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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-01504-00

Control inmediato de legalidad

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-01504-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en la segunda y tercera parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR ajustados al ordenamiento jurídico la primera y cuarta parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: COMUNICAR a los intervinientes, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-01504-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

1 de julio de 2021

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2020 – Expedida por el Instituto Nacional de Metrología / CASO CONCRETO - Procedencia del control inmediato de legalidad de circulares / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, O QUE CONSTITUYAN GRAVE CALAMIDAD PÚBLICA – Noción

Visto el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan hechos distintos de aquellos previstos para el estado de guerra exterior y de conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. […] la Corte Constitucional ha considerado que este Estado de Emergencia se debe circunscribir a “[…] aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente […] el orden económico, social o ecológico […]”.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 212 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 213 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 46 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 48 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 49 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 50

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los estados de excepción, ver: Corte Constitucional, sentencia C-004 de 7 de mayo de 1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expediente R.E.001.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del estado de emergencia, ver: Corte Constitucional, sentencia C- 252 de 16 de abril de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio; expediente: R.E. 152

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la revisión de constitucionalidad del Decreto 417 de 2020, ver: Corte Constitucional, sentencia C-145 de 2020

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020, ver: Corte Constitucional, sentencia C-242 de 2020

ESTADOS DE EXCEPCIÓN / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS – Bloque de Internacionalidad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, se proclamó bajo el ideal común de que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades establecidas en esa declaración y aseguren, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20

ESTADOS DE EXCEPCIÓN / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Bloque de Internacionalidad

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado en Colombia por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 74 DE 1968

CARTA CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Concepto

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de octubre de 2019 , consideró que “[…] en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, […] la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, [son] instrumentos que hacen parte de la denominada Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, [los cuales] establecen mecanismos para la aplicación e interpretación de los Derechos Humanos de manera amplia o extensiva en tratándose de su reconocimiento y restringida cuando lo pretendido sea su limitación […]” […].

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 74 DE 1968

SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE – Bloque de Internacionalidad

De igual modo, en el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos hacen parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derecho Humanos. […] La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948. Esta Declaración resalta que los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima del derecho americano.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 74 DE 1968

SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS – Bloque de Internacionalidad / BLOQUE DE INTERNACIONALIDAD - Concepto

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobado mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972. […] Estos instrumentos, como parte de un Bloque de Internacionalidad, contienen principios y normas de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, que constituyen parámetros para la aplicación e interpretación de las normas en el marco de los estados de excepción.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 74 DE 1968
/ LEY 16 DE 1972

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisitos de procedencia

[…] las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 91/92 Senado y 166/92 Cámara, ver: Corte Constitucional, sentencia C-179 de 13 de abril de 1994, M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Características

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha considerado que son atribuibles al control inmediato de legalidad las siguientes características: […] Se trata de un proceso jurisdiccional […] El control es automático […] El control es inmediato […] El control es oficioso […] El control es autónomo […] El control es integral […] La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa […] Por último, el control inmediato de legalidad es compatible y coexistente “[…] con los cauces procesales ordinarios a través de los cuales resulta posible que cualquier ciudadano cuestione la legalidad de los actos administrativos […].

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 189

CASO CONCRETO – El acto administrativo objeto de control se ajusta al ordenamiento jurídico

La Sala Especial de Decisión considera el control inmediato de legalidad es improcedente respecto de la segunda y tercera parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología. […] Asimismo, considera que las demás partes, esto es, la primera y cuarta parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, corresponden a medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 expedido durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. […] De igual forma, considera que las medidas consistentes en, de una parte, a la continuidad en la prestación de los servicios y productos que brinda el Instituto Nacional de Metrología con restricciones, esto es: i) los cursos de capacitación, las asesorías metrológicas, los cursos específicos de formación, las evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se prestaran a través de medios virtuales; y ii) con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso, y de otra parte, a la información sobre los correos electrónicos y las líneas telefónicas que se encuentran habilitadas para atender los servicios de la Entidad y el respectivo seguimiento a dichos servicios: superan el examen sobre los aspectos formales y materiales y, en ese sentido, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01504-00(CA)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

Demandado: CIRCULAR EXTERNA 008 DEL 31 DE MARZO DE 2020

Referencia: MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Tema: Procedencia del control inmediato de legalidad de circulares

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión núm. 15 procede a realizar el control inmediato de legalidad de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM […]”, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, declaró que el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión.

Resolución 385 de 12 de marzo de 2020

El Ministro de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, “[…] [p]or la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus […]”.

Decreto 417 de 17 de marzo de 2020

El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional […]”.

Decreto Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 2020

El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.

Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020

El Director General del Instituto Nacional de Metrología expidió la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, dirigida a la “CIUDADANÍA EN GENERAL”, sobre “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM […]”.

El trámite procesal

De conformidad con la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, en especial, el artículo 185, sobre trámite del control inmediato de legalidad de actos, el proceso de la referencia cumplió con el procedimiento establecido en la normativa aplicable.
El Instituto Nacional de Metrología remitió a la Secretaria General del Consejo de Estado la circular objeto de control, mediante oficio de 28 de abril de 2020, la cual fue repartida a este Despacho.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2020: i) avocó conocimiento del control inmediato de legalidad; ii) advirtió a la Corporación que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, iii) ordenó la publicación del aviso por el término de diez (10) días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, iv) invitó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que rindieran su concepto, v) ordenó notificar al Ministerio Público, y vi) requirió a Director General del Instituto Nacional de Metrología para que allegara el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la resolución objeto de este proceso.

El Director General del Instituto Nacional de Metrología remitió el expediente administrativo, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría General del Consejo de Estado el 2 de junio de 2020.

Intervenciones

En relación con las intervenciones: i) el Instituto Nacional de Metrología efectuó pronunciamiento, ii) las personas invitadas no presentaron ninguna clase de conceptos y iii) durante el término de fijación del aviso ningún ciudadano intervino.

Intervención del Instituto Nacional de Metrología

El Instituto Nacional de Metrología, mediante escrito de 2 de junio de 2020, allegó un informe del Grupo de Servicios Metrológicos de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, en donde se detallan los servicios, su programación y forma de prestarlos durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
Por último, el Instituto Nacional de Metrología informó, por un lado, que la Circular Externa núm. 008 de 2020 es adoptada y mencionada posteriormente en la Resolución 145 de 7 de abril de 2020, por medio de la cual se suspenden términos de las actuaciones administrativas y, por el otro, que realizó la publicación ordenada en el auto de 29 de mayo de 2020. De esta forma, la Entidad manifiesta que da cumplimiento al auto del 29 de mayo de 2020.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público rindió concepto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, en el que solicitó que la Circular se declare ajustada al ordenamiento jurídico, con fundamento en los siguientes argumentos:

Frente a la procedencia del control inmediato de legalidad expresó que se satisfacen los 3 requisitos, al ser un acto de contenido general, expedido en ejercicio de función administrativa y en desarrollo de normas de carácter legislativo dictadas en el marco del Estado de excepción.

En este sentido, explicó que la Circular Externa, va dirigida a la ciudadanía en general, motivo por el cual, se trata de un acto de contenido general. Asimismo, indicó que la circular se dictó en ejercicio de función administrativa, puesto que fue expedida en virtud de la competencia legal que tiene asignada esta entidad. Por último, afirmó que tuvo como fundamento la situación extraordinaria derivada de la pandemia por la COVID-19, y, en particular, el Decreto Legislativo 491 de 2020.

En relación con el examen formal, señaló que la Circular materia de control cumple con los datos mínimos que permiten su identificación como lo es el número, la fecha, las facultades que se ejercen, el objeto y la firma.

Frente al examen material, determinó que la Circular Externa no vulneró ni limitó el núcleo esencial de algún derecho fundamental, toda vez que se trata de medidas necesarias para proteger derechos fundamentales.

Resaltó que la Circular Externa se ajusta al criterio de necesidad, porque ella regula aspectos muy puntuales que permite adoptar medidas para garantizar el distanciamiento social sin afectar la prestación del servicio a cargo del Instituto Nacional de Metrología, además la pandemia exige acatar el aislamiento obligatorio lo que hace sea imprescindible.

En su criterio, la Circular satisfizo el requisito de finalidad, porque lo regulado tiene como objetivo principal atender la emergencia declarada por el Gobierno Nacional. Señaló, además, que se atendió el criterio de proporcionalidad, comoquiera que, se protegieron los derechos fundamentales sin que se desconociera el cumplimiento de las demás funciones que debe atender la entidad.

