mediante los artículos 1° y 3° de la Resolución 170 de 12 de junio de 2020. No obstante, en el parágrafo primero del artículo 1 de este último acto, se indicó que “el operador disciplinario podrá decretar de manera excepcional la suspensión de términos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, siempre que de manera justificada y soportada se logre establecer que no existen mecanismos que permitan la correcta realización del proceso disciplinario en forma normal a través de medios electrónicos o no sea posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa”, mientras que en parágrafo 2 se dispuso la obligación de emplear las herramientas tecnológicas para la gestión de estos procesos.
La Sala advierte que estas disposiciones tampoco comportan una vulneración del derecho al debido proceso y se avienen al contenido normativo del Decreto Legislativo 491 de 2020, ya vigente para el momento de su expedición, en cuyo artículo 3 se estableció la posibilidad de prestar los servicios mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mientras que en su artículo 6 se habilitó a las autoridades para que, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, procedan a “suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”, suspensión que podrá hacerse de manera parcial o total -esto es, en todas las actuaciones o solo en algunas de ellas- conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.
De acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, esta medida podrá adoptarse “cuando se advierta que la continuación de una actuación en medio de la pandemia puede derivar en escenarios de arbitrariedad por desconocimiento de las garantías que conforman dicha prerrogativa [se refiere al debido proceso], como ocurriría si una persona manifiesta que no puede hacer uso de su derecho a agotar los recursos debido a que no cuenta con el acceso a la documentación necesaria ante las limitaciones sanitarias”, hipótesis que se encuentra expresamente prevista en el texto del parágrafo primero del artículo 1 de la Resolución 170 de 2020.
De otra parte, frente a lo dispuesto en los parágrafos primero y segundo de los artículos 1 de las Resoluciones 126 y 130, en relación con la atención de peticiones o consultas, la continuidad en el desempeño de las funciones asignadas a funcionarios y contratistas y la atención de requerimientos de autoridades, derechos de petición y trámites que involucren derechos fundamentales, debe indicarse que se trata de lineamientos respetuosos de las garantías fundamentales de que gozan todos los ciudadanos y usuarios del servicio, así como también permiten mantener la prestación del servicio y facilitar el ejercicio de competencias por parte de otras autoridades.
Finalmente, el contenido de los artículos 1 de la Resolución 126 -excluyendo el parágrafo tercero que será analizado en acápite posterior-, 1 de la Resolución 130 y 1 y 3 de la Resolución 170, tampoco comporta una vulneración de las normas previstas en la Ley 137 de 1994, en particular de aquellas que resultan compatibles con la actuación de las autoridades administrativas distintas al Gobierno Nacional y que se relacionan con la prevalencia de los tratados internacionales (artículo 3), la intangibilidad de garantías fundamentales como la vida y la integridad personal (artículo 4), la prohibición de suspender derechos o de afectar su núcleo esencial (artículos 5, 6 y 7), la necesidad de justificar las limitaciones que se establezcan para los derechos fundamentales (artículo 8), la no discriminación (artículo 14), la proscripción de suspender los derechos humanos y la imposibilidad de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores (artículo 50). Además, los actos analizados fueron respetuosos del artículo 15 de esa misma Ley, el cual establece que “en los Estados de Excepción de acuerdo con la Constitución, no se podrá (…) b) Interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.”, pues las medidas adoptadas no implicaron la interrupción del servicio que presta el Fondo.
Ahora bien, en cuanto al juicio de proporcionalidad, la Sala encuentra que las medidas adoptadas en los artículos que aquí se analizan se muestran razonables en el contexto en el que se expidieron, atendiendo directamente a los hechos y circunstancias que pretendían conjurar. Con ellas, no se afectaron sustancialmente los tiempos en los que debían resolverse los procedimientos administrativos a cargo del Fondo pero sí se mitigaron las causas que dieron origen al estado de excepción y se evitó la extensión de sus efectos.
Además, las normas analizadas muestran que la entidad buscó retornar a la normalidad en la prestación de la función pública de manera gradual y progresiva, atendiendo al avance de la situación de emergencia, al fortalecimiento de los procedimientos tecnológicos propios y a la variación de las medidas administrativas adoptadas por el Gobierno Nacional, en particular, en cuanto a la restricción en la movilidad, lo que indica también que las medidas adoptadas por el Fondo resultaron proporcionales a la realidad cambiante generada por la pandemia.
Por todo lo anterior, se concluye que las medidas analizadas en este acápite satisfacen el juicio de legalidad y de proporcionalidad que corresponde a este medio de control.
Actuaciones contractuales sancionatorias (parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 126, artículo 2 de la Resolución 130, artículo 2 de la Resolución 170 y artículo 1 de la Resolución 252)
El procedimiento sancionatorio contractual se encuentra previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y constituye una manifestación del ius puniendi del Estado, que se ejerce con la finalidad de conjurar incumplimientos del contratista y satisfacer los fines de la contratación pública.
Se trata de un procedimiento sumario que, de manera general, comienza con una citación en la que se le ponen de presente al contratista todos los hechos que dan lugar a la actuación, luego de lo cual se realiza una audiencia en la que éste tiene la oportunidad de presentar descargos, solicitar pruebas y proponer fórmulas para el cumplimiento del objeto contractual. Agotado lo anterior, la entidad adopta la decisión que corresponda.
Pues bien, tanto en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 126, como en los artículos 2 de las Resoluciones 130 y 170 y en el artículo 1 de la Resolución 252, el Fondo dispuso que las actuaciones administrativas contractuales de carácter sancionatorio a su cargo podrían iniciarse o continuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el uso de medios electrónicos, garantizando el acceso a contratistas y garantes así como las demás prerrogativas inherentes al debido proceso de esta clase de procedimientos.
En todas estas disposiciones se previó también la posibilidad de que el funcionario delegado declarara la suspensión de términos para los procedimientos iniciados antes de la vigencia del Decreto 440 o 537 de 2020, según el caso, bajo las siguientes reglas:
En la Resolución 126 de 2020: por el tiempo que dure el estado de emergencia económica, social y ecológica;
En la Resolución 130 de 2020: mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Protección Social; y
En las Resoluciones 170 y 252: de manera excepcional y mientras se mantenga la emergencia sanitaria, siempre que se justifique que no existen mecanismos que permitan la realización de la audiencia en forma normal a través de medios electrónicos o que no es posible garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
Lo dicho en la Resolución 126 de 2020 tuvo como fundamento el artículo 2° del Decreto 440 de ese mismo año, conforme al cual “[d]urante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y quienes hayan expedido la garantía. La Entidad Estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para registro de información generada. Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.”
Por su parte, el contenido de las Resoluciones 130, 170 y 252 de 2020 en este punto se soportó en lo previsto en el artículo 2° del Decreto 537 de 2020 el cual, en lo fundamental, mantuvo lo indicado en el Decreto 440 salvo porque en él se estableció que dicha medida podía adoptarse “[d]urante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”.
Como se observa, los actos controlados están conformes con lo establecido por el legislador excepcional para el trámite de los procedimientos sancionatorios contractuales, normas que la Corte Constitucional encontró exequibles en tanto responden a la necesidad de prevenir la expansión de la pandemia acudiendo al uso de herramientas electrónicas, facilitar que la administración dirija y gestione la contratación pública de una manera ágil y expedita y garantizar el derecho a la vida, a la salud y al debido proceso de los involucrados.
En el mismo sentido, la Sala advierte que estas disposiciones son respetuosas del ordenamiento superior, pues se trata, en suma, de garantizar la continuidad de los procesos mediante el uso las tecnologías de la información y de las comunicaciones, al tiempo que se exige la verificación de que los afectados puedan ejercer a plenitud sus derechos. Además, la posibilidad de disponer la suspensión de términos en materia contractual sancionatoria respondió a los límites y motivaciones definidos en los decretos legislativos desarrollados, sin que se advierta que la entidad desconoció o desatendió las disposiciones superiores aplicables al asunto.