Finalmente, indicó que la Circular no contiene disposiciones de tipo discriminatorio, como tampoco se incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 15 de la Ley 137 de 12 de junio de 1994.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala Especial de Decisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo, constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción; iv) el Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020; v) el Decreto Legislativo 491 de 2020 y sentencia de constitucionalidad; vi) el marco normativo internacional; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el control inmediato de legalidad; viii) la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020; ix) el análisis del caso concreto; y x) las conclusiones.

Competencia de la Sala Especial de Decisión

Vistos los artículos: i) 237 de la Constitución Política, sobre atribuciones del Consejo de Estado; ii) 20 de la Ley 137, sobre control inmediato de legalidad; iii) el numeral 2 del artículo 37 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, sobre la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; iv) 111, numeral 8; 107 y 136 de la Ley 1437, sobre funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, integración y composición del Consejo de Estado y control inmediato de legalidad; y v) 28 y 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019; y en la decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sesión Virtual núm. 10 de 1.° de abril de 2020: la Sala Especial de Decisión núm. 15 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.

Agotados los procedimientos inherentes al control inmediato de legalidad de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.

Problema Jurídico

Corresponde a la Sala Especial de Decisión determinar si la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, sobre “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM […]”, se encuentra o no ajustada al ordenamiento jurídico.

En este sentido, se analizará: i) si la Circular Externa adopta medidas que se subsumen dentro de los supuestos fácticos previstos para ser objeto de control inmediato de legalidad; ii) los respectivos aspectos formales y materiales; y iii) si se encuentra ajustada o no al Decreto Legislativo 491 de 2020 y demás normas superiores.

Marco normativo, constitucional y legal, y desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción

Vistos los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, sobre los estados de excepción de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública.

La Corte Constitucional ha considerado, sobre los estados de excepción, en sentencia C-004/92, lo siguiente:

“[...] La regulación constitucional de los estados de excepción - estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia - responde a la decisión del Constituyente de garantizar la vigencia y eficacia de la constitución aún en situaciones de anormalidad. La necesidad no se convierte en fuente de derecho y en vano puede apelarse, en nuestro ordenamiento, al aforismo salus reipublicae suprema lex esto, cuando, ante circunstancias extraordinarias, sea necesario adoptar normas y medidas que permitan enfrentarlas. Los Estados de Excepción constituyen la respuesta jurídica para este tipo de situaciones. La particular estructura, naturaleza y limitaciones de la respuesta que ofrece el ordenamiento constitucional, obedece a que ella es precisamente una respuesta jurídica.

9. Los estados de excepción delimitan los escenarios de la normalidad y de la anormalidad, en los que la constitución actuará como pauta fundamental del comportamiento colectivo. Las hipótesis de anormalidad son portadoras de excepciones y limitaciones de diverso género e intensidad respecto del régimen constitucional de la normalidad, que se consideran necesarias para regresar a tal situación, en la cual la constitución adquiere su pleno sentido normativo y que constituye, por lo tanto, el campo preferente y natural de aplicación de la misma. Los principios generales, en cierta medida comunes a los estados de excepción, encuentran explicación en su definición a partir de la idea de normalidad y en su función como medio para retornar a ella. Para corroborar el anterior aserto basta detenerse a analizar tales principios comunes a los diferentes estados de excepción, predicables igualmente del estado de emergencia.

10. En tanto que la normalidad no necesita definición ya que como presupuesto material de la constitución se supone corresponde a lo existente, la anormalidad sí debe ser definida a partir de las hipótesis que el constituyente de manera circunscrita y taxativa determina, precisamente como alteraciones extraordinarias de la normalidad. Según este numerus clausus propio de la anormalidad, el régimen de excepción sólo podrá destinarse a conjurar las siguientes situaciones de anormalidad previstas expresamente por el constituyente:

• guerra exterior.

• grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional del estado, su seguridad o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.

• Ocurrencia de hechos diferentes de los anteriores, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública.

11. El ingreso a la anormalidad en el orden constitucional debe venir precedido de una específica declaración que suscribe el Presidente y los Ministros y en la que se expresa la correspondiente situación de anormalidad (guerra exterior, conmoción interior o emergencia). Este principio de formalidad cumple variados propósitos: 1) notificar a la población la situación de anormalidad y la consiguiente entrada en vigor en el territorio nacional o en parte de él, de un régimen de excepción; 2) expresar la verificación de una situación de anormalidad contemplada como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda, en las condiciones y en los términos de la constitución, ejercer la función legislativa y expedir decretos legislativos; 3) dar curso a los controles de tipo jurídico y político sobre el Gobierno por parte de las restantes ramas del poder público (Congreso y Corte Constitucional). Tan pronto cesa la anormalidad - guerra exterior o conmoción interior -, según el principio de paralelismo de las formas, se declara dicha circunstancia, y el régimen de la normalidad sustituye nuevamente al de la anormalidad. Por su parte, en el estado de emergencia, en el mismo decreto que la declara se establece su duración [...]”.

Normativa constitucional y legal sobre el estado de emergencia económica, social y ecológica, o que constituyan grave calamidad pública

Visto el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan hechos distintos de aquellos previstos para el estado de guerra exterior y de conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

La Corte Constitucional ha considera, sobre este Estado de Excepción, en sentencia C-252/10, lo siguiente:

“[…] 4.1. La naturaleza del estado de emergencia.

4.1.1. Modalidades de órdenes protegidos. Las alteraciones del orden que el Constituyente de 1991 encuentra deben ser conjuradas por medio del estado de emergencia (art. 215 superior) son, en su orden: i) la económica, ii) la social, iii) la ecológica y iv) la grave calamidad pública. En esa medida, son hechos distintos a los que dan lugar al estado de guerra exterior (art. 212 superior) o de conmoción interior (art. 213 superior). Además, la Corte ha señalado que se pueden congregar dichas modalidades cuando los hechos sobrevinientes perturban de forma simultánea los distintos órdenes protegidos por el artículo 215 de la Constitución.

[...]

4.1.3. Presupuestos para la declaración. Los presupuestos para la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, o de grave calamidad pública, establecidos en el artículo 215 constitucional, en concordancia con la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, son los siguientes:

(1) El presupuesto fáctico alude a hechos sobrevinientes distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que alteren el orden económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública. Además, deben ser de carácter extraordinarios.

(2) El presupuesto valorativo refiere a la perturbación o la amenaza de perturbación en forma grave e inminente del orden económico, social y ecológico, o de grave calamidad pública.

(3) El juicio sobre la suficiencia de los medios ordinarios que dispone el Estado para conjurar la perturbación o amenaza del orden económico, social y ecológico, o de grave calamidad pública.

4.1.4. Las facultades excepcionales del Presidente de la República y sus ministros. Conforme al texto constitucional (art. 215), podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Además, los decretos deben referirse a materias que tenga relación directa y específica con el estado de emergencia.

Ello significa que las facultades excepcionales del Gobierno son de carácter restrictivo, toda vez que se limitan a aquellas estrictamente indispensables para de esta forma impedir un uso excesivo de las atribuciones extraordinarias y proscribir el empleo de funciones que no resulten necesarias para remediar la crisis e impedir la continuación de sus efectos. Finalmente, los decretos legislativos que se dicten tienen carácter permanente, excepto las normas que establezcan nuevos tributos o modifiquen los existentes, caso en el cual dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente […]”.

Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que este Estado de Emergencia se debe circunscribir a “[…] aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente […] el orden económico, social o ecológico […]”.

Los estados de excepción indicados fueron regulados mediante la Ley 137, en la cual se establecieron importantes precisiones que serán tenidas en cuenta para resolver el caso sub examine y que se exponen a continuación.

El artículo 46 de la Ley 137, sobre la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, estableció lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 46. DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyen grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

En el decreto declarativo el Gobierno deberá establecer la duración del Estado de Emergencia, que no podrá exceder de treinta días y convocará al Congreso, si no se halla reunido para los 10 días siguientes al vencimiento del término de dicho Estado.

De conformidad con la Constitución, en ningún caso, los Estados de Emergencia sumados podrán exceder de noventa días en el año calendario […]”.

Asimismo, el artículo 47 dispuso que en este estado de excepción el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y que, además, deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado. En efecto, en la norma se estableció:

“[...] ARTÍCULO 47. FACULTADES. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho Estado.

PARÁGRAFO. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente [...]”.

Por último, los artículos 48, 49 y 50 regularon: i) el deber de que el Gobierno rinda informe motivado sobre las causas de la declaratoria del estado de emergencia, ii) la reforma, adición o derogación de las medidas adoptadas por parte del Congreso y iii) la prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores.

El Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020

El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 417 de 2020, por medio del cual declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El Decreto, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.

Artículo 2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, el artículo 1 del presente decreto y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis.

Artículo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, ademas (sic) de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este dectreto (sic), todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas acabo (sic).

Artículo 4. El Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación […]”.

En su parte considerativa indicó: i) el presupuesto fáctico; ii) el presupuesto valorativo; y iii) la justificación de la declaratoria de estado de excepción y las medidas.

Presupuesto fáctico

En el presupuesto fáctico se consideró, por un lado: i) la situación de salud pública nacional e internacional derivada del brote de enfermedad por coronavirus, COVID-19, ii) las medidas adoptadas al interior del Estado colombiano con el objeto de afrontar la situación de salud pública derivada de la pandemia, en especial, las resoluciones 380 de 10 de marzo de 2020 y 385 de 12 de marzo de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de las cuales se dispuso, respectivamente, la adopción de medidas preventivas sanitarias y la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, iii) el reporte de 17 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, según el cual en Colombia se confirmaron 75 casos positivos del nuevo coronavirus COVID-19 y, a nivel mundial, 180.159 casos de contagio confirmados y 7.103 muertes; iv) la tasa de contagio del 2,68 y el porcentaje de afectación de la población colombiana con mayor riesgo y v) los costos de la atención en salud.

Y, por el otro: i) el impacto económico en los ámbitos nacional e internacional derivados de la pandemia por el nuevo coronavirus, Covid-19, que, según señaló, sería “[…] de magnitudes impredecibles e incalculables […]”, ii) las medidas adoptadas en el orden internacional y nacional con el objeto de superar la crisis, iii) la urgente necesidad de apoyo fiscal al sistema de salud, iv) el posible incumplimiento de pagos y obligaciones por la reducción de los flujos de caja de personas y empresas; v) la ruptura no prevista del acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP+ y su menor demanda mundial lo cual implicó un desplome del precio del petróleo, para la referencia Brent; vi) el alza del precio del dólar en los mercados emergentes y países productores de petróleo, como el colombiano, lo que a su vez genera una afectación de diferentes sectores; y vii) la necesidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias, puesto que las adoptadas no han sido suficientes.

Presupuesto valorativo

En el presupuesto valorativo se consideró que la situación a la que está expuesta actualmente la población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que se hace absolutamente necesario contar con las herramientas legales para enfrentar de manera eficaz la actual situación. Por tal razón, es necesario atender oportunamente a los afectados tanto en materia sanitaria como económica.

Justificación de la declaratoria de Estado de Excepción

La justificación de la declaratoria de Estado de excepción se fundamentó en que “[…] ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional, en particular, aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos económicos que está enfrentando el país […]”. Además, la adopción de medidas de rango legislativo, autorizada por el estado de emergencia, buscó fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía del país.

En ese orden de ideas, era necesario, por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico, recurrir a las facultades del estado de emergencia con el fin de dictar decretos con fuerza de ley que permitieran conjurar la grave crisis generada por la propagación y mortalidad de la Covid-19, y las medidas de contención decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación.

Sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-145 de 2020, declaró exequible el Decreto 417 de 2020, en la cual consideró que:

El Gobierno Nacional utilizó las atribuciones ordinarias para atender las dimensiones sanitarias, económicas y sociales de la pandemia desde múltiples frentes, antes de declarar el estado de emergencia.

“[…] hubo un desbordamiento de la capacidad institucional para enfrentar la actual coyuntura, que al impactar fuertemente diversos campos de manera simultánea, hacían exigible respuestas de la mayor contundencia, inmediatez y eficacia para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos […]”. Agregó que, el tamaño de la crisis, las implicaciones sanitarias, económicas y sociales, y la extensión de sus efectos son circunstancias que exigían la adopción de medidas de impacto general más profundas que las que podrían adoptarse en desarrollo de la facultad reglamentaria o en despliegue de las funciones regulares administrativas.

El análisis de las medidas anunciadas debe: i) ser global y no detallado porque corresponde a la Corte realizar un estudio detallado de los decretos legislativos que se expidan en desarrollo del estado de excepción; ii) el Decreto 417 de 2020 anunció, en términos generales, tres grandes tipos de medidas: de orden económico, de orden social, y algunas de salud pública, iii) las medidas legislativas que se profieran, además de estar dirigidas de manera exclusiva a solucionar la crisis y a evitar la extensión de sus efectos, deben respetar el criterio de conexidad material con el decreto declaratorio del estado de emergencia y cumplir con, entre otros, los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación y iv) la “[…] razonable relación causal y finalística, que conecte las motivaciones del decreto matriz con todos y cada uno de los decretos legislativos que adopten los remedios que pretenden conjurar la crisis, sin que sea exigible que cada medida haya sido anunciada en el decreto matriz, pero tampoco al punto de que no sea exigible la anotada conexión […]”. Agregó que, en este caso, lo inusitado, extraordinario e impredecible de esta crisis, hace complejo el anuncio de la totalidad de los remedios que se estiman suficientes, eficaces y necesarios.

La Corte concluyó que “[…] el Gobierno nacional acreditó […] que por la magnitud y la gravedad de la crisis humanitaria resultante de la pandemia del COVID-19, no podía ser conjurada en esta oportunidad con el ejercicio de las atribuciones ordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al resultar insuficientes y no permitir responder con inmediatez las muchas áreas puntuales que requieren medidas específicas de nivel legislativo y no solo administrativas, haciendo necesarias medidas extraordinarias para atender la calamidad sanitaria y los efectos negativos al orden económico y social […]”.

Decreto Legislativo 491 de 2020 y sentencia de constitucionalidad

El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-242 de 2020, declaró exequible el Decreto 491 de 2020 y, en especial, sobre el artículo 3, en los siguientes términos:

La Corte Constitucional consideró, frente al artículo 3, que: “[…] cumple con el juicio de no contradicción específica, puesto que ante la inexistencia de una disposición superior concreta que regule la modalidad de prestación de servicios por parte de los empleados y contratistas del Estado, se optó por autorizar legalmente el trabajo en casa en razón de las circunstancias extraordinarias que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, atendiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad […] la autorización a las entidades del Estado para que puedan consentir que su personal cumpla con sus funciones y compromisos a través de la modalidad de trabajo en casa, utilizando para el efecto las tecnologías de la información y las comunicaciones, busca la satisfacción de una finalidad legítima, como lo es asegurar la prestación de los servicios a cargo de las autoridades en medio de las restricciones sociales adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 […] la habilitación del trabajo en casa del personal del Estado es una medida necesaria, puesto que ante el riesgo sanitario generado por la expansión de coronavirus COVID-19 en el país, el desempeño de las funciones por parte de los servidores y contratistas del Estado de forma presencial, como se venía realizando en las sedes de las entidades, resulta peligroso desde una perspectiva de salud pública, porque se podrían propiciar múltiples puntos de contagio […] al tratarse de una medida transitoria y restringida por las necesidades del servicio, es razonable que no se modifiquen las relaciones contractuales respectivas para adecuarlas a la modalidad de teletrabajo, sino que se opte por la autorización de trabajo en casa, cuya naturaleza es temporal y no altera las condiciones de la relación jurídica, incluidos los derechos laborales y las garantías sociales […]”.

Por las anteriores razones, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 3, comoquiera que el legislador está facultado para determinar la modalidad de trabajo bajo la cual los servidores del Estado y los particulares, que desempeñen funciones públicas, deben cumplir con sus funciones y compromisos, siempre que la regulación que se adopte garantice la prestación adecuada, continua y efectiva de los servicios a cargo de las autoridades.

Marco normativo internacional

Vistos los artículos 9 y 93 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 137, la Sala considera que los estados de excepción se rigen, entre otros, por los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, se proclamó bajo el ideal común de que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades establecidas en esa declaración y aseguren, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado en Colombia por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de octubre de 2019, consideró que “[…] en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, […] la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, [son] instrumentos que hacen parte de la denominada Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, [los cuales] establecen mecanismos para la aplicación e interpretación de los Derechos Humanos de manera amplia o extensiva en tratándose de su reconocimiento y restringida cuando lo pretendido sea su limitación […]” (Destacado fuera de texto).