Tampoco se encuentra que dichas normas comporten transgresión alguna a las disposiciones de la Ley Estatutaria que rigen los estados de excepción, en particular, frente a los derechos fundamentales intangibles (artículos 4 y 5), el mantenimiento de las funciones básicas del Estado y los derechos sociales de los trabajadores (artículo 50).
Por lo demás, para esta Sala de Decisión los artículos bajo examen resultan proporcionales a la gravedad de los hechos que buscan conjurar, pues con la implementación de plataformas tecnológicas para la tramitación del procedimiento sancionatorio de naturaleza contractual se pretende precisamente garantizar los principios inherentes a una actuación de ese tipo, pero protegiendo también los derechos a la salud y la vida de quienes intervienen en dicho trámite.
Adicionalmente, resulta evidente que dichas herramientas tecnológicas, en el marco de la adopción de medidas como el aislamiento y el distanciamiento social como medidas efectivas para evitar la rápida propagación del virus, resultan idóneas y adecuadas, toda vez que permiten seguir adelantando la función pública y evitan la paralización de los servicios esenciales del Estado, en este caso en materia contractual, pero en armonía con el derecho a la salud de colaboradores y ciudadanos.
En consecuencia, se concluye que estas normas son respetuosas de las normas superiores en las que debían fundarse y resultan proporcionales respecto de la gravedad de los hechos que buscaban superar.
Contratación pública (artículo 2 de la Resolución 126, artículo 3 de la Resolución 130, artículo 4 de la Resolución 170 y artículo 2 de la Resolución 252)
Bajo el título de contratación pública, en las resoluciones analizadas se incluyeron disposiciones tendientes a establecer reglas particulares para los procesos que, en esa materia, adelantara la entidad. De manera general, en dichas normas se estableció:
La posibilidad de que los ordenadores del gasto tramiten el inicio de procesos de contratación, celebración de contratos o solicitudes de modificación contractual, usando las herramientas tecnológicas;
El adelantamiento de audiencias por medios virtuales o su reprogramación, en caso de que no se pudieran adelantar por esos medios;
La recepción de ofertas por correo electrónico para los procesos de selección tramitados bajo el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019 (esto solo en las Resoluciones 126 y 130 de 2020);
La facultad de disponer la suspensión de los procesos de selección de contratistas, mediante acto administrativo; y
La verificación y evaluación de propuestas de manera digital, a través de la plataforma transaccional SECOP II. Tratándose de las Resoluciones 126, 130 y 170, esta situación se ató a que la evaluación de la propuesta se efectuara durante el periodo de aislamiento, en tanto en la Resolución 252 no se impuso condicionamiento alguno.
En cuanto a la habilitación para que los ordenadores del gasto tramiten el inicio de procesos de contratación o de modificación contractual mediante el uso de herramientas tecnológicas, a la posibilidad de adelantar audiencias por medios virtuales o proceder a su reprogramación, en caso de que no se pudieran adelantar por dichos medios y a la habilitación para recibir ofertas por correo electrónico para los contratos tramitados bajo el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019, es claro que con estas medidas se buscó proteger la salud y la vida tanto de los funcionarios y contratistas de la entidad, como de los posibles oferentes o interesados en participar de ese tipo de procesos o audiencias, así como garantizar que, pese a la crisis, se pudieran adelantar las actividades que fueran necesarias en esta materia.
Estas medidas fueron proferidas en el marco de la orden de aislamiento preventivo obligatorio, en el que el uso de las herramientas tecnológicas, como se vio, lejos de constituir una vulneración de los derechos fundamentales de los involucrados, permitió garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la efectividad de los derechos.
Con ello, la entidad pudo continuar sus actividades contractuales y seguir trabajando en el cumplimiento de sus cometidos institucionales, en concordancia con la protección de la salud y la vida de todos los interesados, al evitar el contacto físico y los desplazamientos.
Teniendo en cuenta que el servicio público no se detuvo y que a pesar de la crisis había actuaciones y procedimientos que podían continuar mediante el empleo de medios virtuales, se encuentra que estas medidas fueron respetuosas de las normas superiores, especialmente del debido proceso. Además, ellas se ajustaron al marco establecido en los Decretos 440 y 537 de 2020, los cuales propendieron por evitar el contacto físico entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, permitiendo acudir a herramientas tecnológicas y adelantar audiencias virtuales.
Lo mismo cabe decir frente a la posibilidad de suspensión de los procesos de selección, pues esta medida es un desarrollo directo de lo previsto por el legislador extraordinario en los Decretos 440 y 537 de 2020, en donde se estableció que las entidades podían suspender dichos procesos atendiendo a las razones del servicio, debiendo emitir y publicar oportunamente tal decisión. En todo caso, esta medida permitió también atender la emergencia generada por la pandemia, garantizando los derechos de los participantes e interesados en estos procesos contractuales y la seguridad de los funcionarios y contratistas involucrados.
A pesar de que esta medida -que se adoptó casi con idéntico texto en los cuatro actos administrativos que aquí se analizan-, no se sujetó a un plazo o condición específica, es claro que ella debe atenerse a lo dispuesto en el Decreto 537 de 2020, según el cual esta facultad solo puede tener lugar durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Finalmente, respecto de la posibilidad de adelantar la verificación y evaluación de propuestas de manera digital, empleando el SECOP II, se trata, de nuevo, de la utilización de medios tecnológicos, esta vez, a través de una plataforma transaccional de contratación estatal que opera en línea y que genera acciones en tiempo real, dejando la trazabilidad de todo lo que se realice en ella con el fin de dar la seguridad de que todo queda allí registrado.
Para la verificación y evaluación de las propuestas, una vez cumplida la fecha y hora establecida para el cierre del proceso la entidad tiene acceso a todas las ofertas recibidas, de manera que pueda efectuar la evaluación transversal de todas las propuestas y seleccionar la que más le convenga.
Esta medida responde al uso de medios previamente habilitados por el legislador y que, en el contexto de la pandemia, propenden por materializar el distanciamiento social, observar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, cumplir con el uso de las tecnologías de la información y garantizar que el servicio público se siga prestando apoyado en el adelantamiento de los procesos contractuales. Además, respecto a su vigencia, en las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 se estableció que sería durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, lo cual corresponde con los decretos presidenciales que establecieron dicha medida.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra que estas disposiciones normativas son respetuosas del ordenamiento superior.
En cuanto a la proporcionalidad, ellas se muestran acordes con la gravedad de los hechos que busca conjurar, ya que, como se ha explicado, acudir a herramientas tecnológicas para adelantar la función contractual resultaba adecuado, idóneo y necesario dadas las condiciones sanitarias del país. Adicionalmente, tienen una finalidad constitucionalmente válida, pues buscan garantizar la prestación del servicio sin sacrificar la salud de los servidores ni de los ciudadanos.
Gestión contractual (artículo 3 de la Resolución 126; artículo 4 de la Resolución 130; artículo 5 de la Resolución 170 y artículo 3 de la Resolución 252)
A través de los referidos artículos, el Gerente del Fondo Adaptación estableció algunas reglas generales para la gestión contractual. Dentro de tales reglas, se les otorgó a los ordenadores del gasto de la entidad la facultad de establecer cuáles contratos debían ser suspendidos y, además se regló el procedimiento que debían seguir aquellos negocios jurídicos que, por estar contemplados en las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, podían o debían seguir ejecutándose.
Así, el artículo 3 de la Resolución 126 de 2020 estableció que aquellos contratos que se encontraran en las excepciones previstas en el artículo 34 del Decreto 457 de 2020 podían seguirse ejecutando, siempre y cuando: i) existiera una solicitud de la autoridad territorial donde se desarrollaba el proyecto, en la que se explicara por qué era indispensable continuar con la obra, así como las respectivas autorizaciones de movilización; ii) los contratistas e interventores informaran el protocolo de bioseguridad que seguirían en la ejecución del mismo, y iii) se emitiera un concepto técnico en el que se estableciera que el proyecto se encuentra incluido en las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional. Además, la solicitud debía radicarse ante el Ministerio del Interior para que autorizara la culminación de la obra respectiva.