De igual modo, en el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos hacen parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948. Esta Declaración resalta que los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima del derecho americano.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobado mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972.
Estos instrumentos, como parte de un Bloque de Internacionalidad, contienen principios y normas de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, que constituyen parámetros para la aplicación e interpretación de las normas en el marco de los estados de excepción.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre el control inmediato de legalidad

Visto el artículo 20 de la Ley 137, sobre el control de legalidad, que establece:

“[…] Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición […]”.

Visto el artículo 136 de la Ley 1437, sobre el medio de control inmediato de legalidad, el cual dispone:

“[…] Artículo 136. Control Inmediato de Legalidad: Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento […]”.

De conformidad con la normativa indicada, las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-179 de 13 de abril de 1994, realizó la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 91/92 Senado y 166/92 Cámara, “Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia”, y, en relación con el artículo 20, consideró que “[…] el control automático de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos dictados por el  Presidente de la República durante los estados de excepción, el cual será ejercido por la jurisdicción contencioso administrativa, […] no atentan contra la Ley Suprema y, por el contrario, encajan dentro de lo contemplado en el artículo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la ley […]”. En dicha sentencia, la Corte consideró que el control inmediato de legalidad constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas y constituye una “[…] medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales […]”.

Características del control inmediato de legalidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha considerado que son atribuibles al control inmediato de legalidad las siguientes características:

Se trata de un proceso jurisdiccional “[…] habida cuenta de que el examen del acto respectivo se realiza a través de un proceso judicial, de suerte que la naturaleza jurídica de la decisión mediante la cual se resuelve el asunto es una sentencia y los efectos propios de este tipo de providencias serán los que se produzcan en virtud de la decisión que adopte la Jurisdicción acerca de la legalidad del acto controlado […]”.

El control es automático porque “[…] no se requiere de una demanda de nulidad para que la jurisdicción asuma el control. Por el contrario, la jurisdicción aprehende el acto, para controlarlo, aún contra la voluntad de quien lo expide, y sin limitación en cuanto a la legitimación por activa o por pasiva, ya que quien ordena hacer el control es la ley misma, no una demanda formal […]”.

El control es inmediato, para lo cual se impone “[…] el deber legal […] a las autoridades que expidan el correspondiente acto administrativo para efecto de que lo remitan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición […]”.

El control es oficioso porque, “[…] si la entidad autora del acto incumple con el precitado deber de envío del mismo a esta Jurisdicción, el juez competente queda facultado para asumir el conocimiento de las decisiones respectivas de forma oficiosa […]”.

El control es autónomo en la medida en que “[…] resulta “posible realizar su revisión antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan”; lo anterior sin perjuicio de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte […]”.

El control es integral por cuanto “[…] es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción […]”.

La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa, en los términos del artículo 189 de la Ley 1437. En consecuencia, la medida de carácter general puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en ejercicio de otros medios de control, por aspectos diferentes a los estudiados en el marco del control inmediato de legalidad.

Por último, el control inmediato de legalidad es compatible y coexistente “[…] con los cauces procesales ordinarios a través de los cuales resulta posible que cualquier ciudadano cuestione la legalidad de los actos administrativos, de conformidad con lo establecido […]” en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020

El acto objeto de control es la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM […]”, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología que se transcribe a continuación:

“[…] CIRCULAR EXTERNA No 008

Bogotá, 31 de marzo de 2020

PARA: CIUDADANÍA EN GENERAL

ASUNTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM

Estimados clientes y usuarios:

El Instituto Nacional de Metrología — INM, con el fin de dar continuidad a la prestación de sus servicios y privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial, durante el periodo de emergencia sanitaria, conforme a las disposiciones legales que se encuentren vigentes o que se expidan posteriormente, ha previsto lo siguiente:

La prestación de los servicios y productos que brinda el INM se seguirán ofreciendo al público en general de manera normal con algunas restricciones.
Los servicios programados de calibración a realizarse en el INM o en sitio se llevarán a cabo según la fecha acordada con los clientes.
Los cursos de capacitación presenciales programados para ser impartidos en los meses de marzo a mayo serán reprogramados para ser desarrollados a través de medios virtuales según lo acordado con los clientes.
Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y usuarios, los servicios que se puedan brindar por vía remota, tales como: asesorías metrológicas, cursos específicos de formación, evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se podrán agendar y llevar a cabo a través de medios virtuales.
Con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso.

El INM reitera su compromiso de priorizar la prestación de sus servicios a entidades o laboratorios con requerimientos especiales y que prestan servicios a empresas de salud, alimentos, medicamentos, transporte y servicios públicos esenciales durante el período de aislamiento preventivo obligatorio. Así mismo, apoyará de manera preferente la calibración de equipos e instrumentos de medición de los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) necesarios para facilitar las actividades de inspección, vigilancia y control.

Lo anterior, atendiendo los decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y 491 del 28 de marzo de 2020, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, los cuales en lo pertinente señalan:

Numeral 13 del artículo 3° del Decreto 457 de 2020, establece lo siguiente:

“Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:
(…)
13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.”
(lo subrayado fuera del texto)

Artículo 3° del Decreto 491 2020, establece lo siguiente:

“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial.” (lo subrayado fuera del texto)

Por último, recomendamos a los clientes que acuden a nuestras instalaciones para la entrega o recolección de servicios y productos, seguir las medidas de higiene que le sean indicadas por nuestro personal durante su visita. Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que dichas medidas puedan acarrear.

Para mayores informes y seguimiento de nuestros servicios, favor escribir al correo electrónico contacto@inm.gov.co o comunicarse al conmutador (+571) 254 2222, línea nacional 01 8000112542 ó al número de celular: 3188134901 (Funcionaria Ana María Reyes 3188480151 (Funcionaria Karina Ariza) […]”.

Análisis del caso concreto

El análisis del caso concreto se desarrollará en las siguientes sub partes: i) la procedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020; ii) el examen sobre los aspectos formales; y iii) el examen sobre los aspectos materiales.

Procedencia del control inmediato de legalidad de la medida adoptada en la Circular Externa núm. 008 de 2020

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la procedibilidad del medio de control inmediato de legalidad está determinada por el cumplimiento de los siguientes supuestos fácticos: i) se trate de una medida de carácter general; ii) dictada en ejercicio de la función administrativa; y iii) como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.

La Sala, teniendo en cuenta que la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 contiene, una primera parte en la que menciona cinco previsiones; una segunda en la que reiteran unos compromisos; una tercera en la cual realiza una recomendación; y, por último, una cuarta parte en la cual brinda una información, considera necesario realizar un análisis de procedibilidad del medio de control inmediato de legalidad de cada una.

En este sentido, de una revisión del contenido del acto objeto de control, la Sala considera que el control inmediato de legalidad respecto de la segunda y tercera parte de la Circular objeto de control es improcedente por las razones que se exponen a continuación:

Segunda parte: La reiteración de compromisos contenida en la Circular Externa

La Circular en su segunda parte señala que: “[…] El INM reitera su compromiso de priorizar la prestación de sus servicios a entidades o laboratorios con requerimientos especiales y que prestan servicios a empresas de salud, alimentos, medicamentos, transporte y servicios públicos esenciales durante el período de aislamiento preventivo obligatorio. Así mismo, apoyará de manera preferente la calibración de equipos e instrumentos de medición de los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) necesarios para facilitar las actividades de inspección, vigilancia y control […]” (Destacado fuera de texto).

Se trata de declaraciones que no utilizan un lenguaje prescriptivo; es decir, no tienen una naturaleza vinculante, decisoria ni están orientadas a desplegar efectos jurídicos en el sentido de imponer obligaciones y generar derechos a los administrados. Por el contrario, la manifestación contenida en la Circular es una manifestación instructiva o meramente orientadora en la cual se “reitera” un compromiso adquirido con anterioridad, relativo a priorizar la prestación de sus servicios a, entre otros, empresas de salud, alimentos, medicamentos, transporte y servicios públicos esenciales durante el período de aislamiento preventivo obligatorio y a la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a la calibración de los equipos e instrumentos de medición requeridos para el desarrollo de las labores de inspección, vigilancia y control.
La Sala considera que la manifestación sub examine no posee un contenido decisorio propio de los actos administrativos, sino que se enmarca dentro de una declaración de compromiso que no es susceptible de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Tercera parte: La recomendación contenida en la Circular Externa

La Circular en la tercera parte señala lo siguiente:

“[…] Por último, recomendamos a los clientes que acuden a nuestras instalaciones para la entrega o recolección de servicios y productos, seguir las medidas de higiene que le sean indicadas por nuestro personal durante su visita. Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que dichas medidas puedan acarrear […]” (Destacado fuera de texto).

En otros términos, la Circular recomienda a sus clientes y usuarios que, durante las visitas al Instituto Nacional de Metrología, cumplan unas reglas de conducta que serán indicadas en su momento por el personal de la Entidad; manifestación que, en sí misma, no constituye una decisión administrativa susceptible de constituir acto administrativo y, por lo mismo, objeto de control jurisdiccional.

Nótese que la Circular no establece cuáles son las medidas de higiene ni ordena su cumplimiento obligatorio; solamente recomienda a los clientes “[…] seguir las medidas de higiene que le sean indicadas por nuestro personal durante su visita […]”.

En efecto, la Real Academia Española define la palabra “recomendar” como “[a]consejar algo a alguien para bien suyo”. La recomendación sub examine no utiliza un lenguaje prescriptivo que denote orden o imposición, sino que constituye una advertencia o consejo propio de la naturaleza orientadora de las circulares que, en el caso sub examine, se expide con el objeto de que se sigan unos protocolos de cuidado sanitario al interior de la Entidad, por virtud de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19.

En suma de todo lo anterior y teniendo en cuenta que la segunda y tercera parte de la Circular sub examine no contienen medidas susceptibles de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Sala declarará la improcedencia del control inmediato de legalidad de la segunda y tercera parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología.

Primera y cuarta parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar la procedencia de la primera y cuarta parte de la Circular objeto de control, así:

En primer orden, esta Sala considera que las partes mencionadas contienen medidas de carácter general toda vez que sus efectos son objetivos, impersonales y abstractos, comoquiera que, por un lado, la primera parte dispuso:

“[…] El Instituto Nacional de Metrología — INM, con el fin de dar continuidad a la prestación de sus servicios y privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial, durante el periodo de emergencia sanitaria, conforme a las disposiciones legales que se encuentren vigentes o que se expidan posteriormente, ha previsto lo siguiente:

La prestación de los servicios y productos que brinda el INM se seguirán ofreciendo al público en general de manera normal con algunas restricciones.
Los servicios programados de calibración a realizarse en el INM o en sitio se llevarán a cabo según la fecha acordada con los clientes.
Los cursos de capacitación presenciales programados para ser impartidos en los meses de marzo a mayo serán reprogramados para ser desarrollados a través de medios virtuales según lo acordado con los clientes.
Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y usuarios, los servicios que se puedan brindar por vía remota, tales como: asesorías metrológicas, cursos específicos de formación, evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se podrán agendar y llevar a cabo a través de medios virtuales.
Con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso […]” (Resaltado fuera de texto).

Y, de otro lado, la cuarta parte previó:

“[…] Para mayores informes y seguimiento de nuestros servicios, favor escribir al correo electrónico contacto@inm.gov.co o comunicarse al conmutador (+571) 254 2222, línea nacional 01 8000112542 ó al número de celular: 3188134901 (Funcionaria Ana María Reyes 3188480151 (Funcionaria Karina Ariza) […]” (Resaltado fuera de texto).

En segundo orden, visto el artículo 82 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 “[…] [l]as unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos […]”.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto núm. 4175 de 3 de noviembre de 2011 el Instituto Nacional de Metrología es la máxima autoridad nacional de la metrología científica e industrial. En consecuencia, el Instituto Nacional de Metrología es un órgano que integra la administración pública y cuya titularidad de potestad administrativa está reconocida en la ley.

En este sentido, la Sala considera que la primera y cuarta parte de la Circular objeto de control se expidieron en ejercicio de la función administrativa por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, con base en las facultades constitucionales, legales y reglamentarias

En tercer orden, la Resolución indicada supra:

En primer lugar, se fundamentó, entre otras normas, en el Decreto Legislativo 491 de 2020.

En segundo lugar, invocó en los considerandos el Decreto Legislativo 491 de 2020, cuando indicó que:

“[…] Lo anterior, atendiendo los decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y 491 del 28 de marzo de 2020, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 […]”.

Y, en tercer lugar, en su parte resolutiva decidió:

En su parte primera, “[…] [e]l Instituto Nacional de Metrología — INM, con el fin de dar continuidad a la prestación de sus servicios y privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial, durante el periodo de emergencia sanitaria, conforme a las disposiciones legales que se encuentren vigentes o que se expidan posteriormente, ha previsto[] lo siguiente: […]” (Resaltado fuera de texto).

En su cuarta parte, dispuso que “[…] para mayores informes y seguimientos de nuestros servicios[], favor escribir al correo electrónico contacto@inm.gov.co o comunicarse al conmutador (+571) 254 2222, línea nacional 01 8000112542 ó al número de celular: 3188134901 (Funcionaria Ana María Reyes 3188480151 (Funcionaria Karina Ariza) […]” (Resaltado fuera de texto).

A su vez, el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020 dispuso, sobre la prestación de los servicios a cargo de las autoridades, privilegiando la modalidad de trabajo en casa y utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por lo anterior, esta Sala considera que las partes primera y cuarta de la Circular objeto de control se expidieron “[…] como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción […]”, comoquiera que la Circular: i) se fundamentó en el Decreto Legislativo 491 de 2020; ii) en sus considerandos lo invocó; y ii) en su parte resolutiva se adoptan medidas que lo desarrollan.

En ese orden de ideas, la Sala Especial de Decisión considera que las partes primera y cuarta de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 son unas medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción indicado supra.

Por las anteriores razones, procede el control inmediato de legalidad y, en consecuencia, la Sala realizará el examen sobre los aspectos formales y materiales del acto administrativo.

Examen sobre los aspectos formales

El estudio de los aspectos formales de la medida contenida en el acto se circunscribe a revisar dos aspectos: i) la expedición del acto por una autoridad competente; y ii) el cumplimiento de las condiciones formales para su expedición.
Examen de la competencia

En primer lugar, en relación con la competencia de la autoridad que dicto el acto, el Director General del Instituto Nacional de Metrología, quien expidió Circular, manifestó actuar en ejercicio de sus facultades legales.

En este sentido, la Sala encuentra que: i) el artículo 7 del Decreto 4175 de 2011 establece que el Director General “[…] ejercerá la representación legal de la entidad. […]”; y ii) el numeral 2 del artículo 8 del Decreto supra define como función en cabeza del Director General la de: “[…] [d]irigir, coordinar, vigilar, controlar, evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la entidad […]”.

Por lo anterior, esta Sala considera que el Director General del Instituto Nacional de Metrología, al expedir la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, actúo en cumplimiento de sus competencias legales y, por lo tanto, se cumple el primero de los requisitos del examen formal de validez.

Examen de otros aspectos formales

En segundo lugar, en relación con el cumplimiento de las condiciones formales, se deberá, por una parte, analizar el objeto, causa y finalidad del acto administrativo; y, por la otra, verificar si contiene todos los elementos que permitan su identificación.

En cuanto al objeto, se puede determinar que las partes primera y cuarta de la Circular objeto de control se refiere, de una parte, a la continuidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la entidad con restricciones, esto es: i) los cursos de capacitación, las asesorías metrológicas, los cursos específicos de formación, las evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se prestaran a través de medios virtuales; y ii) con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso, y de otra parte, a la información sobre los correos electrónicos y las líneas telefónicas que se encuentran habilitadas para atender los servicios de la Entidad y el respectivo seguimiento a dichos servicios.

. Así, se trata de unos objetos posibles que, prima facie, no resultan contrarios a la naturaleza ni a la razonabilidad del Estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

En cuanto a la causa, está relacionada directamente con la medida que fue ordenada por el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Bajo este marco, se trata de motivos serios, justificados y reales que dieron lugar a la expedición del acto.

En cuanto a la finalidad, se concreta en contar con un instrumento normativo que garantice los derechos fundamentales de: i) el público en general que puede llegar a ser usuario beneficiado con los servicios y productos que presta el Instituto Nacional de Metrología; ii) los clientes que son beneficiados con los servicios que presta el Instituto Nacional de Metrología; y iii) los empleados del Instituto Nacional de Metrología.