Por su parte, el artículo 4 de la Resolución 130 de 2020 condicionó la facultad de cada ordenador del gasto a un concepto previo y favorable de las interventorías y supervisiones y modificó el procedimiento que debía surtirse para aquellos contratos que, pese a las medidas de aislamiento, podían y debían seguirse ejecutando. Grosso modo, el nuevo tramite incluyó un acuerdo con el contratista, con las interventorías y las autoridades territoriales para la ejecución del contrato durante el aislamiento, un refuerzo de los protocolos de bioseguridad con la inclusión de normas de Salud y Seguridad en el Trabajo -SST- y el uso de herramientas tecnológicas para la suscripción de actas de inicio, de aprobación de pólizas, modificaciones contractuales, liquidaciones, entre otras.
Mediante el artículo 5 de la Resolución 170 de 2020 se mantuvo incólume el texto del artículo 4 de la Resolución 130 incluyendo, únicamente, la condición según la cual, con fundamento en las actuales circunstancias, los contratistas no podían negarse al inicio de ejecución del contrato o a su continuación, en tanto, en caso de que consideraran que el procedimiento les generaba un gasto adicional, debían efectuar ante el Fondo la reclamación respectiva.
Finalmente, el artículo 3 de la Resolución 252 de 2020 mantuvo la competencia de cada ordenador del gasto para establecer qué contratos debían suspenderse, esta vez no de conformidad con un trámite especial, sino conforme con las autorizaciones expedidas para el efecto por los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social. Por lo demás, reiteró la condición contenida en la Resolución 170 relacionada con que el contratista no podía negarse a la ejecución del contrato y que cualquier divergencia económica debía ser reclamada ante el Fondo.
En este contexto, debe resaltarse que el plazo de ejecución de un contrato, en principio, debe ser respetado a cabalidad so pena de que sea posible declarar su incumplimiento. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias se ha aceptado la suspensión de las obligaciones contractuales, bien por acuerdo entre las partes o bien ante el acaecimiento de circunstancias externas al querer de los contratantes que impiden el desarrollo del objeto contractual.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la suspensión es “la ‘parálisis transitoria del contrato’, que tiene lugar cuando no es ‘posible continuar con su ejecución por circunstancias imputables a la Administración o por hechos externos’.”. Así, se ha reconocido que situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito autorizan la suspensión del contrato estatal ante la ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que derivan en la imposibilidad manifiesta de las partes de cumplir con el objeto contractual dentro de los plazos acordados.
Bajo ese entendimiento, es claro que las diversas reglas relacionadas con el tratamiento de la gestión contractual previsto en las disposiciones antes reseñadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, habida cuenta que, ante el acaecimiento de una situación imprevisible e irresistible como la aparición de la enfermedad COVID-19 y las consecuentes medidas adoptadas para evitar su propagación tales como el distanciamiento social y el aislamiento preventivo obligatorio que limitaban la circulación de los ciudadanos, se materializó una situación externa al querer de las partes que justificaba que el Fondo autorizara no solo revisar los contratos a su cargo sino suspender aquellos que, dadas esas limitaciones, no podían iniciar su ejecución o continuarla, garantizando condiciones mínimas de salud de los contratistas.
En ese sentido, la medida de suspensión de contratos resulta respetuosa del derecho del debido proceso de las partes, al atender la imposibilidad física de continuar con su cumplimiento. Y lo propio debe concluirse respecto del procedimiento previsto para aquellos eventos en los que la ejecución del contrato sí era factible, pues dicho trámite no solo tuvo en cuenta las excepciones contempladas en la normativa que decretó aislamientos obligatorios en todo el país, a efectos de evitar sanciones para quienes debían movilizarse a ejecutar el contrato, sino que, además, contempló medidas de salud y seguridad en el trabajo, así como la adopción de protocolos de bioseguridad para que la ejecución no pusiera en riesgo la vida y la salud de quienes debían desempeñar tal labor.
Ahora bien, respecto de la regla introducida en las Resoluciones 170 y 252, según la cual el contratista no puede negarse a la ejecución del contrato, sin perjuicio de que pueda presentar la reclamación económica ante el Fondo, no se encuentra que aquellas transgredan los derechos de los contratistas o que vayan en contravía de los principios de rigen la contratación, pues, de hecho, abogan por su plena materialización.
En efecto, la primera de ellas propende por la permanente y continua prestación del servicio público y la correcta consecución de los fines estatales por medio de la contratación pública, así como la colaboración que se espera del contratista para alcanzar tales propósitos. En este escenario, las cargas impuestas relacionadas con la actualización y adaptación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la inclusión de las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del virus, la notificación a la ARL de dichas medidas, entre otras, no resultan irrazonables ni de imposible cumplimiento y, por contrario, es claro que con ellas se pretende garantizar la ejecución segura del contrato, desde el punto de vista de salud y de contención de la pandemia. Por su parte, al dejar a salvo la posibilidad de formular reclamaciones económicas se garantiza el mantenimiento del equilibrio económico del negocio jurídico.
Tampoco se encuentra que los artículos sobre gestión de la contratación violen la Ley 137 de 1994, en lo que respecta a las limitaciones propias del estado de excepción declarado, en particular, en tanto aquellas son un desarrollo directo de los Decretos Legislativos 417 y 491 que previeron, entre otros, la suspensión de las actuaciones administrativas, dentro de las cuales, se incluyen las relacionadas con la actividad contractual.
A pesar de que el contenido integral de las normas analizadas permite inferir que estas disposiciones solo resultan aplicables a los contratos de obra o a aquellos que impliquen la ejecución de proyectos, en el primer inciso del artículo 3 de la Resolución 126, del artículo 4 de la Resolución 130, del artículo 5 de la Resolución 170 y del artículo 3 de la Resolución 252 se establece que la facultad de los ordenadores del gasto incluye la “revisión completa de los contratos que se encuentran a su cargo”, lo que implica que aquél pueda analizar todos y cada uno de los contratos de la entidad y proceder a su suspensión, sin distinción a la naturaleza de los mismos.
Al respecto, debe advertirse que, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 491 de 2020, el legislador extraordinario proscribió la posibilidad de suspender los contratos celebrados con personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en tanto el artículo 17 ibidem hizo lo propio, pero respecto de “[l]os contratos de prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería, transporte y demás servicios de esta naturaleza (…)”.
En este sentido y para evitar que bajo cualquier otra interpretación pudiera incurrirse en la vulneración de las normas de rango superior, con la consecuente violación o amenaza de los derechos de los contratistas, se declarará la legalidad condicionada de esta medida, de manera que se entienda que la facultad de revisión de contratos y la consecuente suspensión de los mismos asignada a los ordenadores del gasto no incluye la posibilidad de suspender los negocios jurídicos de los que tratan los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Y aunque no escapa a la Sala que la Resolución 126 se expidió con anterioridad a la vigencia del decreto en cuestión, ello no obsta para que el inciso primero del artículo 3 de su articulado sea objeto del mismo condicionamiento, habida cuenta que la prohibición de suspender la ejecución de contratos con personas naturales busca garantizar el ingreso mínimo vital de los contratistas en medio de una pandemia que puso a los ciudadanos en una situación de especial vulnerabilidad, propósito que se funda en el principio de solidaridad constitucional y en el derecho a percibir una remuneración mínima -artículo 25 superior-, plenamente exigibles al momento de la expedición de dicho acto.
Por último, esta colegiatura encuentra satisfecho el juicio de proporcionalidad respecto de las citadas disposiciones, toda vez que la suspensión de los contratos resulta razonable en atención a la gravedad de la situación que se debía atender, así como adecuada y apta para proteger los fines esenciales del Estado. Además, resulta igualmente razonable que se hubieran excluido de la suspensión aquellos contratos que, pese a las restricciones impuestas, podían seguirse ejecutando, pues respecto de ellos no podía predicarse situación externa alguna que afectara su desarrollo o cumplimiento.