Asimismo, se considera que la Circular objeto de control contiene todos los elementos necesarios que permiten su identificación: encabezado, número, fecha, competencia expresa de las facultades que se ejercen, contenido material, parte resolutiva y firma de quien suscribe el acto administrativo.

Por lo anterior, la Sala Especial de Decisión considera que la Resolución satisface el cumplimiento de los criterios formales de validez y, en ese sentido, supera el examen formal.

Examen sobre los aspectos materiales

El examen de la validez material de la medida contenida en el acto, se concreta en estudiar si la Resolución no contradice los principios de conexidad, proporcionalidad y sujeción al ordenamiento superior.

La Sala precisa que el marco normativo que sirve como parámetro de control de la Resolución se compone de estas disposiciones: el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137, el Decreto 417 de 2020 y el Decreto Legislativo 491 de 2020.

Juicio de conexidad

En primer lugar, en relación con el juicio de conexidad, como se expuso previamente, la Resolución objeto de estudio contiene una medida que desarrolla el Decreto Legislativo 491 de 2020, particularmente sus artículos 3 y 4.

El Decreto mencionado supra:

En su parte considerativa señaló, entre otras razones, la siguiente:

“[…] Lo anterior, atendiendo los decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y 491 del 28 de marzo de 2020, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, los cuales en lo pertinente señalan:

Numeral 13 del artículo 3° del Decreto 457 de 2020, establece lo siguiente:

“Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:
(…)
13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.”
(lo subrayado fuera del texto)

Artículo 3° del Decreto 491 2020, establece lo siguiente:

“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial […].” (Resalta la Sala).

Y, en la primera y cuarta parte, la Circular dispuso:

“[…] El Instituto Nacional de Metrología — INM, con el fin de dar continuidad a la prestación de sus servicios y privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial, durante el periodo de emergencia sanitaria, conforme a las disposiciones legales que se encuentren vigentes o que se expidan posteriormente, ha previsto lo siguiente:

La prestación de los servicios y productos que brinda el INM se seguirán ofreciendo al público en general de manera normal con algunas restricciones.
Los servicios programados de calibración a realizarse en el INM o en sitio se llevarán a cabo según la fecha acordada con los clientes.
Los cursos de capacitación presenciales programados para ser impartidos en los meses de marzo a mayo serán reprogramados para ser desarrollados a través de medios virtuales según lo acordado con los clientes.
Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y usuarios, los servicios que se puedan brindar por vía remota, tales como: asesorías metrológicas, cursos específicos de formación, evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se podrán agendar y llevar a cabo a través de medios virtuales.
Con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso.

[…]

Para mayores informes y seguimiento de nuestros servicios, favor escribir al correo electrónico contacto@inm.gov.co o comunicarse al conmutador (+571) 254 2222, línea nacional 01 8000112542 ó al número de celular: 3188134901 (Funcionaria Ana María Reyes 3188480151 (Funcionaria Karina Ariza) […]”.

El Decreto Legislativo 491 de 2020 estableció que los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas, entendidos como autoridades, “[…] velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones […]” y, “[…] [l]as autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones […]”. Así, las medidas adoptadas en la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 es un desarrollo estricto de algunos de los mecanismos adoptados en el marco del Estado de excepción declarado.

La Sala considera que las medidas adoptadas se encuentran relacionadas con la situación de crisis declarada en el Estado de emergencia, en tanto buscan; en primer orden, garantizar el acceso del público en general y de los clientes a los servicios y productos que ofrece el Instituto Nacional de Metrología; en segundo orden, garantizar la prestación de los servicios de la entidad con la implementación de la modalidad de trabajo en casa y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; y, en tercer orden, el derecho fundamental a la salud pública.

Asimismo, considera que las medidas descritas tienen relación con lo regulado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que establecieron condiciones para la prestación de los servicios a cargo de las entidades y la notificación o comunicación de actos administrativos.

Así las cosas, la Sala considera que se supera el juicio de conexidad entre el contenido de las medidas adoptadas en la parte primera y cuarta de la Circular objeto de control, y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Decreto Legislativo 491 de 2020.

Juicio de proporcionalidad

En segundo lugar, la Sala Especial considera que las medidas consistentes en la continuidad en la prestación de los servicios y productos que brinda el Instituto Nacional de Metrología y la información sobre los correos electrónicos y las líneas telefónicas que se encuentran habilitadas para atender los servicios que brinda la Entidad y el seguimiento a dichos servicios: son razonables y proporcionales para conjurar la crisis por la cual se declaró el Estado de excepción, toda vez que era necesario garantizar el acceso a los servicios y productos que ofrece el Instituto Nacional de Metrología a los usuarios en general, y que debido a las medidas de restricción a la movilidad que se adoptaron, como el aislamiento preventivo obligatorio, o aquellas que restringían el acceso a las Entidades o la atención al público, impedían el debido ejercicio de sus derechos.

En este sentido, la Sala considera que las medidas son proporcionales, comoquiera que el ordenamiento jurídico ordinario no contiene normativa alguna que autorice al Instituto Nacional de Metrología a prestar de forma no presencial algunos de sus servicios y productos.

Asimismo, las medidas implementadas corresponden a una estrategia para garantizar el derecho fundamental a la salud pública, en la medida en que se evita el aumento indiscriminado de contagios, y, así protege el derecho a la salud. Por tal razón, en aras de coadyuvar con estas medidas de distanciamiento social, las medidas resultan necesarias para conjurar la crisis derivada de la pandemia.

Las partes primera y cuarta de la Circular objeto de estudio adoptan unas medidas razonables que se enmarcan dentro de los propósitos del Estado de excepción declarado. Bajo este escenario, resultan igualmente necesarias dada la gravedad y dimensión de la crisis causada por la COVID-19.

La Sala considera importante destacar que las medidas adoptadas se limitan al periodo de emergencia sanitaria y, en todo caso, prevé la posibilidad de autorizar excepcionalmente el ingreso a las instalaciones de la Entidad.

Asimismo, la Sala considera que esta normativa no suspende, ni limita derecho fundamental alguno y, por el contrario, su expedición busca salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y a la vida; y los derechos de los usuarios del Instituto Nacional de Metrología.

Así las cosas, la Sala considera que las medidas adoptadas se ajustan al principio de proporcionalidad.

Juicio de sujeción al ordenamiento superior

En tercer lugar, la Sala Especial procederá a verificar si las medidas se ajustan o no al ordenamiento superior. Prima facie, no se evidencia que la manifestación de la voluntad del Director General implique la expedición de un acto administrativo que sea contrario a los contenidos normativos que le sirven como parámetro de control.

Asimismo, vistos los artículos 3 , 4 y 14 de la Ley 137, sobre prevalencia de tratados internacionales, derechos intangibles y no discriminación, la Sala considera que se definen unos límites frente a la normativa de carácter legislativo o reglamentario que se expida en el marco del Estado de excepción.

Así las cosas, la Sala considera que las medidas adoptadas en las partes primera y cuarta de la Circular materia de control, no desconocen las reglas de derecho internacional sobre los derechos humanos, los cuales prevalecen de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 137.

De igual forma, los enunciados normativos de los artículos mencionados anteriormente no modifican o afectan alguno de los derechos intangibles señalados en el artículo 4° de la Ley 137, como tampoco suspenden derechos humanos o libertades fundamentales.

Asimismo, del contenido de las medidas adoptadas no se evidencia que exista algún tipo de discriminación por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, artículo 14 supra.

La Sala considera importante resaltar que la vigencia de las medidas adoptadas tiene una duración equivalente a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual guarda concordancia con el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, por lo que, la Sala declarara la legalidad del término de vigencia de las medidas determinadas en la parte primera y cuarta de la Circular objeto de control.

Conclusiones

La Sala Especial de Decisión considera el control inmediato de legalidad es improcedente respecto de la segunda y tercera parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020 expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología.