Trámite de pagos (artículo 4 de la Resolución 126, artículo 5 de la Resolución 130, artículo 6 de la Resolución 170 y artículo 4 de la Resolución 252); y atención al público de forma virtual (artículo 5 de la Resolución 126, artículo 6 de la Resolución 130, artículo 7 de la Resolución 170 y artículo 5 de la Resolución 252)
A través de los artículos 4 de la Resolución 126, 5 de la Resolución 130, 6 de la Resolución 170 y 4 de la Resolución 252, todas de 2020, el Fondo Adaptación, de manera coincidente para todos los actos administrativos, dispuso la posibilidad de que para el pago de facturas y cuentas de cobro generadas durante el periodo de aislamiento se utilizaran herramientas tecnológicas que garantizaran las validaciones internas necesarias, así como el trámite oportuno de la solicitud.
Por su parte, a través de los artículos 5 de la Resolución 126, 6 de la Resolución 130, 7 de la Resolución 170 y 5 de la Resolución 252, se estableció que, durante el periodo de aislamiento, la recepción y radicación de todas las comunicaciones de los ciudadanos, entidades y público en general se realizaría exclusivamente a través del correo electrónico institucional y/o las líneas telefónicas dispuestas para el efecto.
Se trata, en suma, del uso de herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y actividades a cargo de la entidad.
Al contrastar los citados artículos con las normas superiores constitucionales, la Sala encuentra que estos son respetuosos del debido proceso reglado en el artículo 29 ibidem, así como de los principios que rigen la función pública contemplados en el artículo 209 Superior, habida cuenta que permite el desarrollo de las actividades estatales, esta vez a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Como se ha indicado en apartes anteriores de esta providencia, el uso de estas herramientas resulta acorde con la normativa superior. Adicionalmente, no puede perderse de vista que dados los avances tecnológicos, el legislador no solo ha incluido tales herramientas en el desarrollo de la función pública como elementos indispensables dentro de la modernización del Estado y la prestación eficiente, efectiva y oportuna de la función pública, sino que ha propendido por su uso generalizado y preponderante, incluso sobre otros métodos de la prestación del servicio, pues aquellas lejos de cercenar algún derecho o ir en contravía de las funciones públicas, permiten agilizarla la función y prestar un mejor servicio.
Adicionalmente, en los Decretos Legislativos 440, 491 y 537 de 2020 expresamente se estableció que, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, la recepción, trámite y pago de facturas o cuentas de cobro de los contratistas debían realizarse a través de mecanismos electrónicos. Por su parte, el Decreto Legislativo 417 de 2020 contempló la atención remota de los usuarios como medida idónea para reducir el contacto físico y, en el mismo sentido, el Decreto Legislativo 491 de 2020 en su artículo 3 dispuso que las autoridades darían a conocer los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarían su servicio.
Finalmente, para la Sala estas medidas resultan proporcionales respecto de los hechos que buscan conjurar, y son idóneas y adecuadas para salvaguardar la salud y la vida de las personas que intervienen en el trámite del pago de facturas y cuentas de cobro a cargo del Fondo y, en general, de todos los ciudadanos que acuden a la entidad, dando aplicación a las medidas sanitarias que organismos internacionales han recomendado para evitar la propagación del virus tales como el distanciamiento social, aislamiento preventivo obligatorio y la reducción del contacto físico.
Trabajo en casa (artículo 6 de Resolución 126, artículo 7 de la Resolución 130 y artículo 8 de la Resolución 170)
Mediante los artículos 6 de la Resolución 126, 7 de la Resolución 130 y 8 de la Resolución 170, todas de 2020, la entidad dispuso que mientras durara el periodo de aislamiento se implementaría la modalidad de trabajo en casa, como una medida temporal y extraordinaria que debía ser supervisada por los subgerentes, directivos y líderes de equipo, haciendo uso de las herramientas de la comunicación e informática.
Los artículos referenciados no riñen con la Constitución Política ni tampoco con los derechos fundamentales de quienes se vieron cobijados por dicha medida; por el contrario, con ella se buscó precisamente garantizar, dadas las condiciones generadas por el coronavirus COVID-19 y las distintas medidas de aislamiento y restricciones de movilidad previstas por el Gobierno Nacional, el derecho a la salud de todos los empleados y funcionarios de la entidad. Adicionalmente, ella permitió el cumplimiento de medidas sanitarias como el distanciamiento social y la disminución del contacto físico que se han reconocido por su eficacia para reducir la transmisión del virus.
Esta decisión tampoco va en contra de la Ley 137 de 1994, en especial del artículo 50 que se refiere a los derechos sociales de los trabajadores, dado que no afecta la remuneración del empleo, sus prestaciones sociales, la jornada de descanso, la jornada máxima de trabajo, las vacaciones o demás derechos inherentes a esta condición, ni tampoco desmejora dichas condiciones, pues simplemente varía el lugar de prestación del servicio.
Finalmente, se encuentra acorde a lo reglado tanto en el Decreto declaratorio 417 de 2020 -en el que se anunció que, para garantizar el distanciamiento social y, por esa vía, evitar la propagación del virus, era imprescindible que los servicios del Estado se prestaran de manera remota-, como en el Decreto Legislativo 491 de 2020, que en su inciso primero artículo 3° dispuso que las autoridades debían velar por que sus colaboradores prestaran sus servicios bajo la modalidad de trabajo en casa.
Tales disposiciones también resultan ser proporcionales frente a la gravedad de los hechos que se pretenden conjurar, pues tienen una finalidad constitucionalmente válida, al querer salvaguardar la prestación del servicio, pero sin sacrificar la salud de los servidores del Fondo. Además, el trabajo en casa es una medida que viene siendo avalada por organismos como la Organización Internacional del Trabajo – OIT, por resultar idónea para proteger el empleo y la salud de los trabajadores.
Resulta igualmente proporcional, en los términos del artículo 13 de la Ley 137 de 1994, que se prevea la obligación de establecer un plan de actividades que pueda ser monitoreado por las instancias superiores de la entidad, pues con esto se garantiza el cumplimiento de la función pública. Por lo demás, no se observa que se trate de una medida discriminatoria, ni que imponga una carga a los servidores del Fondo que no estén en el deber de soportar o que se torne ajena a sus funciones, en tanto se trata de una medida excepcional y temporal atada a la vigencia del aislamiento.
Las restantes disposiciones de la Resolución 252 de 2020, relativas a las comunicaciones de la entidad y el retorno seguro a actividades presenciales (artículos 6 y 7)
En el artículo 6° de la Resolución 252 de 2020, en términos generales, se estableció que las comunicaciones del Fondo se realizarían bien a través de la herramienta denominada “INFODOC” o bien a través de correo electrónico; por su parte, en el artículo 7° ejusdem se dispuso el retorno seguro y gradual de los trabajadores, de forma que la medida de trabajo en casa solo persistiría para aquel grupo poblacional que presentare mayores riesgos ante la enfermedad, en las condiciones de monitoreo del trabajo previamente examinadas.
Al confrontar estas disposiciones con la Carta Política se encuentra su conformidad con las normas superiores, pues aquellas no riñen con el articulado constitucional. En efecto, la primera de ellas está relacionada con la organización y el manejo interno de la entidad, en tanto la segunda, atañe al lugar de prestación del servicio de los colaboradores estatales, lo que está en armonía con el artículo 122 constitucional.