Asimismo, considera que las demás partes, esto es, la primera y cuarta parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, corresponden a medidas generales expedidas por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 expedido durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

De igual forma, considera que las medidas consistentes en, de una parte, a la continuidad en la prestación de los servicios y productos que brinda el Instituto Nacional de Metrología con restricciones, esto es: i) los cursos de capacitación, las asesorías metrológicas, los cursos específicos de formación, las evaluaciones de capacidades metrológicas, entre otros, se prestaran a través de medios virtuales; y ii) con el fin de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional, las cuales buscan preservar la salud y la integridad física de los colombianos, las visitas de estudiantes y otros grupos de interés al INM se posponen hasta nuevo aviso, y de otra parte, a la información sobre los correos electrónicos y las líneas telefónicas que se encuentran habilitadas para atender los servicios de la Entidad y el respectivo seguimiento a dichos servicios: superan el examen sobre los aspectos formales y materiales y, en ese sentido, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 15, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en la segunda y tercera parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR ajustados al ordenamiento jurídico la primera y cuarta parte de la Circular Externa núm. 008 de 31 de marzo de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: COMUNICAR a los intervinientes, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente



ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Consejera de Estado
(Salvamento parcial de voto)

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado
(Salvamento parcial de voto)

EDISON ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)
Consejero de Estado

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD EN EL CASO CONCRETO - No concurren la totalidad de los requisitos de procedencia / CASO CONCRETO - Ninguna de las previsiones contenidas en la circular tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas de ninguno de sus destinatarios

Me aparto de la decisión mayoritaria en este asunto, porque en el acto no concurren la totalidad de los requisitos de procedencia, contenidos en el artículo 20 de la Ley 137 de 1992 y 136 de la Ley 1437 de 2011. […] En efecto, al igual que sucede con las partes segunda y tercera de la circular, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del primer componente y el componente número 4 no pueden ser controlados, porque no son disposiciones de carácter general que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de sus destinatarios. […] La lectura de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del primer componente de la circular, así como de la parte final de la Circular externa No. 008 del 31 de marzo de 2020, permiten inferir que esas disposiciones no son pasibles de control, en tanto precisan con carácter puramente informativo, la forma y medios que se usarán para prestar los servicios y cumplir algunas funciones asociadas a éstos. En consecuencia, no se impone la voluntad unilateral del Instituto con capacidad de modificar el ordenamiento jurídico de excepción, tampoco de producir efectos erga omnes (para todos) en orden a crear, extinguir o modificar las situaciones jurídicas de los destinatarios. […] En efecto, en esas disposiciones la entidad está informando que: i) el servicio se prestará continuamente pero con restricciones; ii) los servicios de calibración programados se realizarán según la agenda y lugar establecidos previamente; iii) las capacitaciones de los meses de marzo a mayo se reprogramarán y de ser posible se realizarán de manera virtual; iv) otros servicios de interés -asesorías, evaluaciones, formación específica-, tendrán la posibilidad de agendamiento para realización remota; v) las visitas de grupos de interés al Instituto se pospondrán hasta nuevo aviso. […] Así las cosas, ninguna de estas previsiones tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas de ninguno de sus destinatarios, misma razón por la que no constituyen un acto regla del decreto declaratorio del Estado de excepción ni tampoco de otros decretos legislativos.

CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD – Actos susceptibles de control / CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD – Sobre circulares y resoluciones administrativas

Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos y medidas de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración, que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos. […] Esto significa que, únicamente los actos o disposiciones que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos, y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial. […] Sobre éste aspecto, la Corporación ha sostenido que las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, pues por razón de su naturaleza contienen directrices, orientaciones o instrucciones que se dictan para desarrollar la actividad administrativa o para informar aspectos propios de la prestación de un servicio o de la realización de una determinada función. Sin embargo, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos generales. Tienen esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas abstractas, estando limitado a estos últimos el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01504-00(CA)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

Demandado: CIRCULAR EXTERNA 008 DEL 31 DE MARZO DE 2020

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Especial de Decisión 19 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a continuación, expongo las razones por las que suscribo la sentencia de la referencia con salvamento parcial de voto.

ANTECEDENTES

Los actos administrativos objeto del medio de control

El director general del Instituto Nacional de Metrología expidió la Circular Externa N°. 008 de 31 de marzo de 2020 “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INM”.

En dichos actos se adoptaron lineamientos sobre la continuidad de la prestación del servicio por parte de la entidad y para la prevención y contención del coronavirus COVID-19.

Trámite en el Consejo de Estado

Mediante auto del 29 de mayo de 2020 se avocó el conocimiento del presente asunto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 185 y 186 de la Ley 1437 de 2011, se ordenó la fijación de un aviso, por el término de 10 días, para que los ciudadanos impugnaran o coadyuvaran la legalidad del acto administrativo objeto de revisión, se informó de tal decisión al Instituto Nacional de Metrología; y se corrió traslado al Ministerio Público, para que rindiera concepto.

En la sentencia del 1° de julio de 2021, la Sala 15 Especial de Decisión de la cual hago parte, declaró: i) la improcedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en la segunda y tercera parte de la Circular Externa No. 008 de 31 de marzo de 2020 y ii) ajustadas a derecho la primera y cuarta parte del acto en cuestión.

MOTIVOS DEL SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Me aparto de la decisión mayoritaria en este asunto, porque en el acto no concurren la totalidad de los requisitos de procedencia, contenidos en el artículo 20 de la Ley 137 de 1992 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, al igual que sucede con las partes segunda y tercera de la circular, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del primer componente y el componente número 4 no pueden ser controlados, porque no son disposiciones de carácter general que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de sus destinatarios.

Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos y medidas de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración, que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos.

Esto significa que, únicamente los actos o disposiciones que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos, y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial.

Sobre éste aspecto, la Corporación ha sostenido que las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, pues por razón de su naturaleza contienen directrices, orientaciones o instrucciones que se dictan para desarrollar la actividad administrativa o para informar aspectos propios de la prestación de un servicio o de la realización de una determinada función. Sin embargo, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos generales. Tienen esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas abstractas, estando limitado a estos últimos el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La lectura de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del primer componente de la circular, así como de la parte final de la Circular externa No. 008 del 31 de marzo de 2020, permiten inferir que esas disposiciones no son pasibles de control, en tanto precisan con carácter puramente informativo, la forma y medios que se usarán para prestar los servicios y cumplir algunas funciones asociadas a éstos. En consecuencia, no se impone la voluntad unilateral del Instituto con capacidad de modificar el ordenamiento jurídico de excepción, tampoco de producir efectos erga omnes (para todos) en orden a crear, extinguir o modificar las situaciones jurídicas de los destinatarios.

En efecto, en esas disposiciones la entidad está informando que: i) el servicio se prestará continuamente pero con restricciones; ii) los servicios de calibración programados se realizarán según la agenda y lugar establecidos previamente; iii) las capacitaciones de los meses de marzo a mayo se reprogramarán y de ser posible se realizarán de manera virtual; iv) otros servicios de interés -asesorías, evaluaciones, formación específica-, tendrán la posibilidad de agendamiento para realización remota; v) las visitas de grupos de interés al Instituto se pospondrán hasta nuevo aviso.

Así las cosas, ninguna de estas previsiones tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas de ninguno de sus destinatarios, misma razón por la que no constituyen un acto regla del decreto declaratorio del Estado de excepción ni tampoco de otros decretos legislativos.

En ese sentido, salvo mi voto parcialmente en este asunto, porque estimo que lo correspondiente era inhibirse de un pronunciamiento de fondo o declarar la improcedencia del medio de control inmediato de legalidad frente a la totalidad de las previsiones antes mencionadas de la Circular 008 del 31 de marzo de 2020, como ocurrió con los componentes segundo y tercero de ésta, los cuales (i) reiteran el compromiso de la entidad de prestar sus servicios y (ii) presentan una recomendación para que los usuarios implementen las medidas de higiene indicadas en los puntos de atención presencial.

Lo anterior, por cuanto ninguna de las disposiciones del acto controlado contiene la voluntad de la administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica ni reglan en forma alguna el ordenamiento de excepción.

Se trata en este caso de informaciones brindadas por la entidad a los usuarios y ciudadanía en general, referidas a novedades de la prestación del servicio, así como de recomendaciones y manifestaciones de compromiso en relación con la prevención y contención de la pandemia, supuesto fáctico que constituyó la base de las declaratorias de los estados de emergencia sanitaria y del excepcional de emergencia social, económica y ecológica.