Ahora bien, la medida de retorno a la presencialidad gradual de colaboradores del Fondo no comporta vulneración al derecho a la salud o la vida de los mismos, toda vez que el mismo acto contempla que esa medida aplica únicamente a los colaboradores que no residan en zona de “alerta naranja” y que no se encuentren en aquellos grupos de riesgos para la infección severa de COVID-19. Adicionalmente, se precisa que el retorno será gradual y estará condicionado a la naturaleza de las actividades, es decir, prefiriendo que se desarrollen de forma presencial aquellas que no puedan realizarse de manera remota, lo que se acompasa además con el hecho de que, mediante Decreto 1168 de 2020, se levantaron la mayoría de las restricciones a la movilidad y a la circulación de los ciudadanos, por lo cual podía retomarse el servicio presencial.
En todo caso, para el retorno presencial deberán cumplirse todos los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud y Protección Social haya expedido para el desarrollo de la función pública, en los términos del artículo 39 del Decreto Legislativo 539 de 2020, así como los que al respecto expida la entidad.
Tampoco se observa que aquellas disposiciones contravengan normas de orden legal, habida cuenta que ambas atañen a las potestades de dirección y organización que detenta el Gerente de la entidad lo que, como se indicó, está en armonía con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998.
Así mismo, dichas disposiciones no desconocen la Ley 137 de 1994 respecto de los estados de excepción, pues no impone limitación a derechos fundamentales intangibles, ni modifica la estructura del Estado o reproduce normas constitucionales o legales declaradas inconstitucionales o nulas. Tampoco puede considerarse que la medida de retorno gradual a la presencialidad comporte una violación a los derechos sociales de los trabajadores, pues no modifica temas como la remuneración, las prestaciones sociales o demás derechos de dicha naturaleza, en tanto la entidad solo hace uso del ius variandi para determinar dónde puede y debe prestarse el servicio.
Por lo demás, es claro que el artículo 6° constituye desarrollo directo del Decreto Legislativo 491 de 2020 que prevé la posibilidad de hacer uso de las tecnologías u y la información para adelantar los tramites de la entidad, y aunque la citada legislación excepcional en su artículo 3° señaló que la medida de trabajo en casa debía privilegiarse, en tanto estuviera vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, lo cierto es que ordenar el retorno paulatino a la presencialidad no va en contravía de esta disposición, pues en todo caso dicha ley no impone el trabajo en casa, sino que conmina a las entidades a tenerla como medida preferente, en especial si la actividad no se puede desarrollar de forma remota, condición que es respetada en la resolución objeto de análisis.
Finalmente, la Sala observa que estas disposiciones también superan el juicio de proporcionalidad de que trata el artículo 13 de la Ley 137 de 1994. Respecto del artículo 6, porque el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para los tramites de la entidad resulta adecuado y necesario para evitar el contacto físico y el uso constante de superficies por parte de un grupo significativo de personas, así como para garantizar el distanciamiento social, y frente al artículo 7, porque las condiciones que se establecen para el cumplimiento de esta medida permiten salvaguardar la vida y la salud de los funcionarios y contratistas.
Tampoco puede considerarse como discriminatorio que solo cierto grupo poblacional pueda permanecer en la modalidad de trabajo en casa, porque esta diferenciación obedece a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos que por su edad, condición médica, entre otros, tienen mayor riesgo de agravarse en caso de contagio.
Vigencia (artículo 7 de la Resolución 126, artículo 8 de la Resolución 130, artículo 9 de la Resolución 170 y artículo 8 de la Resolución 252)
En el caso concreto, todas las resoluciones examinadas establecieron, en los artículos en cita, que entrarían a regir desde su “expedición”.
Lo anterior resulta contrario a la regla prevista en el articulo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que “[l]os actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales”; para el caso de las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad, dicha publicación podrá efectuarse “mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación”.
Por tal razón, en aras de proteger el imperio del ordenamiento jurídico, se declarará la legalidad condicionada de estos artículos, bajo el entendido de que dichos actos administrativos solo podían regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial tal y como lo dispone el artículo 65 del CPACA.
Conexidad de los actos administrativos con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, así como con los demás Decretos Legislativos
El análisis de conexidad entre la regulación contenida en los actos objeto de control y la declaratoria del estado de excepción, debe efectuarse específicamente frente a las causas que dieron origen a este último, es decir, frente a los motivos que generaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Igualmente, debe analizarse la conexidad entre el contenido de los actos administrativos y los decretos legislativos en los que estos se fundan.
En este caso, como se anotó en acápite anterior de esta providencia, el presupuesto fáctico de los Decretos Declaratorios 417 y 637 de 2020 se hizo consistir en la emergencia sanitaria y social generada por la aparición del nuevo coronavirus -COVID 19, cuya velocidad de expansión y peligrosidad para la vida de todos los habitantes del territorio nacional hacían necesaria la adopción de medidas inmediatas tendientes no solamente a atender los riesgos para la salud de las personas sino también las condiciones de empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar general de la población.
Dentro de las medidas extraordinarias anunciadas, y que luego fueron previstas expresamente en decretos legislativos, se incluyeron, entre otras, el denominado distanciamiento social y el aislamiento preventivo, así como la flexibilización de la obligación de atención personalizada al usuario -incluyendo la suspensión de términos-, la atención al público de forma virtual y la modalidad de trabajo en casa, todas con el propósito de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos. Así mismo, se previeron medidas relacionadas con la contratación estatal en el marco de la pandemia, la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales y el fortalecimiento del uso de las herramientas electrónicas, sin que esto pudiera afectar la publicidad y la transparencia de estos procesos.
La regulación contenida en las resoluciones objeto de control, guarda conexidad con los motivos del estado de excepción, pues con ellas se buscó, precisamente, limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus COVID-19 y cumplir con las medidas de distanciamiento social, pero garantizando también la protección de los derechos de los administrados, en particular, de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como adelantar las actuaciones contractuales por medios virtuales e implementar el denominado trabajo en casa.
En este contexto, resulta claro que tanto los actos administrativos analizados como los decretos legislativos antes anotados comparten entonces unos mismos móviles, partiendo del reconocimiento de unas circunstancias extraordinarias que exigían que las entidades adecuaran sus procedimientos administrativos de conformidad con las nuevas realidades.
Conclusión
Del análisis realizado, la Sala concluye que:
6.1. Debe declararse la legalidad condicionada del inciso primero del artículo 3 de la Resolución 126, del artículo 4 de la Resolución 130, del artículo 5 de la Resolución 170 y del artículo 3 de la Resolución 252, todas de 2020, de manera que se entienda que la facultad de revisión de contratos y de suspensión de los mismos asignada a los ordenadores del gasto del Fondo Adaptación no incluye los negocios jurídicos previstos en los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
6.2. Debe declararse la legalidad condicionada de los artículos 7 de la Resolución 126, 8 de la Resolución 130, 9 de la Resolución 170 y 8 de la Resolución 252, todas de 2020, en el entendido de que tales actos solo entraron en vigencia a partir de su publicación.
6.3. Los demás artículos de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 expedidas por el Fondo Adaptación deben declararse ajustados a derecho.
Finalmente, debe resaltarse que de conformidad con el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, esta providencia hace tránsito a cosa juzgada relativa frente a los puntos analizados y decididos, por lo que la disposición sub judice podrá ser objeto de un debate posterior a través del contencioso de legalidad promovido a solicitud de parte.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo de Estado, actuando a través de la Sala Dieciséis Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del inciso primero del artículo 3 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 4 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 5 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 3 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, en el entendido de que la facultad de revisión y suspensión de contratos asignada a los ordenadores del gasto, no incluye los negocios jurídicos previstos en los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
SEGUNDO: DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del artículo 7 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 8 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 9 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 8 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, bajo el entendido de que tales actos administrativos entraron a regir a partir de la fecha de su publicación.
TERCERO: DECLARAR ajustados a derecho los demás artículos de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252, todas de 2020, expedidas por Fondo Adaptación.
CUARTO: COMUNICAR el contenido de esta decisión en la página web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial.