En los anteriores términos dejo consignados las razones por las que salvo parcialmente mi voto.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada (E)

Fecha ut supra

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD EN EL CASO CONCRETO – El acto objeto de control no fue expedido como desarrollo o reglamentación de un decreto legislativo

Con el respeto debido por la decisión mayoritaria de la Sala adoptada en la sentencia de 1 de julio de 2021, me permito salvar parcialmente el voto, en cuanto considero que la declaratoria de improcedencia del control inmediato de legalidad se debió efectuar respecto de la totalidad de los contenidos de la Circular Externa No. 008 de 2020 (no solo en relación con las medidas adoptadas en la segunda y tercera parte del acto), cuyo asunto es: “Prestación de servicios del INM”, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, porque no se cumple la condición normativa de haber sido expedida como desarrollo o reglamentación de un decreto legislativo en los términos de los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA CONSEJERA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01504-00(CA)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

Demandado: CIRCULAR EXTERNA 008 DEL 31 DE MARZO DE 2020

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

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Con el respeto debido por la decisión mayoritaria de la Sala adoptada en la sentencia de 1 de julio de 2021, me permito salvar parcialmente el voto, en cuanto considero que la declaratoria de improcedencia del control inmediato de legalidad se debió efectuar respecto de la totalidad de los contenidos de la Circular Externa No. 008 de 2020 (no solo en relación con las medidas adoptadas en la segunda y tercera parte del acto), cuyo asunto es: “Prestación de servicios del INM”, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología, porque no se cumple la condición normativa de haber sido expedida como desarrollo o reglamentación de un decreto legislativo en los términos de los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, aun cuando en la decisión administrativa objeto de control inmediato de legalidad se haga referencia al Decreto Legislativo 491 de 2020, la primera y cuarta parte respecto de la cual se realizó estudio de fondo, a mi juicio no desarrolla ese marco normativo de excepción, tan solo se limita a indicar que para dar continuidad a la prestación de los servicios a cargo del Instituto Nacional de Metrología (i) seguirá ofreciendo atención al público de manera normal con algunas restricciones; (ii) los servicios programados de calibración a cargo de la entidad se realizarán en las fechas acordadas; (iii) los cursos de capacitación presencial programados para los meses de marzo a mayo de 2020, se podrán realizar virtualmente, así como las asesorías metrológicas, cursos específicos de formación, evaluaciones de capacidades metrológicas y (iv) la postergación indefinida de las visitas de estudiantes y otros grupos de interés a las instalaciones del Instituto Nacional de Metrología. Por último, hace mención a un buzón electrónico, a un número de conmutador y el nombre de dos funcionarias de la entidad con el fin acceder a información y hacer seguimiento de los servicios.

De allí que esas directrices no puedan ser entendidas como una forma de garantizar el trabajo en casa, en tanto medida legislativa contenida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, como lo sostiene el fallo, porque no se orientan a ese propósito, sino que están directamente relacionadas con la emergencia sanitaria y la medida de aislamiento preventivo obligatorio ordenados, en su orden, por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Presidente de la República.

En definitiva, considero respetuosamente, que se debió declarar la improcedencia de la totalidad de los contenidos de la Circular Externa No. 008 de 2020, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Metrología.

En los anteriores términos, dejo plasmadas las razones del salvamento parcial de voto.

Fecha ut supra,

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

El Convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Salud fue adoptado por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor internacional el 7 de abril de 1948. El Convenio fue aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 19 de 13 de mayo 1959; y está en vigor para el Estado colombiano. Modificada por la Resolución 407 de 13 de marzo de 2020, “[…] Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional […]”.
“[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [...]”
Los documentos aportados al expediente fueron: i) acta núm. 5 de 30 de marzo de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ii) Circular Externa núm. 007 de 24 de marzo de 2020 sobre “Medidas de prevención y contención del virus COVID-19”, iii) Circular Externa núm. 006 de 19 de marzo de 2020 sobre “suspensión de términos”, iv) Circular Interna núm. 004 de 13 de marzo de 2020 sobre “Medidas de Prevención contra el virus COVID-19”, y v) Circular Interna núm. 003 de 11 de marzo de 2020 sobre “Medidas de Prevención contra el virus COVID-19”. Representado por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado
"[…] Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia […]"
“[…] Artículo 37. De la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: […]
2. Conocer de todos los procesos contencioso administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las Secciones […]”.
“[…] estatutaria de la Administración de Justicia […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Corte Constitucional, sentencia C-004 de 7 de mayo de 1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expediente R.E.001
Corte Constitucional, sentencia C- 252 de 16 de abril de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio; expediente: R.E. 152
Sentencia C-135 de 2009. Este punto habrá de profundizarse más adelante. Cfr. Sentencia C-135 de 2009. Corte Constitucional, sentencia C-145 de 20 de mayo de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
La publicación se realizó en el Diario Oficial núm. 51.259 el 17 de marzo de 2020. Corte Constitucional, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
“[...] Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966" [...]”. El Pacto se encuentra en vigor para el Estado colombiano. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201802616-01 (Acumulado 110010315000201802672-00).
“[…] Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 […]”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; sentencia de 22 de octubre de 2019; proceso identificado con el núm. único de radicación 110010315000201801294-01; C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Corte Constitucional. M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz. Véase, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16 de junio de 2009; Consejero Ponente: Enrique Gil Botero; número único de radicación: 110010315000200900305-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 9 de diciembre de 2009, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, número único de radicación 11001031500020090073200.

Providencias reiteradas en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de septiembre de 2019; número único de radicación 11001032400020100027900, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 31 de mayo de 2011; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201000388-00. C.P. doctor Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16 de junio de 2009;; proceso identificado con el número único de radicación 11001031500020090030500. C.P. doctor Enrique Gil Botero. Ibidem cita 21. Ibidem cita 21. Ibidem cita 21. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2012; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201000369-00; C.P. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Ibidem cita 21. Ibidem cita 21. Consulta efectuada en la vigésima tercera edición del Diccionario de la lengua española, el 12 de abril de 2021, en la pagina oficial de la Real Academia Española; https://dle.rae.es/recomendar.
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. […]”.
“[…] Por el cual se escinden unas funciones de la Superintendencia de Industria, y Comercio, se crea el Instituto Nacional de Metrología y se establece su objetivo y estructura […]”. La Sala considera que la expresión “[…] ha previsto […]” debe entenderse como disponer, según el Diccionario de la Lengua Española (https://dle.rae.es/previsto) y, en ese sentido, la Entidad dispuso las medidas contenidas en la primera parte de la Circular, que desarrollan el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020. La Sala considera que la Entidad dispuso, como medida en la cuarta parte de la Circular, los canales oficiales mediante los cuales se llevará a cabo el seguimiento de los servicios que presta; y, en ese sentido, desarrolla el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
“[…] Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades […]”.
“[...] ARTÍCULO 3o. PREVALENCIA DE TRATADOS INTERNACIONALES. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen en el orden interno. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, como lo establece el numeral 2o. del artículo 214 de la Constitución. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. En caso de guerra exterior, las facultades del Gobierno estarán limitadas por los convenios ratificados por Colombia y las demás normas de derecho positivo y consuetudinario que rijan sobre la materia [...]”
“[...] ARTÍCULO 4o. DERECHOS INTANGIBLES.

De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus
Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados [...].
“[...] ARTÍCULO 14. NO DISCRIMINACIÓN. Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. Lo anterior no obsta para que se adopten medidas en favor de miembros de grupos rebeldes para facilitar y garantizar su incorporación a la vida civil. La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función constitucional, velará por el respeto al principio de no discriminación consagrado en este artículo, en relación con las medidas concretas adoptadas durante los Estados de Excepción. Para ello tomará medidas, desde la correctiva, hasta la destitución, según la gravedad de la falta y mediante procedimiento especial, sin perjuicio del derecho de defensa [...]”. Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en la secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. // Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de abril de 2019, Exp. 11001-03-24-000-2012-00211-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias del 18 de julio de 2012, Exp. 11001-03-24-000-2007-00193-00, M.P. María Elizabeth García González; Sentencia del 1º de febrero de 2001, Exp 6375, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sentencia del 9 de marzo de 2009, Exp. 2005-00285. M.P. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2005-00285. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de septiembre de 2019, Exp. 11001-03-24-000-2018-00166-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de abril de 2019. MP. Nubia Margoth Peña Garzón. Exp. 11001-03-24-000-2012-00211-00. Providencia del 18 de julio de 2012. MP. María Elizabeth García González. Exp. 11001-03-24-000-2007-00193-00. Providencia del 1 de febrero de 2001. MP. Olga Inés Navarrete Barrero. Exp 6375. Providencia del 9 de marzo de 2009. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2005-00285.

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