QUINTO: En firme esta providencia, dispóngase el archivo del proceso y realícense las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera
Con aclaración de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Con salvamento de voto
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejero
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero
Con aclaración y salvamento parcial de voto
HYPERLINK "http://190.217.24.78:8888/tematres3/vocab/index.php?tema=1653" \o "ver detalles de SALVAMENTO DE VOTO" SALVAMENTO DE VOTO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – El gerente del Fondo de Adaptación tiene competencia ordinaria para adoptar medidas como las estudiadas / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Debió declararse la improcedencia del medio de control.
[M]e permito salvar el voto en la decisión adoptada en sentencia del 9 de agosto de 2021 mediante la cual se declaró la legalidad condicionada de algunas disposiciones y conforme al ordenamiento jurídico los demás artículos de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 proferidas por el gerente del Fondo de Adaptación (…). Considero que el Gerente del Fondo está facultado para adoptar, mediante acto administrativo, medidas de ordenación, organización y garantía de funcionamiento de la entidad. (…) En consecuencia, dicho funcionario, como primera autoridad ejecutiva de la entidad y en cumplimiento de sus funciones de dirección, tenía la competencia ordinaria para adoptar medidas como aquellas que se encuentran previstas en las Resoluciones mencionadas. Adicionalmente, aun cuando los Decretos Legislativos 417, 440, 491 y 537 de 2020 consagraron distintas autorizaciones para que las autoridades pudieran adoptar medidas tendientes a afrontar las consecuencias de la pandemia, no quiere decir que, todas las entidades que en ejercicio de sus competencias y funciones adoptaron medidas de este tipo, hayan desarrollado medidas generales previstas en tales decretos legislativos. En consecuencia, considero que el control inmediato de legalidad de los actos bajo análisis no resultaba procedente y así debió declararse.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISÉIS ESPECIAL DE DECISIÓN
SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01194-00(CA) (11001-03-15-000-2020-01508-00, 11001-03-15-000-2020-02733-00 y 11001-03-15-000-2020-03955-00)
Actor: FONDO ADAPTACIÓN
Demandado: RESOLUCIÓN 126 DEL 25 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN 130 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCIÓN 170 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 Y RESOLUCIÓN 252 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SALVAMENTO DE VOTO
Con el respeto acostumbrado por la posición de la Sala, me permito salvar el voto en la decisión adoptada en sentencia del 9 de agosto de 2021 mediante la cual se declaró la legalidad condicionada de algunas disposiciones y conforme al ordenamiento jurídico los demás artículos de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 proferidas por el gerente del Fondo de Adaptación.
En el asunto de la referencia considero que el Gerente del Fondo está facultado para adoptar, mediante acto administrativo, medidas de ordenación, organización y garantía de funcionamiento de la entidad, lo cual incluye la posibilidad de impartir directrices en materia de suspensión de términos, actuaciones contractuales sancionatorias, trámites asociados a la gestión predial, contratación, pagos, prestación del servicio y organización interna del personal a su cargo. En consecuencia, dicho funcionario, como primera autoridad ejecutiva de la entidad y en cumplimiento de sus funciones de dirección, tenía la competencia ordinaria para adoptar medidas como aquellas que se encuentran previstas en las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 que aquí se analizan.
Adicionalmente, aun cuando los Decretos Legislativos 417, 440, 491 y 537 de 2020 consagraron distintas autorizaciones para que las autoridades pudieran adoptar medidas tendientes a afrontar las consecuencias de la pandemia, en especial respecto al impacto que esta tuvo en la prestación de la función pública y en la actividad contractual de las entidades, no por ello quiere decir que, todas las entidades que en ejercicio de sus competencias y funciones adoptaron medidas de este tipo, hayan desarrollado medidas generales previstas en tales decretos legislativos.
En consecuencia, considero que el control inmediato de legalidad de los actos bajo análisis no resultaba procedente y así debió declararse.
Fecha ut supra
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – La vigencia del acto no es pasible del medio de control
De manera respetuosa me permito aclarar el voto en la sentencia del 9 de agosto de 2021. Si bien acompaño la decisión adoptada, debo advertir que no comparto el segundo de esos condicionamientos, relacionado con la vigencia de los actos. Considero que la vigencia de los actos, que se establece a partir de su expedición, corresponde a un elemento de eficacia, razón por la que no es procedente su control en esta sede judicial al no tratarse de uno de los elementos de validez del acto administrativo, sino de su oponibilidad.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISÉIS ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01194-00(CA) (2020-01508-00, 2020-02733-00 y 2020-03955-00)
Actor: FONDO ADAPTACIÓN
Demandado: RESOLUCIÓN 126 DEL 25 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN 130 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCIÓN 170 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 Y RESOLUCIÓN 252 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Referencia: Control inmediato de legalidad
Asunto
ACLARACIÓN DE VOTO
De manera respetuosa me permito aclarar el voto en la sentencia del 9 de agosto de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión Nro. 16, que declaró la legalidad condicionada (i) “del inciso primero del artículo 3 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 4 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 5 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 3 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, en el entendido de que la facultad de revisión y suspensión de contratos asignada a los ordenadores del gasto, no incluye los negocios jurídicos previstos en los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020”, y (ii) “del artículo 7 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 8 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 9 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 8 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, bajo el entendido de que tales actos administrativos entraron a regir a partir de la fecha de su publicación”
Si bien acompaño la decisión adoptada, debo advertir que no comparto el segundo de esos condicionamientos, relacionado con la vigencia de los actos.
Considero que la vigencia de los actos, que se establece a partir de su expedición, corresponde a un elemento de eficacia, razón por la que no es procedente su control en esta sede judicial al no tratarse de uno de los elementos de validez del acto administrativo, sino de su oponibilidad.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que si bien, por regla general, los actos de contenido general comienzan a regir desde su publicación, al tratarse de unas medidas que se adoptaron de manera urgente para desarrollar las previsiones contenidas en los decretos 417, 440, 491, 531 y 637, su vigencia bien puede estar supeditada a la expedición, siempre que sean conocidas por los empleados y contratistas, pues resulta razonable y proporcional a la situación de emergencia por la que atravesó el país debido a la propagación rápida del COVID-19.
Cordialmente,
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Fecha ut supra
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Improcedencia de las medidas que se adoptaron relacionadas con la suspensión de términos / ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Legalidad condicionada del acto bajo análisis en la parte resolutiva de la decisión
El suscrito Magistrado, de la revisión del contenido de los actos administrativos, considera que el control inmediato de legalidad es improcedente respecto de las medidas que se adoptaron relacionadas con la suspensión de términos de los procedimientos allí determinados, así como su levantamiento; la gestión contractual, que incluye la suspensión de términos de algunos contratos que correspondan a actividades que no hagan parte de aquellas excluidas del aislamiento preventivo obligatorio; la atención al público y el trabajo en casa, así como el retorno a las actividades presenciales. (…). En este orden de ideas, considero que las medidas adoptadas a que se refiere el numeral 5 supra, desarrollan la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y, en ese sentido, no se expidieron “[…] como desarrollo de los decretos legislativos […]”. En este orden de ideas, al no ser procedente el control inmediato de legalidad respecto de las medidas mencionadas supra, por las anteriores razones, el suscrito Magistrado salva parcialmente el voto. El suscrito Magistrado, aunque comparte el proyecto en relación con lo resuelto respecto del artículo 7 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 8 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 9 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 8 de la Resolución 252 de 2020: que se refieren a la vigencia de los actos; considera que, en la parte resolutiva del proyecto, se puede omitir la mención de “[…] legalidad condicionada […]”, toda vez que en el examen de legalidad que se realice sobre las medidas adoptadas, se deben declarar o no ajustadas al ordenamiento, por las razones expuestas en la parte motiva, sin entrar a determinar su condicionamiento, comoquiera que ya se encuentra en dicha parte
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SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISÉIS ESPECIAL DE DECISIÓN
SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01194-00(CA) (2020-01508-00, 2020-02733-00 y 2020-03955-00)
Actor: FONDO ADAPTACIÓN
Demandado: RESOLUCIÓN 126 DEL 25 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN 130 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCIÓN 170 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 Y RESOLUCIÓN 252 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Referencia: Control inmediato de legalidad
Asunto: Salvamento parcial y aclaración de voto a la sentencia de 9 de agosto de 2021 proferida por la Sala Especial de Decisión núm. Dieciséis del Consejo de Estado
SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sala de la Sala Especial del Consejo de Estado, manifiesto que, aunque comparto parcialmente la decisión adoptada en la sentencia de 9 de agosto de 2021, presento salvamento parcial y aclaración de voto en los siguientes términos.
Para efectos de explicar las razones del presente salvamento parcial y aclaración de voto, su estudio se divide en las siguientes tres partes: i) la sentencia de 9 de agosto de 2021 y consideraciones; ii) el fundamento del salvamento parcial de voto, en el caso sub examine; y iii) la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación.
La sentencia proferida el 9 de agosto de 2021 y consideraciones
La Sala Especial de Decisión, en la sentencia proferida el 9 de agosto de 2021, resolvió:
“[…]
PRIMERO: DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del inciso
primero del artículo 3 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 4 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 5 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 3 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, en el entendido de que la facultad de revisión y suspensión de contratos asignada a los ordenadores del gasto, no incluye los negocios jurídicos previstos en los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
SEGUNDO: DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del artículo
7 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 8 de la Resolución 130 de
2020, del artículo 9 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 8 de la Resolución 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación, bajo el entendido de que tales actos administrativos entraron a regir a partir de la fecha de su publicación.
TERCERO: DECLARAR ajustados a derecho los demás artículos de las Resoluciones 126, 130, 170 y 252, todas de 2020, expedidas por Fondo Adaptación.
CUARTO: COMUNICAR el contenido de esta decisión en la página web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial.
QUINTO: En firme esta providencia, dispóngase el archivo del proceso y realícense las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
[…]”.
La Sala Especial, en la sentencia, realiza un estudio sobre el control inmediato de legalidad, sus características, la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y, posteriormente, realizó el estudio formal y material del acto administrativo.
En relación con el cumplimiento de requisitos formales, consideró que, por una parte, el “[…] el Gerente del Fondo está facultado para adoptar, mediante acto administrativo, medidas de ordenación, organización y garantía de funcionamiento de la entidad, lo cual incluye la posibilidad de impartir directrices en materia de suspensión de términos, actuaciones contractuales sancionatorias, trámites asociados a la gestión predial, contratación, pagos, prestación del servicio y organización interna del personal a su cargo. En consecuencia, dicho funcionario, como primera autoridad ejecutiva de la entidad y en cumplimiento de sus funciones de dirección, sí tenía competencia para adoptar medidas como aquellas que se encuentran previstas en las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 que aquí se analizan […]” y, por la otra, que cumplía con los demás requisitos de forma que ha desarrollado la jurisprudencia de esta Corporación
En relación con el estudio material, consideró que: i) los actos administrativos objeto de control guardan conexidad con los decretos legislativos 440 de 20 de marzo de 2020; 491 de 28 de marzo de 20202 y 537 de 12 de abril de 2020; y ii) las medidas establecidas se encontraban ajustadas al ordenamiento jurídico.
Fundamento del salvamento parcial de voto, en el caso sub examine
El suscrito Magistrado, de la revisión del contenido de los actos administrativos, considera que el control inmediato de legalidad es improcedente respecto de las medidas que se adoptaron relacionadas con la suspensión de términos de los procedimientos allí determinados, así como su levantamiento; la gestión contractual, que incluye la suspensión de términos de algunos contratos que correspondan a actividades que no hagan parte de aquellas excluidas del aislamiento preventivo obligatorio; la atención al público y el trabajo en casa, así como el retorno a las actividades presenciales: por las razones que se exponen a continuación:
En primer lugar, se invocaron, según sea el caso, los decretos legislativos 440 de 20 de marzo de 2020 y 437 de 12 de abril de 2020, los cuales regularon aspectos relacionados con la contratación estatal, y no establecieron medidas sobre suspensión de términos de actuaciones o contratos ni atención al público ni trabajo en casa.
En segundo lugar, se invocaron la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, “[…] por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus […]”; y, según sea el caso, los decretos que establecieron el aislamiento preventivo obligatorio y sus prórrogas, así como la Resolución 666 de 24 de abril de 2020.
Y, en tercer lugar, en los considerandos de todos los actos administrativos objeto de control se indicó:
“[…]
Que la actual situación del país a nivel sanitario constituye un hecho de fuerza mayor, extraordinario, irresistible e imprevisible por lo que corresponde a la Gerencia del Fondo Adaptación tomar las medidas necesarias que garanticen la salud de los colaboradores de la entidad, el respeto por la seguridad jurídica, el debido proceso de los contratistas y ciudadanos y el cumplimiento de la misión a cargo de la Entidad.
[…]” (Resaltado fuera de texto).
En este orden de ideas, considero que las medidas adoptadas a que se refiere el numeral 5 supra, desarrollan la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y, en ese sentido, no se expidieron “[…] como desarrollo de los decretos legislativos […]”.
Es importante precisar que en las resoluciones 170 de 12 de junio de 2020 y 252 de 1 de septiembre de 2020, se mencionó el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, se prorrogan medidas expedidas en desarrollo de la emergencia sanitaria, relacionadas con suspensión de términos, atención al público y trabajo en casa en uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que fueron adoptadas con anterioridad al Decreto Legislativo mencionado anteriormente y, en consecuencia, las prórrogas a dichas medidas no pueden constituir un desarrollo del mismo.
En este orden de ideas, al no ser procedente el control inmediato de legalidad respecto de las medidas mencionadas supra, por las anteriores razones, el suscrito Magistrado salva parcialmente el voto.
Fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine
El suscrito Magistrado, aunque comparte el proyecto en relación con lo resuelto respecto del artículo 7 de la Resolución 126 de 2020, del artículo 8 de la Resolución 130 de 2020, del artículo 9 de la Resolución 170 de 2020 y del artículo 8 de la Resolución 252 de 2020: que se refieren a la vigencia de los actos; considera que, en la parte resolutiva del proyecto, se puede omitir la mención de “[…] legalidad condicionada […]”, toda vez que en el examen de legalidad que se realice sobre las medidas adoptadas, se deben declarar o no ajustadas al ordenamiento, por las razones expuestas en la parte motiva, sin entrar a determinar su condicionamiento, comoquiera que ya se encuentra en dicha parte
En estos términos dejo expuesto mi salvamento parcial y aclaración de voto.
Fecha ut supra
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
“Por la cual se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”.
"Por la cual se deroga la Resolución 0126 del 25 de marzo de 2020 y (sic) establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”.
“Por la cual se deroga la Resolución 130 de 2020 y se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”.
“Por la cual deroga la Resolución 170 de 2020 y se establecen medidas administrativas extraordinarias por motivos de salud pública”.
Disponible en https://www.dw.com/es/oms-declara-pandemia-global-al-coronavirus/a-52726257.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020, concluyó que el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 estaba ajustado a la Constitución Política, por lo que declaró su exequibilidad.
Publicado en el Diario Oficial Nº 51.306 de 6 de mayo de 2020. Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307 de 2020.
Las Resoluciones 126, 130, 170 y 252 de 2020 fueron publicadas por la página web de la entidad y se encuentran en el siguiente enlace: https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/31-resoluciones-y-circulares-covid-19.html.
Conforme al artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, las Salas Especiales de Decisión deciden los asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en “3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo”.
Corte Constitucional, sentencia C- 179 de 1994; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de octubre de 2013, radicación 11001-03-15-000-2010-0390-00.
Sobre este asunto, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 28 de enero de 2003, radicación 1100103150002002-0949-01; 7 de octubre de 2003, radicación 11001-03-15-000-2003-0472-01; 16 de junio de 2009, radicación 11001-03-15-000-2009-00305-00; 9 de diciembre de 2009, 11001-03-15-000-2009-0732-00; y 5 de marzo de 2012, radicación 11001-03-15-000-2010-00369-00. Además, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de septiembre de 2019, radicación 11001-03-24-000-2010-00279-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de noviembre de 2010, radicación 11001-03-15-000-2010-00196. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2015 -02578- 00. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de noviembre de 2010, radicación 11001-03-15-000-2010-00196. Publicados en el Diario Oficial No. 51.259 de 17 de marzo de 2020 y No. 51.306 de 6 de mayo de 2020 respectivamente. Publicado en el Diario Oficial No. 51.262 de 20 de marzo de 2020.
“Artículo 11. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y produce efectos durante el estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”.
“Artículo 1°. Creación del Fondo. Créase el Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña", con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…)”
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2011. Al respecto, puede consultarse Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, “Compendio de Derecho Administrativo”, Universidad Externado, Bogotá, 2017, Considerandos 1351 a 1354. Allí se indica que el acto administrativo general “comprende todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizadas por su generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la ley”. Se trata de “actos similares a la ley en cuanto a su generalidad e impersonalidad, por lo tanto, actos administrativos de carácter general, a los que la doctrina iuspublicista denomina reglamentos en cuanto, a diferencia del acto administrativo tradicional, no producen situaciones jurídicas particulares o concretas sino que contienen normas de aplicación abstracta”. Radicación N° 2756. Sobre la posibilidad de controlar actos administrativos que dejaron de producir efectos jurídicos consultar: Consejo Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: sentencia del 5 de marzo de 2012, radicación 11001-03-15-000-2010-00200-00; sentencia de mayo de 1997, radicación 11001-03-15-000-0004; sentencia 16 de junio de 2009, radicación 11001-03-15-000-2009-00108-00; sentencia 1 de agosto de 2009, radicación 11001-03-15-000-2009-00304-00; sentencia 22 de febrero de 2011, radicación 11001-03-15-000-2010-00452-00; sentencia del 31 de mayo de 2011, radicación 11001-03-15-000-2010-00388-00; sentencia del 12 de abril de 2011, radicación 11001-03-15-000-2010-00170-00 y sentencia 8 de febrero de 2011, radicación 11001-03-15-000-2010-00169-00. De manera más reciente: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de mayo de 2019, radicación 11001-03-27-000-2014-00012-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 2, sentencia del 19 de mayo de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-1053-00 y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 14 de julio de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-01140-00. Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013, pág. 322. Betancourt Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Bogotá, 2014, pág. 291. Artículo 1 del Decreto 4819 de 2010.
“Artículo 155. Del Fondo Adaptación. El Fondo Adaptación, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, hará parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012. Los contratos que celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos, se regirán por el derecho privado.
Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007, a partir del 1 de enero de 2020 los procesos contractuales que adelante el Fondo Adaptación se regirán por lo previsto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores. PARÁGRAFO. Será responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial beneficiarías de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación, garantizar su sostenibilidad y la puesta en marcha de los mecanismos jurídicos, técnicos, financieros y operacionales necesarios para su adecuada implementación.”
Actualmente derogado. Artículo 4 del Decreto 4785 de 2011, modificado por el Decreto 964 de 2013.
“ARTICULO 78. CALIDAD Y FUNCIONES DEL DIRECTOR, GERENTE O PRESIDENTE. El director, gerente o presidente será el representante legal de la correspondiente entidad, celebrará en su nombre los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad. A más de las que les señalen las leyes y reglamentos correspondientes, los representantes legales de los establecimientos públicos cumplirán todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y la representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. En particular les compete:
a) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal;
b) Rendir informes generales o periódicos y particulares al Presidente de la República, al Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno. PARÁGRAFO. Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal.”
De acuerdo con el Manual de Funciones del Fondo Adaptación -Resolución 0247 de 3 de mayo de 2019-, el Gerente del Fondo es el ordenador del gasto. Sin embargo, debe precisarse que, a través de las Resoluciones 603 de 5 de noviembre de 2019 y 217 de 4 de agosto de 2020 (la primera vigente cuando se expidieron las Resoluciones 126, 130 y 170 aquí controladas y la segunda cuando se profirió la Resolución 252 de 2020), se delegó esta función en algunos funcionarios atendiendo a las necesidades misionales del Fondo. MERKL, Adolfo; Teoría General del Derecho Administrativo, Granada - España, Editorial Comares, 2004, página 272. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de octubre de 2013, radicación 11001-03-15-000-2010-00390-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de noviembre de 2010, expediente 2010-00196. Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, citada en Sentencia C-034 de 2014.
Estos procedimientos corresponden a la adquisición o afectación de predios necesarios para realizar una obra de interés público, para lo cual se deben establecer las compensaciones correspondientes a la población que pueda ver alterada su condición inicial por las intervenciones del Fondo. Comprende las actividades técnicas, jurídicas, ambientales, sociales y de atención a la comunidad, desde el inicio hasta el final de la adquisición de los inmuebles. Sobre el alcance de la habilitación prevista en el decreto declaratorio del estado de excepción, resulta pertinente el análisis planteado por esta Sala Especial de Decisión en sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente 11001 03 15 000 2020 00993 00. Al respecto, pueden consultarse las sentencias de la Sala Especial de Decisión No. 10, de 11 de mayo de 2020, o de la Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 16 de junio de 2020. Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 2020. Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.
“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.”
“Artículo 2.
Adiciónese los siguientes incisos al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía. La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la información generada. Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 16 de julio de 2008, radicación: 16.344. Además, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto N° 2278 del 5 de julio de 2016, radicación, 11001-03-06-000-2016-00001-00, indicó: “Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos en su ejecución. Sin embargo pese a la importancia del tema y a la periodicidad con que se plantea, hay que señalar que el asunto no está considerado en la ley, ni ha sido suficientemente destacado o estudiado por la doctrina. En la jurisprudencia se hace referencia a esta cuestión, a lo sumo, en relación con los perjuicios que pueda llevar eventualmente aparejada la suspensión temporal cuando es acordada por las partes.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de abril de 1999, radicación 1999-N15872. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de abril de 1999, radicado 1999-N15872 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 12 de mayo de 2011, radicado: 18.446
Al respecto consultar, entre otros, artículo 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Sobre el punto el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009 consagra: “La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.” En tanto en el numeral 8 de esta misma disposición se establece que “Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones (…)”. Artículo 9° del Decreto Legislativo 440 de 2020. Parágrafo del artículo 17 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Artículo 9° del Decreto Legislativo 537 de 2020. OIT, “Working from Home: A potential measure for mitigating the COVID-19 pandemic”, Policy Brief, abril de 2020.
Disponible en https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma995073693502676/41ILO_INST:41ILO_V2
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable
Para la función pública se expidió la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud “por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”
“ARTICULO 78. CALIDAD Y FUNCIONES DEL DIRECTOR, GERENTE O PRESIDENTE. El director, gerente o presidente será el representante legal de la correspondiente entidad, celebrará en su nombre los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad. A más de las que les señalen las leyes y reglamentos correspondientes, los representantes legales de los establecimientos públicos cumplirán todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y la representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. En particular les compete:
a) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal;
b) Rendir informes generales o periódicos y particulares al Presidente de la República, al Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno. PARÁGRAFO. Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal.”
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 31 de mayo de 2011. Radicación: 11001-03-15-000-2010-00388-00(CA); Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 3 de mayo de 1999; Radicación: CA- 011. Sobre el particular véase, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia 20 de octubre de 2009 radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00. Artículos 7 de la Resolución Nro. 126 de 2020, 8 de la Resolución Nro. 130 de 2020, 9 de la Resolución Nro. 170 de 2020, y 8 de la Resolución Nro. 252 de 2020, expedidas por el Fondo Adaptación.
“[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19 […]”.
“[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”
"[…] Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.
"[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19 […]".
"[…] Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.“[…] Por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19 […]”.
“[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.
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